En un nuevo y repudiable acto de violencia, una reportera del noticiero Guatevisión y el camarógrafo fueron asaltados a punta de pistola en las cercanías de la Embajada de Estados Unidos, cuando se aprestaban a transmitir una manifestación contra el abuso del que son víctimas miles de niños centroamericanos a manos de autoridades migratorias.

El hecho no debe ser visto de manera aislada ni circunscribirlo a la delincuencia común, porque se inserta en un cuadro de generalizado deterioro de los más fundamentales derechos de la población, como son la libertad de expresión, la libertad de locomoción y de disfrutar de garantías mínimas de seguridad, bajo responsabilidad del Estado por mandato constitucional.

Mucho menos se debe abstraer este repudiable ataque en el contexto de una de las más violentas coyunturas, en la que en menos de dos meses han sido asesinados siete líderes campesinos, sindicalistas o defensores de derechos humanos, crímenes cometidos con total impunidad y sobre los cuales las fuerzas de seguridad gubernamentales no tienen la menor pista.

Este nuevo ataque es demasiado sospechoso. Por la hora y el lugar en que ocurrió, también debe ser visto en medio de un cuadro de generalizada descomposición de la armonía nacional, donde el principal responsable es el presidente Jimmy Morales, por sus constantes exabruptos, impulsores de la zozobra nacional, sin siquiera tener un ápice de razón.

El más reciente de estos desatinos ocurrió el pasado miércoles, durante un acto público en al Palacio Nacional de la Cultura, donde la temática no tenía ninguna vinculación con la relación prensa-gobierno y por consiguiente desentonaba la inconsistente actitud crítica del mandatario a los medios de comunicación independientes, a los que señaló de difundir noticias falsas, sin reparar que era él quien por lo menos hizo referencia a tres hechos inexactos.

Este nuevo e injustificado ataque a la prensa preocupa por unirse a otros síntomas alarmantes sobre la descomposición gubernamental, como son las arremetidas de otros órganos de poder, como es el Congreso, contra organizaciones de la sociedad civil, que ha mantenido una postura crítica y de denuncia contra muchos de los desmanes del vergonzoso pacto de corruptos. Uno de esos hechos es la denuncia planteada por un grupo de diputados contra Acción Ciudadana, una de las entidades más críticas contra esta y la anterior administración.

El generalizado y marcado deterioro de la gobernanza hace necesario insistir en las denuncias contra todo tipo de violencia y contra cualquier limitación u hostigamiento del ejercicio periodístico, por ser este uno de los más valiosos baluartes de cualquier democracia, pero también porque el Gobierno central podría estar perdiendo el control sobre grupos armados o sicarios, lo cual sería mucho más grave para la misma institucionalidad del país.

Esa exigencia es impostergable, porque lejos de encontrar amparo en las autoridades establecidas, son estas las que están enviando mensajes preocupantes sobre sus prioridades, entre las que destacan el debilitamiento de muchas instituciones y un auge de la violencia selectiva.