La ayuda de EE.UU. a Centroamérica no ha frenado la migración, ¿podrá hacerlo Kamala Harris?

A la media hora de su reunión con los caficultores, el contratista reveló, emocionado, la herramienta que había traído para cambiar sus vidas: un folleto, que invitaba a los agricultores a descargar una aplicación para consultar los precios del café y “ser parte de la agricultura moderna”.

Pedro Aguilar, un caficultor que no había solicitado la capacitación y que no veía cómo podría evitar que alguien se marchara a la frontera, parecía confundido. Observando el logotipo del gobierno estadounidense en el folleto, comenzó a agitarlo, preguntando si alguien tenía un número de teléfono para llamar a los estadounidenses “y decirles qué necesidades hay”.

“Nunca me han ayudado”, dijo Aguilar tras la capacitación de hace unas semanas, refiriéndose a los programas estadounidenses de ayuda destinados a estimular la economía y evitar la migración. “¿Dónde se queda esta plata? ¿Dónde está esta ayuda? Quién sabe”.

Como vicepresidente, Joe Biden lideró un enorme impulso para disuadir a las familias de cruzar hacia Estados Unidos al destinar cientos de millones de dólares a Centroamérica, con la esperanza de que la región fuera más tolerable para los pobres y menos la abandonaran.

Ahora, como presidente, Biden redobló una vez más su apuesta en esa estrategia y encomendó a su propia vicepresidenta, Kamala Harris, el espinoso desafío de llevar a cabo su plan de destinar 4000 millones de dólares con un enfoque notablemente similar al viajar a la región el domingo .

“Cuando fui vicepresidente, me centré en proporcionar la ayuda necesaria para abordar estas causas fundamentales de la migración”, dijo Biden en un reciente discurso ante el Congreso. “Ayudó a mantener a la gente en sus propios países en lugar de obligarla a marcharse. Nuestro plan funcionó”.

Pero las cifras cuentan una historia diferente. Después de años de inundar Centroamérica con ayuda, la migración de la región se disparó en 2019 y está en aumento una vez más.

Aquí, en Guatemala, que ha recibido más de 1600 millones de dólares de ayuda estadounidense en la última década, los índices de pobreza han aumentado, la desnutrición se ha convertido en una crisis nacional, la corrupción está desenfrenada y el país envía más niños a Estados Unidos que a cualquier otra parte del mundo.

Esta es la cruda realidad a la que se enfrenta Harris al asumir la responsabilidad de ampliar el mismo tipo de programas de ayuda que en el pasado han tenido dificultades para frenar la migración. Se trata de un reto que inicialmente frustró a sus principales colaboradores políticos, algunos de los cuales consideraron que el encargo de Biden la llevaría inevitablemente al fracaso en los primeros meses de su mandato.

A sus aliados les preocupaba que se esperara de ella solucionar toda la crisis de la inmigración, y les irritaba que los primeros informes sobre sus nuevas funciones parecieran responsabilizarla de la reciente oleada de niños que cruzan la frontera sin adultos.

Harris, que tiene poca experiencia en política exterior y ningún historial en la región, ya ha sido criticada por no visitar la frontera. En una reciente conferencia de prensa, un grupo de republicanos mostró un cartón de leche con una foto de Harris con el titular: “DESAPARECIDA EN LA FRONTERA”, aunque ella celebraba una rueda de prensa en la que detallaba sus planes de visitar la región.

Los riesgos políticos son evidentes, incluidos los escollos obvios de invertir miles de millones en una región en la que el presidente de Honduras ha sido vinculado a narcotraficantes y acusado de malversar el dinero de la ayuda estadounidense, el líder de El Salvador ha sido denunciado por pisotear las normas democráticas y el gobierno de Guatemala ha sido criticado por procesar a los funcionarios que luchan contra la corrupción.

Aun así, Harris y sus asesores se han entusiasmado con la tarea, según varias personas en la Casa Blanca familiarizadas con su forma de pensar. Dicen que el encargo le dará la oportunidad de meterse de lleno en política exterior y demostrar que puede pasar la prueba del comandante en jefe, al negociar con los líderes mundiales en un escenario global para afrontar uno de los problemas más inextricables de Estados Unidos.

Esa prueba comenzó el domingo, cuando Harris se embarcó en su primer viaje internacional, a Guatemala y México, donde anunció acuerdos destinados a reducir la migración a Estados Unidos tratando de mejorar las condiciones en esos países.

“La injusticia es una de las causas principales de la migración”, dijo Harris durante una reunión en la Casa Blanca el 19 de mayo con cuatro mujeres que lucharon contra la corrupción en Guatemala. “Está provocando que la gente de la región abandone sus hogares de forma involuntaria, es decir, que no quieren irse, pero están huyendo”.

Sin embargo, aunque los funcionarios de la Casa Blanca dicen que su impulso para ayudar a Centroamérica puede hacer mucho bien, dentro del gobierno de Biden hay una creciente aceptación de que todo el dinero gastado en la región en el pasado no hizo la suficiente diferencia para evitar que la gente emigre, según varios funcionarios del gobierno y otros con conocimiento de las discusiones.

“Hemos examinado ampliamente los diferentes programas que se han planteado”, dijo Nancy McEldowney, una diplomática de toda la vida que se desempeña como asesora de seguridad nacional de Harris. “Obviamente, ella ha aprendido mucho de lo que hizo el entonces vicepresidente Biden. Y por eso somos muy conscientes de la necesidad de aprender tanto de lo positivo como de lo negativo, de lo que ha ocurrido en el pasado”.

La ayuda al exterior es una herramienta a menudo complicada y a veces defectuosa para impulsar los intereses estadounidensess en el extranjero, pero no está claro que la gestión de Biden cuente con alternativas simples. La solución del presidente Donald J. Trump a la migración se enfocó en políticas draconianas que los críticos señalaron como ilegales e inhumanas. Además, los integrantes de la actual gestión aseguran que la decisión de Trump de congelar una porción de la ayuda a la región en 2019 terminó por mitigar el impacto de la labor que se venía haciendo para mejorar las condiciones en Centroamérica.

Sin embargo, según los expertos, una de las razones por las que la ayuda estadounidense no ha frenado la migración es que gran parte de ella se encomienda a empresas estadounidenses, que se tragan gran parte del dinero en salarios, gastos y utilidades, a menudo antes de que se preste ningún servicio.

Entre 2016 y 2020, el 80 por ciento de los proyectos de desarrollo financiados por Estados Unidos en Centroamérica fueron confiados a contratistas estadounidenses, según datos proporcionados por la Agencia de Estados Unidos para el Desarrollo Internacional (USAID, por su sigla en inglés). La ventaja es que estas empresas tienen grandes oficinas capaces de cumplir con los estrictos requisitos de supervisión que implica el manejo de millones de dólares de los contribuyentes. La desventaja, según los críticos, es que gran parte del dinero desaparece en esas burocracias, en lugar de llegar a la gente a la que intentan ayudar.

Varias personas que han trabajado para los contratistas dijeron que las empresas pueden quedarse fácilmente alrededor del 50 por ciento del dinero de la ayuda que reciben y dirigirlo hacia los gastos generales —incluyendo los generosos salarios de los ejecutivos— y las utilidades de la empresa. Al preguntársele por esa cifra, USAID no la disputó.

“Es un negocio”, dijo Carlos Ponce, profesor de gestión de organizaciones sin fines de lucro en la Universidad de Columbia que ha trabajado para varios programas financiados por Estados Unidos en la región. “Y los mismos ejecutores ganan los contratos una y otra vez, a pesar de sido malos ejecutores en el pasado, sin mostrar ningún nivel de impacto y sin cambiar nada”.

USAID no quiso proporcionar un cálculo de cuánto dinero de los contribuyentes gastado en proyectos específicos en Centroamérica se consume en gastos administrativos, señalando que la agencia está “restringida por la ley” de compartir la “información confidencial” de sus socios.

“Es una situación increíblemente poco transparente”, dijo Eric Olson, experto en ayuda exterior a Centroamérica en la Fundación Internacional de Seattle. “Es como si fuera un secreto de estado”.

Los ayudantes de Harris dicen que ella quiere estar completamente segura de que la mayor cantidad de ayuda posible vaya directamente a las comunidades a las que está destinada.

“Le preocupa asegurarse de que obtenemos el máximo beneficio por cada dólar que gastamos”, dijo McEldowney. Cuando se le preguntó si eso incluía el control del dinero que se destina a los contratistas estadounidenses, respondió: “Estamos estudiando esa cuestión”.

Incluso cuando el dinero de la ayuda llegó a Guatemala en los últimos años, a menudo se gastó en actividades que cambiaron pocas cosas para las personas involucradas, según las entrevistas con docenas de personas que trabajaron o recibieron asistencia de proyectos financiados por Estados Unidos en el altiplano occidental del país.

Uno de ellos, llamado Proyecto Cadenas de Valor Rurales, gastó parte de sus 20 millones de dólares de ayuda estadounidense en la construcción de letrinas para cultivadores de papas, muchas de las cuales fueron abandonadas rápidamente o desmontadas para convertirlas en chatarra.

“Esto no trae un valor agregado a la gente”, dijo Arturo Cabrera, un funcionario del gobierno local, mientras echaba un vistazo a una letrina sin usar. “No genera ingresos”, que es lo que la gente necesita en última instancia, añadió.

Uno de los logros de Nexos Locales, un proyecto de 30 millones de dólares administrado por Development Alternatives Incorporated, una empresa con sede en Bethesda, Maryland, fue la creación de una aplicación que permite a los residentes ver cómo gasta el dinero su gobierno local. Los residentes dijeron que muchos de ellos no tenían teléfonos inteligentes, y que no podían permitirse pagar por los datos para utilizar la aplicación.

La empresa no hizo ningún comentario, sino que dirigió las preguntas a USAID. Pero varias personas que trabajaron o asesoraron a Nexos dijeron que se sintieron frustradas por lo que consideraban un despilfarro de fondos en logros dudosos. Relataron que se les presionaba para contabilizar resultados como el número de reuniones que celebraban y el número de personas que asistían, pero que no tenían ni idea de si esas actividades tenían algún impacto duradero.

“Te sentías impotente de saber qué era lo que los jóvenes o las mujeres necesitaban, pero nosotros no podíamos”, dijo Alma López Mejía, líder indígena maya k’iche’ y ex gerenta en Nexos.

Cuando los trabajadores humanitarios empezaron a aparecer uno tras otro en el pueblo de San Antonio Huista hace unos seis años, Elvia Monzón se sintió aliviada.

Entonces, parecía que todos aquellos a quienes Monzón conocía habían abandonado la zona, extendida a lo largo de una cordillera en la que los campos de café disfrutan de una mezcla perfecta de sol y lluvia. En los días claros, desde la carretera de tierra que serpentea por el pueblo se puede ver México.

El marido de Monzón ya estaba en Estados Unidos, y su hijo, que entonces tenía 14 años, le rogó que lo llevara. Cuando ella no quiso, se fue por su cuenta.

Durante décadas, la migración a Estados Unidos siguió el mismo patrón básico: excepto por algunos picos de migración desde Centroamérica tras guerras civiles o desastres naturales, quienes se dirigían al norte en busca de mejores trabajos y salarios eran principalmente mexicanos solteros.

Luego, en 2014, las autoridades notaron los indicios de un cambio importante: un número récord de familias centroamericanas cruzaban, huyendo de la violencia de las pandillas y del hambre generalizada.

El gobierno de Obama abordó la delicada política de inmigración en parte al expulsar a los trabajadores indocumentados, ganándole el apodo de “deportador jefe” por parte de los críticos. Pero también supervisó una infusión de nuevos fondos de ayuda que, en teoría, harían que países como Guatemala fueran más soportables para los pobres. Biden fue designado para ayudar a desembolsar 750 millones de dólares a la región.

Desde entonces, han llegado a San Antonio Huista al menos tres programas que, en conjunto, obtuvieron más de cien millones en fondos estadounidenses. Sin embargo, en las entrevistas, Monzón y más de una docena de otros caficultores no pudieron señalar muchos beneficios a largo plazo a pesar de la atención.

Los trabajadores humanitarios siguen viniendo para dictar muchos seminarios sobre temas en los que los agricultores dicen que ya están muy versados, como la plantación de nuevas variedades de granos de café, y luego se marchan.

“Tanta capacitación. Y después, ¿dónde está el dinero?”, preguntó. Monzón. “A los pobres, puedo decir que no les llega la ayuda”.

USAID dijo que sus programas en Centroamérica “han tenido un éxito demostrable”, al crear decenas de miles de puestos de trabajo en la región en los últimos años, al ayudar a impulsar las ventas de las pequeñas empresas y al contribuir a la “disminución de las intenciones de migración” de algunos hondureños que recibieron servicios.

La agencia señaló que las empresas estadounidenses que administran la ayuda en la región subcontratan su trabajo a grupos locales y que no se habían registrado quejas formales sobre el proyecto Nexos Locales y que la construcción de letrinas y el desarrollo de aplicaciones de celular eran una pequeña parte de los esfuerzos en Guatemala.

Algunos programas, como los que buscan reducir la violencia en Honduras y El Salvador, han funcionado bien, según indican estudios independientes.

“Todas las actividades financiadas con la ayuda exterior de USAID benefician a los países y a las personas en el extranjero, incluso si se gestionan a través de acuerdos con organizaciones con sede en Estados Unidos”, dijo Mileydi Guilarte, administradora adjunta de USAID que trabaja en el financiamiento para América Latina.

Pero las propias evaluaciones del gobierno no siempre lo demuestran. Después de valorar cinco años de gasto de ayuda en Centroamérica, la Oficina de Rendición de Cuentas del Gobierno emitió una evaluación contundente en 2019: “Se dispone de información limitada sobre cómo la asistencia de Estados Unidos mejoró la prosperidad, la gobernabilidad y la seguridad”.

Una evaluación de los programas destinados a ayudar a los agricultores guatemaltecos realizada por USAID descubrió que, entre 2006 y 2011, los ingresos aumentaron menos en los lugares que recibieron la ayuda estadounidense que en zonas similares donde no hubo intervención.

México ha presionado a favor de un enfoque más radical, al instar a Estados Unidos a entregar dinero en efectivo directamente a los centroamericanos afectados por dos terribles huracanes el año pasado. Pero también existe la clara posibilidad de que algunos simplemente usen ese dinero para pagar a los coyotes para que los lleven a la frontera.

Los agricultores de San Antonio Huista dicen que saben muy bien lo que haría que sus hijos no emigraran. Ahora mismo, la gran mayoría de la gente de aquí gana su dinero vendiendo granos de café verdes y sin procesar a unas pocas empresas gigantes de Guatemala. Es una buena forma de llevar comida a la mesa —siempre que el clima colabore—, pero no ofrece mucho más que una vida de subsistencia.

Los agricultores de esta zona llevan mucho tiempo soñando con escapar de ese ciclo al tostar su propio café y vender paquetes de granos ya procesados a las empresas y consumidores estadounidenses, lo que reporta más dinero.

“En lugar de mandar a mi hermano, a mi padre, a mi hijo, mejor envío mi café y me lo van a pagar en dólares”, dijo Esteban Lara, líder de una cooperativa cafetera local.

Pero cuando suplicaron a un programa del gobierno de Estados Unidos que les financiara el desarrollo de un negocio de este tipo, dijo Monzón, les dijeron que “no viene diseñado el dinero para proyectos así”.

En la actualidad, grupos de sus vecinos se marchan a Estados Unidos cada uno o dos meses. Son tantos los trabajadores que han abandonado este pueblo que los agricultores tienen dificultades para encontrar mano de obra para cosechar su café.

Uno de los empleados más antiguos de Monzón, Javier López Pérez, se fue con su hijo de 14 años en 2019, durante la última gran oleada de migración centroamericana a Estados Unidos. López dijo que estaba escalando el muro de la frontera con su hijo cuando se cayó y se rompió el tobillo.

“Mi hijo pegó un grito: ‘¡papi, no!’. ‘Mi hijo’, le digo, ‘siga adelante’”, dijo López. Contó que su hijo logró llegar a Estados Unidos, mientras que él regresó solo a San Antonio Huista.

Su familia fue entonces expulsada de su casa, que López había dado como garantía al coyote que lo llevó de contrabando a la frontera. La casa a la que se mudaron fue destruida por los dos huracanes que azotaron Guatemala a finales del año pasado.

Monzón alojó a López en casa de uno de sus parientes, y luego consiguió que la comunidad reuniera el dinero suficiente para pagar los bloques de hormigón necesarios para que la familia construyera un lugar para vivir.

Mientras mezclaba el cemento para unir los bloques, uno de los hijos de López, Vidal, de 19 años, confesó que había estado hablando con un coyotero sobre la posibilidad de hacer el mismo viaje que abatió a su padre.

“Le dije a él: ‘Mira mijo, nosotros sufrimos en el camino hambre, sufrimos sed. Y después, mire qué me pasó, lo que ya perdí’”, dijo López mientras tocaba su tobillo, aún destrozado. “Yo no, no puedo disponer de la vida de él. Él ya es hombre”.