El pasado 1 de febrero, la canciller Sandra Jovel sostuvo una reunión con el secretario general de las Naciones Unidas, señor António Guterres. De acuerdo con la ayuda de memoria, elaborada por el Ministerio de Relaciones Exteriores de Guatemala (MInex) —y publicada por elPeriódico el 5 de febrero—, en dicha reunión la canciller expresó que “Guatemala apoya la Cicig (Comisión Internacional contra la Impunidad en Guatemala) pero no al comisionado Velásquez”.

A lo largo de la reunión, de acuerdo con dicha ayuda de memoria, la canciller Jovel, el embajador Jorge Skineer-Klée, representante permanente de Guatemala ante las Naciones Unidas, y el viceministro de Relaciones Exteriores, Estuardo Roldán, hicieron una defensa oficiosa de por qué están en contra del comisionado Iván Velásquez. La señora Jovel habló de extralimitación de sus funciones, de violaciones a los derechos humanos de los sindicados y de la minimización de las instituciones del sector justicia, al tiempo que aseguró que el presidente Morales ha estado en la primera línea del combate contra la corrupción. ¡Por favor!

El embajador Skinner-Klée, por su parte, destacó que no existe supervisión de la labor del comisionado Velásquez y que este ha hecho una estigmatización de las personas sindicadas, dando a entender que hay un enfoque especial hacia personas con pensamiento de centro-derecha; mientras el vicecanciller Roldán ha afirmado que el impacto de la Cicig ha sido negativo en la economía nacional, teniendo un impacto perjudicial en el producto interno bruto. ¿Qué estudios tiene el vicecanciller Roldán para decir esto?

Puesto que estas declaraciones no las brindaron a título personal y tomando en cuenta que estos funcionarios reciben un salario y viajan con los impuestos que pagamos, lo menos que podemos exigirles es que publiquen los documentos técnicos, informes u otros elementos que den sustento a las afirmaciones realizadas ante el secretario general de las Naciones Unidas. El día de ayer hice al Minex la petición de esta información por medio de la Ley de Acceso a la Información Pública.

¿A quién beneficia el discurso anti Iván Velásquez que la canciller Jovel y sus acompañantes han llevado a Naciones Unidas? Voceros de quién son estos funcionarios que manejan un discurso similar al que pronuncian el presidente Morales, Otto Pérez, Mauricio López, Roxana Baldetti y otros muchos implicados en los casos de corrupción que hoy se investigan. Muy parecido también al discurso del alcalde Álvaro Arzú y del diputado Felipe Alejos, aunque estos dos últimos con tonos de más odio e incitación a la violencia. Voceros de la impunidad y del pacto de corruptos.

En el pulso por la impunidad, debemos tener por seguro que no solo está el discurso sino el intento de capturar totalmente diversas instituciones públicas, tales como la Superintendencia de Administración Tributaria, el Ministerio Público, la Contraloría General de Cuentas, el Ministerio de Gobernación y la Policía Nacional Civil, la Procuraduría General de la Nación, la Universidad de San Carlos de Guatemala y otras instituciones vitales para llevar ante la justicia a los corruptos. La captura total del Ejército también está en juego, pues de este dependerá el poder de represión con el que cuenten los corruptos.

Los discursos que abonan a la impunidad representan a unos pocos, pero con tanto poder como para intentar que el país retroceda en la lucha anticorrupción. Toca acuerpar el trabajo de la Cicig y del comisionado Iván Velásquez. Si volvemos a la Plaza será para decir #YoNoSoyImpunidad.

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