Postuladora de Apelaciones recibe 15 amparos y uno obtuvo provisional

Aspirantes a magistrados del Organismo Judicial buscan ser incluidos nuevamente en el proceso de elección previo a enviar los listados al Congreso.

Douglas Cuevas y Rubén Lacán

15 de septiembre de 2024 | 16:53h

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Aspirantes a magistrados presentan 15 amparos en contra de la Comisión de Postulación para Cortes de Apelaciones .(Foto Prensa Libre. Hemeroteca PL)

Hasta este domingo 15 de septiembre, la Comisión de Postulación para Corte de Apelaciones contabiliza 15 acciones de amparo que fueron presentados por aspirantes a los cargos de magistrados que fueron excluidos por no llenar los requisitos de ley.  

Del total de acciones, la comisión fue notificada qué una de ellas obtuvo amparo provisional, pero no se detalló que profesional fue quien obtuvo la resolución a favor. Tampoco se dio a conocer que judicaturas o salas han recibido las acciones legales.

Cada acción legal deberá de ser informada al pleno de las postuladoras.

La elección de magistrados para la Corte Suprema de Justicia (CSJ) y Cortes de Apelaciones se encuentra en la fase final, ambas comisiones se encuentran califican expedientes de los candidatos que ocuparán el cargo para el período 2024-2029. 
 

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La postuladora de Apelaciones tiene prevista su próxima reunión este lunes 16 de septiembre, mientras que la comisión para integrar la nómina de candidatos a CSJ está convocada para el miércoles 18 de septiembre. 

Finalizada la fase de calificación, esta semana se dará a conocer públicamente los resultados de las mediciones, según la tabla de gradación.  

Al tener el listado de los aspirantes elegibles, las dos comisiones deberán votar para la integración de las nóminas para CSJ son de 26 candidatos, magistrados titulares y 13 suplentes. En tanto que para Cortes de Apelaciones son 312 profesionales, 156 titulares y 52 suplente. 

Presentan cuarto amparo contra ampliación presupuestaria aprobada por el Congreso

La ampliación presupuestaria aprobada por el Congreso y solicitada por el gobierno de Bernardo Arévalo suma otra acción legal para que se suspenda.

Hedy Quino y Enrique García

19 de agosto de 2024 | 16:34h

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(Foto Prensa Libre: Hemeroteca PL)

El Grupo Cívico Ciudadano Guatemalteco interpuso este lunes 19 de agosto ante la Corte de Constitucionalidad (CC) un amparo contra la ampliación presupuestaria de más de Q14 mil millones aprobada por el Congreso de la República.

Según los demandantes, la referida ampliación es ilegal e inconstitucional, por lo que piden que se suspenda.

Esta es la cuarta acción legal contra el decreto 16-2024, aprobado el martes 13 de agosto por los diputados del Congreso de la República de urgencia nacional.

Dicha ampliación es de Q14 mil 451 millones.

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Suman amparos

La semana pasada, la Fundación contra el Terrorismo (FCT), la diputada del bloque Valor, Sandra Jovel, y diputados de la bancada Vamos interpusieron acciones de amparo contra la ampliación.

Entre los argumentos para la presentanción del amparo están que se violó el derecho de interpelación contra el ministro de Gobernación, Francisco Jiménez, la cual fue planteada por la congresista Jovel.

La diputada Andrea Reyes, electa por el Movimiento Semilla, indicó que todos están en su derecho, pero que jurídicamente -los amparos- son improcedentes. Recordó que la Corte de Constitucionalidad (CC) ya resolvió que se puede interrumpir una interpelación para legislar a favor de temas presupuestarios por lo que es “perfectamente constitucional”.

Dijo que de resolverse en contra de la ampliación se verían afectados todos los sectores que integran el Estado, incluida municipalidades y sector justicia.

AMPARO CONTRA EL CONGRESO DE LA REPUBLICA POR LA AMPLIACION ILEGAL E INCONSTITUCIONAL DEL PRESUPUESTO 2024 !!! en nombre del Grupo civico ciudadano @Guate_Inmortal_ pic.twitter.com/EvdoNsaAUW

— giovanni fratti (@frattigiovanni) August 19, 2024

Tiene un plan

En conferencia de prensa, el presidente Bernardo Arévalo dijo que “está seguro de que los amparos serán rechazados por la CC porque no tienen ni pies ni cabeza”.

También indicó que tiene un “plan b” si en caso la CC resuelve favorable los amparos, pero no entró en detalles sobre de qué se trata.

Reyes refiere que han presentado al menos seis recursos legales por las acciones en el caso contra la agrupación y respecto al proceso electoral. De la misma manera, menciona que los allanamientos del Ministerio Público (MP) podrían repercutir en que se aplace el periodo electoral después del 31 de octubre por trámites administrativos.

Como defensa del partido, ¿de qué manera perciben la acción de la CC de remitir a otras salas los amparos en relación a los allanamientos del Ministerio Público?

Lo percibimos primero como una resolución bastante débil, porque cuando les convino dar el amparo para las audiencias de revisión sí actuaron a prevención, pero ahorita tenemos dos teorías.

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Una puede ser que la CC esté ganando tiempo y la segunda es que ahorita no lo dieron a prevención por miedo, porque percibimos de que puede haber mucho miedo con Consuelo Porras -fiscal general-; percibimos que puede haber mucho miedo a las represalias que pueda tomar y por eso es que han decidido solo remitirlo y lavarse las manos del caso.

¿Qué represalias podrían ser estas?

El miedo que pueda haber es que Porras, al final de cuenta maneja el ente investigador, o sea, un poco la lógica que quiero seguir es de que  con los magistrados del TSE  no les está importando que sean magistrados para hacer todo lo que está haciendo.

Lo que está demostrando es que Porras tiene poder ahorita para hacer lo que se le da la gana y la corte lo está permitiendo perfectamente.

Ya finalizaron los allanamientos de la Feci, el fiscal indicó que se abrieron 70 de las 160 cajas que buscaban en un principio y que no se realizó ningún conteo de votos. Yo creo que el video que circuló en redes sociales, donde salen los fiscales del MP contando los votos generó una animadversión en la sociedad que lo que hizo fue acelerar la situación.

Todo lo que ha estado circulando en redes y del propio allanamiento es algo indignante, entonces están empezando a ceder a presiones ciudadanas, porque están quedando como lo que son: unos golpistas.

¿Están considerando tomar acciones legales en contra de los fiscales auxiliares de la Feci, quienes realizaron el allanamiento y abrieron las cajas?

De momento no tenemos nada en contra de ellos, porque para empezar no tenemos conocimiento de sus identidades, llegan a los allanamientos protegidos con mascarillas de Covid. Por lo tanto, no se sabe exactamente quiénes son, el problema es que están quedando en evidencia y que seguramente mucha gente va a reconocerlos y va a tomar algún tipo de represalia.

 ¿Qué podría pasar o qué acción tomarán si las cortes no resuelven los amparos que han interpuesto a su favor?

Estamos recurriendo también a la vía internacional, eso generaría sanciones para el Estado de Guatemala, y para ser honesta no queremos que sancionen al Estado, porque nos va a tocar hacer gobierno, pero es la única salida que vemos ahorita si las cortes siguen cediendo a los intereses del MP y de Consuelo Porras.

 ¿A cuáles organismos internacionales han recurrido?

Ya tenemos las medidas cautelares de la Corte Interamericana de los Derechos Humanos y creemos que esas cortes van a ser las que nos van a terminar dando la razón con sanciones para el Estado de Guatemala si las cortes acá se niegan a resolver conforme a derecho.

¿Cuántos  recursos legales ha interpuesto en el Organismo Judicial de junio hasta la fecha, cuando se conoció más sobre el caso contra Semilla?

Cuando empezaron las acciones tenemos el amparo que permitió la segunda vuelta, los dos amparos en contra de las órdenes del juez Fredy Orellana.

Deben haber unos cinco o seis amparos de Semilla, más ocursos que deben de haber todavía ahí pendientes de resolver. Algunos de los recursos incluso ya fueron suspendidos, por la tanto, ya presentamos la apelación del amparo.

Tenemos amparos que fueron suspendidos, que están en fase de apelación; en ese sentido tenemos dos que están en la CC pendiente de apelación de amparo. Tenemos uno que ya fue dado en definitiva por la Corte Suprema de Justicia y tres ocursos en trámite todavía.

Estamos pendientes de que nos citen a la vista pública y a partir de allí ya se empieza a hablar de los amparos en definitiva y apelaciones.

En otro tema, ha circulado información sobre una posible solicitud de antejuicio contra Bernardo Arévalo, ¿tiene conocimiento de algún detalle más concreto sobre el tema?

El MP, en audiencias anteriores ante el juez Orellana, ya expresó su interés de presentar el antejuicio en contra de Bernardo Arévalo, aunque él no ha tenido nada que ver con la constitución del partido. Sí tenemos claro que probablemente vaya a querer ir por ahí y buscar con ese antejuicio anular la posibilidad de que Arévalo tome posesión.

No descartamos ese extremo, pero hasta ahora no hay nada concreto, más allá de que el MP demostró en las audiencias que llevaron a cabo para poder suspender la personalidad jurídica del partido que sea ese el interés de presentar el antejuicio. Lo cual es contrario a lo que el fiscal Curruchiche a dicho públicamente.

Ante la declaración del fiscal, donde menciona que continuarán las acciones del MP respecto a los casos que se investigan, ¿qué postura toman?

Aquí ocurre una situación, el MP acaba de poner en riesgo a través de sus acciones torpes y bastante ilegales, con los allanamiento en el Cope, pusieron en riesgo incluso esa fecha. Creemos que esto podría alterar el calendario electoral, en el sentido de que se suspendieron varios procesos administrativos internos, sobre cómo se archivaría el material electoral que se encuentra en el Parque de la Industria actualmente.

No descartamos que, incluso, después del proceso electoral contemplado hasta el 31 de octubre, muy probablemente vaya a ser posible que se prolongue esa fecha a través de un decreto que el propio TSE le va tocar emitir.

Incluso el período se puede a largar por otro motivos, históricamente se ha alargado porque lo que sucede también es que financieramente, a lo interno del TSE tienen que resolver cuestiones que permitan la liquidación de los gastos de la Juntas Electorales, y dependen también de lo que el Ministerio de Finanzas les traslade para ese fin.

Y como las elecciones se llevaron a cabo en este año, necesariamente tienen que ser en este ejercicio fiscal. En algunos casos el TSE ha quedado endeudado, pero no es algo que se haya resuelto más allá del proceso electoral.

Brayan Palencia, otro exfiscal que también figuraba entre los detenidos, fue el único en recibir falta de mérito.

El fallo se dio a conocer luego de que la primera audiencia, programada para el pasado 29 de mayo, se aplazara por una recusación de la Fundación Contra el Terrorismo (FCT), la cual presentó la denuncia contra el fiscal.

Campo quien dirigía la Fiscalía Contra el Tráfico Ilícito de Migrantes, en el Ministerio Públicio (MP) fue acusado de supuestamente desviar una investigación que estuvo a su cargo en 2021, además de emitir una orden de captura de manera equivocada.

La denuncia en su contra se presentó por la FCT el 17 de noviembre de 2022 y la orden de captura se hizo efectiva el pasado 26 de mayo, fecha en la que también se confirmó la detención de los otros tres exfiscales.

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A su llegada a Tribunales, Campo denunció públicamente que se trataba de una “denuncia espuria” y señaló a la FCT de que “sistemáticamente se ha dedicado a la persecución de operadores de justicia”.

Campo manifestó también ante los medios de comunicación que antes de ser detenido tuvo un acercamiento con la Fiscal General, Consuelo Porras, quien hasta ahora no ha emitido ningún pronunciamiento por la detención del fiscal que estaba aún en funciones.

“Me concedió un audiencia y le expliqué pormenores de lo que ocurrió en el caso Alfa Siete, porque quiero que sepan que esta captura obedece a una orden de aprehensión que fue gestionada equivocadamente por la fiscalía”, declaró Campo.

“La señora fiscal me indicó que ella jamás procedería de forma arbitraria, que ella sería objetiva, que ella no permitiría que el Ministerio Público actuara de forma arbitraria y que todas las acciones de la institución siempre se apegarían a derecho”, agregó.

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Campo, con 12 años de experiencia trabajando en el MP, investigó a algunos ministros de Gobierno y jueces cuando fungió como jefe de la Fiscalía Contra la Corrupción, previo a ser transferido a otra unidad en abril de 2021.

El cambio de fiscalía tuvo lugar cuando Campo accionó penalmente contra el expresidente Jimmy Morales por su posible implicación en un caso de corrupción.

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Campo sostuvo tras su detención que cualquier señalamiento en su contra “no es imputable ni atribuible”.

Al igual que Campo, otros fiscales guatemaltecos que investigaron casos de corrupción han sido acusados por el MP y la mayoría se encuentran exiliados.

MP amplía detalles

Además, el Juzgado Noveno dictó prisión preventiva a Stuardo Campo, Gonzalo Chilel y Carlos Pérez Flores.

El MP amplió detalles y de acuerdo con la investigación, en el ejercicio de sus funciones en la Fiscalía de Sección contra el Tráfico Ilícito de Migrantes, efectuaron acciones que causaron que una persona de 70 años fuera aprehendida injustamente y estuviera en un centro privativo de libertad por 27 días en espera de resolver su situación jurídica.

Los sindicados fueron enviados a prisión preventiva en el Centro de Detención Mariscal Zavala, zona 17.

El Juzgado fijó como fecha para entrega del acto conclusivo el 4 de agosto próximo y la audiencia de fase intermedia para el 22 del mismo mes.

A favor de la víctima y querellante se otorgó como medida cautelar el embargo de las cuentas de todas las cuentas del sistema bancario de los procesados Stuardo Ernesto Campo, Gonzalo Chilel, y Carlos Pérez.

En relación al auxiliar fiscal Bryan Palencia, aunque el juez otorgó una falta de mérito, el mismo quedó sujeto a las siguientes medidas de coerción: prohibición de salir del país, arresto domiciliario en su propio domicilio, firmar en el MP y en el Juzgado Noveno de Primera Instancia Penal, Narcoactividad y Delitos contra el Ambiente.

El contrato para la rehabilitación, administración y operación de esa obra bajo la modalidad de alianza de inversión público-privado (APP), es el primero aprobado por el Congreso y por el Ejecutivo en los 10 años de vigencia que lleva la ley respectiva (Decreto 16-2010).

Dos recursos legales fueron presentados durante diciembre del 2021, y dos más, este 5 de enero del 2022.

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El primero fue promovido por el alcalde del municipio del Puerto San José, Marco Vinicio Najarro, el 10 de diciembre pasado, apoyado por organizaciones de la sociedad civil, en contra del Congreso de la República.

El jefe edil aseguró en esa ocasión que el proyecto no tiene ningún beneficio para los habitantes, aunque dijo no oponerse al proyecto en sí, sino al cobro de peaje porque afectará al turismo, el comercio y a la industria del área.

Javier Reyes, Secretario General del Sindicato de Trabajadores Organizados del Puerto Quetzal (Stopq), dijo que están en contra de la privatización de la autopista y apoya las acciones legales impulsadas por el alcalde en mención.

En tanto, el 29 de diciembre se presentó el segundo, promovido por Isaac Jacobo Gómez González, Jorge Erick Urías Barrera, José Adán Santos Chanquín y Carlos Orlando Samayoa, también en contra del Congreso, según información de la CC.

Urias, presidente de la sociedad civil de la cabecera de Escuintla, comentó que este es promovido por la sociedad civil del municipio de Escuintla y la denominada Comisión Antiprivatización, que según la fuente entrevistada, tiene vida legal porque nació en el seno de los Consejos Municipales de Desarrollo (Comudes).

Añadió que ese proyecto causa un agravio al patrimonio económico de los guatemaltecos y que el impacto negativo sería inmediato principalmente en el costo de la canasta básica. Otro argumento expuesto es que se violenta la autonomía municipal de Escuintla, Puerto San José, Iztapa y Masagua, pues los artículos 63 y 64 del Código Municipal establecen que si se hace alguna obra de trascendencia, se les deberá consultar.

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Dos más en enero

Mientras que este miércoles, fue presentado otro recurso por Mario Roberto Ortiz Barranco y Juan Carlos Estrada Herrera, en contra del Congreso de la República.

Ortiz es presidente y representante legal de la Gremial de Transportistas Especializados en Combustible (Gretec), según la información de la CC, y se trata de una acción constitucional de amparo en contra de ese organismo y se pide que se suspenda provisionalmente el decreto 18-2021 que aprobó dicho contrato.

El abogado Rafael Fajardo explicó que al cobrarse peaje por el uso de esa vía, subirá el transporte y el precio del combustible, lo cual incrementará los precios de la canasta básica. Entre otros argumentos se añade que la carretera ya fue construida por el Estado por lo que no puede ser privatizada y que la población ya paga otros impuestos para carreteras por lo que no es procedente el cobro de peaje.

Y horas antes había sido presentado el primer expediente del 2022; en este caso, un amparo promovido por el abogado Rafael Maldonado Flores en contra del presidente de la República y el Congreso. Maldonado indicó que decidió esta acción legal, como vecino residente en Escuintla, pues el proyecto afectará a la población en general de ese y otros departamentos.

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Señaló que cuestiona el desarrollo de proceso de formación y sanción del decreto 18-2021 del Congreso que aprobó la autopista y busca que se declare inaplicable el cobro porque se violentan tres principios fundamentales: la prohibición de doble tributación porque los ciudadanos ya pagan el impuesto sobre circulación de vehículos (ISCV) , el de distribución de petróleo y sus derivados (IDP) y en ambos se destinan fondos para la red vial.

Además, indica que para los vecinos de varios municipios de Escuintla se violenta la libre circulación porque se les forzará a usar la nueva carretera, pagando peaje, aunque había sido creada por el Estado para facilitar la conectividad.

Firma pendiente

Sandro Testelli, director de país de la compañía Marhnos Guatemala, que forma parte del Consorcio Autopistas de Guatemala (Convía), empresa ganadora de la licitación, respondió que la firma del contrato está en un proceso administrativo y no han sido informados de los alcances de estos amparos presentados.

Agregó que estarán atentos a las diligencias y esperan que estos recursos legales no atrasen un poco más el proceso porque ya se tuvo la autorización del Congreso y la firma del decreto por parte del Organismos Ejecutivo. Según el ejecutivo de la empresa la inversión estimada es de US$125 millones -unos Q962 millones-.

La autopista Escuintla-Puerto Quetzal es un tramo de 41 kilómetros que ya existe, pero debe desarrollarse la autopista, e incluye la construcción de siete distribuidores a desnivel, carriles de aceleración de cámaras de seguridad e iluminación en lugares estratégicos y otras mejoras a la seguridad vial, así como la implementación de medidas de mitigación socioambiental, según detalles del proyecto aprobado.

La modalidad de operación será con cobro de peaje de Q15 para los vehículos livianos de un eje, monto que se multiplicará según el número de ejes de cada unidad, por lo que un transporte de carga de cinco ejes pagaría Q75, según ejemplos comentados en ocasiones anteriores.

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Estos recursos en única instancia han sido interpuestos por distintas organizaciones y personas individuales, aclaró el máximo órgano constitucional.

Específicamente, los amparos son contra “el Congreso de la República de Guatemala por la aprobación del Decreto 33-2020, Ley del Presupuesto General de Ingresos y Egresos del Estado para el Ejercicio Fiscal 2021″ informó en las redes sociales la CC.

A partir de su admisión, se fijó un plazo “para que la autoridad denunciada rinda informe circunstanciado”, expuso la CC.

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En una medida inédita y por la madrugada, los congresistas afines al oficialismo aprobaron este miércoles un presupuesto sin el debido análisis, lo que causó airadas protestas por varios sectores de la población, incluido el propio vicepresidente Guillermo Castillo, que le propuso al mandatario Alejandro Giammattei que renunciaran juntos “por el bien de Guatemala”.

Para este sábado varios sectores convocaron a una protesta por la decisión de los congresistas. 

Este mismo viernes, la CC ordenó a la Policía proteger los derechos de los manifestantes. 

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Morales fue consultado sobre la decisión del máximo tribunal del país de no otorgar un amparo solicitado por cuatro personas para impedir la salida, el próximo 3 de septiembre, de la Cicig de Guatemala.

“Esto está decidido. No renovar el mandato desde que se planteó”, respondió el mandatario al indicar que la acción de amparo ante la CC fue presentada “por gente que quiere un poco de protagonismo”.

El presidente dijo que a este tipo de amparo la CC “ni siquiera les debe de dar trámite porque se gastan los recursos de los guatemaltecos”.
“¿Cuánto vale el tiempo de un magistrado?”, preguntó y enseguida respondió:”Carísimo y dejemos solo lo monetario. Ellos tienen temas importantes que tratar. Mientras más tiempo ocupen los magistrados para resolver tonteras que presentan, lo que están haciendo es un daño sin precedentes a la justicia, a la soberanía guatemalteca y a la sociedad”, aseguró.

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Morales también cuestionó por qué la Corte no resuelve el caso de la Mina San Rafael, que lleva varios años, que no solo representan 1 mil millones de dólares de capital extranjero, sino también generación de empleo directo, indirecto y pago de tributos.
“Dejen de hacer eso, pónganse a trabajar las instituciones que quieren a Guatemala”, instó.

No otorgó amparo

El pleno del máximo tribunal del país informó el martes pasado en un breve comunicado, que resolvió “no otorgar el amparo provisional” solicitado por Álvaro Montenegro, Edie Cux, Pamela Saravia y Elvyn Díaz el pasado 21 de agosto “con el objetivo de que el mandato de la Cicig no termine” en la fecha prevista.

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La decisión fue “unánime” pero se desconocen los motivos que llevaron a la CC a no otorgar de forma provisional este recurso, en el que se denunciaba un supuesto conflicto de intereses del presidente Morales en su afán de finalizar el mandato del ente auspiciado por la ONU.

En septiembre de 2018, rodeado de militares, Morales anunció que la Cicig no iba a continuar por haber extralimitado en sus funciones.

***COMUNICADO DE PRENSA*** pic.twitter.com/BzvV7iwbll

— CC Guatemala (@CC_Guatemala) August 28, 2019

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La primera ocurrió en 1994, a través de un amparo en única instancia promovido por el abogado Mynor Pinto Acevedo, en calidad de magistrado titular de la CC, contra la Corte Suprema de Justicia (CSJ), Cámara de Amparo y Antejuicio, y el juez tercero de Primera Instancia Penal, luego de que le dieran trámite al proceso en su contra.

El segundo fue en el 2003, a favor del presidente del entonces presidente de la CC Mario Guillermo Ruiz Wong, en apelación de sentencia debido a que el Tribunal de Honor del Colegio de Abogados y Notarios de Guatemala lo suspendió luego de haber admitido una denuncia de varios abogados y la Nobel de la Paz Rigoberta Menchú, por faltar a la ética al permitir con su voto la inscripción de José Efraín Ríos Montt como candidato presidencial.

El miércoles último, la CSJ dio trámite a un antejuicio presentado por la Asociación Dignatarios de la Nación contra los magistrados José de Mata Vela, Bonerge Mejía y Gloria Porras por los delitos de prevaricato, resoluciones violatorias a la Constitución, violación a la Constitución y abuso de autoridad, al haber otorgado un amparo para evitar la expulsión de Anders Kompass, embajador de Suecia en Guatemala.

Ambas resoluciones en sus considerandos argumentan que una de las garantías que el legislador constituyente estableció para lograr la plena independencia de criterio judicial en la CC es la que se establece en el artículo 167 de la Ley de Amparo: “No podrán ser perseguidos por las opiniones expresadas en el ejercicio de su cargo”.

“Una de las formas en las que un magistrado de lo constitucional expresa su opinión es al respaldar con su firma el criterio vertido en la emisión de una resolución —sentencia o auto—, pues es en este último acto judicial en el que se materializa la opinión de quien juzga en la jurisdicción constitucional”, refieren los fallos.

Las resoluciones también refieren que la prohibición contemplada en ese artículo evita la persecución penal, civil o de cualquier otra índole, dirigida a polemizar sobre el criterio judicial emanado en una sentencia dictada por la CC.

Ley de amparo

• Artículo 167. Los magistrados de la Corte de Constitucionalidad ejercerán sus funciones independientemente del órgano o entidad que los designó y conforme a los principios de imparcialidad y dignidad inherentes a su investidura. No podrán ser perseguidos por las opiniones expresadas en el ejercicio de su cargo.

“Lo que pretende evitarse con ello es que un magistrado constitucional pueda ser objeto de persecución por haber expresado su criterio para la solución jurídica de un conflicto que se materializa en una sentencia, criterio en el que se puede colegir el iter del razonamiento seguido por el juzgador para tomar la decisión judicial, previa ponderación de los hechos, valoración de las pruebas y expresión de raciocinio jurídico seguido en el caso”, agregan.

El exmagistrado de la CC Rodolfo Rohrmoser no se explica cómo la CSJ les dio trámite a los recientes antejuicios, cuando hay fallos anteriores en que se protege a sus magistrados.

El abogado dijo que la protección se debe para que a quien no le gustó la resolución dictada pueda acusarlos.

CSJ dio trámite a antejuicio contra magistrado

En 1995, Agustín Monzón Díaz y Silverio Rafael Ochaeta Corzo promovieron una querella contra el entonces magistrado Mynor Pinto Acevedo, al señalarlo de haber cometido los delitos de violación a la Constitución, abuso de autoridad y resoluciones violatorias de la Constitución, por haber firmado el acuerdo 3-95 de la CC. El magistrado señaló que la Corte Suprema de Justicia trasladó el antejuicio en su contra al Congreso, cuando lo protege la Ley de Amparo.

Permitió la inscripción de José Efraín Ríos Montt

En el 2003 el entonces presidente de la Corte de Constitucionalidad, Carlos Guillermo Ruiz Wong, fue denunciado por supuestamente haber faltado a la ética al haber permitido la inscripción de José Efraín Ríos Montt como candidato a la presidencia por el Frente Republicano Guatemalteco en ese año, denuncias que fueron planteadas en el Tribunal de Honor del Colegio de Abogados y Notarios de Guatemala y por la Nobel de la Paz Rigoberta Menchú.

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La decisión del presidente Jimmy Morales de dar por terminado de manera unilateral con la Organización de Naciones Unidas el convenio de creación de la Comisión Internacional contra la Impunidad en Guatemala (Cicig) ha llevado a que varios profesionales accionen contra el mandatario.

La CC podría resolver en las próximas horas los amparos presentados. Cabe recordar que los tres magistrados Boanerge Mejía, Gloria Porras, José de Mata Vela fueron denunciados por el procurador general de la Nación, Jorge Luis Donado, y la solicitud está en la Corte Suprema de Justicia, cuyos magistrados deberán decidir si le dan trámite, con lo cual pasaría al Congreso, o lo rechazan.

Primer amparo

Fue presentada por el abogado Alfonso Carrillo, en contra de la decisión presidencial de dar por terminado el acuerdo con ONU respecto a la creación de la Cicig.

El abogado indicó que la Cicig fue constituida a través de un tratado internacional en materia de derechos humanos, denominado “acuerdo entre la Organización de las Naciones Unidas y el Gobierno de Guatemala para el Establecimiento de una Comisión Internacional Contra la Impunidad en Guatemala (Cicig)”, decisión que el Congreso aprobó.

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Por aparte, el Estado de Guatemala asumió la obligación, de conformidad con el acuerdo de la Cicig y con el artículo 149 de la Constitución Política, de acatar ciertos deberes y facilitar el funcionamiento de la Comisión dentro del territorio nacional.

Segundo amparo

Edie Cux, abogado de Acción Ciudadana (AC), presentó ante la CC en horas de la noche del lunes un amparo en el que demanda la destitución de la ministra de Relaciones Exteriores, Sandra Jovel, y que se le certifique lo conducente al presidente Jimmy Morales después del anuncio de poner fin unilateralmente al acuerdo de creación de la Cicig.

Cux agregó que se incumplen normas de derecho internacional para la terminación del acuerdo. Además, que la decisión del presidente es autoritaria y fuera del marco legal vigente, con el objetivo de que la CC declare su improcedencia y anule lo actuado.

“En una actitud de flagrante desobediencia y violación de las leyes del país, el presidente ha dado por terminado el acuerdo de creación de la Cicig. Es deber de las instituciones garantes del estado de Derecho en el país restablecer el orden legal y tomar las acciones legales correspondientes contra los infractores, incluyendo el presidente y los miembros de su Gabinete”, señaló Cux.

Tercer amparo

Horas después, siempre el mismo lunes, el procurador de los Derechos Humanos, Jordán Rodas, presentó otro amparo.

“El acuerdo que dio vida a la Cicig es en materia de derechos humanos y vemos con preocupación cómo parece más un mecanismo de autoprotección a él -Jimmy Morales- y a su grupo aliado político y económico. No podemos permanecer como espectadores ante este otro golpe al estado de Derecho”, dijo Rodas.

Cuarto amparo

Esta mañana, Marco Vinicio Mejía Dávila fue el cuarto que accionó ante la CC en contra del presidente.

Mejía Dávila ha manifestado que fue profesor universitario de Morales y que, de ser su alumno de nuevo, lo reprobaría del curso de Derecho Constitucional.

El abogado indicó que la acción presentada se debe a que la disposición del mandatario es ilegal, debido a que el acuerdo de creación de Cicig fue aprobado por el Congreso a través de Decreto 35-2007 y con el voto favorable de más de las dos terceras partes de diputados. Por lo que solo este organismo puede derogarlo.

El profesional también argumenta que el convenio entre Guatemala y Naciones Unidas no estipula nada sobre su denuncia, retiro o suspensión, por lo que estará en vigor hasta septiembre de 2019 cuando finalice el mandato acordado, como lo ha anunciado el secretario general de la ONU.

Quinto amparo

Fue presentado por el abogado Carlos Bezares y Aníbal García, como integrantes del grupo político Libre. El amparo es en contra del acuerdo gubernativo 2-2019, en el cual el Ejecutivo oficializa el fin del acuerdo de Cicig.

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“El acuerdo es violatorio de las normas internacionales de derecho público, no se respetó el procedimiento de denuncia de tratados contenido en la Convención de Viena sobre el Derecho de los Tratados, asimismo irrespeta el artículo 149 constitucional y el propio procedimiento que debería de tener la política exterior guatemalteca”, dijo Bezares.

El profesional agregó que “si bien es cierto el presidente tiene la facultad constitucional, esta está limitada dentro de la misma Constitución y tuvo que haberle pedido al Congreso autorización para depositar la denuncia”.

Acción de inconstitucionalidad

En horas de la noche de este martes, el abogado Alejandro Balsells se presentó a la CC para presentar una acción de inconstitucionalidad contra la decisión del presidente Jimmy Morales de finalizar el mandato de la Cicig, y que además, se publicó hoy en el diario oficial. 

“Es una situación muy triste y preocupante la que está sucediendo en Guatemala”, dijo el abogado a Guatevisión a su salida de la sede de la Corte. 

Denuncia penal

Mientras tanto, el partido político Winaq presentó una denuncia penal en contra de Morales y los ministros de Gobernación, Enrique Degenhart, y de Relaciones Exteriores, Sandra Jovel, por las acciones emprendidas en contra de la Cicig.

Mientras los dirigentes y simpatizantes participaban en una conferencia de prensa, el abogado particular Raúl Antonio Marroquín les gritó que eran “izquierdistas”. Eso desató un intercambio de palabras de las personas ahí reunidas y el abogado, que explicó que llegaba a una diligencia privada, pero le molestó ver a las personas poniendo la acción en contra de los funcionarios. El incidente no pasó a más.

La acción penal se presentó en la Oficina de Atención Permanente del Ministerio Público, misma que decidirá a que fiscalía será enviada.

Accionan contra el MP

El abogados Raúl Falla presentó una denuncia penal en contra de María Consuelo Porras, fiscal General, y un grupo de fiscales por considerar que pertenecen a un grupo delictivo.
 
“Comparecemos para promover denuncia penal en contra de un grupo delictivo organizado u organización criminal, integrado por la fiscal general, María Consuelo Porras y los fiscales Stuardo Campo Aguilar, Henry Tesen Valle, Mike Eltón Ordoñez Puac”, señala Falla.

Todos son denunciados por los delitos de: abuso de autoridad, incumplimiento de deberes, violación a la constitución, resoluciones violatorias a la constitución, sedición, traición, asociación ilícita y conspiración.

La denuncia se trasladada a una fiscalía luego de que la Oficina de Atención Permanente del Ministerio Público analice si llena los requisitos establecidos.

También fue denunciado el procurador general de la Nación, Jorge Luis Donado, la acción fue presentada por la Alianza por las Reformas, por los delitos de usurpación de atribuciones, obstaculización a la acción penal, violación a la Constitución y abuso de autoridad.

Los denunciantes consideran que Donado tomó atribuciones que no le corresponden al denunciar a tres magistrados titulares de la CC: Bonerge Mejía, Gloria Porras y Francisco de Mata Vela. Se desconoce que fiscalía conocerá la denuncia.

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“No voy va a hacer un planteamiento jurídico del caso. Pero la Corte de Constitucionalidad en opinión consultiva determinó que es el presidente quien tiene a facultad de dirigir la política exterior, en contra de esa opinión ha resuelto de manera arbitraria en varios procesos que tiene que ver en temas de derecho internacional y diplomáticos, en contra de decisiones del presidente, las cuales lo faculta la misma Constitución”, refirió el abogado del Estado.

Por aparte, en conferencia de prensa, Germán Alvarado, jefe de abogacía del área penal de la PGN indicó que los temas que incluyeron en la denuncia penal presentada el pasado 26 de diciembre, contra los tres magistrados de la CC se refieren a las resoluciones en las que se han otorgado amparos favor de la Cicig, mismas que han perjudicado los intereses del Estado.

Alvarado añadió que el artículo 298 del Código Procesal Penal establecen la obligación de denunciar cuando se tiene conocimiento de un hecho punible.

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“Dejemos a un lado los intereses del Estado, sino que es en defensa de la Constitución, por lo que es obligación presentar una denuncia, porque se estima que existen esos ilícitos penales que pueden ser constitutivos de uno o de varios delitos”, refirió.

“En la denuncia se acompañan indicios, y en este caso se acompañan las resoluciones que se han emitido en contra del Estado de Guatemala en amparos, al otorgar permisos y visas al personal de la Cicig”, añadió Alvarado.

También dijo que los magistrados en lo contenido al mandato de la Cicig han perjudicado los intereses del Estado. “Vemos que existen resoluciones en las que no se dio el debido proceso, sin correr audiencias”.

Se excede en funciones

El procurador de los Derechos Humanos, Jordán Rodas manifestó que el abogado del Estado se excede en sus funciones ya que la Constitución señala que la institución tiene la función de asesoría y consultoría de los órganos y entidades estatales, por lo que presentar la denuncia le corresponde al MP.

“Es muy lamentable que se esté utilizando a la PGN para fines distintos a los que establece la Constitución, que es asesorar al Estado y el Estado no solo es el Gobierno, con un fin tan perverso que es erosionar la independencia judicial, solamente porque al presidente Jimmy Morales no le parece. Esto evidencia que es una estrategia perversa que su única finalidad es dejar fuera a la Cicig por no sentirse cómodos por las investigaciones de las que son objeto ellos, sus aliados políticos y económicos”, dijo Rodas.

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“Estamos analizando con el equipo jurídico si es posible un amparo, pero de algo estoy convencido es que el antejuicio presentado por la PGN no tiene futuro porque no tiene fundamento”, añadió.

Amparos otorgados por la CC 

29 de agosto 2017

• Evitan expulsión

Con los votos favorables de los magistrados Gloria Porras, Bonerge Mejía y Francisco de Mata Vela se evitó la expulsión del jefe de la Cicig, Iván Velásquez luego que el presidente Jimmy Morales lo declarará no grato. En esa ocasión se otorgó amparo definitivo al procurador de los Derechos Humanos. Hubo votos razonados de los magistrados Dina Ochoa y Neftaly Aldana.

29 de mayo 2018

• Caso Kompass

Los mismos magistrados otorgaron un amparo provisional a la fundación Myrna Mack y el abogado Alfonso Carrillo, en la que ordena al presidente Morales que busque una “solución amigable” en cuanto a la solicitud de retiro del embajador de Suecia, Anders Kompass, por supuesta “injerencia” en el país.

16 de septiembre 2018

• Fallo unánime

Los magistrados de la CC por unanimidad un amparo provisional que ordena al Ejecutivo a permitir el ingreso del jefe de la Cicig. La resolución establece que el presidente Morales debe realizar las negociaciones con el secretario general de las Naciones Unidas hasta agotar las vías de diálogo.

19 de septiembre 2018

• Velásquez jefe de Cicig

La CC con los votos a favor de Porras, Mejía y De Mata Vela ampliaron el amparo provisional donde ordenan dejar entrar al país a Iván Velásquez y personalizaron que él es el jefe de la Comisión Internacional contra la Impunidad en Guatemala (Cicig). Debido a que Morales prohibió el ingreso el comisionado al país el pasado 3 de septiembre.

21 de diciembre 2018

• Otorgar visas

Con cuatro votos a favor -incluido Neftaly Aldana- la CC ordenó por medio de tres amparos a la Dirección de Protocolo y Ceremonial Diplomático otorgar las visas de cortesía a ocho investigadores de la Cicig y tres familiares a quienes se les había negado ese permiso. No obstante, el Minex presentó una ampliación y aclaración con la que pide un procedimiento para extenderlas debido a que los amparado no están en el país.

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Del 21 al 24 de septiembre se presentaron varios recursos contra la resolución de la CC que permitía el ingreso de Velásquez, entre ellos los de la Presidencia de la República, la Procuraduría General de la Nación (PGN), el Ministerio de Relaciones Exteriores y los de los particulares Ricardo Méndez Ruiz y Carlos Emilio Morales, que buscaban una revocatoria de amparo provisional. 

En tanto, el Ministerio de Gobernación presentó un memorial de aclaración y un recurso de anulación de actuaciones, y el de la Defensa Nacional, otro de nulidad. Todos los recursos buscaban que la CC revocara su resolución provisional sobre el caso. 

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El 28 de septiembre, el máximo tribunal de justicia rechazó los recursos de Gobernación y del Ministerio de Defensa Nacional, entre otros, aduciendo que esas dependencias no tienen facultad para presentar acciones, ya que “no son parte del proceso”.

Con las resoluciones de este jueves la CC prácticamente confirma que no hay ningún impedimento para que el actual jefe de la Cicig ingrese en el país, una resolución que debe ser acatada por el Gobierno y todas sus dependencias.

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Independientemente de lo resuelto por la CC, la ONU ha preferido que Velásquez dirija la comisión desde el extranjero.

Mientras tanto, el Ejecutivo asegura que la ONU aceptó el cambio de comisionado titular, según la reunión de septiembre último entre Morales y António Guterres, secretario General de la ONU,  y acordó con Guatemala elegir un reemplazo de Velásquez a través de una lista de candidatos en los que Guatemala tendría voz. Ese organismo no se ha pronunciado sobre lo que Guatemala ha asumido como un acuerdo entre ambos.

Sin notificación

Alfredo Brito, secretario de Comunicación de la Presidencia, informó que no han sido notificados sobre la resolución de la CC, por lo que no podían emitir opinión aún.

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La principal reforma que propone la iniciativa mencionada es al artículo 16 de la Ley en Materia de Antejuicio donde menciona que cuando un juez tenga conocimiento sobre una denuncia o querella presentada en contra de un funcionario que goce del derecho de antejuicio este se inhibirá y en un plazo no mayor de tres días hábiles trasladará el expediente  directamente al organismo competente.

Según el Artículo 165, literal H, de la la Constitución Política de Guatemala, al Congreso le compete declarar si ha lugar o no la formación de causa contra el presidente, vicepresidente, magistrados de la CSJ, Tribunal Supremo Electoral y la Corte de Constitucionalidad, ministros, secretarios y los procuradores de los Derechos Humanos y General de la Nación.

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Con el cambio propuesto se elimina directamente el filtro que actualmente se tiene la CSJ con los funcionarios mencionados, por lo que el Congreso podrá conocer de primera mano todos los expedientes lo cual ya ha sido considero como una posibilidad para aprovechar intereses particulares.

No es nuevo

La intención de reformar la Ley en Materia de Antejuicio no es nueva, pues el pasado 6 de marzo, el Congreso ya había acordado conocer el mismo proyecto de ley en primera lectura.

En esa ocasión el abogado constitucionalista  Alejandro Balsells consideró “aberrante” la propuesta, señalando que los diputados “quieren chantajear a los magistrados, procuradores y funcionarios que ellos deben conocer el antejuicio”.

“La propuesta le quita el filtro de la CSJ, pues quieren que el juez remita directamente el expediente al Congreso. Eso quiere decir que con lo malo que son los diputados van a decidir la suerte de cualquier funcionario que les quiera poner control”, afirmó Balsells.

El constitucionalista explicó “que la República descansa en controles”, por lo que considera esa iniciativa “digna de un sistema autoritario”.

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Raúl Romero, congresista de Fuerza,  integrante del Frente Parlamentario por la Transparencia, agregó que la iniciativa debilita el sistema.

“Veo que esto es en función de temas personales. La justicia siempre debe verse desde el punto de vista institucional y nunca personal”, señaló Romero.

El ponente de la Ley, Fernando Linares-Beltranena, quien además es presidente de la sala de trabajo que dictaminó favorablemente el proyecto, defendió el proyecto y señaló que solo busca que se cumpla la Ley.

Según el diputado, “tiene que existir cierta disposición del juez de Primera Instancia”, lo que significa que será él quien decida si la denuncia que se presenta constituye un delito.
 
“Por ejemplo, si llega una deuda contra el procurador general, el juez considerará que no es un delito y lo podrá descartar; es decir, hay límites, no quiere decir que absolutamente todo se tenga que mandar al órgano competente”, dijo Linares-Beltranena.

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Error

El 12 de marzo último el proyecto fue enviado de nuevo a la Comisión porque contenía errores.

Linares-Beltranena reconoció en ese momento que la iniciativa tenía errores de tipo mecanográfico y que por eso regresaba a la Comisión de Legislación y Puntos Constitucionales.

La falla del dictamen consistía en que en la redacción de la iniciativa daba a entender que el fuero de cualquier funcionario podría ser retirado si votaban las dos terceras partes de los diputados que lleguen a la sesión y no de los que integran el Congreso.

Sin embargo, Linares-Beltranena corrigió el error al ingresar una propuesta de enmienda a la iniciativa para que no tenga problemas en su interpretación, razón por la que fue agendada de nuevo para su discusión en el pleno.

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El informe fue titulado Una carrera contra el tiempo porque se analizaron casos judiciales emblemáticos, como el de Blanco Lapola, La Línea, Plazas Fantasmas o Bufete de la Impunidad, para comprender las razones por las cuales se han alargado exageradamente los tiempos.

Entre las fallas se encontró que existe un patrón de demoras reiteradas e injustificadas en casos penales, que fueron investigados por la Cicig y el MP, en los cuales los abogados defensores han usado abusivamente amparos, recusaciones y otras medidas para interrumpirlos.

El asunto es ¿Cómo disuadir de estas malas prácticas a estos profesionales, si al ser sancionados por los tribunales la multa no supera los Q1 mil? Algunos ni siquiera los pagan.

Actúan así, porque lo que le pueden cobrar a un corrupto por defenderlo es una suma millonaria, y prefieren actuar inescrupulosamente y burlarse de la justicia, sabiendo que no habrá consecuencia alguna para ellos.

Se supone que el plazo máximo establecido para resolver un amparo es un mes y en estos casos se han tomado hasta dos años. Estos expertos en abusar de una figura legal como el amparo han encontrado un negocio opulento a costa de entorpecer los procesos y dilatar los tiempos, haciéndole un daño terrible al país.

Es urgente que la ley establezca que “la interposición de un amparo o la demora de una notificación no deben ser causas para que un proceso se detenga”.

El tiempo se está agotando para esos litigios, porque en mayo del próximo año la fiscal general Thelma Aldana terminará su periodo y el mandato de la Cicig solo dura hasta el 2019. Entonces, obviamente la intención de estos abogados es, que si logran que los casos demoren hasta que estas autoridades se vayan, va a ser muy difícil tener procesos que realmente sean creíbles.

Y si además estas mafias logran colocar como jefe del MP a alguien afín a sus intereses, seguramente los sindicados saldrán libres pronto y triunfará una vez más la impunidad.

Este informe solo viene a confirmar lo que ya todos sabemos, sobre el colapsado sistema de justicia guatemalteco, que se ha venido en picada en las últimas décadas, por su funcionamiento corrupto y lento.

Muchos argumentan que la crisis se debe a la saturación de casos —algo habrá de eso—, pero lo que más salta a la vista es el litigio malicioso, y no solo en los casos de muestra, sino en muchos otros, donde abogados inmorales hacen de las suyas, traficando influencias, sobornando y haciendo todo tipo de transas frente a los ojos de todos.

Es inmoral permitir y avalar la existencia de bufetes especializados en usar el recurso de amparo malicioso para entorpecer los casos y que el gremio de profesionales del Derecho no se pronuncie enérgicamente sobre este tema, porque debo decir que existen abogados honestos que prefieren no opinar sobre sus colegas y callar.

Esta situación es una afrenta para el sistema, que hasta hoy ha sido incapaz de emitir condenas prontas, lo que nos coloca como un modelo judicial inútil y vergonzoso.

Las recomendaciones indican que debe modificarse la ley de amparo y además la CC y la CSJ deben cumplir los plazos establecidos. Aplicar sanciones drásticas a jueces y abogados cuando sea necesario, pero también debe participar el Colegio de Abogados a través de su Tribunal de Honor, para incluso retirar la licencia de ejercicio profesional a cualquier jurista corrupto que insista en seguir actuando deshonestamente.

imagen_es_percepcion@yahoo.com

En las últimas décadas, ha sido constante el desprestigio del sistema judicial, sobre todo por el largo tiempo necesario para las sentencias. Es absurdo negar la existencia de bufetes especializados en el “amparismo profesional”, cuyos efectos son variados: abandono de los casos por la desesperación y falta de recursos para sostener los honorarios profesionales por las víctimas de cualquier hecho sujeto a un juicio. Por ello, desde hace un tiempo también relativamente largo, la figura del amparo se ha convertido en un sinónimo de valladar para el seguimiento de un proceso, pero también para el trabajo de los jueces, abrumados por la cantidad de amparos. Existe la figura del amparo malicioso, es decir malintencionado e injustificado, pero casi es un chiste.

Los efectos de esta multiplicidad de amparos han sido nefastos: desde los atrasos, hasta la quiebra de empresas, pérdida de propiedades familiares. Indirectamente, estoy seguro, han provocado contratos para sicarios, con efecto de aumento de número de viudas y de huérfanos. Siempre he considerado difícil de aceptar el criterio de los abogados para quienes estas acciones son de alguna manera vistas como parte del paisaje jurídico nacional, el cual incluye la cima de las más altas autoridades de este sector. No es cuestión solamente de lamentar el abuso de estas acciones aberrantes, sino de crear los mecanismos de castigo para quienes ponen a sus clientes en la posición de detener la justicia, con detrimento grave de las contrapartes.

Este tema salió a la palestra el lunes, cuando Cicig, la Procuraduría de los Derechos Humanos y el representante de la entidad internacional Human Rights Watch presentaron un estudio sobre los amparos mencionados como una forma de asegurar la impunidad, a mi criterio una de las peores representaciones de la corrupción. Entre los casos más notorios están el de la acusada Marlene Blanco Lapola, exfuncionaria de Álvaro Colom y hermana de Orlando Blanco, actual diputado de la UNE, también involucrado en un caso de financiamiento electoral ilícito entorpecido por tácticas dilatorias para perder el derecho de antejuicio, por cierto otra figura convertida en un manto de impunidad. Álvaro Arzú también ha sido reticente a obedecer a la justicia.

El sistema de justicia debe recibir la crítica hoy comentada, como un oportuno llamado a hacer una autocrítica, primero, y luego emprender acciones correctivas. El título es claro: “Carrera contra el Tiempo. Cómo el poder judicial de Guatemala pone en riesgo la lucha contra la impunidad”. Obviamente, esto se basa en el criterio de tener un sistema eficiente en todo sentido, como con seguridad lo desean los guatemaltecos pertenecientes a cualquiera de las divisiones de la población interesadas en vivir con la confianza de recibir justicia cuando la necesiten. Ahora, si algún grupo tiene planes diversos, debe no solo tener la valentía de señalarlo, sino la seguridad de convertirse en el blanco de las justificadas críticas nacionales e internacionales.

Los ediles fueron separados del cargo, porque al parecer del TSE, con base en información de la Contraloría General de Cuentas (CGC), eran contratistas del Estado.

Los señalados dejaron de ser contratistas antes de inscribirse en la contienda electoral, pero luego de haber ganado volvieron a ser contratistas.

La Corte de Constitucionalidad (CC) amparó en definitiva al alcalde de Concepción Chiquirichapa, Quetzaltenango, Rafael Hernández Cardona.

La CC considera que el TSE se extralimitó al separar de sus cargos a los alcaldes, ya que esa es función del concejo.

Acatan fallo

El TSE acató la resolución de la CC y restituyó a Hernández Cardona en su cargo. Se desconoce si el concejo lo mantendrá en el puesto.

Los alcaldes y el concejal fueron excluidos por un informe de la Contraloría General de Cuentas que determinó que eran contratistas del Estado al momento de inscribirse como candidatos a elección popular.

El Código Municipal establece que no puede ejercer funciones de alcalde, síndico o concejal quien tenga parte en servicios públicos, contratos, concesiones o suministros, con o por cuenta del municipio (artículo 45, Código Municipal).

La resolución de la CC, en el cuarto considerando, determinó que el TSE se extralimitó en el uso de las facultades que el artículo 125 de la Ley Electoral y de Partidos Políticos le confiere, porque “el artículo 45 del Código Municipal es puntual en establecer el procedimiento para declarar la vacante al cargo de alcalde de una corporación municipal”.

La CSJ amparó a siete alcaldes en definitiva y a tres de manera provisional. Por aparte, un concejal, quien también fue excluido, resultó beneficiado en definitiva.

Los integrantes del Concejo serán quienes determinen en última instancia si el jefe edil es contratista del Estado.

Resolución preocupante

Los magistrados del TSE consideran que son preocupantes las resoluciones  emitidas por la CC y la CSJ, si se toma en cuenta que aunque estas se apelen, sobre todo de la Corte Suprema, la CC beneficiará al resto de  los alcaldes.

En su oportunidad, los magistrados calificaron de “fraude de ley” lo que hicieron los alcaldes excluidos, ya que dejaron de ser contratistas y posteriormente regresaron a dirigir las empresas.

Podría generar violencia

El politólogo José Carlos Sanabria, de la Asociación de Investigación y Estudios Sociales, considera que hay que evaluar principalmente a nivel local los efectos que la resolución pueda tener en la gobernabilidad del municipio.

“Hace más de un año que tomaron posesión. Se han dado procesos y cambios administrativos y la gestión municipal ha avanzado en muchos casos y habrá que ver que esto, en principio, no genere conflictividad a nivel local”, expuso.

El experto señaló que el hecho de que los magistrados no hayan entrado a conocer sobre si son contratistas preocupa, luego de una actuación genuina del TSE para evitar esos ejercicios viciados en que los alcaldes obtienen beneficios.

Sanabria indicó que hay conflicto de intereses en que el Concejo sea el que decida si el jefe edil es contratista del Estado.
El presidente de Acción Ciudadana, Manfredo Marroquín, expuso que la resolución emitida por la CC es polémica, porque hay prohibiciones para optar a esos cargos y en este caso hay evidencia de que se incurrió en una prohibición.

 “Creo que deja un vacío, en vez de contribuir. La resolución, en lugar de generar paz social en los municipios, deja un vacío y una incertidumbre mayor”, enfatizó.

El politólogo Jahir Dabroy coincidió con Sanabria, y considera que esa resolución podría generar un espacio de conflictividad, debido a que hay cuestiones propias en la dinámica de los municipios, que no son iguales a las que estamos acostumbrados los capitalinos.

Tal aspiración no es gratuita. Durante poco más de un año se han visto desfilar por las Cortes a un ex Presidente y a una ex Vicepresidenta de la República, más un buen puñado de ex ministros de Estado y otros funcionarios afines, algo totalmente sorprendente en un país cuyo sistema ha sido diseñado para cobijar a los corruptos, sobre todo cuando éstos pertenecen a los círculos de poder.

La población va de asombro en asombro ante las capturas de políticos y empresarios, siguiendo con atención las extenuantes jornadas de interrogatorio presididas por el juez Miguel Ángel Gálvez. El papel jugado por la Cicig y el Ministerio Público ha sido fundamental para darle consistencia a los casos y mantener fuera de circulación a los individuos más poderosos del país.

Sin embargo, en el sistema de administración de justicia de Guatemala existe un caso que no avanza; uno que de manera inexplicable permanece detenido a pesar de todas las evidencias presentadas por la fiscalía. Es un caso paradigmático cuya resolución quitaría el tapón que impide el curso de la justicia y permitiría resolver otros casos similares de violencia femicida. Se trata del asesinato y desaparición de Cristina Siekavizza, una joven madre supuestamente golpeada hasta la muerte por su esposo, Roberto Barreda.

Lo que hace de este caso un paradigma es la influencia de los personajes involucrados. Para entenderlo, habría que remitirse a la trayectoria profesional de los padres del sindicado, quienes desde sus altas investiduras como magistrados de la Corte Suprema de Justicia han de haber cultivado amistades y sentimientos de gratitud tan profundos entre sus pares como para superar cualquier escollo jurídico, haciendo del tráfico de influencias un verdadero arte.

Treinta han sido las acciones y recursos presentados ante la Corte de Constitucionalidad por la familia Barreda De León en los 5 años transcurridos desde la desaparición del cuerpo de Cristina. Once de ellos por Joaquín Flores, cuñado de Roberto Barreda; 9 por Beatriz Ofelia De León, madre de Barreda —uno de ellos para separar a la Fundación Sobrevivientes como querellante adhesivo—; 6 por el sindicado, con algunos de los cuales pretende retirar el caso del tribunal B de Mayor Riesgo; y 5 por otras personas ligadas al proceso.

Mientras la familia Barreda se afana por salir bien librada de este crimen deleznable, la familia Siekavizza, el Inacif y el Ministerio Público, con el apoyo de la Fundación Sobrevivientes en su calidad de querellante adhesivo, continúan incansables su lucha contra la impunidad. Durante los 5 años transcurridos desde la desaparición de Cristina la han buscado en fincas, ríos, lagos y terrenos baldíos, en donde el asesino —y quien lo asistiera en ese proceso— pudo haber enterrado o sumergido su cuerpo, sin hallarla.

Estas son las incongruencias de un sistema de administración de justicia aún pendiente de depuración. La nefasta tradición del encubrimiento entre pares —lo cual también sucede en otras disciplinas— constituye un obstáculo y se podría catalogar como un acto de complicidad criminal toda vez impide el imperio de la ley. La reforma del sector justicia es, más que una demanda ciudadana, una necesidad vital para Guatemala.

elquintopatio@gmail.com