La Justicia de El Salvador condenó al expresidente Elías Antonio Saca (2004-2009) y a otras dos personas a pagar US$10 millones como responsabilidad civil por la malversación de una misma cantidad donada por Taiwán, informó este miércoles la Fiscalía.

Saca deberá pagar US$6 millones y Gerardo Balzaretti Kriete y Juan Tennant Wrigth, los otros dos involucrados en el caso, US$2 millones cada uno, indicó la fuente.

Los implicados fueron sobreseídos en julio de 2019 de una causa penal por lavado de dinero, cometido al supuestamente colaborar con el fallecido expresidente Francisco Flores (1999-2004) para el blanqueo de la millonaria cifra.

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Sin embargo, el proceso para determinar su responsabilidad civil continuó.

La Fiscalía General de la República (FGR) señaló en julio de 2020 que buscaría recuperar los US$10 millones mediante una demanda civil.

Los fondos fueron entregados por Taiwán a El Salvador, entre octubre de 2003 y abril de 2004 para la ejecución de 4 proyectos para las víctimas de dos terremotos que afectaron al país en 2001.

El expresidente Flores fue enviado a juicio en 2015 por la supuesta malversación de los fondos donados por el país asiático, pero falleció en 2016 antes de que se instalara el proceso.

Según el Ministerio Público, el exmandatario Flores se apropió de US$5 millones y los otros US$10 millones los desvió a cuentas del partido Alianza Republicana Nacionalista (Arena).

Esta versión fue respaldada en 2016, durante las exequias de Flores, por el expresidente de Arena Jorge Velado, mientras que la exvicepresidenta del país Ana Vilma de Escobar (2004-2009) señaló en su momento a periodistas que el dinero fue utilizado para la campaña electoral de Saca.

Saca, el primer expresidente de la democracia salvadoreña en ser condenado por corrupción, purga una pena de 10 años de prisión que recibió en septiembre de 2018 por desviar y lavar más de US$300 millones del presupuesto estatal durante su gestión.

El expresidente de El Salvador Antonio Saca (2004-2009) fue condenado este 19 de septiembre a dos años de prisión por el delito de cohecho tras confesar el delito en un juicio “abreviado”.

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Una de las fiscales del caso dijo a periodistas que la jueza titular del Juzgado Noveno de Instrucción “dio un fallo condenatorio” contra el ex jefe de Estado, quien purga 10 años de cárcel por la malversación de más de US$300 millones del presupuesto estatal.

La letrada señaló que Saca confesó durante el juicio que pagó US$10 mil para obtener información relacionada con la causa civil que enfrenta en otra corte por supuesto enriquecimiento ilícito en más de US$4 millones.

“Él ha confesado los delitos y quedó en acta que efectivamente entregó los US$10 mil”, precisó la letrada.

El referido juzgado suspendió el juicio el pasado 13 de septiembre por los problemas técnicos registrados al momento de reproducir las grabaciones de unas llamadas intervenidas.

Saca llegó hasta la sede del referido tribunal en San Salvador esposado y custodiado por agentes de la Policía Nacional Civil (PNC).

La fiscal añadió que un juzgado de Vigilancia Penitenciaria deberá decidir si Saca cumple la condena o queda saldada por el tiempo que estuvo en prisión preventiva.

De acuerdo con el abogado de Saca, Mario Machado, la condena “debería estar cumplida”.

El expresidente fue notificado de este proceso penal en su contra el 19 de agosto de 2017.

Saca pactó con el Ministerio Público confesar el delito para obtener la pena de 2 años de prisión, benefició judicial que también utilizó en 2018 para evitar una pena de hasta 30 años de prisión por la malversación y lavado de fondos estatales.

Machado aseguró a periodistas el día de la instalación del juicio que Saca aceptó confesar el delito “por conveniencia” y para “evitar que un proceso jurídico tenga una consecuencia judicial”.

Saca llegó al poder bajo la bandera de la derechista Alianza Republicana Nacionalista (Arena) y en 2014 fue candidato presidencial con la Gran Alianza por la Unidad Nacional (GANA), actual partido oficial.

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En la acusación que fue presentado en el juzgado Segundo de Paz de San Salvador, la Fiscalía pide la detención para Saca, quien luego de afrontar un proceso judicial en septiembre del año pasado recibió una condena de 10 años de cárcel por el desvío de US$301 millones de los fondos de Estado.

El viernes 1 de marzo, la Fiscalía también pidió la detención para Gerardo Balzaretti y Juan Tennant Wright, colaboradores de Saca.

Para el expresidente Flores y el el banquero Mauricio Samayoa, la Fiscalía solicitó “sobreseimiento definitivo” porque ambos ya fallecieron. Flores murió a consecuencia de un parao cardíaco el 30 de enero de 2016.

El jefe de la unidad de fiscales contra la Corrupción y la Impunidad, German Arriaza, declaró a la prensa que a los procesados se les encontró “participación activa en el cometimiento” del delito de lavado de dinero.

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Arriaza explicó que los imputados utilizaron diferentes mecanismos con la finalidad de ingresar, trasladar y utilizar los fondos para otras actividades.

La Fiscalía salvadoreña también procesa en cinco diferentes casos al expresidente izquierdista Mauricio Funes (2009-2014), el más grave es por el supuesto desvío de US$351 millones.

Funes se encuentra en Nicaragua, asilado por el presidente izquierdista Daniel Ortega, desde septiembre de 2016, cuando abandonó el país tras aducir “persecución política”.

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“El expresidente Elías Antonio Saca fue condenado a 10 años de prisión por los delitos de peculado y lavado de dinero y activos”, consignó la Fiscalía General de la República en su cuenta de Twitter. 

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Indicó que un tribunal de la capital también condenó al exsecretario privado Elmer Charlaix a 10 años de cárcel por los mismos ilícitos que el expresidente.

Mientas el secretario de Comunicaciones Julio Rank, y el presidente de la empresa estatal de aguas, César Funes, fueron sentenciados a cinco años de cárcel.

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Saca, que purgará ocho años de prisión debido a que ya está cerca de cumplir dos años de detención, fue juzgado junto a seis de sus colaboradores por el millonario desvío de fondos públicos.

En un pacto con la Fiscalía, el expresidente aceptó haber cometido delitos de peculado y lavado de dinero y activos a cambio de un juicio abreviado, para reducir a 10 años la pena de prisión, que pudo ser de más de 25 años.

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Las confesiones de Tony Saca en San Salvador despiertan el interés de cualquier persona, pero para quienes creemos en el Derecho Constitucional como aquella ciencia que nos permite limitar el poder público o de grupos específicos y crear reglas mínimas de convivencia pacífica entre los distintos sectores sociales  el caso salvadoreño sí nos quita el sueño.

Tony Saca, con el objeto de lograr una sentencia más favorable al robo que llevó a cabo con su equipo cuando fungía como presidente, nos ilustró la grandísima diferencia que existe entre lo que conocemos como “ley” y lo que debemos conocer como “derecho”, porque robó con procedimientos “legales” y hasta logró “auditorías light”.

La ley nos dicen desde los primeros años en la Facultad de Derecho, es “una decisión política”, pero esta decisión política se supone es basada en legítimos intereses nacionales, en países como el nuestro, donde buena parte de la institucionalidad es cooptada por sectores que “oficialmente” tienen el traje “legal” para ejercer el poder, pero en la práctica solo rondan por sus intereses o les mueven sus negocios, cualquier país se viene pique.

Tony Saca, expresidente por el ultraderechista partido Arena, nos refleja cómo el ladrón usa la institucionalidad para robar, pero también en el hermano país existe orden de aprehensión para Mauricio Funes, el primero de los presidentes electos por el ultraizquierdista partido FMLN y los cargos también son por ladrón, así que tanto la derecha como la izquierda enseñan que sus ladrones quieren lo que todo ladrón busca, y eso se llama dinero, por supuesto, si para lograrlo usan la institucionalidad poco les importan los efectos sociales que ello representa.

El caso salvadoreño nos interesa porque hay confesiones claras y contundentes; sin embargo, acá en Guatemala sin duda alguna el asunto no es distinto, por alguna razón siguen existiendo fondos que no son de manera oficial discrecionales, pero se manejan como tales, los puertos y aeropuertos son caldos de cultivo para el narco, miembros de ejército cada vez más seguido son señalados por utilizar la institución como centro logístico para narco, tráfico de armas, lavado de dinero o contrabando, existen universidades que regalan títulos con descaro y sin sanción, los colegios profesionales son opacos e ineficaces para los fines constitucionales, el magisterio organizado tiene un líder cada vez más patético y culebra con los gobernantes de turno. En todo esto la institucionalidad guatemalteca es cómplice.

La moraleja es clara, a la institucionalidad la debemos fiscalizar desde la óptica del Derecho y no de la ley, porque la ley y la sentencia, en determinados momentos históricos, no son más que muestras formales de poder. Hernández en Honduras y Ortega en Nicaragua fueron reelectos con base en una “sentencia” de vergüenza. En nuestro país, el Congreso, el Ejecutivo y Sistema Judicial no generan ninguna confianza y esto es porque es más que evidente que un buen número de diputados, ministros y magistrados usan su poder para escalar posiciones y olvidarse de los retos que debían enfrentar.

El Derecho busca el ejercicio del poder de forma racional. Cuando la razón no germina en los actos de quienes gobiernan se pierde la paz social. El caso salvadoreño ilustra, en sede judicial, lo grotesco de las formas de robar, por eso, como dice el refrán: “cuando veas las barbas de tu vecino cortar…”.

@Alex_balsells

El testigo, identificado únicamente como “Prometeo”, manifestó ante los jueces que trabaja para la empresa América Publicidad, una de las 3 señaladas de recibir los fondos cuestionados, y admitió que la agencia sirvió para llevar fondos de la Presidencia a las empresas de Saca entre julio de 2004 y agosto de 2011.

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El hombre, quien se acogió a un “criterio de oportunidad” para no ser procesado, explicó que Saca le dijo que el dinero era de “fondos reservados de la Presidencia y de alguna donación que le iban a dar al país”.

Acotó que solo la empresa para la que trabaja recibió 7.7 millones de dólares y que 80 por ciento de estos fondos, poco más de 6 millones, eran entregados a las radios y la agencia de publicidad se quedaba con el 20 por ciento.

Saca confesó el pasado 9 de agosto que para lavar el dinero pactó “sin licitación y de manera ilegal” con 3 agencias de publicidad el pago mensual de unos 100.000 dólares y que estos se distribuyeron en la proporción dicha por el testigo.

“Prometeo” también señaló que entre 2008 y 2009 recibió 2 millones de dólares para manejar la campaña publicitaria de las elecciones presidenciales del partido que llevó a Saca al poder, la Alianza Republicana Nacionalista (Arena).

Dicha formación, que tras perder los comicios de 2009 con el exdirector de la Policía Rodrigo Ávila como candidato expulsó a Saca, también recibió 7.6 millones de dólares en sus cuentas bancarias.

Uno de los fiscales del caso aseguró que la empresa de “Prometeo” solo sirvió para trasladar los fondos cuestionados, dado que no dio los servicios “creativos” de publicidad, ya que las campañas eran preparadas por el Gobierno.

Este es uno de los testigos clave, que participaron en el esquema de lavado de dinero de Saca, llamados a declarar por la Fiscalía contra el expresidente y 6 de sus ex colaboradores.

Se espera que en las próximas semanas declaren más de una veintena de testigos, que forman parte de los más de 100 que la Fiscalía tenía previsto llamar, número que los fiscales decidieron reducir en razón de un trato alcanzado con Saca y otros procesados.

Saca es el primer expresidente de la democracia salvadoreña en afrontar un juicio y confesar en una corte delitos de corrupción, dado que su predecesor en el Ejecutivo, Francisco Flores (1999-2004), fue enviado a esta etapa en 2015, pero falleció antes de la instalación.

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Una docena de expresidentes salpicados

En Argentina,los “cuadernos de la corrupción” han sacudido por algunos días a políticos y grandes patrones empresariales. Óscar Centeno, el chofer de un ministro durante las administraciones de la era Kirchner, anotó meticulosamente las decenas de millones de dólares pagados entre el 2005 y el 2015 a sus gobiernos por ejecutivos privados para obtener contratos públicos.

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Varios funcionarios de alto rango y ejecutivos corporativos están entre rejas y Cristina Fernández, presidenta del 2007 al 2015 y ahora senadora, pasó brevemente este lunes por el juzgado donde se negó a declarar.
Fernández negó ante la Justicia haber recibido sobornos de empresarios durante su etapa como gobernante, recusó al juez y al fiscal y apuntó contra el actual Gobierno por la “persecución” que dice estar sufriendo y que cree busca su proscripción política.
“Es la nueva estrategia regional para proscribir dirigentes, movimientos y fuerzas políticas que ampliaron derechos y permitieron salir de la pobreza a millones de personas durante la primera década y media del siglo XXI”, escribió la expresidenta en Twitter.
En Perú, la difusión de grabaciones unas grabaciones a principios de julio ha situado al sistema judicial en el ojo del huracán. En los audios se escucha a jueces negociando las sentencias de acusados.

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El ministro de Justicia, Salvador Heresi; el presidente del Tribunal Supremo, Duberli Rodríguez, y el presidente del Consejo de la Judicatura, Orlando Velásquez, quien nombra a los jueces y fiscales, se vieron obligados a renunciar.
En respuesta al escándalo, el presidente peruano, Martín Vizcarra, lanzó una reforma judicial masiva y anunció un referéndum para legitimarla.

En Centroamérica, el expresidente salvadoreño Elías Antonio Saca (2004-2009), en prisión desde hace casi dos años, admitió haber desviado más de 300 millones de dólares durante su mandato. Su sucesor, Mauricio Funes (2009-2014), acusado de los mismos delitos, está prófugo en Nicaragua.

El exjefe de Estado de Panamá Ricardo Martinelli (2009-2014) fue extraditado en junio desde Estados Unidos: está acusado en una veintena de casos de corrupción.
En Guatemala, la Cicig y el MP han emprendido desde el 2015 una férrea lucha en contra la corrupción que le ha llevado a desarticular más de una veintena de estructuras, en las que están implicados, entre otros, el expresidente Otto Pérez Molina y la exvicepresidenta Roxana Baldetti, ambos en prisión preventiva tras renunciar a sus cargos.

Desde el expresidente brasileño Luiz Inacio Lula Da Silva a los últimos cuatro mandatarios de Perú, actualmente en la región latinoamericana “hay una docena de expresidentes en la cárcel, fugitivos, involucrados o destituidos” en casos de este tipo, aseguró el abogado peruano José Ugaz, expresidente de la oenegé anticorrupción Transparencia Internacional.

Una parte de estas causas está conectada con el gigante de la construcción brasileño Odebrecht, en el centro de un gran escándalo de corrupción que socava a la clase política regional.
La admisión de culpas de Odebrecht implica una inculpación tácita contra los funcionarios acusados de corrupción en 10 países latinoamericanos –Guatemala, Brasil, Argentina, Colombia, Venezuela, Ecuador, Perú, México, Panamá y República Dominicana-, además de Angola y Mozambique, consideró el analista.
El país más impicado en los presuntos pagos de la constructora es Venezuela, donde Odebrecht gastó US$98 millones entre el 2006 y el 2015 en “pagos corruptos a funcionarios gubernamentales”, según los documentos de la Justicia estadounidense.

Dinero y política

“La relación entre el dinero y la política está en el corazón del tema”, explica Gaspard Estrada, director de Opalc, el observatorio de América Latina del Instituto de Estudios Políticos de París.
Desde Brasil hasta Argentina “encontramos los mismos mecanismos con empresarios corruptos y políticos que buscan financiar sus campañas”, sintetiza.

Para “salir de esta dependencia y romper este círculo vicioso”, es necesario un marco más estricto: “Debería haber límites para las donaciones de personas privadas y esto se acompaña de un financiamiento estrictamente público”.
“El gran problema institucional en América Latina es la falta de mecanismos de ‘check and balance’ (control y equilibrio)”, afirma Raúl Ferro, del Centro para la Apertura y el Desarrollo de América Latina (Cadal), preguntado por la AFP.

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“No hay dudas de que los cuadernos describen con precisión el modo en que el kirchnerismo recaudó ilegalmente fondos durante siete años sin que saltara la alarma de ningún órgano de control”, observó recientemente el politólogo argentino Nicolás Solari, radicado en Miami, EE.UU.

“Cada vez más difícil”

“En América Latina tenemos una historia de corrupción. Siempre van a haber casos, está en la naturaleza del ser humano”, admite Ferro, que sin embargo se dice “optimista, sin ser ingenuo”.

“Lo importante es que cada vez es más difícil hacerlos y cada vez es más fácil denunciarlos. Los escándalos permiten tener pequeños avances”, opina.
“El caso ‘Lava Jato’ (Lavadero de autos) en Brasil ha generado una dinámica en la región a la que se le ha sumado un mecanismo nuevo e interesante que es la ciudadanía. Hemos visto a miles de personas marchar contra la corrupción. Este es un motivo de esperanza”, afirmó el abogado José Ugaz.
“Ojalá que no termine como la Primavera Árabe, en un fogonazo. La población tiene que mantenerse alerta”, advirtió el abogado.

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Una enorme puerta de unos 10 metros de alto de madera fina y con vitrales, es la entrada a la suntuosa mansión que asombra a sus visitantes, en una exclusiva zona residencial con guardias privados en las faldas del volcán de San Salvador, en la periferia oeste de la capital.

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Rodeada de terrenos cultivados de café y árboles de pino, la mansión que ha sido valuada en unos ocho millones de dólares, fue incautada este viernes por la Fiscalía al expresidente salvadoreño de 53 años.
“Esta mansión la denominamos como el monumento a la corrupción en El Salvador. Es un palacete con lujos que por lo menos su servidor nunca los había visto”, declaró a periodistas el fiscal general Douglas Meléndez.
En la cochera estaban estacionados cinco automóviles de lujo propiedad del expresidente, y que también le fueron incautados.
La opulenta residencia está vacía, y en una de las primeras habitaciones quedó abandonada una caja fuerte, sin nada en su interior.
Saca, que gobernó El Salvador entre el 2004 y el 2009, afronta junto a seis de sus colaboradores un juicio por el desvío de 301 millones de dólares durante su mandato.

El exmandatario y tres de sus colaboradores aceptaron la culpa por los delitos de peculado y lavado de dinero y activos a cambio de un juicio abreviado, para reducir a 10 años la pena de prisión a la que está expuesto.
Además de la mansión, la Fiscalía incautó 35 residencias propiedad de Saca y su grupo familiar en todo el país, 46 vehículos, 11 locales comerciales, tres haciendas, seis sociedades comerciales de comunicación conformadas por 16 estaciones de radio y poco más de un millón de dólares encontrados en instituciones financieras.

Capilla y cancha de fútbol

En el vestíbulo de la casa, dos escalinatas con piso de mármol, pasamanos de hierro forjado y madera, dirigían a otro nivel en donde habían no menos de diez habitaciones para huéspedes dotadas de lujosos detalles: candelabros, pisos de fina cerámica o alfombrados, aire acondicionado y jacuzzi.

El centro de la mansión era dominado por un enorme salón con chimenea, bar y grandes ventanales que daban una privilegiada vista panorámica a la ciudad de San Salvador.
Franqueando una piscina dotada de jacuzzi había varios salones utilizados por la familia del expresidente Saca, como gimnasio, sala de juegos, sala de masajes, sala de belleza, bar, cuarto de música, y una sala de cine con paredes acústicas.
Frente al jardín principal, el expresidente Saca mandó a construir una capilla privada, donde aún permanece una estampa pintada en azulejos del papa Juan Pablo II.
“Es sorprendente el lujo en esta propiedad, parece la mansión de un emir, se nota que no tuvieron miseria en gastar el dinero de los ciudadanos, indigna”, comentó a la AFP el jefe de la Unidad de Investigación de Delitos Financieros, Jorge Cortez, quien junto al fiscal general mostró a la prensa las instalaciones de la mansión.

Frente a la casa, resguardada por un gran portón de hierro y altos muros de ladrillo y concreto, se encuentra otra propiedad en la que el expresidente mandó a construir una cancha fútbol provista de iluminación, así como un salón para ejercicios y baile.
A un costado de la cancha figura una sala de “Placas y trofeos”, con algunas preseas que Saca acumuló durante su gestión presidencial.

“No voy a descansar hasta lograr que estas instalaciones vuelvan a manos del pueblo, porque se hicieron con dinero de todos los salvadoreños”, dijo en tono indignado el fiscal general.

Funes usó mismo método que Saca para malversar

El expresidente de El Salvador Mauricio Funes (2009-2014) utilizó el mismo método que su predecesor, Elías Antonio Saca (2004-2009), para malversar fondos estatales, dijo uno de los fiscales de un juicio contra Saca.
“Lo siguieron haciendo, Funes tuvo que haber seguido haciendo lo mismo (que Saca), aprovechándose de todo”, señaló el fiscal, quien pidió el anonimato.
Esto en referencia al uso de un reglamento de la Presidencia y al traslado de fondos estatales a cuentas particulares de empleados y su cobro en efectivo.
El expresidente Saca confesó este jueves que utilizó un reglamento para darle una “aparente legalidad” al uso de fondos en beneficio personal y que le daba la facultad a sus presuntos cómplices de abrir cuentas personales para apropiarse de dinero estatal.

“Dicha normativa me permitía asegurar la aparente legalidad en el manejo de los fondos públicos, aprovechar su uso y apropiármelos en beneficio personal y de otras personas”, sostuvo el ex jefe de Estado.
Tres de los exempleados de la Casa Presidencial que enfrentan juicio junto a Saca son procesados en el caso de Funes, acusados de colaborar en la supuesta malversación de más de 351 millones de dólares.
Se trata del exjefe de la Tesorería del Gobierno salvadoreño Jorge Alberto Herrera, del exgerente financiero Francisco Rodríguez Arteaga y del excolaborador Pablo Gómez.
Los primeros dos confesaron los delitos de peculado y lavado de dinero en un “juicio abreviado” a cambio de recibir penas mínimas de entre 3 y 6 años de prisión, mientras que Gómez decidió seguir el proceso “normal”.
La abogada de Herrera y Rodríguez Arteaga, Tania Pastor, sostuvo que estas personas valoran la opción de pactar una confesión en el proceso vinculado a Funes, asilado actualmente en Nicaragua, o ser testigos con criterio de oportunidad.
“Cualquiera de las dos posibilidades es viable, ellos pueden convertirse en testigos con criterio de oportunidad, dado que son personas procesadas y no pueden ser testigos comunes. También podría darse otra vez un proceso abreviado”, apuntó la letrada.

Según la Fiscalía, Funes comandó junto a su amigo Miguel Menéndez, también exfuncionario y empresario de seguridad, una “estructura sofisticada” que sacó más de 351 millones de dólares a cuentas privadas, cobró más de 292 millones en efectivo y los lavó.
El expresidente fue condenado en 2017 a devolver más de 419.000 dólares al Estado, tras ser declarado responsable de enriquecimiento ilícito por parte de un tribunal civil en un juicio ordenado por la Corte Suprema.
Funes, quien llegó a gobernar bajo la bandera del “cambio” ante la corrupción de administraciones anteriores, es el tercer presidente salvadoreño desde que el país entró a la vida democrática en ser acusado de tomar dinero público.
Además de Funes y Saca, el fallecido exgobernante Francisco Flores (1999-2004) fue procesado por supuestamente apropiarse de 15 millones de dólares donados por Taiwán.

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“Dicha normativa me permitía asegurar la aparente legalidad en el manejo de los fondos públicos, aprovechar su uso y apropiármelos en beneficio personal y de otras personas”, dijo ante los jueces del Tribunal Segundo de Sentencia.

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El expresidente salvadoreño, que pactó con la Fiscalía su confesión a cambio de recibir una condena mínima, aseguró ante los jueces que para respaldar el desvío de los fondos emitió el reglamento, para que la información relacionada fuera considerada como secreto de Estado.
Detalló que el dinero fue transferido durante sus 5 años de gestión a 13 cuentas particulares de su exsecretario privado Elmer Charlaix y otros dos empleados de la Presidencia, y que buena parte se retiro en efectivo.
Añadió que para lavar el dinero pactó “sin licitación y de manera ilegal” con 3 agencias de publicidad el pago mensual de unos US$100 mil, y que las empresas se quedaban con el 20 por ciento y el 80 por ciento era trasladado a empresas de radiodifusión en las que poseía entre el 50 y 90 por ciento de las acciones.

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El exmandatario, que llegó al poder bajo la bandera de la derechista Alianza Republicana Nacionalista (Arena), apuntó que para que este dinero llegara a su patrimonio personal y “cubrir el origen ilícito” dichas sociedades, le pagaban un salario mensual de entre 4 mil y US$60 mil.

Acotó que entre el 2005 y el 2006 se propuso “extraer mayores cantidades de dinero y que no fuera rastreado”, por lo que mediante “testaferros” fundó varias sociedades para que “fingieran” prestar servicios de publicidad al Gobierno.
Saca, quien antes de convertirse en empresario y presidente se dedicó al periodismo deportivo, confesó que estas empresas compraron diversos inmuebles en ese país.
Declaró, sin la presencia de los otros seis imputados en la sala de audiencias, que el partido político Arena recibió “varios millones de dólares” para “actividades que no tenían ninguna relación con la Presidencia”.

Explicó que también pagó a ministros, viceministros y presidentes de entidades autónomas de su Gobierno cantidades de entre 5 mil y US$10 nil  mensuales y en efectivo como “sobresueldos”.

Además pagó a Jorge Hernández, acusado en un proceso paralelo y expresentador de noticias de la principal cadena de televisión, un salario “ilegal” de US$10 mil mensuales para recibir una “cobertura amplia y favorable”.
Con esta confesión se espera que los jueces impongan una sentencia de 10 años de prisión a Saca, pena acordada con Fiscalía y menor a la condena máxima de 30 años que estable la legislación salvadoreña por peculado y lavado de dinero.
También los exsecretarios Privado, de Comunicaciones y de Juventud Elmer Charlaix, Julio Rank y César Funes, respectivamente, aceptaron el proceso “abreviado”, junto a los exempleados de la Presidencia Francisco Rodríguez Arteaga y Jorge Alberto Herrera, que se espera que confiesen por este caso..
Saca es el primer expresidente de la democracia salvadoreña en enfrentar un juicio por delitos de corrupción, dado que su predecesor en el Ejecutivo, Francisco Flores, fue enviado a esta etapa en el 2015, pero falleció antes de que se instalara.

Arena perdió datos contables

La opositora Alianza Republicana Nacionalista (Arena) de El Salvador reaccionó sobre los fondos que supuestamente el expresidente Elías Antonio Saca, procesado por corrupción, dio a ese instituto político en el período 2004-2009 y aseguró que los registros contables de esos años “desaparecieron”.

Arena, que llevó al poder a Saca, recibió US$7.6 millones de los más de 300 millones que supuestamente malversó el expresidente, quien gobernó al país del 2004 al 2009, según explicó el miércoles uno de los fiscales del juicio que enfrenta el exmandatario.

La formación de derecha, que ha guardado silencio ante los señalamientos de la Fiscalía, reveló que “los registros contables de esa época (2004-2009) desaparecieron del partido”.
“Durante el período 2004-2009, Antonio Saca fue presidente de la República y de Arena simultáneamente (…) los registros contables de esa época desaparecieron en el partido”, publicó la opositora en sus redes sociales.

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El principal partido de oposición del país centroamericano también aseguró que “hemos colaborado en lo pertinente con @FGR_SV (Fiscalía) en el #CasoSaca”.
La Fiscalía sostiene que para trasladar los fondos estatales a las cuentas del partido Arena, ahora en la oposición y con mayoría en el Congreso, se utilizaron cinco cuentas bancarias de particulares, que “se encargaron de recibir el dinero que se sustrajo ilegalmente de la Presidencia de la República”.
Esta no es la primera vez que Arena es salpicada por los casos de corrupción, dado que en 2015 el difunto expresidente Francisco Flores (1999-2004) fue enviado a juicio por supuestamente apropiarse de 5 millones de dólares donados por Taiwán y desviar otros 10 millones a las cuentas de Arena.

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El exmandatario y el resto de imputados fueron trasladados esta mañana a la sede de lo tribunales salvadoreños, donde los jueces del Tribunal Segundo de Sentencia de San Salvador permitieron a la defensa de tres de los implicados responder a los alegatos de iniciales de la Fiscalía.

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Saca será el primer expresidente salvadoreño condenado por corrupción.

Se trata de los exempleados de la Casa Presidencial Pablo Gómez, Francisco Rodríguez Arteaga y Jorge Alberto Herrera, quienes son acusados de colaborar en el desvío y lavado de los fondos estatales, y cuyo proceso se desarrolla de manera “común”, dado que el resto de acusados negociaron un “juicio abreviado” con la Fiscalía.
Tania Pastor, una de las defensoras de estas personas, señaló que los imputados no tenían “ningún ánimo de apropiarse” de los fondos del Estado y que obedecieron ordenes “totalmente legales” de la Presidencia.
Agregó que el origen de los fondos del “gasto reservado” del Gobierno que estas personas movieron a cuentas particulares “no era ilegitimo” y el dinero se movía según las ordenes de Saca.
Apuntó que “no hay ninguna legislación que le diga al presidente cómo manejar los fondos reservados”, que supuestamente sirven para el pago de la inteligencia estatal.

En un movimiento legal inesperado, Saca y tres de sus excolaboradores aceptaron durante la primera jornada del juicio confesar -en fecha aún por establecer, en un “juicio abreviado” la forma en la que extrajeron y lavaron más de US$300 millones del presupuesto estatal.
Los otros implicados que se acogieron a este beneficio legal fueron los exsecretarios Privado, de Comunicaciones y de Juventud Elmer Charlaix, Julio Rank y César Funes, respectivamente.
El acuerdo estipula que Saca y Charlaix purgarán una pena de 10 años de prisión, mientras que Rank y Funes solo serán condenados a cinco años de cárcel, sin la posibilidad de apelar ni recibir beneficios como la libertad condicional y deberán reintegrar parte de los fondos malversados.

El jefe de la Unidad de Investigación Financiera de la Fiscalía (UIF), Jorge Cortez, celebró el acuerdo alcanzado y calificó la futura condena de Saca como un “hecho histórico”.
Saca es el primer expresidente de la democracia salvadoreña en enfrentar un juicio por delitos de corrupción, dado que su predecesor en el Ejecutivo, Francisco Flores, fue enviado a esta etapa en el 2015, pero falleció antes de que se instalara.

Partido de Saca recibió US$7.6 millones malversados

El partido que llevó al poder a expresidente Elías Antonio Saca (2004-2009), la derechista Alianza Republicana Nacionalista (Arena), recibió US$7.6 millones de los más de 300 millones que supuestamente malversó, dijo a periodistas uno de los fiscales del juicio que enfrenta el exmandatario.
“Nosotros hemos mencionado en el momento de los alegatos iniciales (del juicio) que 7,6 millones fueron desviados al instituto político que se encargó de llevar al poder a Saca”, señaló el fiscal, quien pidió el anonimato por razones de seguridad.

Detalló que para trasladar los fondos estatales a las cuentas del partido, ahora en la oposición y con mayoría en el Congreso, se utilizaron cinco cuentas bancarias de particulares, que “se encargaron de recibir el dinero que se sustrajo ilegalmente de la Presidencia de la República”.
Añadió, sin entrar en detalles, que este argumento está respaldado por “documentos de soporte de las operaciones financieras que se realizaron en las cuentas de este instituto político”.
En mayo pasado, durante la realización de la audiencia preliminar de la etapa de instrucción,la Fiscalía reveló que Saca financió con al menos 2 millones de dólares en el 2009 la campaña presidencial de quien pretendía sucederlo en el poder, Rodrigo Ávila.

Presunto cómplice de Saca pide confesar para bajar pena

Uno de los presuntos cómplices del expresidente de El Salvador Elías Antonio Saca (2004-2009) en la malversación de más de 300 millones de dólares pidió a la Fiscalía que le permita confesar su participación a cambio de una pena baja.
Cindy Rivera, una de las abogadas del ex gerente financiero de la Presidencia Francisco Rodríguez Arteaga, pidió a los jueces del Tribunal Segundo de Sentencia de San Salvador un “receso” durante la segunda jornada del juicio que enfrenta junto a Saca y otras cuatro personas para finalizar la negociación con la Fiscalía.

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La defensa de Rodríguez Arteaga busca que el imputado sea procesado en un “juicio abreviado”, en el que obtendrían una condena de al menos 10 años de prisión a cambio de confesar los delitos de peculado y lavado de dinero.
Tania Pastor, otra de las defensoras de Rodríguez Arteaga, dijo a periodistas, tras la declaración de “receso”, que buscan “llegar a un punto común en cuanto a la pena a aceptar” y que está no debe ser mayor a la de 5 años por cada delito.
Señaló que Rodríguez Arteaga en una primer momento había solicitado un trato similar, pero que el Ministerio Público no aceptó cambiar los delitos de peculado y lavado de dinero a otros con penas menores.
Añadió que los otros exempleados de la Presidencia procesados, Pablo Gómez y Jorge Alberto Herrera, no tienen planificado solicitar nuevamente un trato similar y que “su deseo hasta ahora ha sido enfrentar el juicio” común.

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“Es el primer expresidente de la República que será condenado a pena de prisión y que estará por un largo tiempo en un centro penal” por la malversación de más de 300 millones de dólares, dijo a periodistas el jefe de la Unidad de Investigación Financiera de la Fiscalía (UIF), Jorge Cortez, quien añadió que es un “hecho histórico”.

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La Fiscalía sostiene con el amparo de este reglamento fueron sacados 300 millones de dólares a 14 cuentas personales de Charlaix, Rodríguez y Gómez, de las que posteriormente retiraron al menos 116 millones de dólares en efectivo.
Saca y Flores (1999-2004) llegaron al poder bajo la bandera de la Alianza Republicana Nacionalista (Arena), formación que supuestamente recibió parte de los fondos malversados. 

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La orden de detención fue dictada la noche del martes por el juez Séptimo de Instrucción de San Salvador, Miguel Ángel García.

La exprimera dama conoció la orden en un hospital donde está internada desde hace unos días por padecimientos de salud no precisados por su abogado, en la ciudad de Santa Tecla, vecina a San Salvador.

Flores indicó que médicos del Instituto de Medicina Legal, por orden del juez García, la examinarán este miércoles en el hospital para corroborar su estado de salud. Por ahora permanece bajo vigilancia de agentes de la Policía.

El juez ordenó su arresto luego de que ella no pagara una fianza de 250.000 dólares para afrontar en libertad el proceso por su presunta vinculación en el caso de corrupción que enfrenta su marido.

El viernes la Fiscalía había solicitado al tribunal que le revocara la libertad bajo fianza por el impago de la fianza.
De acuerdo a la Fiscalía, a la exprimera dama se le había concedido “medidas sustitutivas a la detención” y el pago de la fianza, pues era la única persona autorizada para emitir cheques en las empresas de la familia y así “no afectar a terceros”, es decir, los empleados.

Además, la Fiscalía señaló que había accedido a que se le concediera libertad bajo fianza, porque padece una enfermedad que requiere tratamiento constante.

Saca, que gobernó de 2004 a 2009, fue detenido el 30 de octubre junto a su exsecretario privado Elmer Charlaix, el exsecretario de comunicaciones Julio Rank y otros tres colaboradores.

El exgobernante derechista y sus colaboradores afrontan un proceso por peculado, integrar agrupaciones ilícitas y lavado de dinero por el supuesto desvío de 246 millones de dólares.

Otra decena de personas, entre ellas la esposa de Saca, también enfrentan a la justicia por su presunto involucramiento en el caso.

El mismo juzgado resolvió que la esposa del expresidente, Ana Ligia de Saca, también acusada de lavado de dinero, afronte la justicia en libertad y le impuso una fianza de US$250 mil, debido a que padece una enfermedad que requiere tratamiento médico.

Otros tres acusados de lavado de dinero y vinculados al caso del expresidente se encuentran prófugos de la justicia.

A todos los procesados la Fiscalía los relaciona con el caso de corrupción del expresidente Saca, quien guarda prisión en una cárcel en San Salvador.

Saca, quien gobernó el país entre el 2004 y el 2009, fue detenido el pasado 30 de octubre junto a su exsecretario privado Elmer Charlaix, el exsecretario de comunicaciones Julio Rank y otros tres colaboradores.

El exgobernante y sus colaboradores afrontan un proceso judicial por los delitos de peculado, agrupaciones ilícitas y lavado de dinero por el supuesto desvío de US$246 millones.

 Fijan fianza y libertad condicional para esposa de Saca

La Justicia salvadoreña impuso este miércoles una fianza de US$250 mil y la libertad condicional a la ex primera dama Ana Ligia de Saca mientras afronta una investigación judicial por blanqueo y agrupaciones ilícitas, informó la Fiscalía.

La esposa del expresidente Elías Antonio Saca  (2004-2009) es procesada junto a otras 16 personas vinculadas por la Fiscalía al lavado de US$22 millones provenientes de los 246 que supuestamente malversó el exmandatario.

Las medidas fueron impuestas por el Juzgado Séptimo de Paz de San Salvador, que pasó el proceso a la etapa de instrucción y ordenó prisión preventiva contra 9 imputados, arresto domiciliario a otro que padece una enfermedad terminal y los mismos beneficios que recibió la ex primera dama a otros dos  procesados.

La fuente no detalló la decisión contra otros cuatro imputados, pero reportes de la prensa local detallan que fueron declarados “rebeldes”  por estar prófugos y que tiene orden de captura vigente, ni sobre las peticiones de embargos de la Fiscalía.

El ente judicial pidió el embargo de unos US$23 millones a cinco empresas supuestamente utilizadas para el blanqueo y de las cuentas bancarias y bienes de los imputados como garantía de retribución de lo malversado, en caso que sean declarados culpables en un futuro juicio.

El fiscal general salvadoreño, Douglas Meléndez, aseguró a mediados de noviembre del 2016 que la esposa de Saca movió un millón de dólares de una cuenta a su nombre en un banco de Dubái, transacción que puede tener relación con la malversación atribuida al exmandatario.

No es la primera vez que la esposa de Saca es relacionada con este proceso, ya que, según la Fiscalía, el expresidente utilizó más de US$13 mil 300 de fondos estatales para pagar las deudas de su cónyuge.

El expresidente Saca llegó al Gobierno bajo la bandera del partido de derecha Alianza Republicana Nacionalista  (Arena) , de donde fue expulsado en el 2010.

El partido Arena también está salpicado por este caso, porque, según la Fiscalía, recibió un cheque por US$400 mil de los fondos supuestamente malversados.

Niega embargo a empresas ligadas a Saca

La Justicia salvadoreña negó este miércoles la petición de la Fiscalía de embargar unos US$23 millones  a cinco empresas ligadas a la trama de corrupción que mantiene al expresidente Elías Antonio Saca en prisión preventiva, informó uno de los abogados defensores.

“Estamos satisfechos porque el tribunal”  rechazó “el embargo de las empresas, porque eso vulneraba el derecho a la propiedad y se solicitaba sin garantizar el derecho de audiencia y defensa”, dijo a la prensa Miguel Ángel Flores, abogado de la ex primera dama Ana Ligia de Saca.

Sus declaraciones fueron dadas al cierre de la sesión del Juzgado Séptimo de Paz de San Salvador, en el que se decretó la libertad condicional y una multa de US$250 mil para la esposa de Saca y otras dos personas, y la prisión preventiva para otros 9 implicados.

Un portavoz de la Fiscalía aseguró a Acan-Efe que Ana Ligia de Saca es procesada por el dinero que “movió por sus cuentas” y que forman parte de los US$246 millones que se supone su esposo extrajo del presupuesto de la Presidencia y por lo que guarda prisión y tiene embargados sus bienes.

La esposa del expresidente Saca (2004-2009) afronta la audiencia inicial, junto a otras 16 personas, por supuestamente formar parte de la “red de lavado” de dinero público que terminó en las empresas del exmandatario.

La Fiscalía ha pedido una fianza para que la exprimera dama y otros dos imputados afronten en libertad la investigación, por su estado de salud y edad, y solicitado la prisión preventiva para los otros 14.

No es la primera vez que la esposa de Saca es relacionada con este proceso, ya que, según la Fiscalía, el expresidente utilizó más de US$13 mil 300 de fondos estatales para pagar las deudas de su cónyuge.

Saca y sus exsecretarios privado, de Comunicaciones y de Juventud, Elmer Charlaix, Julio Rank y César Funes, respectivamente, se encuentran en prisión provisional en la cárcel de La Esperanza, al norte de San Salvador.

A ellos se suman Pablo Gómez, Francisco Rodríguez Arteaga y Jorge Alberto Herrera, “colaboradores directos” del exmandatario Saca y quienes aún eran empleados de la Presidencia, ahora procesados por los cargos de peculado, agrupaciones ilícitas y lavado de dinero.

Para el fiscal Meléndez, estas personas tenían una estructura dentro de la Presidencia que movió 246 millones de dólares a catorce cuentas personales de Charlaix, Rodríguez y Gómez, de las que posteriormente retiraron 116 millones de dólares “en efectivo” y, de ellos, lavaron 6 millones.

El expresidente Saca llegó al Gobierno bajo la bandera del partido de derecha Alianza Republicana Nacionalista (Arena), de donde fue expulsado en 2010.

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El partido Arena también está salpicado por este caso, porque, según la Fiscalía, recibió un cheque por 400.000 dólares de los fondos supuestamente malversados. 

“Salud delicada”

“Lo más importante en esta audiencia es la discusión de la medida cautelar, la forma en la que la ex primera dama va a estar sometida al proceso”, dijo el defensor Miguel Ángel Flores al llegar a los tribunales junto a la acusada, que se negó a dar declaraciones a la prensa.

La defensa de la exfuncionaria ha pedido al Juzgado Séptimo de Paz que ésta afronte el proceso en libertad porque su salud está en “una situación bastante delicada”  y es “incompatible”  con el arresto preventivo.

Flores aseguró que la medida es respaldada por la Fiscalía y que para permanecer en libertad la procesada deberá pagar la fianza.

Añadió que la acusación contra la ex primera dama “tiene muchos vacíos y existen sanciones procesales o nulidades que vamos a discutir en su momento”.

Entre los exfuncionarios que están recluidos en la DAN desde octubre pasado figuran, además del expresidente Saca  (2004-2009) , su exsecretario privado Elmer Charlaix, el exsecretario de comunicaciones Julio Rank y el expresidente de la administradora estatal de aguas, César Funes.

“Si la ley se va a cumplir, y (si) decimos que todos somos iguales ante la ley, estos imputados no deben estar ahí”   (en la DAN) , destacó el fiscal.

A todos los imputados, según Meléndez, se les debe garantizar su seguridad por lo que pidió a los jueces hacer las “evaluaciones correspondientes”  para determinar con la Dirección de Centros Penales a dónde serán enviados.

Saca y seis de sus colaboradores afrontan en prisión un proceso judicial por delitos de peculado, agrupaciones ilícitas y lavado de dinero por el supuesto desvío de 246 millones de dólares.

Piden congelar cuentas extranjeras de Saca

La Justicia salvadoreña solicitó asistencia internacional para inmovilizar o congelar las cuentas bancarias extranjeras del ex presidente Antonio Saca (2004-2009), quien es procesado actualmente por graves delitos de corrupción, confirmaron fuentes de los tribunales penales locales.
Saca, junto a seis de sus exfuncionarios, está siendo procesado por peculado (uso indebido de fondos públicos) y lavado de dinero por un monto de más de 246 millones de dólares sustraídos de las cuentas del Tesoro Público y enviado a cuentas privadas de los implicados.
De acuerdo a la Fiscalía General de la República (FGR), una de estas cuentas bancarias está en Dubái y Ligia Mixco, esposa de Saca, retiró cantidades millonarias de ella, según informó públicamente el 23 de noviembre pasado el fiscal Douglas Meléndez.
La FGR indica en su requerimiento acusatorio contra Saca que tiene cuentas en Dubai, Egipto, Costa Rica y República Dominicana, que se busca congelar para luego recuperar sus fondos bajo la ley de extinción de dominios.
Por otra parte, el Juzgado Cuarto de Instrucción de San Salvador, que procesa a los siete acusados del “caso Saca” ratificó las detenciones provisionales dictadas por la jueza Nelly Pozas.
Además, el juzgado solicitó a la Dirección General de Centros Penales (DGCP) que informe sobre otra cárcel para que los imputados sean trasladados, al tiempo que ratificó el embargo preventivo de todos los bienes cuyos titulares son Saca y sus ex empleados.
Además de ex presidente de El Salvador, Saca fue ex presidente de Alianza Republicana Nacionalista (Arena), partido de derecha del cual fue expulsado por “divisionista”. Antes de ser líder político encabezó la Asociación Nacional de la Empresa Privada (ANEP), el más poderoso gremio empresarial.

La transacción podría tener relación con la malversación atribuida al exmandatario, informó el jueves el fiscal general, Douglas Meléndez. De acuerdo con Meléndez, la cuenta bancaria a nombre de Ana Ligia de Saca, cuyo esposo permanece preso desde finales de octubre por decisión de la jueza que instruyó la audiencia inicial en su contra, tenía hasta “hace unas semanas”  US$1.5 millones.

El titular de la Fiscalía advirtió a la ex primera dama de El Salvador y a Saca de que “entre más estén moviendo ese dinero, más problemas legales van a tener”.

Durante la audiencia inicial que el expresidente, quien gobernó bajo la bandera de la derechista Alianza Republicana Nacionalista (Arena), afrontó a inicios de noviembre, un fiscal sugirió que Saca tenía cuentas en Dubái, República Dominicana y Costa Rica.

El periódico salvadoreño La Prensa Gráfica publicó el pasado 5 de noviembre que Saca abrió una cuenta en Egipto el 2009 y la cerró en el 2014.

“El banco registró que en enero del 2010 hubo un saldo importante de 600.521.69 dólares y luego el último saldo conocido fue cuando la cuenta quedó cerrada e inactiva con cero dólares, el 8 de septiembre del 2014” , publicó el medio.

No es la primera vez que la esposa de Saca es relacionada con este proceso, ya que, según la Fiscalía, el expresidente utilizó más de US$13 mil 300 de fondos estatales para pagar las deudas de su cónyuge.

Presos

Saca y sus exsecretarios privado, de Comunicaciones y de Juventud, Elmer Charlaix, Julio Rank y César Funes, se encuentran en prisión provisional en los calabozos de la División Antinarcóticos de la Policía a la espera de que inicie la etapa de instrucción o investigación judicial.

A ellos se suman Pablo Gómez, Francisco Rodríguez Arteaga y Jorge Alberto Herrera, “colaboradores directos” del exmandatario Saca y aún empleados de la Presidencia, todos arrestados el pasado domingo y que afrontan los cargos de peculado, agrupaciones ilícitas y lavado de dinero.

Para el fiscal Meléndez, estas personas tenían una estructura dentro de la Presidencia que movió US$246 millones a 14 cuentas personales de Charlaix, Rodríguez y Gómez, de las que posteriormente retiraron US$116 millones “en efectivo”  y, de ellos, lavaron US$6 millones.

Las empresas del expresidente salvadoreño Elías Antonio Saca  (2004-2009) , procesado por delitos de corrupción, tuvieron “ingresos desmesurados”  durante los cinco años de su gestión, fruto del desvío de US$246 millones del presupuesto estatal, reveló el jueves la Fiscalía.

De acuerdo con los fiscales del caso, las radios y otras empresas de comunicación de Saca reportaban ingresos aproximados de US$114 mil antes del 2004, mientras que durante su gestión pasaron a registrar hasta US$7 millones anuales.

Saca y seis de sus colaboradores enfrentaron el jueves una audiencia en el Juzgado Cuarto de Paz de San Salvador por los delitos de peculado, agrupaciones ilícitas y lavado de dinero.

Durante la exposición de las acusaciones, los fiscales aseguraron que buena parte del dinero de la Presidencia que fue desviado a cuentas privadas se “trianguló”  para que llegaran a las empresas del exmandatario.

Los letrados aseguraron que dichas empresas, que tras la salida de Saca del Ejecutivo en el 2010 comenzaron a reportar pérdidas, no tenían contratos con el Gobierno que justifiquen las transferencias de dinero.

La Fiscalía respaldó su argumento en un informe de la Sección de Probidad de la Corte Suprema de Justicia (CSJ) que determinó que Saca incrementó injustificadamente su patrimonio en más de US$4 millones y por los que afronta un proceso civil.

Además de Saca, son procesados sus exsecretarios privado, de Comunicaciones y de Juventud, Elmer Charlaix, Julio Rank y César Funes, respectivamente.

A ellos se suman, Pablo Gómez, Francisco Rodríguez Arteaga y Jorge Alberto Herrera, “colaboradores directos del expresidente Elías Antonio Saca” y aún empleados de la Presidencia, todos arrestados el pasado domingo y que enfrentan los cargos de peculado, agrupaciones ilícitas y lavado de dinero.

Según el fiscal general, Douglas Meléndez, estas personas operaban una estructura al interior de la Presidencia que movió los US$246 millones a 14 cuentas personales de Charlaix, Rodríguez y Gómez, de las que posteriormente retiraron US$116 millones “en efectivo”, de los que lavaron US$6 millones.

Saca, que gobernó bajo la bandera de la Alianza Republicana Nacionalista  (Arena) de donde fue expulsado en el 2010 y luego formó el partido de centro derecha Gran Alianza por la Unidad Nacional  (GANA), es el segundo expresidente salvadoreño de derecha llevado ante la Justicia por delitos de corrupción.

Las autoridades siguen el curso de la  la investigación por los delitos de corrupción cometidos al supuestamente desviar US$246 millones del presupuesto estatal.

“Buscamos evidencia documental que pueda servir para abonar a la investigación que nosotros hemos venido desarrollando”, dijo a periodistas el jefe de la Unidad de Investigación Financiera de la Fiscalía (UIF), Jorge Cortéz.

De acuerdo con el jefe fiscal, en la residencia, ubicada en una de las más exclusivas zonas de San Salvador, no se encontraba ningún familiar de Saca al momento del registro.

Lamentó que en el lugar no encontraron “ningún documento de intereses”, contrario a los incautados en un consorcio de radios de Saca allanado el martes último y “sobre los que se está trabajando”.

Las autoridades también han intervenido una radio del exmandatario en el departamento oriental de Usulután y un negocio de venta de autos propiedad de su primo Herbert Saca.

Las investigaciones afirman que Elmer Charlaix y Elías Antonio Saca lavaron 6 millones de dólares, afirma Jorge Cortez, jefe de UIF pic.twitter.com/KoB1Jmwfvi

— Fiscalía El Salvador (@FGR_SV) October 31, 2016

Saca y sus exsecretarios privado, de Comunicaciones y de Juventud, Elmer Charlaix, Julio Rank y César Funes, respectivamente, son acusados de formar una estructura que desvío de US$246 millones del presupuesto gubernamental a cuentas privadas.

A ellos se suman, Pablo Gómez, Francisco Rodríguez Arteaga y Jorge Alberto Herrera, “colaboradores directos del expresidente Elías Antonio Saca”, aún empleados de la Presidencia.

Estos afrontarán el proceso penal por los delitos de peculado, asociaciones ilícitas y lavado de dinero en el Juzgado Cuarto de Paz de la capital, la audiencia inicial está programada para el 3 de noviembre.

https://t.co/U5KjEqOUES FGR y PNC realizaron allanamiento en residencia de Antonio Saca esta madrugada pic.twitter.com/fRf4VQvQWP

— La Prensa Gráfica (@prensagrafica) November 2, 2016

Según el fiscal general, Douglas Meléndez, estas personas operaban una estructura al interior de la Presidencia que movió los US$246 millones a 14 cuentas personales de Charlaix, Rodríguez y Gómez, de las que posteriormente retiraron US$116 millones “en efectivo”.

Detalló que durante las investigaciones, iniciadas tres meses atrás, han determinado que al menos US$6 millones fueron blanqueados “vía triangulación” a las empresas de Saca, que incluyen un reconocido consorcio de radios, por parte del exmandatario y Charlaix.

La investigación, denominada “Destape Corrupción”, tuvo como origen un informe de la Sección de Probidad de la Corte Suprema de Justicia con el que se inició un proceso civil contra Charlaix por supuesto enriquecimiento ilícito en más de US$18.7 millones.

Dicho informe establece que de una “partida secreta”  del Gobierno en la que se manejaban fondos para la inteligencia estatal se libraron cheques a nombre de funcionarios y que este dinero finalmente acabó en las cuentas de Charlaix.

A nombre de Saca fueron emitidos más de US$15 millones, otros US$497 mil para Rank, US$45 mil para César Funes y US$400 mil para el partido que llevó al poder al expresidente, la Alianza Republicana Nacionalista  (Arena), que en el 2010 lo expulsó.

No es la primera vez que Arena se ve salpicado por este tipo de casos.

Según la Fiscalía, el partido recibió US$10 millones del difunto expresidente Francisco Flores  (1999-2004), que supuestamente desvió donaciones taiwanesas y por lo que afrontó un proceso penal..

Los delitos fueron cometidos supuestamente al desviar US$246 millones del presupuesto público a cuentas privadas durante su gestión.

Saca, que se encontraba recluido desde la madrugada del domingo en los calabozos de la División Antinarcoticos (DAN) de la Policía, fue trasladado este martes hacia el Centro Judicial Isidro Menéndez de la capital, bajo un fuerte dispositivo de seguridad.

La acusación fue presentada ante el Tribunal Cuarto de Paz, que debe decidir si el exmandatario pasa a la etapa de investigación judicial o queda exento de los cargos.

De enviar a la siguiente etapa al expresidente que gobernó con la opositora Alianza Republicana Nacionalista  (ARENA) , el tribunal tendrá que establecer si lo procesará en total libertad o con medidas cautelares como el arresto domiciliario o la prisión preventiva.

Junto a Saca fueron acusados sus exsecretarios privado, de Comunicaciones y de Juventud, Elmer Charlaix, Julio Rank y César Funes, respectivamente, detenidos el domingo último.

También, Pablo Gómez, Francisco Rodríguez Arteaga y Jorge Alberto Herrera, colaboradores directos del expresidente, de acuerdo con la Fiscalía, y aún empleados de la Presidencia, también arrestados el domingo.

Según el fiscal general, Douglas Meléndez, estas personas operaban una estructura al interior de la Presidencia que movió US$246 millones a 14 cuentas personales de Charlaix, Rodríguez y Gómez, de las que posteriormente retiraron US$116 millones “en efectivo”.

El fiscal detalló el lunes que durante las investigaciones, iniciadas tres meses atrás, han determinado que al menos US$6 millones fueron blanqueados por Saca y Charlaix, “vía triangulación”, a las empresas del exmandatario, que incluyen un reconocido consorcio de radios.

Por su parte, el jefe de la Unidad de Investigación Financiera  (UIF), Jorge Cortéz, aseguró que la suma revelada “puede ir aumentando paulatinamente, de acuerdo con los avances que se vayan teniendo” .

Detalló que la metodología utilizada por los detenidos para “tratar de no dejar rastro y eludir las investigaciones”  de los US$6 millones fueron “transferencias entre cuentas bancarias, retiro en efectivo, y apertura y cierre de cuentas”.

El ente fiscal solo ha podido determinar el destino de estos US$6 millones y desconoce el fin que tuvo el resto del dinero “cuestionado”.

La investigación, denominada “Destape Corrupción”, tuvo como origen un informe de la Sección de Probidad de la Corte Suprema de Justicia con el que se inició antes un proceso civil contra Charlaix por supuesto enriquecimiento ilícito en más de US$18.7 millones.

Dicho informe establece que de una “partida secreta”  del Gobierno en la que se manejaban fondos para la inteligencia estatal se libraron cheques a nombre de funcionarios y que este dinero finalmente acabó en las cuentas de Charlaix.

A nombre de Saca fueron emitidos más de US$15 millones, otros US$497 mil para Rank, US$45 mil para César Funes y US$400 mil para el partido que llevó al poder al expresidente, la Alianza Republicana Nacionalista.

No es la primera vez que Arena se ve salpicado por este tipo de casos. Según la Fiscalía, el partido recibió US$10 millones del difunto expresidente Francisco Flores  (1999-2004), que supuestamente desvió donaciones taiwanesas y por lo que afrontó un proceso penal.

Allanamientos

En tanto, la Fiscalía salvadoreña efectuó el martes allanamientos en tres propiedades del detenido expresidente Elías Antonio Saca.

Las autoridades buscan pruebas para sustentar la acusación en contra del exmandatario por el desvío de US$246 millones de fondos del Estado.

“Hemos encontrado habitaciones completas con evidencia documental, y toda es parte de un análisis que vamos a comenzar a realizar para establecer cuál puede servir para el caso”, afirmó a periodistas el fiscal Jorge Cortéz, jefe de la Unidad de Investigación Financiera de la Fiscalía General de la República  (FGR) .

Cortéz encabezó un allanamiento a las instalaciones en San Salvador del Grupo Radial Samix, propiedad del expresidente, reconocido empresario de radio y exnarrador deportivo.

Saca, de 51 años, gobernó el país entre el 2004 y el 2009 bajo la bandera de la Alianza Republicana Nacionalista  (Arena, derecha) , pero al final de su mandato fue expulsado de la agrupación.

El fiscal general, Douglas Meléndez, explicó que de ese monto al menos unos US$116 millones fueron “cobrados en efectivo” de cuentas del Estado, depositados en cuentas particulares de empleados de la Casa Presidencial y, posteriormente, trasladados a cuentas de empresas.

Por este caso también están detenidos el exsecretario privado de Saca, Elmer Charlaix, los funcionarios Pablo Gómez, Francisco Rodríguez Artiaga y Alberto Herrera, así como el expresidente de la empresa estatal de aguas César Funes y el exsecretario de Comunicaciones de la Presidencia Julio Rank.

Herrera, Gómez y Rodríguez Artiga, quienes estuvieron vinculados al gobierno de Saca, actualmente son funcionarios en la administración del presidente Salvador Sánchez Cerén.

El martes, la abogada de Saca, Silvia Bonilla, dijo que el caso del expresidente es “un show político” con fines electorales.

“Él es un expresidente de la República, estamos entrando en una etapa política, preelectoral y, bueno, creo que el ingrediente de show político tiene que estar incorporado”, indicó Bonilla tras verificar el allanamiento en el Grupo Radial Samix.

El martes se prevé que la Fiscalía, que creó el Grupo Contra la Impunidad, presente la acusación formal contra Saca y los otros seis involucrados ante un tribunal de San Salvador, el cual tendrá que decidir si los acusados enfrentan el proceso en libertad o encarcelados.

 

“Hemos determinado que por lo menos US$116 millones fueron cobrados en efectivo; de las cuentas del Estado fueron remitidas a cuentas particulares de empleados de casa presidencial y posteriormente fueron remitidas a cuentas de empresas”, agregó.

La investigación fue realizada por el naciente Grupo contra la Impunidad (GIC) en una operación denominada “Destape a la corrupción”, dijo Meléndez.

Como parte de las indagaciones, este lunes comenzó el allanamiento de negocios vinculados a un primo del expresidente Saca.

El fiscal denunció haber sentido “las presiones” por la apertura de una investigación contra el expresidente Saca, pero advirtió que “no vamos a retroceder y vamos a continuar ejerciendo nuestras facultades”.

“Hago un llamado a la población honrada a que defienda a su fiscalía” ante “presiones de cualquier tipo”, dijo Meléndez.

Que le caiga todo el peso de la ley

Al respecto de la detención de Saca, el partido de oposición Alianza Republicana Nacionalista (ARENA, derecha) de El Salvador, partido que lo llevó al poder, dijo que si su exmilitante y expresidente es “culpable, que responda por sus actos y que le caiga todo el peso de la ley”.

El empresario y diputado de Arena Ernesto Muyshondt manifestó que “cuando hay indicios de corrupción deben de perseguirse, vengan de donde vengan, sin distinción de colores políticos”.

Saca, quien llegó a la Presidencia bajo la bandera de ARENA, de donde fue expulsado en 2010 para posteriormente crear el partido de centro derecha Gran Alianza por la Unidad Nacional (GANA), y seis colaboradores de su gabinete fueron detenidos este domingo por los delitos de peculado, lavado de dinero y agrupaciones ilícitas.

“Nosotros esperamos que las instituciones funcionen y que, mediante un debido proceso, él (Saca) pueda defenderse, pero si resulta culpable nosotros esperamos que le caiga todo el peso de la ley”, indicó el diputado.

Muyshondt precisó que, a pesar de que entre 2004 y 2009 Saca fue presidente de ARENA, el partido “se desliga de todo proceso” porque “todos los ilícitos que pudo haber cometido el expresidente deben de ser tratados a titulo personal”, a pesar de que el colectivo de oposición pudo haber recibido US$400 mil, según la Corte Suprema de Justicia (CSJ).

El diputado agregó que Arena ha ofrecido la “colaboración y poder contribuir con las investigaciones”, pero enfatizó que los actos personales no tienen porque perjudicar al instituto político.

Entre las personas que fueron arrestadas junto al expresidente se encuentran tres funcionarios que continúan trabajando en la Presidencia, bajo el Gobierno del presidente Salvador Sánchez Cerén.