Política
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Ha fallado la ruta para la integración de Centroamérica
Han confluido la debilidad institucional con, especialmente, la falta de voluntad política para unir a los países del Istmo.
Los presidentes de Centroamérica de 1986 se reunieron diversas oportunidades para construir un plan para la paz en el Istmo. (Foto Prensa Libre: Hemeroteca PL)
La integración centroamericana es una aspiración que ha estado en la mente de los ciudadanos, luego de la disolución de la República Federal de Centroamérica en 1821. A partir de esa fecha los gobiernos han efectuado numerosas conferencias, convenciones, dietas e iniciativas y congresos con el fin de restablecer la unidad; sin embargo, no se ha logrado.
Al declararse la Independencia, incluso, se registraron acciones armadas. Una de las primeras experiencias de este tipo fue la que impulsó el hondureño Francisco Morazán, la cual fue efímera, pero la búsqueda de la integración política y económica se mantuvo a lo largo del siglo XIX.
También resalta en el ámbito castrense y político la Intentona de Barrios o Guerra de Reunificación Centroamericana en 1885, cuando el presidente guatemalteco Justo Rufino Barrios procuró restablecer por la fuerza la unión política de Centroamérica, pero murió en la batalla de Chalchuapa, El Salvador.
En la segunda mitad del siglo XX, los gobiernos centroamericanos retomaron el proyecto unionista, y fue así como en 1951 se creó la Organización de Estados Centroamericanos (Odeca) y, en 1991, se dio vida al Sistema de la Integración Centroamericana (Sica) el cual, en la actualidad, está integrado por Guatemala, El Salvador, Honduras, Nicaragua, Costa Rica, Panamá, Belice y República Dominicana.
Olinda Salguero, exjefa de gabinete del Sica (2017-2021), explica que este órgano se creó con el impulso de los tratados de Esquipulas de 1986 y 1987 y que la visión ya no fue solamente económica, sino que multidimensional y multisectorial. “Actualmente, este organismo tiene una perspectiva, por supuesto económica, pero también ambiental, seguridad, social e institucional”.
Salguero, quien entregó el cargo en julio último, aclara que, en el marco de la integración, a veces “se piensa en términos absolutos de que, si Centroamérica va a ser un solo país”, cuando en la realidad lo que se busca es cooperación entre los países. Cita como ejemplo, que “en la actualidad nosotros —Centroamérica— somos nuestro segundo mercado en importancia después de Estados Unidos, aunque las cifras fluctúan”.
Pese a ello, expertos en el tema de integración centroamericana, opinan que esta no ha ocurrido debido a que existen barreras que imponen los gobiernos de la región, entre ellas, la falta de voluntad política por ceder soberanía, falta de instituciones suprarregionales que velen por el cumplimiento de las decisiones y las crisis políticas y democráticas que vive cada uno de los países, especialmente ahora.
La peor crisis
El VI Informe del Estado de la Región, publicado a principios de agosto pasado en Costa Rica, y cuyo primer número vio la luz hace 25 años, señala que el bicentenario de la Independencia encuentra a la mayoría de países centroamericanos sumidos en la peor crisis desde la época en que los conflictos político-militares asolaron el área, entre 1970 y 1980.
Esa problemática, agrega el documento, ha sido provocada por la convergencia de la profundización de las asimetrías estructurales de desarrollo entre los territorios, y la crónica debilidad en las capacidades institucionales para promover el desarrollo humano y la democracia durante la segunda década del siglo XXI. Así también, “los graves efectos de la pandemia de covid-19, que ha provocado crisis sanitarias, económicas, sociales y, en algunos casos, políticas”.
La misma investigación relata que en el pasado reciente Centroamérica, en su proceso de integración, tuvo la capacidad para encontrar salidas progresivas a las crisis a partir del Acuerdo de Esquipulas II en 1987 y consolidado por la fundación del Sica, en 1991, que fue clave para salir de la problemática de los años ochenta y abrió una época de esperanza y cooperación entre Estados y sociedades.
No obstante, el mismo informe resalta que, en la actualidad, “el Sica muestra evidentes signos de agotamiento político”, pese a los logros obtenidos, sobre todo en materia económica y energética. “Entre 2015-2019, Centroamérica experimentó ciertos avances económicos y sociales. Sin embargo, el ritmo de ese progreso fue, en el balance, claramente inferior si se lo compara con el registrado durante la primera década del siglo XXI. Desde una óptica regional, esos avances fueron específicos y dispares entre las naciones”.
Explica que los países más rezagados tuvieron un peor desempeño en desarrollo humano, lo que amplió las brechas estructurales entre un sur del Istmo más desarrollado —Costa Rica y Panamá, con economías más dinámicas— y un centro-norte —Guatemala, El Salvador, Honduras, Nicaragua y Belice— con persistentes atrasos económicos, sociales y políticos.
En lo político, dicho reporte, subraya que “fueron evidentes los retrocesos en la gestión electoral, la calidad de los padrones electorales y las cortapisas al derecho de elegir y ser electo. Todo ello coincidió con el deterioro de la independencia entre los poderes del Estado debido al dominio y la creciente concentración del poder en el Ejecutivo. Unido al robustecimiento de las fuerzas armadas y su involucramiento en actividades civiles y a un menor apoyo de la población a la democracia”.
“Integración profunda”
La presidencia pro témpore del Sica la ejerce el canciller de Guatemala, Pedro Brolo, quien afirma que ese organismo es un espacio regional que ha permitido abordar, avanzar y dar seguimiento a la agenda regional que se basa en los cinco pilares prioritarios aprobados en 2010 por los mandatarios: integración económica, integración social, cambio climático y gestión de riesgo, seguridad democrática y fortalecimiento institucional para mejorar la funcionalidad del Sistema.
El desafío de la pandemia, explica Brolo, fue enfrentado en el marco del Sica a través de la implementación del Plan de Contingencia Regional contra el covid-19, logrando abonar esfuerzos a los planes nacionales para su combate. Asimismo, se espera en el futuro inmediato impulsar acciones y reformas que permitan complementar los esfuerzos nacionales orientados a la recuperación económica, social y ambiental que brinden oportunidades para resurgir como una región más sólida, con una visión de futuro y hacia un desarrollo sostenible, justo, inclusivo y equitativo.
El presidente del Sica informa que en la actualidad se está impulsando la agenda del organismo hacia el abordaje prioritario de la integración profunda; la lucha contra la pandemia mediante la consolidación de capacidades regionales; la recuperación económica y social con el impulso al comercio, las inversiones y el turismo; mecanismos para enfrentar el cambio climático y los desastres, incluyendo las consecuencias de tormentas y huracanes como de incendios, además la seguridad alimentaria y nutricional.
En cuanto al futuro del sistema de Integración, el canciller afirma que es importante avanzar hacia formas de integración flexibles y dinámicas, acordes a las condiciones de nuestro contexto y con una visión estratégica que permita superar y conciliar diferencias de enfoque. “Ese es el punto de partida para lograr una transformación que nos permita avanzar hacia una integración completa que brinde el desarrollo en Centroamérica”.
“La integración regional debe ser asumida como un medio para alcanzar conjuntamente el desarrollo de la región, implementando la puesta en común de políticas, estrategias y planes, apoyándose en el proceso de integración económica, generando un espacio de cooperación muy amplio y articulándose adecuadamente con la comunidad internacional que, de hecho, constituye su principal socio y aliado”, resume Brolo.
“Empujones y frenazos”
El abogado socio de la firma centroamericana Latamlex y vicepresidente de la Cámara de Comercio Alfredo Skinner-Klée afirma que el proceso de Integración de Centroamérica está “plagado de empujones y frenazos”, pues hubo enorme voluntad política al inicio, en la década de 1960 y luego en la de 1990, cuando se firmaron los instrumentos que sirven de pilares al modelo de integración.
Entre ellos, los protocolos de Tegucigalpa que creó el Sistema de Integración; el de Guatemala, que reformó el Tratado General de Integración; El Tratado Integración Social que supuestamente armoniza las políticas sociales; el Marco de Seguridad Democrática. “Muchas de las disposiciones de estos tratados se han quedado en letra muerta. Otros se aplican por conveniencia y mera concesión política de cada país, según les convenga”, expone Skinner-Klée.
En lo social, explica el vicepresidente de la Cámara de Comercio, la facultad de los trabajadores para movilizarse entre países viene desde el Tratado Tripartito de hace más de sesenta años. A esa libertad se le llamó la libre movilidad de “factores de producción” y el Protocolo de Guatemala lo ratificó, pero existe la práctica restrictiva de cada país de que “no se les da la gana implementar”.
En lo económico, el Protocolo de Guatemala de 1993 declara que los Estados se comprometen a constituir una Unión Aduanera y establecer un servicio aduanero único y común. “Ese lenguaje de ideal aspiracional choca con los intereses mezquinos de cada país y más bien han venido generando leyes que sirven de obstáculos. Hoy, solo Guatemala y Honduras intentan un marco que funcione como Unión Aduanera, pero lo hacen a medias. Los demás países todavía viven los proteccionismos del siglo pasado”.
A criterio de Skinner-Klée, el peor desastre se registra en lo político. Por definición, la integración implica delegar en órganos comunitarios la gestión administrativa y política. “Por ejemplo, los impuestos a la importación (derechos arancelarios) sin impuestos que no pasan por los Congresos, sino manejados por cinco ministros de Economía en el Comieco y se la pasan dictando medidas proteccionistas”.
A criterio del abogado, la Corte Centroamericana de Justicia (CCJ), que es parte del Sistema de Integración, debería de ser un pilar político fundamental para lograr buen orden legal, pero está plagada de intereses políticos. En el caso de Guatemala, se aprobó el Estatuto para integrarla, pero el Congreso “trastea la normativa del tratado para recetarse el nombramiento de jueces y esta es la hora en que Guatemala no la integra. Costa Rica ni siquiera aprueba el Estatuto de la Corte”.
En cuanto a las razones que no permiten una mejor integración, Skinner-Klée opina que estos tienen su raíz en los “intereses mezquinos de los políticos y gobernantes” que no quieren delegar, por un lado, y se sienten más poderosos administrando pobreza que generando bienestar y progreso.
Además, agrega, están los intereses de algunas grandes empresas que viven o sobreviven del proteccionismo. Se buscan excusas y se desarrollan estudios sobre los nocivos efectos de la integración cuando lo que pretenden es mantener el statu quo. El efecto es que los centroamericanos pagan caro los productos que de otra forma serían más competitivos.
estatutos sin integración
El diplomático guatemalteco y exasesor para asuntos de integración centroamericana Alfredo Trinidad Velásquez afirma que los países que integran el Sica comparten el discurso de “integración centroamericana”, pero que en la realidad solamente se han quedado en una etapa de cooperación intergubernamental. “Ha avanzado más la integración real en el marco de la globalización”, afirma.
De acuerdo con Trinidad, quien también fue viceministro de Relaciones Exteriores, uno de los graves problemas de los gobiernos centroamericanos consiste en que la mayoría de partidos políticos, quienes al final ejercen el poder político de los centroamericanos, “no tienen en sus estatutos el componente de la integración de Centroamérica, por lo cual desconocen el tema”.
El diplomático señala que en un estudio que se efectuó con alrededor de 42 partidos políticos que han integrado el Parlamento Centroamericano (Parlacén) se determinó que únicamente seis contenían en sus estatutos su compromiso con la Integración en su programa político. “Eso implica que los diputados nacionales tampoco tienen posición partidaria de integración y tampoco el Parlacén avanzó en la construcción de partidos regionales”.
El experto en integración centroamericana remarca que a partir de la creación del Sica la integración enmarca en el proceso de pacificación y democratización otras dimensiones como la política, la social y la ambiental, y se crea el Parlacén y la CCJ, entre otros.
Pero en la actualidad, la dinámica del “llamado proceso de integración” se refleja en la falta de actividad de los organismos de integración. “Se debe plantear que cada país miembro del Sica debe tener su política nacional de integración y expresarla en la práctica con avances precisos en las diferentes etapas”, afirma.
“Se deben crear instituciones supranacionales”
El exembajador y profesor de Relaciones Internacionales de la Escuela de Ciencia Política de la Universidad de San Carlos (Usac) Luis Padilla explica que para darle vida a una integración real y verdadera se necesita crear instituciones supranacionales que gobiernen por encima de los que constituyen una institucionalidad propia, como hicieron los europeos con el Parlamento Europeo.
Este poder supranacional lo deberían ejercer instancias como el Sica y el Parlacén, “pero estas no funcionan para eso, porque las decisiones se tienen que tomar por consenso. En Europa funcionan bien las cosas porque tiene otra cultura, valores y madurez”, analiza Padilla, quien también fue embajador ante la Organización de las Naciones Unidas (ONU).
A criterio del diplomático, en Centroamérica resulta cuesta arriba crear instituciones de ese nivel porque “los gobiernos son corruptos, sin espíritu democrático y con figuras autoritarias, tal como sucede con más fuerza en Nicaragua, por lo que no tienen interés en la integración. Los gobernantes son reacios a ceder o compartir más su soberanía porque las instituciones supranacionales emiten normas para todos los países”.
En cuanto al futuro de una consolidación de la Integración, Padilla opina que esta meta, en un sentido correcto, va más allá del libre comercio o de las uniones aduaneras, porque ésta crea estructuras políticas supranacionales para funcionar y también se requieren instituciones ejecutivas, pero cada país prefiere mantener su soberanía y no acepta que nadie le imponga normas.
Hasta ahora solo Guatemala y Honduras tienen acuerdos de unión aduanera, desde junio del 2017, y hay negociación con El Salvador, pero Nicaragua, Costa Rica, Panamá y Belice no participan, entonces “lo que funciona es una especia de ‘mercado común’, con base a un arancel, pero eso funciona desde los años de 1980 y eso no es integración sino intercambio comercial y han dado en llamarle libre comercio”, dice Padilla.
En síntesis, Padilla, quien ejerció la carrera diplomática durante 25 años, opina que el libre comercio, el mercado común y la unión aduanera, más o menos han funcionado, pero la deuda está en la integración política y social, por la falta de voluntad ya que nadie quiere que se metan en sus asuntos internos, como sucede con Daniel de Ortega, presidente de Nicaragua, que no colabora con las instituciones internacionales y se convierte en un gran obstáculo para la integración política.
“Agotamiento del sistema”
Alberto Mora, coordinador de la investigación del VI Informe del Estado de la Región, en el cual participa personas e instituciones de Centroamérica, dice que durante los 30 años de creación del Sica se han registrado logros tangibles en ciertas áreas, instituciones y órganos, pero que “es claro el agotamiento político de la integración regional y que el mismo se debe, fundamentalmente, a la falta de interés de los Estados miembros para honrar los compromisos que suscriben en el ámbito regional”.
“Vemos una gran indisciplina y otros aspectos, como la disminución en la cantidad de reuniones presidenciales durante los últimos años y la poca asistencia de los presidentes en esos encuentros. A esto se deben agregar problemas más crónicos de la integración que tienen que ver con la falta del cumplimiento oportuno del pago de las cuotas que los países deben de aportar a las distintas instituciones y órganos del Sica”, señala Mora
“Treinta años después de haber creado el Sica, no es posible que la cooperación internacional sea la principal socia del proceso de integración, cuando es una iniciativa de los Estados Centroamericanos, pues claramente la sostenibilidad está relacionada con la capacidad de los Estados para poder financiar y así puedan existir y funcionar las instituciones”, señala Mora.
El académico costarricense opina que tres décadas después de haberse constituido el Sica, en este momento, los países que lo conforman no han terminado de concebir la acción regional como una dimensión para la implementación de políticas públicas y que, además, “en los últimos años los países han estado particularmente enfocados en sus agendas internas por distintas razones, incluidos los factores de inestabilidad política”.
Mora considera que el espíritu de la integración centroamericana se puede recuperar, pero para ello deben emprenderse acciones para ejecutar una reforma institucional que ha sido largamente postergada y que debe de partir de construir una agenda prioritaria de interés común para los países alrededor de la cual se pueda articular el quehacer de la institucionalidad desde sus distintos ámbitos.
De acuerdo con Mora, debe ser una agenda más acotada, pero muy realista en términos de cuáles son los elementos más importantes en la acción regional porque hay resultados que, probablemente, los países no puedan obtener actuando por separado en áreas claves del desarrollo como inversiones en megaproyectos de infraestructura o, por ejemplo, en la actualidad, en el caso de la pandemia la compra conjunta de vacunas o medicamentos.
El gran mal endémico
Los entrevistados coinciden en que el reiterado mal endémico de la región es la corrupción en la gestión pública en los países centroamericanos, la cual conspira contra el desarrollo humano sostenible y contribuye a la erosión de la democracia y su Estado de derecho. “En años recientes, los escándalos de corrupción han provocado la caída de gobiernos —Guatemala—, el encarcelamiento de expresidentes de la República —El Salvador y Costa Rica— y, más recientemente, ha afectado las relaciones de los países con Estados Unidos”.
Por su parte, Skinner-Klée afirma que el momento político que vive cada país de Centroamérica hace muy propicio que se implemente el Tratado Marco de Seguridad Democrática, el cual contiene postulados sobre qué es ser democrático y garantiza los derechos humanos y plena libertad de los ciudadanos. Lo que sucede en Nicaragua es precisamente la razón de haber diseñado este tratado. La implantación de estados de excepción también para limitar las libertades ciudadanas viola la normativa.
Ese tratado, resalta, “declara que la corrupción, pública o privada debe ser erradicada. En general, se define qué es un Estado de Derecho y los procedimientos regionales para contener las violaciones”.
“Resolver conflictos”
César Ernesto Salazar Grande, magistrado vicepresidente de la Corte Centroamericana de Justicia (CCJ), con sede en Nicaragua.
¿Qué es la CCJ?
Vela por la correcta interpretación y aplicación del ordenamiento jurídico del Sica, mediante la jurisdicción y sus recursos.
¿Qué ha logrado en la unión de Centroamérica?
La interpretación uniforme del ordenamiento jurídico del Sica. A la fecha la Corte ha conocido más de 250 casos a nivel regional y sus sentencias son obligatorias para todos los Estados, administraciones nacionales, órganos e instituciones de integración, personas naturales y jurídicas.
¿Qué se hace para la integración de la región?
Se trabaja por tener acceso a la justicia mediante la difusión y formación de estudiantes, profesionales, jueces, abogados de todos los Estados miembros.
¿Qué deben hacer los países de la región?
Para que la integración sea duradera debe haber una institucionalidad fuerte —del Sica—, sus órganos deben trabajar sobre la base de lo autorizado en los tratados, nada fuera de ello, y cumplir con igual cooperación y responsabilidad común.
“Trabajamos en un CA-8”
Mario Valdeavellano, secretario de la Junta Directiva del Parlacén, en Guatemala.
¿Qué logros tiene el Parlacén para Centroamérica?
Servir de Foro de discusión sobre temas políticos, económicos y sociales con sociedad civil, cámaras empresariales y funcionarios de gobiernos, lo cual ha permitido hacer propuestas como el CA-4, el roamming telefónico gratuito, apoyo decidido a la Unión Aduanera, la propuesta de cielos abiertos, que ya funciona entre Honduras y Guatemala.
¿Qué proyectos tienen?
Trabajamos en un CA-8, de libre movilidad entre todos los estados del Sica, leyes marco para proponer a los congresos de la región; ya tenemos lista la de bioseguridad en turismo y trabajamos una de ciberseguridad.
¿Cuáles son los inconvenientes de la integración?
Voluntad política de los Estados. Hay que hacer una auditoría funcional que ordenaron los presidentes en el 2018 y aun no se ha hecho, para hacer más eficiente todo el sistema, incluido el Parlacén.
¿Qué hacer para que el trabajo sea vinculante?
Trabajamos en reformar el Tratado Constitutivo y las leyes marco con los Congresos y/o asambleas legislativas
La ruta
En el proceso de la integración centroamericana del siglo XX se han creado organismos y firmado diversos documentos, pero estos son los más relevantes.
Odeca
El 14 de octubre de 1951, en el marco de una extensa reunión de ministros de Relaciones Exteriores de Centroamérica en San Salvador, se firmó la Carta de San Salvador, que dio origen a la Organización de Estados Centroamericanos.
El Parlacén
El 28 de octubre de 1991, en sesión solemne, se instala el Parlamento Centroamericano, con sede en Guatemala. Tiene origen en la reunión de enero de 1983 en la isla Contadora, y nace con los Acuerdos de Esquipulas.
El Sica
El 13 de diciembre de 1991 se constituyó el Sistema de la Integración Centroamericana, con la suscripción del Protocolo a la Carta de la Organización de Estados Centroamericanos. Con sede en El Salvador, funciona desde el 1 de febrero de 1993.