Cómo afectaría a Guatemala el terremoto político que ocurre en Honduras

Desde el momento en que se conoció la sindicación en contra de su hermano, Juan Antonio —Tony— Hernández, condenado a cadena perpetua por narcotráfico el pasado 30 de marzo, era cuestión de tiempo para saber cuándo resultaría salpicado el mandatario hondureño.

Aunque la situación podría ser abordada como un asunto interno de Honduras, lo cierto es que lo ocurrido indudablemente traerá repercusiones en la región, especialmente en el Triángulo Norte de Centroamérica.

Tanto Guatemala como Honduras y El Salvador comparten los mismos rezagos sociales que han sido abonados por décadas de gobiernos disfuncionales.

Esto ha provocado un éxodo de los ciudadanos de estos tres países hacia el norte que desde hace ya varios años se ha convertido en una preocupación para la seguridad nacional de EE. UU. que, pese a millonarios desembolsos para la región no ha podido detener.

Por esa razón, afirman los analistas, las naciones del Triángulo Norte no puede ser vistas por separado, sino como parte de un bloque.

Ahí es donde ocurre la primera repercusión.

“Si alguien lo viera desde fuera diría ¿Cuál es el problema de Honduras? Pues que se ha convertido en una especie de narco gobierno y no hay institucionalidad, —pero— si uno analiza a los otros gobiernos cae en la cuenta de decir: bueno, puede que no estén involucrados, pero tampoco están haciendo su trabajo y son tan malos como el de Honduras”, dijo el analista en relaciones internacionales y catedrático universitario Roberto Wagner.

Al final de cuentas Honduras termina siendo un espejo de Guatemala y El Salvador puesto que en los tres países se evidencia una la fragilidad institucional y durante años, los gobiernos no han mejorado las condiciones de vida de sus ciudadanos.

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Por tal razón, Wagner cree que los gobiernos de Guatemala y El Salvador estarán muy atentos a lo que ocurra con su vecino y es posible que estos gobiernos intenten desmarcarse del hondureño, algo que, de hecho, ya lo intentó el gobernante salvadoreño Nayib Bukele al pedir a EE. UU. “un trato diferenciado”.

Sin embargo, un distanciamiento total es imposible debido a la cercanía e intercambio cultural y comercial entre los países. En tal sentido, Wagner considera que los gobiernos podrían delegar en funcionarios de menor rango los temas ineludibles, por ejemplo, el abordaje que se da a la migración irregular, tratando de distanciar al presidente Alejandro Giammattei.

Cabe destacar que Hernández ha sido el único presidente o jefe de Estado que se ha reunido con el mandatario guatemalteco, en una visita que hizo en noviembre pasado, antes de que Giammattei asumiera el cargo ya lo había visitado una vez, en enero del 2020.

Presionar es delicado

Aunque es muy probable que haya más presión hacia nuestros países, principalmente de senadores y congresistas, Wagner refiere que tomar acciones como sancionar a funcionarios o publicar sus nombres en listas de corrupción “es delicado y complejo”, porque estos países aún son socios y amigos de EE. UU. a diferencia de otros regímenes como Venezuela o Nicaragua.

“Puede ser que la cura resulte peor que la enfermedad”, dijo, en referencia a que cualquiera de los gobiernos pueda distanciarse por completo de la potencia del norte. “La lupa va a estar puesta encima de nosotros, pero EE. UU. tiene que actuar con mucha delicadeza”.

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Leer mensajes

El exembajador y exvicecanciller, Luis Padilla, considera que lo ocurrido con el presidente hondureño es un punto de partida a partir del cual EE. UU. verá con más cuidado a qué gobernante le dará su respaldo.

“Juan Orlando Hernández cambió la constitución para reelegirse, se presentó y se robó las elecciones y —el expresidente de EE. UU.— Donald Trump volteó a ver para otro lado, y ahora la administración de Joe Biden dice ‘cómo pudimos apoyarlo’”, afirmó Padilla.

Padilla considera que la situación en Honduras debe servir para que los funcionarios y la clase política de la región “pongan las barbas en remojo” ya que es evidente que la justicia estadounidense va a perseguir a quien resulte involucrado en ilícitos.

Por ejemplo, agrega, los recién electos magistrados de la Corte de Constitucionalidad deben ser independientes y trabajar en favor de la población y no de quienes los eligieron. “EE. UU. va a tener los ojos puestos en ellos”, advierte, a la vez que destaca, otros funcionarios del sistema de justicia han hecho excelente trabajo a pesar de que fueron elegidos con los mismos procedimientos.

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Institucionalidad es necesaria

EE. UU. ha dicho que planea invertir US$4 mil millones en la región, pero que no será a través de los gobiernos, sino que priorizarán canalizarlo a través de organizaciones de la sociedad civil. Esto hace dudar de su funcionalidad puesto que el fortalecimiento del estado de derecho solo se alcanza a través de sus instituciones.

Esa debilidad endémica de estos países hace pensar al exfiscal general de la Honduras y analista político, Edmundo Orellana, que la región se encuentra en medio de una inestabilidad en la que cualquier paso que se dé puede ser en falso debido a la fragilidad de los estados.

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“Estamos en arenas movedizas en los tres países y en esas condiciones, si EE. UU. no cuenta con la institucionalidad en sus sistemas de justicia no va a poder hacer absolutamente nada”, advierte Orellana.

En Honduras sería imposible alcanzar dicha institucionalidad en las condiciones actuales, con un poder judicial y Ministerio Público que son “un apéndice del gobernante”, dice el exfiscal hondureño. En Guatemala la clase política ha demostrado que tiene tendencia de favorecer más a las élites que al pueblo, mientras que en El Salvador “estamos ante un populista” que muchos temen pueda convertirse en un dictador.

Graco Pérez, analista hondureño en derecho internacional, refiere que el impacto principal en la región a raíz de las sindicaciones al mandatario hondureño estará en la política de EE. UU. hacia los países del Triángulo Norte, y considera que lo ocurrido en su país —y de los resultados que se obtengan— puede sentar un precedente inicial de la nueva relación que EE. UU. quiere mantener con los países.

Añadió que cada nación centroamericana “está velando por sus propios intereses” desmarcándose una de las otras, cuando los problemas, entre estos el migratorio, debiesen ser abordados de manera regional.

Dependencia económica de EE. UU.

El economista y experto en temas territoriales Juan Alberto González Jacobo resalta que una de las características en común de los tres países es que tienen una alta dependencia de EE. UU. en los ámbitos comercial y del envío de remesas que se han convertido “en un bastión económico para los tres países ante la ausencia de otras alternativas”.

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Pero estas naciones, agregó el especialista, también comparten la presencia del narcotráfico que se ha constituido una fuente de financiamiento de “la economía oscura”, que se ha integrado más rápidamente que las actividades económicas legales.

Además, mantienen problemas económicos, una amplia economía informal, generan migraciones masivas y desafortunadamente procesos de corrupción “muy complicados”. Estas situaciones son las que captan la atención de EE. UU., dijo González.

El economista agregó que Guatemala mantiene un intercambio comercial más dinámico con El Salvador, aunque en la última década se ha intensificado con Honduras gracias a la unión aduanera que ha incrementado el comercio y la inversión entre ambos países.

En los últimos años se ha formalizado la liberación comercial entre Guatemala y Honduras, una figura a la que El Salvador no ha entrado.

González destacó que esa liberación ha facilitado el comercio con Honduras y el flujo de capitales, pero no ha mejorado la situación económica de ambos países.

¿Qué pasa en Honduras?

Las denuncias de narcotráfico al presidente Juan Orlando Hernández no sorprendieron a los hondureños, coinciden los analistas consultados, puesto que desde hace años que se comenzó a hablar del involucramiento de su hermano, Tony Hernández.

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Sin embargo, llama la atención que el cisma ocurrido en la política hondureña no se traduzca en manifestaciones masivas. El analista Graco Pérez, lo atribuya a cierta “fatiga ciudadana” por el hecho de que tantas protestas y movilizaciones no han causado mayor efecto en el sistema político y el sistema corrupto sigue muy arraigado. “Hay una impotencia ante esa realidad”, dijo.

“La gente está a la espera de acciones que vengan desde el exterior y creen que en algún momento todos los involucrados van a ser llamados a rendir cuentas”, subrayó Pérez.

Mientras que el exfiscal Edmundo Orellana señaló una “ambivalencia” del pueblo hondureño que, mientras repudia los supuestos vínculos de Hernández con el narco, elige para candidatos a la Presidencia a figuras cuestionadas por corrupción e incluso que estuvieron en prisión en EE. UU. por lavado del dinero.

Al explicar este fenómeno, Orellana indica que, en los años 90, Honduras fue penetrada fuertemente por el narcotráfico que fortaleció sus feudos en San Pedro Sula y otros departamentos, y que movieron toneladas de droga a EE. UU.

“En todas esas regiones no gobernaba el Estado, sino los narcotraficantes, es más, la economía del país se sostenía por ellos, entonces la sociedad asimiló el fenómeno de que estuviésemos sostenidos por narcotraficantes”, dijo Orellana.

“Ahora que ha explotado todo esto, por un lado, hay vergüenza de tener a un presidente supuestamente vinculado, pero, por otro lado, a lo interior favorecemos a otros de la misma categoría moral de los narcos que están procesando en EE. UU.”, sentenció.