Cómo una sentencia reciente abre posibilidad de investigar cuentas anónimas

La facilidad para abrir una cuenta en esta red ha facilitado que muchas de estas sean bots y usuarios anónimos, pero esto no representaba un problema hasta que los mensajes agresivos, amenazantes y discursos de odio empezaron a hacerse frecuentes, incidieron en la política nacional y pasaron del mundo digital al mundo “real”.

Aunque pareciera imposible detectar la procedencia de todas estas cuentas anónimas, a quiénes pertenecen y quiénes las financian, con una investigación judicial en Guatemala se logró emprender un camino que terminó en la sentencia de un trol que publicaba mensajes intimidatorios contra operadores de justicia.

Según la jerga de internet, un trol es una persona que publica mensajes provocadores en las redes sociales en forma anónima.

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Pero no solo son mensajes provocadores, sino también son narrativas con información manipulada que busca destruir perfiles específicos. Por ejemplo, campañas donde se difunden fotografías de supuestas órdenes de captura en contra de personajes políticos o judiciales o difusión de comunicados falsos.

“Estos grupos se venden como agencias de relaciones públicas que trabajan para elevar o destruir perfiles”, explica Alberto Escorcia, periodista e investigador en redes de México.

La cuenta @ElJefeDelKarma hacía esto y las investigaciones a cargo de la Fiscalía Especial Contra la Impunidad en Guatemala (Feci) lograron establecer que Rolando Moisés Pérez estaba detrás de las amenazas en redes contra el abogado especialista en derechos humanos Leopoldo Zeissig.

Pérez también fue condenado por haber falsificado el título universitario y haber asegurado que era ingeniero para obtener una plaza en la Municipalidad de Mixco.

¿Cómo lo hicieron?

Durante el 2019, Zeissig, que trabajaba entonces con la Comisión Internacional Contra la Impunidad en Guatemala (Cicig), había sido víctima de publicaciones intimidatorias y engañosas relacionadas con su trabajo. Su caso no es el único, muchos trabajadores de la extinta Cicig, periodistas, fiscales y jueces han caído en las garras de los netcenters y troles que se dedican a difamar a personalidades de la esfera pública.

Pero lo que le sucedió a Zeissig el 10 de junio de ese año fue clave para lograr la condena de 12 años de prisión contra Pérez.

Mientras el abogado se encontraba en una audiencia en la que se acusaba al entonces partido de gobierno Frente de Convergencia Nacional (FCN), por financiamiento electoral ilícito, recibió un mensaje de texto que decía: “Cuenta regresiva comunista basura, guerrila vista guerrilla muerta estamos de regreso j.j jaguar justiciero y no perdonamos tus dos hijos movimiento controlado” (sic).

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Al terminar la audiencia, Zeissig envió una captura de pantalla del mensaje a sus superiores. “Miren lo que me mandaron”, dijo. Aunque ya había leído anteriormente ese tipo de mensajes en las redes sociales, lo que le llamó la atención al abogado es que se lo hayan enviado a su teléfono personal, a través de un SMS, y durante la audiencia que cuestionaba al partido que llevó a Jimmy Morales a la presidencia.

Después de varios allanamientos y una investigación que incluía la falsedad ideológica en que incurría la persona condenada, la Feci logró capturar a Pérez el 2 de diciembre del 2020.

Los investigadores le dieron seguimiento al número telefónico desde el cual le enviaron el mensaje de texto al abogado. Era un teléfono que usaba Pérez, no solo para enviar amenazas, sino para su trabajo diario.

Al analizar el desglose de llamadas, la Feci detectó un número recurrente y descubrió que los dos teléfonos pertenecían a la misma persona. Resulta que el segundo número estaba vinculado con la cuenta de Twitter @ElJefeDelKarma, desde el cual se publicaban mensajes difamatorios contra Zeissig e información sensible sobre su esposa e hijos.

@ElJefeDelKarma también interactuaba con otras cuentas similares y retuiteba publicaciones que iban en detrimento del trabajo de operadores de justicia.

“Un mensaje en una red social en sí mismo, aunque sea agresivo, no constituye una amenaza. Pero sí constituye una amenaza cuando se saca información privada con el objeto de generar algún tipo de escarnio o, en algunos casos, justificar o generar algún espacio para el ataque a través de la familia”, explicó Claudia Samayoa, de la Unidad de Protección a Defensores y Defensoras de Derechos Humanos (Udefegua), y quien fungió como testigo frente al tribunal de sentencia.

Un informe policial del 4 de diciembre del 2020 da cuenta de cómo la amenaza contra Zeissig se refuerza en las publicaciones emitidas por Pérez a través de la cuenta anónima que manejaba en Twitter y que estaba vinculada con su número telefónico.

Ante todos estos señalamientos, Pérez declaró ante el tribunal y aseguró que el número de teléfono señalado no era suyo y que su móvil fue intervenido ilegalmente para implantarle esa información.

El tribunal les dio valor a las pruebas presentadas por la Feci y reconoció que incurrió en el delito de obstaculización a la acción penal, al publicar amenazas contra el abogado durante la audiencia contra el partido FCN.

Según el artículo 458 del Código Penal, comete este delito “quien emplee fuerza física, intimidación, amenazas o coacción sobre cualquier funcionario o empleado público que sea miembro del Organismo Judicial o de las instituciones auxiliares de la administración de justicia, traductor, intérprete o perito, para obstaculizar el cumplimiento de sus funciones”.

De esta forma, el 7 de abril último el Tribunal Décimo de Sentencia condenó a Rolando Moisés Pérez a 12 años de prisión, por este delito y por usurpación de calidad y uso de documentos falsos.

Referente

“Tradicionalmente las estructuras criminales organizadas han buscado el control de la comunicación para influir en la opinión pública. Estas estructuras han evolucionado y se encuentran en la búsqueda de desinformar, desprestigiar y atacar a través de las redes sociales la tarea y los avances que la lucha contra la corrupción y la impunidad han logrado en Guatemala”, dijo Iván Velásquez, jefe de la Cicig en mayo del 2019, cuando presentó el informe Bots y netcenters y el combate a la impunidad.

“Nosotros hemos logrado desarticular grandes redes de netcenters, incluso logramos que Twitter borrara más de un millón de cuentas en el 2018, pero no hemos logrado conquistar ninguna acción penal contra ellos”, respondió Alberto Escorcia, quien se ha dedicado a la investigación de redes.

Aunque la Feci no quiso responder si están investigando las cuentas con las que interactuaba @ElJefeDelKarma para establecer qué tan grande es la red en la que este participaba, o si actuaba solo, este caso sorprende a quienes han denunciado activamente a los netcenters que han trabajado al servicio de gobiernos como el de Enrique Peña Nieto, en México, y Nayib Bukele, en El Salvador.

Escorcia explica que estas cuentas no trabajan solas, porque para tener efectividad son miles las que se activan para difundir un solo mensaje. Actualmente las considera una “mafia”.

“Aquí han ido evolucionando sus formas de operar porque resultó muy fácil localizarlos. Antes trabajaban para partidos o políticos, pero como Twitter endureció sus reglas, empezaron a trabajar para pequeños gobernantes y ahí empezó la verdadera pesadilla porque migraron al interior de la República y terminaron contratando a mucha gente”, señala Escorcia, quien asegura que cada grupo de netcenters cobra hasta US$50 mil por hora de trabajo.

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Escorcia explica que este fenómeno se empezó a observar en México e Irán en 2008 y 2009. “El gobierno iraní usaba cuentas falsas en Twitter para evitar que hubiera protestas, entonces el Ejército gringo dijo que ayudaría a los activistas a generar cuentas de bots para aumentar las protestas”, refirió.

Los territorios en conflicto son tierra fértil para estos grupos, agregó, ya que así es más fácil que un mensaje pueda generar divisiones. Es por eso que tuvieron éxito en México, Turquía, China y Vietnam.

Con el gobierno de Donald Trump se pudo observar esto, pero a diferencia de Latinoamérica, los países desarrollados utilizan a los netcenters para la difusión de fake news y así crear confusión.

“Son muy distintos los ataques del mundo latino y el resto del mundo, porque allá se van por las fake news y aquí más por los ataques personales y el troleo para destruir a las personas”, indicó.

En el caso de Guatemala, los bots se activaron con mayor fuerza cuando iniciaron los resultados de las investigaciones de casos de corrupción lideradas por la Cicig.

“La cantidad de usuarios en contra de la lucha contra la corrupción y la labor contra la impunidad son menos, pero su intervención en redes es mayor. Al analizar detalladamente el esquema de seguidores de las cuentas que más publican contenidos en contra del combate de la impunidad, se pueden visualizar usuarios con pocos o ningún seguidor, sin foto o imagen de perfil y/o sin contar con un nombre real o comprobable que identifique la cuenta como un usuario real, y que además reportan actividades estrictamente vinculadas en su contenido a la campaña negativa: estos son los conocidos netcenters”, dice la Cicig en su informe.

Según las últimas investigaciones de Escorcia, quien descubrió las granjas de bots de Peña Nieto, muchos netcenters mudaron su operación a Centroamérica y el Caribe. “El Salvador es el caso más grave porque hemos detectado que actualmente hay muchas más cuentas falsas de las que había en México en ese entonces”, dijo.

Omar Luna, comunicador salvadoreño y analista de datos de Lab-Dat, confirma lo anterior. “Hemos logrado identificar que los nets operan aquí con la única finalidad de ensalzar una figura pública en detrimento de otra figura. Por ejemplo, el presidente Bukele se vale de netcenters para posicionar tendencias, políticas públicas y para atacar y vulnerar cuentas y personas que están en contra del discurso oficial”, explicó.

Como pasó en Guatemala, donde las amenazas en redes traspasaron el mundo real, sucede en El Salvador, donde personas como el político Walter Araujo y la abogada en derechos humanos Berta María de León han sido objeto de persecuciones y amenazas en contra de su familia.

“Por lo general, cuando una persona empieza a divulgar ciertos elementos, automáticamente aparecen cuentas relacionadas que crean una especie de enjambre digital y al analizarlos se nota que las cuentas fueron creadas días antes de algún evento en específico”, afirmó.

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La defensora de Derechos Humanos Claudia Samayoa explica que el caso de Zeissig demuestra que el MP no se debe valer de que los mensajes sean emitidos en cuentas anónimas para no investigar. Sin embargo, el dilema en estas situaciones es cómo tratar con estas redes sin vulnerar la libre emisión del pensamiento.

Para el abogado constitucionalista Mario Fuentes Destarac, la respuesta es sencilla y está contemplada en la Ley de Emisión de Pensamiento.

“Existe un castigo por publicaciones que se den de tipo clandestino. Esto está sancionado por la misma Ley de Emisión del Pensamiento. A pesar de que la Ley está desactualizada sí está el tema de las publicaciones clandestinas y también se castigan las publicaciones calumniosas que imputan delitos a otras personas, las publicaciones injuriosas que son insultos y que discriminan”, dijo.

Aunque esta ley fue emitida en 1965, cuando no existían medios digitales. Fuentes Destarac señaló que las redes sociales deben considerarse medios de comunicación y por ello deben regirse con esta legislación.

“La ley castiga las cuentas anónimas porque trabajan en la clandestinidad, se establecen sanciones y, en el caso de la calumnia, es el Código Penal el que debe castigar”, agregó.

Para Escorcia, castigar los mensajes emitidos en redes es peligroso porque también puede llegar a criminalizar a defensores y activistas.

“Los grupos de poder se beneficiarían de que se regule el internet porque pueden utilizar las leyes a su favor. Por ejemplo, si muchos activistas convocan a una marcha podrían decir que están alterando el orden público”, señaló.

Sin embargo, lo que deja claro el caso de Zeissig es que para desarticular los netcenters debe existir una investigación exhaustiva que demuestra quién los financia y por qué lo hacen. Estas investigaciones pueden ser periodísticas, como lo hace Escorcia, o de tipo judicial como lo hizo la Feci.