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#FinanzasDelDeporte: Mantener el descontrol en la administración de recursos
Las sanciones administrativas es una constante en las auditorías de la CGC a las finanzas de la CDAG y el COG.
Canchas de voleibol de playa, en la Ciudad Olímpica de la zona 5. (Foto Prensa Libre: Byron García)
Durante el ejercicio fiscal del 2020, la Contraloría General de Cuentas (CGC) impuso sanciones a la Confederación Deportiva Autónoma de Guatemala (CDAG) y al Comité Olímpico Guatemalteco (COG), órganos rectores del deporte federado, por un monto total de Q362 mil 757.86. Aun así, expertos consideran que los alcances de las auditorías son limitados.
La última auditoría de la CGC no formuló ninguna denuncia, ni a la CDAG ni al COG, por malos manejos de fondos públicos. Los hallazgos se concentraron en faltas administrativas, que derivaron en 69 sanciones individuales.
En el caso de la CDAG, las sanciones corresponden a pagos de personas desde renglones inadecuados, deficiencias en la justificación de viáticos, tales como no reportar horas de salida ni llegada al destino, así como contrataciones por servicios técnicos a proveedores que no contaban con las credenciales, falta de uso del sistema Guatecompras y contratación de personal fijo en el renglón 029, una modalidad de contratación temporal.
En el COG, las sanciones tienen relación con contrataciones públicas con deficiencias en la documentación, falta de uso de Guatecompras, reglamentos de viáticos inadecuados, falta de manuales de procedimientos para el pago de horas extra, incumplimiento de normas en el reembolso de gastos, tales como no presentar facturas, y deficiencias de control interno en adquisición de alimentos y abarrotes.
En promedio, cada sanción en la CDAG fue de Q8 mil y en el caso del COG de Q6 mil 987. Los puestos más sancionados para la primera institución fueron el subgerente de desarrollo humano, el director de contabilidad, director de gestión de personal, director de presupuesto y contador general, mientras que en el COG fueron el director de talento humano, subgerente de eficiencia institucional, director de asuntos jurídicos, jefe de contabilidad, director de compras y administrador de nóminas, entre otros.
Esas faltas, según la CGC, colocan en riesgo el buen manejo de los recursos públicos y en ocasiones dificulta la fiscalización que pueda hacerse sobre los mismos.
José Ramírez Crespín, subcontralor del gasto público de la CGC, explica que esas auditorías se han concentrado en evaluar la calidad del gasto, y cada una va acompañada de recomendaciones.
Al ser consultado, el funcionario dijo que los auditores asignados al deporte no tienen preparación específica en ese ámbito de la administración pública, pero sí se les capacita en las normas internacionales de las entidades fiscalizadoras superiores.
“Nuestros auditores están capacitados en función de normas y manuales, porque la auditoría, si la vemos desde el punto de vista financiero, es aplicable para todo tipo de institución de la administración pública”, dijo el subcontralor.
Alcances limitados
Parte de la importancia de fiscalizar al deporte federado radica en que recibe el 50 por ciento de la asignación constitucional al deporte, que debe ser no menor al 3 por ciento del presupuesto estatal.
Solo la CDAG recibe más del doble de presupuesto que otras instituciones públicas, como la Corte de Constitucionalidad o la Procuraduría de los Derechos Humanos, por ejemplo.
Edy Cux, de Acción Ciudadana, explica que los órganos rectores del deporte federado son de las entidades que más recursos reciben y, por lo tanto, su presupuesto y la forma en cómo este se eroga debe ser objeto de una revisión profunda.
“En el deporte hay graves riesgos de corrupción. Hemos visto de afuera cómo hay contrataciones excesivas en el COG y CDAG, y muchas veces los viajes que se realizan exceden las necesidades. Todos estos aspectos no los manifiestan las auditorías de la CGC”, dice Cux.
Cux comenta que la CGC tiene la misión de velar por el gasto público, y el hecho de que en el deporte federado se invierta una mínima cantidad en inversión en infraestructura podría ser un indicio de que no se está beneficiando al deporte ni a los atletas, sino a altos funcionarios. “Hemos visto cómo muchos atletas invierten de su propia bolsa para participar en competiciones, lo cual es incongruente, porque hay un presupuesto para el deporte”, manifiesta Cux.
Por su parte, Mario Estrada, experto en finanzas públicas, considera que la CGC debe evaluar la calidad del gasto, y no solo realizar hallazgos sobre el incumplimiento de normas. Asimismo, se debe verificar el Plan Operativo Anual, para determinar si los gastos incluidos en el funcionamiento de las instituciones y verificar la calidad de esas ejecuciones.
“Una mala calidad del gasto, por ejemplo, es cuando se contrata a un asesor que no da el servicio que se espera. Pero muchas veces las auditorías no se enfocan en eso”, comenta Estrada.
Del total de recursos que la CDAG, el COG y las federaciones han administrado en los últimos cinco años, que ascienden a los Q3 mil millones, más del 95 por ciento se ha destinado a tareas de funcionamiento. El resto se ha focalizado en inversión de infraestructura, lo cual, según analistas, es insuficiente.
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