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¿Cómo entender la actual conflictividad en El Estor y qué tiene que ver una asociación pesquera?
El Congreso ratificó el estado de Sitio que impuso el Ejecutivo en El Estor. ¿podrá esta medida detener la conflictividad histórica en esta región del país?
Vista aérea de la propiedad minera CGN en El Estor, Izabal. (Foto Prensa Libre: AFP)
El detonante aún no está claro, pero el fin de semana recién pasado, residentes de El Estor y agentes de las fuerzas de seguridad se enfrentaron después de que los primeros se manifestaron contra el proceso de preconsulta para validar el funcionamiento de una empresa minera en la región.
Los pobladores argumentan que varias comunidades aledañas no han sido consultadas, a pesar de que también sufrirán las eventuales repercusiones al ecosistema.
No es un problema de esta semana, tampoco de este mes; ni siquiera de este año. Para poder entender lo que sucede en El Estor se debe considerar que es una comunidad lacustre fundada en 1886, que tomó su nombre directamente de “the store”, (tienda, en inglés), que proveía de insumos a las comunidades pesqueras y fincas del área.
Ochenta y cinco años después, en 1971, llegó una empresa con interés en la explotación de minerales en el área y marcó un antes y un después, aunque sin sentenciar el futuro del municipio.
El Estor, formado por población mestiza, maya y, con la llegada de la minería, extranjera, se constituyó en una región multicultural, con marcadas desigualdades y pobreza, a la que el crimen organizado vio como una fuerza laboral y entró en el escenario.
Para 2016, El Estor ya era considerado el municipio del país con mayor conflictividad en Guatemala, y aunque esta no había estallado, era un polvorín.
La chispa ardió un año después, en el 2017, cuando surgió la Asociación de Pescadores de Izabal, un grupo de pobladores que no necesariamente vivían en El Estor, pero se declaraban usuarios del lago y, por consiguiente, preocupados por la supuesta contaminación de la industria minera.
El 27 de mayo del 2017, una manifestación contra la supuesta contaminación ambiental cobró la vida de Carlos Maaz, un pescador víctima de la represión de las autoridades al grupo que bloqueaba la ruta.
A partir de entonces, la Asociación de Pesqueros de Izabal comenzó a tomar notoriedad, desde el activismo y resistencia comunitaria en contra de la minería, pero también como objeto de denuncias de pobladores, incluso de El Estor, que se quejaban de los episodios violentos que alteraban la vida de la comunidad, que apenas alcanza los 73 mil habitantes.
De frente
La Asociación de Pescadores de Izabal se convirtió en la cara visible de la resistencia de algunas comunidades a la presencia de la minera en El Estor.
“Les propusieron iniciar acciones en contra de la compañía, buscando alguna manipulación, y probaron con temas ambientales, y comprobaron que no –prosperaba–. Después la consulta –comunitaria–, y estaba de moda lo de San Rafael y Oxec –proyectos mineros en Santa Rosa y Alta Verapaz, respectivamente–, y por ahí entraron, hasta que llegó a la CC –Corte de Constitucionalidad– y esta ordenó que se tenía que hacer consulta, pero el convenio 169 no dice si siguen o no siguen operando las empresas, solo establece que se sienten a dialogar”, comentó una fuente que accedió a hablar con Prensa Libre sobre el conflicto, a condición de anonimato.
La fuente señaló que “los comunitarios habrían sido incitados a accionar legalmente contra la empresa a cambio de obtener algún tipo de beneficio” indirecto, ya que la minera trabaja con las comunidades de impacto directo al proyecto minero.
Para Ramón Cadena, abogado de derechos humanos y quien brinda acompañamiento a las comunidades de El Estor, las últimas acciones gubernamentales ponen en riesgo a los vecinos porque están siendo criminalizados solo por querer opinar sobre el destino de su territorio.
“Hemos dado acompañamiento, porque en esa zona hay un proceso de criminalización muy fuerte en contra de las comunidades que se oponen a la explotación minera; por ejemplo, la Asociación de Pescadores. Nosotros le hemos dado seguimiento a esos casos de criminalización”, señaló.
Cadena confirmó que se está buscando incluir en el proceso de preconsulta a comunidades ajenas a El Estor pero que son aledañas, ya que el impacto ambiental de la mina podría repercutir en toda el área de influencia del lago.
“La asociación de pescadores representa a determinadas comunidades, pero también es importante incorporar a personas de las comunidades que podrían verse afectadas por la explotación minera. Yo ahí no veo ningún problema, más bien creo que el Estado debería aceptar un proceso de consulta transparente y equilibrado, en vez de tratar de manipular el proceso solo con personas que están a favor de la mina”, precisó.
Tratamos de obtener la opinión del presidente de la Asociación de Pescadores de Izabal, Cristóbal Pop, pero no respondió las llamadas telefónicas ni los mensajes de texto enviados a su teléfono celular.
Conflictividad histórica
Los problemas que colocaron a El Estor en el centro de la atención pública no son nuevos. Este municipio y otros más han sido escenarios de enfrentamientos entre comunidades y las fuerzas de seguridad.
La mayoría de estos enfrentamientos se deben al descontento entre comunidades indígenas que se oponen a proyectos extractivos que, en muchos casos, han comenzado operaciones sin el proceso de consulta previa.
Ese pulso entre comunitarios y empresas se ha tornado violento en más de una ocasión, y la única alternativa que parece ver el Estado es imponer medidas de excepción.
Expertos en el tema consideran que estas medidas, en lugar de ser una solución de fondo, solo ocasionan un choque social que termina con aplazar un detonante casi inevitable.
El fin de semana recién pasado, en El Estor, Izabal, se registró una serie de enfrentamientos entre vecinos y agentes de seguridad, por las dudas que rodean un proceso de consulta comunitaria ordenada por la Corte de Constitucionalidad (CC).
Un grupo de vecinos argumenta que fue excluido del proceso, en un supuesto intento de la empresa por afianzar la mayoría de los votos a favor y respaldar sus operaciones, sin tomar en cuenta a poblados aledaños que, aseguran, también son víctimas de los daños ambientes que causa la mina.
Problema histórico
Carlos Mendoza, analista de la organización Diálogos, este problema no es nuevo, sino, por el contrario, mantienen documentada una historia de conflictos entre comunidades y empresas desde hace cinco décadas.
“Es entendible el tema de conflictividad. Además, en este caso en específico, esa conflictividad ya viene desde hace 50 años. Ayer —domingo— justamente se estuvo recordando en redes sociales toda la conflictividad y la violencia que ha generado este tipo de proyectos en la región, desde el asesinato de Fito Mijangos hasta cierta vinculación con la masacre de Panzós. Esto es un problema recurrente que no se limita solo a las recientes administraciones de gobierno”, afirmó.
Otro elemento histórico que Mendoza identifica en este tipo de conflictos es la mala relación que existe entre las autoridades del Gobierno y los pueblos indígenas, sin que se haya logrado un verdadero proceso de diálogo.
“Esto es un problema no resuelto que tiene que ver también con la relación del Estado con los pueblos indígenas, el respeto a su territorio y a sus autoridades locales; así mismo, que los incentivos de todas estas industrias extractivas, de la nacionalidad que sean, son llegar y explotar lo más que puedan un territorio. Ellos no buscan proteger el medioambiente”, señaló.
No hay solución
Sandino Asturias, analista del Centro de Estudios de Guatemala, explica que la raíz del problema viene desde que el Estado comenzó con el proceso de los acuerdos de paz, durante el cual cual considera que quedó instalado un proceso económico que solo ha desgastado comunidades.
“En primer lugar, la minería, desde que se impuso como parte del poder económico nacional, ha violentado permanentemente el principio de consulta comunitaria; también se ha privilegiado la represión. Ha sido La Puya, El Estor, en Huehuetenango; hay toda una historia de violencia y represión defendiendo intereses particulares en contra de las comunidades”, enfatizó.
La solución ideal, según Asturias, sería comenzar un proceso de diálogo con instituciones públicas destinadas a hacerlo, evitando los constantes estados de Sitio, que solo criminalizan a las comunidades.
“Lo ideal sería recuperar la institucionalidad de diálogo, que está acabado; lo segundo sería improbar el estado de Sitio. El Estado, en su conjunto, no puede seguir siendo cómplice. La represión no es el camino para la protesta legítima social, hay que recuperar el diálogo con las comunidades, y las empresas tienen que cumplir con las consultas si el proyecto puede afectar a las comunidades indígenas, para, precisamente, evitar estas conflictividades”, puntualizó.
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