Destituyen al director del Consejo Nacional de Adopciones

Mediante un acuerdo, el Consejo Directivo del Consejo Nacional de Adopciones ordenó la destitución de su director.

César Pérez Marroquín

6 de agosto de 2024 | 21:40h

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Antonio Rafael Campos Olivero fue destituido como director del Consejo Nacional de Adopciones. (Foto Prensa Libre: Tomada de Facebook del CNA)

Antonio Rafael Campos Olivero fue destituido este martes 6 de agosto como director del Consejo Nacional de Adopciones (CNA), una decisión que fue tomada por el Consejo Directivo de dicha entidad en medio de informaciones que señalan irregularidades en algunos procesos de adopción, informaron fuentes de dicha entidad 

“El Consejo Nacional de Adopciones tomó hoy la decisión de remover del cargo de Director General, al Licenciado Antonio Rafael Campos Olivero, conforme al Acuerdo de Consejo Directivo número 07-2024”, detalló este martes una fuente del CNA.

La destitución de Campos se da luego de que el medio “Vox Populi” publicara un reportaje relacionado a la adopción de dos hermanos por parte del exdirector del Centro de Gobierno, Miguel Martínez, y que, según la publicación, en el proceso se han detectado irregularidades.

Por lo anterior, la Procuraduría General de la Nación (PGN) informó que se colocaron denuncias “por la posible adopción irregular de dos niños”.

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Agrega que se solicitaron nuevas medidas de protección a favor de los niños de mérito, quienes están bajo el resguardado y responsabilidad de un hogar distinto en el que se encontraban, con la finalidad de que su proceso de adopción continúe de forma transparente, con una familia idónea que cumpla con los requisitos que la ley establece, “garantizando así la estricta observancia al principio del Interés Superior del Niño y la restitución de sus derechos humanos”.

Rechazó señalamientos

Además, el CNA rechazó los señalamientos y garantizó que cumple con todos los procedimientos técnicos, legales y administrativos durante los procesos.

El CNA “rechaza contundentemente cualquier información mal intencionada y con propósitos espurios que perjudican la institucionalidad y principalmente a la niñez y adolescencia guatemalteca vulnerada en sus derechos”.

Además, el CNA refiere que “fiel a sus principios y valores cumple con todos los procedimientos técnicos, legales y administrativos para garantizar la restitución de los derechos de los niños, niñas y adolescentes declarados en estado de adoptabilidad”.

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Agrega: “El artículo 8 de la Ley de Adopciones protege la confidencialidad del proceso administrativo de adopción, estableciendo que: “TODAS las actuaciones dentro del procedimiento de adopción gozarán de la garantía de discreción y reserva. Esta garantía se extiende al adoptado, adoptante y padres biológicos en la parte que a cada uno involucre”.

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En 1997, dos niños fueron separados de sus padres por parte de la PGN y otorgados en adopción “ilegal”, un caso que obtuvo sentencia de la Corte IDH y que ahora el Estado reconoce su responsabilidad.

César Pérez Marroquín

12 de julio de 2024 | 17:12h

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Osmín Tobar Ramírez fue separado de sus padres cuando tenía 7 años y llevado a vivir con una familia de EE. UU. Ahora el Estado les ofrece una disculpa pública al aceptar responsabilidades en la violación de sus derechos. (Foto Prensa Libre: EFE)

El 9 de enero de 1997, Osmín Tobar Ramírez, de 7 años, y su hermano Jeffrey Arias Ramírez, de año y medio, fueron separados de su familia por la Procuraduría General de la Nación (PGN) e internados en una casa hogar de la Asociación Los Niños de Guatemala, pues una denuncia anónima alertó a las autoridades de que los menores estaban en condición de abandono. Se trataba de un caso de adopciones ilegales, por el cual, 27 años después el Estado aceptó la responsabilidad.

Para ese entones, Guatemala se había convertido en el tercer país del mundo en dar niños en adopciones internacionales, seguido por Rusia y China, según revelaron este viernes 12 de julio representantes de organizaciones que le dieron acompañamiento a la familia Tobar Ramírez, que añadieron que, incluso, los menores eran vendidos por sumas que iban desde los US$12 mil hasta US$80 mil.

La supuesta denuncia alertaba que los niños habrían sido abandonados por su madre, Flor de María Ramírez Escobar, quien al día siguiente de la separación compareció ante el juzgado respectivo, pero no le permitieron ver a sus hijos ni se le informó sobre su paradero y se inició el proceso de declaratoria de abandono.

Así empezó la odisea de la familia Ramírez que, en 1998 se enteró que sus dos hijos habían sido adoptados por familias de EE. UU., pero la lucha por encontrar justicia los llevó a tocar puertas de organizaciones que finalmente llevaron el caso a la Corte Interamericana de Derechos Humanos (Corte IDH) que condenó al Estado de Guatemala a reconocer responsabilidades y ofrecer una disculpa publica a los afectados, un acto que se celebró este viernes 12 de julio en el Palacio Nacional de la Cultura.

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Leonel Asdrúbal Dubón, director del Refugio de la Niñez, señaló que en este caso se habla de casi 30 años de lucha por la justicia y que es un paso trascendental en “una batalla inclaudicable contra el monstruo de la impunidad”, al referirse a las adopciones ilegales que se dieron durante décadas en Guatemala.

Agregó que el reconocimiento de responsabilidad del Estado llega después de casi 20 años de una “sistemática negativa del mismo Estado que por muchos años no quiso reconocer lo ocurrido a las víctimas y de no garantizar los mecanismos para la restitución de sus derechos”.

“Esta es una historia de la vida real (…) una historia en la que el Organismo Judicial a través de los entonces denominados juzgados de menores y la misma Procuraduría General de la Nación le negaron los derechos básicos, como el derecho a la defensa, el derecho a la familia, el acceso a la justicia y al ejercicio de las garantías judiciales, criminalizando su pobreza y obstaculizando cualquier intento de su parte para mostrarse como un recurso familiar para sus hijos”, detalló

Añadió que “esta historia desgarradora nos debe dar una lección como sociedad, y una lección profunda de lo que no puede volver a suceder en Guatemala”, porque, a su criterio, “ningún padre debe tener miedo de perder a sus hijos y ningún hijo debiera ser separado de sus padres y de su familia biológica, sobre todo cuando no existen razones injustificables”.

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“Nadie más debe vivir estos horrores que el mismo Estado le provocó a esta familia, donde las instituciones estatales le arrebataron a sus hijos, los separaron y trastocaron toda su estructura familiar dañando su psiquis y sus entrañas desde lo más profundo”, reiteró.

Dubón agregó antes y después de que se supiera de la salida “ilegal” de los niños de Guatemala, a finales de 1998, rumbo a EE. UU., “ya sabíamos que el caso de Osmín y su hermano no eran casos aislados, que muchos niños en el país fueron robados y separados de sus propias familias en el perverso negocio de las adopciones ilegales”.

Agregó que, durante unos 30 años, entre 1977 y 2008, se estima que en Guatemala hubo más de 30 mil adopciones internacionales de forma irregular, muchas de las cuales no han sido resueltas.

“Fue así como Guatemala en esa etapa se convirtió en un paraíso de las adopciones irregulares, que vincularon a funcionarios públicos de todos nivel, a notarios y profesionales de las Ciencias Médicas, y todo esto coincidió con los años más álgidos del conflicto armado interno que asoló al país entre 1960 y 1996”, refirió Dubón.

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Agregó que, en 1990, Guatemala era el tercer país a escala mundial que daba a niños y niñas en adopción ilegal, solo superado por Rusia y China, países con un número de población mucho más alto que el de Guatemala.

Por su parte, Marcela Martino, del Centro por la Justicia y el Derecho Internacional, dijo que no se deben olvidar estos casos para que no se repitan, porque el caso de los hermanos Escobar refleja la realidad de miles de guatemaltecos “robados, vendidos y dados en adopción anómalamente”, porque el Estado no los protegió.

Agregó que la Corte IDH en la sentencia de este caso probó que las adopciones ilegales en 1990 y 2000 “se convirtieron en un negocio lucrativo manejado por redes criminales y facilitado por una normativa permisiva con escaso y nulos controles y una corrupción rampante”

“Los niños y niños guatemaltecos eran vendidos por cifras que iban desde US$12 mil hasta US$80 mil por niño. En 1998 Guatemala fue considerado el primer país exportador de niños hacia EE. UU.”, dijo Martino.

En tanto, Flor de María Ramírez Escobar, madre de los niños que se dieron en adopción hace casi 30 años, recordó el camino que le tocó vivir a causa de la separación.

“Sufrí más por pensar en el dolor que mis hijos estaban viviendo al irse con otra familia. Me quitaron el deseo de verlos crecer, de disfrutar su niñez, de estar con ellos en el estudio”, comentó Ramírez.

Agregó: “He luchado y no descansé hasta ver que se hiciera justicia. Hoy pido que ya no haya más adopciones ilegales”.

Gustavo Tobar Fajardo, padre de los jóvenes, señaló que “luché por más de 20 años buscando justicia. En esta gran carrera de la impunidad sembramos una semilla. A pesar de haber denunciado esto públicamente recibí amenazas e intentaron matarme (…) y me demandaron por injurias, calumnias y difamación y sencillamente yo reclamaba el derecho de padre que me negaron”.

Osmin Tobar Ramírez, con dificultad para habla por no dominar el español a la perfección, dijo que es “un nuevo día nacional contra las elecciones ilegales” y que gracias a la lucha de sus padres se llegó a este día.

Destacó la valentía de sus padres para luchar contra un sistema corrupto y recordó que su viaje empezó en las “sombras” porque cayó en la adicción al alcohol y las drogas, pues lo veía como su único refugio para sobreponerse a la realidad que le tocó enfrentar.

Agregó que perdió su identidad y su lengua materna en una tierra que no era la suya.

Oswaldo Samayoa, director de la Comisión Presidencia de Derechos Humanos (Copadeh), afirmó el Estado de Guatemala reconoce que violó los derechos establecidos en la Convención Americana sobre Derechos Humanos a la prohibición de injerencia arbitraria en la vida familiar, garantías judiciales y el derecho a la protección de la familia en perjuicio de los Tobar Ramírez.

Además, reconoce que el Estado de Guatemala violó la protección judicial y las garantías judiciales en plazo razonable. También reconoce que violó los derechos a la prohibición de discriminación.

El Estado de Guatemala también violó la falta de investigación en el proceso de separación de la familia Ramírez y las adopciones internacionales. El Estado además violó el derecho a la libertad personal, el derecho a la identidad, derecho al nombre y el derecho a la integridad personal.

El acuerdo de la Copadeh establece que el Estado debe ofrecer las disculpas públicas hacia las personas afectadas.

El presidente Arévalo por su parte señaló que el camino a la verdad comienza con el reconocimiento del error y que “nos lastima a los guatemaltecos que nuestra historia, la separación injustificada, involuntaria y forzada de niños, niñas y adolescentes de sus familias haya sido consentida e incluso facilitada por el Estado”.

Agregó que romper el ciclo de las condiciones que hicieron posible que se diera hechos como este “es una tarea diaria que requiere reconocer, reparar y reconducir las acciones de las instituciones para garantizar que estos actos no se puedan repetir nunca, pero son también necesarios para reconciliar a la sociedad de cara a un futuro libre de violaciones a los derechos humanos”.

En 2018, la Corte IDH declaró responsable al Estado de Guatemala por propiciar la adopción ilegal de Tobar, quien tuvo que vivir bajo otra identidad hasta los 21 años en Estados Unidos, país al que nunca logró adaptarse debido a las diferencias culturales, según asegura.

Entre los compromisos que la Corte IDH pide a Guatemala para reparar a la familia de Tobar, se incluye esta disculpa pública y también busca que se haga justicia contra todos los actores implicados en el crimen.

Durante el conflicto armado interno de Guatemala, entre 1960 y 1996, unos 35 mil niños, mayoritariamente de poblaciones indígenas, fueron robados y dados en adopción ilegal a países como Bélgica y Canadá, de acuerdo con organizaciones sociales.

Pero a Julio Prado no es necesario preguntarle tanto, él desvanece algunas dudas por medio de la literatura.

En su último libro, La noche viene sin ti, aborda el tema de las adopciones irregulares en Guatemala, una forma de trata de niños que operó durante muchos años en el país hasta que se aprobó la Ley de Adopciones, en el 2007.

Durante un largo tiempo hubo niños robados, madres amenazadas, engañadas o incluso castigadas en sus comunidades. Según el informe Actores involucrados en el proceso de adopciones irregulares en Guatemala a partir de la entrada en vigor de la Ley de Adopciones, de la Comisión Internacional contra la Impunidad en Guatemala (Cicig), el 60% de los linchamientos en el país durante el 2007 tuvo relación con presuntas sustracciones de niños.

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¿Por qué excavar en cosas oscuras de este país, como las adopciones ilegales?

Porque hay muchas preguntas por resolver. No es que esté buscando respuestas, sino más preguntas como ¿qué es lo que vamos a hacer con estos niños, que ahora son adultos, y buscan respuestas para su identidad?

Ellos se preguntan “¿quién soy?, ¿por qué me abandonó mi mamá?” Y aunque las respuestas son relevantes para su identidad, no podemos resolverlas tan fácil, porque hay muchas debilidades en el sistema registral que permitieron que se falsificaran años atrás.

Muchas madres pensaron que no se trataba de una adopción, sino de un internado en el que sus hijos estarían hasta los 18 años. Bajo ese engaño y poco entendimiento del proceso de adopción no supieron que sus hijos no volverían.

Creo que eso es algo que me interesaba abordar, sobre todo porque parte de la historia de estos casos los conocí cuando fui fiscal de adopciones, durante seis años. Mi interés era contar la parte de la historia que yo conozco.

¿Qué respuestas obtuvo al escribir el libro?

Creo que varias, pero la que más me ha impactado al hablar con los niños, ahora adultos adoptados que están buscando respuestas, es que su voz, más que de sentencia, es de saber la verdad. Se cuestionan qué fue lo que pasó con ellos o por qué sus mamás los dieron en adopción.

Esto se refleja en una certeza al momento de tener los documentos en la mano y saber que hubo una adopción supervisada por la Procuraduría General de la Nación (PGN). Además, en muchos casos, sobre todo entre los años 80 y 90, esas respuestas no tienen ninguna posibilidad de encontrarse.

Me parece importante que todavía no estemos preguntándonos qué vamos a hacer para resolverles sus preguntas a estas personas y cómo vamos a recuperar la memoria histórica de esas adopciones.

¿Por qué publicar su novela en este momento? 

Porque después de haber dejado el Ministerio Público podía con mayor soltura dedicarme al oficio de escribir, y la historia ya había madurado lo suficiente como para poder contarla. Además, el momento del libro me parecía que debía ser ahora porque el proyecto de la editorial Alfaguara apareció como una oferta de contar una historia sobre el sistema de justicia, y esta era la mejor que tenía al momento de escribir.

Para mí es la mejor porque muchas vidas se cambiaron al momento de recuperar niños que habían sido robados o darles la verdadera identidad a los que la estaban buscando.

También me interesaba contarlo ahora porque hay muchas dudas sobre cómo debería funcionar el sistema de justicia, y, para mí, habría que partir sobre cómo funciona actualmente. Quería que el lector tuviera la historia de primera mano, que tuviera la voz del fiscal contándole que así es el sistema de justicia y que supiera que lo que se exige en un sistema disfuncional como este en que el operador entregue el máximo, que es su propia vida.

Esto no necesariamente significa que lo vayan a matar, sino que tiene que prescindir de su familia, tiene que estar atento a que la búsqueda de la verdad puede traer consecuencias negativas a su vida, y eso me parece que es una política pública insostenible.

¿Qué tanto se parece la vida del fiscal Gonzalo Ríos, que conocemos por medio de la novela, a la vida de Julio Prado? 

Es una novela semi biográfica, entonces la mayor parte de los hechos están contrastados con casos en los que tuve acceso cuando fui auxiliar fiscal, entre ellos casos importantes como el del Hogar Primavera. También hay parte de mi vida privada en la historia.  

No es un retrato fiel, hay una intención narrativa, entonces hay ficción. Algunos detalles de los casos quizá pertenecen a otro, pero los uní para poder explicarle al lector. Entonces, si bien tienen un parecido importante con los hechos que ocurrieron en mi vida, no es necesariamente una biografía ni intento hacer periodismo.  

¿Cuál es el mensaje de optimismo en el libro?

Lo que le quiero dejar al lector es que, durante una época muy oscura y no tan lejana, hace menos de 15 años, en Guatemala se robaban niños para venderlos, pero ya no ocurre porque fiscales y jueces guatemaltecos tuvieron la valentía de enfrentarse al sistema que lo permitía.

El mensaje de optimismo es que sí podemos llegar a tener justicia, pero que no debería tener un alto costo para quienes la buscan. Hay gente que está dispuesta a entregar todo para que haya justicia, y lo que hay que hacer es pensar que a veces, aunque parezca oscuro el panorama, hay posibilidades de que se sepa la verdad y que se puede impactar de manera positiva en la vida de las víctimas.

¿Cuáles son sus influencias literarias?

Soy un lector enamorado de la literatura de Juan Rulfo, me parece que con los dos libros que publicó es uno de los escritores que más me sigue impactando. También soy lector de escritores contemporáneos de narrativa hispanoamericana.

Para esta novela pensé mucho en Alberto Fuguet, con un libro que se llama De tinta roja, y también en Santiago Rafael Roncagliolo, que escribió Abril rojo. Me parecieron novelas que tocaban temas duros, pero con cercanía por el lenguaje. Los dos son escritores que tienen que darle más gracias al cine que a la propia literatura.

Por su influencia, creo, pensé mucho más en el cine que en la literatura. Por ejemplo, pensé en The Wire, una serie que me fascina y que, según revistas especializadas, es la mejor que se ha escrito.

¿Aceptaría la propuesta de adaptar la historia de La noche viene sin ti al cine?

Por supuesto. Creo que lo que se busca es que las historias se difundan más y el cine a mí me parece un lugar sagrado, donde he tenido la oportunidad de conocer la humanidad a través de los ojos del cineasta. Entonces, creo que, si hay una oferta interesante, en donde el guion no sufra demasiado y la historia conserve su espíritu, por supuesto que me gustaría.  

¿Qué es el sistema de Justicia en Guatemala para usted?

Es un servicio público que, como los demás, tiene alto deficiente y logros importantes que hay que resaltar. Uno de ellos es haber terminado con las adopciones irregulares. En el sistema de justicia, si bien hay casos que no tienen los resultados que la ciudadanía espera, hay mucha gente trabajando para que el sistema siga funcionando.

Estos casos pueden estar fuera del radar del día a día porque son historias más íntimas y menos públicas como la corrupción, pero siguen teniendo resoluciones y equipos comprometidos en resolverlos.

En otras ocasiones ha descrito al sistema de justicia como un laberinto. ¿Cuál es el laberinto que viven los fiscales de Guatemala actualmente?

Lo describo como un laberinto porque el problema es que la prevención no es una prioridad en las políticas públicas de atención al crimen. Entonces, mientras no haya prevención, los casos seguirán surgiendo, lo que significa que los fiscales, por más que hagan bien su trabajo, no van a ser capaces de enfrentar el gran número de casos que se les van a venir.

Podrán trabajar bien a lo mejor 10 casos al mes, pero creo que esa sensación de impotencia al ver que los números de casos no bajan es la misma que sentiría alguien encerrado en un laberinto de donde no logra salir nunca. Es frustrante y hay que aprender a manejar eso para administrar bien los recursos que se tienen en la Fiscalía.

¿Usted agradece haber bajado la intensidad de este laberinto al dejar de ser fiscal?

Sí. No me imagino a alguien cubriendo noticias en la guerra durante 16 años. Sé que estos periodistas tienen que, eventualmente, llegar a tener una vida menos intensa. Reconocer eso también es importante para la salud. Después de estar 16 años en el Ministerio Público, creo que, si siguiera, no tuviera la misma entrega, porque a lo mejor ya estuviera muy cansado.

Para mí fue importante reconocer que ya era hora de retirarme, y sí, estoy muy agradecido. La Fiscalía no solo fue una escuela de derecho, sino una escuela de vida.

Tengo muchos amigos que siguen trabajando porque el sistema funcione y mejore, entonces creo que también es un justo reconocimiento a su trabajo, el tratar de escribir esas historias para que se conozca cómo es la vida de un fiscal que está intentando resolver cosas.

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¿Cuáles son las situaciones del Organismo Judicial que deberían cambiar actualmente?

Hay que mejorar la supervisión que se hace sobre los jueces, para verificar que lleven adecuadamente los procesos. Habría que pensar en un período más extenso de las autoridades, a partir de las salas de Apelaciones hasta la Corte Suprema de Justicia, porque ya sabemos que el desgaste de tener que elegir cada cinco años impone vulnerabilidad en los jueces y, por lo tanto, una posible intromisión en sus funciones.

Si eligiéramos jueces por 10 años se podría aminorar la presión que puede sentir un juez de conseguir su reelección. También habría que mejorar la distribución de los juzgados en la República, poniendo más donde se necesitan más. A la vez, mejorar los procesos, sobre todo civiles, que son sumamente burocráticos y podrían simplificarse, para lograr una justicia más eficiente y rápida.

Hablando de la temática del libro, ¿cómo era el modus operandi de las redes ilegales dedicadas a las adopciones irregulares?

Fue cambiando con el tiempo. Yo conocí la de los años 2000. En esta época había varias agencias de adopción extranjeras que tenían contacto con abogados guatemaltecos, y estos podían gestar los casos de adopción, por lo que se transformaron en focos para   conseguir niños.

Respecto de cómo los conseguían, creo que el problema fue la demanda, porque fue tanta que las madres que querían dar a sus hijos en adopción no se daban abasto. Esto, hablando de las adopciones irregulares. Entonces contrataron a pandilleros para que se robaran a los niños.

A los menores de edad los declaraban en abandono, lo que hacía que pudieran tener una identidad falsa.

El abandono era decretado por un juez y luego entraban en una casa hogar, probablemente en una de las que tenían los abogados que hacían contactos con las agencias de adopción, hasta que llegaban a su destino fuera del país.

Había otras formas de operar. Por ejemplo, había personas que se dedicaban a conseguir niños en los departamentos del país y eran llamadas “jaladoras”. Usualmente eran mujeres que les ofrecían a mujeres embarazadas la oportunidad de darles una mejor vida a sus hijos —así les llamaban ellas— a cambio de un pago de 10 mil quetzales. El principal destino eran Estados Unidos, Israel y Bélgica. También había niños en Canadá y Arabia Saudita.

Varias personas dicen que los niños están mejor en su hogar de adopción…

Creo que en buena parte de los casos es cierto, pero lo que no está bien es que el costo sea no saber su verdadera historia. Para mí, la adopción es una acción noble, y la adopción internacional funciona, siempre que tengamos la garantía de que los padres están informados, que se buscó recurso familiar y no se encontró, que la adopción era la única opción y que en el país destino el niño tenga la posibilidad de tener contacto con nosotros, para que cuando sea adulto y busque respuestas a su identidad pueda tenerlas sin problema.

¿Existen ahora controles en el proceso, debido a la Ley de Adopciones? 

Sí, existen controles rigurosos. Además, existe el Registro Nacional de las Personas (Renap). Este logra un proceso más seguro que los registros a mano en las municipalidades, en donde no se podía constar que una persona tuviera identidad. Eso hizo un cambio importante en los mecanismos anómalos que se daban en las redes para conseguir niños en adopción.

Un libro que nos acerca a su secuestro y de qué manera llegó a ser parte de una red de adopción ilegal, los nombres de los involucrados, así como de quiénes le han dado apoyo en esta lucha que se ha convertido en una denuncia de esta parte de la historia de Guatemala y las voces de otras víctimas que han encontrado por medio de ella una manera de darse cuenta que también fueron víctimas.

“Este libro es mi historia, un legado para mis hijos, la verdad sobre nuestra familia.  Es una forma de hacer justicia a mis padres de sangre, de honrar el extraordinario valor de mi madre y el lugar que mi padre me ha hecho en su corazón y en su vida desde nuestro reencuentro.  Es también un homenaje a mis padres de corazón, de toda la vida, a quienes amo profunda e incondicionalmente”, dice en palabras que plasma en sus páginas.

Mariela SR tenía menos de un año cuando la robaron y a su mamá biológica le dijeron que ella había muerto. Creció dentro de una familia cariñosa en Bélgica.  A los 31 años, siendo ella madre de dos hijos y con su vida por delante quiere conocer sus raíces y actualmente es una activista que ayuda para que otros niños que vivieron una situación similar se encuentren con su identidad.

Desde muy joven fue construyendo su identidad propia.  Se sentía latina y estaba orgullosa de ello y aunque en Bélgica hay racismo nunca se sintió discriminada.  Es esta breve entrevista nos habla más de su experiencia y de qué le ha permitido vivir el lanzamiento de este libro.

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-¿Cómo le ha ayudado este libro en su proceso de sanación?

Escribí las primeras palabras como recuerdos porque al llegar a Guatemala en 2018 no hablaba español, guardaba muchas emociones para descubrir todo aquí.  Nunca había comido tamales, por ejemplo y encontré una cocina y una cultura a la que no estaba acostumbrada.

Después, cuando encontré otras victimas, empecé la escritura.  Originalmente el libro fue escrito en francés y holandés, porque en Bélgica se hablan ambos idiomas. Así que el libro salió en noviembre pasado también en estos dos idiomas tanto en Bélgica como Suiza, Holanda y Canadá.

-En cada página se guardan descripciones muy detalladas de diferentes fases de su vida.  ¿Siempre ha llevado un diario?

Sí, llevaba diarios y desde el primer viaje a Guatemala formé un grupo muy privado en redes sociales con mis amigos y familia y con la diferencia de horarios hice este canal de comunicación y ahí guardaba pensamientos y emociones para compartirles la experiencia.  Esto también me ayudó a recordar.

Una amiga argentina me ayudó en el proceso y me dijo “ve y regresa con tu historia en las manos” y esto me impactó.

-Su búsqueda de encontrar la verdad ha sido impactante.  El uso de la tecnología e incluso estar atenta redes sociales para encontrar a su mamá.  Podría contarnos más de esta experiencia.

En Bélgica trabajo en la justicia y el derecho penal y criminal.  Mi sueño desde el 2006 cuando terminé mis estudios era enfocarme en la trata de personas y ahora veo que siempre me llamó la atención, así tomé herramientas para buscar de una manera un poco diferente y recabar la información.

-Usted es madre de dos hijos y el libro habla de que esos primeros pasos más profundos en llegar a su historia fueron motivados por las palabras de Eva, su hija mayor.  ¿Qué desea para ellos?

Mis hijos son pequeños todavía y mi sueño es que ellos tengan confianza en la vida.  Con el libro también deseo que más adelante les ayude a comprender estos procesos que han pasado.  Por ahora, ellos están felices de tener familia también en Guatemala.

-En 2017 usted ha formado la Fundación Raíces Perdidas, la cual busca ayudar a reunir familias que han sido separadas por adopciones ilegales.  ¿Cuántos casos han acompañado y cómo ha sido esta experiencia?

En Guatemala miles de familias han sido separadas y esta fundación ayuda a reunir a aquellos que lo desean. Tenemos acceso a muchos archivos y podemos apoyarles para hacer una primera lectura, verificar documentos hasta que se confirma parte de su historia.

Además fomentamos otras actividades e iniciativas como apoyo a que sean reconocidas las adopciones ilegales y que se quiten términos como describir que son “irregulares” o “documento alterados”, porque esta acción es un delito y se falsifican documentos.

Se inició un expediente judicial por parte de la Fiscalía federal belga y conferir el estado de víctimas a las personas afectadas y se creó un colectivo para solicitar a las instituciones europeas el reconocimiento de este tipo de adopciones, también se solicita una declaración universal para considerarlo un crimen de lesa humanidad.

-¿En qué piensa si escucha con su historia decir que la realidad supera a la ficción?

Cuando encontré esta realidad me rompí en el interior.  Recibí ayuda psicológica.

Luego empezó la lucha y aunque aquí hablo sola,  no lo estoy, somos un gran equipo que estamos trabajando.   Para mí es importante que cada testimonio y acción al unirlos se conviertan en una sola voz.  Por ahora, van cerca de 40 casos que se han acompañado.

Música y cine

La historia de Mariela SR Coline Fanon sigue trascendiendo.  Durante esta semana también se estrenó una canción  que ella escribió junto a Dach Marro & La Poderosa Marimba, Saskia Ramos, Keneth Marroquín, Remuel Ramos, Angello Dnd y Beyond The Height.

Cuatro minutos que llevan a vivir las emociones y el sentir de la guatemalteca que ha convertido su lucha en una bandera de compromiso para el rescate no solo de su identidad sino de todos los niños que fueron adoptados ilegalmente.

Mariela explica que el libro es una manera de llegar a un grupo de personas, pero por la música quiere llegar en especial a los jóvenes y estos cuatro minutos resumen una vida.  “La música es parte importante en mi vida y los artistas pueden ser parte de este testimonio de una lucha colectiva y soy solo una parte de ella”, agrega la guatemalteca quien también es pianista.

La canción lleva el mismo nombre del libro, Mamá no estoy muerta y es parte del disco llamado Dach Marro, el rebelde de la marimba que lanzará también este mes y ritmos experimentales que fusiona la marimba con la guaracha y que se ha nombrado como mariguaracha.  En Youtube ya es posible escucharla.

Mariela descubre la música de Dach Marro en Bélgica y le impactan sus mensajes llenos de detalles que hacen reconocer la cultura y lo invita a que juntos creen esta canción.  “Queremos ser la voz a través de la música y este proyecto es una bendición grande para mi vida porque es apoyar a alguien en esta causa…una canción que está impactando”, dice el artista guatemalteco quien también se convirtió en productor de esta propuesta musical.

…Chucu chucu se fue
Chucu chuco en el tren
Chuco chucu el espejo no miente
Chucu chuco estoy bien

Un día despierto
con aquel sentimiento de no pertenezco falta una pieza
el rompecabezas.

Me siento tan lejos
algo me llama
creo que es mi tierra
la eterna primavera
el silencio de los niños terminó…

Además, Mariela comparte que está trabajando en una película basada en su vida y pronto darán más detalles al respecto de este nuevo proyecto.

La historia comienza en plena Guerra Interna en Guatemala, en la década de 1980.  Mariela SR tenía menos de un año cuando la robaron y a su mamá biológica le dijeron que ella había muerto. Creció en una familia en Bélgica.  A los 31 años, siendo ella madre y con su vida por delante quiere conocer sus raíces y actualmente es una activista que ayuda para que otros niños que vivieron una situación similar se encuentren con su identidad.

Antes era adoptada, ahora soy guatemalteca».
Saber quién soy, es saber de dónde vengo. "Mamá, no estoy muerta" es mi historia y búsqueda de identidad @SrFanon@E_PiedraSanta@sophosenlinea@demuseo@kitapenasbb@FyGEditores
#libro #mamanoestoymuerta #Piedrasanta

— Mama, no estoy muerta (@Mamanemuerta) January 31, 2022

En una conferencia en línea, este jueves 3 de febrero, la guatemalteca explicó parte de su caso.  En octubre de 1987, después de un largo proceso de adopción y de haber completado los requerimientos solicitados por una asociación belga autorizada, los esposos Fanon lograron estar con su hija adoptiva.

Ella nació en noviembre de 1986, en Guatemala.  En Bélgica le llamaron Coline Fanon y creció en un ambiente hogareño y una familia cariñosa.

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Comenta que el nacimiento de su hijo despertó la curiosidad de sus padres biológicos.  En su investigación encontró incoherencias en su expediente y leyó artículos del periodista franco-hondureño Sebastián Escalón quien hablaba de tráfico de niños en la época que ella nació.

Contactó al periodista y juntos comenzaron a buscar activamente a su familia biológica.  En su investigación, ubica a Lorena, quien el 7 de noviembre de cada año publicaba en Facebook sobre la pérdida de su bebé.

En 2017 le escribe a Lorena, al descubrir que ella es su mamá y en 2018 viaja a conocerla a ella y a su familia.  Lorena creía que su hija había muerto y estaba enterrada en una fosa común y Mariela sabía que por los recursos económicos de su familia no la podían mantener.

El seguimiento a su historia se tienen detalles que la mantuvieron en una casa.  Ataron sus pies a los barrotes de una cama durante 11 meses.  Su adopción nunca fue registrada.

Fanon creó la asociación Raíces Pérdidas para ayudar a otros a rescatar su identidad.   En 2018, el número de víctimas aumentó.  Se descubrieron redes en Bélgica, Francia y Holanda.  En la actualidad es querellante adhesivo en una demanda judicial iniciada por la Fiscalía belga.

Su historia también fue llevada a un exitoso documental. Los niños perdidos de Guatemala ganó un premio Emmy como investigación periodística destacada en 2020.

En 2020 decide contar su historia con el libro titulado Mamá, no estoy muerta.  El libro ha sido traducido a varios idiomas y se encuentra disponible en preventa en Guatemala, editado por Editorial Piedrasanta.  Se encontrará en su versión e-book en español a partir del 17 de febrero.

El libro ha generado una serie de reacciones a nivel mundial entre ellos una canción escrita por Dach Marro sobre las adopciones ilegales y que está por salir en Guatemala

Sobre el libro comenta que tiene cuatro padres, dos biológicos y dos de corazón y al ser todos víctimas es para ellos que lo escribió.

El lanzamiento del libro

La autora participará en actividades del lanzamiento del 14 al 17 de febrero próximo.  Irene Piedra Santa, directora de la casa editorial que lanzará este libro en español, explica que este libro habla sobre las distintas aristas de las adopciones irregulares y como un testimonial se conoce en primera persona el horror del drama de recién nacidos que se dio en cientos de casos en Guatemala, “aunque conocíamos casos   nunca con tantos detalles como en este relato personal”, dice.

El libro además muestra aspectos psicológicos de las personas que vivieron en su primera infancia las personas adoptadas, la emoción de sus reencuentros y la búsqueda que sigue después de ese momento, agrega Piedra Santa.   Agrega que Coline Fanon es una luchadora social que ha iniciado acciones en tribunales europeos y en las Naciones Unidas para que sean reconocidos los derechos de las personas adoptadas y sus familias, y que el secuestro de niños llegue a tipificarse como un crimen de lesa humanidad.

“Somos cientos de víctimas, en la fundación tenemos personas de Canadá, Israel, Estados Unidos, toda Europa, Suiza”, entre otras, dice Coline Fanon.

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Yara Tobar, gerente de editorial Piedra Santa comparte que como parte del lanzamiento se tendrán distintas actividades, entre ellas el 17 de febrero se tendrá con un panel que hablará de niños desaparecidos  en la que la autora estará con Jordán Rodas, actual Procurador de los Derechos Humanos y Marco Antonio Garavito, de la Liga de Higiene Mental, institución que ha trabajado por la niñez desaparecida como uno de sus proyectos principales.

El mismo día se tendrá otro conversatorio con el Procurador de los Derechos Humanos y con la escritora e investigadora Carolina Escobar Sarti.

“Era demasiado obvio. Mi madre y mi padre son rubios. Él tiene ojos azules. Lucíamos tan diferentes y siempre me dijeron que tenía una mamá en Chile”, relata en entrevista con BBC Mundo.

María, que ahora tiene 46 años, recuerda que en la Suecia poco diversa de los años 70, tanto ella como su hermano, ambos de piel morena, destacaban en una escuela llena de niños blancos y rubios.

Pese a ello, asegura que tuvo una infancia feliz. En ese entonces no sabía de las irregularidades que se dieron durante su adopción. También ignoraba que su mamá nunca quiso abandonarla y que en realidad tanto ella como su hermano fueron robados al nacer.

“Para mí la escuela en Suecia no fue tan difícil, quizá porque era niña y la gente era más amable conmigo. Pero para mi hermano fue mucho más duro”.

Daniel cuenta que se enfrentó a comentarios, burlas y apodos por su color de piel y por ser adoptado.

“Me llamaban ‘Daniel, el marrón’, para marcar la diferencia con otro Daniel en la escuela”, le dice a BBC Mundo.

“Fui muy infeliz y siempre me sentí como un intruso en la primaria. No sólo los niños me hacían bullying, sino también los adultos. Creo que mucho de eso fue producto del racismo que nos rodeaba. Fuimos por mucho tiempo los únicos niños de color en la escuela”.

“Adopción” en Chile

La madre adoptiva de María trabajaba como asistente social en una escuela primaria. Su marido es ingeniero.

No podían tener hijos propios, así que decidieron darles “una mejor vida” a dos niños sin padres y de países pobres.

Gracias al trabajo del señor Ohlsson, la pareja había estado en Argentina, Brasil, Uruguay, Paraguay, y en aquella época tenían colegas de Chile.

Sabían que querían niños de la región y, en aquella época, Chile y Colombia eran los países más comunes para adoptar.

Como muchos otros suecos de la época, se pusieron en contacto con una agencia auspiciada por el gobierno local y juiciosamente recopilaron los papeles correspondientes, que luego fueron enviados a Chile en 1974, cuando María ni siquiera había sido engendrada.

Robo de bebés

En 1973, dos años antes del nacimiento de María, un golpe de Estado había derrocado al gobierno democrático de Salvador Allende, y Augusto Pinochet estableció un régimen militar que se prolongó hasta 1990 y que cometió graves violaciones a los derechos humanos.

“La violencia comenzó con la represión y desaparición de la izquierda y de los opositores, y luego fue adquiriendo distintas formas”, le explica a BBC Mundo Danny Monsálvez, profesor de Historia e investigador de la Universidad de Concepción.

El historiador experto en el régimen de Pinochet afirma que el robo de bebés fue “parte de una política”.

• Cómo fue el referendo que sacó del poder al general Augusto Pinochet en 1988

“No fueron casos aislados. En el proceso de adopciones hubo instituciones estatales vinculadas, como el Registro Civil”.

“Les quitaban los niños a familias ‘vulnerables’, es decir pobres, a través de engaños“.

En ese contexto, miles de niños fueron dados en adopción a familias en toda Europa: María y Daniel fueron dos de las muchas víctimas de esa práctica.

Irregularidades en Chile

• A principios de 2018, el exministro de la Corte de Apelaciones de Santiago Mario Carroza comenzó a investigar cerca de 500 casos de adopciones irregulares que tuvieron lugar entre 1970 y 1990.
• Para finales de ese año la Corte de Apelaciones de Chile ya había estimado que cerca de 7.500 adopciones que se concretaron en esa época pudieron haber sido ilegales.
• En septiembre de 2018, tras la presión de diversos grupos, la cámara baja del Congreso de Chile creó una comisión para investigar las múltiples acusaciones.
• En julio de 2019, la comisión especial publicó un reporte de 144 páginas que habla de unos 20.000 casos de niños chilenos que fueron adoptados por parejas extranjeras durante el gobierno de Augusto Pinochet.
• La modalidad consistía en engañar a las madres. Generalmente les decían que sus bebés habían muerto.
• En algunos casos se contó con el apoyo de jueces, autoridades migratorias, notarios, figuras religiosas e instituciones gubernamentales, según el mismo informe.
• La mayoría de los niños acabaron en Suecia, Italia, Estados Unidos, Holanda, Francia y Alemania.

La noticia que cambió todo

La niñez de María transcurrió sin mucha novedad, pero cuando tenía 11 años una noticia le dio un vuelco a su vida.

“Mis padres siempre me dijeron que tenía una mamá chilena y que ella no pudo ocuparse de mí. Pero un día me mostraron los documentos (de adopción) y me enteré de que tenía un hermano mayor en Chile y eso significó mucho para mí”.

“Fue duro asimilar que tenía un hermano que se había criado con mi mamá, mientras que yo había sido enviada a Suecia. No lo entendía”, añade.

Desde ese día, se obsesionó con encontrarlos.

Aunque por su corta edad todavía no podía hacer gran cosa, comenzó a leer la prensa chilena y a investigar sobre la cultura y la historia de su país natal. También tomó clases de español tan pronto como pudo.

A los 19 años, se puso en contacto con Adoptionscentrum, la organización gubernamental sueca que había facilitado su adopción.

Tras meses de búsqueda le informaron que no habían encontrado rastros de su madre, pero le recomendaron que escribiera una carta en español que ellos enviarían al Servicio Nacional de Menores de Chile (Sename).

“Redacté una carta en la que me describí, puse allí todo lo que sabía de mí y precisé que quería encontrar a mi mamá”.

Un año después, el Sename le respondió asegurándole que no podía hacer nada por ella. Le sugirieron viajar a Chile y presentarse en el Tribunal de familia que había aprobado su adopción en 1975.

Así que ahorró dinero, y partió.

“Gente parecida a mí”

María aterrizó en Chile durante el invierno austral de 1998 y aún le cuesta describir aquel momento.

“Desde el instante en que salí del avión, me dije: ‘Esta es mi casa’. Fue genial estar rodeada de gente que se parecía a mí. Aún recuerdo incluso el olor. No sé cómo explicarlo. Ir a Chile fue lo mejor que he hecho en mi vida“.

Alquiló por unas semanas un apartamento en el centro de Santiago, mientras asistía a clases de español para extranjeros en una universidad local.

Recuerda que los profesores eran chilenos que habían vivido en Europa durante la dictadura y parecían comprenderla de una manera que la impresionaba.

“Los fines de semana nos llevaban a la playa, nos invitaban a sus casas, nos cuidaban. Éramos adultos, pero nos trataban como si fuéramos sus niños“.

Cuando estuvo lista viajó a Temuco, la capital de la región de la Araucanía, en el sur de Chile, se presentó en el tribunal de familia local y pidió ver sus documentos.

Para su sorpresa, le informaron que no estaban autorizados para dárselos.

“Estaba frente a una secretaria que, sosteniendo los papeles que contenían la información que buscaba, me decía: ‘Estos son tus documentos, pero no te los puedo mostrar'”.

Adopciones en Suecia

• Suecia tiene uno de los mayores números de niños adoptados per cápita en todo el mundo.
• En febrero de 2021 el país europeo anunció que iniciaría una investigación sobre las adopciones internacionales que ocurrieron entre los años 70 y 90, en medio de las numerosas acusaciones de que muchos niños podrían haber sido tomados ilegalmente de sus padres biológicos.
• Chile se encuentra actualmente investigando unas 100 adopciones vinculadas a Suecia.
• Contactada por BBC Mundo, la agencia Adoptionscentrum desestimó las acusaciones de que estuvo “involucrada en un negocio criminal para lucrar”, alegando que siendo una ONG “no hay lugar para ganar dinero” y que por cada proceso cobraban aproximadamente US$1.100 en los años 70 y US$3.500 en los 80, montos que representaban “los costos reales de adopción”.

María tardó varios años en dar con el paradero de su madre y sus hermanos.

Después de Temuco viajó a su natal Lautaro para visitar el hospital en el que nació, y el orfanato en que sospechaba había estado de bebé. En ninguno había registros de su pasado.

Regresó a Santiago con una extraña sensación: “Visité todos esos lugares y ninguno me dio ninguna información sobre mi adopción ni sobre mi familia biológica”.

En la capital, sin embargo, recibió una nueva pista: la agencia de adopción sueca, con la que estaba en comunicación constante, le dijo que tras su nacimiento había sido acogida por una cuidadora, parte de una decena de mujeres que hospedaba a niños en proceso de adopción.

“Esperaba encontrarme con una señora cálida, acogedora y dispuesta a ayudarme. Pero resultó ser una mujer fría que me dijo que no recordaba nada de las niñas que se habían quedado con ella. Me explicó que fueron alrededor 400 y que no tenían documentación de ellas”, rememora sobre ese encuentro.

“Necesidad de mostrarle”

Poco antes de regresar a Suecia, logró por fin dar con un dato concreto.

“Una señora del Registro Civil que claramente quería ayudarme, me condujo a un espacio detrás de su oficina y me dijo que no podía darme la dirección de mi mamá, pero me aseguró que todavía vivía en el sur de Chile, que se había casado y tenía otros hijos“.

María le entregó entonces al Sename el nombre de su madre, que ella prefiere mantener en secreto y a quien se refiere como “Aguadulce”, la traducción de su apellido de origen indígena.

“Sentía que realmente necesitaba encontrar a mi familia. Ya habían pasado tres años desde que había comenzado a buscarla. Fui a Chile como me aconsejaron, hice todo lo que pude y no lo logré”, detalla.

“Sabía que mi madre me había dado en adopción, pero sentía la necesidad de mostrarle en qué me había convertido”.

La llamada con la dirección

Un año después recibió una nueva llamada de la agencia de adopción en Suecia en la que le informaron que las autoridades chilenas finalmente habían encontrado la dirección de “Aguadulce”.

Pero por distintos motivos, entre ellos la remota ubicación de la vivienda, no fue sino hasta 2003 que alguien tocó a su puerta.

El contacto se hizo gracias a la gestión de Ana María Olivares, una periodista chilena que trabajó en un documental sueco en que ayudaban a dos personas a reencontrarse con sus familias biológicas.

María le había escrito una carta contándole su caso.

Olivares recuerda que cuando se enteró de la gran cantidad de jóvenes chilenos adoptados que buscaban sus orígenes no pudo negarse.

“Todos tenían historias muy conmovedoras y tenían mi edad, o un poco menos, por tanto fue fácil ponerme en su lugar“, le dice a BBC Mundo.

María le dio la dirección de su mamá y la periodista viajó al sur de Chile, pero tras varios días yendo de casa en casa, en una zona donde las viviendas no tenían numeración exacta, no logró encontrarla.

La verdadera historia

Finalmente, fue Francisco Rivas, un tío de Olivares que vivía en la región, quien dio con “Aguadulce”.

“La madre se puso muy contenta, pero muy nerviosa porque no quería que su marido actual se enterara de la existencia de esa hija. Allí comentó que le habían quitado a su hija apenas nació, en el hospital, y nunca más supo de ella“, cuenta Olivares.

“Era una mujer pobre y prácticamente analfabeta”, agrega.

María relata que el tío de Olivares le escribió un email muy largo dándole muchos detalles de lo que su mamá le había dicho.

En el correo, María descubrió su verdadera historia.

“Me enteré de que tenía tres hermanos más. Algunos sabían de mi existencia, pero mi hermano mayor no”.

A María le costaba digerir la información y a medida que leía le surgían cientos de preguntas. Esta nueva versión no coincidía con los papeles de adopción que su madre había firmado.

“Así me enteré de que mi mamá no me dio en adopción como siempre pensé. Fue forzada a aceptar que yo sería arrebatada de sus brazos”.

Luego supo que “Aguadulce” no sabía leer ni escribir. Entonces ¿cómo pudo haber entendido y firmado los documentos de adopción?, se interrogó.

“Aguadulce” le explicó a Francisco Rivas que el que era entonces su jefe y unos trabajadores sociales estuvieron involucrados en la decisión y que ella no tuvo voz ni voto.

“Mi mamá tampoco estaba en edad para hacerlo. Tenía solo 19 años”.

Hasta 1978, las niñas menores de 21 años debían contar en Chile con la firma de sus padres para dar a un bebé en adopción. Esto no ocurrió en el caso de María.

El reencuentro con su hermana

Poco a poco, María comenzó a atar cabos.

“Aguadulce” era trabajadora doméstica en la casa de una familia pudiente.

Su hijo mayor vivía con sus abuelos en el campo y el plan de esta madre soltera era enviar a María con ellos. Como muchas mujeres en su situación, ella continuaría trabajando de lunes a viernes y visitaría a sus hijos los fines de semana.

Pero nunca volvió a ver a su hija.

“Aguadulce” se casó y tuvo otros hijos. Y aún no le ha dicho a su marido que tuvo una hija hace 46 años, que se crio en Suecia y desde 2011 vive en Estados Unidos.

María regresó a Chile en 2005 con su bebé y su esposo, por tres semanas. Desde 2003 estaba en contacto con su hermana menor, Gabriela, y en ese viaje se conocieron en su casa de Lautaro.

“Tuvimos una conexión inmediata”, recuerda María.

Se suponía que en esa cita también conocería a “Aguadulce”, pero no llegó. Después supo de que aún no se sentía preparada.

Gabriela murió de cáncer en 2007, dos años después de aquel encuentro, cuando apenas tenía 28 años.

Le dijeron que Daniel estaba muerto

A diferencia de María, Daniel nunca hizo ningún esfuerzo por reconectarse con su familia en Chile.

“Él no quería buscarla porque sentía que su mamá lo había abandonado cuando apenas tenía dos días de nacido”, cuenta su hermana.

Cuando María vio con detalle los documentos de Daniel se dio cuenta de que tampoco tenían mucho sentido. “Pensé que había algo que estaba mal y decidí buscar a su mamá sin su permiso”.

A través de Ana María Olivares descubrió que a la madre de Daniel le habían dicho que su bebé había muerto el día después de su nacimiento.

“El saber que estaba vivo y que se lo habían robado le causó un shock muy grande. Fue algo muy terrible”, recuerda Olivares.

Daniel tenía 42 años cuando conoció a su mamá. “Fue la primera vez en mi vida que me sentí verdaderamente vivo, que me sentí una persona real”.

Afirma que todavía está “procesando” el hecho de que fue un bebé robado.

“Cuando pienso en ello, me parece irreal. Es algo que verías en una película o un libro. No sé cómo aceptarlo y me duele muchísimo”, cuenta.

“No sólo me robaron del hospital, también robaron mi identidad y todavía la estoy buscando”, afirma.

Llegó a Chile hace casi dos años y planeaba quedarse unos seis meses, pero la pandemia ha retrasado sus planes de regresar a Suecia y aún se encuentra reunido con su familia biológica en Sudamérica.

Meta incumplida

María aún no conoce a “Aguadulce”, aunque han hablado por teléfono.

En 2016 se reunió con sus hermanos y asegura que fue “fantástico” poder pasar tiempo con ellos y sus respectivas familias.

Ahora solo espera desde Dallas que pase la pandemia para poder por fin encontrarse con su madre.

Ha sido un proceso más complejo de lo que esperaba.

“Cuando has estado separado de alguien por tanto tiempo, se hace cada vez más difícil dar el paso”, explica.

En 2019 se hizo una prueba de ADN con la que descubrió que era 98,7% indígena.

“Mi mamá (adoptiva) nunca quiso hablar de mi padre, pero siempre asumí que era mestizo. Por eso, cuando recibí los resultados del test estaba en shock. Tenía 44 años cuando entendí que era casi completamente mapuche. ¡Eso significa que mis hijos son mitad indígenas!”, cuenta emocionada

“Estoy feliz y orgullosa de ser mapuche, solo me entristece el no haberlo sabido antes”, confiesa.

Desde hace casi un año toma clases de mapudungun. Dice que aprender ese idioma la está ayudando a entender de dónde viene.

Los mapuches representan cerca del 10% del total de los 19 millones de habitantes que Chile. En su mayoría viven en zonas rurales pobres del sur.

Muchos de los bebés que fueron robados durante el régimen militar eran de esa etnia.

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El abogado es señalado del delito de trata de personas en su modalidad de adopciones irregulares.

Según la investigación, en febrero de 2007 Gálvez Abril tramitó con engaños un expediente notarial de adopción en su calidad de notario.

El Ministerio Público (MP) determinó que facilitó y colaboró en la protección de una niña para luego someterla a un proceso notarial de adopción ilegal.

Para ello hizo constar en actas hechos que no sucedieron. Las huellas que calzan en los documentos no son de la madre biológica sino de su asistente Gloria Marina Aguilar Camperos, quien sirvió como testigo y quien ya fue condenada en septiembre de 2020, por el hecho.

Se estableció que la madre biológica no compareció ante el abogado para entregar a su hija, ni otorgar consentimiento para que la niña fuera sometida a un proceso de adopción.

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El bebé raptado tenía tres días de nacido y recordar ese momento causó que el relato de las víctimas fuera con voz entrecortada.

Sulli -madre- indicó: “Tres días después del parto fui a traer a mi hija -Gladys- al hospital cuando le dieron ya al niño, ella salió con dolor de estómago y empezamos a caminar. Le dije que por ser primeriza era normal la razón por la que sentía mucho dolor -en el vientre-“.

En el Tribunal, Sulli recordó que su hija estaba adolorida y ella se sentó en unas gradas afuera del hospital. El bebé lo cargó Sulli y después se estacionó un automóvil frente a ellas, expuso.

“Se acercó un carro color amarillo y bajó Rosalinda Rivera, se puso a platicar con mi hija y no comprendí lo que conversaban porque no entiendo español. Mi hija -Gladys- luego de hablar con ella se acercó a mí y me dijo que entregara al niño porque sino iban a matar a sus hermanos, y había dicho -Rosalinda Rivera- que no valíamos nada”, relató Sulli.

La testigo le contó a la jueza que en ese momento cuestionó a su hija la razón por la que Rosalinda Rivera quería al niño.

“Tenía en mis manos una bolsa negra con los papeles que nos entregaron en el hospital y la señora Rosalinda me los arrebató y se fue -en el vehículo amarillo-. Nosotros después nos fuimos en un taxi y mi hija -Gladys- iba llorando”, expuso Sulli.

Pasaron los días y no volvieron a ver al bebé, Sulli explicó a la jueza que su hija iba a la casa de Rosalinda a preguntar por el niño.

Días después del rapto del bebé, Sulli y Gladys volvieron a ver a Rosalinda, quien les dijo que “debían cambiar un cheque en el banco” para recuperar al menor. En esa ocasión, según Sulli, fueron a cambiar el cheque a su nombre y al salir del banco le devolvieron el dinero a Rosalinda.

El cobro del cheque, sospecha el Ministerio Público (MP), que fue una transacción financiera para justificar la venta del menor o hacer creer eso.

Antecedentes

El caso se descubrió por la investigación que se hizo por la adopción ilegal de Álvaro Suruy, de 4 años, en 2008.

El 8 de mayo de 2008 Rivera fue capturada en su residencia y dentro del inmueble fueron rescatados nueve menores que vivían en condiciones antihigiénicas. En ese operativo participaron más de 25 policías y delegados de la Procuraduría General de la Nación.

La investigación del MP determina que Álvaro Suruy fue separado de su madre, María Suruy, en enero de 2008. Rivera le había dado trabajo en su casa a María y luego la separó de su hijo hasta que lo dio en adopción a una familia en Estados Unidos, de acuerdo con las pesquisas.

El MP sospecha que no fue la única adopción irregular promovida por Rivera, quien buscó en municipalidades cambiar identidades y usó documentos alterados para modificar la identidad de los padres de los menores.

En el caso también están implicados extrabajadores de diversas comunas.

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Una comadrona, una madre y una médica pasaron al estrado a declarar frente a los jueces del Tribunal Sexto Penal. Algunos testimonios señalan que Rosalinda resguardó niños que no eran sus familiares.

“Ella -Rosalinda Rivera- llevaba a niños a mi clínica en zona 1 de la capital para que los examinará, eran niños en adopción, los examiné y entregué certificado. Ella -Rosalinda Rivera- me dijo que eran menores en adopción y ella me pidió certificados, un procedimiento normal, pero no habitual. Normalmente los padres llevan a sus hijos a examen y no piden un certificado”, expuso la médica.

Según la investigación del MP, Rivera tuvo a niños en una guardería improvisada que funcionó en su casa, en la colonia Quinta Samayoa, en la zona 7. Los menores fueron retenidos y alejados de manera forzosa de sus padres, según las pesquisas.

El caso se descubrió por la investigación que se hizo por la adopción ilegal de Álvaro Suruy, de 4 años, en 2008.

El 8 de mayo de 2008 Rivera fue capturada en su residencia y dentro del inmueble fueron rescatados nueve menores que vivían en condiciones antihigiénicas. En ese operativo participaron más de 25 policías y delegados de la Procuraduría General de la Nación.

La investigación del MP determina que Álvaro Suruy fue separado de su madre, María Suruy, en enero de 2008. Rivera le había dado trabajo en su casa a María y luego la separó de su hijo hasta que lo dio en adopción a una familia en Estados Unidos, de acuerdo con las pesquisas.

El MP sospecha que no fue la única adopción irregular promovida por Rivera, quien buscó en municipalidades cambiar identidades y usó documentos alterados para modificar la identidad de los padres de los menores.

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El Ministerio Público (MP) había presentado un recurso de casación en la CSJ para que se reactivara el proceso contra Jovel, por el caso de adopción irregular.

El escrito, presentado el pasado 7 de mayo, va “en contra de la resolución de la Sala que confirmó lo resuelto por el Juzgado al sobreseer —cerrar— el caso de la señora Jovel”, había dicho Julia Barrera, portavoz de la Fiscalía.

“Mi patrocinada ya no tiene ningún niño bajo su custodia; fue dado en adopción por el Consejo Nacional de Adopciones, que es la autoridad central para otorgar una adopción”, dijo la abogada García.

La canciller, nombrada después de que el presidente Jimmy Morales destituyera a su predecesor en medio de una crisis institucional por declarar no grato a Iván Velásquez, titular de la Comisión Internacional Contra la Impunidad en Guatemala (Cicig), está acusada de haber participado en una adopción irregular.

Un día después de su nombramiento, un juez decretó el sobreseimiento provisional del caso al entender que faltaban pruebas.

En este caso, que obligó en su momento a Jovel a dimitir de su cargo de vicecanciller, después de haber sido nombrada para el cargo por el presidente en el 2016, también estaban acusados Mynor Edgardo Quintana Sánchez y Dominga Lissette Ordóñez Sáenz, asesora de la entonces vicecanciller.

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El caso

La causa se remonta al 2010, cuando un menor fue abandonado por sus padres biológicos en la capital y rescatado por la Procuraduría General de la Nación (PGN), que lo puso a disposición del juez de Paz Penal Leonel Sáenz.

Este, según la investigación de la Fiscalía, concertó a través de su prima, Dominga Ordóñez, la entrega del menor a una familia adoptiva, la de Jovel, que no contaba con los requisitos para ello.

Por eso, días después, el Juzgado de Niñez y Adolescencia observó irregularidades en la adopción y ordenó que el niño fuera enviado a un albergue de forma temporal, hasta que Ordóñez y su esposo, registrados en el programa de adopciones de la Secretaría de Bienestar Social de la Presidencia, lograron la custodia del menor.

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Ordóñez, asesora de Jovel en la Cancillería hasta que ella se entregó en mayo del 2016, dio el menor a su superiora, consumando la irregularidad de la adopción.

Hasta el momento se desconoce en cuánto tiempo la CSJ resolverá este recurso de casación.

Una portavoz de la Cancillería dijo que se trata de un asunto personal. “Es algo personal ajeno a la gestión” de Jovel, mencionó.

Así se expresó Jovel en agosto de 2017 cuando el caso fue cerrado.

#Ahora | "Estaban criminalizando un acto de amor" dijo la canciller Jovel, luego que cerrarán el proceso legal en su contra. Vd: @Lared1061 pic.twitter.com/VVKk5uF3YE

— Prensa Libre (@prensa_libre) August 28, 2017

Al salir de la audiencia aquel 28 de agosto del 2017, la canciller dijo sentirse agradecida por el fallo a su favor. “Estoy agradecida con la justicia porque se hizo justicia”, expresó.

“La verdad que darle gracias a Dios porque se estaba criminalizando un acto de amor”, agregó Jovel. “Gracias a Dios obtuvimos una sentencia ajustada a Derecho, nos otorgaron un sobreseimiento, que el efecto jurídico que tiene es que cierra irrevocablemente el proceso”, dijo su abogada.

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“El presente caso se enmarcó en un contexto de serias irregularidades en los procesos de adopción de niños guatemaltecos, favorecido por una debilidad institucional de los órganos de control y una normativa flexible e inadecuada, que facilitó la formación de redes y estructuras de delincuencia organizada dedicadas a las adopciones internacionales”, explicó la Corte.

La sentencia expresa que estas adopciones internacionales además representaron un negocio muy lucrativo en Guatemala, desde inicios de los años 90 del siglo pasado hasta finales de la primera década de los años 2000.

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El caso se enmarca en la operación de una red que entregó en esas condiciones a miles niños. Datos de la Procuraduría General de Derechos Humanos de Guatemala y recopilados en un informe de la Fundación Myrna Mack, señalan que entre 1996 y 2006 al menos 27 mil 871 menores fueron dados en adopción internacional en Guatemala.

La Corte Interamericana concluyó en la sentencia que la separación de la familia Ramírez “fue realizada tras una investigación insuficiente, en un procedimiento que incumplió la propia legislación interna y violó el derecho a ser oído de los niños y sus padres”.

Añade, que “no existió una motivación adecuada y suficiente de las decisiones judiciales, que demostrara que la separación era una medida necesaria para el interés superior de los hermanos Ramírez”.

Los jueces indicaron que la decisión de separar a los hermanos Ramírez de su familia biológica se fundamentó en justificaciones discriminatorias sobre la situación económica de la familia, estereotipos sobre la asignación de responsabilidades parentales a la madre y al padre, así como sobre la orientación sexual de la abuela materna.

Por estas razones, la Corte Interamericana declaró responsable al Estado por la violación de la prohibición de injerencias arbitrarias en la vida familiar, del derecho a la protección de la familia, de las garantías judiciales, del derecho a la protección judicial y la prohibición de discriminación de la familia.

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Los jueces también indicaron que Guatemala violó el derecho a la integridad personal de las víctimas, que hubo ausencia de una investigación de las irregularidades cometidas en el proceso de separación de la familia y la violación de los derechos a la libertad personal, la identidad y el nombre de Osmín Tobar Ramírez.

Durante el proceso el Estado guatemalteco reconoció parcialmente su responsabilidad internacional, pero la Corte estimó necesario dictar una sentencia, en virtud de los hechos y pretensiones de derecho que se mantuvieron en controversia.

Entre las medidas que debe tomar el Estado de Guatemala, se encuentran facilitar y contribuir a una restitución de los vínculos familiares entre Osmín Tobar Ramírez y sus padres, que incluye brindar tratamiento psicológico, psiquiátrico y apoyo terapéutico, así como becas para el estudio de los idiomas inglés y español.

Además de indemnizaciones por concepto de daño emergente, daño inmaterial y costas del proceso.

La Corte IDH es un tribunal de la Organización de Estados Americanos (OEA) y sus sentencias son de acatamiento obligatorio para los Estados miembros. 

Norma Cruz, de Fundación Sobrevivientes, señaló que la falta de voluntad de las autoridades permitió que niños salieran de forma ilegal pic.twitter.com/rFSEu2IqoI

— Geldi Muñoz (@GeldiMunoz) May 29, 2017

Ese año, una víctima dijo que le habían robado a su hija, de un mes de edad, de la cuna de su casa, a quien reconoció posteriormente en un pasaporte emitido para que la bebé pudiera salir de Guatemala.

La investigación estableció que Granados Villalobos, en su calidad de oficial primero de la Municipalidad de Iztapa, en Escuintla, “facilitó la captación” y “aprovechándose de su cargo” utilizó el nombre de una comadrona para colocar en los documentos oficiales que sirvieron para inscribir a la menor robada en el registro civil.

La Fiscalía no identifica en ningún momento a la menor ni señala si ya se reencontró con su madre biológica.

El Estado guatemalteco se ha sentado el pasado mes de mayo en el banquillo de los acusados de la Corte Interamericana de Derechos Humanos (CorteIDH) por la entrega irregular en adopción a familias estadounidenses de dos menores en 1998, un caso que se enmarca en la operación de una red que entregó en esas condiciones a miles de niños.

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Las autoridades guatemaltecas los declararon en abandono y luego fueron dados en adopción a parejas estadounidenses distintas, en un proceso en el que se habrían omitido diligencias probatorias mínimas.

El Centro por la Justicia y el Derecho Internacional (Cejil), que representa a las víctimas en este caso, citó datos de la Procuraduría General de Derechos Humanos de Guatemala (PGN) y recopilados en un informe de la Fundación Myrna Mack, que señalan que entre 1996 y 2006 al menos 27.871 menores fueron dados en adopción internacional en Guatemala.

Según el Cejil, la red que dio en adopción a miles de menores de forma irregular está en la impunidad y se desconoce el paradero de la mayoría de los niños.

Las partes presentaron sus alegatos finales en el tribunal internacional. Este es el primer caso de este tipo que llega a esa instancia.
Osmín Ricardo Tobar Ramírez —también conocido como Ricco—, quien fue uno de los afectados, espera que con este proceso su caso no se repita con otros menores y sus familias.

Esta adopción ilegal fue gestionada por Susana María de la Asunción Luarca Saracho, sentenciada a 18 años y ocho meses de prisión por trata de personas, asociación ilícita y uso de documentos falsificados.

Hechos

En 1997, los hermanos Osmín Ricardo Tobar Ramírez y Jeffrey Rainiery Arias Ramírez, de 7 y 2 años, respectivamente, fueron separados de su familia y entregados de manera ilegal en adopción a dos familias en Estados Unidos.

Los hermanos fueron institucionalizados luego de una denuncia por supuesto abandono, sin que este extremo se comprobara.

Y aunque su madre reclamó y presentó recursos legales para oponerse a la separación, una jueza decidió quitarle la patria potestad y, en una forma irregular,  los hermanos  fueron dados en adopción en el extranjero. Incluso el padre de uno de ellos nunca fue informado de estos procesos.

Según el Refugio de la Niñez y el Centro por la Justicia y el Derecho Internacional (Cejil), este  caso ocurrió debido a la existencia de una red de trata y venta de niños y niñas con fines de adopción que operaba en Guatemala y que involucraba a distintas instituciones y personas.

Según el informe sobre actores involucrados en el proceso de adopciones irregulares en el país, de la Comisión Internacional contra la Impunidad en Guatemala (Cicig),   entre  2001 y 2009 se registraron 26 mil 758 adopciones al extranjero.

Leonel Dubón, director ejecutivo de Refugio de la Niñez, señaló que se debe reconocer que este caso ejemplifica cómo desde hace muchos años el sistema de protección jurídico y social no  funcionaba en el país.

“Este caso viene a ponerle la guinda al pastel y se le pide a la Corte que le solicite al Estado de Guatemala generar un nuevo sistema de protección porque las instituciones del sistema reaccionaron de manera no coordinada, lo que a la postre provocó que niños fueran separados de sus padres y criados en ambiente fuera de su comunidad”, afirmó.

Expectativa

Tobar Ramírez comentó vía telefónica a Prensa Libre que su expectativa es buscar la reparación de jóvenes que, como él, han pasado por una adopción  ilegal, para que en Guatemala  haya mecanismos  para que se celebren  audiencias públicas y cualquiera que busque información la encuentre.

Comentó que en la audiencia explicó su caso y respondió las preguntas que le plantearon. Agregó que para él haberlo separado de sus padres y el país, le afectó en su identidad; además, fue difícil porque sufrió discriminación.

Carlos Escoffie, abogado de  Cejil, explicó que en la audiencia hubo representación del Estado de Guatemala y que luego de la misma la Corte decidirá cuándo emite una resolución, aunque no hay fecha establecida para ello.

Niña robada y entregada a otros padres

Loyda Rodríguez, madre de Angely Liseth Hernández Rodríguez, ha vivido en angustia desde que su hija le fue robada y entregada en adopción de manera irregular.

La niña fue robada el 3 de noviembre de 2006, del patio de su vivienda,  en San Miguel Petapa.

Luego, la menor fue entregada en adopción con el nombre de Karen Abigaíl López García a una familia en Estados Unidos,  con documentos falsos, por la supuesta madre, a través de la Asociación Primavera.

El 25 de octubre  de 2011, el Tribunal Octavo de Sentencia Penal condenó a la abogada Alma Beatriz Valle Flores a 21 años y cuatro meses de prisión, y a Enriqueta Francisca Noriega Cano, a 16 años, sindicada de haber participado en la adopción irregular de la niña.

La PGN informó que el rescate ocurrió en las instalaciones del Registro Nacional de las Personas (Renap) de esa cabecera cuando la madre quería inscribir a la menor  en la referida institución y argumento que la iba a regalar a una familia.

Susana Herrera, delegada de la PGN, indicó que la directora de Renap los alertó y al llegar, la madre de la niña  afirmó su intención, y se excusó con el hecho de que tiene tres hijos más y no tenía dinero para sostener a otra hija.

“Hicimos el rescate y la recién nacida será llevada a una casa hogar, y se trasladara el caso a las autoridades correspondientes para que hagan la investigación necesaria. Además verificaremos el estado de los otros menores”, refirió Herrera.

Agrego que la niña ya no pudo ser inscrita en Renap y se buscará que un familiar se haga cargo de la menor. Mientras que la madre quedará bajo investigación del  Ministerio Público.

Otro rescate

El jueves último, la PGN rescató a una niña de 11 años con tres meses de embarazo, en Puerto San José, Escuintla, ya que denuncias aseguraron que su padrastro abusaba sexualmente de ella.

El relato de la menor detalla que cuando su padrastro la abusaba, la mamá estaba presente y le decía que la llevaría al doctor, pero nunca sucedió.

La Procuraduría de Niñez y Adolescencia solicitó al juez medidas de protección, asimismo, trasladarla a una casa hogar.

La madre será denunciada por los delitos de encubrimiento, omisión de denuncia y maltrato a personas menores de edad, mientras el padrastro por el delito de violación.