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Estudiantes en la mira: el gobierno de Nicaragua se apodera de las universidades privadas y avanza hacia la dictadura
La medida del presidente Daniel Ortega, según los críticos, es el intento más reciente de reprimir a la disidencia, después de perseguir a los opositores y ampliar su estancia en la presidencia.
Daniel Ortega ha tomado decisiones sobre las universidades privadas en Nicaragua. (Foto Prensa Libre: Hemeroteca)
La población estudiantil políticamente activa de Nicaragua, uno de los últimos focos de oposición al gobierno autoritario del presidente Daniel Ortega, es también el último objetivo de su amplia represión de la disidencia; cinco universidades privadas han sido puestas bajo el control del Estado.
El gobierno indicó que las universidades fueron despojadas de su capacidad de operar independientemente este mes porque no habían cumplido con las regulaciones financieras. Los críticos, sin embargo, consideraron la medida como el más reciente esfuerzo de Ortega para reprimir los desafíos al control que tiene del poder, que es cada vez mayor.
Desde el año pasado, su gobierno ha encarcelado o puesto bajo arresto domiciliario a activistas políticos y líderes de la sociedad civil, ha allanado oficinas de medios de comunicación, ha prohibido las protestas callejeras y ha cerrado docenas de organizaciones no gubernamentales. En noviembre, Ortega se presentó a un cuarto mandato consecutivo en una votación sin ningún contrincante creíble, y ganó.
Las universidades habían sido uno de los últimos centros de resistencia.
El gobierno dijo que el Consejo Nacional de Universidades, un órgano consultivo del Estado, supervisaría las instituciones puestas bajo su control. Esta semana, un funcionario del partido gobernante calificó a otra universidad privada, que los observadores temen que sea la siguiente en ser tomada, como un semillero de terrorismo que promueve la violencia y la desinformación.
Los activistas de la oposición y los académicos temen que sean inminentes más tomas de control de este tipo, y que la creciente represión obligue a las universidades a censurar a los profesores o estudiantes que no teman expresar su opinión. Los académicos también temen que la calidad de la educación disminuya a medida que los leales al gobierno, no cualificados y hostiles a la educación, vayan llenando las filas.
Ernesto Medina, ex rector del campus de León de la Universidad Nacional Autónoma de Nicaragua, una de las más grandes del país, dijo que la apropiación del gobierno era una advertencia para las aproximadamente 30 universidades privadas que quedan.
“La señal es que si quieren mantener su personería jurídica tienen que portarse bien, tienen que estar callados, no hay que criticar nada, no hay que analizar nada”, dijo Medina. “Eso es matar a la universidad”.
Medina, al igual que otros, había pensado que Ortega moderaría sus tácticas represivas después de encerrar a la mayor parte de su oposición política antes de las elecciones del año pasado.
Pero después de la medida contra las universidades este mes, Medina dijo que creía que el gobierno estaba adoptando un control dictatorial absoluto. El momento, dijo, “es el punto culminante de un proceso de deterioro de toda la institucionalidad del país”.
La portavoz informal y esposa de Ortega, Rosario Murillo, que también es su vicepresidenta, no respondió inmediatamente a las solicitudes de comentarios.
La batalla por el espacio intelectual de Nicaragua lleva años gestándose. Desde que Ortega llegó al poder por segunda vez en 2007, se ha esforzado por poner las universidades públicas bajo su dominio mediante el control de los sindicatos de profesores y estudiantes.
Las últimas fuentes de oposición que quedaban en pie, según los observadores, eran las universidades privadas. Pero estas se convirtieron en el foco de la ira de Ortega en 2018, cuando los estudiantes se unieron a uno de los más poderosos desafíos recientes a su autoridad, al ayudar a liderar las protestas antigubernamentales a nivel nacional. La represión policial de esas protestas dejó al menos 350 muertos, según grupos de derechos humanos.
Elthon Rivera, estudiante de una de las universidades confiscadas, dijo que era la segunda vez que veía sus ambiciones académicas truncadas bajo el mandato de Ortega.
Rivera fue uno de los cerca de 150 estudiantes expulsados de sus universidades estatales tras las protestas de 2018, cuando puso en práctica sus estudios de medicina atendiendo las heridas de los estudiantes agredidos por la policía.
Tras ser expulsado de la estatal Universidad Nacional Autónoma de Nicaragua en agosto de 2018, dijo, su sueño de convertirse en médico se vio truncado. Debido a su apoyo a los manifestantes, dijo, ninguna otra universidad pública o privada lo aceptaba.
Temió quedarse sin educación y subempleado por el resto de su vida, comentó, hasta un año después, cuando la Universidad Paulo Freire lo admitió como estudiante de ciencias políticas.
Ahora el gobierno controla la universidad, y Rivera está más inseguro que nunca sobre su futuro.
“Me pesa muchísimo sentir que los años pasan y que no he conseguido ninguna meta académica”, dijo Rivera. “Ya tengo 27 años y no tengo ninguna de las dos carreras que creí que podía tener”.
“Es duro, durísimo”, añadió.
El rector de la Universidad Paulo Freire, Adrián Meza, dijo que había presentado toda la documentación solicitada a las autoridades, pero que éstas se negaron a revisarla, tomando en su lugar la universidad.
“Es un régimen político que no se da cuenta que está en el siglo XXI”, dijo Meza, añadiendo que él —como muchos nicaragüenses— huyó recientemente a la vecina Costa Rica, por temor a nuevas represalias.
Entre las instituciones tomadas este mes se encuentra la Universidad Politécnica, que fue un epicentro de las protestas en 2018. En ese momento, los estudiantes ocuparon el campus durante más de 50 días, con agentes de policía y grupos parapoliciales que a menudo irrumpían en la universidad para golpear a los manifestantes con puños, palos y armas de alto calibre.
Entre los funcionarios del gobierno “a alguien le había quedado una espina en el ojo y ahora se la quiso sacar”, dijo Medina, que intentó negociar con el gobierno durante esas protestas.
Desde entonces, Ortega ha tratado de aplastar la disidencia en Nicaragua, encarcelando a cientos de personas, incluidos candidatos presidenciales y estudiantes, y obligando a miles más a exiliarse.
La Organización de Estados Americanos reprendió a Ortega el año pasado después de las elecciones, que según muchos estados miembros fueron una farsa. La semana pasada, un alto funcionario estadounidense advirtió que Nicaragua estaba en vías de ser expulsada de la organización si Ortega seguía reprimiendo a las fuerzas de la oposición.
Las últimas tácticas del gobierno probablemente añadirán más integrantes a la inmensa oleada de nicaragüenses, especialmente jóvenes, que salen del país. El año pasado, más de 50.000 nicaragüenses fueron detenidos por la Patrulla Fronteriza de Estados Unidos, un récord, y un número sin precedentes buscó refugio en Costa Rica, donde ya vivían cientos de miles de nicaragüenses.
Rivera, el estudiante universitario, se resistió a salir de Nicaragua durante años. Pero el fin de semana pasado decidió huir también a Costa Rica, sin un plan para su futuro y llevando solo una mochila
“Es inevitable no sentir tristeza porque es una partida obligada, siento como que salí huyendo”, dijo. “Me vi obligado a dejar mi país”.
Yubelka Mendozareportó desde Managua. Maria Abi-Habib reportó desde la Ciudad de México.
María Abi-Habib es la jefa de la corresponsalía para México, Centroamérica y el Caribe. Ha reportado para The New York Times desde el sur de Asia y el Medio Oriente.
