Pizza, barbacoa, chocolate y caramelo fueron algunos sabores de los poporopos que compró la SAAS por Q21 mil entre el 6 y 7 de diciembre de este año a Aminta Azucena Orellana Padilla, quien aparece como propietaria del comercio Zoe’s Bakery, en la colonia Lomas de Portugal, Mixco.

Lea más

Jafeth Cabrera dice que no tiene los mismos beneficios que Jimmy Morales

Lea además: Caso Transurbano reúne a Colom y exjefe de SAAS

Auditores revisan esos gastos

De acuerdo con César Elías, subcontralor de Calidad del Gasto Público de la Contraloría, un grupo de auditores revisa los gastos efectuados por la SAAS y que si se encuentran irregularidades deberán formular los hallazgos y proceder como lo ordena la Ley Orgánica de la Contraloría General de Cuentas.

Elías asevera que la auditoría buscará establecer que haya comprobantes legítimos de respaldo y que las cuentas cuadren, además de que haya ingresado el producto y que su uso haya sido oficial.

Pero más allá de eso, de acuerdo con Elías, es que los funcionarios públicos que dirigen las instituciones deben considerar la  “racionalidad y razonabilidad en la ejecución del presupuesto”.

“Debemos tener bien claro que nuestro país tiene muchas necesidades en salud, educación, seguridad y otros servicios, por lo que cada vez que utilicemos un quetzal debemos pensar si es necesario o si es algo no prioritario”, explica Elías.

El artículo 29 bis de la Ley Orgánica del Presupuesto cita que el responsable de la ejecución de los egresos es la máxima autoridad de cada entidad. “Entonces son ellos quienes deben analizar si es necesario ese tipo de compras”, afirma Elías.

Además: Le roban fusil a agente de la SAAS en Xela

Gastos a manos llenas

El director de Acción Ciudadana, Manfredo Marroquín, dice que esta es una muestra más de que la administración de Jimmy Morales se ha dedicado a malgastar los recursos del país. “Su política tiende a gastar a manos llenas, con lo cual contradice sus palabras cuando habla de austeridad, pues hace lo contrario”.

Marroquín lamentó que estos hechos salgan a luz, justo cuando Guatemala vive el drama de los compatriotas que migran hacia Estados Unidos, porque en el país no tienen nada qué comer y donde, lamentablemente, dos niños han fallecido en este mes en la frontera sur de ese país.

Prensa Libre buscó la versión del secretario de la SAAS, César Orlando Ramírez, pero no contestó las llamadas a su teléfono celular, así como tampoco los mensajes de texto. El secretario de Comunicación Social de la Presidencia, Alfredo Brito, dijo que no estaba al tanto del tema.

Contenido relacionado

> Buscan limitar gastos de la SAAS

> Exjefe de la SAAS es capturado

>  SAAS busca comprar, pollo, cerdo y otras carnes

“En el caso  no hay nada adjudicado, no hay negocio cerrado con los empresarios de la Asociación de Empresas de Autobuses Urbanos —AEAU—, pero se efectuarán revisiones del negocio que se viene anunciando”, explicó Mencos.

Transparencia

 Mencos manifestó que la comuna de Mixco optó por los empresarios de la AEAU porque ofrecieron implementar el sistema prepago y señaló que los inversionistas son investigados por el Ministerio Público debido al  aparente mal manejo de recursos  en Transurbano.

• Lea además | Mixco impulsa proyecto dudoso de transporte público

“El auditor —de la CGC— está recolectando toda la información —del negocio— para  analizar cuáles podrían ser las limitaciones”, resaltó el jefe de la Contraloría.

 El defensor de los usuarios del transporte público de la Procuraduría de los Derechos Humanos, Édgar Guerra, adelantó que advirtieron a la comuna de Mixco acerca de los antecedentes de los empresarios de la citada asociación, en especial por el caso de Transurbano.

Una de las primeras acciones fue la realización de auditorías de infraestructura y financiera al contrato, a cargo de la CGC. En el análisis de las finanzas se encontraron varias inconsistencias que causaron una denuncia penal el pasado 4 de julio.

La investigación se encuentra bajo reserva, pero Prensa Libre obtuvo información en la que se establece que entre las irregularidades se identificó que fue la empresa Norberto Odebrecht la que inició los trámites para gestionar el crédito con el Banco Nacional de Desarrollo Económico y Social (BNDES), desde Brasil.

De igual forma se evidenció que al momento de otorgar el dinero al país para el proyecto de ampliación a cuatro carriles de la CA-Occidente, el BNDES fue la que dio el nombre de la constructora que debía ejecutar el proyecto, sin que exista evidencia de que Guatemala se haya opuesto a esa designación, pese a que incumple con la Ley de Contrataciones.

Por esa razón, las autoridades solicitaron información a la entidad financiera en Brasil, para que establezca si esas son sus políticas de crédito.

Investigación

En un informe  del Grupo de Diarios América (GDA) publicado el domingo en Brasil, se reveló que el BNDES suspendió el financiamiento para las empresas que recibían recursos de esa entidad, entre ellas Norberto Obedrecht, acción que tomó como parte de una investigación de la operación Lava Jato, que  evidenció una red de corrupción que alcanzó a varios países en Latinoamérica.

La empresa brasileña Odebrecht era la encargada de la ampliación a cuatro carriles de la carretera CA-2 Occidente,  de Cocales, Escuintla, hacia Tecún Umán, San Marcos, frontera con México.

Para ese proyecto, el BNDES otorgó un financiamiento de US$280 millones (Q2 mil cien millones) y el Banco Centroamericano de Integración Económica US$119.4 millones (Q895.5 millones), para un total de US$399.4 millones (Q2 mil 995.5 millones).

Según el ministro de Finanzas, Julio Héctor Estrada, el BNDES suspendió los desembolsos que restaban para financiar el proyecto desde principios de año.

Licitación

Además del MP, la Cicig y la CGC, el Ministerio de Comunicaciones también efectúa una investigación, la cual causó que desde la semana pasada se haya iniciado un proceso para liquidar el proyecto.

Según el jefe de esa cartera, Aldo García, en enero tienen planificado dar inicio a una licitación para el mantenimiento y reparación del tramo carretero que ya fue ampliado por Odebrecht, pero también se contempla un concurso para concluir el proyecto.

García explicó que para el proceso de liquidación del proyecto se tendrá que solicitar una ampliación presupuestaria al Congreso, así como para las licitaciones.

Nineth Montenegro, legisladora de Encuentro por Guatemala, indicó que la solicitud deberá ser “muy analizada”.

Mientras que Carlos Barreda, de la Unidad Nacional de la Esperanza, indicó que antes de cualquier acción se deberá efectuar la investigación y denunciar a los responsables de haber otorgado la obra.

El sitio gubernamental señala que seis de los contratos fueron adjudicados desde el 2005; es decir, hace ya 10 años.

Expertos, diputados y la Procuraduría de los Derechos Humanos (PDH) indican que esta modalidad ha sido desvirtuada porque se presta a cometer irregularidades y la Contraloría General de Cuentas (CGC) no asume el rol de fiscalización que le corresponde.

Contratos

El reporte obtenido de Guatecompras.gt precisa que las últimas dos renovaciones de esta clase de contratos ocurrieron en octubre último, uno por Q110.4 millones y otro por Q2.9 millones.

Ambos eventos suman un monto superior a los Q113.4 millones y ambos representan la adjudicación más alta que ha hecho la administración del presidente Alejandro Maldonado Aguirre.

Resalta también que los tres contratos más grandes fueron firmados en el 2009, durante el gobierno de Álvaro Colom, tienen ya seis años de vigencia y sus montos son de Q316.8 millones, Q228.9 millones y Q147 millones. Los tres han servido para adquirir insumos hospitalarios y medicinas.

Según la Ley de Contrataciones del Estado y su reglamento vigente, el contrato abierto es una modalidad de compra y contratación solicitada por dos o más instituciones públicas.

Un inciso en Guatecompras.gt precisa que las instituciones deben seleccionar a los proveedores por medio de un concurso público para la calificación y adjudicación de productos.

El objetivo de esa medida sería encontrar mejores precios y la estandarización de los productos que hacen más económica y práctica la adquisición. También garantizaría que las compras se hicieran con eficiencia, efectividad y calidad para beneficio de los intereses del Estado.

La entidad responsable de coordinarlos es el Ministerio de Finanzas Públicas, a través de la Dirección Normativa de Contrataciones y Adquisiciones del Estado. Sin embargo, todo ha quedado en letra muerta.

Poca vigilancia

Un análisis sobre la fiscalización de los contratos abiertos elaborado por la bancada legislativa de Encuentro por Guatemala (EG) indica que hay varias deficiencias que no garantizan la calidad, particularmente de las medicinas e insumos hospitalarios.

En principio, señala que al momento de la renovación de los contratos, la CGC debería verificar el proceso administrativo, pero no revisa la calidad de los productos o si hay otros aspectos que puedan afectar a los pacientes o instituciones.

El grupo parlamentario indica que hay una Comisión de Vigilancia, Seguimiento y Monitoreo, pero que esta no tiene injerencia para el proceso de creación ni de renovación, solamente cuando hay alguna denuncia.

Por último, afirma que nadie que sea ajeno al proceso puede presentar una inconformidad. Es decir, si un civil, organización o incluso diputado cree que hay una irregularidad no puede denunciarlo a las entidades involucradas, sino que deberá recurrir al Ministerio Público (MP).

Nineth Montenegro, congresista de EG, afirmó: “El contrato abierto se pensó como una figura bondadosa, pero degeneró hasta caer en un grupo élite de privilegiados”.

“Si se revisa, hay muchos contratos que han prorrogado por 10 años e incluso algunos hasta ilegalmente, una cuestión que debería haber demandado ya la CGC”, agregó.

Figura desvirtuada

Claudia López, procurado adjunta 1 de la PDH, aseveró: “El gran problema de este tipo de contratos es la prórroga que se ha dado a lo largo del tiempo”.

“Al realizar esas prórrogas no se da la oportunidad para que otros puedan participar dentro del evento y se da el gravísimo inconveniente de que muchos incumplen y no hay manera de hacerlos cumplir”, señaló.

López consideró que los contratos abiertos se han desvirtuado y se pueden prestar a irregularidades.

Édgar Balsells, representante de la Universidad de San Carlos en el Instituto Guatemalteco de Seguridad Social, dijo: “Se debería eliminar esa figura y usarse un procedimiento de subasta inversa”.

“Hay que transparentar todo. El problema con el contrato abierto es que se sientan varios en un ministerio y lo hacen todo” con poca transparencia.

Prensa Libre intentó obtener la versión del contralor general, Carlos Mencos, pero no respondió a través de su vocera.