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Tren Bicentenario: silencio rodea inversión de US$700 millones y pobladores de línea férrea empiezan a temer por desalojos
Unas 500 mil personas, entre niños, mujeres y hombres, viven a lo largo del tramo férreo, desde San Marcos a Izabal.
Unas 15 mil familias el Suroccidente que viven en terrenos por donde pasa la línea férrea están preocupados por posibles desalojos. (Foto Prensa Libre: Carlos Hernández Ovalle). foto Carlos Hernndez 01/09/2022
Nueva Esperanza, La Bendición y 2 de abril son tres de los muchos asentamientos que están en lugares por donde pasaba el tren en el país, aquel transporte que nació a finales de 1800 y que le servía a la industria del café y el algodón para trasladarlo de puerto a puerto.
Entre 1996 y 1998, después de la privatización de Ferrocarriles de Guatemala (Fegua) durante el gobierno del fallecido Álvaro Arzú, no funcionó más. En muchos poblados solo quedó la infraestructura que con el pasar de los años fue tomada por miles de familias guatemaltecas.
En esos asentamientos viven por lo menos unas 65 mil familias – poco más de medio millón de personas – entre Ayutla, San Marcos y Puerto Barrios, Izabal.
En tres lugares, que están en Coatepeque, Quetzaltenango; en Ayutla, San Marcos y la cabecera de Retalhuleu, viven Joel Coronado, Genaro Bautista y Edwin Capriel, respectivamente.
Ellos muestran su preocupación por que en los últimos meses les ha llegado la noticia de que podrían ser desalojados porque el Estado convino con una empresa extranjera un contrato para reactivar este servicio al que llamaron Tren Bicentenario.
Extenso recorrido
La línea, como se la ha conocido históricamente, se creía que solo abarcaba a un sector amplio de la Ciudad de Guatemala, pero no.
Va más allá y la población que busca un espacio para vivir se ha asentado en el recorrido por donde aún hay rieles y durmientes en el suelo y otros más que sirven como postes para el alumbrado público.
Inicia en Ayutla (Tecún Umán), y recorre por municipios de Quetzaltenango, Retalhuleu, Suchitepéquez, Escuintla y Guatemala. Ese fue el recorrido donde los pobladores hablaron con Prensa Libre.
Miles de personas residen en terrenos estatales que ahora administra la Compañía Desarrolladora Ferroviaria, S.A., (Ferrovías), que en enero suscribió un contrato con la empresa Remed S.A.
El convenio entre las entidades fue aprobado por la asamblea de Ferrovías el 12 de enero del 2022. Con ese documento se otorgó el derecho de rehabilitación, uso y operación de 265 kilómetros de vía férrea.
235 kilómetros van de Ayutla, San Marcos, a Puerto San José y Puerto Quetzal, Escuintla y 30 kilómetros de derecho de vía desde Retalhuleu al Puerto de Champerico. En todos los tramos hay asentamientos humanos o fincas en las cuales tendrán que volver a negociar derechos de paso.
VIDEO Vista área de la estación del tren en Tecún Umán
El plazo es por 26 años y calculan una inversión de US$700 millones.
Desde aquella fecha ha sido complicado tener acceso al documento, pero lo ha sido más para los pobladores que solo han escuchado rumores que pronto serán desalojados de tierras del Estado y las que han ocupado desde hace más de 50 años, en algunos casos.
Protesta
El 25 de agosto los residentes de la línea férrea bloquearon carreteras en demanda de atención estatal, y para visibilizar las peticiones que han hecho desde febrero, un mes después de que Ferrovías y Remed firmaron el contrato.
Además, un desalojo que ocurrió en Río Bravo, Suchitepéquez, y que se supone nada tenía que ver con el tren, detonó en más temor.
Ese día de protestas, los vecinos de los asentamientos del Suroccidente del país, se apostaron sobre varios puntos de la ruta CA-2 Occidente. Le exigieron al Gobierno instalar de nuevo una mesa de diálogo.
Más angustia
En abril pasado el temor fue más porque las autoridades guatemaltecas y la empresa mexicana inauguraron la terminal ferroviaria de Tecún Umán, en Ayutla.
Eso representaba la primera fase de un proyecto que pretende interconectar México con Guatemala, desde Ciudad Hidalgo, Chiapas, hacia Tecún Umán, y Santa Lucía Cotzumalguapa y Puerto Quetzal.
Los habitantes del caserío el Jobo, o asentamiento 2 de abril, que colinda con esa estación, se alertaron por esta acción.
De hecho, según cuentan los vecinos, desalojaron a cinco familias a las que les pagaron y reubicaron en un lugar inadecuado.
Genaro Bautista tiene 62 años, y más de 25 de vivir en el Jobo. Aseguró que hasta ahora el gobierno no ha aceptado tener un diálogo y por eso viven con zozobra y protestan.
“Cuando vimos que estaban construyendo la estación pensamos que nos desalojarían, pero ha pasado el tiempo y no ha ocurrido. Estamos dispuestos a irnos, pero queremos que nos garanticen una casa digna en un lugar adecuado”, expresó.
VIDEO Genaro Bautista, líder de el Jobo, Ayutla, San Marcos.
El único acercamiento que han tenido con Ferrovías es cuando llegó personal a instalar rótulos que consignaban que ese caserío estaba en terrenos estatales, recordó. Sin embargo, por la incertidumbre, hubo tensión con los pobladores y retiraron esos anuncios.
Mauricia Mayén tiene 77 años. Nació en Quiché, creció en Mazatenango, se casó, enviudó y emigró a Coatepeque, Quetzaltenango. Ella vive en el asentamiento Nueva Esperanza desde hace más de 25 años. Como madre soltera no pudo pagar más alquiler y emigró a ese lugar.
Ahí solo cuentan con energía eléctrica porque el exalcalde y ahora diputado Emilio Maldonado la gestionó. Esta situación ha ocurrido en el resto de las comunidades que están en la línea férrea. Las comunas han avalado no solo la energía, sino agua potable y en algunos casos drenajes.
Ella le pide al presidente Alejandro Giammattei que les conceda una casa digna si optan por desalojarlos. “Usted necesitó de nosotros en las elecciones, ahora nosotros requerimos de usted para tener una casita digna”, demandó.
Agregó: “No queremos que nos amenacen, sino que nos escuchen”.
VIDEO Mauricia Mayén, vecina del asentamiento Nueva Esperanza, Coatepeque, Quetzaltenango
Pedro Ramírez, alcalde comunitario de este asentamiento, expresó que las 150 familias que allí viven durante años han buscado mejorar sus condiciones de vida.
En la zona 5 de Coatepeque vive Delfino López, líder de la comunidad La Línea, calle Indule, La Unión. Allí residen unas 60 familias desde hace 30 años y su petición es dialogar.
Idalia Salguero, de 55 años, de la aldea La Parada, Pajapita, San Marcos, opina lo mismo. Desde hace 22 años junto con 75 familias han intentado prosperar.
“El mayor problema es que el Estado nos ha abandonado por vivir acá. No somos invasores, somos guatemaltecos, y queremos que el gobierno nos escuche”, exclamó Salguero.
“Me llamo Luis Francisco Aguilar. Tengo 73 años y desde hace 50 vivo en la línea férrea. No sé leer ni escribir. Mi casa es de lámina, nylon y madera. Nuestro temor es porque nos han dicho que por acá pasará el tren chino y nos van a desalojar. Le pedimos al gobierno que nos ayude”, clamó este vecino de Pajapita.
“Ya firmaron contrato”
“Sabemos que ya firmaron el contrato con la empresa mexicana y no han querido darle información ni a diputados ni a nosotros. Todo lo están haciendo bajo de agua”, dijo el líder del asentamiento La Bendición de Retalhuleu, Edwin Capriel.
No estamos en contra de que el tren pase, pero el gobierno debe atendernos para conocer nuestras peticiones”, agregó. trasladen, nos reubiquen o legalicen la tierra actual”.
En este departamento son por lo menos 8 mil familias las que viven en la línea férrea.
María Shar, de Cuyotenango, Suchitepéquez, clamó por la mesa de diálogo, y dijo que las 350 familias que allí viven requieren del apoyo estatal.
Tren Bicentenario no tiene mayor avance
El proyecto del Tren Bicentenario se lanzó en enero pasado. En febrero ya habían firmado un contrato la Compañía Desarrolladora Ferroviaria, S.A., (Ferrovías), con la empresa mexicana Remed S.A.
El convenio le otorgó a la compañía extranjera el derecho de rehabilitación, uso y operación de 265 kilómetros de la vía férrea guatemalteca.
De esos kilómetros 235 van de Ayutla, San Marcos, a Puerto San José y Quetzal en Escuintla y 30 kilómetros más de derecho de vía desde la cabecera de Retalhuleu al Puerto de Champerico.
sin un plan.
VIDEO: Edwin Capriel, vecino del asentamiento La Bendición, Retalhuleu
Pese a que se ha consultado a lo largo de estos meses a las partes involucradas en el contrato nunca han accedido a explicar pormenores del contrato ni cómo harán para el traslado de las más de 65 mil familias que han construido sus viviendas a lo largo de varios tramos de los 265 kilómetros previstos.
Esta situación ha generado una primera protesta social con bloqueos de ruta ya que ni el gobierno ni Ferrocarriles de Guatemala (Fegua)ha admitido entablar una mesa de diálogo.
En una citación en el Congreso el pasado 8 de febrero, Augusto Ponce, interventor de Fegua, dijo desconocer el contrato que firmaron Ferrovías y Remed S.A., así como lo relativo a despejar la vía y desalojar. Se intentó conocer la versión actual, pero no respondió a llamadas, durante dos semanas.
De igual manera se le llamó vía telefónica a José Fernando Ulloa Rosenberg, administrador único y representante legal de Ferrovías y dijo que devolvería la comunicación, pero al cierre de la nota no lo había hecho.
VIDEO: Luis Francisco Aguilar, poblador del cantón Ferrocarril en Pajapita, San Marcos
Los pobladores que residen a lo largo de la línea férrea, desde San Marcos hasta Izabal, han planteado una exigencia para dialogar con el Estado, sin embargo, hasta ahora no se ha materializado, según ha informado Domingo Hernández, uno de los líderes de este movimiento a escala nacional.
El diputado Orlando Blanco, del Grupo Parlamentario de Oposición, aseguró que a ocho meses de que se suscribió el contrato entre las dos empresas no ha habido avances significativos.
Reiteró que desde un principio ellos denunciaron que el contrato suscrito había estado lleno de ilegalidades que a la fecha no ha indagado ni la Procuraduría General de la Nación ni el Ministerio Público, en donde denunciaron penalmente al administrador de Ferrovías por peculado por sustracción.
“A ocho meses de la concesión ha habido cero avance físico y financiero. Esto ha demostrado que se dio una concesión a una empresa de cartón e hicieron un contrato fantasma”, puntualizó en legislador.
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