Luego de que el Ministerio Público, por medio de la Fiscalía Especial contra la Impunidad (Feci) envió al Congreso un informe con listados de candidados a magistrados de la Corte Suprema de Justicia (CSJ) y de salas de Apelaciones, que pueden considerarse no idóneos y otros con conflicto de interés, los diputados deben evaluar las listas para poder elegir a los magistrados en el plazo fijado por la Corte de Consticionalidad  (CC).

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De hecho, el informe enviado por la Feci se elaboró  en cumplimiento a la sentencia de la CC emitida el pasado 6 de mayo. Las nóminas que deben evaluar los diputados son de 26 candidatos a magistrados para la CSJ y 270 para Salas de Apelaciones.

Este informe se refiere a los profesionales cuya idoneidad y honorabilidad estén comprometidos, requisitos establecidos en el artículo 113 constitucional y también sobre la independencia judicial.

Identifican redes

El jefe de la Feci, Juan Francisco Sandoval, manifestó este jueves que, en la investigación del caso Comisiones Paralelas se han identificado redes que operan desde dentro y desde fuera del sistema de justicia para influir en la toma de decisiones, e incluso algunos grupos se han especializado en “ofrecer” o “vender” servicios de impunidad a partir de contactos en el sistema de justicia.

La investigación que realiza la Fiscalía Especial contra Impunidad (Feci) se refiere a la manipulación o influencia que diferentes actores en el proceso de integración de las nóminas a magistrados. Sobre todo, con la participación de Alejos, quien al estar privado de libertad, logró ser trasladado a un hospital de la zona 2, donde tenía un anexo el el cual hacía sus operaciones para la cooptación de la justicia.

Sandoval expuso que las negociaciones en trono a la elección de las cortes giraba alrededor de Alejos -empresario y exsecretario de la presidencia de Álvaro Colom-, por lo que se pudo constatar que del 12 al 16 de febrero último recibió la visita de candidatos a magistrados, diputados y operadores gremiales.

Los nombramientos de los magistrados se deben realizar conforme lo establece la Constitución la cual exige que las personas elegidas sean las más capaces e idóneas para el cargo y que concurra en ellas la honradez.

Alejos tuvo contacto físico o telefónico con al menos 20 candidatos a magistrados de CSJ y salas de Apelaciones y con al menos 10 diputados, los operadores gremiales como Estuardo Gálvez, Juan Carlos Godínez, Fredy Cabrera y con la magistrada de la Corte de Constitucionalidad, Dina Ochoa, según la investigación.

Al haber tenido contacto con los 20 candidatos, su independencia y su idoneidad quedaron comprometidas, por lo que los diputados debe tomar una decisión entorno a cada uno de ellos en término de 20 días y elegir a los magistrados en los siguientes cinco días, de acuerdo con la sentencia de la CC.

“Con estas negociaciones paralelas se distorsiona el sistema de justicia, lo que arroja para la Fiscalía una tesis sólida, además de las posibles negociaciones ilícitas que se detectaron”, explicó Sandoval.

“El conflicto de interés son aquellas situaciones en las que el juicio de un sujeto, en lo relacionado a un interés primario y la integridad de sus acciones, tienden a estar indebidamente influenciados por un interés secundario, el cual puede ser económico o personal”, explicó el jefe de la Feci.

Sandoval manifestó que la investigación está dirigida a determinar, además de la influencia manifiesta de una persona privada de libertad, -Gustavo Alejos- que está vinculado en cinco procesos penales, y que las entidades de selección son permeables por intereses especiales, lo que puede decantar en una manipulación de los procesos de selección y en la toma de decisiones basados en criterios políticos en lugar de en una debida evaluación de los nominados.

“Todos esos aspectos, despiertan suspicacia con relación a la legitimidad del proceso de postulación. Lo indicado se visualiza también en que esta persona pudo inferir para manipular el proceso de elección de la Corte Suprema de Justicia y de Cortes de Apelaciones”, señaló Sandoval.

El MP no solo entregó lo señalado por la Feci, sino también un desplegado remitido por el Sistema de Control de Casos del Ministerio Público, que contiene detalles, de la existencia de sentencias condenatorias en procedimientos abreviados u ordinarios, suspensiones condicionales de penas o de cualquier otro beneficio procesal penal.

La jefa del MP, María Consuelo Porras, manifestó que para defender la independencia judicial y que las personas que sean electas cumplan con lo establecido por la Constitución,  presentó un recurso de amparo, “de lo contrario no se hubiera presentado nada”, señaló.

“Por eso es que estamos aquí y lo que a mí me encantó que el licenciado -Sandoval- advirtiera la cantidad de investigaciones que se están llevando a cabo, para que quede claro y muy puntual que el Ministerio Público si está trabajando con capacidad, honestidad y con legalidad y prueba de eso estamos dando información a la sociedad guatemalteca y manifestarle cuánto hemos trabajado a lo interno de cada una de las fiscalías”, resaltó Porras.

La fiscal general se manifestó “preocupada precisamente por este sistema es que se accionó, prueba de eso como fiscal general y de conformidad a la Constitución es que presenté el amparo y este es el resultado”, reiteró.

Falta de idoneidad

Las siguientes profesionales no podrían ser electos magistrados de la CSJ y salas de Apelaciones por haber comprometido su idoneidad y la independencia judicial, según el Minsiterio Público.

• Óscar Ruperto Cruz Oliva (CSJ y Cortes de Apelaciones -CA-)
• Selvin Flores Divas (CSJ y CA) hermano del diputado Jairo Flores
• José Córdoba Herrera (CSJ y CA)
• José Luis de Jesús Samayoa Palacios (CSJ)
• Carlos Humberto Rivera Carrillo (CSJ)
• Dasma Guillen (CA)
• Rafael Morales Solares (CA)
• Hilda González Donado (CA)
• Nelson Cámbara Flores (CA) asesor de Boris España
• Albino Martínez Escobar (CA)
• Geiler Smaille Pérez Domínguez
• Wilber Castellanos Venegas (CA)
• Gloria Dalila Suchité Barrientos (CA) la sala de femicidio a beneficiado a Alejos en resoluciones
• Hilda Jannette González Donado (CA)
• Flor de Maria Gálvez Barrios (CA) hermana del ex rector Usac Estuardo Gálvez
• Romeo Monterrosa (CA) comisionado
• Luis Mauricio Corado Campos (CA)
• María Eugenia Castellanos Cruz (CA)
• Heidy Pamela Delgado Castellanos (CA)
• Elda Nidia Nájera (CA) Hermana del diputado Santiago Nájera

Conflicto de interés

Los siguientes diputados no deberían  votar al momento de la elección por posible conflicto de interés

• Hellen Ajcip Canel (tuvo comunicación con Gustavo Alejos)
• Jairo Flores Divas (hermano de un candidato a magistrado)
• Felipe Alejos (tuvo comunicación con Gustavo Alejos)
• Carlos López Maldonado (tuvo comunicación con Gustavo Alejos)
• Estuardo Vargas (tuvo comunicación con Gustavo Alejos)
• Marleni Matías (tuvo comunicación con Gustavo Alejos)
• Sofia Hernández (tuvo comunicación con Gustavo Alejos)
• Santiago Nájera (tuvo comunicación con Gustavo Alejos)
• Raúl Antonio Solórzano Quevedo (tuvo comunicación con Gustavo Alejos)
• Sergio David Arana Roca (tuvo comunicación con Gustavo Alejos)

La esperanza de la ciudadanía radica específicamente en la selección de integrantes idóneos para conformar la cúpula del Organismo Judicial, que será la encargada de impulsar reformas en futuros proceso de elección, cambios procesales que reduzcan la mora judicial y la mejora del régimen disciplinario de jueces y magistrados para que se disminuya el riesgo de discrecionalidad, favoritismo y conflictos de interés que han plagado este sistema gracias a la injerencia de operadores políticos que, prácticamente, juegan con la administración de justicia para tenerla al servicio de sus conveniencias.

La visita de dos diputadas al negociador político Gustavo Alejos Cámbara, reconocida por ellas mismas bajo la presión de la evidencia grabada en video este mismo mes, agrega mayor preocupación al talante moral de esta legislatura, puesto que Alejos estaba hospitalizado desde noviembre —gracias a los oficios de una jueza suplente— y no se sabe cuántos “amigos” más lo frecuentaron, incluyendo aspirantes a magistrados que deben quedar fuera del proceso por su conducta aviesa.

La indiferencia de la ciudadanía o el relativismo en el dimensionamiento de este momento cero de la justicia guatemalteca contribuyen también a que determinado grupo de diputados —incluyendo partidos vinculados con narcotraficantes— se crea con la suficiente inmunidad e impunidad para plegarse a una agenda de opacidad y tráfico de favores que solo acarreará más complicaciones, más incertidumbre y más ingobernabilidad.

Existen herederos de herrumbrosas tradiciones de cacicazgo, dentro y fuera del Congreso, que intentan a toda costa mantener e incluso aumentar el control sobre las salas de Apelaciones, que es a donde van a desembocar varios casos de corrupción, aun con sentencias ejemplares. Les interesa medrar con la posibilidad de suspender condenas, frenar procesos o revertir disposiciones de cárcel preventiva, acciones de las cuales existen penosos ejemplos en los últimos años.

El temor de que corran pagos a diputados por votos se encuentra latente, pero el valor para evitar cualquier contubernio doloso y denunciar toda intentona también se encuentra en la decisión de consciencia. Es demasiado pronto como para que los diputados noveles se embarren con el cieno maloliente de la vieja política, pues apenas se han cumplido cinco semanas de actividad legislativa. Existen muchas otras prioridades pendientes como la nueva Ley de Servicio Civil, los cambios serios a la Ley Electoral, la viabilización de alianzas público privadas y la inminente readecuación presupuestaria: todas son medidas que impactarán el rumbo de la Nación por los próximos años, que definirán la posibilidad de lograr un mejor desarrollo, pero cuyo mejor y más elocuente augurio de luz o tinieblas se encuentra en la elección de las nuevas cortes.

El próximo 26 de julio los agremiados del Colegio de Abogados y Notarios de Guatemala elegirán a sus comisionados quienes serán parte de las comisiones de postulación que elegirán a 12 magistrados de la Corte Suprema de Justicia e igual número para las salas de Apelaciones.

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Félix Serrano y Murphy Paiz presidirán postuladoras para elegir aspirantes a magistrados de CSJ y Apelaciones

Con la elección que hará el Colegio estarán conformados los 37 integrantes que participará por cada una de las Comisiones.

Debido a que la elección se hace con base al método de minorías no hay segunda vuelta, por lo que se espera que a comienzo de agosto se juramente a los comisionados quienes tendrán aproximadamente 53 días para hacer la convocatoria, revisar expedientes, conocer señalamientos hasta entregar las nominas finales al Congreso quien es el que elige a los próximos magistrados que asumirán el 13 de octubre próximo.

Los presidentes

Los rectores de las universidades del país eligieron a Félix Serrano, rector de la Universidad Mesoamericana, para dirigir la comisión postuladora de CSJ y a Murphy Paiz, rector de la Universidad de San Carlos, para presidir la comisión de postulación de Cortes de Apelaciones.

Los rectores tendrán la responsabilidad de dirigir cada grupo de profesionales. Paiz es la primera vez que participa en un proceso de elección, mientras que Serrano ya lo ha hecho en varias comisiones, la más reciente es la de contralor general de cuentas.

Los decanos

En ambas comisiones la academia estará presente, en está ocasión serán 12 los decanos de las facultades de Derecho o Ciencias Jurídicas y Sociales los que ocuparán una silla. Los decanos participan en ambas comisiones, solo se define el horario de participación.

En el caso preciso de la Universidad de San Carlos, el decano de la Facultad de Derecho, Gustavo Bonilla, está señalado en una plaza irregular que Thelma Aldana le habría otorgado en el 2014, por lo que su participación en las comisiones podría ser cuestionada. Sin embargo, ese punto no lo establece la Constitución ya que en ese caso los obliga a participar, ya que no se aceptan representaciones.

En la Universidad Rafael Landívar podría estar en duda la participación del decano Rolando Escobar Menaldo, ya que se ha creado otra decanatura para participar en los procesos de las postuladoras. Menaldo ha participado por los procesos de 2009 y 2014 para ambas comisiones y también para la de fiscal general en dos ocasiones.

Magistrados

Los magistrados de la Corte Suprema de Justicia participan en la comisión de Cortes de Apelaciones. Acá está en duda la participación de Silvia Valdés luego de haber presentado su renuncia, pero por estar en receso el Congreso aún no ha sido aceptada. Aunque hay rumores de que retirará su renuncia.

Los magistrados de CSJ en Apelaciones

• Nester Mauricio Vásquez Pimentel
• Silvia Patricia Valdés Quezada
• Nery Osvaldo Medina Méndez
• Vitalina Orellana y Orellana
• Delia Marina Dávila Salazar
• Josué Felipe Baquiax
• Sergio Amadeo Pineda Castañeda
• Silvia Verónica García Molina
• Ranulfo Rafael Rojas Cetina
• José Antonio Pineda Barales
• María Eugenia Morales Aceña
• Manuel Reginaldo Duarte Barrera

Doce magistrados de las Cortes de Apelaciones integrarán la Comisión de CSJ. Acá el proceso fue a través del Instituto de Magistrados quienes el 27 de junio en un acuerdo entre cinco bloques se permitió una elección por unanimidad ya que solo se presentó una planilla.

Wilber Estuardo Castellanos Venegas, vocal II de la Sala Primera de Apelaciones Civil y Mercantil, Gilma Valladares Orellana, vocal II de la Sala Segunda de Apelaciones Civil y Mercantil y Zonia de la Paz Santizo Corleto, vocal II de la Sala Tercera de Apelaciones se levantaron de sus lugares y propusieron la única planilla, que al final fue la ganadora con el aval de 117 votos a favor y 6 nulos.

Santizo Corleto fue una de las magistradas que anuló el falló en el que habían sido condenados directivos del Instituto Guatemalteco de Seguridad Social en el caso conocido como IGSS-Pisa.

“Este es el consenso de los cinco grupos”, se refirió la magistrada Valladares Orellana con un papel en la mano derecha previo a leer a los postulantes, aunque evitó especificar a qué grupos se trataba.

El presidente del Instituto preguntó a la concurrencia si existía otra nominación por planilla, aunque nadie postuló más candidatos.

Valdés, magistrada de la CSJ quien renunció al cargo por motivos de salud, acudió unos minutos a la asamblea para presenciar como avanzaban las nominaciones. Cuando fue fotografiada decidió salir del lugar sin brindar alguna declaración.

Los magistrados de Apelaciones en CSJ

• Romeo Monterrosa Orellana, vocal I de la Sala de Apelaciones Regional de Jalapa
• Fausto Fernando Maldonado Méndez, vocal II de la Sala Quinta de Apelaciones de Trabajo y Previsión Social
• Dixon Díaz Mendoza, Sala Tercera de la Corte de Apelaciones del Ramo Civil y Mercantil
• Harold Estuardo Ortíz Pérez, preside la Sala Segunda de Apelaciones del Ramo Penal de Procesos de Mayor Riesgo y de Extinción de Dominio
• Edwin Roberto Ruano Martínez, Sala Segunda de la Corte de Apelaciones del Ramo Penal de Procesos de Mayor Riesgo y de Extinción de
  Dominio
• Jorge Alberto González Barrios, Sala de la Corte de Apelaciones de la Niñez y Adolescencia
• Miguel Enrique Catalan Orellana, vocal I de la Sala Quinta de lo Contencioso Administrativo
• Gustavo Adolfo Samayoa Romero magistrado de la Sala Segunda de la Corte de Apelaciones de Familia.
• Nicolás Cuxil Guitz, Sala Mixta de la Corte de Apelaciones del departamento de Izabal
• Cathy Rossana López Rodríguez, vocal II de la Sala Tercera de lo Contencioso Administrativo
• Aracely Amaya Fabián, vocal I de la Sala Quinta de Apelaciones de Trabajo y Previsión Social
• Wendy Angélica Ramírez López, vocal II de la Sala Mixta de Apelaciones de Escuintla.

Elecciones en el CANG

El próximo 26 de julio los agremiados del Colegio de Abogados hará su elección. Desde la aprobación de la Ley de Comisiones de Postulación, en el 2009, es la primera vez que participan tantas planillas en estos procesos.

Fuentes consideran que la participación de tantas planillas obedece a la atomización o dispersión del voto, que buscan que entren más comisionados de grupos afines que con una sola planilla, ya que acá también se aplica el método de minorías.

Se tenía previsto que participen 11 planillas para CSJ y 12 para Apelaciones.

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El pasado viernes, la Sala Tercera de Apelaciones ordenó la devolución de Q148 millones a los clientes, tras la sentencia emitida por el caso Bancafé—Vipasa.

Hasta ayer no había sido notificada Corfina, pero el mandatario de esta entidad adelantó que apelarán el fallo.

Argumentos

Alfredo Vásquez, mandatario de Corfina, expuso ayer a Prensa Libre que presentarán un recurso de casación, con el cual buscan anular la orden judicial.

“Corfina no tiene dinero de las inversiones que los agraviados hicieron con Bancafé, es a Vipasa a la que legalmente le corresponde liquidar a los clientes”, afirmó.

El mandatario explicó que el Tribunal Undécimo de Sentencia Penal determinó que Corfina debe pagar, lo cual fue confirmado por la Sala el pasado 15 de junio.

Hasta ahora se mantiene el embargo sobre las cuentas bancarias derivadas del fideicomiso que Corfina administra de Bancafé, las cuales se encuentran en el Banco de Desarrollo Rural (Banrural).

Vásquez agregó que esa situación es contraria con la ley, pues se señala que los fideicomisos son inembargables.

Además explicó que la financiera estatal no tiene fondos de Vipasa en sus cuentas, pues los activos que posee Corfina corresponden a los créditos otorgados por Bancafé a terceras personas —individuales o jurídicas—.

Es decir que la cartera de crédito en recuperación no tiene nada que ver con el dinero de los cuentahabientes del banco, que colocaron su dinero en Vipasa.

Convenio

Vásquez señaló que el Tribunal ordenó que sea el Ministerio Público el que acuda a Banrural a establecer un convenio para que, por medio de esa entidad, sea entregado el dinero a los clientes de Vipasa, con activos de Bancafé, lo que Vásquez considera incorrecto.

Esto porque Corfina no puede ser obligada a pagar con recursos de los activos de Bancafé, que corresponden a una obligación de Vipasa.

En todo caso correspondería a los procesados que ya fueron condenados en primera instancia, quienes en su oportunidad ocuparon cargos directivos en el banco.

Por el caso fueron condenados a prisión Jorge Alfredo Castillo, Ariel Estuardo Camargo y Celeste Desiree Soto, exdirectivos de Bancafé.

Vásquez dijo que el Tribunal tendría que celebrar una audiencia de reparación digna, para que Corfina, como administrador del fideicomiso de Bancafé, sea resarcida por entre Q6 millones y Q10 millones, producto de tres créditos fraudulentos que exdirectivos del banco firmaron para apoyar ilegalmente a Vipasa.

El 19 de septiembre del 2016, María Antonieta de Bonilla, entonces presidenta del Banco de Guatemala (Banguat) y de la Junta Monetaria (JM), declaró al Tribunal que Vipasa no formaba parte del Grupo Financiero del País y que las únicas entidades que ella recordaba que lo integraban eran Bancafé, Bancafé International Bank Ltd, Financiera del País, Seguros del País, Almacenadora del País y Valores del País.

Mientras tanto, la Procuraduría General de la Nación (PGN) anunció que apelará la decisión judicial.

La PGN recurrirá ante la Corte de Constitucionalidad (CC) la resolución del Juzgado Octavo de Primera Instancia Penal, Narcoactividad y Delitos contra el Ambiente, con la cual este denegó el jueves pasado la solicitud del Estado.

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Lucrecia Pineda, abogada de la PGN encargada del caso, dijo que el criterio de ese ente es que el servicio no puede retomarlo el Estado, ya que no se ha finalizado el revertimiento de bienes porque se encontraron anomalías.

La empresa, que tiene un criterio diferente, dejó de operar el 19 de agosto y las agencias ya no abrieron el lunes 22.

La Dirección General de Correos y Telégrafos (DGCT) está a la espera de que la PGN le informe si puede operar de forma parcial y temporal algunas agencias, indicó Ángel de León, encargado de Relaciones Públicas de ese órgano público.

Empezarían por las agencias capitalinas y de cabeceras, pero para ello necesitan tres días para coordinarse y tener al menos a dos personas por agencia, dijo De León.

Durante la semana se acumularon en las bodegas de Combexin 800 sacos de correspondencia del extranjero y 28 mil piezas —paquetes y sobres— en la sede central y de la zona 1.

Criterio de la empresa

Criterio de que la prórroga necesita aprobación del Congreso y que hay una sentencia de la CC.

Ya no es concesionaria del Estado desde que el Congreso la aprobó.

En 90 días, cumplidos el 19 de agosto, se finalizó el revertimiento de bienes y cumplió con entrega de bienes.

El Tribunal Supremo de Estocolmo confirmó este lunes las sentencias de tribunales menores ordenando la detención de Assange, diciendo que no hay motivos para retirarlas ya que la investigación continúa abierta.

Desde el 2010, los fiscales han intentado interrogar a Assange por acusaciones de violación, abuso sexual y coerción ilegal realizadas por dos mujeres tras su visita a Suecia ese año.

Los investigadores suecos propusieron en marzo interrogar a Assange en Londres, retirando su petición de que viajara a Suecia para responder a las denuncias en su contra. El australiano accedió a la propuesta, indicaron sus abogados el mes recién pasado.

Assange, que sería arrestado si tratara de abandonar la embajada ecuatoriana, niega las acusaciones y asegura que sus relaciones sexuales con ambas mujeres fueron consentidas.

Rechazó viajar a Suecia por temor a ser enviado luego a Estados Unidos, donde está en curso una investigación sobre la publicación en el 2010 por parte de Wikileaks de 500 mil documentos militares clasificados sobre la guerra en Afganistán e Irak y 250 mil cables diplomáticos que pusieron en aprietos a Washington.