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Verificamos por Usted: ¿Es delito que diputados citen a funcionarios del MP?
No se puede criminalizar la facultad que tienen los diputados para fiscalizar, según un experto en derecho parlamentario. Los funcionarios deben rendir cuentas, siempre y cuando no revelen detalles de casos en investigación.
Los diputados pueden citar a personal del MP siempre y cuando no sea para revelar detalles de casos que se encuentran bajo investigación. (Foto Prensa Libre: Hemeroteca PL)
La gestión de la fiscal general del Ministerio Público (MP), Consuelo Porras, ha sido cuestionada en los últimos meses por emprender persecuciones contra exfiscales y periodistas que fiscalizan el desempeño de la administración pública.
Tanto la comunidad internacional, como organizaciones de sociedad civil, han expresado de forma reiterada su rechazo a los intentos de Porras por perseguir con fines políticos a quienes han investigado casos de corrupción o cuestionado al gobierno de turno.
A esta ola de persecuciones, recientemente se sumó un antejuicio planteado por el MP contra la diputada de la bancada Semilla, Ligia Hernández, luego de que ella citara en su calidad de congresista a tres funcionarios del ente investigador.
Para expertos en derecho parlamentario, la acción del MP vulnera el derecho que tienen los parlamentarios de citar a funcionarios públicos para que estos rindan cuentas sobre el desempeño de sus instituciones. Siempre y cuando no se cuestione a personal fiscal sobre casos que están en investigación, no hay motivos para accionar legalmente contra congresistas que fiscalicen en sus citaciones, advierten.
“El planteamiento del antejuicio no cumple con los requisitos que debería cumplir. Se está atacando la facultad de fiscalización que tienen los diputados y parece ser un ataque a la oposición por parte de una alianza oficialista que incluye a la misma fiscal general”, dijo Eddie Cux, de Acción Ciudadana.
¿De dónde salió la información?
Hace dos semanas el MP presentó el antejuicio contra la diputada Hernández aduciendo que había incurrido en abuso de autoridad por pretender citar a los secretarios de política criminal y contra la corrupción, así como al actual jefe de la Fiscalía Especial contra la Impunidad (Feci) para conocer qué seguimiento se le había dado a una resolución que emitió la Corte Interamericana de Derechos Humanos (Corte IDH) en septiembre de 2021 en la que se pedía garantizar la protección de fiscales y operadores de justicia. “Los encargados de realizar estas políticas e implementarlas dentro del MP eran las personas que se citaron”, dijo la diputada en una conferencia de prensa el pasado lunes. En sus redes sociales, la bancada expresó apoyo a la congresista y calificó el antejuicio de espurio, mientras que el MP publicó una serie de tuits en las que aseguró que "siempre actúa de conformidad con la ley en cumplimiento de su mandato legal y constitucional".
¿Cuál es el contexto?
Recientemente, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) añadió a Guatemala a su lista negra de países donde se observa graves violaciones a los derechos humanos. Figuran en esta lista Cuba, Nicaragua y Venezuela. Entre los motivos, se encuentran el debilitamiento de la institucionalidad democrática, las injerencias en el sistema de justicia y ataques a la independencia judicial, irregularidades en la elección de magistrados y criminalización y estigmatización de jueces, entre otros. También e hizo énfasis en los ataques que sufren periodistas que realizan investigaciones sobre asuntos de interés público, como corrupción. “La CIDH también pudo conocer de relatos sobre tentativas de impedir el acceso de la prensa a edificios y actos oficiales, obstaculizando el acceso a la información de la prensa”, expuso. El informe se publicó días después de que el presidente Alejandro Giammattei decidiera reelegir a Consuelo Porras como fiscal general del MP, pese a que se encuentra incluida en la Lista Engel, donde figuran actores del norte de Centroamérica involucrados en actos de corrupción o ataques a la democracia. Lo anterior también ha generado conflictos del gobierno con la comunidad internacional, principalmente con Estados Unidos (EE. UU.), a quien Giammattei ha criticado abiertamente y ha desacreditado las sanciones de ese país, como la Lista Engel, aduciendo que “no sirve para nada”.
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Falso
Información cierta y confirmada por fuentes confiables.
Alejandro Valverth, director del Observatorio Legislativo de la Asociación para el Desarrollo Legislativo y la Democracia, explica que hay dos formas de analizar el tema. Uno es desde la perspectiva jurídica y la otra es la política. En el ámbito jurídico, se debe tener presente que el artículo 168 de la Constitución Política de la República establece que todos los ministros, funcionarios y empleados públicos están obligados a acudir e informar al Congreso cuando éste o sus comisiones lo consideren necesario. De tal cuenta, los funcionarios deben rendir cuentas y las únicas restricciones para proporcionar información sería cuando se trate de diligencias de casos en investigación. Esto también lo establece el artículo 4 de la Ley Orgánica del Organismo Legislativo. “El sentido de esto es que el Congreso de la República, como órgano de control con base en la teoría de frenos y contrapesos, pueda ejercer esa facultad de observar qué es lo que está realizando o no funcionarios públicos”, dijo Valverth. El experto en derecho parlamentario considera que el antejuicio no tiene fundamento y, por lo tanto, debiera de ser rechazado por la Corte Suprema de Justicia (CSJ). Asimismo, el artículo 4 de la Ley en Materia de Antejuicio establece que “la denuncia o querella podrá ser presentada por cualquier persona a la que le conste la comisión de un acto o hecho constitutivo de delito por parte de un dignatario o funcionario público, y no simplemente por razones espurias, políticas o ilegítimas”. Ahora bien, desde el lado político, Valverth dice que en los últimos meses se ha visto un debilitamiento del sistema de pesos, por lo cual concluye que hay un plan para debilitar a quienes fiscalicen y cuestionen. “Hay una campaña y un plan que busca neutralizar o controlar a aquellos que puedan fiscalizar”, opina Valverth.
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