Iniciativas para combatir inseguridad incluye una sobre la pena de muerte

El debate por la reactivación de la pena de muerte surge de nuevo en del Congreso de la República. En marzo del 2020, el bloque político Valor presentó una iniciativa de ley y fue enviada, este año, a la Comisión de Gobernación para su análisis.

Este grupo de diputados explica que resuelven los vacíos legales que impiden la aplicación de este castigo, reafirmando que el Pacto de San José no prohíbe a nuestro país retomar esta práctica, porque la misma ya aparece detallada en la Carta Maga.

Las condiciones sociales, concuerdan analistas, dibujan un futuro incierto para este polémico castigo, y no depende solo de resoluciones judiciales; también se añaden criterios morales. La pena de muerte no se aplica en Guatemala desde hace 20 años.

¿Qué pasa con la ley?

Después de haberse cometido el delito y antes de una sentencia, existe un amplio espacio de oportunidades para generar mecanismos de prevención y reinserción social, que depende de la interpretación que hagan de la ley en el aparato de seguridad y judicial del país.

El gran dilema que pesa en la aplicación de la pena capital es si se reduce con ello los delitos por los cuales son condenados, como un mecanismo de disuasión a los criminales. Amnistía Internacional indica que en el 2019 hubo 657 ejecuciones en 20 países, entre ellos China, Arabia Saudí, Irán e Irak, entre otros. Estas cifras representan 5% menos de ejecuciones comparadas con el 2018. ¿Si el castigo es efectivo, por qué hay menos condenas?

Quien cree tener una respuesta es Jhon Lamperti, profesor de matemáticas del Dartmouth College, Estados Unidos, mediante su estudio titulado ¿La pena capital impide el asesinato? Elaborado en el 2010, ejercicio que midió la efectividad de la pena capital en su país, de los pocos en América que sigue aplicando este castigo.

“Dentro de cada grupo de estados que tienen condiciones sociales y económicas y poblaciones similares es imposible distinguir el estado abolicionista de los demás. Las tendencias de las tasas de muerte por homicidio de estados comparables con o sin pena de muerte son similares. La conclusión inevitable es que las ejecuciones no tienen un efecto apreciable en las tasas de mortalidad por homicidio”, señala el documento.

Actualmente, 28 estados de EE. UU. siguen aplicando la pena capital, 22 ya han abolido este castigo y expertos consideran que con el paso de los años el rechazo a este castigo podría llegar a nivel nacional, por no existir certeza científica de su efectividad.

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En Guatemala

El Centro Nacional de Análisis y Documentación Judicial (Cenadoj) registra la primera condena de muerte dentro del Organismo Judicial en 1942. Tres personas fueron fusiladas al ser encontradas culpables de los delitos de homicidio y robo agravado.

Este castigo se estuvo aplicando hasta el 2000, cuando dos personas fueron sentenciadas a la inyección letal, contabilizando a nivel nacional 39 ejecuciones.

La pena de muerte está contemplada en la Constitución, que en el artículo 18 expone a quienes no puede aplicarse ese castigo: mujeres, mayores de 60 años, condenados por crímenes políticos o quienes enfrenten procesos relacionados con extradiciones.

En el 2004, durante su último año de gobierno, Alfonso Portillo anuló el decreto 159, que daba vida al indulto presidencial, la última posibilidad para que un condenado a muerte recibiera perdón.

Esa decisión dejó un vacío legal que dificulta la aplicación de la pena de muerte, pero los abolicionistas añaden a esta encrucijada jurídica la Convención Americana de Derechos Humanos —conocida como el Pacto de San José—, que la interpretan como un escudo internacional que garantiza la protección a la vida de cualquier sanción jurídica emitida por el sistema judicial de los países que forman parte del acuerdo.

Mientras ese nudo se resuelve en Guatemala existen 26 personas condenadas a muerte en lista de espera, sentencias emitidas entre 1996 al 2003, según los reportes del Cenadoj.

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Reducir la impunidad

Castigos más severos para la reducción de las conductas criminales no son la solución, según Carlos Mendoza de la organización Diálogos, que evalúa temas de seguridad y ejecución de planes gubernamentales en Guatemala.

Resalta que tenemos el ejemplo de EE. UU. demuestra cómo la pena capital no reduce la incidencia criminal; según él, la solución será reducir los niveles de impunidad pues actualmente una captura no garantiza un proceso transparente que culmine con sentencia objetiva.

De la mano a la reducción de los índices de impunidad se necesita trabajar en programas de reinserción social, que permitan dar oportunidades a aquellos que salen de prisión, para evitar que se vean en la necesidad de volver a delinquir, añade.

“Hay reformas importantes en el sector justicia: niñez y adolescencia en conflicto con la ley penal y el Sistema Penitenciario. Ambos tienen graves problemas y tienen una incidencia en las tasas de criminalidad, que las prisiones sean realmente lugares para rehabilitar a los privados de libertad para que se puedan reinsertar de manera productiva, no tenemos estadísticas pero la pregunta es si como está el sistema, ¿realmente hay rehabilitación? Si cuando salen tienen oportunidades de empleo o si por el contrario en prisión se unieron a nuevos grupos criminales”, argumentó.

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Discusión legislativa

Lucrecia de Palomo, diputada de Valor, ponente de la iniciativa, considera que no pueden pensar que otros proyectos de ley vendrán a sustituir la pena de muerte, ya que asegura son “completamente diferentes”.

“No podemos mezclar peras con manzanas. Hay leyes que son para ciertos delitos. Por ejemplo, se está hablando de la castración química, esa es para un violador, no para un asesino. La pena de muerte se aplica a los asesinatos, igual si violan a una mujer y no muere no se le aplica. En la Constitución está por qué delitos se puede aplicar”, señaló.

¿La propuesta de ley podría frenar la ola de criminalidad? La diputada respondió: “No creo que tal vez lo vaya a parar —los casos de criminalidad—, pero sí le puedo decir que si un asesino es quitado de la sociedad, no volverá a cometer un delito. Hay casos en los cuales sicarios han matado a más de 60 personas, entonces van a seguir matando toda su vida; lo que está haciendo es quitar el peligro para la sociedad de un psicópata o una persona que no tiene sentido de la vida”.

Debate

La discusión sobre la pena de muerte es necesaria, dice Jorge de León Duque, exprocurador de los Derechos Humanos. Explicó que ahora que el tema vuelve mencionarse se requiere que la novena legislatura tenga un debate maduro, de altura y sin sesgos, que permitan ver el tema desde todos los ángulos posibles.

De León duda que una ley de este tipo frene los altos grados de muertes violentas y crimen en general, debido a que la mayoría de delitos que se cometen a diario están excluidos de la pena capital.

Asimismo, advirtió de que los políticos deben hablar con madurez, sin utilizar esta propuesta de ley con fines electoreros. “Estos temas normalmente son utilizados para generar caos y zozobra donde empiezan esas discusiones bizantinas que no lo llevan a ningún lugar; ojalá no sirva de banderas políticas para engañar a la gente vendiéndole o que va a surgir algún candidato o candidata ofreciéndoles la pena de muerte”.

Paula Barrios, de la organización Mujeres Transformando el Mundo, opina de la misma forma, rechaza cualquier intención para que se utilicen las muertes de mujeres para fines políticos, con falsas promesas que no atacan el origen del problema.

Destaca que en el Congreso hay propuestas de ley en favor de las mujeres que no avanzan. Pequeños cambios que podrían ser una gran diferencia para que una víctima de la violencia sobreviva.

“Sería un cementerio nuestro país responder con más violencia. ¿En qué sociedad nos queremos convertir? Debemos pedirles a los legisladores propuestas serias, responsables. No estamos profundizando en las causas ni en la problemática, creemos que hay que proteger la vida de las niñas, enfrentan la violencia sexual, maternidad forzada, asesinatos, hay una agenda legislativa a favor de las mujeres que está engavetada”, precisó.

La presidencia

Cuando ya había sido declarado ganador de las elecciones presidenciales Alejandro Giammattei dijo en una ronda de entrevistas con medios internacionales que estaba anuente a la aplicación de la pena de muerte como castigo máximo en el país.

“La aplicación está, es constitucional, y si las leyes están, hay que cumplirlas”, dijo a AFP Giammattei, en una nota publicada el 11 de agosto del 2019.

En el Plan Nacional de Innovación y Desarrollo 2020-2024, la estrategia del gobierno habla de endurecer los castigos contra los crímenes, pero no menciona la “pena de muerte”.

El mandatario, días antes de tomar posesión envió al Congreso un paquete de iniciativas de ley enfocadas en la seguridad, entre ellas la que amplía las garantías de la legítima defensa, cuando un elemento de seguridad se ve en la necesidad de accionar su arma en contra de un posible delincuente, propuesta que está engavetada.

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Entrevista: “Lo que hay es un choque de trenes”

El 29 de junio del 2000, ocurrió la última ejecución vía inyección letal. Esa sentencia fue coordinada por Gustavo Dubón Gálvez, en ese momento juez de Ejecución Penal, actual presidente de la Sala Segunda de Apelaciones del ramo Penal, quien considera que la pena capital no es el mejor disuasivo.

¿Qué se siente ver morir a un ser humano?

Fue una experiencia desgarradora. Primero, no hablaré como juez, uno piensa que es un ser humano quien fallece.

Ahora, como juez, hay un aforismo jurídico que dice que la ley es dura pero es la ley y en ese momento había que aplicarla. El juez de ejecución, mil rol en ese momento, no me correspondía más que ejecutar esa pena contra dos personas.

Cuándo ese expediente llegó a sus manos, ¿qué pensó?

Tenía dos caminos. Podía hacer la objeción de conciencia que es un principio legal y moral de no ejecutar la pena, pero se habría llamado a otro juez para que la ejecutara.

Es una situación extraordinaria porque la pena de muerte, como todos sabemos, elimina al ser humano, ya no tiene esa posibilidad de rehabilitación y reinserción social que establece el artículo 19 constitucional y todos los acuerdos y tratados internacionales que ha ratificado Guatemala en materia de derechos humanos.

Si hubiera estado en sus manos perdonar esa vida, ¿qué habría hecho?

Hubiese visto el expediente para determinar si había motivos suficientes para yo ser conteste con los otros miembros del tribunal o discernir, habría que hacer una larga data de un examen general del expediente.

De nuevo el tema surge en el Congreso, ¿qué opina sobre ello?

Habría que ver y analizar cuál es la reactivación y la propuesta.

Yo pienso que la posición de algunas personas que están a favor es por estos últimos hechos desgarradores sobre menores de edad, niñas secuestradas, violadas y asesinadas. Ello enerva a la sociedad y tiene razón.

La sociedad tiene razón, pero por otro lado, está el artículo 19 Constitucional que dicta que Presidios debe atender a la rehabilitación y reinserción del ser humano; ahí hay un choque de trenes entre los que están a favor y los que están en contra.