La CC anula juicio por genocidio contra Benedicto Lucas García y el proceso debe reiniciarse

Los magistrados de la CC avalaron el cambio de tribunal para el juicio por genocidio contra Benedicto Lucas García, lo que implica que el debate debe reiniciarse.

César Pérez Marroquín y Douglas Cuevas

24 de junio de 2025 | 21:55h

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El otro año finaliza el periodo de la octava magistratura de la CC. (Foto Prensa Libre: Esbin García)

La Corte de Constitucionalidad (CC) respaldó el cambio de tribunal ordenado por la Sala de Mayor Riesgo en el caso que se sigue contra Benedicto Lucas García, señalado de delitos contra los deberes de la humanidad y desaparición forzada durante el conflicto armado interno en Guatemala. Esto implica que el juicio debe reiniciarse, informaron este martes 24 de junio fuentes judiciales.

La resolución de la CC tiene como base una apelación contra la decisión de la Sala Primera de Mayor Riesgo, que separó del caso al Tribunal de Mayor Riesgo A y designó al Tribunal de Mayor Riesgo B.

Dicha resolución mantiene en firme la decisión adoptada tras una recusación de abogadas de la Defensa Pública, motivada por una declaración del juez titular durante una audiencia celebrada el 9 de agosto de 2024.

De esta forma, se beneficia al militar en situación de retiro Benedicto Lucas García, ya que el proceso en su contra queda en suspenso, pese a que únicamente estaba pendiente la sentencia.

“La Corte de Constitucionalidad, con fundamento en lo considerado y leyes citadas, resuelve con lugar el recurso de apelación interpuesto por Manuel Benedicto Lucas García —tercero interesado—. III. Revoca el numeral III) del auto apelado, en cuanto se otorgó la protección constitucional interina, y resolviendo conforme a Derecho, deniega el amparo provisional solicitado”, señala la resolución de la CC.

Detalles

La resolución de la Corte deriva de la suspensión del juicio el 28 de noviembre de 2024, cuando una Sala de Apelaciones detuvo el proceso por genocidio contra Lucas García, justo cuando se estaba por dictar sentencia.

“Por unanimidad los magistrados (…), declaramos con lugar la recusación planteada” por la defensa de Lucas García contra el Tribunal de Mayor Riesgo “A”, indica el fallo leído al concluir la audiencia de la Sala de Apelaciones en esa oportunidad.

El juicio, que se inició el 4 de abril de 2024 y que, según esa resolución, debía ser trasladado a otro tribunal, se encontraba en fase de conclusiones. Se trata del segundo proceso por genocidio luego de la condena al expresidente de facto Efraín Ríos Montt, en 2013.

La recusación del Tribunal de Mayor Riesgo “A” fue fundamentada por la defensa del militar en la supuesta falta de imparcialidad de dicho órgano jurisdiccional.

La fiscalía solicitó el 8 de noviembre de 2024 una pena de dos mil 860 años de prisión para Lucas García, por su supuesto rol en la matanza de más de mil 200 indígenas acusados de apoyar a grupos guerrilleros entre 1978 y 1982, periodo en el que gobernaba su hermano, el entonces presidente Romeo Lucas García, fallecido en Venezuela en 2006.

Durante el juicio se presentaron documentos militares, informes forenses y testimonios de sobrevivientes, entre otras pruebas.

El general Lucas García cumple una condena de 58 años de prisión impuesta en 2018 por la desaparición forzada de un joven, así como la violación y tortura de su hermana, cuya familia era señalada de “subversiva”, en hechos ocurridos en 1981.

El gobierno de Guatemala reconoció este viernes su responsabilidad en el asalto e incendio, por parte de las fuerzas de seguridad, de la embajada de España en 1980, que dejó 37 muertos, durante la guerra civil del país (1960-1996).

“En memoria de las víctimas y su dignidad, el gobierno de Guatemala reconoce la responsabilidad estatal de este crimen de lesa humanidad“, dice en letras doradas en una placa de mármol verde, develada por la Comisión Presidencial por la Paz donde funcionó la sede diplomática en la capital.

El 31 de enero de 1980, militares y policías asaltaron la misión diplomática, ocupada horas antes por dirigentes mayas y estudiantes que denunciaban abusos en el marco del combate a la guerrilla. Durante la incursión se desató un voraz incendio.

En el lugar donde estuvo la embajada, un grupo de indígenas mayas realizó una ceremonia ancestral para honrar la memoria de las víctimas.

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Además, organizaciones campesinas y humanitarias lamentaron en un comunicado que las causas que originaron el conflicto armado como el racismo, la explotación, la desigualdad y despojo de tierra “no se han superado”.

Entre los 37 muertos estaban el cónsul español Jaime Ruiz del Árbol, el exvicepresidente guatemalteco Eduardo Cáceres, el excanciller Adolfo Molina y Vicente Menchú, padre de la Nobel de Paz Rigoberta Menchú y quien era dirigente de la etnia maya.

Por este hecho, en 2015 un tribunal condenó a 90 años de prisión a Pedro García Arredondo, jefe de un comando especial de la extinta Policía Nacional, que se encargaba de tareas represivas y de hacer desaparecer a opositores.

Los 36 años de guerra civil guatemalteca dejaron unos 200 mil muertos y desaparecidos, según cifras oficiales.

Decenas de sobrevivientes demandaron este martes 10 de diciembre justicia por masacres perpetradas por militares durante la guerra civil (1960-1996), tras un fallo que suspendió el juicio por genocidio contra un general.

“Ya no más impunidad”, dijo a periodistas un representante de los sobrevivientes, Eleodoro Flores, frente a la sede de la Corte Suprema de Justicia guatemalteca.

El grupo de indígenas improvisó en el piso un altar con flores y velas. Los manifestantes se quejaron por los fallos judiciales a favor de exjefes militares acusado de crímenes de lesa humanidad.

El 28 de noviembre, una Sala de Apelaciones suspendió un juicio contra el general retirado Benedicto Lucas García, de 92 años, cuando un tribunal estaba a punto de dictar sentencia.

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Lucas García había sido llevado a juicio por su presunta responsabilidad en la matanza de más de 1 mil 200 indígenas entre 1978 y 1982 mientras gobernaba su hermano, el presidente Romeo Lucas García, fallecido en Venezuela en 2006.

Además, a inicios de noviembre, otra sala de apelaciones suspendió el inicio del juicio contra ocho militares retirados, entre ellos Lucas García, señalados de desapariciones forzadas.

Al concluir la ceremonia tradicional, abogados de familiares de las víctimas presentaron un recurso en la Cámara de Amparos de la Corte Suprema para revertir el fallo que suspendió el juicio por genocidio.

Para leer más: “Floreceremos”: Memorial virtual recuerda historias de víctimas del conflicto armado interno de Guatemala

La guerra civil dejó unos 200 mil muertos y desaparecidos en Guatemala, según una comisión auspiciada por la Organización de las Naciones Unidas, la mayoría a manos de los militares, que acusaban a los indígenas de colaborar con la guerrilla.

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El 8 de noviembre recién pasado, la fiscalía pidió una pena de dos mil 860 años de prisión para Lucas García por su supuesto rol en la matanza de personas señaladas de haber apoyado a guerrilleros entre 1978 y 1982.

Guatemala asume responsabilidad en desaparición de poeta española y ofrecerá una disculpa

Activista había arribado al país en 1943, en víspera del fin del gobierno de Jorge Ubico. Posteriormente obtuvo la nacionalidad guatemalteca.

ACAN-EFE

2 de diciembre de 2024 | 14:50h

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El secretario de Comunicación Social de la Presidencia, Santiago Palomo, habla sobre que el Estado de Guatemala tiene previsto ofrecer una "disculpa pública" al asumir su responsabilidad en la detención y desaparición de la poeta, escritora y activista española Alaíde Foppa Falla. (Foto Prensa Libre: EFE)

El Estado de Guatemala tiene previsto ofrecer el martes próximo una “disculpa pública” al asumir su responsabilidad en la detención y desaparición, hace 44 años durante el conflicto armado interno (1960-1996), de la poeta, escritora y activista española Alaíde Foppa Falla, nacida en Barcelona en 1914.

Así lo anunció este lunes el secretario de Comunicación Social de la Presidencia, Santiago Palomo, quien detalló que será el jefe de Estado, Bernardo Arévalo de León, quien encabezará el acto.

Palomo dijo que el presidente, en nombre del Estado de Guatemala, “pedirá una disculpa pública” por la desaparición de Foppa, poeta y activista quien además fue crítica de arte, profesora y traductora.

También adelantó que el gobernante hará un reconocimiento a la trayectoria de Alaíde Foppa, quien vivió muchos años en México y contaba con dicha nacionalidad. En el acto, se reconocerá la responsabilidad del Estado en la “violencia” que vivió junto con su “desaparición”.

“A través de este acto se honra la memoria de su lucha por la justicia”, expresó el secretario, y remarcó que el Gobierno da “un paso a la dignificación de las víctimas y su familia”.

Foppa fue detenida y desaparecida el 19 de diciembre de 1980 en Guatemala por paramilitares que operaban bajo el mando del presidente, el general Fernando Romero Lucas, quien fue derrocado por un golpe de Estado en 1982.

La activista desaparecida había arribado al país en 1943, en víspera del fin del gobierno de Jorge Ubico. Posteriormente obtuvo la nacionalidad guatemalteca.

Foppa colaboró activamente con la Revolución de 1944 en Guatemala previo a casarse con Alfonso Solórzano, abogado alemán fundador del Partido Guatemalteco del Trabajo, uno de los cuatro grupos guerrilleros que operaron en el país.

Debido a su militancia en la izquierda, Solórzano y Foppa se exiliaron en México y regresaron a Guatemala en 1950, pero cuatro años después volvieron a exiliarse por segunda vez tras el derrocamiento del presidente Jacobo Arbenz (1951-1954).

El conflicto armado interno en Guatemala dejó más de 250 mil víctimas mortales, ya sea asesinados o desaparecidos, en su mayoría (más del 90 por ciento) a manos de las fuerzas estatales, según informes de organismos internacionales.

La Corte Interamericana de Derechos Humanos responsabilizó a Guatemala este jueves por la “desaparición forzada” de cuatro defensores de derechos humanos en 1989 durante el Conflicto Armado Interno.

“Guatemala (es) responsable internacionalmente por las violaciones a derechos humanos cometidas en perjuicio de los señores Agapito Pérez Lucas, Nicolás Mateo, Macario Pú Chivalán y Luis Ruiz Luis“, dictaminó la corte, con sede en San José, en su sentencia.

Los cuatro activistas “fueron amenazados y perseguidos por agentes de las fuerzas de seguridad del Estado” por la labor que desempeñaban y fueron “obligados a desplazarse” del departamento de Quiché, 225 km al norte de Ciudad de Guatemala, donde vivían.

“Dichas personas fueron víctimas de desaparición forzada por parte de integrantes del Ejército de Guatemala”, destacó el tribunal continental.

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La Corte determinó que Guatemala “vulneró” los derechos de las cuatro víctimas y sus familias a la vida, la integridad personal, la libertad personal, las garantías procesales, la protección judicial, conocer la verdad, contraviniendo al menos 12 artículos de la Convención Americana sobre Derechos Humanos.

Se ordenó, entre varias medidas de reparación, la obligación del Estado de “remover, de forma inmediata, todos los obstáculos que mantienen la situación de impunidad de este caso“.

También realizar “una búsqueda seria y con la debida diligencia del paradero” de las cuatro víctimas, así como diseñar un “mecanismo o programa nacional” de búsqueda de desaparecidos durante la guerra civil.

Este conflicto dejó unos 200 mil muertos y desaparecidos, según una comisión auspiciada por la ONU, la mayoría a manos de los militares.

El Ministerio Público pidió este jueves una pena de 2 mil 860 años de prisión para Benedicto Lucas García por el asesinato de pobladores indígenas durante el conflicto armado interno, un segundo proceso por genocidio tras la condena a Efraín Ríos Montt en 2013.

Al iniciar la fase de conclusiones del juicio, abierto el 5 de abril, la fiscal Mercedes Morales solicitó al tribunal que el general retirado sea condenado a 30 años de cárcel por genocidio.

También pidió 30 años por crímenes de lesa humanidad y 2 mil 800 años por la desaparición forzada de 70 personas. Pese a las penas solicitadas, la ley en Guatemala establece que una persona solo puede pasar 50 años en la cárcel.

“Se establece que la intención del acusado era la de destruir al pueblo étnico maya ixil, a quienes consideraron como enemigo interno”, dijo la fiscal sobre el exjefe del Estado Mayor del Ejército.

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El militar, de 92 años, es juzgado por su rol en la muerte de más de 1 mil 200 indígenas, mientras gobernaba su hermano, el presidente Romeo Lucas García, quien falleció en Venezuela en 2006.

Durante los siete meses del juicio se presentaron documentos militares, informes forenses y el testimonio de sobrevivientes, entre otras pruebas. Se espera que la próxima semana el tribunal dicte la sentencia.

La fiscal agregó que en las operaciones militares hubo “ensañamiento” contra las víctimas, entre ellas “niños, ancianos y mujeres embarazadas“. “Luego de ejecutarlos, o aún con vida en algunos de los casos, se les quemó”, indicó.

Lucas sigue las audiencias por videoconferencia desde un hospital militar en la capital y el miércoles lucía una gorra con el apellido del presidente electo de Estados Unidos, Donald Trump.

Ahora cumple una condena de 58 años de cárcel impuesta en 2018 por la desaparición forzada de un joven y la violación y tortura de su hermana cuya familia era señalada de “subversiva” en 1981.

El martes, Lucas fue beneficiado junto a otros siete militares por una sala de apelaciones que suspendió el juicio en otra causa tras el descubrimiento de más de 500 osamentas.

La impunidad por las violaciones y otros abusos perpetrados en los conflictos afecta a la vida de decenas de miles de mujeres en el mundo, como lo han relatado en la ONU y en primera persona sexagenarias indígenas supervivientes de la violencia sexual durante la guerra civil en Guatemala (1960-1996).

Conocidas como “las abuelas de Sepur Zarco“, estas mujeres han roto 30 años de silencio e hicieron historia en 2011 al presentar ante un tribunal nacional el primer caso de esclavitud sexual en el marco de un conflicto armado.

Una de ellas es Demecia Yat, de 69 años y representante del colectivo Jalok U, formado por mujeres de la comunidad maya q’echí de Sepur Zarco, al noreste de Guatemala, que tienen en común haber sido violadas y tomadas como esclavas sexuales por el ejército.

En dicho poblado, que estaba habitado por unas 15 familias de esta etnia, se establecieron seis destacamentos militares, lo que resultó en docenas de hombres detenidos y desaparecidos tras ser señalados como guerrilleros y de mujeres esclavizadas.

“Estamos aquí para exigir que se luche y para que las mujeres jóvenes indígenas de nuestra comunidad tengan una vida diferente”, comentó a EFE la activista Demecia, momentos después de haber tomado la palabra en el Consejo de Derechos Humanos, que se reúne actualmente en Ginebra.

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El juicio concluyó en 2016 con una sentencia sin precedentes que condenó a dos excomandantes por crímenes de lesa humanidad (violación, asesinato y esclavitud) a 120 y 240 años de prisión, respectivamente.

La sentencia del caso Sepur Zarco también incluyó 18 medidas de reparación que tenían por objetivo mejorar las condiciones de vida de las supervivientes y sus comunidades al garantizar su acceso a la salud, la educación y otros servicios esenciales.

Sin embargo, han pasado 8 años desde la sentencia y las organizaciones que apoyaron su causa denuncian que varias de esas medidas han quedado “en papel mojado“, condenando a muchas de estas mujeres a seguir viviendo en condiciones de pobreza extrema.

Demecia pidió que su caso se convierta en una referencia internacional para que otras víctimas de violencia sexual puedan obtener justicia transicional, especialmente las mujeres indígenas, que en muchos casos se enfrentan a una doble discriminación por su condición de mujeres y de una minoría étnica.

“Queremos recordar que es importante buscar la justicia, alzar la voz y decir que ya no podemos continuar con estas formas de violencia que enfrentamos como mujeres indígenas”, insistió.

En esta misma línea habló Carmen Xol, otra de las supervivientes del caso Sepur Zarco, que relató entre lágrimas que son muchas las mujeres que siguen siendo víctimas de la violencia sexual como arma de guerra.

La representante de ONU Mujeres en Guatemala, Gloria Carrera, cuyo organismo ayudó a estas activistas a viajar a Ginebra, lamentó que a pesar de la sentencia a su favor y de las acciones que el Estado debía tomar en favor de la comunidad indígena de Demecia y Carmen, persisten los problemas para recibir una educación o tener acceso a la salud.

Sostuvo que faltan recursos económicos y coordinación entre los distintos ministerios de Guatemala, pero también apoyo de la comunidad internacional para sostener los logros conseguidos.

El juicio por genocidio en contra del general retirado guatemalteco Manuel Benedicto Lucas García continuará el próximo 14 de mayo, tras ser reprogramado este lunes debido a fallas técnicas en la conexión virtual con el sindicado, quien se encuentra en un hospital.

El Tribunal “A” de Mayor Riesgo del Organismo Judicial tomó la decisión de cancelar la audiencia de este lunes y continuar mañana ante los problemas de carácter técnico registrados en la conexión con el hospital donde es atendido Lucas García, de 91 años, por quebrantos de salud.

El general retirado es acusado por la Fiscalía de ser el responsable de la muerte de 844 indígenas, cuando era el Jefe del Estado Mayor del Ejército de Guatemala durante el gobierno de su hermano, Romeo Lucas García (1978-1982), según ha explicado el Ministerio Público en el debate oral y público.

Hasta el momento han pasado por el estrado más de una docena de testigos, quienes relataron las masacres cometidas por el Ejército de Guatemala contra poblaciones indígenas.

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Según la Fiscalía, en el proceso judicial aún falta el testimonio, en las próximas semanas, de más de 60 personas.

Desde 2018, Lucas García cumple una pena de 58 años de prisión por la desaparición forzada del niño Marco Antonio Molina Theissen, ocurrida en octubre de 1981.

El conflicto armado interno de Guatemala, que duró 36 años entre 1960 y 1996, dejó más de 250 mil víctimas, entre muertos y desaparecidos, más del 90 por ciento a manos del Estado, según investigaciones de organismos internacionales.

El proceso judicial en contra del militar retirado se lleva a cabo desde este mes por las masacres perpetradas por el Ejército en el departamento de Quiché, en el norte de Guatemala, hace 42 años.

Fieles católicos recordaron este viernes al obispo Juan José Gerardi, asesinado en Guatemala el 26 de abril de 1998 tras publicar un informe sobre los crímenes perpetrados durante el conflicto armado interno.

Unas 300 personas llegaron a la Catedral Metropolitana de la Ciudad de Guatemala para acudir a la misa con la que la iglesia católica y colectivos sociales e indígenas recuerdan a Gerardi.

“Esta memoria de Juan Gerardi nos debe ayudar a trabajar para la reconciliación“, indicó monseñor Gonzalo de Villa, del arzobispado metropolitano de Guatemala previo a la misa.

En el evento participó la vicepresidenta Karin Herrera, en representación del Gobierno de Bernardo Arévalo de León, así como líderes indígenas de todo el territorio.

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Posterior a la misa, Herrera encabezó una caminata en las principales calles de la Ciudad de Guatemala portando pancartas con el rostro del obispo.

Hace 26 años Gerardi Conedera fue asesinado a escasos metros de su hogar y el crimen sucedió solo dos días después de haber publicado un informe titulado “Guatemala: Nunca Más”, en el que se documentaban más de 54 mil violaciones a los derechos humanos durante el conflicto armado interno.

Fue un honor acompañar a las organizaciones que mantienen vivo el legado de Monseñor Juan José Gerardi, un hombre que trabajó por la paz y la verdad.

Tenemos un compromiso con la memoria histórica, para que hechos como el asesinato de Gerardi no vuelvan a ocurrir jamás. pic.twitter.com/IJ4D71DxFO

— Karin Herrera (@KarinHerreraVP) April 26, 2024

El informe, elaborado bajo la coordinación de Gerardi, incluyó la identificación de autores de masacres y decenas de testimonios de las víctimas.

De acuerdo con el documento de Gerardi, más del 90 % de los delitos de lesa humanidad fueron cometidos por el Ejército de Guatemala, en un conflicto que dejó más de 200 mil muertos y al menos 45 mil desaparecidos.

Por el asesinato de Gerardi fueron condenados el sacerdote Mario Orantes y los militares Byron Lima Estrada, Byron Lima Oliva y Obdulio Villanueva, en una sentencia en firme desde 2005.

Benedicto Lucas García irá a juicio el 25 de marzo por matanza de mil 771 ixiles

El debate oral y público comenzará el 25 de marzo y se prevé que dure hasta junio, con la participación de más de 150 testigos, incluyendo 30 sobrevivientes de violencia sexual.

ACAN-EFE

21 de marzo de 2024 | 19:18h

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Manuel Benedicto Lucas García irá a juicio el 25 de marzo de 2024. (Foto: Hemeroteca PL)

El general retirado Manuel Benedicto Lucas García, exjefe del Estado Mayor del Ejército de Guatemala, enfrentará el próximo 25 de marzo un debate oral y público por su presunta responsabilidad en la matanza de al menos mil 771 indígenas durante el conflicto armado interno (1960-1996).

La Oficina de Derechos Humanos del Arzobispado de Guatemala (ODHAG) informó este jueves 21 de marzo que la fecha de inicio del juicio les fue notificada por parte del Tribunal Mayor de Riesgo “A”.

La ODHAG, que actúa como querellante en el caso, detalló de igual forma que Manuel Benedicto Lucas García será juzgado por los delitos de genocidio, deberes contra la humanidad, desaparición forzada y violencia sexual.

El exalto jefe militar es hermano del ya fallecido expresidente Fernando Romeo Lucas García (1978-1982).

El abogado Nery Rodenas, director de la ODHAG, recordó en rueda de prensa que las víctimas de la masacre entre 1982 y 1983 son indígenas mayas ixiles, quienes el Ejército guatemalteco consideró como “enemigos del Estado” durante la guerra interna.

Rodenas precisó que el debate oral y público durará hasta junio, con la participación de más de 150 testigos, incluyendo 30 sobrevivientes de violencia sexual.

De igual forma, serán parte del juicio 80 peritos de antropología forense con 170 pruebas referentes al caso y más de 60 documentos militares, algunos de ellos desclasificados por Estados Unidos, de acuerdo con la misma fuente.

“Son más de 20 mil folios los que se presentarán en el juicio para demostrar la culpabilidad del militar”, agregó el abogado.

“Las víctimas han tenido que esperar casi 40 años para obtener justicia”, expresó Rodenas, al tiempo de señalar que la denuncia de la matanza de los mil 771 ixiles ejecutada en Quiché fue presentada en 2001.

Según el activista, “alcanzar la justicia después de 40 años es algo triste, pero esperamos que finalmente llegue para este caso, porque lo que se busca es conocer los hechos y que no se estigmatice a las víctimas”.

Por su parte, Eleodoro Osorio, de la Asociación Justicia y Reconciliación (AJR), que representa a las víctimas, hizo un llamado a la comunidad internacional para que envíe expertos y juristas, para que sigan de cerca el juicio en el tribunal y la presentación de las pruebas testimoniales y documentos.

“Al tribunal le pedimos justicia para que no se repitan los hechos”, puntualizó Osorio, al recordar que 40 testigos de las matanzas ya fallecieron.

El fallecido dictador José Efraín Ríos Montt, quien gobernó de facto entre 1982-1983, fue capturado, juzgado y condenado en 2013 a 80 años de prisión por la matanza de los mil 771 miembros de la etnia maya ixil, es decir por el mismo caso.

Sin embargo, por errores en el proceso, la Corte de Constitucionalidad, el máximo tribunal de justicia de Guatemala, anuló la sentencia y ordenó un nuevo juicio.

El general retirado falleció en 2018 a los 91 años mientras se repetía el juicio en su contra por las masacres de los indígenas ixiles durante su régimen de facto.

“Es un caso impactante porque entre las víctimas habían 17 niños (entre 8 meses y 13 años de edad). La masacre fue perpetrada por fuerzas combinadas del Estado”, declaró a periodistas Lucía Xiloj, abogada de uno de los familiares de las víctimas.

Durante la apertura del juicio en el Tribunal de Mayor Riesgo D, el Ministerio Público (MP, Fiscalía) explicó que la masacre sucedió el 29 de julio de 1982 en el caserío Rancho Bejuco, en el departamento (provincia) de Baja Verapaz, unos 80 kilómetros al norte de la Ciudad de Guatemala.

Los hombres mayas Achí de esta comunidad agrícola no habrían aceptado unirse a las Patrullas de Autodefensa Civil y esto fue utilizado como excusa por el Ejército para su eliminación, detalla la acusación de la Fiscalía.

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El contingente militar encerró en una vivienda a las 25 personas y lanzó explosivos hacia la estructura. Posteriormente, fueron enterradas en una fosa común, explica la misma fuente.

Acusados

Los militares que enfrentan juicio por delitos contra los deberes de la humanidad son el comandante Juan Ovalle Salazar y los comisionados militares Mario Córdova y Santiago Cojón.

También están enfrentan proceso los expatrulleros Juan López, Carlos Sesam, Lauro Garrido, Lázaro Alvarado, Mario Garrido y Santos Cojón Galeano.

Persecución

De acuerdo con la Comisión para el Esclarecimiento Histórico (CEH), esta masacre cometida durante la dictadura de Ríos Montt ejemplifica “la persecución sistemática del Estado para eliminar a la población maya de la región”.

Sindicados
Mario Elfidio Córdova, Santiago Cojón Galeano, Lázaro Alvarado De Paz, Carlos Sesán Cajbón, Juan Ovalle Salazar, comandante de la base militar, Lauro Garrido Córdova, Mario Garrido Córdova, Juan López Sic y Santos Cojón Galeano. pic.twitter.com/Njpr3LLZbx

— Federación Guatemalteca de Escuelas Radiofónicas (@crfger) June 7, 2023

Durante el régimen de Ríos Montt se masacraron a 1 mil 500 indígenas del norte de Guatemala y por esos crímenes fue sentenciado por genocidio en 2013. Sin embargo la Corte de Constitucionalidad, máximo tribunal del país, revocó la sentencia días después.

El conflicto armado interno de Guatemala, que duró 36 años, dejó más de 250 mil víctimas entre muertos y desaparecidos, hasta la firma de la paz en 1996.

“Monseñor Gerardi trabajó principalmente por los derechos humanos y la búsqueda de la verdad“, declaró el arzobispo Gonzalo de Villa, durante una misa celebrada en honor a Gerardi en la Catedral Metropolitana de la Ciudad de Guatemala, ante la presencia de unas 300 personas.

Posterior a la misa, religiosos, líderes sociales e indígenas encabezaron una caminata hacia la parroquia de San Sebastián, lugar donde el obispo fue atacado a golpes con un objeto contundente el 26 de abril de 1998.

Los participantes de la caminata portaron cruces de madera, claveles rojos y playeras blancas con el rostro de Gerardi impreso al frente.

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Además, los seguidores de Gerardi denunciaron durante el recorrido que muchos de los crímenes cometidos durante el conflicto armado interno (1960-1996) por las fuerzas de seguridad del Estado guatemalteco siguen impunes.

A 25 años del crímen

Hace 25 años, Gerardi Conedera fue asesinado a escasos metros de su hogar y el crimen sucedió solo dos días después de haber publicado un informe titulado “Guatemala: Nunca Más” en el que se documentaban más de 54 mil violaciones a los derechos humanos durante la guerra civil guatemalteca.

El informe elaborado bajo la coordinación de Gerardi incluyó la identificación de autores de masacres y decenas de testimonios de las víctimas.

“Gerardi sigue vivo y este es un día para recordar que las fuerzas militares lo asesinaron para silenciarlo pero aún hay miles de familias exigiendo conocer el paradero de sus seres queridos desaparecidos”, declaró a EFE durante la caminata Rosalina Tuyuc, defensora de derechos humanos y sobreviviente del conflicto armado interno.

De acuerdo con el documento de Gerardi, más del 90 % de los delitos de lesa humanidad fueron cometidos por el Ejército de Guatemala, en un conflicto que dejó más de 200 mil muertos y al menos 45 mil desaparecidos.

Por el asesinato de Gerardi fueron condenados el sacerdote Mario Orantes y tres militares, en una sentencia en firme desde 2005: Byron Lima Estrada, Byron Lima Oliva y Obdulio Villanueva.

Con la presencia de diez jefes de Estado y Gobierno como testigos de honor se realizó la ceremonia efectuada en el Palacio Nacional, además la presencia de otros dos mil invitados y delegados de diversos sectores del país ubicados en el ala poniente del Palacio.

El presidente de la gubernamental Comisioón de la Paz, COPAZ, Gustavo Porras, inició los discursos al recordar los pasos que se dieron para llegar al convenio, y resaltó que se ha generado un compromiso para que la guerra fratricida no se repita jamás, pues la evolución democrática en el país ha permitido el logro de la paz, y reafirmado el compromiso de respeto de los Derechos Humanos.

El Acuerdo de paz firme y duradera, que consta de siete páginas, fue suscrito por los cuatro comandantes de la URNG: Rolando Morán, Pablo Monsanto, Carlos González y Jorge Rosal; así como por la COPAZ: Gustavo Porras, Raquel Zelaya, Richard Aitkenhead Castillo y el general Otto Pérez Molina.

Otro de los firmantes fue el secretario general de la Organización de Naciones Unidas, Boutros Boutros Ghali, quien de esta forma dejará el cargo de dicho foro internacional, el cual, dijo, seguira? apoyando el proceso de paz en Guatemala.

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Por su parte, el presidente Arzú estampó su firma como testigo de honor, lo cual fue ovacionado por los asistentes a la ceremonia que se desarrolló con lentitud por algunos atrasos en el programa, y la incomodidad para los medios de comunicación que cubrían el histórico evento. Además, firmaron el documento los presidentes de Centroamérica, Venezuela, Colombia y el jefe del Gobierno español, José María Aznar.

La ceremonia, que fue trasmitida a través de la cadena nacional de radio y televisión fue seguida de cerca por miles de guatemaltecos que abarrotaron la Plaza de la Constitución donde, a través de pantallas gigantes se pudo seguir minuto a minuto la ceremonia que se desarrollaba en el interior del Palacio.

La lectura del Acuerdo final de paz firme y duradera fue hecha por el Canciller, Eduardo Stein, quien indico? que en horas del mediodía los comandantes guerrilleros y los integrantes de la COPAZ habían firmado el cronograma del cumplimiento de todos los acuerdos de paz, que incluyen la desmovilización de los insurgentes.

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La Llama de la Paz

En la Plaza de la Constitución se respiraba un ambiente de júbilo. Unas cincuenta mil personas entre familias, jóvenes, organizaciones sindicales, representantes de organizaciones indígenas acudieron a presenciar el acontecimiento de la firma de la paz. Como en una celebración de feria, no faltaron los algodones, chupetes, gorras para el sol y los banderines de colores con motivos alusivos a la paz.

En medio de la algarabía que se vivía esa noche en el Parque Central, el presidente de la República, Alvaro Arzú Irigoyen, acompañado del comandante guerrillero Rolando Morán, encendió al pie de la bandera la llama de la paz que simboliza el fin del conflicto armado en el país.

Arzú, quien luego de los actos dentro del Palacio Nacional, salió al parque a anunciar la suscripción de los acuerdos, se vio acompañado por la comandancia general de la Unidad Revolucionaria Nacional Guatemalteca, URNG, así como de los integrantes de la gubernamental Comisión de la Paz, COPAZ.

En momentos que la música de la marimba y la chirimía deleitaban a los miles de asistentes, Arzú tomó el micrófono para unirse a la fiesta que concluyó hasta la madrugada, la cual incluyó un concierto de Alux Nahual.

Tanto el presidente Arzú como los dirigentes de la URNG se dirigieron a los ciudadanos congregados en la Plaza. Al finalizar recibieron una antorcha con la que encendieron la llama de la paz, que estaría en medio de la Plaza de la Constitución, como un recordatorio de que la paz ha llegado al país.

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Cronología del conflicto

• 1960: Militares Luis Turcios Lima, Marco Antonio Yon Sosa y César Montes se sublevan y tras levantamiento fallido contra el presidente Miguel Ydígoras Fuerites, forman las Fuerzas Armadas Rebeldes (FAR), primera guerrilla del pai?s.
• 1969: Bajo el mando del General Carlos Arana Osorio, las FAR son derrotadas en el oriente y nororiente del país.
• 1972: Sobrevivientes rebeldes que huyeron hacia México, ingresan por Quiché, para crear el Ejército Guerrillero de los Pobres en la región de Ixcán.
• 1977: La administración del presidente Jimmy Carter suspende la ayuda militar norteamericana para Guatemala.
• 1979: Nace el grupo Organización Revolucionaria del Pueblo en Armas (Orpa) bajo el mando de Rodrigo Asturias, alias Gaspar Illom.

• 1981: Julio: la guerrilla trabaja para fortalecer el área de dominio en el noroccidente del país y declararlo zona liberada. Noviembre: El Ejército lanza ofensiva sobre guerrilla en Quiché y Huehuetenango, en el mayor éxito militar. Se crean las PAC.
• 1982: febrero: FAR, EGP, ORPA y PGT forman la Unidad Revolucionaria Nacional Guatemalteca, URNG. abril: Gobierno de Ríos Montt crea programa contrainsurgente, Seguridad y Desarrollo, que tiene como primera etapa el Plan Fusiles y Frijoles.
• 1991: Se inicia el diálogo directo entre el Gobierno y la URNG.
• 1995: Gobierno se reúne con la comandancia de la URNG y acuerdan firmar la paz en 1996. En marzo, la URNG decreta el cese de fuego.
• 1996: 29 de diciembre se firma la paz.

Los militares veteranos habían anunciado jornadas de bloqueos y protestas en todo el país, pero participaron solamente en una concentración en la Plaza de la Constitución en donde manifestaron su rechazo a la recién aprobada ley.

Uno de los militares veterano, les preguntó públicamente a sus compañeros si estaban de acuerdo en mendigar Q36 mil al Gobierno, a lo que todos respondieron: “No estamos dispuestos a mendigar Q36 mil”.

Además, dijeron: “No estamos de acuerdo en recibir 1 mil quetzalitos mensuales”, en referencia a que la nueva ley temporal estima el pago de Q1 mil mensuales a los veteranos militares, durante tres años, que cumplan con los trabajos de reforestación y cuidado del medioambiente.

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El militar veterano comentó que ellos rechazan el Decreto 51-2022 porque ellos no están pidiendo trabajo, sino que están exigiendo un pago por el trabajo que realizaron durante el conflicto armado interno.

Señaló que en el Ministerio de la Defensa se reportó que eran 98 mil 561 veteranos, pero la Asociación de Veranos de Guatemala (Avemilgua) está reportando más de 354 mil.

Según los militares veteranos, esto se debe a que el Gobierno quiere robar dinero a costillas del pueblo de Guatemala.

“Nosotros no somos méndigos, nosotros cumplimos en la montañas y por eso ese pabellón ondea a los cuatro vientos y por eso Guatemala es libre, independiente y soberana, a costa del veterano militar que ofrendó su vida en la montaña”, dijo.

Enrique López, representante de Occidente de los militares veteranos, señaló que la inconformidad que tienen es porque la aprobación de la mencionada ley es solamente una muestra de corrupción, pues integraron a más personas de los que realmente lucharon durante el conflicto armado.

Dijo que si el Gobierno tiene la capacidad de pagarle Q36 mil a más de 354 mil, es porque sí puede pagar más de Q120 mil a los casi Q100 mil a los verdaderos veteranos militares.

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Eliminan hoja de servicio militar

López dijo que con la recién aprobada ley eliminó de los requisitos la hoja del servicio militar, que solo tienen los soldados, y añadió que se eliminó este requisito para civiles puedan cobrar el dinero solo presentando su Documento Personal de Identificación.

“Nosotros pasamos años luchando por esa hoja, hasta el día de hoy se sigue luchando por esa bendita hoja que la da el Estado Mayor; sin embargo, eliminan eso ahora para que con el DPI puedan cobrar civiles. Esta es una iniciativa civil y discriminativa”, comentó López.

Añadió que el Gobierno lo que quiere es mandarlos a trabajar, cuando ellos ya cumplieron con su trabajo durante el conflicto armado.

“A la contraparte -los combatientes de la guerrilla- no los mandaron a trabajar, les dieron así de fácil -el dinero- y más de lo que nosotros estamos pidiendo”, afirmó López.

Compra de votos

Según López, la ley recién aprobada lo que pretende es pagar los Q36 mil a distintas personas para obtener votos para el partido oficial, de cara a las próximas elecciones.

Reconoció que los gobiernos de turno han utilizado a Avemilgua cada cuatro años para la política y obtener votos, pero ahora las organizaciones son independientes y van a luchar.

Reconoció que hay la iniciativa 5664 sí la están apoyando los verdaderos militares veteranos, pues esa sí los beneficia.

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Se quedarán toda la semana

López reconoció que permanecerán en la capital toda la semana y esperan una respuesta positiva a su iniciativa de ley y si eso no ocurre, la otra semana habrá bloqueos a nivel nacional.

“Ya estamos cansados y nosotros ya no podemos más. El veterano militar ya está muy cansado y espero en Dios que esto no vaya a llegar a algo más serio, pues porque es la verdad pero ya no queda en manos de nosotros ya no queda en nosotros los líderes del gobierno si sucede algo más por la mala actitud”, dijo López.

“Quieren mandar al veterano militar a realizar trabajos de siembra de árboles, recoger basura en las cuencas de los ríos, por lo tanto, nosotros combatimos en la montaña en el año 1960 al 1996 por lo tanto pues la compensación que se está pidiendo en la iniciativa de ley 5664 el veterano ya la tiene ganada”, comentó Edwin López Pérez, otro veterano militar.

Impugnan la ley

Jorge Vega de León, uno de los representantes de los veteranos militares, afirmó que el pasado viernes interpusieron un amparo ante la Corte de Constitucionalidad contra el Decreto 51-2022 que da vida a la Ley Temporal de Desarrollo Integral pues no respetaron y aprobaron una ley que no beneficia ni le pertenece a los veteranos militares.

“Esta ley no beneficia al veterano militar sino que al contrario, lo discrimina y viola los derechos humanos de cada veterano militar que peleamos por la paz y la soberanía de nuestro país”, refirió Vega.

Agregó que no pueden aceptar que los manden a trabajar por Q1 mil sí la ley ampara que el salario mínimo es de Q3 mil. “En qué cabeza cabe que ellos como legisladores, como Congreso de la República quieran que el veterano acepte y tenga requisitos y que sea supervisado por entidades civiles que no tuvieron nada que ver en el conflicto armado interno, eso no es correcto”, concluyó.

Aunque su título no sea claro, esta nueva normativa autoriza al Estado de Guatemala a hacer un pago de Q36 mil a militares en situación de retiro durante los siguientes tres años, toda vez se inscriban ante el Ministerio de Desarrollo Social (Mides) para trabajar en proyectos a favor del medio ambiente.

La propuesta de ley ha recibido críticas porque no cuenta con una fuente de financiamiento. Una de las enmiendas de último minuto da vida a este pago para los veteranos del Ejército sustentado en una nueva ampliación presupuestaria a favor del Mides.

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Para ellos el Ministerio de Finanzas (Minfin) puede hacer uso de los saldos de caja o de cualquier otro recurso disponible o necesario para hacer efectiva la nueva responsabilidad financiera, refiere la ley.

Aunque la propuesta está enfocada a favor de militares retirados no todos la apoyaban, puesto que sus intereses estaban puestos en otra iniciativa que en vez de garantizarles Q36 mil les ofrecía Q120 mil.

Antonio Pérez Lux, uno de los líderes de los militares en situación de retiro que representa a la organización Veteranos de Guerra por Guatemala, afirmó que no tiene sentido continuar insistiendo por la iniciativa de los Q120 mil.

Esto no significa que las amenazas que algunos grupos hicieron el pasado miércoles en los alrededores del Congreso se disipen, ya que existen varias organizaciones de militares retirados que aún esperan por la iniciativa que ofrece más dinero.

Pérez Lux, en entrevista con Prensa Libre, se reconoce como representante de unos 16 mil veteranos y ellos sí desisten de las medidas de hecho, porque estarían aceptando las condiciones de la nueva ley.

¿Cómo ven la actitud del Congreso con la aprobación de la iniciativa 6073?

Se movió de una manera política, automáticamente el señor Presidente de la República lo que quería era salir de su compromiso, eso en el sentido de cumplir con la promesa que hizo. Ya le queda muy poco tiempo y lo hizo esperando el apogeo político de la campaña electoral.

El veterano ya despertó, no está dormido, y ya no es el mismo de antes. Yo tuve problemas por pronunciarme ante la Junta Directa del Congreso con algunos diputados que nos apoyaban, pero yo sigo trabajando y sigo en la lucha.

Ahora conformándome con lo que autorizó el Estado de Guatemala a través del Congreso, y esperamos que nos respondan.

¿Van a aceptar esa iniciativa?

Ya fue aceptada, porque hoy -jueves 13 de octubre- supuestamente íbamos a tener pronunciamientos pero no hay mayor movimiento, entonces al menos mi persona está aceptando eso, porque no hay de otra.

¿Entonces van a dejar de solicitar la otra iniciativa, la que ofrecía un pago de Q120 mil?

Al menos mi persona ya no va a seguir, llevo cinco años de lucha y para mí esto ya es cansado, si esto es un logro me debo de conformar con lo que se logró.

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¿Ha conversado con otros veteranos para saber cómo recibieron ellos la aprobación de la ley?

Mi gente está conforme, las personas que están bajo mi cargo están conformes, ahora los otros sí están inconformes con mi postura, pero yo no puedo nadar contra la corriente.

Esa ley ya es una orden del señor presidente, de la señora presidenta del Congreso, con el apogeo de 81 diputados votando a favor de esa ley…yo tengo que buscar el beneficio para mi gente.

¿Cuántas personas aglutinan la asociación Veteranos de Guerra por Guatemala?

Mi organización tiene un aproximado de 16 mil 800 veteranos del Ejército, puede ser que los 16 mil sí acepten está nueva ley, pero aún debo de hacer los consensos y visitar las comunidades.

Las organizaciones de veteranos del Ejército esperan recibir del Estado Q120 mil cada uno, todo después que la iniciativa 5664 incluyera en su articulado este benéfico económico para los militares retirados.

Esta propuesta de ley se presentó en Dirección Legislativa el 29 de noviembre del 2019 y fue firmada por los diputados del bloque Todos, Felipe Alejos y Ana Victoria Hernández.

El primero continúa como legislador en la novena legislatura, la segunda es actualmente diputada por el Parlamento Centroamericano (Parlacen), pero su iniciativa de ley quedó casi en el olvido.

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De manera recurrente las manifestaciones de los veteranos del Ejército recuerdan la iniciativa, sin que sus ponentes expliquen que tanto o no ha caminado la propuesta dentro del Palacio Legislativa.

Según el portal web del Congreso de la República la iniciativa 5664 fue designada a las comisiones legislativas de Finanzas, Defensa Nacional y Derechos Humanos, pero según el portal en casi tres años ni siquiera cuenta con un dictamen.

Lo anterior representa un primer obstáculo para su aprobación, ya que al no contar con un dictamen a favor es imposible que la Junta Directiva del Congreso puedan al menos agendarla para su primera lectura.

Pero expertos han dicho en el pasado que las complicaciones para la aprobación de la 5664 rebasan la buena voluntad política, ya que existen aspectos de índole técnico que no han sido resueltos.

¿Cuántos militares son?

Ni siquiera los diputados saben con precisión a cuantas personas se podría beneficiar con esta iniciativa de ley, por lo que solicitaron un informe al Ministerio de la Defensa que será complejo de hacer.

Por la época en que estas personas prestaron su servicio no existía una base de datos digital, lo que complica saber quiénes prestaron sus servicios durante el Conflicto Armado Interno.

¿De dónde saldrá el dinero?

La fuente de financiamiento es otro aspecto que no contempla la iniciativa 5664 lo que ha traído complicaciones a la Comisión de Finanzas para elegir un rubro para el pago de este resarcimiento, ya que no saben con certeza de donde podría salir este dinero para efectuar el pago.

Por ser una cantidad no precisa de militares no se conoce tampoco la cantidad de recursos necesarios, por lo que la modalidad y forma de pagos son otras de las interrogantes que siguen pesando sobre la iniciativa.

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Expertos en Derecho Constitucional han afirmado que el artículo 155 desde ya prohíbe la aprobación y entrada en vigencia de esta ley, ya que este numeral de la Constitución Política de la República de Guatemala impide el pago de resarcimiento a cualquier persona por daños ocurridas durante el Conflicto Armado Interno.

¿Qué harán ahora los diputados?

Como una primera acción el diputado Aníbal Rojas, quinto secretario de la Junta Directiva del Congreso, explicó que se van a reunir con los manifestantes para conocer a profundidad sus demandas.

“Creo que son demandas justas, son demandas justas las que ellos están presentando, hay que analizarlas y ver también la posibilidad que se les cumpla lo que están solicitando. No en todo se puede cumplir pero se puede buscar una salida y solución a las peticiones”, señaló.

No es la primera vez que los veteranos del Ejercito se reúnen con diputados para buscar la aprobación de la iniciativa 5664, que en casi tres años ni siquiera cuenta con un dictamen para que su aprobación sea al menos considerada.

La propuesta se encuentra en Dirección Legislativa y se identifica con el número de iniciativa 6099, ley de fortalecimiento para la paz, la cual busca que quede sin efecto la responsabilidad; además ordena a los tribunales que ordenen la libertad a las personas que hayan sido sentenciadas, aunque la sentencia esté en firme y si el proceso se está desarrollando en primera instancia, el juez debe cerrar el caso penal.

Entre los legisladores que impulsan la iniciativa de ley se encuentra Manuel Conde Orellana, precandidato presidencial del partido Vamos, Boris España de Todos, Javier Hernández de FCN y José Alberto Sánchez Guzmán, quienes buscan que los actos ocurridos durante el conflicto armado no sean juzgados y los que ya enfrentaron juicio sean perdonados.

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El principal argumento de los ponentes es que los hechos por los que se les ha juzgado a militares y paramilitares, por delitos cometidos durante la guerra civil en el país, en contra de población civil, no estaban tipificados en la legislación nacional,

Es contraria a estándares internacionales

A criterio de Héctor Reyes, abogado del Centro para la Acción Legal en Derechos Humanos (Caldh) una de las particularidades que llama la atención en dicho proyecto de legislación “ya están indicando a que tipo de personas se les va a otorgar la amnistía” y agregó que es contraria a criterios internacionales, tratados y convenios ratificados por el Estado de Guatemala en los cuales se reconoce la importancia de investigar, juzgar y sancionar las graves violaciones a los derechos humanos cometidos.

Reyes explica que a diferencia de otras iniciativas que fueron presentadas con anterioridad, está 6099 busca beneficiar a grupos militares e insurgentes “con la regulación de una amnistía general” de todos aquellos delitos que se pudieron cometer en “un período especifico y ya se habla del período del conflicto armado interno”.

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De aprobarse dicha iniciativa, el profesional considera que representaría “un grave retroceso en materia de derechos humanos y dañarían a todas las victimas sobrevivientes” y agregó que Guatemala necesita justicia y “esto no puede quedarse en la impunidad, son delitos de lesa humanidad” en donde las personas responsables deben enfrentar a la justicia puesto que representa un resarcimiento para las víctimas.

De acuerdo con Ramón Cadena, abogado independiente subrayó que ese tipo de leyes están “prohibidas por el derecho internacional. Ya lo ha establecido así en varias sentencias de la Corte Interamericana de derechos humanos y al aprobarse “sería contraría al pacto de San José” que fue ratificado por Guatemala.

El intento de pasar un capitulo

Uno de los ponentes es el diputado Alberto Sánchez, quien refiere que la iniciativa es un tema de “superación de sociedad y como seguir construyendo democracia” y reconoce que la misma podría generar más debates y de aprobarse sería “un avance porque sería intentar pasar un capitulo de la historia del país que nos ha dejado mucha polarización” dijo.

El legislador considera que la misma busca “intentar superar la fractura del tejido social” y considera que hay situaciones que “son extremadamente personales” como el fallecimiento de los familiares de los bandos y hace referencia que las generaciones actuales “transmiten otras ideas” e intentar enfocarse en otras cosas.

Sánchez mencionó que “un castigo contra quienes supuestamente hicieron algo no nos hace avanzar” y considera que para superar todo lo que generó el conflicto armado es el impulso de una politica pública que brinde un “seguimiento concreto y ayude a sanar” a quienes pueden estar en busca de una respuesta por los daños que generó y agregó que la iniciativa es solamente un “aporte, no una completa solución”.

De la preeminencia

Es importante mencionar que la Constitución Política de la República de Guatemala, en su artículo 46 establece que, en materia de derechos humanos, los tratados aceptados y ratificados por Guatemala tienen preeminencia sobre el derecho interno. Esto ha sido confirmado tanto por tribunales guatemaltecos como por cortes internacionales y es una norma primordial del derecho internacional. Por lo tanto, el Estado no podría invocar la soberanía para legislar en contra de leyes que implementan normativas internacionales.

Guatemala firmó el pacto de San José en 1969 y entró en vigencia en 1978, en el que se comprometió a respetar los derechos y libertades reconocidos en ella y a garantizar su libre y pleno ejercicio a toda persona que esté sujeta a su jurisdicción, sin discriminación alguna.

Sin embargo, los delitos de desaparición forzada y tortura, establecidos en la Ley de Reconciliación Nacional en 1996, no pueden ser amnistiados, derivado a que no hay extinción de responsabilidad para quien haya sido condenado por este delito o por quien esté siendo acusado de haberlo cometido.

El Código Penal, en su artículo 201 TER establece: “se considera permanente en tanto no se libere a la víctima”, es decir, mientras no se sepa lo que ocurrió con cada una de las personas desaparecidas el delito se sigue cometiendo.

Otros intentos

No es la primera vez que en Legislativo se presenta una iniciativa de ley que busca beneficiar con amnistía, el primero fue en 2018 fue presentada la iniciativa 5377 con la que pretendían reformar la Ley de Reconciliación Nacional.

Mientras que el segundo intento fue en septiembre de 2021, el diputado de Valor y actual presidente de la Comisión de Derechos Humanos, Antonio Arenales Forno, presentó la 5920, ley de consolidación de la paz y la reconciliación.

En ambos proyectos de ley se buscaba beneficiar a grupos militares, en la más reciente que es la iniciativa 6099, se incluyen a los grupos insurgentes.

Las investigaciones

En los casos que se desarrollaron en los tribunales de justicia de Guatemala se puede mencionar, el de la violencia contra las mujeres achí:  El 24 de enero de 2022 fueron condenados a 30 años de prisión cinco militares retirados por violencia sexual y esclavitud en contra de mujeres de la etnia maya Achí.

En la actualidad el caso se encuentra en apelación promovida por parte de los acusados, quienes se oponen a las medidas de reparación dictadas por el tribunal.

El pasado 23 de mayo el juez Miguel Ángel Gálvez envió a juicio a nueve militares y la extinta policía nacional acusados de desaparición forzada y asesinato, en el caso denominado Diario Militar.

En 2016 fueron condenados a de 120 a 240 años de prisión dos militares por ejercer esclavitud sexual y doméstica a las mujeres de la comunidad de Sepur Zarco, en Izabal.

Por 39 años la familia del niño de 14 años Marco Antonio Molina Theissen buscó justicia por su secuestro y desaparición forzada. En 2018, el tribunal condenó a cuatro militares por este hecho, aunque los restos de Marco Antonio siguen sin encontrarse.

La propuesta

En su artículo 2 dice el proyecto de ley que “se prohíbe el juzgamiento por acciones u omisiones incurridas durante el enfrentamiento armado interno por miembros del Ejército de Guatemala y demás fuerzas de seguridad del Estado, así como a miembros de grupos insurgentes. Y en su artículo 3 se reconoce el derecho de amnistía a los oficiales y demás cuerpos de seguridad del Estado.

En su artículo 4 se proponen los procedimientos para que las personas que hayan sido juzgadas y con una sentencia firme, sean dejadas en libertad inmediata, en la audiencia que corresponda, por el juez de ejecución; para quienes hayan sido condenados, pero no tengan una sentencia firme, el tribunal de sentencia que los condenó, deberá realizar el mismo procedimiento; y para quienes estén ligados a proceso, el juez que tenga a su cargo el caso, deberá decretar el sobreseimiento, la libertad inmediata y el cese de cualquier otra medida que le haya sido impuesta; y finalmente, para quienes tengan “orden de aprehensión, el juez que la haya emitido, deberá revocarla y desestimar y sobreseer la causa penal en su contra”.

Asimismo, la iniciativa señala que el Ministerio Público (MP) tendrá que dejar de ejercer la acción penal de procesos que se encuentren en investigación por hechos cometido durante la guerra; además, dice que el sobreseimiento, la desestimación y la libertad inmediata a favor de cualquier beneficiado es “inapelable”; y la ley tendrá efectos retroactivos cuando favorezcan al reo, procesado, acusado o condenado.

Según informó el MP, la Oficina Nacional de Prevención de la Tortura (ONPT) presentó denuncia en contra Paz y Paz por una instrucción que emitió con relación a como se debía de investigar casos de graves violaciones de derechos humanos durante el conflicto armado. 

La denuncia también es contra Elena Gregoria Sut Ren, agente fiscal de Derechos Humanos. 

Agregó que la denuncia contra la exjefa del MP y la fiscal es por el delito de abuso de autoridad y que el caso estará a cargo de la Fiscalía de Asuntos Internos.  

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En la denuncia se menciona que cuando Paz y Paz era jefa del MP giró instrucciones e inició una persecución penal por violación de derechos humanos, en 2011, durante un proceso que se lleva por un caso durante el conflicto armado interno. 

El documento establece que hubo una “persecución penal específica y selectiva en contra de Manuel Benedicto Lucas García, Raúl Dehesa Oliva, Carlos Augusto Garavito Morán, César Augusto Cabrera Mejía, José Antonio Vásquez García, así como Byron Humberto Barrientos Díaz, César Augusto Ruíz Morales y Juan Ovalle Salazar”. 

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En la denuncia se aduce que el delito por los que se les señaló a los sindicados, delitos conta los deberes de la humanidad, entró en vigor en junio de 1996, mientras que los hechos por los que se les sindica ocurrieron el 29 de enero y 15 de marzo de 1987, por lo que se simuló delitos que no estaban tipificados al momento de que ocurrieron los supuestos hechos. 

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El Centro por la Justicia y el Derecho Internacional (CEJIL) anunció en febrero de 2019 que Claudia Paz y Paz se integraba como directora de CEJIL para el programa de Centroamérica y México, con oficina en San José, Costa Rica, y sería para liderar a “un equipo comprometido en el avance y la promoción de derechos humanos en la región”.

El memorial es un recorrido por diferentes salas, en formato digital, que comienza mostrando fotografías de los lugares en donde se llevó a cabo el conflicto armado, una cronología de los hechos violentos contra los pueblos indígenas y las personas que fallecieron.

Para dar nombre, cara y recuerdo a las víctimas, la Oficina de los Derechos Humanos del Arzobispado de Guatemala (ODHAG), comenzó desde el 2021 la construcción del memorial virtual. Con el apoyo de diferentes organizaciones nacionales e internacionales recolectaron valiosos archivos que dignifican a las víctimas y a sus familiares.

“Cuando nos quitan a un ser querido algo en el tiempo que se quiebra, se detiene, algo parecido a lo que ocurre a lo que pasa cuando se rompe el hilo en un bordado”, narra la voz de una mujer indígena ixil, quien es la que guía y da una introducción a cada sala del memorial.

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Dentro del memorial se encuentra el libro Memoria víctimas del genocidio, en el que se muestran fotografía e historias de los desaparecidos y las víctimas, ordenados por fecha. Este también está disponible para descargar en formato PDF.

Puede visitar el Memorial Virtual de las Víctimas del Genocidio en el siguiente enlace: www.memorial-genocidio-guatemala.org/

Invitación a enviar más datos

Luisa Nicolau, de la ODHAG, indica que el memorial puede ser editado para que más personas envíen información y fotografías de sus familiares que fuero víctimas del conflicto armado interno. “Hacemos la invitación para que nos ayuden a complementar el memorial. Todos aquellos que guarden recortes de prensa, que tengan fotografías o información pueden enviarlas al correo memorialgenocidioguatemala@gmail.com”, comenta.

La ODHAG pone a disposición del público, un correo para las personas que quieran compartir las historias de vida y fotografías de sus víctimas del Conflicto Armado Interno en el Memorial Virtual de las Vïctimas del Genocidio en Guatemala.

Es: memorialgenocidioguatemala@gmail.com pic.twitter.com/YAjgFmm0tp

— odhag_gt (@odhag_gt) March 2, 2022

“Previo a presentar el memorial realizamos una visita a la comunidad Ixil para dárselos a conocer. Para ellos es dignificante para la memoria de sus seres queridos. Además, están contentos de que sea en formato digital, porque de esta forma familiares que han migrado o que por el mismo conflicto armado tuvieron que salir del país, podrán compartir la historia desde donde se encuentren”, agrega Nicolau.

Colaboradores

Para la recuperación de archivos se tuvo el apoyo del Centro para la Acción Legal en Derechos Humanos (CALDH), la Asociación de Familiares de Detenidos-desaparecidos de Guatemala (Famdegua), la Asociación Movimiento de Víctimas para el Desarrollo Integral del Norte del Quiché, Asociación Campesina para el Desarrollo Integral Nebajense, Asociación Ajkemab’ Rech K’aslemal (Tejedores de Vida) y la Asociación para la Justicia y la Reconciliación.

Además, tuvieron la colaboración de los fotógrafos Jean Marie Simons, James Rodríguez y Mauro Calanchina.

PRESENTACIÓN PÚBLICA: MEMORIAL VIRTUAL DE LAS VÍCTIMAS DEL GENOCIDIO EN GUATEMALA https://t.co/oPHYWsodux

— odhag_gt (@odhag_gt) February 25, 2022

La presencia del grupo, armado con palos, machetes y, según ellos mismos, bombas Molotov, ha coincidido cuatro veces este año con episodios políticos convulsos. Esta vez, salen justo en medio de las negociaciones en el Congreso de la Junta Directiva del 2022, en la que, por primera vez, existe un peligro real de que no sea del oficialismo y los pocos aliados que conserva.

Las exigencias del grupo de exmilitares son simples: que se les otorgue un pago de Q120 mil a cada uno y se les permita acceder a tierras y seguro médico. Sus solicitudes las fundamentan en un compromiso político que dicen tener con el presidente Alejandro Giammattei, que les prometió en campaña, a cambio de votos, ese beneficio, promesa que renovó Felipe Alejos, de Todos, al presentar una iniciativa para que se convirtiera en ley.

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Ahora, estas exigencias están en un entuerto técnico, porque nadie sabe cuántos exmilitares son y, por consecuencia, todos ignoran cuánto dinero se necesitará para cumplir con el pago.

El panorama se complica un poco más cuando los manifestantes emplazan al Congreso a que resuelva su situación en una semana o, caso contrario, seguirán en las calles pero se alejarán de cualquier actitud pacífica para protestar.

Les dan una semana

Los veteranos del Ejército cumplieron esta semana con una serie de bloqueos a nivel nacional.

La medida no era pacífica. “Nosotros no queremos hacerle daño a la gente, no queremos quitarle la labor, pero también tenemos derecho de estar aquí”, comentaban los primeros los manifestantes.

Otros, incluso, con palos modificados como armas lanzaban amenazas como: “yo tengo entrenamiento israelí” o afirmaban que iban preparados por si tenían que usar la fuerza. “La mayoría andamos cargando la botella de gasolina”, decían.

Pero aunque depusieron la medida, el grupo se fue con la promesa de regresar la próxima semana y con más fuerza para exigir la indemnización de Q120 mil, si no se les da garantías, según informó Jorge Vega, representante de los inconformes.

“Si para el viernes —hoy— todavía no hay nada concreto, el lunes o martes los muchachos vuelven a las calles, y ahí que ya vienen con más fuerza y coraje y eso es lo que no queremos, pero de ellos —las autoridades— depende”, dijo.

De momento, les urge conocer el estado de fuerza, es decir, la cantidad de veteranos para que la Comisión de Finanzas evalúe la posibilidad de incluirlos en el presupuesto para el 2022.

“Lo que queremos es que nos diga el Ministerio de la Defensa (Mindef) y se comprometa, para que no pase de esta semana la entrega del estado de fuerza, para que, con base en ese primer grupo, las tres comisiones legislativas se sienten a dialogar con nosotros para acordar y negociar la cantidad, cosa que tal vez va a estar duro, pero andamos en estas vueltas”, refirió.

Imposible en una semana

Por su parte, al Mindef la información de las asociaciones de veteranos del Ejército retirados llegó mal y tarde, lo que complica el cruce de datos, según explicó Rubén Téllez, vocero de la cartera.

“Los listados que entregaron los veteranos los entregaron a finales de septiembre, y en algunos formatos que no facilitan en nada la búsqueda de información para cotejar; esto está llevando tiempo. Otro asunto es que algunos solo aparecen con un nombre y un apellido, entonces, hay una cantidad enorme de homónimos, que es otra parte que hay que descartar”, explicó.

Para poder depurar los listados y dictaminar a quiénes corresponde un eventual pago podría llevar al menos un mes.

“Hay muchos archivos del Ejército de Guatemala que no están en digital; entonces, hay que buscarlos en archivos físicos, y esto también lleva tiempo. Lo que tenemos proyectado, tal vez de manera muy optimista, es que sea cuestión de un mes para poder entregar ese listado. Se está trabajando a doble tiempo, pero tampoco podemos sacrificar la calidad del resultado por la velocidad, porque esto a la larga tendrá un efecto legal”, dijo Téllez.

Actitud de terroristas

Sin entrar a analizar si la exigencia de los veteranos de Ejército es justa o no, el analista Francisco Quezada, del Centro de Investigaciones Económicas Nacionales, opinó que la conducta de los manifestantes puede ser calificada de ilícita y delictiva.

Afirmó que cualquier bloqueo va a estar impuesto bajo la fuerza, algo que claramente vulnera las garantías y libertades del resto de civiles que necesita movilizarse para cumplir con sus actividades económicas.

“Se va a causar daños a una población ajena e inocente, para con ello mandar un mensaje al Gobierno, del que quieren tomar un recurso. Esta es una lógica perversa, pero más una lógica característica de tipo terrorista.

Agregó: “Nadie, por causas justas que tenga, puede utilizar un método donde se presione al Gobierno sacrificando a la ciudadanía trabajadora e inocente”.