Filgua 2025: Ejército restringió participación de coronel en presentación de libro que cuestiona vínculo entre oligarquía y narcotráfico

Los integrantes del Ejército “no deben participar en actividades a las que se les pueda asignar una connotación de tipo político”, dijo Arévalo tras la cancelación de la presentación del libro Guatemala: Narcoestado y Oligarquía.

Sandy Pineda

7 de julio de 2025 | 15:12h

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El libro Guatemala: Narcoestado y Oligarquía fue presentado en Filgua 2025 sin la participación de su autor, el coronel Edgar Rubio Castañeda, por una restricción impuesta por el Ejército. (Foto Prensa Libre: Óscar Vásquez)

La presentación de la obra Guatemala: Narcoestado y Oligarquía, del coronel de Infantería Edgar Rubio Castañeda, fue cancelada el domingo 6 de julio del 2025, en la Feria Internacional del Libro en Guatemala (Filgua), luego de que el Ministerio de la Defensa le prohibiera al autor asistir al evento.

La suspensión del conversatorio en el que Rubio abordaría su ensayo, que describe vínculos entre oligarquía, narcotráfico y corrupción, suscitó una reacción inmediata entre diferentes sectores del país.

El presidente Bernardo Arévalo, uno de cuyos cargos es el comandante general del Ejército, confirmó que la prohibición para que Ruiz asistiera al evento y participara en la presentación del libro fue una decisión interna del Ejército.

En conferencia de prensa el lunes (7.7.2025), el mandatario explicó que los oficiales activos están sujetos al Código Militar, el cual impone restricciones para impedir su participación en actividades con connotaciones políticas.

Según “esas regulaciones, el coronel Castañeda pidió autorización para presentar el libro, y el mando del Ejército consideró que, de acuerdo a la definición de la inconveniencia de la participación de oficiales del Ejército en actos que pudieran ser interpretados como políticos, se le pidió que no participara y entonces el oficial no participó”, explicó el mandatario.

El mandatario subrayó que el libro no fue prohibido: “El libro sigue circulando, si no hay, seguramente es porque se agotó y estarán reimprimiéndolo”.

Lea también: Ejército al servicio de la oligarquía

Versión del editor

La presentación asumiría la forma de diálogo entre el autor y Raúl Figueroa Sarti, editor de F&G Editores. Sin embargo, la tarde anterior, Rubio Castañeda lo llamó para informarle que el Ministerio de la Defensa le había prohibido asistir.

“Él me planteó que presentarlo le podía provocar consecuencias, así que decidimos juntos no hacer la presentación”, explicó Figueroa.

El editor lamentó la ausencia del autor. Aclaró que el libro no ha sido censurado, pero sí perjudicado por esta medida.

“Sí creo que es una limitación a la libertad de expresión de alguien que está en el Ejército… en ese sentido son ciudadanos de segunda”, lamentó.

Figueroa destacó el valor de la obra como un aporte de visión crítica desde dentro del Ejército: “El libro no revela secretos militares, pero sí aporta información sobre una de las instituciones menos transparentes de Guatemala”.

A pesar de que el conversatorio se canceló, la recepción del público fue positiva. “El libro se está vendiendo como pan caliente”, aseveró Figueroa.

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Contenido y contexto del libro

Guatemala: Narcoestado y Oligarquía ofrece una mirada crítica sobre cómo las redes de corrupción se han consolidado dentro del modelo neoliberal posterior a los Acuerdos de Paz, desde la experiencia de un militar activo.

En la contraportada, el autor sostiene que: “Guatemala es un país dominado por una poderosa estructura oligárquica, vinculada estrechamente al narcotráfico…”.

En sus páginas, Rubio Castañeda analiza la transformación del Ejército, la disposición al pensamiento crítico dentro de la institución y cuestiona el papel del Estado en la reproducción de un sistema excluyente.

Manifiesta también su intención de promover conciencia social desde dentro del Ejército mediante una lucha pacífica.

Uno de los capítulos aborda el papel de la extinta Comisión Internacional contra la Impunidad (Cicig), su enfrentamiento con estructuras criminales y su impacto en el financiamiento político.

El ensayo examina además la influencia de Estados Unidos y cómo sus “políticas imperiales” refuerzan la desigualdad, por medio del control económico, migratorio y militar.

Al final del libro, Rubio hace un llamado a los sectores populares a impulsar una transformación social no violenta, basada en la conciencia colectiva.

“El neoliberalismo no come niños, pero sí los mata de hambre…”, se lee en un fragmento inicial del libro.

No es la primera vez que el coronel publica. En 2017, su obra Desde el cuartel… también generó tensiones. Según Figueroa Sarti, “ya se le había hecho un llamado” en ese entonces.

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Experiencias similares

El coronel retirado Mario Mérida, autor del libro Testigo de conciencia: periodismo de opinión documentado (2000), relató haber tenido una experiencia similar tras su publicación, aunque ya no se encontraba en activo.

“A pesar de que era jubilado, me dijeron: ‘Tenga cuidado con lo que escribe, con lo que recuerda’”.

Mérida explicó que el Ejército impone límites claros a la participación de sus miembros en espacios de opinión.

“Claro que la libertad de expresión es válida para todos los ciudadanos comunes, (pero) no para los militares”, puntualizó.

Según su análisis, una obra que reflexione sobre el Estado y la oligarquía entra en conflicto con la norma de apoliticidad de las Fuerzas Armadas. “Va a caer dentro de ese parámetro de reserva…”, argumentó.

No obstante, también cuestionó el procedimiento aplicado a Rubio, considerando que pudiesen manejarse mejor estos casos.

A su criterio, las autoridades militares intentaron prevenir una infracción sin censurar directamente el libro, lo que deja abierta la discusión sobre el alcance de la libertad de expresión de los militares en activo.

También puede ver: Plan para inyectar Q5 mil millones a pensiones del Ejército choca con parálisis en el Congreso

Elvyn Díaz Sánchez es juramentado como nuevo director ejecutivo de la Copadeh

Presidencia informa que Elvyn Díaz Sánchez es el nuevo director ejecutivo de la Copadeh.  

Óscar García y Leslie Sánchez

22 de mayo de 2025 | 09:25h

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Elvyn Díaz Sánchez es el nuevo director de la Copadeh. (Foto Prensa Libre: captura de imagen compartida por el Gobierno)

Elvyn Díaz Sánchez fue juramentado este jueves 22 de mayo como el nuevo director ejecutivo de la Comisión Presidencial por la Paz y los Derechos Humanos (Copadeh).

El anunció lo efectuó en conferencia de prensa Santiago Palomo, secretario de Comunicación Social de la Presidencia.

Díaz Sánchez fue nombrado en sustitución de Yolanda Pérez, quien renunció a inicios de mayo.

El nuevo funcionario tiene una maestría en Derecho Procesal Penal y fue asesor del Organismo Internacional Regional de Sanidad Agropecuaria.

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Además, fue docente de la Facultad de Ciencias Jurídicas y Sociales, Universidad San Carlos de Guatemala. También coordinador jurídico de Critosal.

La Copadeh es la encargada de asesorar y coordinar con las dependencias del Organismo Ejecutivo la programación y gestión de los Derechos Humanos y el cumplimiento de los Acuerdos de Paz.

Elvyn Díaz Sánchez fue juramentado este jueves como el nuevo Director Ejecutivo de @copadehgt. Él fue nombrado en sustitución de Yolanda Pérez, quién renunció a inicios de mayo. @Guatevision_tv@prensa_libre pic.twitter.com/Ni8J0JEHsu

— Leslie Sánchez (@lsanchez_gtv) May 22, 2025

Cuántas Consultas Populares se han llevado a cabo en Guatemala durante la era democrática

Los guatemaltecos han ido a las urnas para decidir reformas constitucionales y sobre el diferendo territorial y marítimo con Belice. Esto ha ocurrido entre 1994 y 2018.

Raúl Barreno Castillo

30 de abril de 2024 | 07:00h

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La última Consulta Popular en Guatemala fue en abril de 2018 por el diferendo con Belice. El abstencionismo quella vez fue de 73.67. Esta cifra superan a las consultas populares anteriores de 1994 (85%) y la de los Acuerdos de Paz, en 1999,(81.45%). (Foto Prensa Libre: Hemeroteca PL).

Este lunes 29 de abril, en conferencia de prensa, el presidente de Guatemala, Bernardo Arévalo, confirmó que analizan llevar a cabo una consulta popular para definir el futuro de Consuelo Porras como fiscal general de la República y jefa del Ministerio Público (MP).

Pobladores de Cobán, Alta Verapaz, ya manifestaron la intención de respaldar una acción de esta naturaleza para forzar la salida de Porras del Ministerio Público (MP), a quien señalan de socavar la democracia del país.

Este sería un hecho inédito para un jefe del MP, entre las 10 personas que han precedido a Porras Argueta, quien es la cuarta mujer que ocupa el puesto de fiscal general.

Porras Argueta fue nombrada en 2018, juramentada por Jimmy Morales, en su primer período y luego, para un segundo mandato, por Alejandro Giammattei.

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“La consulta popular es una opción que estamos considerando en el marco de las distintas acciones legales que hemos dicho, para lograr liberar al MP de la red político, económica y legal que en este momento lo tiene controlado”, aseveró Arévalo.

En 2016 se modificó la Ley Orgánica del MP para que la figura presidencial no pudiera remover a quien estuviera al frente del ente investigativo.

La fiscal general, Consuelo Porras, aseguró a Prensa Libre y Guatevisión este 29 de abril que no renunciará al cargo porque su trabajo lo ha hecho bien.

Las otras consultas

En el país, desde la era democrática, en la mitad de la década de 1980 a la fecha, se han llevado a cabo tres consultas. Los guatemaltecos han acudido a las urnas en 1994, 1999 y 2018, por razones que no tienen que ver con las Elecciones Generales.

Dos de las tres consultas conllevaban reformar la Constitución y la otra decidir sobre el diferendo con Belice. La primera Consulta fue en 1994 y hubo un ausentismo del 85%, con una participación de 637 mil votantes.

Esta tuvo su origen en el golpe de Estado del 25 de mayo de 1993, conocido como el Serranazo, cuando el presidente Jorge Serrano Elías, suprimió al Congreso y a la Corte Suprema de Justicia, luego de calificar de corruptos y chantajistas a los miembros de esos organismos, según la Hemeroteca de Prensa Libre.

Días después de asumir como presidente, Ramiro de León Carpio prometió una depuración del Organismo Legislativo y Judicial. Ante eso intentó plantear una consulta el 28 de noviembre de 1993, pero acciones legales de diputados la interrumpieron.

La crisis continuó durante varias semanas, hasta que la Conferencia Episcopal de Guatemala, que actuó como mediadora, logró consenso entre diputados y representantes del Gobierno para convocar a una consulta en torno a las reformas constitucionales.

La consulta a la población sería para decir SI o NO a la reforma de 37 preceptos de la Constitución y la aprobación de cinco artículos transitorios, entre los cuales estaba la reducción del periodo presidencial a cuatro años, suprimir gastos confidenciales, depurar la Corte Suprema de Justicia (CSJ) y la elección de nuevos diputados.

El presidente de León Carpio hizo una campaña a favor del Sí en grandes concentraciones populares como una medida para acabar con la corrupción en el Congreso y en la CSJ.

Ganó el Sí

El resultado de la Consulta Popular fue que los guatemaltecos dieran su respaldo a las reformas constitucionales. Sin embargo, el abstencionismo fue el gran ganador con un 85 por ciento, el más alto de la historia política.

El Sí obtuvo más de 637 mil votos, por su parte el No obtuvo 105 mil, esto significaba que las reformas constitucionales entrarían a cobrar vigencia a partir de abril de 1994, además de que serían convocadas elecciones para elegir nuevos diputados al Congreso en agosto.

La segunda consulta

Esta consulta popular fue el 16 de mayo de 1999 y también fue para reformar la Constitución.

El proyecto de reformas fue promovido por el presidente Álvaro Arzú, que en 1996 había sido uno de los firmantes de los Acuerdos de Paz y a quien también movía el interés desde el Partido de Avanzada Nacional, que promovía a Óscar Berger para las Elecciones de 1999.

También, Alfonso Portillo, del Frente Republicano Guatemalteco, apoyaba las reformas. Junto con ambos presidenciables se movían la Universidad de San Carlos y agrupaciones sindicales.

Aunque Arzú defendía el proyecto, el No ganó en 12 distritos electorales y el Sí en 10. El voto de la capital fue decisivo para botar el proyecto.

Durante los años 1997 y 1998 el Congreso y múltiples instancias de la Sociedad Civil luego de múltiples sesiones y discrepancias entre partidos políticos y los participantes se logró 50 reformas constitucionales, divididas así: Nación y Derechos Sociales, Organismo Legislativo, Organismo Ejecutivo, Organismo Judicial y Administración de la Justicia.

El TSE convocó a la población a Consulta Popular el 1 de marzo de 1999 definiendo las papeletas donde se dividieron las reformas a realizar.

Por el Sí

La posición del Sí es la que más apoyo aparentaba tener en los diferentes sectores del país. Los partidos políticos PAN y FRG fueron los que hicieron proselitismo por medio de sus precandidatos presidenciales Óscar Berger y Alfonso Portillo.

La URNG, el Frente por el Sí, encabezado por el expresidente del CACIF, Luis Reyes Mayén, Agrupaciones Mayas, Cooperativas, la Universidad de San Carlos, la Unidad de Acción Sindical y Popular y la Asamblea de la Sociedad Civil se sumaron.

Por el No

A pesar de la intensa campaña por el Sí, cobró fuerza la campaña por el No en las últimas semanas. El partido ARDE encabezado por su precandidato Francisco Bianchi, ligado a los sectores más conservadores, sumándosele la cúpula del CACIF, la Liga Pro-Patria y el Cedecon, Amigos del País y sectores de la Iglesia Evangélica.

El temor del TSE era que al final el abstencionismo representara un alto porcentaje, por el escepticismo y desinformación de gran parte de la población y la polarización de los diferentes sectores por las diferencias ideológicas que arrastraron las propuestas a las reformas constitucionales.

Quienes se oponían por el No temían que el reconocimiento de los pueblos mayas fuera a dividir al país otorgándole privilegios sobre los ladinos por mencionar una de las razones a la negativa.

La votación

El TSE elaboró el padrón que contaba 4.8 millones de guatemaltecos aptos para votar; 6,971 mesas de votación instaladas en los 330 municipios y 1,234 juntas receptoras de votos. Otro dato destacable es la participación de 70 observadores internacionales.

Resultados

El gran ganador de la consulta fue el abstencionismo, 81.45%, participaron únicamente 757 mil 940 votantes, un 18.55% del padrón. Se esperaba mínimo un 20% de participación de acuerdo con el TSE. El No a todas las reformas ganó la consulta.

A pesar de los resultados, los acuerdos de paz tienen vigencia por sí mismos, y sirven de cita obligatoria en toda discusión acerca de los grandes problemas nacionales. A casi veinte años de esa fallida consulta, ninguna otra de reforma constitucional integral masiva ha sido planteada.

El diferendo de Belice

El 15 de abril de 2018 casi el 96 por ciento de los guatemaltecos votaron por el sí en la consulta popular sobre el diferendo territorial, insular y marítimo con Belice, con lo que se da aval por parte del país para que la Corte Internacional de Justicia (CIJ) intervenga y dé un fallo definitivo sobre el litigio.

El abstencionismo fue de 73.67 por ciento – la participación era de 26.33 por ciento – con el 99.15 por ciento de mesas receptoras de votos computadas.

No obstante, esas cifras superan a las consultas populares anteriores. La de reformas constitucionales de 1994 fue de 85 por ciento, y la de los Acuerdos de Paz, en 1999, fue de 81.45 por ciento.

Guatemala reclama a Belice unos 11 mil 30 km cuadrados de territorio, así como centenares de islas e islotes. La disputa se remonta a 1783, cuando España dio esos territorios en concesión a Inglaterra para que explotara madera.

En 2008, Guatemala y Belice acordaron ir a la Corte Internacional de Justicia para poner fin a la controversia de más de dos siglos. Guatemala dio el primer paso con la consulta.

Pero la Asamblea salvadoreña, controlada por el partido del presidente Nayib Bukele, aprobó esta semana un decreto para eliminar su conmemoración porque “lejos de representar un beneficio para la población salvadoreña, se constituyeron como el inicio de una era de corrupción”, se lee en el dictamen.

En su lugar, el Congreso aprobó celebrar el Día de las Víctimas del Conflicto Armado como “justo reconocimiento a todas las personas que ofrendaron sus vidas durante el mismo (…) con la falsa idea de una sociedad más justa que nunca llegó”.

En el pasado, Bukele llegó a calificar de “farsa” tanto la guerra como los Acuerdos de Paz, los cuales calificó de “negociación entre dos cúpulas” que no trajo beneficio alguno al pueblo salvadoreño.

Los acuerdos fueron firmados en 1992 entre la derechista Alianza Republicana Nacionalista (Arena), entonces al frente del gobierno, y el Frente Farabundo Martí para la Liberación Nacional (FMLN), de izquierdas.

Los enfrentamientos entre guerrillas y ejército dejaron sangrientos sucesos como la masacre de El Mozote, donde fueron asesinadas en torno a un millar de personas.

BBC Mundo entrevistó a Nidia Díaz, firmante de los Acuerdos de Paz en representación del FMLN.

Exguerrillera y exdiputada por este partido, Díaz lamenta que Bukele desee “manipular la historia”, alerta que se están incumpliendo los acuerdos, y asegura que algunas de las condiciones que existían antes del pacto vuelven a verse actualmente en El Salvador, que vive “un momento de claro retroceso”.

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¿Cómo definiría qué supuso la firma de los Acuerdos de Paz hace 30 años para El Salvador?

El fin de 60 años de dictadura, el fin de la guerra civil y el inicio de un proceso democrático en el país.

¿Qué era lo que motivaba a tanta gente sin experiencia militar a adentrarse en las guerrillas en aquella época?

Un profundo amor al pueblo, solidaridad y rebeldía ante la injusticia. En ese tiempo nadie podía decir ni opinar nada. Cuando uno ve que no puede ejercer sus derechos, ahí es donde viene la lucha y la exigencia al Estado.

¿Y en su caso cuál fue su actividad como parte de este movimiento del que acabó siendo comandante guerrillera?

A la lucha revolucionaria me incorporé en el año 71, cuando vivíamos bajo crímenes dictatoriales. Salíamos a las calles a movilizarnos para derrocar la dictadura pero la represión era cada vez mayor y en el 81 comenzó el proceso insurreccional.

En el año 85 fui herida y capturada en combate. Estuve 190 días prisionera y fui liberada gracias a un canje humanitario por el que salimos varios presos.

Por mis cuatro heridas de bala me fue más difícil estar permanentemente en los frentes de guerra y en los últimos años desarrollé más un trabajo político diplomático. Integré la comisión de negociación de los Acuerdos de paz en 1989 y fui firmante de ellos el 16 de enero de 1992.

La guerra civil es tan reciente que sus heridas siguen presentes en la sociedad salvadoreña, aún polarizada y dividida en muchos aspectos. ¿Cuál cree que fue el mayor error de quienes participaron en aquel conflicto con miles de víctimas?

Bueno, la rebelión viene realmente de las víctimas, de la sociedad. Dijimos “basta” a tanta masacre y asesinato de la dictadura que agrupaba todo el poder, mediante métodos de lucha regulados en la Convención de Ginebra.

Solo me gustaría recordar que en el informe de la Comisión de la Verdad, que fue uno de los mecanismos que establecimos en los Acuerdos de Paz, se concluyó que el 87,3% de los casos que investigó habían sido responsabilidad del Estado y grupos ilegales armados que crearon, mientras que cerca del 4% fueron atribuidos como responsabilidad del FMLN.

Otro porcentaje no se sabía a quien atribuir y había que seguir investigando.

Pero las cifras de víctimas son espeluznantes: 75.000 muertos, 8.000 desaparecidos…

Sí. Siendo hijos de una misma patria nos tuvimos que enfrentar hasta llegar al grado de matarse.

Todo país tiene conflictos que se pueden ir agudizando, y si no tienes la capacidad de resolverlos por vías pacíficas, eso explota en una guerra.

Nosotros buscamos salida pero fue imposible cualquier diálogo cuando se empezaron a matar a gestores de la paz como San (Óscar Arnulfo) Romero, dirigentes políticos…

Los acuerdos fueron la salida sensata y política a todo aquello.

¿Cómo recuerda el día de la firma de los acuerdos en Chapultepec, México?

Todo el mundo estaba emocionado. Aunque ni siquiera ese día había certeza de que el presidente (Alfredo) Cristiani iba a firmarlo como representante del Estado salvadoreño.

Pero lo hizo, lo cual le dio más importancia que si lo hiciera una delegación enviada por él.

¿Hubo lagunas o aspectos del pacto que pudieran haberse mejorado?

Los acuerdos y las reformas constitucionales que siguieron crearon una nueva realidad en El Salvador, permitieron la independencia de poderes y fue clave para el funcionamiento de la transición democrática.

Por supuesto pueden ser perfeccionados hacia una mayor democracia participativa y transparente, mayor inclusión de derechos de la gente y más soluciones a problemas de justicia social. Pero la base para que todos los ciudadanos pudieran convivir sin confrontarse fue esa.

El pacto abordó los problemas políticos pero dejó más de lado el ámbito económico y social.

Sí, no pudimos hacer reformas constitucionales sobre la estructura económica. }

Sí se creó una plataforma para que en el foro económico y social se fueran resolviendo problemas como los salarios, pensiones, legalización de tierras… pero lamentablemente no pudo desarrollarse.

¿Qué fue lo más difícil de pactar?

El tema de la desmilitarización, porque implicaba una nueva visión de defensa nacional y seguridad pública.

Nosotros quisimos que en la Constitución dejara de aparecer como un cuerpo “permanente”, pero no lo conseguimos.

Y todos los debates respecto a la impunidad fueron fortísimos, la depuración del ejército, sobre los muertos, los desaparecidos… fue muy intenso. Las negociaciones se prolongaron dos años en lugar de uno, pero se consiguió.

Organizaciones de derechos humanos han acusado repetidamente al actual gobierno salvadoreño de fomentar medidas autoritarias y de empoderar al ejército más allá de sus funciones. ¿Teme que se destruya parte de lo que se logró con los acuerdos?

Hay un incumplimiento de los Acuerdos de Paz. El proceso de militarización que quiere hacer Bukele es contrario a lo que se pactó.

Ahí quedó claro que, en tiempos de paz, el ejército se tiene que reducir, pero él en cambio quiere duplicarlo hasta los 40.000 miembros.

Va haciendo que el ejército se inmiscuya más en funciones de seguridad pública, pese a lo mucho que costó independizar su función.

O como cuando se metió con militares en la Asamblea en febrero de 2020 (para presionar la aprobación de un presupuesto para su plan de control territorial). Eso es grave y muy delicado.

Los Acuerdos de Paz dieron pie a reformas para garantizar la división de poderes, pero el año pasado la Asamblea controlada por el partido de Bukele fue muy criticada por destituir a los jueces del Constitucional y al fiscal general. ¿Ve similitudes entre El Salvador actual y el de antes de los acuerdos?

Sí, hoy vivimos un momento muy difícil en El Salvador de retroceso.

Ahora vuelve a existir una evidente persecución contra algunas personas. Se ve con los periodistas que escriben cuestionando al gobierno, con las ONG a las que se investiga por los fondos que reciben. Es un clima de mucha tensión, de amedrentamiento.

Ahora están en riesgo garantías y derechos que se lograron con los Acuerdos de Paz, que nadie iba a ser perseguido y no se iban a vulnerar sus derechos civiles y políticos. Ahora lo estamos viviendo.

¿Qué pensó cuando Bukele calificó los acuerdos de “farsa”?

Que Bukele los critique es antihistórico e ignorante.

Como negociadora y firmante, ¿le duele que el gobierno haya anulado la conmemoración de los Acuerdos de Paz?

Es aberrante y nefasto para un país que se le intente arrebatar su memoria histórica.

En la memoria quedará para siempre lo que ocurrió el 16 de enero, aunque Bukele no quiera y prefiera borrar la historia. T

odo es porque se mencionan las siglas de quienes firmamos ese acuerdo, y el gobierno actual prefiere lanzar campañas de odio y manipulación sobre lo que pasó.

El presidente de la Asamblea dijo que no había que conmemorar a quienes firmaron los acuerdos porque establecieron aquella polémica ley de amnistía con la que “se perdonaron sus pecados” durante la guerra.

El presidente Cristiani presentó en 1993 esa ley de amnistía, como de borrón y cuenta nueva, que duró hasta que en 2016 una Corte la declaró inconstitucional.

En 2020 se presentó una nueva ley pero las víctimas aún no se sentían representadas, por lo que el FMLN no la apoyó.

Bukele, por su parte, la vetó y se quedó empantanada. Ahora dicen que la Asamblea creará una comisión para investigar crímenes de lesa humanidad durante la guerra.

¿Y qué responde a Bukele cuando dice que la negociación se dio entre dos cúpulas y que no trajo beneficios al pueblo?

El pacto no fue entre los partidos Arena y FMLN, nosotros no queremos un protagonismo individual.

Fue entre el Estado salvadoreño y la fuerza representativa del pueblo, tal y como reconoció al FMLN-FDR la comunidad internacional a través de la Declaración Franco-Mexicana de 1981 que decía que no habría solución al conflicto sin salida política entre ambas partes.

Es importante recordar eso ante la narrativa de Bukele de que el pacto no sirvió para nada, que no tuvo importancia, que no hubo lucha del pueblo, como si una guerra se diera automáticamente sin causas previas.

Y es precisamente en ese ambiente de libertad que se consiguió en el que Bukele pudo crecer.

Ahora, en cambio, el gobierno celebrará en su lugar el Día de las Víctimas del Conflicto Armado al considerar que es a ellas a quienes hay que recordar. ¿No están de acuerdo en priorizarlas?

Bueno, los que nos rebelamos en el 81 éramos víctimas, pero lo que nosotros destacamos es el significado de estos acuerdos, y por los cuales todos pudimos desarrollarnos libremente. Y ahí van incluidas también las víctimas.

Su día debe ser una cosa solemne, exclusiva, tal y como organizaciones han pedido durante mucho tiempo para que sea celebrado el 30 de agosto.

Y aunque ellos (el partido de Bukele) tiene mayoría en la Asamblea, no lo han aprobado.

Vista la situación actual, ¿se necesita recuperar el clima de negociación y diálogo que hubo hace 30 años en El Salvador?

Por supuesto, porque a lo que vamos es a un clima de más y más confrontación.

Hay que respetar la institucionalidad y abrir procesos de diálogo y entendimiento para que se puedan superar los conflictos.

Durante la ceremonia, celebrada en el Palacio Nacional de la Cultura, fue evidente la ucencia del presidente Alejandro Giammattei, el presidente del Congreso, Allan Rodríguez, y la presidenta de la Corte Suprema de Justicia (CSJ), Silvia Valdés.

Sin embargo, en la mesa principal se ubicaron el diputado Manuel Conde Orellana, el director de la Comisión Presidencial por la Paz y Derechos Humanos, Ramiro Alejandro Contreras, y el ministro de Cultura y Deportes, Felipe Aguilar.

En tanto, entre los asistentes había oficiales del Ejército, representantes de la sociedad civil, ministros y diputados del Ejército.

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El diputado Manuel Conde fue designado para hacer el cambio de la rosa de la paz en el Palacio Nacional de la Cultura, firmar el Libro De Oro y fue nombrado embajador de la Paz. Conde fue negociador del proceso de paz durante el gobierno de Jorge Serrano Elías, en 1991, cuando se desempañaba como secretario general de la Presidencia.

“Ese conflicto nos había causado mucha muerte y dolor, daños en la infraestructura del Estado, pérdida de vidas valiosas y teníamos que buscar la manera de terminar ese flagelo ingrato del conflicto armado interno que nos venía golpeando de una manera severa”, señaló Conde, quien añadió que en 1991 cinco civiles y cinco oficiales del Ejército empezaron un proceso de diálogo con la URNG.

“Hoy en día hay otras modalidades de violencia. La de migración, la descalificación, el insulto, redes sociales cargadas de insultos. Ya no más, ya no podemos seguir pasando el morral de odio de un hombro a hombro”, comentó Conde.

“Hagamos de esa paz una realidad. Callar los fusiles no fue fácil y hoy tenemos que callar los estómagos hambrientos, tenemos que callar la angustia de la falta de salud, tenemos que callar la angustia de la falta de desarrollo y tenemos que ser capaces de construir una sociedad en la que quepamos todos y vivamos dignamente”, reiteró Conde.

Además, Conde señaló que en El Salvador hubo más de 400 muertes selectivas en la etapa del postconflicto, pero que en Guatemala no hubo un solo caso; sin embargo, menciono el asesinato contra Monseñor Juan José Gerardi.

“En el post enfrentamiento armado interno guatemalteco no hubo una -muerte-, la única muerte no esclarecida es la de monseñor Gerardi y esa muerte tienen cinco hipótesis y la última es que es un crimen político, pero nunca hubo una acción contra un soldado, contra un oficial retirado, contra un oficial en activo, contra un expatrullero, contra un exguerrillero, nunca”, refirió.

Agregó que “los señores de la URNG se incorporaron a la vida política -luego de la firma de la paz- y han hecho campaña donde han querido y valoramos eso como sociedad. Sabríamos eso, pues tenemos que saberlo para valorarlo, entender, afianzar, porque si fuimos capaces de eso, somos capaces de más. Seguimos como un hámster dando vueltas en una rueda agotándonos, desgastándonos y a dónde vamos”, refirió.

Se consultó a Presidencia del porque no Giammattei no participó en el acto de conmemoración de los 25 años de la firma de la paz y respondieron que “el presidente Alejandro Giammattei, por medio del acuerdo 100-2020, creó la Comisión Presidencial por la Paz y los Derechos Humanos (COPADEH), que encabeza el director ejecutivo Ramiro Contreras”.

Agregaron que “la COPADEH fue creada con el fin de fortalecer los mecanismos y acciones para la protección de los derechos humanos; y propiciar el seguimiento y pleno cumplimiento de los compromisos derivados de los Acuerdos de Paz, suscritos el 29 de diciembre de 1996”.

Los Acuerdos de Paz Firme y Duradera en Guatemala pusieron fin a 36 años de un conflicto armado que dejó más de 200 mil muertos y 45 mil desaparecidos.

Ese proceso tuvo su origen en la Declaración de Esquipulas, cuyo 35 aniversario se conmemora también este año, que marcó el camino para la concertación entre los países de la región centroamericana.

Algunos sectores señalan que problemas estructurales como el combate a la pobreza y a la desnutrición, la lucha contra la corrupción y el crimen organizado, el fortalecimiento de las instituciones y la defensa de los derechos humanos siguen requiriendo de atención en la actualidad.

Señalan retroceso

Jordán Rodas, procurador de los Derechos Humanos, se pronunció este 29 de diciembre respecto al 25 aniversario de la firma de los Acuerdos de Paz en Guatemala.

“Los Acuerdos de Paz Firme y Duradera suscritos el 29 de diciembre de 1996 cerraron uno de los capítulos más trágicos de la historia de Guatemala”, señala el comunicado de la PDH en el marco del 25 aniversario de ese hecho histórico.

Sin embargo, en la publicación, el procurador indica que el país ha consumado un retroceso de 25 años durante el gobierno de Alejandro Giammattei, por el aumento de las transgresiones a la Constitución, anulación de los contrapesos de la República y violaciones a los Derechos Humanos.

“La Constitución ha sido transgredida reiteradamente, sin consecuencias para los responsables; la corrupción y la impunidad han vuelto por sus fueros; quedó desmantelada la institucionalidad de la paz y las violaciones de los derechos humanos en los últimos dos años no tienen precedentes desde la firma de los Acuerdos de Paz”, consigna el documento compartido por la PDH.

Además, la congresista estadounidense de origen guatemalteco, Norma Torres, se pronunció sobre la conmemoración del aniversario de la firma de los Acuerdos de Paz y señaló que hay deterioro en el estado de derecho.

“Hoy se cumple el 25 aniversario de los acuerdos de paz de Guatemala. El deterioro del estado de derecho y los ataques contra quienes luchan por los derechos humanos, la reconciliación y la rendición de cuentas son un retroceso, pero sigo comprometida con la lucha por la justicia y un futuro mejor para el país”, escribió Torres en su cuenta de Twitter.

Today marks the 25th anniversary of Guatemala’s peace accords. The deterioration of rule of law & attacks against those fighting for human rights, reconciliation, & accountability are a setback, but I remain committed to fighting for justice & a better future for the country.

— Rep. Norma Torres (@NormaJTorres) December 29, 2021

España

España se unió a la conmemoración del 25 aniversario de los Acuerdos de Paz Firme y Duradera en Guatemala.

El Ministerio de Exteriores español recordó, en un comunicado, que los acuerdos que fueron fruto de un largo proceso de diálogo y conciliación entre los guatemaltecos, que contó con el “acompañamiento decidido” de España y de la comunidad internacional.

Ese proceso tuvo su origen en la Declaración de Esquipulas, cuyo 35 aniversario se conmemora también este año, que marcó el camino para la concertación entre los países de la región centroamericana, destacó Exteriores.

El ministerio español añadió que la paz contribuyó a consolidar una democracia representativa, que estableció una hoja de ruta para la consecución y desarrollo de una sociedad equitativa e inclusiva a través de la erradicación de las causas estructurales subyacentes al origen del conflicto y que asolaron durante décadas a Guatemala y a la región centroamericana, así como del reconocimiento de la identidad y los derechos de los pueblos indígenas como parte esencial de su sociedad multiétnica.

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La creación de la Copadeh fue anunciada en un acto oficial en el Palacio Nacional de la Cultura, el primer acto de su tipo con el binomio presidencial, el Consejo de Ministros y el cuerpo diplomático durante la emergencia por el coronavirus.

Según el canciller Pedro Brolo, la nueva institucionalidad en derechos humanos aborda desafíos de los no había plena conciencia en 1996, cuando se firmaron los Acuerdos de Paz, como una mayor pobreza y pobreza extrema, migración, crimen organizado, conflictividad social en aumento y el coronavirus.

Asimismo existe una nueva gestión pos conflicto en un contexto de globalización y conectividad.

Derivado de ese cambio la administración de Giammattei creó la Comisión Presidencial por la Paz y los Derechos Humanos (Copadeh), que que recogerá la visión actualizada en derechos humanos y fortalecimiento de la paz que habían construido desde 1996 la Secretaría de la Paz (Sepaz), la Comisión Presidencial por los Derechos Humanos (Copredeh) y Secretaría de Asuntos Agrarios (SAA).

La paz y los derechos humanos no tienen que ser un recuerdo histórico, sino una realidad viva que debemos reverdecer y darle un sentido de presente y futuro, hacerla parte de la vida cotidiana de toda la población de nuestro país. Alejandro Giammattei, presidente.

Esa comisión será presidida por el presidente de la República y los ministros de Agricultura, Energía y Minas, Gobernación y Finanzas; el Consejo de Áreas Protegidas (Conap), la Procuraduría General de la Nación (PGN) y la Secretaría General de Planificación (Segeplan).

El director de la Conadeh será elegido por el presidente, para lo cual habrá próximamente una convocatoria pública, dijo el gobernante Alejandro Giammattei, quien además convocó a las fuerzas vivas del país para que, desde todos los sectores, culturas e idiomas, puedan dar aportes sobre la construcción de la paz y el mejoramiento de las condiciones de vida de los guatemaltecos.

En un discurso, Giammattei dijo que no se borra la institucionalidad de la paz y los derechos humanos sino que con la Conadeh se reafirma el compromiso histórico del Estado adquirido en 1996, con una visión actualizada hacia el presente y el futuro, poniendo en el centro de las acciones a la persona y a la comunidad.

Resaltó que la paz no solo debe ser la ausencia de guerra sino el mejoramiento de las condiciones de vida y privilegiar “lo que une más que lo que nos divide”.

El gobernante enfatizó la atención de la conflictividad social orientada a solución de los problemas profundos que generan la confrontación.

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El partido político URNG confirmó el deceso de uno de sus líderes históricos en un boletín de prensa en el que lamentó el fallecimiento de “uno de los integrantes de la comandancia general (de la guerrilla) y firmante de los Acuerdos de Paz”, que pusieron fin a 36 años de conflicto armado el 29 de diciembre de 1996.

El único diputado de dicha organización política en la actual legislatura, Walter Félix, aseguró que Rosales se encontraba enfermo y “bastante delicado” de salud.

Por su parte, el comandante Pablo Monsanto -seudónimo usado por Jorge Ismael Soto- indicó que Rosales “era diabético y tenía algunos problemas en el sistema digestivo”.

Rosales fue líder estudiantil de la Universidad de San Carlos, miembro y secretario general del clandestino Partido Guatemalteco del Trabajo (PGT), además de secretario de actas de la URNG ya como partido político y diputado entre 2000 y 2004.

Al concluir su actividad política, fue columnista en el diario La Hora, aunque los últimos años estuvo retirado de la vida pública a causa de la enfermedad que, a decir de Monsanto, “lo fue postrando y desgastando físicamente”.

Junto a Monsanto (líder de las Fuerzas Armadas Rebeldes), Rodrigo Asturias alias “Gaspar Ilom” (Organización del Pueblo en Armas) y Ricardo Ramírez de León o “Rolando Morán” (Ejército Guerrillero de los Pobres), Rosales (Carlos González) lideró la facción “política” de la guerrilla a la cabeza del PGT, cuya facción prevaleció en los centros urbanos, principalmente.

De los cuatro comandantes de la guerrilla guatemalteca solo sobrevive Pablo Monsanto, actual secretario general del partido político Convergencia, que consiguió 49.447 votos (1.22 por ciento) en la elección legislativa y apenas 37 mil 579 papeletas marcadas (0.75 por ciento) en la decisión presidencial de junio pasado, por lo que será cancelado por el Tribunal Supremo Electoral al no llegar al 5 por ciento de las preferencias.

Monsanto subrayó el papel de Morán, Ilom y González (Rosales) para “concretar los Acuerdos de Paz”, pues “nadie más puede atribuirse el hecho de lograr esos acuerdos”, que significan el “legado más valioso que cada uno de los miembros de la comandancia dejó para el país”.

Los acuerdos firmados el 29 de diciembre de 1996 por el Gobierno de Álvaro Arzú, el Ejército y la URNG “siguen siendo la agenda que Guatemala debe cumplir”, enfatizó Monsanto, quien advirtió que aún “están vigentes en su contenido en más de un 60 por ciento” pues “ninguno de los Gobiernos (pasados) cumplió a cabalidad con ellos”.

El conflicto armado guatemalteco dejó un total de 200 mil muertos y más de 45 mil desaparecidos, el 93 por ciento a manos del Ejército de Guatemala, de acuerdo a un informe elaborado por la Organización de Naciones Unidas.

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Tum, vestida con un colorido traje de la etnia maya-kaqchikel, antes de encender el fuego para la ceremonia maya en el sitio arqueológico Kaminaljuyú, lamentó que tras 23 años del final de la guerra no se la haya dado total cumplimiento a los acuerdos pactados entre el gobierno y las fuerzas insurgentes.

“Esperamos que en este año 2020 haya cambio en todo sentido”, agregó la líder indígena, quien junto a delegados de 14 consejos indígenas mayas elaboraron el altar con flores, velas y fuego alimentado con resinas de árboles, entre otros elementos.

El conflicto armado interno en Guatemala finalizó el 29 de diciembre de 1996 con la firma del pacto de paz firme y duradera, al que le antecedieron varios compromisos para atender las causas que provocaron la guerra como la pobreza.

Lourdes Xitumul, titular de la estatal Secretaría de la Paz (Sepaz), presente en la ceremonia, señaló que la entidad a su cargo “es la primera en reconocer que hay mucha brecha y muchos desafíos en el cumplimiento de los acuerdos de paz que son los sustantivos”.

“No podemos esconder las cifras de la pobreza, desigualdad y marginación que hay principalmente en grupos vulnerables”, añadió la funcionaria, aunque señaló que se debe rescatar lo “fundamental” que fue el cese el fuego.

Inicia el acto ceremonial maya para conmemorar el 23 aniversario de la firma de los Acuerdos de Paz. La ceremonia se lleva a cabo en el Parque Arqueológico Kaminaljuyú, en la zona 7 de la capital pic.twitter.com/8M4DMuK15w

— Prensa Libre (@prensa_libre) December 29, 2019

• Casi 6 de 10 guatemaltecos vive en la pobreza, según datos oficiales, aunque la cifra llega a 80% en algunas comunidades indígenas.
• Los pueblos indígenas maya, xinca y garífuna (negros del Caribe) representan el 44% de los 15 millones de guatemaltecos, de acuerdo con el nuevo censo de población publicado en septiembre pasado.

“Todo lo que se firmó solo se quedó en papel porque no se han respetado los derechos de los pueblos originarios”, agregó el sacerdote maya Alejandro Tiul.

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“¿Dónde está la paz que se firmó?”, cuestionó por su lado Oswaldo Cac, guía espiritual del norte del país.

La Guerra Civil guatemalteca dejó 200 mil muertos y desaparecidos, reveló en 1999 una Comisión de la Verdad auspiciada por la Organización de Naciones Unidas (ONU). La mayor parte de las atrocidades fueron atribuidas a las fuerzas de seguridad del Estado, muchas de ellas masacres en poblados indígenas.

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Aunque reconoció que existen temas pendientes por cumplir en la agenda de Paz, también indicó que se “defendió” la “soberanía” de Guatemala, sin especificar cuáles serían las amenazas.

“En nuestro caso, nos restan 16 días para finalizar nuestro mandato presidencial y gracias a Dios y al apoyo de la mayoría de los guatemaltecos, superamos las amenazas nacionales e internacionales que pusieron en riesgo la gobernabilidad, la seguridad, el orden público y la paz. Como gobierno hicimos lo que teníamos que hacer, defender nuestra soberanía, defender nuestro Estado de Derecho, defender nuestra paz y defender a todos los miembros de nuestra sociedad porque tanto nos ha costado construir esta nación”, indicó Morales.

El presidente añadió que, los guatemaltecos no pueden vivir “enfrentados, divididos o polarizados” por ningún motivo ni por ninguna “instancia”. Además, recordó que se debe “apoyar” al gobierno entrante.

El acto protocolario tuvo una duración de 1.30 horas y para ello se invirtió Q69 mil para contratar equipo de vídeo, equipo de sonido profesional, tarimas, iluminación, mobiliario, equipo e insumos y alimentación.

Ceremonia Maya

La conmemoración del Aniversario de la Firma de Paz inició con una ceremonia maya, la cual fue efectuada durante varias horas desde las 7 de la mañana, por 22 guías espirituales provenientes de diferentes áreas del país. Fue pública y sin costo, en la cual se pidió por la paz en el país. Además, fue organizada por la Secretaría de la Paz (Sepaz) y la Comisión de Lugares Sagrados.

Amalia Tum, guía espiritual maya del área cakchiquel e integrante la Comisión para la definición de los lugares sagrados.

“Estamos pidiendo al creador que se desaten todos los nudos en el camino a nivel familiar, personal y político porque somos parte de una unidad por lo tanto debemos buscar la paz para que llene los corazones de todos los hogares”.

“Estamos conmemorando 23 años desde la firma de la paz en Guatemala que para nosotros los pueblos indígenas marcó gran importancia al mismo tiempo que es histórica; sin embargo, aunque han pasado dos décadas aún se vive el racismo y la discriminación y estamos acá celebrando esta ceremonia maya para pedir al estado que cumpla con los compromisos que adoptaron al firmar los acuerdos de paz”.

De acuerdo con la espiritualidad maya, Kaminaljuyu es un sitio sagrado de importancia energética, mientras que el fuego es el corazón de la ceremonia y representa la conexión con el creador, Ajaw, a quien se le agradece y se le pide por la paz, la armonía y la salud. pic.twitter.com/6sie7ZKfLv

— Pablo Juárez (@pjuarez_pl) December 29, 2019

Lourdes Xitumul, titular de la Sepaz expresó que “es necesario que nos convoquemos para reconocer, conmemorar y resignificar los Acuerdos de Paz como un hecho histórico y político que marcó al país en una nueva etapa de la búsqueda de ese desarrollo por es consideramos oportuno y necesario estar en este centro ceremonial, lo que significa la inclusión de los pueblos indígenas y el respeto a la diversidad cultural”.

“La ceremonia se celebra junto a los guías espirituales desde el tiempo que se firmó la paz y nosotros como institución pública nos sumamos a acompañarlos”, agregó al comentar que “podemos mencionar los avances que se han logrado desde que se firmó la paz y no me cansaré de decir que cesó el fuego, aunque también reconocemos que aún hay mucha brecha”.

La mañana de este domingo se lleva a cabo una ceremonia maya en el Parque Arqueológico Kaminaljuyu en conmemoración del 23 aniversario de la firma de los Acuerdos de Paz. pic.twitter.com/RyiHZIxKyU

— Pablo Juárez (@pjuarez_pl) December 29, 2019

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Esta actividad la efectuarán 22 guías espirituales de todo el país y está organizada por la Sepaz y la Comisión de Lugares Sagrados.

En esta ceremonia, que es pública y sin costo, se pedirá por la paz en el país y evidencia el respeto a la interculturalidad, señala el departamento de Comunicación Social de esa secretaría.

Por la tarde, a las 17 horas, comienza el acto protocolario en el Palacio Nacional de la Cultura, al que asistirán el presidente Jimmy Morales y el vicepresidente Jafeth Cabrera, el gabinete de Gobierno, cuerpo diplomático y sociedad civil.

Además de los discursos y las palabras de bienvenida de la secretaria de la Paz, Lourdes Xitumul, también se presentará un video que resumen los avances que se obtuvieron durante el 2019 en temas de paz.

El acto protocolario tendrá una duración de 1.30 horas y para ello se invertirán Q69 mil para la contratación de equipo de video, equipo de sonido profesional, tarimas, iluminación, mobiliario, equipo e insumos y alimentación.

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Opiniones opuestas

La conmemoración de la Firma de los Acuerdos de Paz hace pensar en los avances y desafíos que persisten en este tema, lo que además genera opiniones diferentes.

Ruth del Valle, activista en derechos humanos, señala que en términos generales no hay avances suficientes para presentar este año, pues hay estancamiento en el resarcimiento de las víctimas, no hay una política efectiva para las inhumaciones y exhumaciones de los cementerios clandestinos, tampoco se han actualizado ni homologado los estándares internacionales con las normas nacionales en temas de tortura y desaparición forzada.

Tampoco hay avances en el Acuerdo de Identidad y Derechos de los Pueblos Indígenas, como ejemplo el uso del idioma materno en las instituciones del Estado.

Tampoco se ha creado una comisión nacional de búsqueda de personas, que era una necesidad para la reconciliación, y no se ha incluido el informe de la Comisión para el Esclarecimiento Histórico en el pensum de estudios.

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“Los acuerdos -de Paz- daban una agenda nacional para el desarrollo, plantean una ruta, pero ha sido ignorada. Hay muchas cosas que son sustantivas que podrían transformar a la sociedad y la propia realidad guatemalteca, pero no se han impulsado”, indica Del Valle.

Para la experta, también hay preocupación debido a que el presidente electo, Alejandro Giammattei, dijo que “los Acuerdos de Paz no existen”, lo que significaría un retroceso para el país.

“La sociedad está cansada de todo lo que pasa, pero hay que salir a la calle y reclamar que eso no desaparezca”, pide la activista.

Por su parte, Raquel Zelaya, politóloga experta de la Asociación de Investigación y Estudios Sociales (Asies), firmante de los acuerdos por parte del gobierno y exsecretario de la Paz, dice que las funciones de la Sepaz están mermadas por falta de apoyo y peso político, porque los ministerios de Estado han tomado esa función.

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“La conmemoración es de un proceso que finalizó la persecución política como política de Estado y se puso fin a la guerra que tenía 36 años, pero está más que superada una etapa de estar enumerando compromisos”, asegura.

Para Zelaya, la agenda sustantiva de la paz, que sigue vigente, es el tema de reconciliación, desarrollo rural, multiculturalidad, de seguridad y justicia, que son temas de los que la sociedad se ha apropiado.

La experta considera también que hace 23 años, en la mesa de negociaciones, no se consideró la penetración del crimen organizado ni del narcotráfico, tampoco la relevancia que tomó la migración y la desnutrición, pero señala que los Acuerdos de Paz si podían crear las condiciones necesarias para evitarlos.

“Esta agenda sustantiva ya está incorporada en los planes de gobierno de las opciones políticas en las elecciones; además, hay dinamismo en la participación política de las mujeres y el tema indígena que eran impensables hace 23 años”, destaca Zelaya.

Para la experta sería adecuado que se finalicen las funciones de la Sepaz porque estas ya están mermadas.

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La referida comisión es presidida por la fiscal general María Consuelo Porras; además, está integrada por dos magistrados de la Corte Suprema de Justicia, el ministro de Gobernación, el Instituto de la Defensa Pública Penal, la Comisión Presidencial de Derechos Humanos, la Policía Nacional Civil, el Colegio de Abogados, las facultades de Derecho de las universidades de San Carlos y Rafael Landívar, así como representantes de la sociedad civil.

.@CC_Guatemala otorga amparo provisional solicitado por @PDHgt @JordanRodas dejando en suspenso temporal la vigencia del acuerdo que disuelve la Comisión Nacional para el Seguimiento y Apoyo al Fortalecimiento de la Justicia. pic.twitter.com/STNTjXM4WT

— PDH Guatemala (@PDHgt) July 16, 2019

Argumentos

Luego de la publicación del acuerdo, el secretario de Comunicación Social de la Presidencia, Alfredo Brito, explicó a la Agencia Efe que el Consejo de Ministros realizó “las consideraciones” y un “análisis” en el que se determinó que la Comisión Nacional para el seguimiento y Apoyo al Fortalecimiento de la Justicia no continuará para “evitar la dualidad de funciones”.

Brito mencionó que el Gobierno decidió la disolución de la entidad “en aras de la eficiente administración del gasto público”, pues ya existe una “Instancia Coordinadora de la Modernización del Sector Justicia”.

Durante varios años se han registrado enfrentamientos entre pobladores de ambos de municipios, debido a un conflicto limítrofe.

Este nuevo enfrentamiento se da, pese a que en mayo de este año se firmó un acuerdo que busca promover la convivencia pacífica entre ambos poblados. Este conflicto territorial ha causado muertos, heridos y bloqueos en la ruta Interamericana.

El último enfrentamiento entre ambas poblaciones se registró el 1 de abril de este año y se reportó la muerte de un poblador.

Los últimos enfrentamientos se han registrado en la cumbre de Panquix.

Antecedentes

El 13 de julio del 2017, se registró un enfrentamiento entre ambas comunidades. En el incidente un hombre perdió la vida, dos resultaron heridos y tres fueron capturados.

En esa ocasión, los pobladores se agarraron a machetazos por la disputa de un terreno del que ambas comunidades alegan ser propietarias.

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La Secretaría de la Paz, indica el acuerdo 97-2019, deberá “solventar” los convenios, contratos vigentes, acreedores, deudores, impuestos y otras actividades, además de realizar un inventario de bienes muebles e inmuebles y otros activos, atender las obligaciones contraídas y pedir a la Contraloría General de Cuentas que realice “las auditorías que sean necesarias”.

El secretario de Comunicación Social de la Presidencia, Alfredo Brito, explicó a la Agencia Efe que el Consejo de Ministros realizó “las consideraciones” y un “análisis” en el que se determinó que la Comisión Nacional para el seguimiento y apoyo al fortalecimiento de la Justicia no continuará para “evitar la dualidad de funciones”.

Brito mencionó que el Gobierno decidió la disolución de la entidad “en aras de la eficiente administración del gasto público”, pues ya existe una “Instancia Coordinadora de la Modernización del Sector Justicia”.

Por su parte, la portavoz del Ministerio Público, Julia Barrera, indicó que la fiscal general, Consuelo Porras, se reunirá con su equipo “para analizar el acuerdo y tomar las decisiones que en derecho correspondan”.

Además del Ministerio Público (como coordinador de la Comisión de Apoyo), la entidad estaba integrada por dos magistrados de la Corte Suprema de Justicia, el ministro de Gobernación (Enrique Degenhart), el Instituto de la Defensa Pública Penal, la Comisión Presidencial de Derechos Humanos, la Policía Nacional Civil, el Colegio de Abogados, las facultades de Derecho de las universidades San Carlos (pública) y Landívar (jesuita) y miembros de la sociedad civil.

La Comisión Nacional para el Seguimiento y Apoyo al Fortalecimiento de la Justicia “forma parte de la denominada institucionalidad del Proceso de Paz”, según el sitio oficial de la entidad ahora disuelta por la Presidencia de Guatemala.

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El último enfrentamiento entre ambas poblaciones se registró el 1 de abril último y se reportó la muerte de un poblador.

En esa ocasión, varios videos circularon en las redes sociales en los que se escucha detonaciones de arma de fuego.

Esta disputa territorial motivó a entablar mesas de diálogo con la intención de resolver el conflicto que tienen décadas. Los últimos enfrentamientos se han registrado en la cumbre de Panquix, donde la situación ha sido tensa.

La Gobernación de Sololá informó que representantes de varias instituciones estatales y los alcaldes de ambos municipios se reunieron en el Instituto Nacional de Fomento en Quetzaltenango, donde efectuaron una mesa de diálogo para la suscripción de los acuerdos de convivencia pacífica, así como la aprobación de la ruta de seguimiento por parte de la Comisión Técnica.

Acuerdos alcanzados

• Resolver las diferencias, controversias, disensos y conflictos antes durante y después del análisis, estudio y formulación de una propuesta de solución integral entre Nahualá y Santa Catarina Ixtahuacán.
• Respetar la libertad de locomoción dentro y fuera de los referidos municipios.
• Aceptar la presencia y actuación de integrantes de la institucionalidad pública/estatal, como facilitadores y mediadores para darle transparencia, legalidad y legitimidad al presente proceso de diálogo.
• También se acordó la presencia de las fuerzas combinadas de seguridad (Ejército de Guatemala y Policía Nacional Civil) a requerimiento de las autoridades municipales y comités comunitarios de ambos municipios y como una obligación del Estado de Guatemala.
• Brindar apoyo psicológico a niños, niñas, mujeres y hombres afectados por los actos violentos en los últimos días.
• Identificar a personas o grupos que hayan cometido actos delictivos para la aplicación de las respectivas sanciones penales.
• Acatar y/o consensuar los resultados parciales y penales que resulten del proceso de análisis, estudio y evaluación de los documentos proporcionados por las autoridades municipales de Nahualá y Santa Catarina Ixtahuacán.

Antecedentes

El 13 de julio del 2017, se registró un enfrentamiento entre dos comunidades de Santa Catarina Ixtahuacán. En el incidente un hombre perdió la vida, dos resultaron heridos y tres fueron capturados.

En esa ocasión, los pobladores se agarraron a machetazos por la disputa de un terreno del que ambas comunidades alegan ser propietarias.

El enfrentamiento se registró en el límite entre Chiquisis, Santa Catarina Ixtahuacán; y Pachutiquim, Nahualá.

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Durante la trifulca entre los vecinos murió Fracisco Guarchaj Tahay, 35, por heridas causas con machete.

En 1999, un enfrentamiento entre pobladores dejó varios heridos en Santa Catarina Ixtahuacán.

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Firmantes creen que los Acuerdos de Paz son una agenda pendiente

Aseguró que eso provoca que las familias se dividan, las instituciones se debiliten, la autoridad se cuestione y todo esto se convierte en un proceso que tiende a una crisis que culmina con el enfrentamiento y la paralización de la sociedad”
 
“Ese es el momento ambiguo que vivimos en Guatemala. Vivimos una paz que cada vez es menos verdadera, que cada vez es más una paz aparente”, aseguró el congresista, quien posteriormente dio a conocer el contexto en el que se firmaron los Acuerdos de Paz.
 
Posteriormente el legislador añadió que “la paz no se construye convirtiendo la memoria en la fuente del rencor y el resentimiento y convirtiendo la política en una búsqueda ciega de reivindicación e imposición”.
 
“La paz no se construye separando los estamentos étnicos de una sociedad ni cercenando partes enteras de una historia compartida. Nadie puede pretender ser el dueño o el intérprete elegido del destino de una sociedad. La paz no se construye desde la violencia radical del mesianismo político. La paz no puede construirse pensando que los principios políticos globales pueden substituir las normas particulares prescritas por una tradición y una historia que nos identifica como pueblo”, destacó Arzú Escobar.
 
En la parte final de su discurso el presidente del Organismo Legislativo hizo énfasis en las palabras que pronunció su padre Álvaro Arzú Escobar, cuando fue presidente en 1996 y precisamente el día que se firmaron los Acuerdos de Paz.
 
“Sirvan estas palabras para demandar que se nos respete como un país libre, como pueblo soberano y único responsable de su destino y así como la paz se firmó por decisión de los guatemaltecos, somos los guatemaltecos, sin injerencia alguna, los que forjamos y tomamos nuestras propias decisiones”, finalizó Arzú Escobar.
 
Posteriormente el mandatario Jimmy Morales subió al podio y comenzó a pronunciar su discurso, el cual comenzó al decir que “somos los guatemaltecos, los nacidos en esta tierra y también aquellos que han nacido lejos pero son hijos de guatemaltecos, los responsables de construir la Guatemala que queremos”.
 
Dijo que ha leído libros como “La guayaba tiene dueño, del señor Serrano” (Jorge Serrano Elías, autor del autogolpe de 1993) y la autobiografía del expresidente Álvaro Arzú.
 
Luego de hacer varias alusiones a lo que “significa vivir” se enfocó en las dos primeras palabras del himno nacional. “Guatemala Feliz, una frase que es una idea completa en sí misma”, dijo el mandatario quien señaló que esto debe ser en un lugar “donde haya paz, prosperidad, desarrollo, que no se fundamente en el establecimiento del otro”.
 
El presidente hizo énfasis posteriormente en el expresidente Arzú Escobar y leyó varios párrafos de una biografía del fallecido mandatario particularmente en donde se narra cómo fue que logró pactar la paz con las fuerzas guerrilleras.
 
Posterior a recordar que la paz debe ser motivo para recordar los momentos difíciles y la época a la cual nunca se debe volver el mandatario insistió en que nada debe dividir a los guatemaltecos y todos deben “procurar la unidad nacional”.
 
“La justicia es algo que debemos construirla todos los días no de forma selectiva, de forma tal que podamos ser ejemplo. Y solo cuando nuestras instituciones actúen con objetividad que seremos ejemplo”, afirmó Morales.
 
Posteriormente enfocó su discurso en que Guatemala está en vísperas de un proceso electoral y destacó que el país ha sido un ejemplo de democracia y que esto debe hacerse “sin ayuda ni intromisión de nadie”.
 
“Así que ahora que estamos en vísperas de un proceso electoral lo único que pido es que las elecciones generales sean democráticas y libres de cualquier tutelaje nacional o incidencia extranjera”, aseveró el presidente.
 
Morales siguió con su discurso y agregó que está seguro que la mayoría de los guatemaltecos apuestan por una Guatemala en Paz, pero que “lamentablemente” hay algunos que dividen al país y seguramente “son personas que no aman a Guatemala”.
 
“Han hecho llamados a levantamientos, conste que son extranjeros y bajo la sombrilla de Nacionales Unidas. No se vale… y el silencio también es condenable, porque no se vale”, aseveró Morales.
 
Apuntó que que está consciente de que de que faltan cosas por hacer por el cumplimiento de los Acuerdos de Paz, pero que el Gobierno está comprometido, en desarrollar una agenda que busque cumplir con esos objetivos.

No hizo mención alguna a Jakelin Caal ni Felipe Gómez, los dos niños migrantes que murieron este mes bajo custodia de la Patrulla Fronteriza cuyos padres huían de la pobreza, ni al aumento de deportaciones, que este año marcaron récord. Por último deseó felices fiestas de fin de año a los invitados al acto.

Dos niños efectuaron el acto del cambio de la Rosa de la Paz, tras lo cual se fotografiaron junto a Morales, el vicepresidente Jafeth Cabrera y Arzú Escobar.

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Así prevé la funcionaria que será el ambiente que se vivirá este sábado en el edificio de gobierno, donde el presidente Jimmy Morales dará a conocer un breve informe de sus logros en el cumplimiento de los acuerdos, los cuales, según la exsecretaria de la Paz y signataria del Convenio Raquel Zelaya, “son una agenda vigente que no puede faltar en los debates de los candidatos a la Presidencia y las alcaldías del próximo año”.

Luces y sombras

Zelaya  considera que la agenda sustantiva de los acuerdos de paz continúa  vigente, con sus “luces y sombras”, porque si se analiza, por ejemplo,  el Acuerdo sobre Identidad y Derechos de los Pueblos Indígenas, suscrito en México en 1995, los problemas “no están totalmente atendidos y resueltos, pero están vigentes en la agenda nacional”.

Sin embargo, Zelaya cree que ese alto al fuegoha permitido  que esas zonas vean ahora alguna luz, pues aunque siguen siendo pobres, al menos pueden pensar en tener un centro de salud o escuelas, porque durante el conflicto armado “esas áreas se encontraban minadas, y aunque hubiese fondos nadie aplicaba para llegar a  construir”.

Según la exsecretaria de la Paz, ha sido difícil darles seguimiento con el mismo empuje a todos los acuerdos porque son muy complejos, y no solo abarcaron  el cese al fuego y la incorporación de la insurgencia, sino que fueron “los primeros que se firmaron en el mundo que  incluyeron otros temas que tocan aspectos estructurales”.  

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“Yo creo que no es a través de una secretaría de la Paz ni de comisiones de la paz con lo que se puede lograr el cumplimiento de estos acuerdos, sino que se debe tratar de que en los debates electorales del año entrante se vuelvan a debatir y se eleve el nivel de discusión y solución para los mismos”, dijo Zelaya.

Agregó: “En síntesis, creo que los acuerdos le dieron un empujón al diseño de la sociedad, de la patria, que un día quisiéramos tener”.

Zelaya, que representó al Gobierno en la firma del Acuerdo de Paz Firme y Duradera, afirma que lo suscrito con la Unidad Revolucionaria Nacional Guatemalteca (URNG) en 1996 refleja las aspiraciones de los guatemaltecos.

Una paz política

El sociólogo y también firmante de la paz Gustavo Porras indica que lo más destacable de este suceso es que se logró la paz política que durante 36 años enfrentó al país, “aunque todavía queden rencores que envenenan un poco el ambiente”.

“No se ha logrado  la paz global, que es la que se desea y que genera el crimen organizado, pero eso es  otra cosa”, señala. 

En cuanto al Acuerdo sobre Aspectos Socioeconómicos y Situación Agraria, firmado el 6 de mayo de 1996 en México,  Porras recuerda que  aunque no se hayan logrado en el tiempo justo, la carga tributaria al 12 por ciento ha crecido un tanto, “porque  tampoco se requería que fuera demasiado”.

El sociólogo reitera que estas mejoras no son consecuencia de la aplicación de acuerdos específicos, sino de que se logró la paz política, la cual propició  mayor desarrollo, sobre todo comunitario, porque durante el enfrentamiento armado, particularmente en el altiplano, los pobladores se quedaron prácticamente  sin nada.

En este sentido, enfatiza Porras, hay que realzar la generación de líderes populares que surgieron de ese proceso y permitieron la participación de las mujeres en espacios que antes no tenían.

“Esto elevó el protagonismo de las mujeres, particularmente indígenas, después de la firma de la paz. Y sin ninguna duda, hoy es impresionante el papel que ellas juegan en beneficio del país”, señaló.

Hay brechas

La actual secretaria de la  Paz, Lourdes Xitumul, informó que a mediados del 2016 hicieron una evaluación de los acuerdos de paz y  de los compromisos que cada uno de ellos representa. Los resultados se  compilaron en la agenda política de la paz, que tiene una temporalidad del 2017 al 2026.

De acuerdo con la funcionaria, la Sepaz tiene una agenda armonizada con la política del Gobierno central, con los Objetivos de Desarrollo Sostenible y con el Plan Baktún, que es un esfuerzo que se hace para retomar la agenda política de los Acuerdos.

Xitumul también considera que los acuerdos de paz siguen siendo un plan de desarrollo vigente, por lo que en varios ministerios se está trabajando en los ejes de salud y educación, en donde se manejan transferencias monetarias para reducir la desnutrición.

Retrocedimos 30 años

Pablo Monsanto, quien suscribió la paz en 1996, en representación de la Unidad Revolucionaria Nacional Guatemalteca (URNG), opina que en el gobierno de Jimmy Morales se retrocedió lo que se había logrado avanzar desde 1986, cuando se abrió el actual proceso democrático.

“Los acuerdos de paz abrieron espacios para la democracia, pero estos han sido cerrados por el actual gobierno y estamos casi en la misma línea que abrió el conflicto armado —1960—; solo que en lugar de un militar, ahora tenemos a un  civil”, dijo Monsanto.

Agregó que el poder que Morales le ha dado al Ejército representa un “retroceso enorme para la democracia”, porque el papel de la institución castrense es otro. “El espacio  que tiene ahora impide el desarrollo de la  democracia”, advirtió.

“El contenido de los Acuerdos pasó a la historia con un costo social muy alto. Ahora hay más pobres, lo cual demuestra que a Morales y sus aliados fácticos les vienen del norte”, critica Monsanto, quien sentencia que los militares son los que, en la historia de Guatemala, han derogado las constituciones políticas.

Polarización originó la guerra

Las contradicciones sociopolíticas y económica a raíz de la intervención armada de 1954, así como la polarización figuran dentro de las causas históricas que originaron el conflicto armado interno que estalló el 13 de noviembre de 1960.

Aspectos involucrados en el conflicto

• Ideológico: 

La lucha contra el comunismo
La doctrina de la Seguridad Nacional
La formación de grupos insurgentes a partir de militares que desertaron
La militarización de la sociedad, del Estado y de la seguridad.

• Económico:

El uso y posesión de la tierra
Acceso a la educación
La exclusión social y la marginación
La violencia generalizada

• Político:   

Las relaciones conflictivas entre Estado y Sociedad
El autoritarismo
Los procesos antidemocráticos
La debilidad del Estado en el cumplimiento de sus funciones

• Étnico:

El proceso deladinización
El rechazo a la multiculturalidad
El racismo como expresión ideológica

• Religioso

Los usos y las costumbres de los pueblos indígenas
La propuesta de nuevos modelos de religiosidad

Fuente: Acuerdos de Paz

Los 12 acuerdos

El primero fue suscrito en 991 y el último, en 1996.

1.  Acuerdo Marco sobre Democratización para la Búsqueda de la Paz por Medios Políticos (Querétaro, México, 25 de julio de 1991)
2. Acuerdo Global sobre Derechos Humanos (México, D. F., 29 de marzo de 1994)
3. Acuerdo para el Reasentamiento de las Poblaciones Desarraigadas por el Enfrentamiento Armado (Oslo, Noruega, 17 de junio de 1994)
4. Acuerdo sobre el Establecimiento de la Comisión para el Esclarecimiento Histórico de las violaciones a los derechos humanos y los hechos de violencia que han causado sufrimientos a la población guatemalteca (Oslo, Noruega, 23 de junio de 1994)
5. Acuerdo sobre Identidad y Derechos de los Pueblos Indígenas (México, D. F. 31 de marzo de 1995)
6. Acuerdo sobre Aspectos Socioeconómicos y Situación Agraria (México, D. F., 6 de mayo de 1996)
7. Acuerdo sobre Fortalecimiento del Poder Civil y Función del Ejército en una Sociedad Democrática (México, D. F., 19 de septiembre de 1996)
8. Acuerdo sobre el Definitivo Cese al Fuego (Oslo, Noruega, 4 de diciembre de 1996)
9. Acuerdo sobre Reformas Constitucionales y Régimen Electoral (Estocolmo, Suecia, 7 de diciembre de 1996)
10. Acuerdo sobre bases para la Incorporación de la Unidad Revolucionaria Nacional Guatemalteca a la Legalidad (Madrid, España, 12 de diciembre de 1996)
11. Acuerdo sobre el Cronograma para la Implementación, Cumplimiento y Verificación de los Acuerdos de Paz (Guatemala, 29 de diciembre de 1996)
12. Acuerdo de Paz Firme y Duradera (Guatemala, 29 de diciembre 1996)

Fuente: Acuerdos de Paz

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Óscar Arias, expresidente de Costa Rica, ha mantenido un discurso de altura ante la grave crisis nicaragüense, pero desde otros espacios.

Por su parte, Vinicio Cerezo ha manejado un discurso indolente ante la horrorosa masacre en mención —al igual que la Premio Nobel guatemalteca Rigoberta Menchú y el gobierno que preside Jimmy Morales—, siendo plausibles y ciertamente protocolarias sus palabras ante estos hechos, y dejando entrever su interés en mediar en el conflicto, mientras que Daniel Ortega, el otro firmante y mandatario sempiterno, quien ha llenado de sangre las líneas y párrafos de esos históricos acuerdos, los cuales, trenzados con los coletazos de la Guerra Fría, lograron la paz para Centroamérica.

Esquipulas II habla en sus articulados de una paz firme y duradera, y esa paz, al margen de los filones de irrespetos institucionales en estos 30 años después de la firma, no se ha logrado, menos en la reciente Nicaragua, donde a diario se vive una contención social fulminante, con ya más de 400 muertos, una brutal represión selectiva que persigue a los jóvenes atrozmente, con más de dos mil heridos y unos 300 desaparecidos, con sentencias dictadas en privado, en donde la Policía Nacional, en conjunto con las turbas y los paramilitares del régimen, han asesinado con armamentos modernos y sofisticados e incluso con gases y químicos a una juventud desarmada y a una fuerza cívica manifestante.

Ante este espanto, es inconcebible que figuras como el exmandatario guatemalteco, a cuatro meses de esta atrocidad gubernamental, venga a decir que tanto dichos acuerdos de paz como la voluntad del diálogo heredada en los mismos y su labor en el SICA están firmes “y más vigentes que nunca” ante esta situación.

La primavera nicaragüense, una vez superada esta injusticia, que definitivamente pasa por la salida de Ortega del poder y una refundación del Estado, dejará varias lecturas para el propio pueblo, hoy ensangrentado, y para Centroamérica sobre el quehacer de la política y la decente ética que debe reinar si de verdad se pretende desmontar las desnudas fauces del Estado fallido regional, con tanta corrupción, caudillismo, violaciones reiteradas al orden institucional y flojeras institucionales como el propio sistema de integración, elefantón burocrático y poco útil al pueblo regional, por lo que urgen nuevas iniciativas políticas y sociales que generen nuevos liderazgos al frente de este caos, no debiendo seguir contando con el atavismo político de antaño, que es el mismo de la década de los 80.

Aunque tengo mis dudas sobre una mediación del SICA por medio de Vinicio, muchos creen que sería a través de él que Ortega, dada la amistad de ambos, podría acceder a ciertos reclamos de la oposición, lo que estaría por verse, como también un grado más sincero y alto de sensibilidad humana ante esta barbarie sandinista.

* Poeta y político nicaragüense. Secretario general del Partido Anticorrupción Centroamericano (Paca)

En cuanto al Régimen Electoral, el Acuerdo tiene una característica especial porque es el único de todos los que se firmaron que elogia a una institución. El texto señala: “Considerando: Que las elecciones constituyen el instrumento esencial para la transición que vive Guatemala hacia una democracia funcional y participativa. Que para ello, Guatemala dispone, con el Tribunal Supremo Electoral, de una institución independiente y de reconocida imparcialidad y prestigio que constituye un factor fundamental para garantizar y fortalecer el régimen electoral”, y también dice: “Es necesario elevar la participación ciudadana en los procesos electorales y superar los fenómenos de abstención para afianzar la legitimidad del poder público y consolidar una democracia pluralista y representativa”.

Este acuerdo sugirió la creación de una comisión específica que estuviera integrada por delegados de partidos con representación parlamentaria, por un lado, y del TSE, por el otro, y además estableció siete ejes sobre los cuales debía este órgano proponer un proyecto de modificación sustantiva a la Ley Electoral y de Partidos Políticos, siendo ellos, documentación (por eso tenemos el DPI), empadronamiento (de esto hay una deuda enorme pero han existido avances), votación (por eso buena parte de ciudadanos votamos cerca de nuestra residencia), trasparencia y publicidad (por eso hay control del financiamiento y se reguló el acceso a los medios de comunicación), campaña de información (acá también hay una gran deuda porque no existen campañas de educación cívica) y, por último, fortalecimiento institucional (buscar una institucionalidad electoral más sólida es un proceso gradual y complejo).

El TSE, en 1997, era presidido por don Félix Castillo Milla, y además lo integraban Gabriel Medrano Valenzuela, Mario Roberto Guerra Roldán, César Augusto Conde Rada y Osmundo Villatoro Díaz. Los magistrados suplentes eran Mario Montano Paz, Arturo Morales Cardona, Carlos Roberto Sánchez Lazo y Gil Arturo González Solís. Menciono estos nombres porque sobre esos hombros recayó preparar a la autoridad electoral para el siglo 21 y nuestra coyuntura es propicia para resaltar este esfuerzo.

En el 2018, el TSE encara nuevos retos: el dinero del narcotráfico está metido hasta el tuétano en partidos y campañas; el dinero lícito pero de forma oscura e ilegal se introduce en la política con el objeto de defender intereses sectarios que quita y pone presidentes, diputados y alcaldes. Los partidos no tienen autonomía financiera y caen ante grandes financistas, sin perjuicio de que el acceso a los medios de comunicación debe ser regulado, sobre todo cuando la televisión abierta tiene un solo dueño. Nuestra democracia electoral está en una severa crisis y lo peor del tema es que los actores políticos están abstraídos de su responsabilidad histórica y conducen al país para atrás.

En 2018 el ejemplo de Félix Castillo Milla, quien falleció la semana pasada, a sus 92 años, nos debe servir para ilustrar que ninguna institución tiene futuro si no se integra con demócratas honrados y comprometidos con los principios republicanos de gobierno. El TSE enfrentó de 1996 a 2002 retos mayúsculos, al tener que fortalecer su capacidad para que todas las ideologías pudieran competir por el poder, y en un país donde la represión es aplaudida por buena parte de la “élite” la tarea no era fácil y lo lograron. Ahora nos toca exigir ir para adelante.

@Alex_balsells

Siendo que un símbolo siempre representa “algo más”, lo simbólico era su investidura militar. Se habría podido llamar Juan López, que si llegaba con el mismo uniforme lleno de galones la reflexión habría sido igual. Sobre ese “algo más” que estaba siendo representado en aquel momento teníamos ya ideas que asociábamos al símbolo, desde nuestras particulares visiones de mundo. Yo asociaba el uniforme de un general con una guerra de 36 años que había roto el tejido social hasta en sus últimos hilos y en la cual el Ejército había sido responsable del 93% de las 626 masacres cometidas, la guerrilla de un 3% y otros grupos de un 4%. Además, esta elección sucedía solo 15 años después de haberse firmado los acuerdos de paz entre el Ejército y la guerrilla.

Lo real fue que Otto Pérez Molina era un militar de carrera retirado, consentido en su momento por la patronal guatemalteca; un kaibil entrenado que había participado directamente en la guerra y había sido señalado luego como responsable de crímenes de lesa humanidad. Documentos desclasificados del National Security Archive de EE. UU. lo asociaban al Plan de Operaciones Sofía y al Plan de Campaña Victoria 82, aplicados por efectivos militares durante la guerra. Pérez había sido, además, el representante del Ejército en la firma de los acuerdos de paz. Lo real es que hoy Otto Pérez ha sido ligado a varios procesos legales y señalado por distintos hechos de corrupción a partir del caso de defraudación aduanera denominado La Línea.

Por todo ello la elección de Pérez Molina ponía en riesgo la construcción de un Estado democrático y de una República. En la Guatemala que ha abrazado el pretorianismo propio de naciones de orden menor, Pérez representó la posibilidad de mantener la influencia de los grupos de poder en el sistema político, controlando las decisiones que podían afectar sus intereses. Sus patrocinadores vieron en él a un operador político de larga trayectoria afín a sus intereses, hasta que, como sucedió con Pinochet, lo dejaron solo.

Después vino Jimmy Morales. Lo simbólico era su investidura de outsider sin trayectoria política y sin complicaciones con la ley. Eso atrajo a los inclaudicables patrocinadores. (Espero que hayamos entendido que no puede ser astronauta quien se ha entrenado para panadero, y al revés). Su investidura era la de un hombre del espectáculo, que se cambiaba de disfraz cada vez que la situación lo requería. En diversos escenarios representaba a un guatemalteco común, cuyo discurso era simple y jocoso, contrario a la corrupción y a la falta de ética de la clase política. No voté ni siquiera por el outsider, porque estaba (y sigo) esperando a estadistas con conciencia de país.

Lo real es que Jimmy Morales no era un político de carrera, tampoco un estudioso de la cosa pública, ni tenía un plan de gobierno. No tenía ni la mínima idea de lo que significaba gobernar, y me temo que ni siquiera sabía el significado de palabras como democracia o república. Lo real hoy es que Guatemala navega sin capitán, que Morales está asociado a varios hechos que implican procesos legales, y que muchas instituciones del Estado son cascarones vacíos. Le quedó grande el puesto. Quizás ya no sabe dónde termina el Morales simbólico y empieza el real. A lo mejor por eso marcha en actos oficiales, usa el uniforme militar cuando sale a visitar a los afectados del Volcán, contrata a personas incapaces y peligrosas en los ministerios de Estado, autoriza la salida de tanquetas a las calles como si estuviéramos en guerra, e inyecta más dinero a Defensa que al rubro social. Todo es símbolo y conviene verlo también desde esa dimensión. Volver a épocas oscuras no sería difícil en un contexto tan favorable.

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Un análisis de la oenegé holandesa Impunity Watch, llamado “Avances y obstáculos de la justicia transicional en Guatemala: informe de monitoreo 2014-2017”, señala que hubo un “retroceso” de la justicia, reparación, acceso a la verdad y a las garantías de no repetición, además de un debilitamiento de la agenda de paz y los derechos humanos.

La investigación comprende los dos últimos años de Gobierno del expresidente procesado por corrupción y general retirado Otto Pérez Molina, la transición del exmandatario Alejandro Maldonado Aguirre y los dos primeros años de la administración de Jimmy Morales.

A Morales se le señala de haber “desatendido” la agenda de transformación que proponían los Acuerdos de Paz, firmados en 1996 tras 36 años de guerra.

Son las víctimas y sus familiares, los querellantes de los casos, las organizaciones de derechos humanos, los abogados litigantes y el Ministerio Público, los que han mantenido los procesos encendidos pese a las trabas.

Un ejemplo claro de avance y tropiezo es el propio caso de genocidio, cuya primera sentencia en 2013 contra el exdictador José Efraín Ríos Montt por la muerte de mil  indígenas mayas de la etnia ixil fue anulada por el máximo tribunal constitucional por “vicios en el proceso”.

Sin embargo, al reactivar el juicio en 2017 en contra del exdictador y su oficial de inteligencia José Mauricio Rodríguez Sánchez, este quedó inconcluso tras la muerte del general Ríos Montt el 1 de abril pasado y con ello, pese a haber conseguido una sentencia condenatoria efímera, Guatemala dejó en suspenso otro capítulo de su historia que en su fase judicial se llenó de amparos y retardos.

Ese llamado “litigio malicioso” es un obstáculo “destacado” en diferentes sentencias o resoluciones de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, recoge el informe, y añade que “la falta de una estrategia o metodología clara y líneas de investigación de los responsables” es una constante.

Impunity Watch también recoge que, con apoyo de la cooperación internacional, en Guatemala han habido más de 2 mil  exhumaciones en las que se han recuperado 9 mil 613 individuos, de los cuales 4 mil 196 han sido identificados.

La gran mayoría de trabajos le corresponden a la Fundación de Antropología Forense de Guatemala (Mil 725 exhumaciones entre 1992 y 2017) y la gran minoría, al Estado, con el Instituto Nacional de Ciencias Forenses, que realizó 15 exhumaciones entre 2010 y 2013.

Pese a las decenas de militares capturados y al único guerrillero procesado, también hay 21 órdenes de aprehensión sin ejecutar de los años 2000, 2008 y 2016, entre cuyos prófugos están el coronel Juan Valencia Osorio, señalado en el caso del asesinato de la antropóloga Myrna Mack, o varios ex patrulleros de autodefensa civil.

El caso más paradigmático de los prófugos es el del exdiputado del partido oficial Frente de Convergencia Nacional (FCN-Nación) Édgar Ovalle, el secretario general de la agrupación, cuyo cargo es ostentado temporalmente por el jefe de bancada del partido gobernante, Javier Hernández Franco.

Ovalle también es miembro de la Asociación de Veteranos Militares de Guatemala, cuyos integrantes fundaron el FCN-Nación en los años 1990 y que en 2013 invitaron al comediante Morales y su comité llamado “Nación” para competir en las elecciones de 2015, que ganó en segunda vuelta.

Ante el retardo y las omisiones discrecionales del Gobierno y del sistema de justicia, Guatemala debe profundizar en su pasado, comprenderlo para poder atenderlo.

Y para eso, como dice el informe, es necesario no solo que el Morales y el Ejército pidan perdón a las víctimas de la guerra interna, sino que el Estado asuma las deudas pendientes que han carcomido una justicia hasta ahora inalcanzable.

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