Ager: “alcaldes y Cocodes pueden ser héroes o tropiezo para sus comunidades”

Gremial de generación renovable llama a autoridades a cambiar “el sentido de urgencia” en las obras que tienen que ver con nueva energía. “Sin luz, no se puede hacer nada” dice.

Ximena Santiago

10 de octubre de 2025 | 10:26h

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La serie de contratos conocida como PEG-4 incluye proyectos con generación renovable, tanto eólica como solar. (Foto Prensa Libre: Freepik)

Hay una relación directa entre la tramitología para obtener una licencia ambiental y el riesgo de no cubrir la demanda de energía que el país necesita.

De acuerdo con Alfonso González, presidente de la Asociación de Generadores con Energía Renovable (Ager) un permiso que podría obtenerse en cuestión de 90 días se puede llevar de seis a ocho meses.

Su visión es que el Ejecutivo no cuenta con todos los recursos para poder agilizar los permisos, porque, por ejemplo, puede haber solo un responsable para atender 50 solicitudes de licencia.

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Este es un extracto de la conversación que González tuvo con el equipo de Prensa Libre y Guatevisión.   

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¿Cómo perciben el avance de las nuevas plantas generadoras incluidas en la PEG-4?

Desde la Ager, hemos estado viendo muy de fuera los proyectos de la PEG-4, ya que, de alguna u otra forma, no nos corresponde jugar un rol activo en el desarrollo de estos proyectos.

Lo que sí tenemos conocimiento es que algunos están todavía en la fase de permisos, desarrollo y otros que tienen cierto nivel de avance, con algún tropiezo en dicho avance, pero, en general, entendemos que el proceso de la PEG-4 y la entrada en operación de estas nuevas plantas va bien.

¿Cuáles son los desafíos para ejecutar proyectos de generación de energía?

En carne propia he vivido el desarrollo de los proyectos de generación renovable. Primero, no necesariamente es una falta de información, sino que muchas veces hay información con malas intenciones —para decirlo como es—, con intereses particulares. Y es ahí donde los desarrolladores tenemos que llegar con muchísima transparencia a ganarnos la confianza de los vecinos de un proyecto.

Al final, estas comunidades alrededor —o los vecinos— van comprendiendo que no hay ninguna mala voluntad en llegar a instalar un proyecto de generación en un lugar en particular, sino más bien una iniciativa de desarrollo no únicamente para el negocio como tal, sino también para los vecinos.

Las energías renovables tienen una particularidad, y es que nosotros no nos podemos inventar dónde poner los proyectos o escoger con mucha precisión dónde instalar uno, porque los proyectos se desarrollan donde está el recurso. Somos de las pocas industrias que verdaderamente vamos al interior del país a hacer desarrollo, a generar empleo, a que cambie el entorno alrededor de donde hay un proyecto.

Hay muchísimos ejemplos donde se ha agregado un gran valor alrededor de los proyectos de generación renovable. Ese es, digamos, como la primera parte.

Luego están las autoridades, que también se pueden convertir en héroes, llevando y apoyando estas iniciativas empresariales en sus municipios, que, a la vuelta, traen un retorno en impuestos para la alcaldía, tanto en licencias de construcción como en el IUSI (Impuesto Único Sobre Inmuebles).

Al mismo tiempo, son ingresos que se van transformando en la multiplicación de la economía, aunque sea en pequeña escala dentro del municipio. Así que las autoridades municipales o locales —incluyendo los Cocodes— se pueden convertir en grandes héroes desde sus comunidades, o se pueden convertir en grandes piedras de tropiezo.

¿Qué tan ágil es el proceso de licencias y permisos ambientales para que los proyectos puedan avanzar?

Es un calvario, esa es la palabra adecuada. Yo creo que no hay un desarrollo que no sufra la tramitología. Ahora, una licencia ambiental que podría obtenerse en cuestión de 90 días se puede llevar de seis a ocho meses.

Y aquí no solo hay que señalar, sino que, cuando vamos a explorar un poquito, también vemos que las entidades no tienen todos los recursos necesarios; el Ejecutivo no cuenta con todos los recursos para poder agilizar los permisos.

Entonces, resulta que hay un responsable para atender 50 solicitudes de licencia. Ahora, ¿de quién es la responsabilidad de resolverlo? Del ministerio mismo. Y sí, es un obstáculo, realmente, porque va pateando —literalmente— para atrás el inicio de obra de cualquier proyecto.

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Eso lo sufrimos no solo los generadores de energía renovable: es cualquier proyecto que se quiera hacer de infraestructura privada. Así que esa es una parte donde el sentido de urgencia y la agilidad deberían ser considerados dentro de las instituciones, de tal manera que no solo se piense en el trámite per se, sino también en el efecto que conlleva retrasar una obra.

En Guatemala tenemos un crecimiento de la demanda de consumo de energía eléctrica bien importante: crece el doble que el producto interno bruto. Cada día hay más demanda, y la capacidad que tenemos instalada es la que es.

La única manera de ir paleando el crecimiento de la demanda es instalando proyectos nuevos de generación. En la medida en que todos los permisos se atrasen más y no se les dé la agilidad que se les debe dar, corremos el riesgo de que nos llegue el agua a la nariz y regresemos a una época que la gente joven no conoció, pero en los 80 teníamos racionamientos de energía eléctrica.

Así que corremos el riesgo de llegar a esos extremos, y mucho tiene que ver con el tiempo que se tardan los permisos.

¿Qué riesgos existen si los proyectos no logran completarse en el tiempo previsto?

El riesgo más grave es el desabastecimiento de energía eléctrica, y ese es el que nos preocupa a todos. Hoy estamos en un mundo donde, verdaderamente, no se puede hacer nada si no tenemos energía eléctrica.

Si en Guatemala el PIB crece a razón de 3% a 3.5%, el consumo de energía eléctrica supera el 7% de crecimiento. Y si no instalamos más energía eléctrica, más generación, pues lo que va a pasar un día es que, como decimos coloquialmente los chapines, no hay luz.

Así que el riesgo no afecta únicamente a las grandes empresas, como a veces se piensa; esto es una cosa que nos va a pegar a todos los guatemaltecos. Las actividades más básicas se hacen con energía eléctrica, empezando por la educación, la salud… No se puede atender luz sin energía eléctrica. Miren los caos que han pasado en los hospitales públicos cuando se han quedado sin energía eléctrica.

¿Cuáles son las acciones necesarias para agilizar la construcción de nuevos proyectos de generación de energía?

La primera es la promoción de más procesos de licitación. Los procesos de licitación buscan atraer inversión nueva, nacional o internacional —no importa—, pero el proceso de licitación tiene que motivar la instalación de nuevas plantas de generación eléctrica.

Lo mismo pasa con la transmisión de energía: se debe motivar que se instalen nuevas redes de transmisión en todo el país. Si no ocurre, va a pasar lo mismo que con el tráfico en la ciudad: las líneas de transmisión se saturan y no llega el servicio con la calidad, el volumen o la cobertura que debe llegar.

Entonces, los procesos de licitación son bien importantes. Eso lo debe seguir promoviendo el Estado, y también debe seguir promoviendo que las distribuidoras los hagan de manera más frecuente.

La PEG-5 es bien relevante porque resulta ser el proceso de licitación más grande de la historia de Centroamérica. Estamos hablando de adjudicar 1,550 MW en un solo proceso.

Algunos opinamos que hubiera podido ser más fácil manejarlo en tres o cuatro procesos distintos. Así que, muy rápidamente, saliendo de la PEG-5, debe venir la PEG-6, aunque sea con un volumen de demanda mucho menor.

Y el acompañamiento de las autoridades en el desarrollo de los proyectos. Es decir, te adjudican una planta en algún lugar del interior y anda a ver cómo resolver los problemas comunitarios, sociales, de ausencia del Estado, con las municipalidades, las autoridades locales.

Por supuesto que es responsabilidad nuestra resolverlo, pero también del Estado. Si el Estado no participa activamente, en conjunto con nosotros, para resolver que los proyectos salgan adelante, el impacto lo va a sentir toda la población.

Proyecto solar en Jalpatagua denuncia desinformación y presiones para frenar construcción

Pese a tener licencias ambientales vigentes, alcaldía del municipio de Jutiapa no ha dado los pasos para que la obra avance, aduciendo oposición de grupos de pobladores. Empresa valora desviar inversión a otra región del país.

la Redacción

9 de octubre de 2025 | 06:00h

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El proyecto Santo Tomás se plantea como una planta solar fotovoltaica que tendrá una potencia máxima de 100 MW para inyectarse al Sistema Nacional Interconectado. (Foto Prensa Libre: Cortesía)

El proyecto solar Santo Tomás es una de las 11 plantas nuevas de generación de energía licitadas en el 2023 para la PEG-4.

De acuerdo con un comunicado de Solar El Progreso, responsable del desarrollo de la obra, “algunos actores sociales y políticos han manipulado la información y difundido desinformación sobre el proyecto, motivados por intereses ajenos al bienestar comunitario, generando tensión en la zona. Pese a ello, la mayoría de los líderes comunitarios y varios concejales municipales han expresado su respaldo al proyecto, reconociendo sus beneficios en empleo, desarrollo económico, educación y sostenibilidad ambiental, aunque muchos prefieren no hacerlo público, por temor a represalias y presiones locales”.

El proyecto Santo Tomás se plantea como una planta solar fotovoltaica que tendrá una potencia máxima de 100 MW para inyectarse al Sistema Nacional Interconectado. Estará ubicada en el kilómetro 98.5 de la carretera a El Salvador, en Jalpatagua, Jutiapa, donde se instalarán 255 mil 556 paneles solares.

Según la resolución CRIE-31-2024, emitida por la Comisión Regional de Interconexión Eléctrica (CRIE), que aprueba la conexión del proyecto a la Red de Transmisión Regional (RTR) de Guatemala, este ya cuenta con licencias ambientales tanto para la planta solar Santo Tomás como para la línea de transmisión y la subestación Santo Tomás. Dichas licencias vencen el 30 de mayo del 2026 y el 26 de enero del 2026, respectivamente.

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Pese a que se otorgaron las licencias respectivas, además de que no se han otorgado los permisos municipales pertinentes, “representantes de la empresa han sido objeto de presiones indebidas, las cuales han sido documentadas y denunciadas ante las autoridades competentes”, continúa el comunicado.

Posturas

Armando Vásquez, alcalde de Jalpatagua, afirmó a Prensa Libre que este proyecto ya se lo habían propuesto al jefe edil anterior. “Al parecer, por algunas circunstancias no lograron llegar a ningún acuerdo. Creo que se manejó mal la información con las comunidades”, indicó.

Según el actual jefe edil, existe cierto “temor”, porque se ha difundido la idea de que los paneles solares pueden ocasionar “que el municipio sea más caluroso” o que les “quiten espacio a los agricultores”. “A ellos les habían dicho que, si pasaba un pájaro encima de los paneles solares, se quedaba pegado, o que, si había ganado alrededor, se iba a morir; y nos fuimos dando cuenta de que no era así”, dijo Vásquez.

El alcalde aseguró que este asunto se ha tratado en reuniones con los Consejos Comunitarios de Desarrollo (Cocodes).

Según Fernando Castro, viceministro de Energía y Minas encargado del área energética, si se busca avanzar, habrá que esperar un cambio de autoridades o en la mentalidad de la población.

Vásquez, en cambio, sostuvo que “la decisión radica exclusivamente en lograr consensos con las comunidades”.

Proyecto: “Sí hay dialogo”

El comunicado del Proyecto Santo Tomás afirma: “Se ha implementado desde 2019 un proceso sostenido, transparente y participativo de información y diálogo con las comunidades del área de influencia, en cumplimiento de la normativa nacional y los principios de responsabilidad y respeto que guían nuestras operaciones”.

“A lo largo de estos años, la empresa ha llevado a cabo talleres, reuniones, entrevistas y asambleas comunitarias con los Cocodes de las comunidades de San Francisco, Tierra Blanca, El Retozadero y El Aceituno, así como presentaciones ante el Concejo Municipal de Jalpatagua y visitas de intercambio a proyectos solares en operación, con participación de autoridades locales y comunitarias”, añade el texto.

Indica que “esto ha permitido brindar información técnica y ambiental, atender inquietudes y fortalecer la confianza con los vecinos, reafirmando el compromiso de Solar El Progreso con el desarrollo local, la educación, la agricultura familiar y la protección ambiental”.

Consultado al respecto, Alfonso González, presidente de la Asociación de Generadores con Energía Renovable (Ager), explicó: “El alcalde, en nuestros municipios, juega un rol bien importante, y en muchos casos es a quien la gente le hace caso. Entonces, si el alcalde es proactivo y se vuelve un promotor de fuentes de trabajo, de proyectos de responsabilidad social empresarial, va a ser héroe de su comunidad. Pero si se vuelve una piedra de tropiezo con el simple hecho de no hacer algo para que el proyecto salga adelante, pues las cosas van a seguir como están”.

Castro declaró, por su parte: “El alcalde había dicho que sí. Luego, el Concejo Municipal dijo que no. En este caso, pesa más el Concejo”.

Pero el comunicado en mención advierte de que, “si no se permite el desarrollo del proyecto en Jalpatagua, la empresa trasladará su inversión a otra región del país, llevando con ella el empleo y desarrollo que este proyecto representa, y deducirá las responsabilidades legales correspondientes frente a quienes obstaculicen un proyecto que cumple con todos los requisitos técnicos, sociales y ambientales establecidos por la ley.

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Sector pide reducir burocracia y brindar mayor acompañamiento estatal y municipal en proyectos adjudicados en el programa de contratos conocido como PEG-4. Digitalizar gestiones y especializar alcaldías son propuestas.

Valeria Ruiz

9 de octubre de 2025 | 06:00h

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El grupo de contratos de la PEG-4 se caracteriza por privilegiar fuentes renovables como hidroeléctricas, solares, eólicas y geotérmicas. En total participaron más de 15 empresas. (Fotoarte Prensa Libre: Freepik)

Simplificar y digitalizar los trámites, crear una ventanilla única para el sector Energía y fortalecer a los ministerios de Ambiente y Energía con personal técnico adicional para agilizar la evaluación ambiental son acciones críticas para que los próximos proyectos energéticos concluyan su etapa de construcción y entren en operación en el tiempo preestablecido. También se requiere mayor apoyo de las municipalidades, con trámites específicos para el sector.

Ese es el consenso entre actores —expertos y empresas— consultados en el marco de los proyectos de la cuarta licitación del Plan de Expansión de Generación (PEG-4). Se trata de contratos adjudicados desde el 2023, cuyas plantas deberán comenzar a operar entre el 2026 y el 2028, según la tecnología y el avance de cada obra. Fuentes como la Comisión de Integración Energética Regional (CIER) estiman una inversión de US$400 millones en un proceso diseñado para asegurar 235 megavatios (MW) de nueva capacidad, con el objetivo de abastecer a las distribuidoras Energuate y EEGSA mediante contratos de hasta 15 años.

Este grupo de contratos se caracteriza por privilegiar, en alto porcentaje, fuentes renovables como hidroeléctricas, solares, eólicas y geotérmicas. En total participaron más de 15 empresas, que comprometieron cerca de 400 MW de nueva capacidad.

Sin embargo, tras la adjudicación, el panorama muestra avances desiguales. Algunos proyectos avanzan conforme al cronograma, mientras que otros enfrentan retrasos por trámites ambientales, ausencia de permisos municipales claros, conflictividad social y restricciones en la red de transmisión.

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Fernando Castro, viceministro de Energía y Minas, indica que la mayoría de los proyectos de la PEG-4 “están en tiempo, especialmente los solares. Pero hoy se están yendo a modalidad híbrida. Una hidráulica pequeña está agregando paneles solares. Y esto dependerá de la visión que tenga el propietario: si le pone baterías o no le pone baterías”.

Ventanilla única y acompañamiento

Hay consenso en que una de las principales limitaciones para el desarrollo está en el área ambiental. Otto Armas, gerente de Proyectos de Enernova, explica que el Ministerio de Ambiente y Recursos Naturales (MARN) enfrenta una alta congestión de expedientes y carece de suficiente personal técnico para evaluarlos con rapidez. “Los estudios que presentan los inversionistas suelen ser muy completos, pero la institucionalidad no tiene capacidad suficiente para analizarlos con agilidad. Cada mes de retraso significa pérdidas económicas y riesgos para el Estado”, señala.

Alfonso González, presidente de la Asociación de Generadores con Energía Renovable (Ager), considera que “muy rápidamente, saliendo de la PEG-5, debe de venir la PEG-6, aunque sea con un volumen de demanda mucho menor. Luego que el Ejecutivo nos apoye con una ventanilla única, por llamarla de alguna manera”.

Añade que esta ha sido una iniciativa “que hemos tenido durante muchos años: que haya una ventanilla única con expertos en energía eléctrica para resolver los temas ambientales y normativos por el lado del Ministerio de Energía y Minas (MEM). Y esta unidad, digamos, muchas veces la excusa es el financiamiento o el presupuesto, pero eso se resuelve. Necesitamos mucha voluntad política”, señala.

Para González, también es clave el acompañamiento de las autoridades en el desarrollo de los proyectos. “Es decir, te adjudican una planta en algún lugar del interior y anda a ver cómo resuelves los problemas comunitarios, sociales, de ausencia del Estado, con las municipalidades, las autoridades locales. Por supuesto que es responsabilidad nuestra resolverlo, pero también del Estado”, indica. Y complementa: “Si el Estado no participa activamente en conjunto con nosotros para resolver que los proyectos salgan adelante, el impacto que tiene es sobre toda la población”.

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A esta saturación se suma la complejidad de cumplir con la normativa técnica de conexión al Sistema Nacional Interconectado (SIN), que exige pasos largos y poco claros. Según Armas, los tiempos de espera en la Comisión Nacional de Energía Eléctrica (CNEE) son prolongados y la información no siempre está disponible.

Raúl Buscayrol, expresidente de la Cámara de Industria y representante de la gremial de Grandes Usuarios de Energía Eléctrica, recuerda que Guatemala acumula más de 4 mil trámites en distintas instituciones. En el caso de la energía, esto se traduce en una larga espera para licencias ambientales, permisos municipales y autorizaciones de conexión. “El problema no es solo el tiempo que se pierde, sino la discrecionalidad. Al no ser procesos digitales, transparentes ni trazables, se abre espacio a la subjetividad y, en algunos casos, a la corrupción”, advierte.

La consecuencia inmediata, señala, es que el país corre el riesgo de incumplir contratos. “Si se adjudican proyectos, pero no logran construirse por trabas burocráticas, terminaremos en arbitrajes internacionales. Eso echaría por la borda la certeza jurídica que históricamente ha distinguido al sector eléctrico guatemalteco”.

Beatriz Lara, gerente regional de Energía de Progreso, considera que la gestión social debe verse como un componente estructural de los proyectos. “No basta con cumplir trámites. El gobierno debe acompañar a los inversionistas en el diálogo con comunidades, porque estos proyectos son para el bien del país y no pueden quedar atrapados en disputas locales”, afirma.

Según la ejecutiva, las municipalidades juegan un papel crucial, al conocer las necesidades de cada territorio, pero requieren apoyo del Estado para transmitir con claridad los beneficios.

Socializar y especialización municipal

Otro obstáculo señalado por los desarrolladores es que muchas municipalidades carecen de normativa específica para obras eléctricas y aplican criterios de construcción civil a proyectos que, en su mayoría, son mecánicos o eléctricos. Esto, explica Armas, deriva en la creación de figuras administrativas improvisadas que encarecen los proyectos y alargan los cronogramas.

“Se idean licencias de construcción sin una métrica congruente, lo que genera costos adicionales y atrasos”, sostiene. En algunos casos, la falta de información ha llegado al punto de atribuir a las plantas solares impactos en la agricultura o en la disponibilidad de agua.

Ante este panorama, Buscayrol propone digitalizar y simplificar los trámites, de modo que sean transparentes, trazables y objetivos. Lara, por su parte, enfatiza la necesidad de acompañar a los inversionistas en la gestión social, con un rol más activo del Estado en la construcción de consensos.

Armas llama a fortalecer la capacidad técnica del MARN y de la CNEE para evaluar expedientes con mayor agilidad, además de reformar las normativas municipales y capacitar a los gobiernos locales en asuntos energéticos.

Para Lara, no se puede dejar de lado la infraestructura para transmisión y transporte de energía. Compara la situación con una autopista que no está lista para recibir el tráfico: “Podemos tener plantas listas para operar, pero si no hay líneas de transmisión suficientes, la energía se quedará estancada”. La inversión en infraestructura de transporte eléctrico, advierten los expertos, debe avanzar en paralelo con la nueva generación para evitar cuellos de botella que frenen el desarrollo.

Para Castro, el tema de la educación al llegar a las comunidades es “fundamental”. “Si usted llega a una comunidad, primero hay que buscar amistad. En San Mateo Ixtatán hay un ejemplo claro de que comenzaron a trabajar y la comunidad los sacó. Después le pusieron una demanda al Estado y el Estado tiene que pagar una millonada.

“Por ejemplo, hay una subestación en Camotán que tiene tres años de estar construida y no se puede energizar porque falta un tramo de cinco kilómetros por ahí. La gente no deja pasar la línea. El problema es para el país porque, a la larga, esa subestación, al terminar la concesión que tiene la empresa, esos activos pasan a poder del Estado de Guatemala”, ejemplifica.

Según Castro, de los 16 contratos hay uno que ya no existe: el del proyecto Río Hondo 2. “Este proyecto no caminó y está fuera. Nos quedan 15 proyectos. De esos, 12 son nuevos y están teniendo ampliaciones; se están volviendo modalidad híbrida. Si eran plantas que generaban con combustible fósil, les agregan paneles solares; entonces tienen la modalidad híbrida y pueden optar a un contrato más largo”, indica.

El caso más crítico es el de Río Hondo, según informó, ya que no suscribió el contrato y perdió la garantía que había presentado para respaldar su oferta. Esto implica que este proyecto ya no sigue adelante, porque sin contrato firmado no hay obligación de construir ni derecho de vender la energía adjudicada.

“Si seguimos a este ritmo, nos podemos quedar sin energía eléctrica para atender la demanda del país, y eso sería desastroso. Venimos de una época en la que podíamos hasta exportar energía eléctrica al resto de países de Centroamérica. Actualmente, tenemos una falta de educación, comunicación y socialización de estos temas, y hay mucho por hacer. Hoy la demanda se acerca peligrosamente a la oferta y, si no se agilizan los proyectos, Guatemala podría quedarse sin energía suficiente para atender la demanda del país”, advierte Buscayrol.

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Nueva lucha gremial en el CANG, ahora por el control del Registro de Información Catastral

El Cang y analistas consideran que la entidad puede prevenir conflictos por territorio y asumir un rol que quedó vacío tras el cierre de oficinas estatales durante el gobierno de Alejandro Giammattei.

Douglas Cuevas

18 de julio de 2025 | 10:33h

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En la última elección que tuvo el colegio de abogados se tuvo la participación de más de 8 mil profesionales, solo en la ciudad de Guatemala. Fotografía: Prensa Libre (Juan Diego González).

El Colegio de Abogados y Notarios de Guatemala (Cang) está por elegir a un representante titular y uno suplente para el Registro de Información Catastral (RIC), dependencia que, a criterio de expertos, si cuenta con una buena dirección, puede mitigar la conflictividad social por disputas territoriales.

Las elecciones están previstas para el martes 5 de agosto en el Parque de la Industria; si se requiere una segunda vuelta, esta será el miércoles 13 de agosto.

El Tribunal Electoral del Cang recibirá planillas hasta este viernes 18 de julio y, en las primeras horas de recepción, reportó a cinco grupos interesados en los dos cargos que están en juego para el periodo del 2025 al 2027.

“Es una representación importante para la certeza jurídica en cuanto a la propiedad, tenencia y uso de la tierra en Guatemala”, explicó Patricia Gámez, presidenta de la Junta Directiva del Cang.

La elección para integrar el RIC suele pasar inadvertida, pero, según especialistas, esta dependencia puede desempeñar un papel clave para generar orden y prevenir conflictos sociales por disputas territoriales.

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“Las funciones del RIC están orientadas a ser un ente rector de la política catastral. Su labor busca generar certeza sobre los derechos de propiedad para evitar conflictos”, remarcó Gámez.

La presidenta del Cang subrayó que es importante que los abogados participen en la elección para asegurar una representación idónea, ya que estos espacios pueden ser atractivos para grupos vinculados con la corrupción.
“Cada institución representa una oportunidad para malas gestiones, pero lo importante es que los ciudadanos estén atentos a los elegidos y ejerzan fiscalización”, indicó.

Por su parte, Francis Peña, presidente del Tribunal Electoral del Cang, coincide en la relevancia de la elección.
“El RIC cumple una función particular. Hemos evaluado que su objetivo es construir la seguridad jurídica de la tierra. En Guatemala hay departamentos con conflictos por límites territoriales, y de alguna forma el RIC es el encargado de brindar certeza y trabajar para evitar confrontaciones”, señaló.

Prevenir conflictos

Para el analista político independiente Renzo Rosal, el RIC puede convertirse en una institución valiosa para el Estado, al asumir funciones que otras dependencias dejaron vacantes.

“Durante la administración de Alejandro Giammattei se cerraron instituciones cuya naturaleza tenía relación con la atención de la conflictividad, como la Secretaría de Asuntos Agrarios, la Secretaría de la Paz y la Comisión Presidencial de Derechos Humanos”, recordó.

A juicio de Rosal, estas decisiones dejaron un vacío institucional que el RIC podría ayudar a solventar, si cuenta con una dirección adecuada.
“Al cerrar esas dependencias, el asunto de la conflictividad quedó a la deriva. Aunque el RIC no tiene como función resolverla, puede emitir regulación que ayude a reducir los factores de riesgo y las zonas grises donde no se sabe a quién pertenece la tierra”, refirió.

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El ordenamiento territorial en Guatemala es un asunto de agenda pública que cobró relevancia tras los Acuerdos de Paz, recordó Rosal, pero el RIC pasa inadvertido para la población, lo que genera poca fiscalización y espacio para la corrupción.

“Mucha tierra en el país carece de certeza jurídica, lo cual ha derivado en conflictos entre comunitarios, empresarios, etc. En los últimos 15 años, se pervirtió el uso del RIC y se lo empezó a utilizar como plataforma para clientelismo y corrupción”, señaló.

A su criterio, fue en el 2015, durante la administración de Otto Pérez Molina, cuando quedó en evidencia el mal uso del RIC, al vincularse la entidad con casos de corrupción.

Logística

En la última elección del Cang, la ciudad de Guatemala colapsó debido a la alta participación de abogados. Ahora, el colegio busca nuevamente una concurrencia masiva, pero trabaja de forma anticipada con entidades municipales para evitar problemas de movilidad.

“Estamos recibiendo apoyo logístico de Provial,Emetra, la Municipalidad de Guatemala y la Policía Nacional Civil. Esa coordinación es muy valiosa y la estamos haciendo con tiempo; llevamos varios días de preparación”, explicó Peña.

Según datos del Cang, en la última elección más de ocho mil abogados votaron solo en la ciudad de Guatemala, cifra que esperan alcanzar de nuevo.
“Queremos que la movilidad no sea un obstáculo para que nuestros agremiados lleguen a votar, sin afectar a las personas que se movilizan por la ciudad”, concluyó.

Para garantizar una jornada fluida y sin contratiempos, @ProvialOficial, junto a la @PNCdeGuatemala y la @PMTMuniGuate , coordina un plan vial estratégico para evitar congestionamientos y facilitar el acceso al recinto. pic.twitter.com/GPUN55gqOi

— Ministerio de Comunicaciones (@CIV_Guatemala) July 17, 2025

Desde la expulsión de las fuerzas de seguridad la llave de paso que capta parte del caudal de los ríos Xayá y Pixcayá fue cerrada, esto como medida de presión para obligar a la Fiscal General del Ministerio Público (MP) Consuelo Porras, al jefe de la Fiscalía Especial Contra la Impunidad (FECI) Rafael Curruchiche, y al juez Fredy Orellana, que renuncien a sus cargos porque los señalan de cometer arbitrariedades en contra del Tribunal Supremo Electoral (TSE).

Los vecinos colocaron un candado a la llave de paso que permite el abastecimiento de agua a la capital, y constantemente efectúan recorridos para mantener vigilada la planta.

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Germán Curruchiche Otzoy, coordinador de Convergencia de San Juan Comalapa, dijo que las diferentes organizaciones que efectúan manifestaciones en el departamento se unieron. También para establecer los puntos de bloqueo que necesitan apoyo de más personas.

Al ser consultado sobre la suspensión del suministro de agua a familias de la capital dijo que “la suspensión del suministro de agua afecta especialmente a nuestra gente de la capital, creemos que no es la mejor alternativa porque es como darle al Gobierno la justificación para que imponga un estado de Sitio y eso no lo queremos”.

“Vamos a llevar este tema para discutirlo y tomar una decisión. Mientras tanto mantendremos el apoyo a las personas que vigilan este lugar porque estamos unidos”, concluyó.

Los líderes no precisaron cuándo abordarán el tema del destino del acueducto, mientras tanto, la llave de paso está con candado, vigilada las 24 horas.

Cacif pide intervención inmediata

“Es un acto que pone en riesgo la seguridad interna y que no puede ser tolerado” manifestó mediante un comunicado este miércoles el Comité Coordinador de Asociaciones Agrícolas, Comerciales, Industriales y Financieras (Cacif).

La “toma ilegal de la planta” pone en riesgo, según el comunicado, el acceso a la población del área metropolitana a los servicios básicos, por lo que piden la intervención de las autoridades por mandato legal.

#ComunicadoCACIF
Solicitamos a las autoridades que intervengan, de acuerdo con su mandato, para recuperar las instalaciones de Xayá Pixcayá. @AGEXPORTGT @AsazguaGT @CamagroGuate @CamFinanzasGT @industriaguate @construguate @CECOMSGUA @FEPYME1 pic.twitter.com/SYm71hYSVf

— CACIF (@CACIFGuatemala) October 12, 2023

Segundo día de enfrentamientos

Este 10 de octubre, pobladores lograron ingresar dentro del contexto de los bloqueos que exigen en Guatemala la renuncia de la fiscal general Consuelo Porras. Luego de un efrentamiento con la Policía Nacional Civil en el que hubo lanzamiento de bombas lacrimógenas para dispersar a los vecinos, estos lograron hacer que los antimotines se retiraran del lugar.

Sin embargo, durante transmisiones en Facebook se escuchó a pobladores que demandaban de la comuna capitalina tener apoyos ya que las personas de comunidades de Chimaltenango no reciben ningún beneficio de esa presa desde donde llevan agua hacia los municipios del departamento de Guatemala.

Los pobladores se dispersaron, sin embargo, regresaron al área y lograron ingresar al lugar. Hicieron retroceder a los antimotines y lograron que se marcharan del lugar. De acuerdo a la información preliminar el lugar quedó en resguardo de pobladores, por ahora. Algunos agentes de PNC están en el lugar en prevención.

En vídeos se observa a pobladores despedir a los antimotines que llevan su equipo en bolsas y caminan lejos de la presa ubicada en aquella comunidad de Zaragoza, Chimaltenango.

“Tengo cuatro hijos y esos hijos míos van a sufrir la consecuencia [por la minería]. De mí depende el futuro de esos hijos míos”, menciona este pescador artesanal.

Aunque firme en sus palabras, Cristóbal también habla con cierto temor pues el poblado de unos 100 mil habitantes se encuentra bajo estado de sitio desde el domingo, un día después de que policías desalojaran por la fuerza una protesta contra la Compañía Guatemalteca de Níquel (CGN), subsidiaria de la firma suiza Solway Investment Group.

La policía despejó con gases lacrimógenos la carretera de ingreso al municipio que el grupo mantuvo cortada por casi tres semanas para evitar el paso de camiones hacia la mina, en la que no se puede continuar la actividad extractiva por un fallo judicial.

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El enfrentamiento dejó cuatro policías heridos de bala. El gobierno suprimió por 30 días el derecho de manifestación, estableció un toque de queda nocturno y desplegó a más de un millar de policías y soldados que patrullan las calles del pueblo armados con fusiles, además de realizar cacheos.

El estado de sitio ha sido considerado por los activistas como una intimidación y criminalización de su lucha.

“Nos trae muerte”

Pop apoya sus manos en una vetusta mesa de madera y recuerda que en su adolescencia los peces abundaban en el lago de Izabal, en cuya costa se levanta El Estor, pero éstos, asegura, se han reducido por los deshechos que se arrojan desde la mina, activa desde 2014.

“Para mí es una empresa que a la larga nos trae muerte”, considera Pop.

Acusa a la minera de generar contaminación por la planta procesadora que funciona cerca de la orilla del lago y poner en riesgo los nacimientos de agua de la zona. “Nosotros dependemos de las fuentes de agua que están allí”, agrega.

Pop cuenta que uno de los puntos más conflictivos en este enfrentamiento ocurrió en mayo de 2017, cuando una extensa mancha roja apareció en el lago y los pescadores acusaron a la empresa de provocarla. En esas jornadas de protesta murió de un balazo su compañero Carlos Maaz, por causas que no se han esclarecido, y él terminó en prisión.

En la última manifestación, los opositores reclamaban que CGN seguía operando a pesar de que el máximo tribunal del país le ordenó el año pasado suspender operaciones. La corte dio la razón a la demanda de los indígenas en la que pedían detener la explotación al no haberse realizado una consulta previa entre la comunidad para conceder la licencia.

El gobierno, ahora, debe realizar la consulta comunitaria, pero los manifestantes señalaron que han sido excluidos del proceso.

Más allá de las quejas, hay habitantes que le abren los brazos a la minera.

“La empresa no está haciendo nada mal al municipio, más bien desarrollo”, apunta por su lado Abelardo Xol, un profesor que apoya la mina porque ha dado “trabajo” y mejorado la economía local.

No hay razón” para cerrar

Cerca del camino que estuvo bloqueado, Abelino Chub, otro líder comunitario, lamenta que la minería cause división entre los pobladores.

“Vemos un pueblo muy dividido. Lamentablemente el otro grupo que le llaman ‘prominero’ solo ve que hay dinero ahora (…), pero no ve el nivel de daño que está generando esta empresa”, apunta.

Mientras que a unos 6 km del pueblo, en la sede de la empresa, el presidente de la minera, Dmitry Kudryakov, dice que las acusaciones de contaminación son “especulaciones” de un “pequeño grupo” opositor que, considera, no es representativo de El Estor.

En entrevista con la AFP, el empresario ruso asegura que la mina cumple con regulaciones internacionales de cuidado ambiental y puso como ejemplo una reserva forestal de la empresa en la que cada año se reproduce el cocodrilo americano.

La polémica mancha roja de 2017, agrega, fue producto de “bacterias” a consecuencia de contaminación por aguas residuales y fertilizantes en el río Polochic, que desemboca en el lago.

Kudryakov señala que la sentencia judicial que ordenó la detención de sus operaciones está relacionada con la licencia “Fénix”, cuya actividad, vinculada a la extracción de material de una ladera de la montaña, se detuvo en febrero pasado al ser notificados.

Sin embargo, dice, pueden seguir operando la planta que pertenece a la firma hermana PRONICO que procesa ferroníquel (aleación de hierro y níquel) con material de otra explotación minera en el poblado cercano de Los Amates.

“El cierre de nuestras operaciones ni siquiera está en la agenda, porque no hay una razón para eso”, sentencia Kudryakov.

Así lo explicó este jueves el representante de la Agencia Española de Cooperación Internacional para el Desarrollo (Aecid) y director de la Oficina Técnica de Cooperación, Miguel González, quien agregó que la actividad estará suspendida hasta que se garanticen “todas las condiciones de seguridad para el normal desempeño del proyecto”.

Durante un evento celebrado en San Marcos por la Asociación de Desarrollo Integral de Municipalidades del Altiplano Marquense (Adimam), el director del programa, Ediberto Velásquez, explicó que el proyecto de agua y saneamiento en el municipio de Sibinal estaba financiado por el Fondo de Cooperación para el Agua y Saneamiento de la cooperación española.

Solo en este departamento de San Marcos ha permitido la construcción y reconstrucción de 52 sistemas de agua potable y saneamiento básico desde 2013, pero este año, cuando se iba a ejecutar uno en Sibinal para mejorar las condiciones de vida de la población más vulnerable, se produjeron los problemas.

Después de presentar el proyecto en 2018 y realizar los diferentes estudios, se concluyó que la “mejor alternativa” para promover agua segura a la cabecera de este municipio era perforar un “pozo mecánico” y así arrancaron los trabajos el 3 de julio este año.

Sin embargo, continuó Velásquez, el 15 de agosto empezó a circular un “rumor” en el municipio de que en lugar de un pozo se estaba extrayendo oro, una información “falsa y sin fundamento” que a su juicio fue “provocada intencionalmente” en el marco del “conflicto político” que se desató después de las elecciones generales celebradas el 16 de junio.

Esta situación provocó que un día después, el 16 de agosto, un equipo de trabajadores fuera retenido por los pobladores durante varias horas hasta que fue liberado, una situación que repitió el día 17 y el día 19, cuando además se armó “un pleito” en el que se agarraron “a golpes” los que estaban a favor y en contra del proyecto.

Además de estos hechos, Velásquez declaró haber sido víctimas de amenazas, por lo que se tomó la decisión de detener temporalmente este proyecto.

Este anuncio fue repetido por el representante de la cooperación española, quien lamentó los hechos y expresó su deseo de que los culpables puedan ser llevados ante la justicia y caiga sobre ellos todo el peso de la ley.

“Todos, absolutamente todos los proyectos de agua y saneamiento financiados por la cooperación española en San Marcos tienen como único objetivo” cumplir con el derecho humano de acceso a agua potable y saneamiento en las comunidades rurales que se encuentran en una “situación muy elevada de vulnerabilidad”, proclamó.

Orgulloso del trabajo realizado, González dijo que lamentan “profundamente” que se haga una utilización política de los proyectos de cooperación para el desarrollo porque esto perjudica “enormemente” la llegada de inversión social y cooperación internacional a uno de los territorios, San Marcos, con mayores niveles de pobreza.

“Suspendimos de manera temporal toda actividad en el municipio de Sibinal hasta que se garanticen todas las condiciones de seguridad para el normal desempeño del proyecto”, insistió, y admitió que esta medida afecta a la ejecución de otros programas en áreas cercanas por estar en la misma zona.

Aun así, reiteró el “compromiso” de la Cooperación Española de seguir promoviendo el acceso definitivo al agua y al saneamiento” e instó a los alcaldes electos, que asumirán el próximo mes de enero, a contribuir y generar los consensos sociales necesarios para que los trabajos se sigan implementado “de manera adecuada y sin pausa alguna”. EFE

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El cardenal y obispo de Huehuetenango, Álvaro Ramazzini, que gran parte de su trabajo pastoral lo desarrolló en San Marcos, en medio de la oposición comunitaria a la explotación de recursos naturales, responsabiliza al Estado de haber dejado varios territorios sin atención, lo que fue aprovechado por el narcotráfico.

Ramazzini, aunque condena los hechos en Semuy 2, también insiste en la importancia de un diálogo, antes de alimentar la polarización ideológica en el país.

¿Cómo ve lo sucedido en El Estor y la respuesta del Gobierno a esta crisis?

Nadie tiene derecho a quitarle la vida a otro, nadie. Peor del modo en el que lo hicieron. Yo estaba leyendo que le destrozaron la cara, le cortaron la cabellera, espero que esa información sea verídica, pero nadie tiene derecho a quitar la vida a nadie. Hay dos maneras de quitarle la vida: una es el asesinato directo, el homicidio; y otra es hacer morir de hambre a la gente porque no hay fuentes de trabajo, porque no hay presencia del Estado de Guatemala.

¿Considera correcta la decisión del Ejecutivo de declarar estado de Sitio en cinco departamentos por el control del narcotráfico en la región?

En el tema de la presencia de los narcos, que sabemos que están en la zona nuestra de Huehuetenango, que están en la zona de San Marcos, que están en Zacapa, etcétera, lo que ha faltado es un control estricto del Estado. Es decir, tomar ahora una decisión de imponer un estado de Sitio es como, perdone que utilice la expresión, es como patadas de ahogado; porque ese control de las fronteras es una responsabilidad del Ejército de Guatemala, es una responsabilidad de la institución armada, mandada indudablemente por el Ejecutivo, porque sabemos que aquí el Ejército debe ejecutar lo que el presidente de la República manda, o el presidente y el ministro de Gobernación, por el tema de seguridad.

¿Se debería ver más integral el control del narcotráfico para ser más eficiente en su contención?

No ha habido un control efectivo de la presencia de estos grupos. En otros tiempos fueron los guerrilleros, los ilegales armados, etcétera… ahora son los narcos. Entonces, si no hay un control estricto de las zonas fronterizas, que yo no sé hasta donde el Ejército sea capaz de hacerlo, no lo sé, no puedo hacer un juicio sobre eso, entonces, qué sucede, pues que es tierra de nadie, es tierra del que tiene más poder, pero por otro lado también está el hecho que son regiones donde la pobreza es muy grande y en donde los servicios básicos no se dan y eso hace que las mismas comunidades se sientan desprotegidas, se sienten abandonadas y cuando vienen los narcos y dicen: ‘les vamos a dar esto, les vamos a proteger, no se preocupen, les vamos a dar dinero’, la gente se pone del lado de ellos y es lo que ha pasado.

Cuando han tratado de ir a quitar cargamentos de droga, avionetas que se han caído ¿quiénes son los que defienden esos cargamentos?, la misma gente pagada por el narco, pero son, repito, comunidades abandonadas, que no han sido tomadas en cuenta en programas de desarrollo integral, enfocados directamente para solucionarle sus problemas de pobreza y sus problemas de deficientes servicios públicos.

¿Es decir que las comunidades sí trabajan con el narcotráfico en algunos lugares?

Lo que sucede es que en este país tenemos que reconocer que el narcotráfico se ha metido por todas partes, y con el tema que dan dinero logran que las comunidades mismas se vuelvan como cómplices, al protegerlos y al impedir que muchas veces las mismas fuerzas de seguridad entren. Es decir, por un lado, ha habido una ausencia real del Estado, que ha dejado esa zona en manos de los más fuertes, y en ese sentido los más fuertes son los que tienen más armas y los que tienen más armas y dinero son los narcos.

¿Los campesinos a los que se refiere son seducidos, entonces, por el dinero del narcotráfico?

En otras palabras, yo creo que esta situación se debe, primero, a la pobreza que afecta a estas comunidades, porque si ellos recibieran dinero por trabajos honrados, etcétera, no caerían en la trampa de lo que los narcos les ofrecen, verdad, aunque también, a veces, utilizan el miedo los narcotraficantes.

También son poblaciones donde la presencia del Estado, en un sentido global, nunca ha existido, es decir, son tierras de nadie, como yo lo veía cuando vivía en San Marcos y como lo veo ahora que vivo en Huehuetenango. La ausencia del Estado es un factor muy serio para paliar realmente la presencia de estos grupos, que lo único que quieren es ganar dinero, y para eso se ganan a la gente y cuando hay operativos como el que hubo ahora, ellos actúan con toda impunidad, porque no hay presencia del Estado.

Lo que quiero decir es que la ausencia del Estado, en términos de proteger a los habitantes, propicia la presencia de grupos armados ilegales, que, con mucho dinero, dinero que les da la droga, hacen lo que les da la gana y resulta lo que ahora resultó.

¿Pero, no solo el narcotráfico genera conflictividad en el país?

Hay otro tipo de conflictividad, la social, por el tema de proyectos que el Estado quiere ejecutar en alianza con la iniciativa privada, pero que la gente no los acepta tampoco, porque nunca han sentido una acción del Estado en favor de sus comunidades.

Digamos, lo que siempre he dicho, voy a pensar en el caso de San Mateo Ixtatán, digamos, está ahí el río, están los dos ríos y se quiere hacer un proyecto hidroeléctrico, llega la empresa y dice ‘vamos a hacer una gran hidroeléctrica’ y la gente dice: ‘¿por qué vienen ahora, por qué no aplicaron el convenio 169?’ pero el tema no es responsabilidad de las empresas, es responsabilidad del Estado que a las empresas les debería decir: ‘van a ir a una zona donde desafortunadamente no ha habido cuidado en salud, en educación formal, en esto y esto, déjennos que primero preparemos el campo y después ustedes puedan entrar’, entonces se da como ese triángulo, de las empresas que tienen el permiso del Estado y pueden comenzar. El Estado que no informa previamente, que no hace las consultas comunitarias en comunidades indígenas y, en tercer lugar, la gente que dice que siempre los abandonaron y ahora llegan a aprovecharse de lo que es nuestro.

La polarización en el país es real ¿cómo se debería entender esta conflictividad sin mezclar matices ideológicos?

El cristiano no puede ni debe caer en la tentación de dos grandes realidades que nos hacen olvidar la ley de Dios que es amar al prójimo y respetarlo, las dos grandes realidades son: el poder, que en este caso tiene que ver con armas y tiene que ver con el uso de armas y el tráfico de armas y la falta de aplicación de la ley estricta de armas, que hay una ley, pero no sé si se cumple; y la segunda realidad es el dinero, es decir, poder y dinero son dos grandes tentaciones. El poder del dinero en las comunidades empobrecidas es grande, porque la gente sobrevive, está luchando para ver cómo sobrevivir y viene gente y les ofrece dinero, pues los compran. Entonces, el mensaje pastoral ha sido siempre: no nos olvidemos ser cristianos, amar a Dios y al prójimo.

¿Sobre lo sucedido en El Estor, cuál debería ser el camino para seguir?

Esa es la tarea del Estado ahora, investigar quiénes fueron los culpables, juzgarlos y que paguen el delito que cometieron. Pero aquí entramos a otro tema, nuestro sistema carcelario debe ser modificado profundamente, para que nuestras cárceles sean lugares de rehabilitación de los criminales y delincuentes y no sean lo que ahora son: foco de mayores crímenes. Entonces, es como toda una cadena de factores que nos llevan de uno a otro, pero que se aplique la ley, porque debe aplicarse.

¿Cuál debería ser ahora la ruta para encontrar soluciones a esta problemática descrita?

Yo siempre sigo diciendo que sin diálogo este país no va a superar las polarizaciones que tenemos. Necesitamos diálogos, con efectos, con conclusiones que se cumplan, y no solo ir a perder el tiempo y hablar por hablar.

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“Tenemos una reunión importante con todas las agencias de ley y orden y de inteligencia federales de Estados Unidos, van a tener conocimiento de nuestros planes”, explicó Degenhart en una entrevista en radio La Red.

“Les estamos invitando a tener una participación dentro de sus capacidades legales”, dijo el funcionario.

También se tiene previsto hoy crear mesas técnicas para regular las reuniones de tipo religioso, actividades familiares o relacionadas a fiestas cívicas como las del Día de la Independencia.

La restricción de garantías será durante 30 días y aplica para 22 municipios en seis departamentos.

La decisión surge después de que tres infantes de marina del Ejército fueron asesinados, las víctimas son: Carlos Steven Mayen Cabrera, Isaías Beleu Caal y Leonel Seb Tun.

El hecho ocurrió en la comunidad Semuy 2, en Izabal, donde radican unas 300 personas.

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El jueves un grupo de pobladores efectuó dos bloqueos, uno en la comunidad El Boquerón y otro en la entrada a una colonia donde viven empleados de la minera, con el fin de rechazar el proyecto.

Esto originó que se formaran largas filas de vehículos y los tráileres quedaron en la fila.

Cuando fueron quitados ambos bloqueos, los automotores comenzaron a circular y fue cuando supuestamente uno de los tráileres arrolló a un campesino que junto a su hijo se desplazaban en una moto.

Según pobladores, el campesino murió lo que motivó a que una turba quemara los camiones que estaban en fila a causa de los bloqueos que se registraron en la carretera.

Primero quemaron uno, por lo que los pilotos buscaron refugio para resguardar su integridad.

Momentos de pánico vivieron empleados de la minera y sus familias, ya que la turba pretendía ingresar a la colonia donde viven.

Este viernes 26 de julio la situación continúa tensa, por lo que un contingente de 80 agentes de las Fuerzas Especiales de la Policía Nacional está en el lugar para mantener el orden.

La Compañía Guatemalteca de Níquel informó en una nota de prensa que la góndola involucrada en el accidente no le pertenece, pero que está en la disposición de apoyar en la investigación.

Transportistas estiman las pérdidas por más de Q3 millones, derivado del valor de los vehículos quemados.

Tensión en El Estor, Izabal. Varios comercios han cerrado por los disturbios. ► https://t.co/JmJGvo22Ba pic.twitter.com/UGEjFegfCi

— Guatevisión (@Guatevision_tv) July 26, 2019

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A diferencia de lo mencionado por la CNEE, ente que argumenta que sí se reconocen ese tipo de pérdidas, Dimas Carranza, gerente de regulación y tarifas de Energuate, explicó que las pérdidas que se les reconocen son iguales al quinquenio anterior pero que no son por los costos por la conflictividad.

El plan de inversiones para combatir las pérdidas y robo por la conflictividad también se ha incluido en el quinquenio anterior, mencionó.

El nuevo VAD y cargos fijos y cargos de distribución que se cobran a los usuarios en las tarifas de energía de Deocsa y Deorsa entraron en vigencia el 1 de julio del 2019.

En el extracto de esta entrevista Carranza explica las posturas de la empresa.

¿Ha impugnado Energuate el nuevo VAD y las nuevas tarifas por distribución de energía?

La Comisión Nacional de Energía emitió las el 28 de junio seis resoluciones. Dos de estas aprueban el estudio del Valor Agregado de Distribución que la empresa presentó con las modificaciones que la Comisión consideró oportunas para emitir los pliegos tarifarios. Ante estas presentamos un recurso de revocatoria el 2 de julio, pero ayer (8 de julio) la Comisión notificó que no le dio trámite porque a su criterio no corresponde este tipo de recursos.

Las otras resoluciones contienen los pliegos tarifarios para Tarifa Social y la no social, presentamos un recurso de revocatoria ayer (8 de julio) y tampoco le dieron trámite.

¿Continuarán con los recursos legales o podrían llegar a un arbitraje internacional?

Los abogados están analizando, pero aún se puede presentar un recurso en el Ministerio de Energía y Minas, si este no es favorable están otras instancias, incluso el arbitraje internacional.

¿Qué inconformidad tienen?

Nuestra inconformidad está basada en anomalías regulatorias y legales que vemos que la comisión cometió y actuó de manera contraria a la Ley General de Electricidad y su reglamento.

A criterio de la empresa, ¿qué aspectos se incumplieron?

Hay una serie de ilegalidades que la comisión ha cometido en la definición ha cometido en la definición de estos pliegos tarifarios. Una de esta es la definición de una metodología distinta de la que está establecido en la Ley General de Electricidad.

Además no considerar las pérdidas por la conflictividad social que forman parte de una situación ajena a la distribuidora en donde prestamos el servicio de energía eléctrica y eso está contemplado en la ley y el reglamento.

La Comisión incumplió el artículo 96 del reglamento que le da la posibilidad a esa entidad de presentar observaciones al estudio tarifario que presente la distribuidora.

En segunda revisión la CNEE emitió 39 observaciones, no aprobó nuestro estudio y debió entrarlas a Conocer una comisión pericial. Pero en sus resoluciones la CNEE hace modificaciones más allá de esas 39 discrepancias, eso es una ilegalidad.

¿Qué impactos visualizan?

Las tarifas aprobadas no afectan al usuario porque bajan los cargos fijos y los cargos por distribución. Sin embargo, al no reconocer todos los costos se pone en riesgo toda la cadena de suministros del servicio y la mejora en la calidad del servicio.

El riesgo ya está presente y estamos tomando una serie de medidas para intentar mantener la continuidad del suministro.

A la fecha se ha desvinculado de la compañía alrededor de 100 colaboradores para poder soportar este gran golpe que hemos recibido de la Comisión de Energía Eléctrica.

Sin embargo, la CNEE explicó que les reconocen para este quinquenio niveles de pérdidas de entre 16% y 17%, y entre esos entre 3% a 4% de pérdidas por robo de energía y conflictividad…

No es así. La empresa solicitó a la CNEE un reconocimiento de pérdidas en promedio del 17% en total, pero nos están reconociendo solo el 13% de pérdidas (entre técnicas y no técnicas), igual que en el quinquenio anterior y tampoco están reconociendo pérdidas de robo por conflictividad.

El 3% o 4% que ellos mencionan son las pérdidas de robo de la operación de un servicio como el de energía e incobrables, pero no incluye las pérdidas de robo que se originan por conflictividad o grupos organizados.

Por ejemplo, las pérdidas de energía actuales de la compañía ascienden a 20%, de eso 7% son por robo sistemático por grupos ilegales y conflictividad social, ese 7% no está reconocido en la tarifa.

No sabemos exactamente qué hicieron, con mucha pena le digo que no tenemos el expediente de lo que la comisión resolvió. No nos han dado acceso, aunque ya se solicitó, pero se puede ver que los factores de pérdida son exactamente los mismos que hace 5 años. En base a eso se puede ver que no variaron.

Nuestro estudio era muy diferente a eso, pero en las resoluciones se ve que solo copiaron los datos de las resoluciones del quinquenio anterior. Eso no es técnico, tiene una motivación distinta a la regulatoria en el país.

Pero también refirió la Comisión refiere que les está reconociendo, para trasladar a tarifa, US$55 millones en cinco años para un plan para combatir pérdidas indicando que es primera vez que se incluye…

La Comisión lo está incluyendo como un plan de inversión y no lo está reconociendo en tarifa sino que está proyectando incluirlo cuando realmente se ejecute. Esto ya se ha hecho en otros quinquenios porque los costos que hemos tenido para enfrentar la conflictividad son altos, se han implementado muchas acciones.

La conflictividad social es distinta a la de hace cinco años. Este año se habla de US$11 millones por año, en el pliego anterior era de alrededor de entre US$7.5 millones y US$8 millones.

¿A cuánto ascienden los montos de pérdidas por conflictividad?

El conflicto social es una realidad, es algo que está reflejado dentro de nuestros libros contables, ahí está lo que la Comisión no deja trasladar a tarifa por robo de energía, y está también ahí lo que la distribuidora no percibe como facturación del servicio de energía eléctrica derivado de las acciones ilegales de grupos al margen de la ley que cobran en nuestro nombre un servicio que no prestan.

Los datos son variables de un año a otro. La Comisión no ha dejado pasar a tarifa US$28 millones al año por robo de energía eléctrica, y luego las facturas que otras agrupaciones al margen de la ley cobra en nuestro nombre a nuestros usuarios y que ellos se quedan con esa cantidad de dinero son US$22 millones.

Esto sumado son US$50 millones que a la compañía le cuesta el conflicto social. Estos costos son principalmente el pago de generación de energía para cubrir la demanda de ese servicio y que Energuate paga cumpliendo sus contratos (con los generadores) pero le provocan una pérdida a la compañía por ese monto.

¿Qué opinan de los montos totales aprobados del valor de la red y de las tarifas que pueden cobrar al usuario en cargo fijo y cargo de distribución?

Los impactos que tiene el nuevo pliego tarifario son descomunales para la gestión y estabilidad del servicio de distribución en el área de Energuate.

Antes teníamos un VAD que se veía afectado por el no reconocimiento de US$50 millones por el conflicto social, en este nuevo pliego tarifario tampoco se reconoce nada de ese monto, pero adicionalmente hubo una baja adicional que no tiene ningún sustento técnico ni regulatorio. Esta baja adicional en el tarifario es de US$35 millones (unos Q262.5 millones) solo para el 2019.

Solo en el 2019 el cargo por distribución es US$85 millones menor a lo que debiera tomando en cuenta costos como los mencionados y que no van incluidos en la tarifa que se cobra por kilovatio hora al usuario.

Desconocemos cuáles fueron las medidas que la Comisión usó para hacer los ajustes a nuestro estudio, pero no nos están reconociendo los costos necesarios para atender la red, para atender alguna emergencia o incidente.

La situación de la compañía es tan complicada que con una baja como esta, la calidad del servicio se va a perder porque va a pasar a segundo plano.

La Comisión no está incentivando ni fomentando las medidas necesarias para continuar con la calidad de servicio. La compañía ha tenido importantes mejoras en el servicio y estas mejoras se van a perder por la manera equivocada en que se está emitiendo estas tarifas.

La petición y la aprobación

• Deocsa y Deorsa solicitaron US$1 mil 426.6 millones por el Valor Nuevo de Remplazo o valor de la red para el período del 2019 al 2024 y reconocimiento de 17% de pérdidas.
• La CNEE fijó el VNR en US$945 millones, monto que puede subir a US$1 mil millones al integrarse más inversiones.
• Por el valor de pérdidas por robo de energía por conflictividad hay dos posturas.
• El cargo por distribución (VAD) bajó Q0.05 para Deocsa y se fijó en Q0.54, mientras que para Deorsa disminuyó Q0.04, y quedó en Q0.50

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Guillermo agregó que interpusieron una exhibición personal para dos de los retenidos, que son Nelson Iván Cucul y Ramiro Chun del Conap.

La versión que maneja la PDH, es que las cuatro personas llegaron a la finca para verificar detalles de un incendio forestal, pero los pobladores aducen que no les pidieron permiso para pasar por el lugar y les exigen un pago que podría ser de Q20 mil, situación que aún se verifica.

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El delegado indicó que tuvieron comunicación telefónica con la comunidad aledaña Ixloc San Pedrito, pero se pobladores les informaron que ellos no tienen nada que ver en la retención, pues es en la comunidad vecina.

Según información extraoficial, un familiar de uno de los retenidos pagó la cantidad que exigían los pobladores, para que liberaran a las cuatro personas.

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En Cunén, Quiché, se registró un enfrentamiento entre vecinos por un proyecto de agua entubada. Santos Rivas, vecino a favor del proyecto, dijo que el proyecto llegará hasta Chiúl, Cunén, comunidad donde no hay agua entubada.

Añadió que si no permiten que llegue el servicio del vital líquido, vecinos bloquearan otros proyectos que pasan por su territorio.

Osmundo Oxlaj, vecino en contra del proyecto, señaló que este solo beneficiará a la comunidad donde vive un funcionario edil de Cunén.

Dijo que el costo será de Q9 millones y ellos encontraron anomalías, por lo que el 6 de este mes dos grupos de vecinos se enfrentaron en la comunidad de Xesac, donde hubo 15 heridos y cinco retenidos.

Entre los retenidos figuraban cuatro familiares del alcalde de Cunén, Guadalupe Baten, y también fue retenido por el otro bando un alcalde comunitario.

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Se retiran de diálogo

Este martes, vecinos de dos comunidades de Patzité se retiraron de una mesa de diálogo instalada por la Procuraduría de Derechos Humanos (PDH) en Santa Cruz del Quiché, y amenezaron con denunciar a personeros de varias instituciones por haberles cortado el suministro de energía eléctrica.

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Añadieron que permanecerán en resistencia y que pobladores podrían tomar acciones.

Juan Coc, líder del Comité de Desarrollo Campesino en Patzité, dijo que interpondrán varias denuncias en el Ministerio Público, aunque cree que las instituciones del Estado están al servicio del distribuidor de energía eléctrica Energuate.

Sergio Martínez, representante de Energuate, informó que no puede reconectar ningún servicio hasta que los usuarios estén al día en sus pagos. Añadió que ellos solo cumplen con la ley.

Flavio Ruiz, auxiliar de la PDH en Santa Cruz del Quiché, dijo que ve extraño que estos enfrentamientos se registraran a pocos días de que arranque el proceso electoral, “siempre hay interés de los dos bandos, el secreto es que los dos grupos tienen que ceder un poco en sus peticiones de lo contrario no se llega a nada”, señaló.

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Ruiz dijo que en todos los conflictos en Quiché y Sololá se han instalado mesas de diálogo, pero según él, no hay voluntad de las instituciones gubernamentales en solucionar los problemas, “sólo se los heredan al siguiente gobierno y los enfrentamientos continúan”, puntualizó.

Reynabel Samayoa, gobernador de Quiché, dijo que han cumplido con las mesas de diálogo, y que ahora corresponde a lo legal actuar, ya que pobladores se han retirado de las reuniones para alcanzar acuerdos.

Agregó que ningún grupo quiere ceder para plantear soluciones.

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Para la propuesta inicial presentada por las distribuidoras Deocsa y Deorsa hubo 77 discrepancias de parte de la CNEE, las empresas enviaron su segunda propuesta sin embargo aún resultaron 39 discrepancias refirió dicha Comisión.

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Por ello se decidió ampliar por nueve meses el pliego tarifario actual (que rigió del 2014 hasta el 31 de enero del 2019) hasta que se logre una resolución definitiva explicó Sergio Velásquez, gerente de ese ente.

Procede ahora convocar a la Comisión Pericial, que debe ser conformada por tres expertos, y la cual tendrá 60 días hábiles para emitir una opinión.

Dimas Carranza, gerente de regulación y de tarifas de Energuate mencionó que fueron notificados al respecto, pero entre otros aspectos mencionó que la CNEE no reconoce como costos de distribución el costo del robo de energía por conflictividad.

Las montos de pérdidas

El ejecutivo indicó que estas empresas tienen pérdidas de US$50 millones actuales por conflictividad social de los cuales US$28 millones son por robo de energía de forma directa y US$22 millones que el usuario “no paga en facturas a la distribuidora sino que le paga a grupos al margen de la ley que incentivas este tipo de comportamiento”.

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La CNEE en la actualidad está reconociendo el 13% de pérdidas, sin embargo, las pérdidas de la compañía son superiores al 20%, de las cuales la mitad son pérdidas técnicas y la otra mitad por robo de energía dijo Carranza.

Las distribuidoras habían propuesto a la comisión que les fueran reconocidas “pérdidas eficientes de alrededor de 17%” en promedio ya que se incluyó en el estudio acciones de eficiencia para reducirlas.

Ahora dijo el ejecutivo propondrán al experto según les corresponde dentro del proceso y esperan la resolución de CNEE.

Sin embargo, la compañía mantiene la opción de solicitar un arbitraje internacional, agregó.

Otras discrepancias con la comisión, indicó Carranza, es que la CNEE hace una mezcla de metodologías regulatorias y que no están definidas en la Ley General de Electricidad y su reglamento.

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Una metodología se refiere al sistema contable en el cual le retribuyen a la distribuidora todos los costos reales de la compañía y por otro lado está la otra metodología que se basa en una empresa de referencia eficiente y si gasta mas la compañía corre por su tiempo, explicó.

Para el quinquenio del 1 de febrero del 2019 al 31 de enero de 2024 para Deocsa se pidió un valor nuevo de remplazo de US$806.2 millones y para Deorsa, US$620.4 millones. Sin embargo esos son los estudios que no fueron aprobados por la CNEE.

En el 2014 sucedió de forma similar, la Comisión no aprobó la propuesta de las distribuidoras y hasta posteriormente de vencido el plazo se fijó un nuevo valor.

Qué es el VAD

• El VAD es el valor que las distribuidoras tienen derecho a cobrar a los usuarios por el servicio de distribuirles la energía y el uso de sus redes.
• Comprenden las redes de distribución de media y baja tensión, transformadores, acometidas, sistemas de medición, así como todos los costos de administración, comercialización y operación y mantenimiento de dichas instalaciones, explicó la CNEE.
• El VAD corresponde al costo medio de capital y operación de una red de distribución eficiente de referencia, se añade.
• Se establece para períodos de 5 años.
• Se cobra al usuario en la factura mensual dentro de la tarifa de energía que establece la Comisión de Energía Eléctrica (CNEE) cada trimestre.
• El precio del kilovatio hora al mes que establece esa comisión está integrado por el VAD (costos de distribución), el costo de generación de energía y el costo de transmisión de la energía.
• En el caso de Energuate el plazo del VAD y el pliego tarifario es del 2014 al 31 de enero del 2019.
• El VAD nuevo debía entrar en vigencia el uno nuevo el 1 de febrero, pero como no fue aprobado se amplió por 9 meses y se convocará a una comisión pericial que tiene 60 días hábiles para emitir una opinión.

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La Comisión Pericial

La labor de la Comisión Pericial es un proceso técnico administrativo y no es un arbitraje,  explicó Velásquez. Se integra con un perito propuesto por cada parte.

Además la CNEE y Energuate tendrán tres días para acordar el tercer integrante CNEE y Distribuidoras. En caso de no haber acuerdo, hay dos días para que el MEM lo designe. Y luego de eso, dos días para integrar la Comisión Pericial con los tres peritos.

Velásquez explicó que el lunes 4 de febrero se acordó integrar la Comisión Pericial con lo siguientes árbitros:

• Miguel Révolo (Perú), nombrado por la CNEE
• Hugh Rudnick, ( Chile), nombrado por las distribuidoras de Energuate
• Alejandro Srouga (Argentina), nombrado de común acuerdo.

Los tres profesionales son expertos de amplio prestigio que cumplen con los requisitos establecidos en el marco legal.

Los peritos que integran la Comisión Pericial cuentan con 60 días hábiles para emitir su pronunciamiento estrictamente sobre las discrepancias formuladas, con base en la Legislación guatemalteca y los Términos de Referencia del estudio.

“La Comisión Pericial es un procedimiento administrativo contemplado en la Ley General de Electricidad y su Reglamento y es un paso más dentro del proceso de fijación tarifaria”, agregó el gerente de la CNEE.

Nuevas tarifas trimestrales

Las tarifas de energía para los usuarios de Energuate correspondientes al trimestre del 1 de febrero al 30 de abril se fijaron por la CNEE sin tomar en cuenta un nuevo pliego del VAD.

Sin embargo los usuarios de las distribuidoras de Deocsa, Deorsa  tendrán de nuevo un aumento, de entre Q0.03 y Q0.04 por kilovatio hora al mes (kwh) en las tarifas  a partir del 1 de febrero, según la CNEE por el aumento en los costos de generación de energía, debido a un invierno menos copioso de los esperado y con canículas largas aspecto que provocó menor generación con hidroeléctricas y más con plantas térmicas que operan con combustibles como carbón y búnker.

• En tarifa no social las distribuidoras de Energuate tienen un aumento de Q0.04 por kWh al mes respecto al trimestre anterior. Para los consumidores de Deocsa la tarifa no social llegó a Q1.95 por kWh al mes mientras que para los de Deorsa se fijó en Q1.82.
• En tanto la La Tarifa Social para los usuarios de Deocsa y Deorsa subió Q0.03 y a partir del 1 de febrero la nueva es de Q1.84 y Q1.75 respectivamente.  Este segmento mantiene subsidio a la energía hasta los consumos de  100 kilovatios hora al mes, agregó la Comisión.

El caso del VAD de la Eegsa

En el 2018 la CNEE aprobó el VAD para la Empresa Electrica de Guatemala, S. A. (Eegsa). Aparte de establecer ese cobro por el uso de la red, el pliego para el quinquenio de 2018 a 2023, incluye los cobros fijos por cargos sde administración, además que se crean nuevos segmentos de tarifas como las horarias, prepago, para autoproductores y para el sistema de alumbrado público.

En el caso del VAD, para los usuarios residenciales, pequeños negocios y comercios que están dentro de la tarifa social y no social se fijó en Q0.21 por kilovatio hora (kWh) al mes, una baja de Q0.06; es decir, 21% respecto del que regía hasta ayer.

Y, según los datos de la CNEE, también hay bajas de 15% en el VAD y en cargos fijos para los segmentos usados por la industria y el comercio. Y de 20% y 25% en el VAD de grandes usuarios, que comprende industrias y comercios grandes.

La decisión significará un ingreso menor en unos US$20 millones anuales respecto de la propuesta que hizo esa firma para el plazo del 2018 al 2023, dijo en ese entonces el gerente de Planificación, Carlos Rodas.

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Carmen Salguero analista en estudio de Asíes, evalúo los temas sociales.  Mencionó que la pobreza, falta de servicios y ausencia del Estado “son el caldo de cultivo” para los conflictos contra proyectos de electricidad.

El Estado de Guatemala ya fue desbordado y la conflictividad social contra la electricidad ya es un tema de ingobernabilidad, agrega Salguero.

“La protesta social ocurre en un ámbito de abandono, ausencia del Estado, donde las autoridades no tienen control del territorio, donde la reacción es absolutamente en crisis, reactiva y con pocos recursos”.  Por ello mencionó que urge que los tres poderes del Estado se preparen para conocer al respecto de la conflictividad y sus soluciones.

Aparte está el aspecto económico en donde se detectó que el 20.10 porque indican que no tienen los recursos para pagar, y el 0.5% se debe a aspectos políticos y ambientales.

La conflictividad en contra de Energuate coincide en los departamentos en los cuales hay rechazo a hidroeléctricas entre estos Huehuetenango, Quiché, Quetzaltenango, Zacapa y San Marcos.

La conflictividad viene desde otras épocas, es dinámica, y ha cambiado con los años.

Se refiere que ya no solo se trata del manejo del costo social y de las variables de precariedad, sino que con el tiempo se han unido otros factores territoriales como el crimen organizado.

Dentro de su exposición en la actividad de Asíes, Salguero dijo por aparte que “hay actores que se han construido una nueva agenda desde el conflicto armado interno”.

La pobreza, falta de servicios y ausencia del Estado son el caldo de cultivo para los conflictos contra proyectos de electricidad según el análisis de @ASIES_GT sobre el costo del conflicto social en la distribución de energía @Economia_pl pic.twitter.com/lijxHEgJgp

— Rosa María Bolaños (@rbolanos_pl) November 8, 2018

Añadió que “la demanda por tierra son derechos legítimos de pueblos originarios, pero que han migrado a reclamos mucho más lucrativos, como Codeca, en este caso. Y colectivos como el Frente Nacional de Lucha, el conocido como Frena, y otros actores, que emergieron de las demandas del conflicto armado interno, que no están resueltas todavía, pero que han encontrado un conducto para agenciarse de espacios de poder y recursos”.

En otro parte de su exposición dijo que las conexiones ilegales son hasta 300 veces más rentables que la invasión de fincas y con resultados (ingresos) más rápidos.

Agregó datos como que hay 9 mil conflictos agrarios acumulados desde 1996 y que se puede observar que en muchas áreas de estas también surgieron conflictos contra el sector de energía, específicamente contra Energuate.

En 16 años Energuate ha pasado a tener 11 mil usuarios con conflictos a 349 mil en el 2017.

“Los conflictos agrarios se han trasladado al sector eléctrico” porque toma más tiempo resolverlos y tiene muchas implicaciones jurídicas, agregó Salguero.

La tasa de alumbrado público también es otra razón ya que 7 de cada 10 usuarios de Energuate pagan más por esa tasa que por el consumo propio.

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La expositora añade que aparte de falta de presencia institucional del Estado en las comunidades, no se tienen protocolos ni recursos para atender la conflictividad, y tampoco un ente rector del Estado ya que se detectó que en cada mesa de diálogo se aglutinan hasta 20 representantes del Gobierno, lo cual genera costos.

Del 2012 a la fecha Energuate ha invertido Q21.8 millones anuales para participar en su modelo de diálogo y resolución de conflictos, y por parte del Estado se detectó que invirtió Q3 millones, lo cual suma 396 millones entre ambos. Aunque aclara que el monto del Estado les parece muy bajo.

https://twitter.com/rbolanos_pl/status/1060562778119913472

Estimación del costo por sectores

Pablo Urrutia, analista de esa agrupación mencionó que estudiaron en el caso de Energuate, basándose en datos de 1 mil 888 comunidades de 163 municipios de 18 departamentos de los que cubre esa distribuidora.

Se determinó que Energuate pierde Q129.03 millones anuales por ese tipo de conflictividad.  Para todo el sector de electricidad el costo es Q465.79 millones (incluyendo el monto mencionado para Energuate).

El costo para el sector productivo en total es de Q3 mil 928.31 millones.

Sumadas ambas cifras se llega a los Q4 mil 394.10 millones tomando en cuenta el impacto que tiene en la productividad. La estimación no incluye las pérdidas de energía que se tienen por esa conflictividad.

La estimación del costo por sectores se deriva de la productividad que se deja de tener al no entrar a la economía los montos derivados del impacto de en la distribuidora de energía y en el sector eléctrico debido por conexiones ilegales generadas por la conflictividad social. Asíes estimó el siguiente impacto

• Transporte, almacenamiento y comunicaciones, Q675.21 millones
• Servicios privados, Q635.21 millones
• Industrias manufactureras, Q559.73 millones
• Agricultura, ganadería, caza y silvicultura, Q485.31 millones
• Energía, Q465.79 millones
• Intermediación financiera, seguros y actividades auxiliares, Q430.10 millones
• Comercio al por mayor y al por menor, Q394.32 millones
• Administración pública y defensa, Q370.14 millones
• Alquiler de vivienda, Q349.90 millones
•  Explotación de minas y canteras, Q28.39 millones

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Según el vocero de Energuate, Mynor Amézquita, la firma pierde al año US$50 millones (Q386 millones) por la conflictividad e indica que no sabe a qué se debe la diferencia del monto estimado por Asíes.

Sin embargo, Urrutia mencionó en la exposición que los cálculos de ese ente no incluyen las pérdidas de energía.

Coincide con los departamentos que poseen áreas en conflicto, y explicó que, aunque en Alta Verapaz hay mayor número de usuarios en conflicto, pero no tienen alto consumo.

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Amézquita agregó que han tenido el apoyo de la Comisión Presidencial para el Diálogo Nacional, el cual a su criterio es necesario para seguir resolviendo cada caso.

Incluso en cada comunidad podría necesitarse un trato diferente.
Mencionó que cada área es diferente ya que por ejemplo en la comunidad San Juan La Gloria, Tiquisate descubrieron que uno de cada dos clientes tiene conexión ilegal.

Salguero mencionó, por ejemplo, que las comunidades con cero por ciento de conexiones ilegales mantienen un promedio de deuda a la distribuidora de 17% mientras que en las que tienen 100% de conexiones ilegales sube el promedio de deuda a 89%. La deuda explicada por la conflictividad significa Q110 millones durante el período de análisis (de agosto a octubre del 2018).

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Urizar: “Es complicado que el usuario lo pague”

Carmen Urízar, expresidenta de la Comisión Nacional de Energía Eléctrica (CNEE), explicó las complicaciones que conlleva la conflictividad social, con el robo de energía e impago de los servicios a las distribuidoras de Energuate.

Urízar mantiene su postura acerca de que no se puede justificar, desde el punto de vista económico, que se carguen  al usuario que sí paga por su servicio de  energía  las pérdidas que tienen las distribuidoras Deocsa y Deorsa.

En el 2014 —siendo Urízar presidenta de la CNEE—, no les fue reconocido el total de las  pérdidas solicitadas.

¿Es posible que se reconozcan en el VAD las pérdidas por hurto de energía e incobrabilidad del servicio?

Dentro del procedimiento del VAD creo que es un poco complicado, porque el mismo  procedimiento considera los  criterios técnicos de la evaluación de una tarifa.

Generalmente, refleja las pérdidas técnicas que son consecuencia de temas operativos o de ingeniería como  pérdida en la línea. Sin embargo,  las  pérdidas  por robo e impago de energía reciben el nombre de no técnicas, porque se deben a cuestiones exógenas a la operación del distribuidor y que están fuera del alcance de lo que puede hacer él solo con inversiones propias.

¿Se ha reconocido alguna vez por esas dos razones?

En el pasado y en todas las fijaciones de los VAD, este no se ha reconocido porque no hay forma de poder cuantificar, aunque en el último estudio que hicieron se trató de hacer una aproximación.

En el  2014, cuando presidía  la CNEE, expuso  que los usuarios que sí pagan por el servicio no debían asumir ese costo. ¿Mantiene la misma postura?

Mi posición continúa como en el 2014, y ahí era mucho más enfática siendo parte del regulador.

Es complicado reconocerlas,  porque el símil que mencionaba es que esas pérdidas no técnicas, que al final es robo de energía, son  el equivalente a lo que  un empresario enfrenta con el robo de su producto o bienes en otros sectores productivos. Entonces, cargárselo al usuario que sí está pagando es un poco complicado justificarlo desde el punto de vista económico.

¿Cómo puede resolverse la situación de la conflictividad hacia el tema de la energía, que ya lleva varios años?

Ese tipo de problema excede a lo que el sector eléctrico puede dar una solución. El problema ha ido incrementándose.  El robo de energía está tipificado en el Código Penal, pero sigue aumentando precisamente porque no hay castigos y el estado de Derecho no ha hecho cumplir y exigir, pero eso está fuera de lo que es la signatura del regulador y del Ministerio de Energía. Eso ya es labor del sistema de justicia.

¿Qué se debe hacer  para disminuir la conflictividad y el impacto a  la  empresa?

Es un problema que excede a las autoridades eléctricas, tiene que ver con el estado de Derecho,  el sistema de justicia y la  precariedad de hacer cumplir la ley a través de castigos que eliminen la motivación de robar. Pero  sí tiene un efecto sobre el sector eléctrico porque afecta la liquidez de la distribuidora.

Carranza: “Está en riesgo el suministro”

Dimas Carranza, gerente de regulación y tarifas de Energuate, afirmó que la solicitud de cobrar al usuario como parte del VAD las pérdidas por robo de energía y servicios incobrables tiene  respaldo técnico y legal.

De no reconocerse la totalidad y de continuar la conflictividad, el ejecutivo indicó que se pone en riesgo no solo a las distribuidoras Deocsa y Deorsa, sino al resto de la cadena de suministro de electricidad.

Energuate presentó a la CNEE su propuesta del Valor Agregado de Distribución (VAD), que debe entrar en vigor el 1 de febrero del 2019.

¿A qué se debe la solicitud de que el resto de usuarios pague dentro del VAD por las pérdidas por robo de energía o por casos incobrables?

En el 2014, la CNEE dijo que no se iban a  reconocer, pero no nos dio ninguna justificación técnica o  regulatoria. Lo volvemos a presentar, porque la  ley y su  regulación sí  definen el tema de pérdidas técnicas y no técnicas, aunque  no definen un valor establecido.

Es normal en cualquier parte del mundo que las reconozcan. Obviamente, es poco habitual en otros países  tener el volumen de pérdidas por robo de energía  como las que tenemos en  Guatemala.

¿La CNEE les reconoció algo para el VAD para el quinquenio del 2014 al 2019?

Sí las ha reconocido, pero no en el nivel solicitado. A Deocsa le fue reconocido por pérdidas por robo  alrededor de 4.5%, a Deorsa de 3.9%. A EEGSA, 2.2%. También se tomó en cuenta hace cinco y hace 10 años.  Por cuentas incobrables  por la conflictividad social se reconoció 0.5% a Deocsa y Deorsa y un poco menos a EEGSA.

¿Por qué consideran que no es  suficiente ese porcentaje?

No es suficiente. En Deocsa tenemos pérdidas de 22% y estamos solicitando 19% para el 2019,  entre pérdidas técnicas y no técnicas. De eso, 8.5% son de pérdidas por  robo e incobrables en Deocsa, mientras que en Deorsa son de 6%.
Que nos aprueben menos no solo pone en riesgo a Energuate, sino que  nos  dejan en una situación que  pone en riesgo a toda la cadena del suministro  eléctrico. Habrá déficit de caja y no se van a poder cumplir compromisos de pago a proveedores.

¿A cuánto ascienden las pérdidas por esos rubros?

Energuate está perdiendo US$50 millones al año; de esos, US$28 millones son por robo de energía y US$22 por cuentas incobrables.

Son cálculos que la CNEE posee para los  ajustes trimestrales de la tarifa. Determina el robo de la energía  y se lo descuenta a Energuate.

¿Qué proponen para disminuirlas?

En el estudio del VAD  que se presentó este año a la CNEE, se incluyeron acciones transitorias en donde se   define una senda para  reducción de pérdidas no técnicas, pero difícilmente podemos salir de eso si no se aplican las  obligaciones del Estado de Guatemala en términos del hurto de energía.

Si no se corrige ahora, va a estar en riesgo no solo la sostenibilidad de Energuate, sino de todo el sector.

¿Han presentado denuncias por robo de energía?

A la fecha, Energuate ha presentado  dos mil 300 denuncias por esos ilícitos,  y se han emitido 90 órdenes de captura, y de esas han ejecutado 88. De las capturas  se ha  condenado a 40 personas, pero en la actualidad  ninguna está detenida, porque  han pagado multas que van entre Q100 a Q15 mil, y salen libres.

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Es como si la historia no hubiese terminado —como lo afirmó Fukuyama en aquella obra de los noventas—, porque utilizando el mismo ropaje ideológico de Marx y asociados, han logrado crear una industria muy rentable, mediante la coerción, el robo, el secuestro y la extorsión.

Toman carreteras y cobran peaje, invaden fincas, roban sus cosechas, matan a trabajadores, guardianes y policías con toda impunidad. Con violencia toman las instalaciones de empresas, especialmente hidroeléctricas, empresas mineras y agroindustriales, con “la excusa Pachamama”, mezclada con una narrativa de lucha de clases. Y tienen el descaro de victimizarse cuando alguno de ellos muere o es herido en los enredos posteriores. No tienen amigos. Tienen gente asustada que colabora por coerción o porque les pagan.

Y el sistema de justicia y seguridad, lamentable admitirlo, se lo permite porque lo han penetrado infiltrando sus alfiles, cooptando a jueces, magistrados, fiscales, comisarios y hasta ministros.

Más de 12 años de gobiernos “políticamente correctos” han creado una indolencia fatal para aplicar el poder coercitivo de la ley cuando se cometen delitos flagrantes. Los gobernantes se sienten temerosos de ser acusados de cometer “actos represivos” contra poblaciones “indefensas”. Por cierto, las mismas que no tienen ningún problema en colocar al frente de sus fechorías “manifestoides” a mujeres y niños.

Un caso paradigmático que agravó este síntoma de indolencia gubernamental fue lo acontecido en “Cumbre de Alaska”. Pocos se recuerdan que la carretera Interamericana fue bloqueada durante 12 horas. Todo occidente estaba paralizado. Fue el bloqueo de mayor duración en la historia de occidente.

Una turba siguió adelante contra el contingente militar con evidentes propósitos de violencia hasta que algunos soldados dispararon para defender sus vidas. Murieron 6 personas. Hubo testigos que nunca fueron escuchados. Hubo toda la victimización y el eco mediático característico de los oenegeros antimilitares que se nutren con toda esa cantaleta tan lucrativa para sus fines.

El coronel Chiroy y varios soldados fueron detenidos. Hoy, seis años y 30 audiencias después, todavía guardan prisión y aun no les abren juicio. Los responsables de secuestrar a los funcionarios y empresarios en un salón comunal y a los encapuchados que golpearon brutalmente a la mujer oficial del Ejército andan tan libres como gaviotas en basurero de puerto…

Todos lo sabemos… La creciente conflictividad es causada en su mayoría por activistas politiqueros radicales, exguerrilleros, sus proles descendientes y los tambores de resonancia enquistados en oenegés ambientalistas y de derechos humanos, y otros con títulos rimbombantes en defensa de todo menos del imperio de la ley.

Para mientras: “El impacto de la conflictividad ilegítima contra proyectos de generación de energía y expansión del sistema eléctrico ha costado al país Q6 mil 500 millones, según el estudio efectuado por la firma Central American Business Intelligence (CABI)”. /Prensa Libre 11/10/18

Para la industria de la conflictividad en estos momentos electoreros, el caos, la anarquía y la ingobernabilidad son sus mejores aliados. Buscan esa ventaja competitiva politiquera para explotarla con la libertad de accionar cualquiera de los delitos flagrantes arriba descritos —como el último, en Ixquisís, San Mateo Ixtatán, donde una turba invadió el predio de maquinaria del Proyecto Hidroeléctrico Energía y Renovación, y un trabajador de la empresa murió baleado por los bandoleros radicales.

Nada para estos malvados, toda la energía y enfoque dedicada para generar ingobernabilidad, impedir la inversión y crear pobreza. Jodidos estamos.

alfredkalt@gmail.com

El panorama que presentó Paulo de León, director de Cabi, es demoledor. El sector eléctrico ha sido uno de los más pujantes durante las últimas dos décadas, lo que ha llevado a Guatemala a una situación que es ejemplo en la región. Este proceso tuvo su génesis en la aprobación de la Ley General de Electricidad, que, aunque se podría mejorar, es bastante buena y ha permitido que en apenas dos décadas las inversiones se dispararan como no se había visto casi en ninguna parte. Uno de los factores más importantes dentro de este esquema es la certeza jurídica que la ley prometía a los inversionistas.

Lamentablemente, ese sector tan pujante de la economía se está descarrilando como consecuencia de lo que Paulo denomina “conflictividad ilegítima”, que no es más que un ataque al desarrollo por parte de grupitos de interés pequeños pero bien financiados, cuyo objetivo pareciera ser acabar con la inversión en Guatemala y, como consecuencia, lograr que los guatemaltecos vivan cada vez en mayor pobreza.

Lamentablemente, la certeza jurídica que prometía la ley ha sido menoscabada por los tres organismos del Estado. El Congreso, al aprobar tratados que después irresponsablemente no se digna a normar. ¿Cómo es posible que aprueben un acuerdo tan importante como el 169 de la OIT y después se hagan las ranas de establecer el marco de cómo se debe implementar en el país? Hasta la misma Corte de Constitucionalidad (CC) ya les conminó a que aprueben el reglamento para aplicar los procesos de consulta establecidos por ese acuerdo, pero a los diputados les ha venido del norte.

Las cortes, incluida y especialmente la CC, han alimentado la falta de certeza jurídica con fallos absurdos e incoherentes, deteniendo inversiones que han cumplido con toda la legislación y regulación vigente, mientras que, por el otro lado, el MP no se digna a investigar y acusar a los grupos criminales que invaden propiedades, arruinan maquinaria y bloquean el acceso y la circulación. Y el Ejecutivo también tiene culpa, al no hacer valer la ley —como es su obligación— ante todos estos grupos criminales que se escudan en esa impunidad resultante.

No se debe ceder ante esos grupos criminales y se les debe llamar correctamente así, separándolos de aquellos grupos que sí son honestos y que tienen reclamos válidos. Si no se detiene ahora este proceso, ya no será solo el sector eléctrico y algunos otros pocos, sino todos los que sufriremos las consecuencias. Recordemos que la energía es vital para el desarrollo, y si se detiene la inversión en nuevos proyectos de generación, transmisión y distribución de energía, dentro de pocos años regresaremos a las épocas de apagones y racionamientos.

Dentro de la presentación hubo una gráfica que lo resume todo: durante todo el 2018 las inversiones de bienes de capital han sido negativas, lo cual se refleja en el cada vez más bajo desempeño de la economía. No podemos seguir así. Necesitamos que regrese la certeza jurídica para que puedan empezar a regresar las inversiones.

Fb/jjliber

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De León explicó que efectuaron el análisis del impacto en tres escenarios alternos sobre los planes de Generación del Sistema Eléctrico del país 2013-2030 que estableció el Ministerio de Energía y Minas (MEM).

De continuarse con este escenario —de no resolver los conflictos existentes y que surjan nuevos al 2030—, las pérdidas llegarían a Q43 mil millones añadió el consultor.

Modelo de electricidad en riesgo

En los escenarios 2 y 3, que reflejarían aumento en la conflictividad ilegítima, se estiman pérdidas de Q78 mil millones y Q157 mil millones al 2030 respectivamente, que significarían 11.5% hasta 22.7% del PIB, agregó.

Esos comportamientos analizados pone en riesgo el modelo eléctrico y la economía del país según la firma.

La conflictividad social ilegítima, según Cabi, es la que usa métodos y actos criminales con la intención de sabotear proyectos enfocados en una ideología o agenda política. A diferencia de la conflictividad social legítima, que surge del reclamo de poblaciones excluidas en sus planes de inversión y atención pública, agrega la firma.

La falta de voluntad ha provocado que no se resuelvan situaciones como esa, expuso de León, e indicó que es necesario continuar con las mesas de diálogo.

Efectos aún no cuantificables son erosión de la imagen de país para atraer inversión, aumento de riesgo al sistema bancario y una crisis de inversión.

Además de los efectos que pueda tener en el estancamiento de más generadores y redes de transmisión, enl a diversificación de la matríz energética o en posible en costos de la energía y alza a tarifas al consumidor.

Acciones para fortalecer el modelo

El estudio sugiere que se devuelva la certeza jurídica y se detengan los ataques que generan desconfianza hacia el país.

Recomiendan además cuatro acciones como la reforma al Código Penal para aumentar penas por hurto de energía, regulación del servicio de alumbrado público, mejorar la regulación de los pasos de servidumbre y definir un reglamento al Convenio 169 de la Organización Internacional del Trabajo repecto a las cinsultas a los pueblos indígenas.

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Otras medidas son mejorar el método para aplicar el subsidio a la tarifa por parte del Inde, que con esos recursos se siga la electrificación para integrar 1.5 millones de personas que hacen falta, crear  la metodología para la  tasa de alumbrado público y fortalecer la red de transporte.

La cadena de energía

Energuate refirió que las pérdidas en este año han sido de Q370 millones, de estos Q203 millones son por pérdida directa por robo y Q167 millones por impago, según el vocero Maynor Amézquita. Hay más de 900 comunidades en conflicto con la distribuidora que significan unas 126 mil personas.

Además De León explica que en el escenario 1 se pierde 6.7% del PIB; en el escenario 2, 11.6% del PIB y en el escenario 3 la pérdida sería de 22.7% en un plazo de 18 años @Economia_pl pic.twitter.com/h1Al8mvVYk

— Rosa María Bolaños (@rbolanos_pl) October 10, 2018

Rodrigo Ronquillo, gerente de desarrollo sostenible de Trecsa dijo que de 866 kilómetros adjudicados a la firma para construir y operar la línea de transmisión según el PET-1 aún les falta 300, algunos han sido suspendidos por pasos de servidumbre o autorizaciones municipales y otros por rechazo al proyecto.

Por conflictividad, al menos 16 proyectos hidroeléctricos que representan inversiones por unos Q11 mil 031 millones no se han podido ejecutar según la Asociación de Generadores de Energía Renovable.

Obstáculos a la inversión

El país registra incidentes, algunos violentos, en varias áreas. Entre los más recientes están:

• Coatepeque: Entre julio y agosto de este año, Energuate suspendió el servicio a pobladores por robo de energía e impago.
• Ixquisis: La Franja Transversal del Norte, en el área de Huehuetenango, fue bloquead por un grupo opositor.
• Guatemala: Desde el 2013 está suspendido el proyecto para  la línea de transmisión de Trecsa, en   San Raymundo.
• Sacjá: En abril último dejó de operar la planta en Baja Verapaz. El intento de reactivación originó nuevos disturbios.

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