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Opinión: Facebook es malo, pero apresurarnos a arreglarlo podría empeorarlo mucho más
No todo el mundo está de acuerdo en que la Constitución sea incompatible con la regulación de la expresión por parte de las empresas tecnológicas. ¿Cómo se puede regular a Facebook?
Lo mejor que se puede decir de la Ley de Desinformación Sanitaria, propuesta en julio por los senadores demócratas Amy Klobuchar y Ben Ray Luján, es que tiene buenas intenciones. El internet ha sido un acelerador clave de mitos, malentendidos y mentiras generalizados en relación con el covid-19. El proyecto de ley de Klobuchar y Luján obligaría a empresas cibernéticas como Facebook a tomar medidas contra la información falsa durante las emergencias de salud pública, o perder la inmunidad a las demandas si no lo hacen.
Solo hay un problema: ¿qué es la desinformación sanitaria? No conozco ninguna fuente oracular de la verdad sobre el covid-19. El consenso científico ha cambiado de manera drástica durante la pandemia, e incluso ahora los expertos están divididos sobre cuestiones importantes, como si todas las personas deberían aplicarse una vacuna de refuerzo. El proyecto de ley de Klobuchar y Luján elude estas complicaciones, ya que designa a una autoridad omnisciente: según el proyecto de ley, el secretario de Salud y Servicios Humanos determinará lo que es la desinformación sanitaria.
Perdón, ¿cómo dicen? ¿A los senadores se les olvidó que el año pasado tuvimos a un presidente que se burló de los cubrebocas y promocionó la luz ultravioleta como una cura milagrosa para la COVID-19? ¿Por qué elegiríamos dar poder a la persona designada por el gabinete de ese presidente como árbitro de lo que es verdadero y falso durante una pandemia? Y no solo una pandemia: dado que la definición de una emergencia de salud pública en la ley es tan vaga, no me extrañaría que un futuro secretario con aversión a la ciencia intentara declarar como “desinformación” los debates sobre el aborto, el control de la natalidad, la salud de las personas transexuales o cualquier otra cosa.
El proyecto de ley de Klobuchar y Luján es uno de los muchos planes que intentan frenar el poder de las empresas tecnológicas mediante la reforma del artículo 230 de la Ley de Decencia en las Comunicaciones, la tan odiada y mal entendida norma de 1996 que otorga a los sitios web una amplia inmunidad a la responsabilidad por los daños que causan sus usuarios. Las propuestas de los legisladores demócratas tienden a pedir a las empresas tecnológicas que eliminen o bajen los contenidos falsos para conservar la inmunidad que les otorga el artículo 230. Las propuestas de los republicanos suelen hacer lo contrario, y amenazan con anular la inmunidad si las empresas tecnológicas censuran contenidos “injustamente” o “de mala fe”.
Los planes de ambos partidos me causan un gran temor. Muchos expertos jurídicos sostienen que es probable que muchas de las propuestas relativas al artículo 230, incluido el proyecto de ley de Klobuchar y Luján, violen la Primera Enmienda, lo cual dificulta en extremo que el Congreso dicte a las empresas privadas y a sus usuarios lo que la gente puede y no puede decir en línea.
En el mejor de los casos, puede que las propuestas de reforma del artículo 230 no sean más que un gesto simbólico, una vía para que los legisladores demuestren que están haciendo algo, lo que sea, contra los poderes desbordados de los gigantes tecnológicos.
Sin embargo, en el peor de los casos, estos planes podrían resultar catastróficos. En lugar de frenar la influencia de las grandes empresas tecnológicas, la modificación del artículo 230 podría consolidar aún más el control de Facebook y otros gigantes tecnológicos sobre el discurso público, porque los gigantes podrían ser las únicas empresas con recursos suficientes para operar bajo normas en las que los sitios pueden verse inundados de demandas por lo que publican sus usuarios.
En cambio, los sitios más pequeños con menos recursos se verían obligados a vigilar el contenido de los usuarios con mano dura. No es casualidad que Facebook haya dicho a los legisladores que ve con buenos ojos las reformas al artículo 230, mientras que sitios más pequeños como Etsy y Tripadvisor están nerviosos ante esta posibilidad.
Las noticias recientes impacientaron aún más a los legisladores con respecto a Facebook. Esta semana, las organizaciones de noticias publicaron decenas de reportajes basados en documentos filtrados por Frances Haugen, la exempleada de Facebook convertida en denunciante. Los documentos de Haugen muestran a una empresa fuera de control, cuyo sentido de la ética rara vez deja de pensar en sus beneficios, una empresa lista para la regulación y la reforma.
“Hay tanto odio hacia Facebook en este momento que todo es posible”, dijo Jeff Kosseff, profesor de Derecho en ciberseguridad en la Academia Naval de Estados Unidos y autor de un libro sobre el artículo 230, “The Twenty-Six Words That Created the Internet”.
Lo que más le preocupa a Kosseff es un cambio repentino de última hora que acabe con la ley que regula el internet.
“La peor posibilidad es que todas las propuestas se incluyan en un proyecto de ley general de 500 páginas que se apruebe justo antes de las vacaciones de diciembre, y que haga que el artículo 230 sea por completo inoperante”, dijo.
El artículo 230 ha sido un arma de doble filo para demócratas y republicanos durante años. El año pasado, Donald Trump, quien argumentó que la ley permitía a los ejecutivos tecnológicos liberales censurar las ideas de la derecha, emitió una orden ejecutiva destinada a limitar su alcance. El presidente Joe Biden revocó esa orden en mayo, pero además pidió la derogación del artículo 230. Tanto Trump como Biden son representativos de un malentendido generalizado sobre el artículo 230: la idea de que es la norma que les da a las empresas tecnológicas un amplio margen de maniobra para moderar los debates en línea.
De hecho, es la Primera Enmienda la que les otorga a las empresas tecnológicas ese derecho. Como ha señalado Daphne Keller, directora del Programa de Regulación de Plataformas del Centro de Política Cibernética de la Universidad de Stanford, hay al menos seis maneras en las que la Constitución limita el poder del Congreso para regular el discurso en línea.
Dentro de estos límites: el Congreso no puede exigir a las empresas que prohíban la libertad de expresión que protege la Constitución; y por muy objetable que sea, en Estados Unidos, la desinformación sobre la salud es parte de la libertad de expresión y no es un delito que yo te diga dónde debes inyectarte.
En un artículo académico reciente, Keller argumenta de manera convincente que los precedentes de la Primera Enmienda en la Corte Suprema de Estados Unidos también le impiden al Congreso decirles a las empresas tecnológicas que no amplifiquen ciertos discursos a través de algoritmos de recomendación como el de la “sección de noticias” de Facebook. Una ley de este tipo constituiría una carga para la libertad de expresión, y el tribunal ha dictaminado que las cargas para la expresión reciben el mismo escrutinio que las prohibiciones de expresión. El Congreso podría incluso infringir la Primera Enmienda por el mero hecho de incentivar a las empresas para que mantengan ciertas normas que regulen el discurso, argumentó Keller.
No todo el mundo está de acuerdo en que la Constitución sea incompatible con la regulación de la expresión por parte de las empresas tecnológicas. Lawrence Lessig, profesor de la Escuela de Derecho de la Universidad de Harvard que ha estado trabajando con Haugen, la denunciante de Facebook, me dijo que algunas normas neutrales en cuanto al contenido para la expresión en línea podrían sobrevivir al escrutinio constitucional, por ejemplo, una norma que establezca un límite máximo del número de veces que se puede compartir una publicación de Facebook.
En términos más generales, Lessig argumentó que los juristas del mundo digital deberían ser más creativos a la hora de pensar en cómo controlar a las redes sociales.
“Dejamos de pensar en la evolución de estas tecnologías demasiado pronto, y hay mucho más que reflexionar”, señaló.
De hecho, Kosseff, Lessig y Keller coincidieron en una idea: antes de apresurarse a promulgar nuevas leyes sobre la expresión en línea, el Congreso debería nombrar una especie de comisión de investigación facultada para obligar a los gigantes tecnológicos a proporcionar mucha más información sobre el funcionamiento de sus plataformas. Los legisladores estarían mucho mejor equipados para decidir qué hacer con el discurso en línea si entendieran cómo funciona ahora, argumentaron.
Pero claro, nadie piensa que una comisión sea un ejemplo de política convincente.
“Deja mucho que desear”, afirmó Keller.
Estoy de acuerdo, pero es mejor que actuar de manera aleatoria y empeorar nuestros problemas.
