Si bien la prosperidad es una de las materias que dominan la agenda de la cumbre entre gobernantes de Centroamérica y altas autoridades del gobierno de Donald Trump, ayer, durante su intervención, el vicepresidente de Estados Unidos, Mike Pence, dejó claro que la mayor prioridad para su gobierno es la seguridad y el combate del narcotráfico y la corrupción.

El vicemandatario estadounidense fue enfático al afirmar que, “para mantener a Estados Unidos a salvo”, primero se debe “mantener la seguridad”, en una clara alusión a uno de los más serios problemas en el hemisferio, donde el Triángulo Norte de Centroamérica juega un papel protagónico, por encontrarse a la cabeza de los países más violentos del mundo.

Esto no significa relegar planes de inversión, sino que entre las prioridades para la administración de Trump está primero la seguridad, sobre todo la relacionada con el tráfico de drogas, y luego la consolidación de estos Estados, donde también es ineludible la lucha contra la corrupción, porque los hace vulnerables.

De hecho, la exigencia de transparencia es una de las políticas que más baratas pueden salir a los países pero a menudo afronta barreras de intereses creados, secretismo en decisiones o incoherencia entre discurso y acciones concretas, y para muestra basta señalar que la delegación guatemalteca fue la única que no incluyó a su fiscal general, lo cual ya evidencia las verdaderas prioridades.

El encuentro, que concluye hoy en Miami, fue el marco propicio para exhortar a los mandatarios y autoridades centroamericanas a mantener una lucha frontal contra el narcotráfico, pero no existió la más mínima alusión, por parte del vicepresidente Pence, al enorme problema que conlleva esa actividad, por el desmedido consumo que registra el mercado estadounidense.

Quien reconoció de manera franca el problema fue el secretario de Estado, Rex Tillerson, al afirmar que Estados Unidos es el principal consumidor de drogas, algo que según él requiere mayores esfuerzos en su país para reducir la demanda. Sin embargo, insistió en la necesidad de combatir a los narcotraficantes, por la violencia que desencadena esta actividad.

No obstante, constituye una incongruencia por parte de la administración de Trump el aumento de las presiones hacia estos gobiernos pero con una paradójica reducción de la asistencia económica. Pence anunció ayer un recorte en esos aportes, que durante el gobierno de Barack Obama habían sido presupuestados 650 millones de dólares, monto que ahora quedarán en 460 millones, una reducción de casi la tercera parte.

Los ahorros estadounidenses serán destinados a fortalecer la seguridad en sus fronteras y a la vez reducir la inmigración ilegal. “Nos aseguraremos de que nuestras fronteras estén cerradas para aquellos que busquen hacernos daño y de que sean infranqueables para las drogas que están asolando nuestras familias y comunidades”, dijo Pence. Una postura utópica si antes no se trabaja en las causas de esos flagelos.

En resumen, Washington apuesta por una reducción en la asistencia económica y mayor presión para lidiar con la inseguridad y la corrupción.