El camino está en la idoneidad y probidad

De tal cuenta, la credibilidad de la ciudadanía en las instituciones estatales se ha deteriorado, al igual que el buen funcionamiento de estas. La corrupción ha permeado en todos los niveles y muchos empleados públicos han tenido que responder ante los tribunales de justicia por desviar dinero público para fines personales, desde presidentes de la República hasta mandos operativos.

El gobierno del presidente Alejandro Giammattei, que prometía combatir la corrupción desde la raíz, ha dejado de brazos cruzados a la población. En abril pasado, el Ministerio Público solicitó cinco órdenes de captura contra funcionarios del Ministerio de Salud Pública y Asistencia Social  por procesos de compras sobrevaloradas en plena crisis sanitaria provocada por la pandemia.

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Según expertos, los señalamientos que los interpelantes han hecho públicos podrían tener repercusiones de magnitud por la aparente comisión de delitos.

Aunado a ello, es común la creencia entre los guatemaltecos de que a las instituciones públicas no se ingresa por capacidad, sino por “cuello”. Ello ha causado que la administración pública no represente a todos los sectores sociales.

Según la Oficina Nacional de Servicio Civil (Onsec), en el Organismo Ejecutivo hay 233 mil empleados públicos, y de estos 61.35 por ciento se identifican como ladinos, mientras que solo el 14 por ciento se consideran mayas, garífunas o xincas, pese a que estos últimos tres pueblos representan el 44 por ciento de los habitantes, según estadísticas del XII Censo Nacional de Población y VII de Vivienda.

De tal cuenta, uno de los retos de la administración pública es lograr la contratación de profesionales idóneos y que el gobierno sea dirigido por personas que representen a la población en su conjunto.
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La solución

Mucho se ha discutido de la necesidad de reformar la Ley de Servicio Civil para mejorar la administración pública, pero para Luis Linares, investigador en el área laboral de la Asociación de Investigación y Estudios Sociales (Asíes), la solución no pasa por cambiar la normativa, sino porque los gobiernos, empezando por el mandatario, tengan la voluntad política para hacerla valer.

“Como sucede en Guatemala en muchos ámbitos, el problema no son leyes sino su aplicación. Se habla de una reforma de servicio civil sin argumentos sólidos. Unos hablan de su antigüedad —la ley se emitió en 1968— y que tiene deficiencias, pero la realidad es que la ley asegura los procedimientos para la selección de servidores públicos mediante concursos y con base a méritos, sin embargo, no se cumplen”, opina el experto.

A criterio de Linares, esta falta de voluntad se debe a que hay un interés en seguir viendo al Estado y sus instituciones como “un botín, como un sistema clientelar para satisfacer intereses particulares”.

Linares explica que gran parte de los problemas en el servicio civil ocurrieron luego de que en 1998 se reformara el artículo 16 del reglamento de la ley, el cual facultó a los ministerios para realizar el proceso de preselección de candidatos a un cargo público.

Anteriormente, esto era función de la Onsec exclusivamente, que enviaba una terna de elegibles a las instituciones. Con este proceso se garantizaba la contratación de empleados públicos idóneos, explica Linares.

Así pues, si hubiera que hacer una reforma, debería ser  al reglamento para retrotraer la norma a cómo se encontraba, comenta el experto.

Repercusiones

La contratación de servidores públicos idóneos impacta en las capacidades del Estado para mejorar la calidad de las políticas públicas, la prestación de servicios públicos esenciales y la adecuada gestión de recursos, explica Fernando Spross, investigador de la  Fundación para el Desarrollo de Guatemala (Fundesa).

En otras palabras, comenta Spross, en la medida que Guatemala tenga mejores funcionarios públicos puede aspirar a tener mejoras en sus indicadores sociales, los cuales han encendido las alarmas en los últimos años.

“Una de las características de nuestro sistema de servicio civil es la cultura de  politización en la designación de los empleados públicos, así como la arbitrariedad y falta de transparencia en los procesos, lo cual impide que el sistema funcione de acuerdo a ciertos criterios y principios como la contratación en base al mérito, privilegiar la eficiencia sobre la antigüedad, sistematizar procesos de evaluación del desempeño, tener una estructura de compensaciones que promuevan la productividad laboral, establecimiento de una carrera administrativa generalizada, entre otros”, comenta el investigador.

A su consideración, la reforma puede ser una vía para solucionar algunos problemas, pero no es  la única.

“Solventar el problema no tiene una solución única, pero se puede iniciar impulsando una reforma integral al sistema del empleo público que promueva su funcionamiento en torno a estos criterios mencionados anteriormente, mediante la implementación de un nuevo modelo de Sistema Integrado de Servicio Civil.  Para una eventual reforma, es importante tomar como referencia la legislación existente —que tiene aspectos positivos— y los sistemas internacionales —buenas prácticas—”, dijo.

Agregó: “En ese sentido, es necesario apuntar hacia la Onsec, ya que de acuerdo con algunos diagnósticos realizados padece de debilidad en sus prácticas de planificación y conducción estratégica. Para mejorarla, es necesario convertirla en un ente rector con independencia funcional y técnica, que se independiente de otros entes de poder público”.

“Se requiere la introducción de conceptos como la meritocracia, fortalecimiento de la carrera administrativa, creación del sistema de directores públicos para dar continuidad a las políticas públicas, creación de condiciones que privilegien la eficiencia sobre la antigüedad, y procesos efectivos de evaluación de desempeño, además de desarrollar un sistema informático integral de recursos humanos”, afirmó.

Por su parte, Geidy de Matta, del Instituto de Problemas Nacionales de la Universidad de San Carlos (Ipnusac), considera que la reforma a la Ley de Servicio Civil es un aspecto para considerar, pero no solo eso resolverá el problema, ya que detrás de todo también hay una cultura que constantemente busca cómo utilizar el Estado para satisfacer fines clientelares.

“La Onsec debe agilizar la construcción de los perfiles para optar a los cargos. Se necesita generar un cambio en la cultura de la sociedad, para que la cosa pública se administre con eficacia y exista rendición de cuentas. Todo esto ayudaría a la construcción de cuadros”, afirmó la experta.

La investigadora explica que se necesita fortalecer a las instituciones, pero para ello no solo se necesita de recursos financieros, sino de equipos técnicos que tengan trayectoria y con probidad demostrada.

“El clientelismo afecta porque cede a intereses particulares. Y esto siempre ha existido. Reformar la ley es importante pero no resuelve la totalidad del problema. Es necesario generar incentivos para cambiar la cultura política y evitar compadrazgos”, dijo.

Postura

Karla Gómez, subdirectora de la Onsec, explicó que  la institución ha  identificado algunos problemas en la administración pública. Entre estas se encuentran las cláusulas inapropiadas de negociación colectiva en el sector público y detectar si hay reformas o regulación que debe cambiarse.

La funcionaria considera que antes de una reforma a la Ley de Servicio Civil se debe revisar qué tanto se aplica en conjunto con otras normas legales, profesionales y reglamentarias.

“De allí que al encontrarnos con el problema de la incorrecta  clasificación o de cláusulas inapropiadas en pactos colectivos de condiciones de trabajo producto de la negociación  en el sector público nos damos cuenta de que el problema va más allá de la ley y resolverlo es más complicado que cambiar una norma, puesto que pasa por la cultura, el tema salarial y la falta de homogeneidad existente entre mismos puestos de trabajo, entre otros aspectos”, manifestó Gómez.

Según su criterio, sí es necesario desconcentrar algunas acciones del proceso de reclutamiento de recursos humanos en el sector público.

“Esto permite más agilidad en el desarrollo de la dotación de personal. La Onsec aún tiene la responsabilidad final de revisar los procesos realizados por las entidades nominadoras, y sin su autorización final las acciones de personal no llegan a ser registradas”, expresó.

La subdirectora añadió que  la Onsec trabajará pronto en una política salarial del Organismo Ejecutivo. Por ello, sostiene que antes de hacer reformas legales, se debe revisar la aplicación de las normas de servicio civil en todos sus niveles. Para esto se deben verificar los procedimientos y los manuales que desarrolla la ley, como el del Empleo, el Sistema Informático de Administración de Recursos Humanos y el de Especificaciones de Clases de Puestos, por citar algunos ejemplos.