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Estas son las repercusiones que tendrá para Guatemala el fin del Título 42 en la frontera sur de EE. UU.
La norma impuesta para contrarrestar los contagios de coronavirus finalmente dejará de estar vigente el próximo 21 de diciembre.
Oficiales fronterizos de EE. UU. tratan de evitar que migrantes venezolanos crucen el Río Bravo, frontera entre EE. UU. y México. (Foto Prensa Libre: AFP)
Desde marzo de 2020, en la frontera sur de EE. UU., se ha mantenido en vigor una norma que faculta a los guardias de la Patrulla Fronteriza a devolver a México, en cuestión de minutos, a cualquier migrante que ingrese de forma irregular sin que se le facilite pedir asilo.
Esta normativa, el Título 42, es una ley de salud pública de EE. UU. promulgada en 1944 y que, al inicio de la pandemia, fue reimplementada para evitar los contagios de coronavirus, precisamente por la facilidad para expulsar a quienes ingresen sin autorización.
Con el paso de los meses, la amenaza del covid-19 fue mermando y la economía de EE. UU. se abrió; sin embargo, aunque las restricciones por la pandemia se flexibilizaron no ocurrió lo mismo con el Título 42 que se ha mantenido vigente y con el cual se ha expulsado a 2.3 millones de migrantes.
Pero una resolución judicial ordenó al Gobierno de Joe Biden poner fin al uso de esa normativa al indicar que fue utilizada de manera “arbitraria y caprichosa” para bloquear solicitudes de asilo con lo cual esta normativa llegará a su fin el próximo 21 de diciembre.
Grupos de derechos humanos celebraron el anuncio; no obstante, el fin de la norma traerá repercusiones para Guatemala, entre estas, probablemente más migración no solo de origen, sino de tránsito.
Engaños
EE. UU. teme que la finalización del Título 42 pueda alentar a bandas de coyotaje a manipular la información en los países de origen para incentivar la migración irregular, y en tal sentido ha advertido que continuará con la implementación del Título 8, una normativa que ya se aplicaba antes de la pandemia y que, a diferencia del 42, penaliza los ingresos irregulares.
Aunque con el Título 8 un solicitante de asilo puede hacer su petición y esperar la resolución en suelo estadounidense, un enorme porcentaje de estas peticiones son denegadas. Pero los migrantes, al ingresar a territorio estadounidense, suelen perderse en el sistema y optan por vivir en la clandestinidad.
Abel Núñez, secretario ejecutivo del Centro de Recursos Centroamericanos (Carecen) una organización promigrante con sede en EE. UU., no descartó que se produzca tal incremento, pero enfatizó en que la razón de los éxodos que se experimentan hoy en día está en los países de origen, con deterioradas economías y gobiernos que no satisfacen sus expectativas, aunque también en el de destino que ofrece oportunidades de empleo.
“En EE. UU. hay más de 11 millones de plazas y solo cinco millones de personas buscando empleo, o sea, hay una diferencia de cinco a seis millones de plazas que no se van a llenar en sectores de construcción, hospitales y restaurante que son los que más buscan los inmigrantes”, destacó.
Esto, a juicio de Núñez, es un atractivo mayor a si se termina la vigencia del Título 42.
Más presiones
Otro de los efectos que puede acompañar al término de esta polémica normativa es un incremento de las presiones de EE. UU. hacia los países de la región para que se conviertan en barreras de la migración irregular, como ya ha sucedido en otros momentos de la historia reciente.
Aunque con diferentes estilos, tanto administraciones demócratas como republicanas han puesto a funcionar su maquinaria de presión para que los gobiernos cooperen con ese objetivo.
Esta ocasión no sería la excepción.
Blas Nuñez-Neto, subsecretario interino de Política Fronteriza e Inmigración en el Departamento de Seguridad Nacional, dijo la semana pasada que los migrantes que crucen de manera irregular la frontera sur y que no cumplan con las leyes de migración serán deportados y en el caso de los que sean originarios de Venezuela —cuyo gobierno no reconoce Washington—, afirmó que ya hay conversaciones con México y otros países “para ver qué se puede hacer en ese sentido”.
Un análisis de Wola (Oficina en Washington para Asuntos Latinoamericanos, en inglés) detalla que es probable que el fin del Título 42 ejerza una “gran presión” sobre la administración Biden para que acelere la cooperación con los gobiernos de la región —en particular, pero no exclusivamente, con México— y consiga compromisos reales para proporcionar asistencia humanitaria, mayores vías legales para la migración y acceso a la protección para la creciente población migrante.
Pero esta cooperación podría ser en doble sentido, consideran especialistas. Es decir, ofrecer recursos a cambio de detener la migración irregular, con el conocimiento de que sin el Título 42, las deportaciones exprés ya no serán opción.
“Si hay personas que con el final del Título 42 intentarán acercarse a la frontera, no lo tendrán muy sencillo porque México va a estar controlando el paso de migrantes, y también en Guatemala donde las autoridades han impedido la llegada de gente desde Honduras”, dijo Bernardo Méndez Lugo, exdiplomático mexicano y actual secretario ejecutivo de la organización América sin muros.
Explicó que EE. UU. puede valerse de sus programas de apoyo económico o de instituciones financieras internacionales para ofrecer recursos a México y otros países de tránsito de migrantes para hacer que estos hagan más esfuerzos por frenar la migración irregular. “Es decir, tendrás acceso a ciertas ayudas si tú me apoyas en esto”, subrayó.
Asilo
EE. UU. aún no ha definido qué hará con los migrantes de países como Venezuela o Cuba que no sean admitidos ya con el Título 8, pero es muy probable que los devuelva a México. Aunque no se ha manejado la posibilidad de enviarlos a países más al sur, no sería la primera vez que un gobierno de ese país lo haría si decidiera pedir cooperación.
En julio del 2019, durante el gobierno de Donald Trump, EE. UU. obligó a Guatemala a firmar un Acuerdo de Cooperación de Asilo para que el país admitirá a solicitantes de refugio de Honduras y El Salvador, ante el incremento de migrantes en la frontera sur que detonaron una crisis.
El acuerdo conocido como ACA rindió pocos frutos ya que menos de mil ciudadanos de esos países aceptaron ser enviados a Guatemala y una mínima parte inició acá procesos de asilo. Finalmente, el convenio fue derogado en febrero de 2021, ya en la administración Biden.
Pablo Rangel, internacionalista y catedrático universitario, precisó que EE. UU. tiene la capacidad suficiente para condicionar a estos países, pero ve poco probable que se concrete una medida de este tipo debido a que “no es una política lógica” del Partido Demócrata.
“Hay que recordar que los demócratas al llegar al poder pidieron retirar esas leyes y estrategias y es muy probable que no vayan a insistir en políticas al estilo Trump”, enfatizó.
En cambio, coincide en que EE. UU. podría pedir a estos gobiernos endurecer el control de la migración irregular y ofrecer a cambio recursos económicos y apoyo en distintas áreas ya que esto compromete más a los países.
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