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Verificamos Por Usted: ¿Se elimina una iniciativa de ley al ser archivada?
Tan solo este año el Pleno del Congreso ha archivado tres iniciativas de ley que han despertado rechazo social y hasta manifestaciones.
Diputados aprobaron una ley a favor de militares en situación de retiro sin tener una fuente de financiamiento. Fotografía: Congreso.
El Congreso de la República ha sido liderado en los casi tres años de legislatura por el partido de Gobierno, Vamos por una Guatemala Diferente (Vamos). Y durante este tiempo, la actual legislatura ha acumulado tropiezos jurídicos con leyes aprobadas pero luego vetadas o archivadas por la presión social.
El primer congresista en llegar a la presidencia y ocupar el puesto por dos años fue Allan Rodríguez, que en 2022 ha pasado inadvertido del trabajo parlamentario, mientras ocupa la presidencia la diputada Shirley Rivera.
Mediciones de instituciones como el Centro de Investigaciones Económicas Nacionales (Cien) y de Guatemala Visible exponen que en la novena legislatura no existe una agenda de país.
Las mediciones hechas por las dos organizaciones también exponen poco trabajo en las comisiones legislativas a quienes califican como “el corazón del Congreso”, ya que son estas mesas de trabajo quienes deberían de dar un análisis técnico, financiero, jurídico y social a cualquier iniciativa que se pretenda convertir en ley.
Pero la poca dirección que ha tenido el parlamento ha desembocado en resoluciones parlamentarias que generan estallidos sociales, como ocurrió el 21 de noviembre de 2020 con la aprobación del presupuesto.
En otros casos propuestas que fueron aprobadas por el Congreso fueron vetadas por el presidente Alejandro Giammattei por considerar que tenían vacíos, como ocurrió con la extinta Ley de Vacunación y las reformas a la Ley de Contrataciones.
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¿De dónde salió la información?
El pasado 24 de agosto la Junta Directiva de Congreso se vio obligada a desistir de la discusión y aprobación de la iniciativa 6076, Ley para el Fortalecimiento de las Fuerzas de Seguridad Pública y del Ejército. Un proyecto legal impulsado por diputados afines a la alianza oficialista que aseguraban tan solo era darle herramientas de defensa a las fuerzas de seguridad, pero sectores sociales advirtieron que era una forma disfrazada para reprimir con uso de fuerza cualquier manifestación ciudadana. Esto generó medidas de hecho y la organización 48 Cantones de Totonicapán se apostaron a la sede del Palacio Legislativo, informando que no darían marcha atrás hasta que el Pleno del Congreso desistiera de la iniciativa que calificaron de violatoria a los Derechos Humanos. Finalmente la Junta Directiva del Congreso firmó un documento donde se comprometió a archivar la iniciativa 6076, dejando claro que no volverían a incluirla en el orden del día. Esta propuesta según los registros del Congreso obtuvo dictamen favorable el pasado 8 de agosto e inmediatamente se incluyó para la sesión plenaria del 9 de agosto consiguiendo así su primera lectura. La iniciativa ya no volvió a ser incluida para las sesiones de Pleno, pero junto a la 6076 este año han desfilado otras iniciativas de ley que permanecen archivadas por el rechazo social.
¿Cuál es el contexto?
Junto a la 6076 también han sido archivadas este año a Ley de Ciberdelincuencia y la Ley para la Protección de la Vida y la Familia, situaciones que tan solo reflejan la falta de preparación que tienen las iniciativas, según Roberto Alejos, expresidente del Congreso. “Desde la legislatura pasada que el Congreso se ganó el apodo de ‘Pacto de Corruptos’ las leyes han sido redactadas de tan mala manera que el pueblo se deja ir en contra de ellas, no porque sean malas ideas pero como las redactan tan mal que meten artículos a su favor y conveniencia”, señaló. El mismo escenario identificó Alejandro Quinteros, politólogo independiente, quien afirma que este patrón de legislación se debe a que no existe una visión de país y un verdadero compromiso con su tarea parlamentaria. “Muchas iniciativas se presentan sin pensarlas, sin tener detrás el fundamento que dan los análisis y estudios técnicos, jurídicos y de impacto, al carecer de ellos cualquier propuesta se cae”, destacó. Actualmente el Congreso de la República ya tiene la propuesta de presupuesto para el 2023 que asciende a Q112 mil 294 millones, dictamen que debe de tener fundamento en cada asignación para evitar sospechas en los montos distribuidos para el año electoral.
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Información cierta y confirmada por fuentes confiables.
Las única forma que una iniciativa de ley tiene certeza de no ser discutida es votarla en contra al llegar en tercera lectura o que todos los ponentes retiren sus firmas de la iniciativa, último punto contenido en los artículos 115 y 116 de la Ley Orgánica del Organismo Legislativo (Lool). “Archivar una ley significa que en cualquier momento se abre la gaveta y se vuelve a sacar, cuando decimos que se quiere engavetar es porque no la quieren pasar en ese momento o solo es guardada para sacarla en cualquier otro momento”, advierte el constituyente y expresidente del Congreso, Roberto Alejos. Aunque existan formas para realmente “matar” una iniciativa, que es el voto en contra el tercera lectura o que los ponentes retiren sus firmas del dictamen, difícilmente esos temas expuestos realmente pasaran al olvido. Francisco Quezada, del Cien, estima que a futuro se puede volver presentar otro proyecto, con otro nombre y diferentes artículos que tan solo busquen el mismo fin de un proyecto que tuvo que ser archivado. “El Pleno tiene el poder de decir que se retira de discusión una iniciativa pero es un tema de pura temporalidad, en ese momento quizá no pero a futuro no se tiene ninguna garantía”, señaló el experto. Quezada añade que quizá la única forma de evitar que un tema vuelve a ser discutido ante el Pleno sea mediante una resolución Constitucional, que sea el máximo Tribunal que advierta que legislar sobre x o y violenta la carta magna. Las leyes aprobadas y archivadas pueden volver a la vida a criterio de Quinteros debido a que el Pleno no está respetando los pasos del procedimiento, ya que toda vez aprobada corresponde una sanción o veto presidencial. “El proceso legislativo en la Constitución y en la Lool es claro que cuando una ley se aprueba se debe enviar al presidente para sanción o veto, acá el precedente que usa el Congreso está mal utilizado, cuando se manda a archivar una ley no muere, solo alargan plazos y la ley en cualquier momento podría ser convocada para enviarse al Presidente”, concluyó.
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