Política
|Suscriptores
La sesión del Congreso de los Q4 mil millones donde la aplanadora oficialista impuso su voluntad
Más de siete horas de sesión con un bloque oficialista aplastante, el Congreso, el 15 de marzo decidió de un tirón el destino de más de Q3 mil 800 millones.
La Junta Directiva del Congreso, presidida por Shirley Rivera, una de las ponentes de la millonaria ampliación al Ministerio de Comunicaciones. (Foto Prensa Libre: Congreso de la República)
La sesión 25 del 15 de marzo en el Congreso fue una jornada que significó unos Q3 mil 845 millones para los intereses oficialistas, justificados en las necesidades de la población.
Fue una jornada como pocas en la cotidianidad parlamentaria. Empezó a las 15.34 y llegó a las 22 horas, más de siete horas de sesión con un quórum que alcanzaba los 130 diputados.
Dos puntos acapararon el interés en la agenda oficialista presidida por Shirley Rivera y la bancada oficialista Vamos, respaldada por una alianza política que incluyó en esa sesión a diputados de la Unidad Nacional de la Esperanza (UNE), Unión del Cambio Nacional (UCN), Visión con Valores (VIVA), Todos, Partido de Avanzada Nacional (PAN), algunos diputados de Bienestar Nacional, otros de Compromiso, Renovación y Orden (Creo), Podemos, Valor, Prosperidad Ciudadana, Frente de Convergencia Nacional (FCN), Partido Humanista.
La sesión no comenzó con asistencia completa. La diputada Andrea Villagrán intentó que se aprobara un punto resolutivo para exhortar al gobierno a cancelar la licencia de explotación minera de la Compañía Procesadora de Níquel de Izabal; sin embargo, solo 41 colegas la apoyaron y 78 rechazaron la propuesta. El tablero electrónico del pleno marcaba la inasistencia de 41.
La sesión avanzaba lento y la diputada Evelyn Morataya, de Bien y Cristian Álvarez, de Creo propusieron retirar del orden del día el dictamen y proyecto 6043, que buscaba otorgar los Q3.1 mil millones al Ministerio de Comunicaciones. Al final solo 25 diputados los apoyaron y 103 lo rechazaron. La aplanadora oficialista ya estaba decidida a aprobar la ampliación a Comunicaciones.
En un segundo intento, el diputado Luis Fernando Pineda Lemus propuso que la iniciativa 6043 regresara a comisión para más análisis y dictamen. Esta vez fueron 105 diputados los que rechazaron su propuesta contra 32 que apoyaban no aprobarla.
Eran las 18.46 horas y una moción privilegiada del jefe de la UNE, Estuardo Vargas, sancionado por el Departamento de Estado de Estados Unidos e incluido en la lista Engel, alteró la agenda. Esta vez, a diferencia de los intentos anteriores de los diputados opositores, la propuesta recibió el apoyo de 115 diputados. Todo estaba consumado.
Se conoció y aprobó finalmente, de urgencia nacional, el subsidio a los combustibles diésel y gasolina regular por Q745 millones. Cinco semanas después los precios de estos productos siguen al alza y superan en algunas estaciones de servicio los Q40.
La aplanadora oficialista continuó y, según consta en los registros públicos del Organismo Legislativo, a las 19.40 se comenzó a conocer la iniciativa 6043, ley para fortalecer el mantenimiento y construcción de infraestructura estratégica. La propuesta llegó al Congreso dos semanas antes, el 1 de marzo, firmada por los diputados Shirley Rivera, Maynor Mejía Popol, Aníbal Rojas, Carlos López Maldonado, Carlos Roberto Calderón y Cándido Fernando Leal.
“El Estado cuenta con recursos de saldo de caja del ejercicio fiscal anterior, lo que brinda la oportunidad de invertir en el mantenimiento y construcción de infraestructura estratégica y recuperación de la red vial, lo que contribuirá al desarrollo del país”, incluían los ponentes en la exposición de motivos.
En la votación, la diputada Alexandra Ajcip, de Viva, justificó el beneficio de la ley en la necesidad expresa de los vecinos. Por eso apoyó la ampliación presupuestaria.
El interés por que el Ministerio de Comunicaciones tuviera Q3.1 mil millones más para invertir en carreteras lo compartía también el diputado Rubén Barrios, quien durante esa sesión defendió su voto y criticó a los diputados de oposición que se oponían al destino final de los recursos.
“En el otro extremo de opiniones, el diputado Samuel Pérez, del Movimiento Semilla, criticó el destino de los fondos y, al igual que otras bancadas de oposición como Winaq y URNG-Maiz, advertían que no estaba claro el destino de los recursos y las herramientas de transparencia. Por eso votaron en contra del proyecto y por eso habían pedido que se regresara a comisión para su análisis.
La redacción final del proyecto se aprobó por 112 votos a las 21.58 horas. Veintiocho diputados votaron en contra, 15 estuvieron ausentes y cinco gozaban de licencia.