Estado grande incumple con servicio público

Sin importar si el poder presidencial está a cargo de la derecha o  la izquierda, el resultado es el mismo: educación pública de baja calidad, hospitales sin insumos ni medicinas y un clima de inseguridad que diariamente cobra vidas de forma violenta.

Cada cuatro años aparecen presidenciables que prometen terminar con los males que han caído sobre el país, promesas que se esfuman cuando el partido político alcanzó su cometido.

Resultaría injusto que todas las demandas sociales no fueran de la mano de la tributación, pero en Guatemala los ciudadanos pagan impuestos por servicios mal prestados.

La pregunta es: ¿Hay recursos? Cada año, las solicitudes presupuestarias han aumentado y el último plan de gastos avalado por el Congreso es de Q87 mil 715 millones 64 mil.

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El problema no son los recursos, señalan los consultados, sino la distribución. Del presupuesto citado se destinan Q57 mil 273 millones 896 mil 902 a funcionamiento: pago de salarios.

La Oficina Nacional de Servicio Civil (Onsec) registraba que  hasta mayo pasado había  251 mil 114 empleados públicos en dependencias del Organismo Ejecutivo.

El Congreso  reporta, a la misma fecha,  mil 89,  y el Organismo Judicial (OJ), 11 mil 606, según información pública de oficio obtenida de los portales electrónicos de dichos poderes del Estado.

Aunque sean entidades que aglutinan una cantidad de personal relativamente baja, los sindicatos hacen que cada uno de sus afiliados reciba beneficios, muchos  de índole económica, que terminan golpeando los bolsillos de la administración pública.

La realidad de Guatemala contrasta con servidores públicos bien vestidos, con honorarios profesionales adornados con dietas y otras bonificaciones, mientras que los hospitales nacionales se colapsan y  más de una familia llora cada día a un ser amado arrebatado por la criminalidad, la pandemia o el hambre.

Agencias de empleo

El principal problema por el que Guatemala no puede cumplir con las necesidades básicas de su población es porque la mayor parte de sus ingresos se destinan a  funcionamiento, aunque en la práctica la percepción  acerca de las oficinas del Gobierno es que no funcionan.

Esas entidades, donde reina la burocracia, asociada a la pésima vocación de servicio de algunos empleados públicos, dejan en el usuario un mal sabor de boca, de acuerdo con quejas constantes de guatemaltecos que no consiguen resolver un simple trámite.

Pero  tener a personas sin la capacidad técnica o al menos vocación en puestos burocráticos es responsabilidad de los partidos políticos, según  Francisco Quezada, investigador del Centro de Investigaciones Económicas Nacionales (Cien).

El experto asegura que durante la campaña política los dirigentes de las agrupaciones partidarias se encargan de ofrecer empleo a sus simpatizantes a cambio de salir a repartir volantes, ondear banderitas con el logo del partido y prometer su voto el día de las elecciones.

“Cuando se expandió el Estado por todos lados, como un botín, dejaron de atender los servicios esenciales, y si no se ha cubierto lo esencial como la salud, educación, infraestructura y seguridad, ¿cómo es posible que abran secretarías a cada rato y consejos por aquí? Voy ampliando el tamaño del Estado, pero lo esencial está descuidado”, criticó Quezada.

Desde su óptica, el Estado es demasiado grande. Mantener un número amplio de empleados públicos no es una inversión, es un gasto que le cuesta caro a todos.

“Lo que sucede es que la planilla va irrumpiendo cada vez más en la inversión en carreteras, escuelas u hospitales. Se empiezan a sacrificar todas las tareas de infraestructura del Estado por  las planillas, que no solo es un número de compromisos que van creciendo, sino que personas que ingresan al Estado, no a razón de la necesidad que se tenga de ellos, si no a razón de la lealtad al partido político”, subrayó Quezada.

Si las agrupaciones políticas son las causantes del problema, los políticos también tendrían que ser parte de la solución, siempre que no decidan evadir la responsabilidad que tienen desde el momento que fueron electos para un cargo de elección popular.

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Nueva Ley

Una de las posibles soluciones para ayudar a ordenar el Estado y evitar el despilfarro de  recursos públicos parece ser una reforma a la Ley de Servicio Civil, señalan expertos.

Aunque una ley de este tipo tendría que ser unificada para que rija por igual en los tres poderes del Estado, y no solo en el Ejecutivo, ya que no hacerlo de esa manera sería tan efectivo como colocar un pequeño parche a un colador.

Si se impulsa una ley en este sentido se unificarían los  criterios de salarios, tener garantías laborales que eviten la conformación de nuevos sindicados que absorben de manera desmedida los recursos financieros de las instituciones, los trabajadores podrían optar a una carrera de ascensos, y en su momento  optar a un retiro voluntario y digno, señalan especialistas.

Además de mejorar la situación general en términos financieros, la población tendría más calma, ya que la eventual normativa permitiría transparentar  el gasto público, financiado con impuestos.

“Nosotros lo que vemos es que en muchas dependencias, a pesar de que tienen muchos trabajadores, la atención es mala o deficiente, con procesos muy largos. Todo eso debe de ir acorde entre cantidad de trabajo y distribución. Otra  cuestión es la duplicidad de funciones  en algunas dependencias o instituciones”, explicó Lilian Sierra, secretaria de Acceso a la Información Pública de la oficina del Procurador de los Derechos Humanos, al hablar de algunos de los problemas que hacen necesaria la aprobación de una nueva ley de servicio civil.

Sierra agregó que esta reforma ya fue prometida por el Estado  a escala internacional, como una de las posibles soluciones para erradicar la corrupción.

“Es una tarea pendiente y  nos podemos retrotraer al 2007. Hay un compromiso que el Estado de Guatemala tiene  ante el mecanismo de seguimiento de la Convención Interamericana contra la Corrupción, una de las recomendaciones para Guatemala era promover una ley de servicio civil”, señaló.

Descontrol

La mala distribución de recursos hace que el Estado ya no tenga dinero para invertir en el sistema educativo, en la red sanitaria y en la infraestructura vial, lo que ocasiona quejas constantes de los usuarios, pues  a pesar de cumplir con sus impuestos no ven resultados.

En los últimos años se ha percibido un aumento en las contrataciones temporales de empleados públicos,  aquellos que se sitúan bajo los renglones presupuestarios 021, 022 y 029.

Estos espacios son utilizados por los partidos políticos para saldar las deudas pendientes de campaña a favor de simpatizantes, e incluso para recibir comisiones económicas para beneficio personal o para el mantenimiento de la maquinaria política. Varios exfuncionarios han sido procesados por algunos casos.

El politólogo Sebastián Morales considera que junto a una nueva ley de servicio civil se debe haber acciones directas para erradicar la corrupción de las oficinas de Gobierno.

“Una reforma a la Ley de Servicio Civil no es lo único que se necesita, posiblemente  también se debe generar una certeza de ejercicios contra la corrupción, algo que está muy lejos de alcanzarse. En las medidas en que la ley se cambie también se puede agregar un poco más de control, pero no se va a combatir porque se aprovecha una posición política de poder para el beneficio propio y eso genera corrupción”, expresó.

Óscar Dávila, comisionado presidencial contra la Corrupción, admite que la amplitud de empleados con los que cuenta el Ejecutivo puede ocasionar dificultades, pero resalta que ellos están ejecutando acciones para erradicar ese fenómeno.

“Para  atender esa magnitud de los más de 240 mil empleados existentes actualmente en el Organismo Ejecutivo, se debe mejorar las acciones de los órganos de control interno de cada una de esas dependencias. Nosotros venimos haciendo un barrido para ver quiénes cuentan con un órgano de control, cuál ha sido efectivo,  qué resultados han arrojado o si realmente no existen y no han generado buenos resultados. Todo con el afán de estandarizar acciones en cada dependencia a través de los órganos de control”, explicó.

Una ley de servicio civil homogénea entre los tres poderes del Estado y mecanismos anticorrupción parecen ser la respuesta para que el Gobierno responda de manera eficiente, pero hacer que esto sea una realidad depende de la voluntad política de los diputados.

Archivadas

El Congreso  es una de las instituciones más desprestigiadas del Estado. Los diputados pasan de un escándalo a otro.

Han sido señalados de aparente corrupción, cobros excesivos en dietas y hasta de consumo de bebidas alcohólicas en el pleno  parlamentario.

En el Legislativo hubo algunos esfuerzos que  quedaron sepultados por la mayoría de diputados que prefiere recibir sumas considerables en conceptos de dietas y mantener un séquito amplio de trabajadores  antes que reformar la ley, que les desprendería de  esas gratificaciones. Mismas que han llevado a expresidentes como Pedro Muadi y Luis Rabbé a enfrentar procesos penales por  plazas fantasma, según  investigaciones del Ministerio Público (MP).

De acuerdo con datos de la página  del parlamento, existen siete iniciativas para reformar el servicio civil que están archivadas.

El proyecto más antiguo ingresó en 1993 y el más reciente en el 2017; pero la que ha  avanzado, pues está  pendiente el tercer debate y la redacción final, es la iniciativa 4142,  impulsada por el expresidente del Congreso Roberto Alejos.

“Si los partidos políticos no dejan de ser agencias de empleo y si no hacemos una nueva ley de servicio civil no vamos a salir de esta burocracia ineficiente e ineficaz, y no vamos a crear la carrera de servidor público. Deben de ser menos empleados, pero más capaces, con salarios estables, buenos y un retiro digno, pero eso no se puede hacer con tantos empleados. Es un tema del que se ha huido porque las plazas son un botín político”, destacó el político.

En su momento, la iniciativa se enfrentó a la nula voluntad de la mayoría de  parlamentarios y  grupos sindicales del Congreso, que vieron en esa propuesta la anulación de los beneficios.

“El sindicato mayor del Congreso se opuso al retiro voluntario,  a una reevaluación del personal y el procurador de los Derechos Humanos de aquel entonces los protegió para que no hiciéramos públicos los salarios; tampoco los diputados apoyaron una reforma de este tipo porque hay que reducir plazas por diputados; aunque las logramos reducir, no fue suficiente”, recordó.

Prensa Libre intentó conocer la postura de las actuales autoridades legislativas, pero no fue posible contactar con los integrantes de la Comisión Permanente,  integrado por diputados de la Junta Directiva en periodo de receso.

Consolidar propuesta

Alejos considera que la iniciativa 4142 aún no se acopla a la realidad guatemalteca, pero destaca que es necesario que las mismas reglas se fijen  para el Ejecutivo,  Legislativo y Judicial, para hacer eficiente el uso de los recursos públicos.

Quezada estima que la ley por sí sola no hará mucho, por eso cree prudente que desde el Ministerio de Finanzas se establezcan topes para reducir los gastos de funcionamiento desde la raíz, así como procesos de evaluación que permitan prescindir de aquellos que no cumplen con las capacidades para el puesto que desempeñan.

“El problema es que hay dispersiones de leyes de servicio civil, entonces lo que tenemos que tener realmente son grandes compromisos en materia de reclutamiento, totalmente vinculado a la necesidad del servicio; tenemos que tener métodos de evaluación del empleado y funcionario basado en su rendimiento y metas, y también tenemos que tener procedimientos para prescindir de aquellas personas que no cumplan con sus metas o no tengan vocación de servicio”, resaltó.

Las fuentes consultadas coinciden en que gran parte de esta responsabilidad recae en los diputados, ya que el Congreso es el órgano encargado de aprobar las  leyes, pero no restan responsabilidad a todos los sectores que representan al país.

Desde la visión de los expertos, es necesario que se emitan  aportes diversos y sugerencias para una ley de servicio civil que se acople a la realidad del país, que permita mejorar las condiciones de vida de  los guatemaltecos  y erradicar  las sospechas por corrupción que pesan sobre las entidades de Gobierno.

Pero si la clase política omite tomar acción y dar respuesta a estos problemas, aseguran las fuentes, las condiciones de vida de  decaerán cada vez más, mientras que cada gobierno de turno  se enfocará en pagar favores políticos y olvidará el compromiso social con la población.

Manual de clasificación

Los renglones para contratar personal en  el sector público de Guatemala son varios. Aquí los más conocidos:

011 Personal permanente. Comprende  remuneraciones en forma de sueldo a  funcionarios, empleados y trabajadores estatales, y goza de prestaciones y otros beneficios.

022 Personal por contrato. Contempla  sueldo base a trabajadores públicos, contratados para servicios, obras y construcciones de carácter temporal y, cuando abarquen más de un ejercicio fiscal, deberán renovarse para el nuevo ejercicio. Este personal goza de prestaciones de ley, menos indemnización.

029 Otras remuneraciones de personal temporal. Honorarios por servicios técnicos y profesionales prestados por personal sin relación de dependencia. Podrán ser dotados de enseres y/o equipos para  sus actividades, en períodos que no excedan un ejercicio fiscal.

Evaden fiscalización

Según datos de la Secretaría de Acceso a la Información Pública, muchas instituciones de Gobierno obvian información pública de oficio.

La entidad señaló que en el Organismo Judicial  han detectado que no se respetan aspectos de la información pública de oficio. Al ingresar a la  web del OJ es difícil buscar y encontrar información como el detalle del personal contratado.

Sofía Ciraiz, coordinadora de la Unidad de Acceso a la Información Pública del OJ,  explicó que en la más reciente evaluación de la PDH obtuvieron más de 80 puntos, con lo que  aprobaron  los parámetros de fiscalización.

Destaco que hay información con retraso, como procesos  judiciales que aún no están firmes por  impugnaciones. Y admitió que las contrataciones  aparecen unificadas.

“Hay un listado donde están de manera general, pero eso no es algo que nos indicarán que se debe de hacer de otra manera, es la primera vez que me dicen esto —que no está el desglose—, si aparecen todos de manera general: los 011, 022 y todos, sí están juntos”, dijo.