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Falta de inteligencia y estrategia permite a narcotraficantes rotar rutas y evadir justicia
Los traficantes de cocaína no cambian de rutas, simplemente las rotan para eludir a las autoridades, y con relativo éxito.
Un jet fue localizado por elementos del Ejército de Guatemala en un área de San Andrés, Petén, luego de un enfrentamiento con narcotraficantes en diciembre del 2019. (Foto Prensa Libre: Hemeroteca PL)
La noche del 31 de marzo pasado, una patrulla de soldados encontró 51 costales de droga en una aeronave accidentada en la Cumbre de Chacalte Jabalí, en Purulhá, Baja Verapaz (165 kilómetros al norte de la capital). El sitio es tan remoto que los soldados caminaron siete horas para llevar el cargamento hasta la Brigada de Artillería de Campaña en Salamá, según el portavoz del Ministerio de la Defensa (Mindef), Rubén Téllez. En la brigada, la Policía Nacional Civil (PNC) comprobó que era cocaína.
Inicialmente, contabilizaron 878 kilos intactos, y 54 parcialmente quemados, porque la aeronave se incendió. El Ministerio Público (MP) oficializó el conteo final en 1 mil 028 kilos. El subjefe de la Fiscalía de Delitos de Narcoactividad, Alan Ajiatas, reveló que fue imposible determinar preliminarmente cuántos ocupantes había en la aeronave, por el estado de los restos.
La ubicación remota del aterrizaje, no planificado, según Ajiatas, incidió en que encontraran el cargamento casi intacto, horas después de que los radares en la Fuerza Aérea Guatemalteca (FAG) detectaron el vuelo. En las siguientes 24 horas, el 1 de abril, la FAG detectó otra aeronave que aterrizó en Chisec, Alta Verapaz, y otra en La Libertad, Petén. En ninguna las autoridades encontraron señas de la cocaína, ni de quienes cargaron con ella. Lo mismo sucedió después de otros aterrizajes en Petén y Escuintla también en abril, y de otro en Alta Verapaz, en febrero.
En Petén, Alta Verapaz y Escuintla, además de Retalhuleu, Quiché e Izabal, aterrizaron 118 de las 126 aeronaves que transportaron cocaína a Guatemala entre el 2019 y abril del 2022. Solo hubo incautaciones en 28 casos. La mayoría ocurren en sitios remotos o cerca de comunidades cooptadas que impiden el paso hasta la aeronave. Esas condiciones, y la rotación de rutas y forma de transporte, bastan a los narcotraficantes para evadir a las autoridades, mientras estas no consigan anticiparse a sus movimientos.
“Las organizaciones del narcotráfico siempre van un paso más adelante que las instituciones, marcan la dinámica del fenómeno, y nadie ha logrado establecer los patrones del ciclo”, dice Francisco Jiménez, exministro de Gobernación (2009). “Cuando el Estado presiona sobre un modo de trasiego, cambian de estrategia, y como Estado no tenemos la información acerca de hacia dónde va el fenómeno. La ausencia de inteligencia operativa impide entender la lógica de las decisiones –respecto del trasiego–”.
Ajiatas coincide en que la brecha entre las autoridades y las organizaciones de narcotráfico se podría reducir con inteligencia y tecnología. Sin embargo, Jiménez, también fundador de la Dirección General de Inteligencia Civil (Digici) y su primer director (2007-2008), señala que otra posibilidad es que la ausencia de inteligencia significa que esta es intencional, debido a los enlaces de corrupción entre agentes criminales y las instituciones del Estado, en diferentes niveles: los casos de policías y soldados sorprendidos robando droga, o la acusación en el 2017 de EE. UU. por narcotráfico contra la exvicepresidenta Roxana Baldetti y el exministro de Gobernación Mauricio López Bonilla (2012-2015) son algunos ejemplos.
Incautaciones revelan rotación en forma de transporte
En el 2018, ocurrió la segunda mayor incautación nacional anual de cocaína, con 16.8 toneladas, y la mayor por vía marítima, que fue la mitad de esa cantidad, en la costa del Pacífico. Para entonces, tenía ocho años de funcionar la Base Antinarcótica del Pacífico con apoyo de EE. UU. La incautación marítima y nacional no han vuelto a ese nivel, una cantidad de cocaína que era solo el 1.2% de las mil 400 toneladas que en el 2018 pasaban por el país, según el Departamento de Estado.
En el 2019, la cocaína transportada por mar bajó al 45%. El tráfico aéreoalcanzó el 38% para droga incautada —un incremento sobre el año anterior—, y se incautó la mayor cantidad anual de cocaína, con 18.9 toneladas. En el 2020, el tráfico aéreo, se disparó al 79% y el trasiego marítimo de droga incautada rondó el 10%.
En el 2021, cuando en octubre la FAG anunció la compra de un dron por Q3.7 millones —según el Mindef— para combatir el narcotráfico aéreo, este bajó al 26% y el marítimo subió a un estimado de 40%.
En el primer semestre del 2022 han aterrizado seis aeronaves con droga, en contraste con las 18 del año pasado. Sin embargo, como la incautación de cocaína también bajó, el caso de marzo en Baja Verapaz fue el único transportado por aire y fue el 66% del total de decomisos. El trasiego marítimo bajó nuevamente al 15% por cocaína incautada en Escuintla. El resto se transportó por tierra.
“Los cambios del modo del trasiego se adaptan a cómo el Estado responde al fenómeno”, dice Jiménez. “Si hay inversión en radares, o se pide apoyo internacional para la intercepción aérea, de repente cambian al transporte marítimo. Entonces, se invierte en lo marítimo, y luego cambian al transporte terrestre. Habría que ver si lo cíclico —de rutas o formas de transporte— ocurre en función de las decisiones estratégicas, de presionar por una forma de trasiego, de manera que lo cíclico sea planificado”.
Un investigador del MP revela que la recepción de cocaína desde Sudamérica se empezó a concentrar en El Salvador, que explica —en parte— la reducción en aterrizajes y decomisos en Guatemala –1.4 toneladas hasta junio–. El vecino país reportó la incautación de 4.6 toneladas entre enero y mayo. El investigador –quien solicitó el anonimato por seguridad– revela que los narcotraficantes utilizan mucho el oriente del país, donde hay pocas incautaciones, para ingresar cocaína al país por vía terrestre. Según Téllez, solo en la frontera con El Salvador hay 53 pasos ciegos. La fuente del MP agrega que los traficantes tienen “puntos de resguardo” entre Honduras y Guatemala, y usan los pasos ilegales. Resulta sintomático que en Chiquimula solo se incautó un kilo entre el 2019 y el 2020, y 565 kilos el año pasado, siendo el cuarto departamento con más decomisos en el 2021.
También incide en la reducción de incautaciones y aterrizajes que el año pasado las autoridades impidieron el aterrizaje de al menos 25 aeronaves, que salieron del espacio aéreo guatemalteco después del bloqueo de las pistas más utilizadas, según Téllez —aunque 18 aeronaves sí aterrizaron, y sólo incautaron cocaína en cinco—. Además, están las 12 capturas de socios del Cartel Jalisco Nueva Generación en diciembre pasado, incluidos tres oficiales de la FAG. “Si se les quita un punto de comunicación, —les— toma tiempo volver a captar a alguien más”, afirma el fiscal Ajiatas.
Sin embargo, nada de esto impidió que las autoridades incautaran cocaína solo en uno de seis aterrizajes entre febrero y abril pasados. El resto es parte de la cocaína que pasa de largo hasta EE. UU., donde es incautada o llega hasta los consumidores estadounidenses. Cómo se transporta esa droga es un misterio que las autoridades guatemaltecas aún no resuelven.
El Departamento de Estado estadounidense mantiene que el 90% de la cocaína incautada en su territorio pasó antes por Guatemala y México. De ser así, entre enero y junio del 2022, las autoridades guatemaltecas solo interceptaron el equivalente al 15% —mil 402 kilos— del 90% incautado en EE. UU. en ese lapso —nueve mil 593 kilos—. Esas cifras no reflejan el panorama ni dinámicas regionales, aunque un informe de la Oficina de Naciones Unidas contra la Droga y el Delito señala que la ruta principal de trasiego hacia EE. UU. pasa por Guatemala.
Inteligencia para rebasar al narcotráfico
Los gobiernos de la región, por lo general, no invierten en generar inteligencia para salirle al paso a los narcotraficantes, según Michael Vigil, exjefe de Operaciones Internacionales de la DEA (Agencia Antidrogas de EE. UU., en inglés). La tendencia ha durado años.
En diciembre del 2008, Manuel Galeano, entonces titular de la Secretaría de Inteligencia Estratégica (SIE), dijo a Prensa Libre que en el país “no hay capacidad para hacer inteligencia”. Agregó que la SIE empleaba a 125 personas, y solo 13 generaban inteligencia de apoyo a la PNC. El resto usaba publicaciones de prensa para hacer reportes. Ese año, el presupuesto de la Secretaría era de Q17 millones. En el 2019, era de Q38.8 millones, según un informe del Mingob.
Esas carencias se observan en tierra, donde solo el patrullaje no impidió los aterrizajes. Por ejemplo, entre el 2006 y el 2008, en Petén aterrizaron 78 avionetas, pese a la presencia de mil soldados, según datos del MP. En el 2021 había 600 soldados, según Téllez, y se registraron 61 aterrizajes desde el 2019.
Las operaciones antinarcóticas tampoco reflejan la inteligencia estratégica que debería provenir de la Digici, según Mario Mérida, exdirector de Inteligencia militar (1993) y exviceministro de Gobernación (1993-1994). Mientras tanto, el presupuesto de la Digici es de Q70 millones, según Carlos Menocal, exministro de Gobernación (2010-2012), y la PNC tiene Q23 millones para el combate del narcotráfico —una cifra mínima comparada con los recursos del narcotráfico—.
El 12 de julio se solicitó una entrevista a la SIE, pero hasta la publicación de este reportaje no había respondido. El 27 de mayo también se solicitó una entrevista con la Digici —sin resultados— y el viceministro de Narcoactividad, Fernando Rodas de León, a la portavoz del Mingob, Suseth Carrillo. También el 12 de julio, Carrillo dijo que el viceministro explicó que “para no entorpecer la labor que se hace, trabajará dando resultados, pero no adentrándose en datos ni temas”.
Cinco días antes, Rodas había anunciado el decomiso de droga, armas y bienes por Q773 mil 149 millones, y la erradicación de plantaciones de droga por Q1 mil 201 millones. Omitió decir que en el 2022 la incautación de cocaína ha sido tan baja que, al ritmo actual, para diciembre, este podría ser el año con el menor decomiso desde el 2012.
Ajiatas dice que la tendencia podría cambiar, porque más aeronaves con droga suelen ingresar a Guatemala en el segundo semestre del año. Así ocurrió en el 2019 y en el 2020, pero en el 2021 hubo 13 ingresos el primer semestre, y solo cinco en el segundo. En el 2022, hubo seis entre enero y abril, y ninguno reportado entre mayo y el 20 de julio.
El pasado 4 de abril, cuando ya habían aterrizado cuatro aeronaves con cocaína, que no se decomisó en tres de los casos, una publicación de la Agencia Guatemalteca de Noticias citó al presidente Alejandro Giammattei diciendo, “Estamos persiguiendo al narcotráfico en todo el país”. Los resultados dicen lo contrario.
Mérida sostiene que el país carece de un levantamiento topográfico de la actividad criminal y de las áreas susceptibles a ser cooptadas por los grupos criminales. “Hay que generar un producto de inteligencia desde lo local, donde hay una enorme deficiencia, no desde la urbe”, señala. “— Mientras tanto—, vemos a una Policía Nacional Civil que hace lo que puede con los recursos que tiene”.
