Familiares esperan noticias de detenidos en El Salvador

Las dos mujeres se desplomaron en un banco de madera cercano junto a unas desconocidas que entendían mejor que nadie lo que acababa de pasar. Sus hijos habían desaparecido tras esos mismos muros.

Tras un fin de semana sin precedentes de asesinatos de pandillas en marzo, el gobierno salvadoreño declaró el régimen de excepción y suspendió las libertades civiles garantizadas en la Constitución. La campaña de detenciones masivas que siguió condujo al encarcelamiento de más de 25 mil personas en aproximadamente un mes y medio.

Muchos de los detenidos han sido enviados a una carceleta conocida como El Penalito, un edificio en ruinas en la capital, San Salvador, que se ha convertido en la zona cero de la que quizá sea la represión policial más agresiva de la historia del país centroamericano. Es la primera parada de lo que podría ser una larga estancia en el superpoblado sistema penitenciario del país.

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Tras pasar ya sea días o semanas en El Penalito, muchos de los reclusos son trasladados directamente a centros de máxima seguridad. Tras la represión, los familiares de los detenidos empezaron a reunirse en la calle a la espera de saber qué ocurriría a continuación.

Un jueves reciente, decenas de madres, abuelas, hermanas y novias se agolpaban alrededor de mesas de madera desvencijadas frente a la prisión, encorvadas sobre carteras llenas de documentos que esperaban que demostraran la inocencia de sus hijos: documentos de identidad del gobierno, registros escolares, identificaciones del trabajo.

María Elena Landaverde se tomó unos días de vacaciones y convenció a una persona cercana para que la llevara en carro al amanecer para intentar ver a un chico que fue detenido mientras llevaba el desayuno a su familia. Morena Guadalupe de Sandoval se apresuró a ir cuando su hijo llamó para decir que los agentes de policía lo habían bajado de un autobús a casa desde su trabajo de conserje en la ciudad. Edith Amaya dijo que vio moretones en la cara de su hijo antes de que los policías se lo llevaran.

“Queremos verlo una vez más”, dijo de Sandoval, sollozando junto a su propia madre, que ayudó a criar a su hijo, Jonathan González López. “Aquí todas somos madres llorosas”.

La pregunta que se hace de Sandoval es si a alguien le importa. El presidente de El Salvador, Nayib Bukele, ha admitido que hay inocentes que han sido atrapados durante la represión, pero insiste en que son una pequeña parte de las detenciones. Y la gran mayoría de los salvadoreños —más del 80 por ciento, según las encuestas— apoyan a Bukele y aprueban las medidas extremas del gobierno.

El odio a las pandillas es tan profundo en El Salvador que muchos quieren someterlas por cualquier medio. Los medios de comunicación locales e internacionales han difundido imágenes de familiares suplicando a la policía información sobre sus hijos y gritando mientras se los llevan. Hasta ahora, nada ha hecho cambiar la opinión pública contra la campaña de detenciones masivas ni contra el presidente que la dirige.

Pero aunque las mujeres que buscan a sus hijos en las cárceles salvadoreñas no son en absoluto un grupo político organizado, su ira no debe subestimarse, dicen los expertos.

Las madres en duelo tienen un historial de agruparse en América Latina, lo que ha provocado desafíos más duraderos para los gobiernos autocráticos.

Por ahora, las mujeres que se encuentran fuera de El Penalito se centran en mantener a sus hijos alimentados. Bukele se ha jactado de haber racionado los alimentos a los presos durante la represión, por lo que muchas familias optan por comprar las comidas a sus familiares en una cocina autorizada por el gobierno con un pequeño puesto abierto fuera de la prisión.

Solía haber un solo proveedor de comidas para todos, pero después de tantas detenciones en las últimas semanas, se autorizó a otro local contiguo a empezar a servir comida y a suministrar otros artículos de primera necesidad, como pasta de dientes y calzoncillos.

“Es por todo eso del monopolio”, dijo una de las mujeres que trabajaba en la cocina original, que se negó a dar su nombre por temor a represalias. Los familiares de los reclusos se habían quejado en el pasado de que se diera a un solo negocio la exclusividad de proveer desayunos, almuerzos y cenas, según informaron los medios de comunicación locales.

Las mujeres de fuera de la prisión se enteran de mucho con los empleados de los dos proveedores de comidas, que suelen ser de los primeros en saber cuándo se traslada a los reclusos de sus calabozos a otra prisión. Los familiares consiguen mucho menos de la propia prisión, que dispone de una pequeña ventanilla para responder a las preguntas, pero ofrece pocas respuestas.

“No sabemos nada”, dijo de Sandoval. Sostuvo una tarjeta de identificación de Burger King con una foto de su hijo, Jonathan, que tiene cara de bebé. “No pertenece a ninguna pandilla”, insistió. Antes de su detención, el joven de 21 años trabajaba en otro restaurante de la capital, según su madre, como conserje.

La novia de González, sentada junto a de Sandoval, cuida ahora de su hijo pequeño sin la ayuda de lo que él ganaba. “¿Qué va a hacer?”, preguntó de Sandoval. “Somos de escasos recursos. ¿Quién nos va a ayudar?”.

Ha sido difícil determinar cómo la policía salvadoreña ha identificado sus objetivos, porque las detenciones han sido muy rápidas y generalizadas. El gobierno no quiso conceder una entrevista con el director de la policía nacional, pero los familiares de los detenidos durante el régimen de excepción dijeron en entrevistas que muchos fueron elegidos si habían tenido roces con la policía en el pasado.

Pero los familiares de los detenidos durante el régimen de excepción dijeron en entrevistas que muchos eran objeto de ataques si habían tenido roces con la policía en el pasado.

Irvin Antonio Hernández fue detenido cuando salió corriendo detrás de su hermanita, que se había marchado detrás de los perros de la familia. Hernández, sin camisa y sin zapatos, acabó esposado.

“Lo único que nos dijeron era ‘bicho, vení para acá’”, dijo Noemí Hernández, su hermana mayor. “‘Hay que ponerse zapatos y camisa y nos vamos’”.

Hernández fue detenido hace varios años, según su madre, cuando dice que dos pandilleros que huían de la policía se escondieron en su casa. También se llevaron al chico, aunque Hernández dijo que su hermano no tenía nada que ver con la pandilla.

“Estudió hasta el noveno grado y ahora trabaja”, dijo, con lágrimas filtrándose a través de su mascarilla. “Vende frutas y verduras, y tiene casa propia”.

Escuchando desde la acera, Liliana Aquino estalló.

“¡Nosotros los pobres lo pusimos ahí!”, dijo, refiriéndose al presidente. “Pero somos los pobres los que ahora estamos sufriendo”.

En 2019, Aquino, de 30 años, estaba asqueada de la clase política de El Salvador y votó contenta por el joven Bukele. Lo llama “mi presidente” y dijo que la gente que se preocupa por respetar los derechos de los pandilleros es absurda.

“Un pandillero no respeta nada, no piensa en mí”, dijo. Su madre vendía sándwiches en un mercado local, y se fue a la ruina en el intento de ganar dinero y también de cubrir las cuotas de extorsión que cobraba una pandilla. Al final del año, dijo Aquino, las pandillas exigían a su madre que les diera un bono de Navidad.

“Si no pagas, te matan”, dijo Aquino. Incluso si pagas, dijo, no estás seguro en El Salvador. Los transeúntes inocentes mueren en el fuego cruzado de los tiroteos de las pandillas todo el tiempo, dijo.

Ese día estaba fuera del centro porque su hermano había sido detenido recientemente bajo sospecha de ser miembro de una pandilla, dijo. Pero insistió en que él repara electrodomésticos y va al trabajo todos los días.

Aquino sigue apoyando al presidente y cree que ha hecho del país un lugar mejor para vivir. Sin embargo, la arbitrariedad de su estilo de justicia empezaba a cansarla.

“Ha ayudado mucho”, dijo Aquino. “Pero todo ha sucedido a costa de las lágrimas de muchas madres”.