Cámaras corporales para agentes de la PNC comenzarán a implementarse en el área metropolitana

La nueva Ley de la PNC que aprobó el Congreso contempla la implementación de cámaras corporales para los agentes policiales.

Hedy Quino y Rubén Lacán

11 de diciembre de 2024 | 17:37h

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La nueva Ley de la PNC establece la implementación de cámaras corporales. (Foto Prensa Libre: Hemeroteca PL)

Luego de que el Congreso de la República aprobara la nueva Ley de la Policía Nacional Civil (PNC), la cual dispone la implementación de cámaras corporales para que porten los agentes policiales, el director general de la institución, David Custodio Boteo, brindó detalles sobre esa medida.

Boteo explicó que este equipo va a registrar y fiscalizar los procedimientos de los agentes de la PNC.

“Será un respaldo para el buen policía, quien hace un procedimiento normal, así como una fiscalización si hace cosas fuera de la ley”, afirmó.

Boteo detalló que las cámaras corporales comenzarán a implementarse en el distrito central, donde se registran los mayores índices de criminalidad; sin embargo, aún no se tiene una fecha especifica para ello.

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Asimismo, dijo que esta nueva medida se pondrá en marcha por medio de un plan piloto.

Boteo indicó que el equipo se va a adquirir una vez se designe el presupuesto para este.

Sobre las cámaras corporales

El 23 de julio se conoció que, según la PNC, la inversión de una cámara que utilizaría cada agente es de US$2 mil-unos Q16 mil-.

De acuerdo con los informes de la PNC, son 42 mil agentes los que integran la institución; sin embargo, 35 mil están activos en patrullajes y en unidades de investigación, si se compraran equipos para esa cantidad de personal, la inversión sería de por lo menos Q560 millones.

Las cámaras corporales permiten captar el rostro y la voz de las personas que se encuentran cerca del policía. También graban la fecha y hora en que se efectúa el operativo, y cuentan con Sistema de Posicionamiento Global (GPS).

Uno de los países que hace un año implementó dichos equipos es Colombia, el plan comenzó con 400 agentes policiales, quienes portan las cámaras portátiles en la parte superior del uniforme.

El ministerio de Gobernación anunció este 25 de septiembre que utilizarán 4 mil cámaras que pertenecen a la Municipalidad de Guatemala para mejorar la seguridad contra la delincuencia.

El ministro de Gobernación, Francisco Jiménez, informó este miércoles del acuerdo alcanzado con la Municipalidad de Guatemala para compartir las cámaras de vigilancia que habitualmente se han utilizado para tareas relacionadas con el tráfico vehicular.

“Reaccionaremos más rápido y juntos tendremos una ciudad más segura“, expuso Jiménez tras el convenio firmado con el alcalde de la Ciudad de Guatemala, Ricardo Quiñónez.

Jiménez catalogó el acuerdo como “histórico”, mientras el Gobierno que preside Bernardo Arévalo de León destacó en sus canales oficiales que la medida “vaticina una mejora significativa en las investigaciones criminales, permitiendo a las fuerzas del orden identificar y perseguir con mayor eficacia a los responsables de delitos en la ciudad”.

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Las 4 mil cámaras se encuentran instaladas en los alrededores de la ciudad capital.

El convenio “facilitará el monitoreo constante de las zonas más vulnerables, lo que se espera ayude a reducir el índice de criminalidad“, recalcó el Gobierno de Arévalo de León.

Firmamos un convenio histórico con el alcalde @RQuinonezL, mediante el cual el #MinisterioDeGobernación tendrá acceso a las ~4 mil cámaras de seguridad de @muniguate.

Reaccionaremos más rápido y juntos tendremos una ciudad más segura @mingobguate @muniguate pic.twitter.com/9n72KhsxGI

— Francisco Jiménez (@FJimenezmingob) September 25, 2024

En la capital radican alrededor de 1,5 millones de personas y aproximadamente otros 1,5 millones viven en sus alrededores, de acuerdo a cálculos oficiales.

Guatemala contabilizó en 2023 un total de 4 mil 361 asesinatos, un 2 % más que en 2022, según datos oficiales del Instituto Nacional de Ciencias Forenses (Inacif).

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Solo entre 2010 y 2020 fueron registrados más de 60 mil homicidios, la gran mayoría en la impunidad, con base en cálculos de organizaciones humanitarias.

De igual forma, la nación que preside actualmente Arévalo de León sufre también por las miles de extorsiones que anualmente son denunciadas por comercios y empresas.

Iniciativa de ley propone instalar cámaras corporales en agentes de PNC

Inversión millonaria sería para monitorear el accionar de los agentes y la conducta del ciudadano ante el personal policial.

José Manuel Patzán

23 de julio de 2024 | 05:00h

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Las cámaras corporales grabarían el accionar del PNC y del ciudadano.(Foto Prensa Libre: Hemeroteca PL)

La Comisión de Gobernación del Congreso discute la iniciativa 6386, en la cual se propone que los agentes de la Policía Nacional Civil (PNC) utilicen cámaras corporales para que sus acciones sean monitoreadas, y se garanticen los derechos del personal policial y del ciudadano.

Una de las principales denuncias ciudadanas en contra de los agentes policiales, es que se les exige dinero a cambio de no consignarlos si los sorprenden conduciendo bajo efectos de licor, por lo que se buscan medidas que eviten más ese flagelo.

Según la PNC, la inversión de una cámara que utilizaría cada agente, es de US$2 mil-unos Q16 mil- por lo que los parlamentarios recomiendan que la inversión se haga por fases y se defina qué unidades policiales deben comenzar a utilizar los equipos.

Según los informes de la PNC, son 42 mil agentes los que conforman la institución. Sin embargo, 35 mil están activos en patrullajes y en unidades de investigación, si se compraran equipos para esa cantidad de personal, la inversión sería de por lo menos Q560 millones.

Los parlamentarios indicaron que el uso de cámaras corporales tiene como objetivo garantizar los derechos conforme a la ley, tanto del ciudadano como del agente policial.

El Diputado Obbed Mendizabal, considera que debe analizarse la ubicación de la cámara corporal en la vestimenta de cada agente, para proteger y resguardar los dispositivos, ya que “la inversión es fuerte”. Ante ese gasto, el parlamentario propone sanciones para quien incurra en el mal uso de la cámara, si la extravía, o lo reporta como robada.

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Sin presupuesto

David Custodio Boteo, director general de la PNC, indica que si las cámaras fueran donadas el proyecto se concretaría. Sin embargo, la institución no cuenta con el presupuesto para efectuar esas compras.

“Son equipos necesarios, pero en este momento no hay recursos ni para compra de patrullas o movilidad”, refirió.

A decir de Custodio Boteo, los equipos de monitoreo deberían ser instalados en los vehículos policiales e incluso, el costo de esos equipos son menores y reunen las capacidades tecnológicas para reaccionar de forma más inmediata ante cualquier emergencia.

“Todo es parte de la fiscalización y supervisión. Con los equipos de monitoreo instalados en los autopatrullas se verificaría el tiempo de llamada de auxilio y de llegada. Estos equipos también cuentan con monitoreo por GPS”, afirmó.

“Al momento de reportarse un hecho criminal, se podría monitorear qué unidad policial se encuentra más cercana para pasar rápido la información y que llegue pronto al lugar”, agregó el jefe policial.

Más confianza

El exviciministro de Gobernación, Mario Mérida, sostiene que que con este mecanismo de monitoreo se enviaría un mensaje de confianza a la ciudadanía, porque permitiría un mejor acercamiento de la población hacia las autoridades policiales. No obstante, dice que primero debe crearse una cultura de que las grabaciones son en beneficio de la autoridad y del ciudadano.

De concretarse el proyecto, Mérida considera que también puede ser un motivo para que los agentes tengan menos confianza de accionar.

“Hay que generar una normativa o reglamento que establezca sanciones si el agente apaga la cámara intencionalmente. En Estados Undios hemos visto que los policías abusan del ciudadano y los videos lo evidencian e impactan positivamente para castigar el abuso de autoridad”, puntualizó.

Tecnología

Las cámaras corporales permiten captar el rostro y la voz de las personas que se encuentran cerca del policía. También graban la fecha y hora en que se efectúa el operativo, y cuentan con Sistema de Posicionamiento Global (GPS).

Uno de los países que hace un año implementó dichos equipos es Colombia, el plan comenzó con 400 agentes policiales, quienes portan las cámaras portátiles en la parte superior del uniforme.

Los equipos se activan desde el momento en que inician sus labores y se desactivan al momento de retirarse. Autoridades de ese países aseguran que han sido efectivas, puesto que se monitorean los protocolos de la policía en todo tipo de casos.

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Obligación

En octubre de 2022, el departamento de Interior del Gobierno de Estados Unidos anunció que obligará a todos los agentes de las fuerzas de seguridad a llevar cámaras corporales que filmen su actuación, ya que permitirá la publicación rápida de los videos grabados en incidentes graves.

En un comunicado, dicho departamento informó que las nuevas normas se implemetan con la intención de “mejorar la seguridad, la transparencia y la rendición de cuentas”, para incrementar la “confianza” en los ciudadanos. Las directrices obligan a los agentes a llevar siempre cámaras corporales cuando estén de servicio.

Extorsiones

En febrero de este año, el ministro de Gobernación, Francisco Jiménez, confirmó que los agentes de la División de Puertos, Aeropuertos y Puestos Fronterizos (Dipafront), cometían extorsiones en contra de migrantes en las fronteras, por lo que semanas después anunció la disolución de esa unidad.

Las denuncias de migrantes de diferentes nacionalidades que atraviesan Guatemala en su ruta hacia Estados Unidos trascendieron más durante el 2023, cuando organizaciones y medios de comunicación hicieron públicos los testimonios de los afectados, quienes califican de “infernal” el trayecto por territorio nacional, incluso, más difícil que atravesar la selva del Darién en Panamá.

Los robos de motocicletas, vehículos y asaltos a peatones, así como homicidios en defensa propia, son hechos que cada vez más se evidencian por medio de cámaras de seguridad, afirman agentes de la División Especial de Investigación Criminal (Deic), al destacar que todos los videos que captan algún suceso son analizados por la Unidad de Video Forense de la Policía Nacional Civil (PNC), para descubrir la identidad de hechores.

Cada mes, según la municipalidad capitalina, el MP envía un promedio de cien solicitudes para ver los videos de 700 cámaras instaladas en la ciudad.

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Capacitados

Quienes analizan estas imágenes, incluso los videos que se viralizan en las redes sociales, son agentes de distintas unidades de la PNC que han sido especializados como peritos forenses digitales por entidades como la Red Latinoamericana de Informática Forense (Redlif Guatemala) y el Observatorio Guatemalteco de Delitos Informáticos (Ogdi).

Aunque el caso no se ha resuelto y aún no hay capturas, los especialistas destacan que por medio de las cámaras se logró establecer la identidad de uno de los sujetos que habrían participado en el crimen contra Eddy Roberto Gómez, de 31 años, quien el 11 de febrero de este año salió a vender su vehículo y luego su cuerpo fue localizado en Villa Canales. Según los expertos, toda la información del sospechoso fue entregada al MP para que avance en las investigaciones.

Aseguran que lo mismo ocurrió en el caso de seis trabajadoras domésticas que fueron asaltadas entre el 23 y 24 de septiembre recién pasado por dos sujetos que se desplazaban en una motocicleta, en la 18 calle y 26 avenida, bulevar San Isidro, zona 16, de la capital.

Videos públicos

Los investigadores indican que las imágenes grabadas por las cámaras también han sido claves para aclarar casos como el ocurrido el 11 de septiembre pasado, cuando un supuesto asaltante, de unos 30 años, fue ultimado en la 12 avenida, frente al numeral 14-82 de la zona 10, luego de que amenazó con un arma de juguete a un automovilista y este accionó su arma de fuego y le dio muerte.Los dos últimos casos quedaron grabados en cámaras de seguridad privadas.

Análisis

Las grabaciones se someten a un proceso de análisis mediante el cual se puede ampliar y mejorar la imagen para observar en detalle el rostro del señalado, y también se coteja con imágenes cargadas en una base de datos.

Con la misma modalidad se visualizan las placas de motocicletas y vehículos donde se transportan los sospechosos de algún crimen, y en un proceso más complejo se da seguimiento a los vehículos hasta visualizar el lugar donde se esconden.

“Con el análisis de las imágenes se fortalece en un 90% la investigación que se le traslada al MP. Esta contiene toda la información relacionada con el señalado, con el 100% de certeza de que se trata de la misma persona que se observa en los videos”, explica Jorge Aguilar, vocero del Ministerio de Gobernación (Mingob).

Aguilar refiere que, sin importar la calidad de las cámaras, privadas o municipales, la Unidad de Video Forense cuenta con programas sofisticados para aclarar las imágenes. Agrega que muchos de los videos que se analizan en esa oficina se toman de las redes sociales, con lo cual se establece que algunos no corresponden a Guatemala y que “solo se trata de crear confusión”.

Solicitudes

Para recabar pruebas, el MP se basa en los videos de cámaras municipales y privadas, pues el Mingob no cuenta con estos dispositivos, a pesar de que en su momento los tuvo y con ellos monitoreaba diferentes sectores capitalinos.

Un centro de monitoreo funciona en Quetzaltenango, aunque ha sido objeto de críticas de los pobladores por no cumplir con las demandas de seguridad.

Intentos

Con la implementación del Transurbano, en el 2011, se instalaron 800 cámaras de seguridad en las estaciones de abordaje, las cuales estaban a cargo de la PNC. Sin embargo, ante lo difícil que resultó pagar el servicio a las empresas proveedoras, el sistema quedó en desuso en el 2017.

Francisco Jiménez, exministro de Gobernación y coordinador de transición en temas de seguridad, dice que es importante que el Mingob tenga su propio sistema de cámaras, aunque asegura que es complicado porque no se trata solo de instalar los dispositivos, sino que debe existir una estrategia para determinar en qué puntos son necesarias y cuál será la finalidad.

Las cámaras tienen muchas funciones, pueden ser para temas de tráfico o de seguridad”, asevera.

Jiménez prefiere no confirmar si entre sus planes está colocar un sistema propio de monitoreo en la ciudad, aunque considera que lo más importante de tener un sistema de cámaras propio es que tendrían un archivo de todas las imágenes a las cuales pueden acudir en determinado momento para dar seguimiento a investigaciones.

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La municipalidad local destacó cómo tras el análisis de técnicos investigadores detectaron los movimientos  de ambos sujetos que llegaron en dos vehículos distintitos y descendieron para hurtar, en menos de tres minutos, motocicletas estacionadas en la vía pública de Antigua Guatemala. 

Luego del seguimiento en los vídeos de vigilancia, lograron establecer la forma de operar y así alertar a la PNC para que los arrestara después de haber cometido los hechos criminales.

Esos dos sujetos, un hombre y una mujer, los habían capturado el 22 de septiembre pasado en Villa Nueva, Guatemala, de donde son originarios, después de diligencias que llevaron a cabo la PNC y el Ministerio Público (MP).

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La PNC y el MP practicaron diligencias en la 2a avenida, callejón El Esfuerzo, zona 5, Villa Nueva y allí arrestaron a Acxel Rubén Sotoj Rivas, de 27 años y Wendy Maricela Alonzo Vicente, de 36, sindicados del delito de robo agravado.

Ellos eran dos de los ocho sujetos que llegaron supuestamente ese 7 de octubre a la Antigua en dos vehículos para hurtar al menos cuatro motocicletas que hasta ahora se desconoce en donde están. Las autoridades continúan con las diligencias para hallarlas.

El Juzgado de Primera Instancia Penal de Sacatepéquez había autorizado su detención, pero el ente investigador no logró demostrar sus delitos y fueron puestos en libertad.

Pero el 7 de octubre volvieron a las andadas, y esta vez la evidencia en su contra fue más contundente. Se les observó delinquiendo en las calles de la ciudad colonial. Llegaron en dos vehículos. Uno de ellos fue una camioneta agrícola y el otro un sedán gris.

Dos sujetos descienden de una camioneta gris Honda CRV placas 417GWM en la 5a avenida norte, caminan sobre la 4a calle poniente, y pasan justo donde hay varias motocicletas estacionadas. Regresan al automotor y una mujer se les suma y aborda el vehículo.

Ellos reciben instrucciones y vuelven a la 4a calle poniente, donde están las motos. La camioneta se va con la mujer como pasajero y otro sujeto como piloto. Los dos individuos que se bajaron para ver las motos a hurtar logran hacerlo en menos de tres minutos.

El centro de monitoreo detecta el vehículo sedán café placas 434-FQP en la 4a avenida norte, y dos sujetos, nuevamente, se bajan y van a donde están aparcadas motocicletas. Solo uno logra hurtar una moto, el otro no puede y corre hacia donde va el carro en donde se desplazaban.

Están a un costado del Palacio Municipal. Se enfilan nuevamente al centro de la ciudad, pero la PNC ya ha sido alertada y los detiene en la 3a calle y 1a avenida. Las autoridades los identifican y confirman que se trata de Sotoj Rivas y Alonzo Vicente. Los ponen a disposición y un juzgado los envió a prisión preventiva.

Los datos y acciones

Las cifras acumuladas de la PNC revelan que de 2015 a 2019 el robo de vehículos de cuatro y dos ruedas alcanzaba los 280 al año, pero entre 2020 a 2022 esta se ha reducido en 61.

En Antigua Guatemala, según el alcalde Víctor Hugo del Pozo, hay instaladas hasta hoy 400 cámaras de video vigilancia y 39 botones de emergencia, que los pueden usar los ciudadanos ante algún incidente criminal.

“Esto es parte del proyecto Antigua Segura, que pretende devolver la paz y tranquilidad a los vecinos y quienes visitan”, explicó.

Agregó que “además de las cámaras y botones de emergencia, hay 14 placas lectoras y 8 cámaras de reconocimiento facial. “Esto ha dado como resultado grabar a muchos delincuentes y bandas organizadas y las estadísticas se han reducido drásticamente”, indicó.

La queja cotidiana de turistas y locales era que en Antigua operaban “cristaleros”, aquellos que quebraban vidrios de los vehículos para sustraer pertenencias, mientras que también operan robacarros y robamotos. “Con el uso de la tecnología se ha logrado reducir esto”, aseveró el edil antigüeño.

Las cifras oficiales dan cuenta que entre 2020 y 2022 las fuerzas del orden han desarticulado a cuatro bandas de roba vehículos que operaban en la ciudad colonial. De hecho, dos de los capturados el 7 de octubre pasado, de un total de ocho que pertenecen a esa estructura, ya tenían antecedentes.

Las autoridades, según confirmaron investigadores de la PNC, están detrás de una quinta banda que tiene su base de operaciones en Escuintla y acciona, especialmente, en Antigua Guatemala.

Estos sujetos, según las pesquisas, se han enfocado en robar catalizadores de vehículos marca Honda para su posterior venta en la Ciudad de Guatemala, Chimaltenango y Sacatepéquez, principalmente.

Para el subdirector de la Dirección Especializada en Investigación Criminal (Deic) Adal Rodríguez, el uso de la tecnología, particularmente las cámaras de video vigilancia en las calles de las ciudades, ayudan a resolver casos en un 30 por ciento, y por ende a capturar a los delincuentes que operan.

El ministro de Gobernación, Napoleón Barrientos, destacó las acciones que conllevan en conjunto la municipalidad y la PNC. Aseguró que esto hace más efectivos los planes de seguridad, y sobre todo, el uso de la tecnología facilita la aprehensión de los individuos que operan en la ciudad colonial.

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¿Qué roban?

Las estadísticas de la PNC establecen que los delincuentes han optado por robar en mayor cantidad motocicletas, automóviles y picops. Eso resalta en las cifras obtenidas desde 2015.

Ese año las autoridades reportan un total de 252 vehículos robados en el año. 97 motos, 71 automóviles y 54 picops. El resto es de otro tipo de vehículos. La marca más codiciada en vehículos de cuatro ruedas es el Toyota y Mazda, mientras que de las motos la Italika y Bajaj.

En 2016 fueron 256 vehículos en todo el año: 144 motos, 48 automóviles y 46 picops. Las marcas más hurtadas y robadas fueron las mismas que el año anterior.

En 2017 fueron 129 vehículos hurtados y robados: 29 motos, 43 picops y 35 automóviles. Las marcas seleccionadas siguieron siendo las mismas.

En 2018 fueron 134 en total: 40 automóviles, 39 picops y 14 motos. Las marcas no variaron para los delincuentes.

En 2019 los hurtos y robos alcanzaron las 64 unidades: 19 picops, 18 automóviles y 17 motocicletas. En este año había instaladas únicamente 59 y con un 29 por ciento de su funcionamiento, según el alcalde Víctor Hugo del Pozo.

Para 2020, ya en época de restricciones por la pandemia de covid-19, los registros fueron de 23 en todo el año. 10 automóviles, 9 motos y 2 picops. Las marcas de los vehículos no variaron.

En el 2021, segundo año con menos restricciones por la covid-19, el número subió a 70 en el año. Fueron 30 motos, 24 picops y 12 automóviles.

Y en 2022, ya sin restricciones y con 400 cámaras instaladas, según el ayuntamiento, reporta el hurto y robo de vehículos en 61 unidades. 42 motos, 9 automóviles y 5 picops.

Análisis sobre robo de vehículos

Para el especialista en temas de criminología, Federico Reyes, el área de Antigua Guatemala se presta para este tipo de delitos por las varias salidas que tiene con otros municipios aledaños de Chimaltenango y Escuintla. Muchas de esas rutas son poco vigiladas y permiten que los robacarros operen y huyan con facilidad.

Reyes explicó que el alza de los robos o hurtos de vehículos va en olas, como todo delito, y esto tiene mucho que ver con la pasividad en tratar de ubicar y dar con los responsables, tal vez porque la gente ya no confía en la denuncia con el fin de que los recuperen.

“Las áreas donde se da, seguramente, siguen siendo en las zonas 1, 2, 4, 9, 10, 13, 14 ,15 y 18, por los modelos de los vehículos y los llamados encargos, en especial desde El Salvador y Honduras“, reveló.

Añadió que “el alza se puede explicar en modelos de estos, encargo de ciertos vehículos, horario de cuándo se los robaron y género de los pilotos, que incide en cómo y cuándo denunciar”, expresó.  

Escuintla, Sacatepéquez y Chimaltenango son los departamentos con más incidencia después de la capital, Mixco y Villa Nueva. Para Reyes las áreas de Guatemala, Mixco y Villa Nueva concentran gran cantidad de vehículos de lujo.

Agregó: “Los otros departamentos tienen alto poder adquisitivo, para vehículos de alta gama como se les denomina. Las bandas de robacarros son altamente organizadas y son para venta del vehículo, no de partes como siempre se argumenta, ya que la PNC tendría que extender su investigación a deshuesadoras, talleres pequeños, venta de carros rodados, de segunda mano, predios de venta de vehículos en especial en la carretera Interamericana y la que conduce a Escuintla”.   

¿Por qué es tan difícil frenar el robo de vehículos? Reyes responde que la investigación a pie de la PNC tendría que complementarse con seguimiento de cámaras de vigilancia capitalina y departamental, asumo que lo hacen en robos de vehículos específicos, ya que estos podrían estar conectados con la comisión de otros delitos, como secuestro, trata y extorsión, entre otros delitos.  

“Robar un carro ayuda a que no sean rastreados tan fácilmente cuando cometen secuestros, extorsiones, trata de personas o violaciones ya que el sistema de denuncia puede ser rápido y automatizado, pero la puesta inmediata de alertas. Lo que les da un margen de acción para llevar a cabo esos delitos, sin ser rastreados efectivamente”, expuso.

Para Reyes la denuncia sigue siendo importante aunque es incómoda y tediosa, pero es necesaria por los detalles como género de los atracadores, hora, lugar, algún detalle de movimientos extraños, disputas en el tráfico, de y hacia donde sucedió, si es la primera vez que le ocurre un acto similar, si fue hurto, si vio algo sospechoso, cámaras en el lugar, cuidadores de carros nuevos, presencia o ausencia de autopatrullas”. 

“Se debe estar mucho más alerta en todas las áreas, ahora ya no existen lugares tan seguros, estar atentos a lo que sucede a los alrededores y, sobre todo, un hábito, caro pero necesario, la adquisición de un seguro que cubra esto”, finalizó. 

“Delincuentes dañando las cámaras de la 11av. Estas cámaras son de beneficio a la comunidad y no les vamos a permitir que hagan esto. Ya los tenemos apersonados y serán responsables de los daños causados”, afirmó la publicación en la página de Facebook de la Alcaldía.

El video dura un minuto y 15 segundos y muestra cuando uno de los sujetos se acercó al poste y lanzó una piedra que dañó parte del equipo de vigilancia.

Luego de unos segundos, llegó otro sujeto al lugar y de nuevo lanzó piedras a la cámara con la intención de derribarla.

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Ambos insistieron con su acción para dañar los aparatos, según se ve en el video.

Uno de los internautas escribió que estos sujetos están molestos por la instalación de las cámaras, ya que les perjudica en su actuar para delinquir.

Otro escribió que las autoridades correspondientes deberían de actuar, ya que este equipo de cámaras es útil y lo están dañando.

Para leer más: “Hasta miedo da estar acá”: Vecinos de Mixco externan su temor por los recientes hechos de violencia en el municipio

“Si conoce a esta persona que dañó el patrimonio de los antigüeños denúnciela al 7832-7127”, escribió la comuna de Antigua Guatemala en su publicación en Facebook.

En las imágenes se observa que una mujer se desplaza por una de las calles, recoge una piedra y daña los aparatos.

La mujer golpea en varias ocasiones la cámara y al parecer alguna persona la descubrió.

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Algunos internautas suponen que es una persona en condición de calle la que dañó los aparatos de vigilancia.

Otros afirman que en el lugar hay botón de pánico para alertar, pero al parecer no se activó.

Vea también: Graban momento en que delincuentes despojan de su motocicleta a repartidor de comida en la capital

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Falta de voluntad política frena la ley de los puertos en Guatemala

Los puertos nacionales gastan Q56 millones 594 mil 800 en el servicio de cámaras, el mismo al que la Superintendencia de Administración Tributaria (SAT)  reconoció que desde el 2017 han pedido acceso y no se los han otorgado. Este equipo serviría para monitorear de manera remota los módulos de revisión de mercadería y mejorar el control aduanal.  

Data Expert, Sociedad Anónima es la empresa que, luego de diversas circunstancias y coincidencias, opera para ambos puertos el servicio de cámaras.  

Esta empresa se constituyó en el 2011 y desde entonces se convirtió en proveedor de servicios a Empornac. En el 2017 ganó el contrato para proveer del sistema de cámaras y dos años después, en el 2019, se hizo cargo del sistema de vigilancia de EPQ.  

Antes del 2011 el sistema de cámaras en Empornac estaba a cargo del propio puerto, pero Estuardo Vargas, ahora diputado de la Unidad Nacional de la Esperanza (UNE) y entonces Gerente General del Puerto, decidió otorgar el servicio a una empresa privada, con contratos, el primero de Q500 mil y cada año incrementándolos: Q6 millones en 2012; Q7 millones en 2013; hasta Q8.4 millones para 2014 y 2016.  

“Esa fue una licitación púbica que se realizó como lo manda la Ley de Contrataciones, hasta ahí me quedo yo, no puedo informarle porque no fui yo quien firmó los demás contratos de renovación. Que si se apagan o no se apagan las cámaras ahí es realmente el control de la empresa que surte la energía eléctrica en cada puerto”, comentó Vargas al ser cuestionado de cómo fue que la empresa inició su relación comercial con los puertos.

Coincidencias portuarias 

Data Expert S. A. es parte de un grupo de empresas que ha compartido, según información del Registro Mercantil, gerentes, representantes y presidentes con otras especializadas en servicios portuarios con distintos contratos, primero en Empornac y luego en EPQ.  

En Data Expert, el representante que figura en los registros oficiales es Juan José Pirir Castillo como representante. Sin embargo, en esta empresa figura como parte del Consejo Directivo Nohé Jonathan Vásquez Orozco, quien también ha figurado como presidente del consejo directivo y administrador único de otras empresas que le prestan servicios a Empornac y EPQ: Negocios Portuarios Sociedad Anónima (Neporsa) y Servicios de Básculas Sociedad Anónima (Servibasculas).  

Su llegada a la Empornac sirvió para ganar experiencia en el servicio de cámaras, aunque de las 260 cámaras que operan allí, la SAT hasta hace dos semanas no tenía acceso a ninguna.  

Sin embargo, en el 2019 se amplío el contrato de servicio y en la EPQ se abrió un evento de contratación del servicio, el cual ganó Data Expert.  

Ahí, en el puerto del Pacífico, hay 300 cámaras a cargo de la empresa y la SAT solo tiene control de nueve, según informes oficiales fechados por la entidad el 20 de mayo.  

En EPQ Data Expert ganó el contrato en un evento donde solo ellos ofertaron por Q26.8 millones. Dos meses después solicitó una prórroga de 70 días para la entrega e instalación del equipo porque no podía cumplir con los plazos solicitados.  

La empresa se perfila como una entidad experta en su materia, de lo contrario no habría podido participar en los concursos de licitación en donde ha salido victoriosa. Pero cada una de estas licitaciones públicas tiene un denominador con nombre y apellido: Glenda Milagro Duarte Martínez.

Incluso los registros históricos del portal electrónico Guatecompras ubican a esta mujer como integrante de la Junta de Licitación durante la administración de Vargas, cuando se otorgó el primer contrato. Persona que el diputado no recuerda conocer, “¿Qué la conozca? No, no. O sea no recuerdo la verdad, son mil 200 empleados por puerto”.

Puestos clave en puertos siguen sin definirse (y los efectos que tiene)

Aunque Vargas dejó su puesto en el área marítima para adentrarse en el mar de la política, el sustituto en la gerencia de los puertos es Hugo Roberto Arriaga Padilla, quien fue su mano derecha en sus años como jefe de la portuaria. Arriaga fue su subgerente de  Empornac y en el 2018 fue nombrado gerente de EPQ, donde un año después le adjudicó los contratos a Data Expert.

Esta relación podría despertar sospechas que según el ahora congresista cualquier persona es libre de opinar, aunque deja muy en claro que su función fue hace muchos años y que todo lo que hizo durante su administración estuvo apegado a la ley.

“Cada quien es libre de opinar al respecto, nosotros nos basamos en lo que dice la ley. Si él tuvo alguna vinculación con mi persona o algo pues ahí está la ley en la mano, somos respetuosos de la ley, realmente no puedo opinar nada al respecto porque fueron eventos de licitación públicos”, enfatizó.

Lea también: El 40% de las contrataciones públicas ha sido en procesos poco competitivos

Vigilancia a ciegas

Por lo costoso que es el servicio de video vigilancia en los puertos se tendría que garantizar un trabajo de calidad las 24 horas del día, pero la realidad no es esa. Recientemente en una serie de diligencias legislativas las actuales autoridades en materia portuaria admitieron que no pueden observar buena parte de la actividad en las fronteras marítimas porque no tienen acceso a las cámaras o incluso porque algunas se apagan para procesos de mantenimiento.

Informes de la propia SAT apuntan que Empornac mantiene cerca de 260 cámaras a las que se tienen acceso a 165, a penas desde el pasado fin de semana, en EPQ ocurre algo similar, de 155 cámaras ahora se tiene acceso a 58, inicialmente apenas se tenía control sobre nueve cámaras, lo que deja a ciegas la puerta número 1, clave para el ingreso y salida de contenedores.

Los representantes de las dos empresas coinciden en la razón por la que existen esos errores en el sistema de video vigilancia y responsabilizan al mal servicio de energía eléctrica.

“Esta suspensión del servicio fluido eléctrico obedece a cuestiones ajenas, si tenemos plantas generadoras de energía eléctrica, no es que tenga un montón de dinero y lo hagamos chinche, pero derivado de la importancia si tenemos generadores de energía eléctrica, así como con rayos X, estos funcionan como UPS, tardan tres segundos”, señaló Erick de León, Gerente General de la Portuaria Santo Tomas, a inicios de mes durante una citación en el Congreso de la República.

Por su parte la versión de David Berganza, Gerente General de la Portuaria Quetzal fue la siguiente durante la misma cita parlamentaria: “El problema principal que nos afecta a nosotros como Puerto Quetzal son los constantes cortes de energía que sufre el perímetro donde nosotros nos encontramos, así como puerto San José, donde el municipio de Itzpapa se ve afectado. Nosotros contamos con una planta que se activa en un tiempo máximo de 10 minutos para evitar ese problema, que se haga una interrupción del sistema informativo se debe a esos bajones de luz, tenemos un equipo especial para levantar los sistemas”.

La empresa Data Expert Sociedad Anónima mantiene vigentes sus números de teléfono a los cuales está redacción se comunicó para tener su versión de los hechos.

Una recepcionista atendió la llamada y cuando se pidió contactar a un representante del área de Comunicación Social o Relaciones Públicas solicitó el motivo de la llamada, se explicó que era para una nota periodística que detallaba fallas en el sistema de cámaras que ofrecen a las portuarias, pidió unos minutos de espera y luego la llamada fue desconectada. Al resto de intentos ya no fue posible que se atendiera la comunicación de este medio.

Fortalecer los puertos

Desde inicios del 2019 en el Congreso de la República se presentó la iniciativa 5545 que busca crear la Ley Reguladora del Sistema Portuario Nacional. La sugerencia buscaría crear una intendencia exclusiva para los puertos, ya que algunos diputados opinan que esa falta de control perite el ingreso de manera irregular de mercadería, armas y hasta de seres humanos.

También durante la reciente visita de Kamala Harris, vicepresidenta de los Estados Unidos, el Ejecutivo planteó la necesidad de conseguir apoyo para mejorar los controles en las fronteras marítimas, petición que según la Cancillería si será tomada en cuenta.

“El presidente de Guatemala le comentó a la vicepresidenta que actualmente tiene conocimiento que hay cuatro arcos únicamente en puertos y solicitó al Gobierno de Estados Unidos ampliar la cooperación para que lleguen a 12 arcos. La vicepresidenta se mostró accesible y comentó, pidió, al embajador de Estados Unidos en Guatemala que continuará las conversaciones para poder apoyar a Guatemala con el tema de seguridad en los puertos”, destacó Lindsay Hernández, Directora General de Relaciones Bilaterales.

Desde fuera

Aunque el control en las portuarias está a cargo del Ministerio de Comunicaciones como órgano rector, el Ministerio de la Defensa, y más concretamente el viceministerio de marina puede entrar a colaborar en caso que se vulnere la seguridad.

Esta dependencia explica que lo que han observado hasta este momento en las portuarias nacionales les hace llegar a la conclusión que las fronteras marítimas se encuentran en buenas condiciones de seguridad.

“Totalmente, yo pienso que sí, si está en condiciones. También el servicio de guarda costas de los Estados Unidos ha venido en repetidas oportunidades, ha evaluado las observaciones que han hecho, se han venido solventando, se han mejorado los sistemas de ingreso, se han mejorado los sistemas de salidas, se ha mejorado el sistema de cámaras, se ha mejorado el sistema de rayos x. Cada auditoria representa una oportunidad de mejora”, explicó Axel Colindres, viceministro de la Marina.

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Al ser cuestionado por la forma en que operan los sistemas de video vigilancia añadió que cada una de las empresas que ve el tema de los puertos ya está tomando las acciones pertinentes para solventar ese problema que puede ir despertando algunas dudas.

“Ese problema (de las cámaras de video vigilancia) tal vez ahora es que se está conociendo, me han comentado que las empresas portuarias se han preocupado por mantener otros sistemas alternos como UPS que tratan de mantener al 100% la estabilidad de la energía. También de manera extra oficial Santo Tomas de Castilla puso a disposición al 100% de sus cámaras, son cositas que se van solventando a como se van presentando los inconvenientes”, explicó.

Actualmente fue publicado el reglamento de la autoridad portuaria donde el Ministerio de la Defensa tendrá participación, pero Colindres indicó que este trabajo ya lo han venido desarrollando, ya que mantienen una comunicación constante con todas las entidades públicas que trabajan en el área de su competencia, el territorio marítimo nacional.

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Este sábado 12 de junio, el intendente de Aduanas, Werner Ovalle informó a Prensa Libre que producto de la coordinación que se realizó con la Empresa Portuaria Nacional Santo Tomás (Empornac) y EPQ se logró incrementar el acceso a las cámaras.

Explicó que antes en EPQ solo contaban con acceso a 15 cámaras y ahora se incrementó a 58; mientras que con Empornac sin ningún acceso y ahora 165 CCTV, que con “esta cobertura garantizamos que el control aduanero se puede realizar como corresponde”.

Declaró que en Empornac la medida es “bastante” positiva, ya que antes solo contaban con acceso a las cámaras de la aduana, sobre todo de interés como el área de bodegas, garitas de salida de la portuaria, rampas que son lugares estratégicos para la SAT.

¿Por qué la importancia?

Al preguntarle sobre la importancia de contar con estos accesos, el intendente afirmó que se podrá contar con la mayor cantidad de información para cruzar con todos los movimientos que se generan en los puertos, para poder mejorar y ser más contundentes sobre el riesgo aduanero.

Por otro lado, hay áreas de la zona primaria del recinto que interesan a la SAT para detectar cualquier ilícito que esté relacionado a la defraudación aduanera y poder detectar que actores del comercio exterior como personal del administrador tributario y otros actores de la cadena logística no estén actuando a lo que establece la normativa determina.

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Por otro lado, la tecnología ayudará a eliminar la discrecionalidad y el poder tener una capacidad de respuesta ante cualquier situación anómala.

Antecedentes

En una citación realizada el pasado 1 de junio en el Congreso, se dio a conocer que la EPQ y Empornac tienen 560 CCTV, pero la intendencia de Aduanas no cuenta con acceso, a pesar de que es la autoridad en el servicio aduanero.

En esa ocasión, se informó que en Empornac hay 260 cámaras, de la cuales el administrador tributario no tiene acceso y en EPQ de 300 CCTV solo tenía acceso a nueve.

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En el primer evento ofertaron dos empresas, pero el precio de todas sobrepasaba los Q125 mil que era presupuesto de la comuna, el evento se declaró desierto. De acuerdo con la junta de cotización la oferta de las empresas sobrepasaba el presupuesto en un 116 por ciento.

Nuevamente se publicó la compra y ofertó una empresa, la junta de cotización determinó que no cumplía con los requisitos, por segunda ocasión el evento se declaró desierto, de acuerdo con la dirección de abastos en los próximos días se compartirá nuevamente la compra.

“Lo que nos compete es solicitar nuevamente que se suba al portal de Guatecompras, de hecho ya se hizo, solo falta incorporar un acuerdo nuevo de alcaldía, esperaríamos que en ocho días se tenga ya cerrado”, dijo Roberto Escobar, director de abastos.

La compra que la municipalidad planea hacer es de 38 cámaras, 14 para el Centro Comercial Municipal y la Dirección de Abastos, nueve para el mercado La Democracia, ocho para el mercado Trigales y siete para el mercado número uno del mercado Minerva. De acuerdo con la dirección de abastos se priorizó el Centro Comercial Municipal porque en este lugar también funcionan dependencias municipales.

De acuerdo con Escobar, director de Abastos, el atraso en la compra afecta la seguridad que desean brindar en los mercados, sobre todo para combatir las extorsiones y los robos.

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“En realidad nos afecta a los mercados y a la dirección porque teníamos contemplado un poco más de seguridad para los comerciantes y visitantes, por eso es importante que concluyamos este año con el proceso”, aseguró el director.

Según Escobar este año en los mercados se incrementaron las extorsiones a los comerciantes y también la venta de droga en el mercado Minerva.

Mientras tanto, algunos comerciantes han optado por colocar cámaras de seguridad con fondos propios, lo que aseguran, ayudó a identificar a extorsionistas para denunciar y pedir acciones de la Policía Nacional Civil (PNC).

“Es un proyecto que se viene arrastrando desde el 2018 y estamos ya en el noveno mes del 2019, lamentamos que hasta hoy no se vea concretizado, instamos a la autoridad competente para que haga el evento de una forma adecuada y sean eficiente”, indicó Carlos Coyoy, representante de los vendedores del mercado La Democracia.

Agregó que existen otras promesas para los mercados que el actual Concejo no ha cumplido, cuando faltan cuatro meses para terminar su periodo. “Vamos en un círculo vicioso sin avance, si nosotros como arrendatarios hemos colocado nuestros propios sistemas de cámaras, la municipalidad podría hasta llevar un mejor control de los espacios arrendados por medio de estas”, dijo Coyoy.

“La municipalidad tiene pendiente en el mercado La Democracia el cambio de la red eléctrica, con recursos de los arrendatarios reparamos una parte. También algunos compañeros han instalado sus propias cámaras con las que se ha tenido éxito, tenemos buena relación con gobernación para que vengan las fuerzas de seguridad”, agregó.

Los comerciantes esperan que la municipalidad cumpla con lo prometido a los mercados. “Que lo mucho o poco que hagan  sea bueno, porque si van dejar una obra a medias o cosas mal compradas, de nada sirvió la espera”, aseguró un comerciante que prefirió omitir su nombre.

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“Este proceso ha sido un poco complicado, pero ya estamos trabajando, se ha puesto mucho interés en el tema de las cámaras. Al cien por ciento es complicado que se tenga el funcionamiento antes de finalizar el 2018, porque cuando ingresamos a Gobernación se estaba funcionando a un 15 por ciento”, recalcó Vizcaíno.

El proceso de recuperación de las cámaras contempla reforzar este mes varios puntos de la zona 3, especialmente en los alrededores del mercado de La Democracia que se ha convertido en un sector inseguro para los quetzaltecos y donde se han cometido varios delitos en este 2018.

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Inseguridad

Quetzaltecos muestran su preocupación por el incremento de la delincuencia en la ciudad, por lo que demandan mayor seguridad y opinan que se han dado pocos resultados con la implementación de cámaras.

Glendy Velasco, vecina de la zona 7 de Quetzaltenango, considera que el uso de cámaras aún es deficiente porque no se ha logrado disminuir los actos delincuenciales o algún otro tipo de delitos.

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Gerson Juárez, comerciante, espera que las estrategias que puedan utilizar funcionen debido al incremento de actos delictivos.

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Otra justificación se refiere a los montos en juego, en este caso la enorme cifra de mil doscientos millones de quetzales. El nombre de las empresas, así como su capacidad de sustentar estos contratos, relacionadas de manera directa o indirecta, no se puede ocultar, sobre todo en momentos como los actuales, en que numerosos exfuncionarios de alto nivel están prisioneros, acusados por el Ministerio Público y también por la Contraloría General de Cuentas, y otros tienen procedimientos similares a la mitad del camino.

Todos estos factores hacen que el tema sea de interés para los ciudadanos y por ello los medios informativos cumplen su función al publicar noticias y comentarios al respecto, y dar a conocer los puntos de vista de todos los involucrados, incluyendo a quienes firmaron los contratos de ventas de bienes o servicios. De esas declaraciones pueden originarse nuevos detalles que a la vez provoquen investigaciones institucionales o periodísticas y contribuyan a dilucidar todo lo relacionado con esas negociaciones con el Estado.

Ante estas situaciones es un error, es inútil y es contraproducente intentar que los medios no publiquen, disminuyan la importancia de las noticias o no utilicen lenguaje que a juicio de las personas relacionadas les causa problemas. Opacidad es un término que se puede aplicar porque hay demasiados casos abiertos por corrupción, y muchos de los contratos fueron elaborados en forma oscura, una de las características de los últimos gobiernos, por lo que ha sido necesaria la acción profesional de la prensa independiente para esclarecer los procedimientos censurables en esas negociaciones.

Los interesados deben preparar las explicaciones lógicas y técnicas acerca del porqué de las condiciones de los contratos. La empresa Comunicaciones Celulares afirma que la Policía Nacional no entregó las bases de datos de los rostros para hacer reconocimiento facial. Tal acción debe ser explicada, así como por qué colapsó el sistema al hacer 600 mil consultas. Esto se debe a que en su momento no fueron otorgadas las explicaciones adecuadas para que la población tuviera clara la cantidad de cámaras, sus capacidades, la totalidad de sus fines y posibilidades, como también sucedió tantas veces.

La multiplicidad de formas en que la población puede hoy en día proveerse de noticias hace que la única manera de encarar los problemas derivados de contratos con funcionarios acusados de corrupción sea colaborar sin ambages. Así se puede aclarar cualquier publicación malintencionada por medio de las cuestionables redes sociales. Mientras, la ciudadanía espera no solo los resultados de las pesquisas, sino cómo informan los medios. No hacerlo profesionalmente resulta un riesgo que no tienen ningún motivo para correr.

En las imágenes se observa el momento en que las dos personas armadas ingresan y disparan al empresario en el interior de una venta de silenciadores de vehículos en la mencionada zona mixqueña.

Los pistoleros aprovechan que la víctima revisaba su vehículo para sorprenderlo, pedirle un arma de fuego que portaba y al encontrar resistencia le disparan.

La Policía Nacional Civil y el Ministerio Público ya tienen en su poder las imágenes para iniciar con la investigación y poder capturar a los responsables.

A pesar de eso el ministerio de Gobernación amplió hasta 2017 el contrato de las cámaras de vigilancia, en la fase dos, por un total de Q152 millones 993 mil 558, con la empresa Internet Telecomunication Company de Guatemala, S.A.

Sin embargo Gobernación analiza detener el proyecto debido a la falta de fondos para continuar, que contempla 808 cámaras en las estaciones, y la instalación de 10 centros de monitoreo para hacer un total de 20.

El contrato también incluye el servicio del botón de emergencias, y la ampliación de las áreas geográficas de cobertura, situación que no ha ocurrido por no haber disponibilidad presupuestaria.

Juan Carlos Argueta, viceministro de Tecnología de Gobernación, detalló que la primera fase esta en funciones pero las imágenes no pueden ser usadas por la policía, ya que pertenecen a la empresa, porque no le han pagado.

En un recorrido realizado por Prensa Libre, se constató que los botones de pánico no funcionan y en la mayoría de paradas solo está el armazón de las cámaras.

Argueta añadió que ya se realizó un pago pero cuando haya disponibilidad financiera lo recibirá la empresa. “Ahorita está como lo dejaron” dijo.

No funcionan

La Procuraduría de Derechos Humanos (PDH), realizó una inspección en marzo del año pasado y detectó que las cámaras y los botones de pánico no funcionaban.

Edgar Guerra, defensor del usuario del transporte público comentó que en realizaron las pruebas y nunca hubo respuesta.

“Para la otra semana tenemos contemplada una nueva supervisión del transporte público” afirmó el defensor.

En mayo de 2011 la Contraloría General de Cuentas (CGC), presentó una denuncia en contra el entonces director de la Policía Nacional Civil (PNC), Baltzár Gómez Barrios por anomalías identificadas en el contrato de la primera fase.

Según información de la Fiscalía Contra la corrupción del Ministerio Público (MP), la denuncia continúa en fase de investigación con el expediente MP 001-2011-47298 y se están realizando peritajes contables financieros de los contratos realizados.

“Se establecieron las deficiencias siguientes: los contratos fueron adjudicados en el régimen de excepción, es utilizado cuando existe una urgencia institucional”, decía el expediente presentado por CGC al MP.

El amparo en favor de los manifestantes también indica que la Procuraduría de los Derechos Humanos debe colaborar con la verificación y mediación, en caso de ser necesario.

“Las autoridades denunciadas deben acatar inmediatamente lo resuelto, de manera que se garantice el ejercicio del derecho de manifestación pacífica así como la vida e integridad de quienes intervengan en la actividad”, señala el amparo.

Preparativos

La Policía Nacional Civil trasladó en camiones, lámparas, cámaras y una planta de energía, elementos que serán instalados en la Plaza de la Constitución.

El movimiento fue  nacional e internacional, debido a que  el apoyo también  llegó desde países como Chile, Estados Unidos, Suiza e Italia.

Los congresistas dijeron que es sospechosa la instalacion de cámaras  y piden que les informen  donde y para que usan las imágenes que se captaron  ese día.

También condenaron  los  ataques a medios de comunicación a sus paginas  digitales. 

El diputado Hugo Morán , dijo que genera dudas el hecho de instalar estos equipos cuando en otras ocasiones no se han utilizado.

El parlalmentario dijo que quieren saber quien será la persona que se encargará de realizar un archivo de ese material.

Los congresistas no descartaron que se cite al ministro, Mauricio López Bonilla, para que explique porque utilizar estos equipos y como fue que se adquirieron.  

Protesta masiva 

El pasado sábado se realizó una protesta frente al Palacio Nacional de la Cultura por parte de diferentes sectores que exigieron la renuncia del presidente Otto Pérez y la vicepresidenta Roxana Baldetti.

Durante el evento fueron colocadas cuatro torres con cámaras de viodeovigilancia, días después el viceministro de Gobernación Juan Carlos Argueta, dijo que no se realizó ningún espionaje y unicamente se colocaron en caso de que  se registraran disturbios.

Manifestaciones seguirán

Las 72 comunidades indígenas del país anuncian manifestaciones pacíficas en la capital y la provincia para el próximo 1 y 16 de mayo, exigiendo la renuncia del presidente Otto Pérez Molina y su vicepresidenta Roxana Baldetti. 

Pese a estas manifestaciones, el gobernante durante un acto público este miércoles restó importancia y dijo que “solo es un grupo” el que está realizando estas actividades. 

Con esto las autoridades no solo habrían utilizado un mecanismo para intimidar y amedrentar a los participantes, como afirman expertos y analistas, sino también es un método para saber quiénes tomaron parte en la marcha, con sus respectivos datos de identificación personal.

Múltiples denuncias sobre la filmación de la masiva manifestación en la Plaza de la Constitución y el uso de drones sobre la muchedumbre llegaron a manos del procurador de los Derechos Humanos, Jorge de León Duque por lo que se comunicó con el ministro de Gobernación, Mauricio López Bonilla, quien argumentó que el motivo del monitoreo era el “resguardo de la seguridad”.

Presenta equipo

El 16 de mayo del 2014, López Bonilla presentó el equipo recién adquirido y, según la misma página web de la Policía Nacional Civil (PNC), dijo que esos “ojos electrónicos” tienen “una mejor resolución para identificar desde lejos rostros humanos para el procesamiento de información en la identificación de las personas, en un enlace inmediato con el Renap, entidad que contiene los datos biográficos para cotejarlos con los archivos de la Policía en materia de antecedentes”.

Asimismo, Bonilla afirmó esa vez: “Los drones se desplegarán en los cielos para la verificación en las manifestaciones que se registren y por la posibilidad de actos de violencia, escenas de crimen complicadas y proteger los recintos deportivos”.

Ven intimidación

Expertos creen que la utilización de cámaras en los alrededores de la Plaza de la Constitución se dio para amedrentar a la población que participó, debido a que son aparatos que no se utilizan con frecuencia, y menos en una marcha pacífica.

Wálter Menchú, experto en seguridad del Centro de Investigaciones Económicas Nacionales (Cien), refirió que la instalación de múltiples videocámaras es un mensaje de amedrentamiento, porque este tipo de equipo no se emplea a menudo.

“Puede ser que el Ministerio instaló el equipo como medida de seguridad, para prevenir cualquier incidente (…). En esta ocasión se sabía que el lugar de concentración sería la Plaza de la Constitución y, como es un equipo grande, se tuvo el tiempo de instalarlo”, indicó.

Cristhians Castillo, del área sociopolítica del Instituto de Problemas Nacionales de la Universidad de San Carlos, manifestó que es justificada la desconfianza porque no es una medida recurrente, lo cual genera una especie de suspicacia.

“La presunción que genera la instalación de las cámaras —de videovigilancia— por Gobernación es: Queremos saber quiénes están en la manifestación. Quiénes están detrás del descontento y qué sectores están contra nosotros.” añadió.

Mientras tanto, Alejandro Balsells, del Centro para la Defensa de la Constitución (Cedecón), expresó: “El tema aquí es el nivel de desconfianza que hay de la población hacia las autoridades (…), por eso es que tenemos tantos peros con la instalación de ese equipo”.

Lorena Escobar, experta en seguridad de la Asociación de Investigación y Estudios Sociales, expuso que desconoce si este equipo se utilizó en otros movimientos y la fecha en que se adquirió, pero resaltó que si Gobernación no utiliza con frecuencia este tipo de videovigilancia, de ahora en adelante se podrá pensar que en esta ocasión fue utilizado para otros fines.

Por último, el analista del Instituto Centroamericano de Estudios Políticos Luis Chávez, contrario a los demás, declaró que le parece prematuro decir que es un hecho de promoción de pánico o amedrentamiento, y que por ahora lo que se sabe es que el Ministerio lo utilizó como medida de prevención de delitos.

“Ahora hay que esperar que la PDH, como garante de los derechos humanos, solicite informes al Ministerio de Gobernación y al Ministerio Público, para verificar que fue un hecho intimidatorio”, afirmó.

Las sospechas de bloqueo de señal acrecentaron la sensación de que se quería impedir la difusión de la actividad.

Durante la protesta varios presentes se quejaron de la falta de señal de celular y de internet, así como de cuatro torres que fueron colocadas y en las cuales se podían observar cámaras.

Ante esto, Argueta, dijo que en ningún momento se planificó algún bloqueo y las antenas que se colocaron en el lugar no tenían ningún fin similar, debido a que estas tienen un sistema inalámbrico y no pueden obstaculizar ningún tipo de señal.

El funcionario mencionó que en total se utilizaron cuatro torres móviles , cada una con dos cámaras incorporadas , las cuales se han usado para monitorear actividades deportivas, ferias y operativos en Semana Santa.

Sobre la falta de señal el funcionario considera que se trató de una saturación por la cantidad de usuarios que habían concentrados en un mismo lugar.

Delegados de Gobernación hicieron una demostración sobre funcionamiento de los aparatos en la Dirección General de la Policía Nacional Civil.