La fortaleza del chavismo se basaba en tres pilares fundamentales: el carisma del caudillo difunto, la chequera petrolera abundante y sostenida en el tiempo y el apoyo popular mayoritario, evidenciado en numerosas elecciones.

Cuando perdía una elección, como la Alcaldía de Caracas, o una gobernación relevante, el Gobierno le quitaba la mayor parte del presupuesto y de sus atribuciones. Se trataba de contiendas electorales que mostraban un ventajismo abusivo por parte del Gobierno, pero que, básicamente, reflejaban la voluntad mayoritaria de la población. Ahora, según todas las encuestas serias, más del 80% de los ciudadanos desea un cambio de gobierno y apoya la celebración del referéndum revocatorio instituido por el mismo Chávez.

El gobierno, a través de su control del Consejo Nacional Electoral (CNE), no solo está tramposamente postergando el proceso, sino que, consciente de que una presencia muy relevante de electores firmando la solicitud del referéndum se transformaría políticamente en un revocatorio anticipado, ha producido un reglamento que limita el número de máquinas electorales, fija horarios ridículos, centros de votación en lugares totalmente sesgados a favor del oficialismo y obliga a recolectar el 20% de electores por estado y no a nivel nacional, como prescribe la Constitución.

Si el referéndum se hace después del 10 de enero del 2017, ya no tendría como consecuencia unas elecciones presidenciales anticipadas sino que el vicepresidente terminaría el mandato de Maduro. El Gobierno ha decidido, a través del CNE, postergar también sine die las elecciones de gobernadores de Estado, que constitucionalmente deberían celebrarse este año.

El secuestro del presupuesto y el desconocimiento de las funciones y poderes del Parlamento, la violación sistemática y evidente de la Constitución, la militarización creciente del Estado y de la sociedad, el aumento de la represión violenta, la intimidación y el encarcelamiento arbitrario de los dirigentes opositores y el creciente acoso a los pocos medios de comunicación independientes colocan al régimen venezolano clara y evidentemente fuera del sistema democrático y del Estado de Derecho.

Mientras escribo estas líneas, la Mesa de Unidad Democrática (MUD) está debatiendo y consultando con la sociedad civil la estrategia a seguir frente a la conducta del régimen. Una decisión muy acertada si tomamos en cuenta los numerosos partidos, gremios, movimientos y ONG que integran la oposición.

Es fundamental entender que la unidad y la disciplina son indispensables para enfrentar un régimen sin muchos escrúpulos y que no respeta las reglas del juego democrático. El Gobierno está cada vez más aislado en el campo internacional; por tanto, además de la necesaria estrategia nacional, hay que coordinar acciones con la comunidad democrática internacional. La OEA, en el marco de la activada Carta Democrática Interamericana, debe solicitar al trío Zapatero-Torrijos-Fernández que informe sobre las gestiones diplomáticas que se le encomendaron. Dependiendo del informe, se podría nombrar un Grupo de Amigos o de Apoyo, como propuso el presidente del Perú, e iniciar una nueva e intensa gestión diplomática para evitar que la situación venezolana degenere en la violencia y en una crisis humanitaria que afecte a la región. Vigilia pretium libertatis.