Proyecto
Desde inicios de mes se impulsa con vigor la campaña para promover dicho proyecto. En redes sociales circula el video La costa de la conservación, en el cual se resalta el potencial agroforestal y turístico de la región. En síntesis, esta iniciativa busca el desarrollo sostenible de las comunidades y preservar a la vez los recursos naturales, principalmente evitando la deforestación.
La costa de la conservación es también el nombre de la contraparte comercial del Proyecto REDD+ del Caribe de Guatemala. La intención es convertirla en elemento representativo de los productos de la región cosechados o fabricados a partir de criterios amigables con el ambiente.
Pero los propósitos van más allá de incursionar en el mercado local o internacional con una simple etiqueta, pues la parte medular del plan está unificando a los propietarios de los bosques y apunta a ser el desarrollo ecológico más ambicioso en ese departamento, ya que integrará los temas de conservación de la naturaleza, autosostenibilidad por medio de ecoturismo y recursos agroforestales y, sobre todo, por medio de un programa que a un plazo de 30 años, evitará la deforestación de 100 mil hectáreas de bosque.
Además, el país entrará en el mercado internacional de la venta de bonos de carbono por deforestación evitada.
Bosques
En Izabal hay extensiones boscosas que corresponden a áreas protegidas, otras que son municipales, comunitarias y también privadas.
El Consejo Nacional de Áreas Protegidas (Conap), la Asociación Guatemalteca de Exportadores (Agexport) y la Fundación para el Ecodesarrollo y la Conservación (Fundaeco) son los principales impulsores del Proyecto REDD+. Los apoyan otras organizaciones internacionales, Althelia Ecosphere es una de ellas, y aportó incentivos económicos para echar a andar la iniciativa, a la cual se han sumado ya medio centenar de propietarios y aún se espera la participación de muchos más.
Bonos de carbono
REDD+ es un mecanismo mundial para promover la conservación y la gestión sostenible de los mantos boscosos. Se ha implementado con éxito en otros países de vocación forestal. Sus siglas significan reducción de emisiones por deforestación y degradación de bosques. El signo más engloba los proyectos que preservan la biodiversidad, las fuentes de agua y fomentan los beneficios sociales.
Uno de sus potenciales es la venta en el mercado internacional de bonos de carbono o Verified Carbon Units (VCU), la cual dota de incentivos económicos a los participantes del proyecto. Estos se comprometen, en un plazo de 30 años, a no alterar el uso del suelo de sus propiedades. Pero pueden impulsar la zona para fines ecoturísticos o cultivos secundarios que no alteren el bosque. Ya funcionan programas de xate, rambután, pimienta y cardamomo.
Auditores externos acompañarán el proceso hasta el fin y de los ingresos se reducirán los costos de inversión e implementación, pero siempre habrá un margen de ganancia para los participantes. A mayor cobertura boscosa, más réditos económicos. El valor de las unidades de carbono depende de varios factores, fluctúa pero representan una oportunidad de monetizar los suelos de uso forestal. En promedio, se cotizan hasta en US$5.
La iniciativa no riñe con otros programas de incentivo económico que hay en el país, como el Programa de Incentivos Forestales (Pinfor); la Ley de fomento al establecimiento, recuperación, restauración, manejo, producción y protección de bosques en Guatemala (Probosque) y el Programa de incentivos para pequeños poseedores de tierras de vocación forestal o agroforestal (Pinpep).
