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MP y Cicig estiman más de Q50 millones en sobornos en Salud y piden retiro de inmunidad de diez diputados

Tue, 16 Jul 2019 20:44:39 +0000

La Fiscalía Especial Contra la Impunidad (Feci), del Ministerio Público (MP), y la Comisión Internacional Contra la Impunidad en Guatemala (Cicig) realizaron hoy, 16 de julio, diligencias en relación con un caso de corrupción a gran escala en el Ministerio de Salud Pública, por hechos ocurridos entre 2012 y 2014, en el cual estiman cobros de sobornos por Q53.9 millones, a través de empresas contratistas coludidas con los funcionarios.

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El caso involucra al exministro de Salud, Jorge Villavicencio, durante el gobierno del Partido Patriota, a la hija de este, Saraí Villavicencio Delgado, y al exdiputado Luis Fernando Pérez Martínez, como presuntos cabecillas de una estructura dedicada a cobros ilícitos por proyectos de remoción y reparación de hospitales, durante el estado de Calamidad por el terremoto de San Marcos. Así como por otros eventos de construcción de hospitales, compra de bienes en el ministerio y adjudicación de plazas en la institución a personas recomendadas por diputados del Congreso de la República.

La investigación está fundamentada con miles de correos electrónicos, registros documentales, eventos de compras, análisis criminalísticos, un colaborador eficaz involucrado en la recolección del dinero y complementado con otros dos colaboradores eficaces con conocimiento del método de cobro de la estructura.

Cooptación del Ministerio de Salud

Según el expediente del MP, al menos 118 personas se encontraban involucradas en la estructura criminal. Se han solicitado 28 órdenes de captura, 84 citaciones y 10 solicitudes de retiro antejuicio contra diputados del Congreso de la República.

Durante los allanamientos ejecutados este 16 de julio fueron capturadas 19 personas, quienes después de escuchar los motivos de su detención fueron enviadas a prisión provisional a la cárcel Mariscal Zavala.

La imputación señala que la estructura comenzó a operar cuando Villavicencio asume como ministro de Salud Pública en el 2012. Su hija Saraí Villavicencio Delgado, junto a Luis Fernando Pérez, entonces diputado, presuntamente habrían montado una estructura en la institución para facilitar la contratación de obras públicas y compra de bienes y servicios a través de la colocación de sus allegados en puestos claves en la institución.

Los diputados contra los que el MP solicita retiro de antejuicio han sido relacionados por su presunta intervención en procesos de remozamiento de hospitales, así como por solicitar plazas fantasma o presumiblemente pedir a Villavicencio plazas en la institución para sus recomendados, señalan las pesquisas.

En contratos de remozamiento o reparación de hospitales, a raíz del terremoto de San Marcos de ese año, según la imputación, se habrían cobrado Q17 millones, en la construcción de nuevos centros en Quiché, Baja Verapaz, Sacatépequez y Villa Nueva se habrían cobrado sobornos por Q36 millones. Mientras que preliminarmente se estima en Q900 mil el cobro de sobornos por contratos de bienes para el Ministerio de Salud.

En la imputación también se incluye a Jaime Pérez Castillo, sobrino del expresidente Otto Pérez Molina; y entre los contratos por los que se intentó cobrar una comisión, sin lograrlo, un proyecto de construcción de un hospital modular en Mixco, por entre Q75 millones y Q80 millones, cuando Otto Pérez Leal, fungía como alcalde de ese municipio. La adjudicación del proyecto, sin embargo, ya no se llevó a cabo, indican las autoridades.

La investigación continúa en desarrollo para determinar los cobros realizados por 450 plazas en el ministerio que habrían representado favores políticos a diputados, cobros mensuales a la organización o posibles plazas fantasma.

En la indagación, realizada luego de tres años de análisis de información documental y testimonial, también se relaciona al exdirector del Instituto Guatemalteco de Seguro Social, Juan de Dios Rodríguez, cuando este era secretario privado del entonces presidente Pérez Molina. Rodríguez, presuntamente se habría beneficiado, a través de intermediarios, de algunos contratos de remozamiento de centros de salud y hospitales.

Diputados involucrados

La pesquisa también incluye como presuntos intermediarios en cobros ilícitos para el remozamiento de hospitales al diputado Estuardo Galdámez, excandidato presidencial de FCN-Nación, para contratos en el hospital de Quiché; al diputado Boris España, candidato en las pasadas elecciones por Todos, para un hospital en Chiquimula; así como a los exlegisladoress Rolando Pérez Betahncourt, de Sacatepéquez, y Roberto Kestler, de Chimaltenango, para el remozamiento del hospital de Antigua Guatemala.

La imputación incluye la solicitud de antejuicio contra diez diputados al Congreso de la República:

Boris España, por los delitos de asociación ilícita, cobro ilegal de comisiones, lavado de dinero y tráfico de influencias.
Estuardo Galdámez, por asociación ilícita, cobro ilegal de comisiones, lavado de dinero y tráfico de influencias y cohecho activo.
Aracely Chavarría Cabrera, por tráfico de influencias.
Luis Alberto Contreras, por tráfico de influencias.
Marco Antonio Lemus, tráfico de influencias.
Humberto Leonel Sosa, tráfico de influencias.
Carlos Santiago Nájera, tráfico de influencias.
José Inés Castillo Martínez, tráfico de influencias.
Rodolfo Moisés Castañón, tráfico de influencias.
Ronald Estuardo Arango, por peculado por sustracción.

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Raúl Osoy intenta sin éxito aplazar su audiencia en el Juzgado de Mayor Riesgo B

Mon, 10 Dec 2018 19:17:22 +0000

La defensa del empresario Raúl Osoy Penados, el mayor financista del extinto Partido Patriota (PP), que llevó a la presidencia a Otto Pérez Molina, intenta separar al juez de alto impacto, luego que su defendido no pudo demostrar quebrantos de salud para aplazar la audiencia ante el juez Miguel Ángel Gálvez.

Nueva recusación contra jueza Aifán en el caso Caja de Pandora

Esta mañana Osoy recibió la visita de sus abogados en la cárcel militar Mariscal Zavala. El empresario se negó a salir de la celda con el argumento de un fuerte dolor estomacal.

Miguel Ángel Gálvez, titular del Juzgado de Mayor Riesgo B, esperó durante tres horas el inicio de la audiencia por la incomparecencia de Osoy Penados.

El médico de la cárcel evaluó a Osoy y un galeno del Instituto Nacional de Ciencias Forenses (Inacif). El informe al Juzgado fue que el empresario goza de buena salud.

En el otro extremo, los abogados del sindicado interpusieron una exhibición personal con el argumento de saber en qué condiciones está en la prisión militar.

Poco después del medio día Gálvez explicó que estaba preocupado. “No es posible que una persona esté detenida y no sepa el motivo”, sobre la imposibilidad de llevar a cabo la audiencia de primera declaración, donde según el debido proceso, se debe informar al señalado los motivos de su detención y los cargos que enfrenta.

El abogado Holbert Alexander Hernández, de Osoy, interpuso una acción de incompetencia contra Gálvez. El argumento es que la audiencia de primera declaración ya comenzó y debe seguir con el juez adjunto.

A eso de las 13.30 horas finalmente Osoy se presentó al Juzgado de Mayor Riesgo B para continuar con la audiencia, sin embargo, el propio juez Gálvez le informó que se había suspendido.

Juez adjunto

El juez Israel Celada Galindo, quien está adjunto a la judicatura que dirige Gálvez desde hace más de un año, realizó la primera audiencia a Osoy el 14 de noviembre pasado. Ese día solo le hizo saber el motivo de la detención.

El 20 de noviembre pasado fue reproducida una declaración del excolaborador eficaz de la Fiscalía, Juan Carlos Monzón. Después, la continuación fue fijada para el 17 de enero próximo.

“Nos oponemos a la audiencia. Este caso ya comenzó”, dijo el abogado Hernández.

“Todos los requerimientos y el memorial se van a resolver. Lo que quiero es que esta causa se encamine”, mencionó el juez Gálvez y fijó para el próximo martes 11 de diciembre del 2018 para continuar la audiencia.

Gálvez recordó que Osoy goza de buena salud después de una evaluación del Inacif, por lo que no hay excusas para no asitir a la audiencia.

El caso

Osoy fue detenido el 13 de noviembre pasado después de una revisión rutinaria de la Policía Nacional Civil (PNC) en la zona 10.

El sindicado, de 55 años, es reclamado por la justicia por la posible comisión de delitos de lavado de dinero y asociación ilícita.

Fue arrestado por agentes de la División en Investigación Criminal de la Policía Nacional Civil en la 6 avenida y 18 calle de la zona 10.

Tenía orden de captura desde el 14 de abril de 2016 por Juzgado Primero Penal de Guatemala.

Osoy era uno de los 117 prófugos a los que el Ministerio Público (MP) y la Comisión Internacional contra la Impunidad en Guatemala (Cicig) demandaban al Ministerio de Gobernación que agilizara su trabajo para hacer las capturas, vinculados todos al caso Cooptación del Estado.

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Embargan casa de playa del exdirector del Renap

Wed, 14 Nov 2018 18:16:00 +0000

Son tres fincas que conforman el complejo de descanso de playa vinculado a Rudy Leonel Gallardo Rosales, exdirector del Registro Nacional de las Personas (Renap), fueron embargadas.

Policía detiene a Raúl Osoy, prófugo de Cooptación

El Ministerio Público (MP), a través de la Unidad de Extinción de Dominio, informó acerca de la inmovilización de las propiedades después de la autorización del Juzgado de Extinción de Dominio.

Los inmuebles consisten en una casa y dos terrenos localizados en la aldea El Garitón, en Taxisco, Santa Rosa, los cuales conforman físicamente una sola propiedad y registralmente son tres fincas distintas, informó el ente de persecución penal.

La casa en la playa tiene dos pisos y varios ambientes, incluída una piscina. Esta residencia -la cual está amueblada y cuenta con aire acondicionado-, está ubicada a pocos metros del mar, detalló el MP en un comunicado.

En Cooptación

Gallardo Rosales está procesado por los delitos de asociación ilícita y cohecho pasivo en el caso Cooptación del Estado de Guatemala, que se conoce en el Juzgado de Mayor Riesgo B, a cargo de Miguel Ángel Gálvez.

La Unidad de Extinción de Dominio adscrita a la Fiscalía contra el Lavado de Dinero u Otros Activos del #MinisterioPúblico inmovilizó tres inmuebles, vinculados a Rudy Leonel Gallardo Rosales, exdirector del Registro Nacional de las Personas (Renap). pic.twitter.com/SjXhYxGavG

— MP de Guatemala (@MPguatemala) November 14, 2018

La acusación detalla que favoreció a la empresa Súper Control 24 con un contrato de seguridad en el Renap por Q53.4 millones.

La entidad tiene como propietario al colaborador del MP, Miguel Ángel Martínez.

Las pesquisas se derivan de la investigación por el caso de defraudación aduanera denominado La Línea. El MP junto con la Comisión Internacional contra la Impunidad en Guatemala (Cicig) establecieron un complejo esquema que detallaba toda una maquinaria de lavado de activos meticulosamente diseñada para captar fondos durante la campaña electoral del extinto Partido Patriota (PP) durante 2011, que llevó a la presidencia a Otto Pérez Molina -en prisión- y a su vicepresidencia, Roxana Baldetti Elías -condenada por el caso Agua Mágica-.

“Varias instituciones claves del Estado fueron cooptadas por la red mafiosa que utilizó un esquema financiero con apariencia de legalidad en muchos casos, pero cuyo fin principal era el enriquecimiento ilícito de los miembros de la estructura, sin importar siquiera la precariedad financiera de las instituciones”, según la acusación.

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Riesgo de cooptación acecha en el Consejo de la Carrera Judicial

Wed, 18 Jul 2018 14:27:44 +0000

La administración de la justicia recae sobre los hombros de jueces y magistrados, mujeres y hombres que han dedicado buena parte de su vida a la formación y el ejercicio de la ley en Guatemala. Cómo ingresan al poder Judicial y qué factores determinan si son sancionados o promovidos en sus carreras son tareas de diferentes órganos de control que pueden fortalecer la independencia judicial o convertirse en un mecanismo de presión sobre los jueces.

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Estos son los factores que retrasan la Justicia.

Luego de la aprobación de la Ley de la Carrera Judicial en el 2016 y su reforma, en el 2017, los procesos de ingreso al Organismo Judicial, traslados, sanciones y evaluación de jueces y magistrados recaen en el Consejo de la Carrera Judicial (CCJ), que designa a los responsables de seis órganos: las juntas de Disciplina Judicial, de Apelación, de Supervisión de Tribunales, la Unidad de Evaluación del Desempeño, la Escuela de Estudios Judiciales y la Secretaría Ejecutiva, encargada de poner en práctica las disposiciones del CCJ.

Estos órganos funcionarán como verdaderos filtros del sistema de justicia del país, por lo que una selección negativa de sus responsables puede garantizar impunidad a los procesados mediante represalias para los juzgadores independientes.
Fuentes judiciales consultadas advierten de “un nuevo proceso de cooptación de la justicia”. Jueces en activo, bajo la condición de anonimato, aseguran que “el amiguismo y el tráfico de influencias” persisten en este proceso.

Esquema de cargos que elegirá el Consejo de la Carrera Judicial

El CCJ debe evaluar 72 expedientes admitidos para 30 cargos en disputa, en un proceso que cierra el 31 de julio y cuya toma de posesión es el 6 de agosto.

Del grupo de aspirantes Prensa Libre ha seleccionado a postulantes con posibles conflictos en su proceso o nexos que podrían comprometerlos si son elegidos.

Críticas al sistema

“Hay una gran cantidad de jueces, por ejemplo, en contra del juez —Miguel Ángel— Gálvez porque representa un tipo de juzgador no accesible al tráfico de influencias. Esa cultura de castigar a quien se salga del redil sigue existiendo”, señaló una jueza.

Seis jueces de diferentes judicaturas y con experiencia en casos de alta peligrosidad coinciden en que la independencia judicial es una aspiración que dista de concretarse.

“Hemos visto en anteriores procesos que quien no tiene un padrino o una madrina en la Corte Suprema de Justicia (CSJ) o conexiones políticas en el Congreso no sube a una sala de Apelaciones o la misma CSJ”, manifiesta un juez de Primera Instancia. “El deber de ingratitud que debe regir a un juzgador de no rendirle cuentas a quien lo ha designado para un cargo es algo que no se observa”, comenta otra jueza.

“Operadores como la magistrada separada del cargo Blanca Stalling o Roberto López Villatoro —alias El Rey del Tenis— mantienen influencia en este proceso y tienen allegados en el CCJ y en los cargos por elegir”, coinciden los juzgadores consultados.

Independencia judicial

El sistema judicial guatemalteco es un edificio cuyos pisos más altos están sostenidos por el sistema político.
Por diseño constitucional, la elección de los 13 magistrados de la CSJ y de los 126 magistrados de Apelaciones recae en el Congreso de la República, un ente político, luego de recibir nóminas elaboradas por comisiones de postulación integradas por representantes gremiales.

Esta representación gremial y la participación de actores externos al sistema para ganar influencia ha desatado críticas a la elección. El estudio de Impunity Watch: Procesos de elección de magistrados en Guatemala y Honduras, en el 2015, señala: “10 de los 11 comisionados que integraron la comisión postuladora a la CSJ fueron seleccionados para las nóminas de candidatos a salas de apelaciones, y luego fueron electos por el Congreso como magistrados de sala”.

“(…)Lo anterior evidencia el tráfico de influencias, ya que 17 de los comisionados de la CSJ (de 34, o sea el 50 por ciento) fueron electos como magistrados de sala”, cita el informe.

La nómina final fue aprobada en el Congreso mediante una alianza entre el Partido Patriota y Libertad Democrática Renovada (Líder) en el 2014, partidos cancelados por el Tribunal Supremo Electoral y plagados de acusaciones de corrupción.

La creación del CCJ y las tareas administrativas, de evaluación y disciplina de sus órganos buscan garantizar una mayor independencia, pero el proceso de selección de los 30 cargos en disputa se hace sin contar con un reglamento general aprobado y los expedientes de los aspirantes no son públicos, sino hasta terminar el proceso de recepción de objeciones.

Entrevista

“El licenciado Hernández fue mi maestro”

Gilma Esperanza Valladares Orellana, presidenta en funciones del CCJ, en sustitución del juez Carlos Guillermo Guerra Jordán, quien se encuentra en un viaje oficial por Costa Rica, es la representante de la Asamblea de Magistrados de la Corte de Apelaciones.

¿Por qué es importante el CCJ para la independencia judicial?
?Es de vital importancia. Es un respaldo para los jueces, para que las decisiones administrativas no estén sujetas a una decisión política o de una sola persona. No es desconocido que en algún momento hubo traslados, nombramientos acomodados a determinadas judicaturas.

A su criterio, ¿era una buena medida la reforma constitucional en el sector justicia para buscar esta independencia?
Tanto como reforma constitucional, no. Había otra cantidad de temas no necesarios. Hay que avanzar como país, pero no podemos imponernos estructuras de otros países. Hay que ir poco a poco avanzando.

En este proceso de selección de cargos bajo el CCJ, ¿hay influencia de operadores como la exmagistrada Blanca Stalling o el abogado Roberto López Villatoro?
No existe influencia de estas personas. No veo que haya actores externos que influyan. El proceso de selección de los integrantes del CCJ es por asamblea nacional.

¿Por qué no hay un reglamento general del CCJ, mientras la selección de cargos sigue en marcha?
No existe un reglamento general, pero sí específicos en forma de bases. Cuando se crea la ley tiene la falencia de no decir quién tiene que elegir a los tres externos. Nosotros —los representantes de magistrados y jueces— fuimos elegidos en noviembre, elegimos a los otros tres por oposición y desde febrero estamos todos integrados (…) Vamos a discutir con todas las partes para la elaboración de un reglamento.

¿Cuál fue su relación con Sergio Hernández? ¿Conoció a Roberto López Villatoro?
Quiero aclararlo. Trabajé por 14 años como mandataria del Bantrab. Lo conocí desde que tuve 18 años. Él me inspiró mucho, fue mi maestro y tutor profesional. Trabajamos en el mismo bufete (…) Nunca estuve reunida con ellos para ser electa como magistrada. El testigo dice que el licenciado Hernández “pretendía protección”, pero eso fue en el 2014. Me da risa. Yo, igual, podría no haber pasado.

Integrantes del Consejo de la Carrera Judicial

Perfiles de candidatos

La recaptura de la Universidad Rafael Landívar

Wed, 18 Apr 2018 06:00:00 +0000

Desde ayer está circulando una carta abierta dirigida a las autoridades de la Universidad Rafael Landívar (URL) de parte de los docentes, investigadores, estudiantes, centros de investigación, organizaciones sociales y personas particulares que han visto con preocupación cómo en el último año la URL desanda el camino que se trazó en su último plan estratégico quinquenal. Dicho plan está marcado por la decisión de este ente jesuita de educación superior de reafirmar y potenciar su compromiso social con Guatemala, en particular, con los más desfavorecidos. ¿Sus medios? Los que corresponden a una universidad seria: elevar la calidad científica y crítica de su práctica de investigación, de la docencia y de la proyección social de la institución, cuestionando la realidad en que estamos inmersos, en lugar de consentir con el estatus quo; aportando a la par propuestas de cómo convertirnos en una sociedad más democrática e incluyente.

A pesar de que la implementación del plan estratégico está en curso, había comenzado a dar los frutos deseados. No obstante, ahora se enfrenta a una terrible amenaza, al parecer fustigada por el contexto político que vivimos, y donde hay esfuerzos dirigidos a que la URL abandone su postura a favor de los cambios que se impulsan en el país. Si tienen éxito, el gran perdedor será la sociedad y las nuevas generaciones de universitarios landivarianos.

Comenzaron con el despido de algunos catedráticos; luego fue la intención de “reconfigurar” la orientación editorial y el enfoque de periodismo de investigación de Plaza Pública. Un espacio que no solo abrió brecha en el periodismo digital en Guatemala, sino que se ha convertido en un centro vivo para el desarrollo del periodismo de investigación y un espacio inédito para que la gama más variada de personas pueda manifestar su opinión y parecer sobre diversos temas y eventos que ocurren en la sociedad. La creación de la vicerrectoría de investigación no solo enmarca el esfuerzo de la Plaza Pública, sino el desarrollo de investigación universitaria con mayor proyección y relevancia para la sociedad. Elevó también la proyección pública de la Landívar, tanto por medio de su unidad de incidencia pública como por sus posicionamientos en momentos críticos de la coyuntura actual, que reflejaron a una universidad comprometida con un futuro mejor para Guatemala.

Ahora han movido todas sus influencias para que la actual rectoría asuma el costo político visible de despedir a profesores e investigadores emblemáticos de la Universidad, que se caracterizan por su pensamiento crítico e independiente; además, sin reconocerles siempre sus derechos laborales; para que la URL adopte silencio frente al acontecer nacional, en contraste con su clara postura pública previa de favorecer la depuración del Estado y la lucha contra la corrupción; para que emprenda la desarticulación de los cuerpos de investigación de la vicerrectoría bajo el pretexto de una “nueva reestructura” que devuelva la investigación a su condición anodina e irrelevante; además, de la muestra evidente de que se están cerrando los espacios internos para el diálogo y la manifestación de disensos, sin temor al despido.

Si la Conferencia Episcopal de Guatemala tuvo el tino de identificar el riesgo de ser instrumentalizados por los operadores de la impunidad y la corrupción y se deslindaron acertada y oportunamente, confío que tanto la Rectoría como las autoridades superiores de la Compañía de Jesús se percatarán de que están corriendo un riesgo similar y procederán a tomar las medidas necesarias para que la Universidad Rafael Landívar continúe por la senda que ya se había trazado.

Justicia, bajo la amenaza de cooptación

Mon, 18 Dec 2017 11:00:00 +0000

Aunque la independencia judicial se encuentra garantizada por la Constitución, esta también deja abierta la posibilidad para la injerencia del poder político en la justicia al establecer que el Congreso debe nombrar a los magistrados de la Corte Suprema de Justicia (CSJ) y a los de las cortes de Apelaciones cada cinco años.
Esta condición, sumada a la existencia de redes de corrupción que han aprovechado la Ley de Comisiones de Postulación para introducirse en los procesos de elección de operadores de justicia es percibida, según el estudio Justicia en riesgo: Obstáculos a la Independencia Judicial en Guatemala, como un potencial peligro para la aplicación de la justicia en el país. En muchas localidades operan redes de corrupción en donde participan jueces, auxiliares judiciales, abogados y fiscales que han llegado a controlar la justicia a nivel local”, detalla el estudio. La investigación, hecha a partir de entrevistas y talleres con jueces y operadores de justicia en siete regiones del país entre el 2015 y 2016, resalta que si bien se ha avanzado en garantizar la independencia judicial, con procesos históricos contra mandatarios, magistrados y diputados en marcha, estos avances pueden retroceder si se reactiva la cooptación del sistema judicial.

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Impacto del 2015

Es paradójico, pero nunca habíamos tenido tanta independencia judicial”, dice Alejandro Rodríguez, coordinador del equipo de investigación de Impunity Watch, que hizo el estudio. Luego del pacto entre el Partido Patriota (PP) y Libertad Democrática Renovada (Líder) en el 2014 para la conformación de la CSJ y cortes de apelaciones, comenta Rodríguez, la búsqueda por garantizar impunidad se hizo evidente, pero recibió un fuerte golpe cuando salió a luz la participación de los operadores de esta elección en casos de corrupción en el 2015.

Juan de Dios Rodríguez, expresidente del Seguro Social, sindicado por el caso Igss-Pisa; Gudy Rivera, condenado por tráfico de influencias y cohecho activo, al haber intentado presionar a la exjueza Claudia Escobar; Blanca Stalling, magistrada separada de la CSJ, en proceso por tráfico de influencias, fueron parte de esa dinámica, señala el investigador.

“Claudia Escobar al hacer su denuncia alentó todo un movimiento para luchar por la independencia y la transparencia judicial. Lo que uno tiene que reconocer es que hay una gran cantidad de jueces de primera instancia comprometidos, y estos están dando la nota de cambio dentro del organismo judicial”, explicó Rodríguez.

Consultada vía electrónica sobre el estudio, Escobar comentó: “Me parece que el 20 por ciento de jueces que indica que recibió presiones de autoridades es bajo, pues aún existe una cultura del silencio que no terminamos de romper. Seguramente son mayores las presiones, algunas veces son explícitas y otras son directas”.

Para la exjueza, muchos juzgadores no han asumido lo que implica su investidura, “se sienten dependientes de los jueces de las instancias superiores y no ven la interferencia o las amenazas a su independencia como un problema, porque se asumen empleados, sujetos a recibir órdenes”, argumentó.

Engranajes de la impunidad

La impunidad en el ámbito de la justicia opera en tres niveles, dice Rodríguez. En el primero se trata de las resoluciones tomadas por jueces de primera instancia, sobre los cuales ejercen influencia poderes locales o diputados distritales para tener resoluciones favorables.

Rodríguez cita como ejemplo el caso del exdiputado Baudilio Hichos —prófugo— con disposiciones a su favor en la anterior magistratura. En un segundo nivel las estructuras buscarían el control de los magistrados de las cortes de Apelaciones. Y en un tercero figurarían el contacto con magistrados de la CSJ.

“Si el juez no está alineado, lo cambian, buscan como echarlo, les interesa alinear jueces y salas de apelación, si alguien no responde piden el traslado por parte de la CSJ; si no, utilizan la junta de disciplina para propiciar el traslado. Necesitan alinear a jueces, fiscales y abogados para que las redes de corrupción puedan operar”, destacó Rodríguez.

En la encuesta de percepción del estudio, 35% de los jueces consultados indicaron que en su jurisdicción han sido objeto de presiones indebidas para que tomen una resolución concreta en un asunto.

Este tipo de presiones no solo provienen del ámbito político, recordó la experta en el ámbito judicial Lorena Escobar, de la Asociación de Investigación y Estudios Sociales (Asíes) y quien no participó en el estudio.

“Cuando hay agentes de poder, no solo políticos sino cualquier tercero con grandes intereses en juego, se pueden producir presiones”, comentó la investigadora.

Dentro de este esquema también tienen un papel las entidades gremiales, explicó el coordinador del estudio.

“Las asociaciones gremiales de abogados también tienen un papel, primero participan a nivel local, luego a nivel intermedio y algunas tienen relación con los mayores operadores, como sucedía con Blanca Stalling”, señaló Rodríguez.

En el anterior proceso de elección de la CSJ los principales grupos de injerencia estaban aglutinados alrededor de Roberto López Villatoro, el grupo cercano al PP con Blanca Stalling y Juan de Dios Rodríguez; el grupo de abogados de Mixco, y los abogados del sector empresarial, detalló el investigador.

La salida de algunos de estos operadores del poder; sin embargo, no garantiza que ese vacío de poder no sea llenado.

Medidas por independencia

Entre las recomendaciones para garantizar la independencia judicial detalladas en el estudio, Rodríguez destaca tres.

Primero, crear una fiscalía de sección contra la corrupción judicial, atendiendo a que este fenómeno “es sistémico” y se produce a todo nivel en el aparato de justicia y en todo el territorio nacional, por lo que requiere una metodología específica.

Segundo, crear en la Contraloría General de Cuentas una unidad especial de investigación patrimonial, la cual tome las declaraciones juradas de los jueces y las analice para ver los incrementos del patrimonio de los jueces y magistrados que no correspondan con su nivel de ingresos.

Tercero, fortalecer la fiscalía de sección de ataques contra operadores de justicia. Según el estudio, entre 2014 y 2016 se registraron 53 denuncias de delitos contra jueces y magistrados en el país, mientras que solo en el 2016 el Ministerio de Gobernación registró que 48 jueces y magistrados habían sido víctimas de amenazas.

Todos estos cambios, sin embargo, tendrán poco impacto en el monstruo de mil cabezas que es la corrupción, explica Rodríguez, si no se atiende a la elección del próximo fiscal general.

“Lo que un fiscal general corrupto haría es volver a poner a funcionar todo el aparato de impunidad y se caerían los casos”, concluye el experto.

Vía libre

Fri, 16 Jun 2017 06:00:00 +0000

Abogados desafían competencia de juez Miguel Ángel Gálvez

Wed, 17 Aug 2016 14:15:28 +0000

Los representantes de Emilia Guadalupe Ayuso, exdirectora del Registro de Información Catastral (RIC) y Moisés Galindo, que defiende al empresario Walter de Jesús López, aseguran que Gálvez cometió errores procesales durante la audiencia de primera declaración, en el caso Cooptación del Estado.

Mario Antonio Cuevas Vidal, defensor de Ayuso, deberá este miércoles argumentar el incidente de competencia por declinatoria y actividad procesal defectuosa, de tener éxito, Gálvez debería renunciar al caso.

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Según la defensa de los procesados, el Juzgado de Mayor Riesgo B incurrió en una falta procesal al unificar los casos Terminal de Contenedores Quetzal (TCQ), Cooptación del Estado y La Cooperacha, supuestos ilícitos cometidos en años distintos, sin ninguna relación.

Este miércoles Gálvez comenzó a escuchar los argumentos de la defensa y se prevé que este viernes se conozca la decisión.

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Otra oportunidad para la justicia

Thu, 30 Jun 2016 06:00:00 +0000

Los frecuentes casos de corrupción dados a conocer han desatado oleadas de indignación que han perdurado por semanas, aunque esas muestras de repudio no han sido suficientes para cambiar un ápice la conducta de funcionarios y dignatarios que se resisten a enderezar el rumbo.

Debido a ese proceder, cada cierto tiempo se deben promulgar leyes en el país o emprender reformas para que a fuerza de marcos jurídicos renovados se busque poner cerco a los manipuleos en que han incurrido muchos personajes cuando les ha correspondido designar autoridades en altos cargos.

El más reciente antecedente que se pretende desterrar por esas prácticas es el de las comisiones de postulación, que aunque habían quedado reguladas en la Constitución de la República, su manoseo llevó a límites repudiables en la designación de altas posiciones dentro del sistema de justicia.

Ahora, en un nuevo afán por cerrarles el paso a las constantes intromisiones, tráfico de influencias y manipuleo a la hora de postular principalmente magistrados, el Congreso ha aprobado una nueva Ley de la Carrera Judicial, que se propone buscar mayor idoneidad entre quienes resulten favorecidos para llegar a esos cargos.

El carácter positivo que se plantea en esta nueva normativa es que se pretende hacer más patente la independencia de jueces y magistrados, pues aunque esta es una consideración amparada en el texto constitucional, su cumplimiento más bien ha defraudado.

Esa independencia, unida a la idoneidad, imparcialidad y muchas otras características deseables en quienes imparten justicia, deberían ser las bases para un profundo cambio en el OJ y no como hasta ahora, que la mayoría de las designaciones quedaban en manos de políticos inescrupulosos que hacían nombramientos con la mira de obtener resoluciones favorables llegado el momento de requerirlas.

Por eso es que fue tan criticada la última elección de magistrados a la Corte Suprema de Justicia, cuando los partidos Patriota y Líder actuaron en contubernio para designar a los trece titulares de ese máximo órgano de justicia, por cierto uno de los cuales ya enfrenta una investigación y por ello debió renunciar, y otro más enfrenta un proceso de antejuicio.

Esos hechos son los que hacen albergar esperanzas en que esta nueva ley combata de manera efectiva ese tráfico de influencias, pero sobre todo el procedimiento de comprometer a funcionarios judiciales con personajes que pueden resultar involucrados en casos de corrupción, como también se ha vuelto común en la actualidad.

Uno de los órganos encargados de vigilar en buena medida el cumplimiento del nuevo cuerpo normativo es el Consejo de la Carrera Judicial, que en el futuro tendrá una función fiscalizadora sobre el desempeño de jueces y magistrados, con un amplio repertorio de conductas por sancionar.

Solo con el funcionamiento pleno y satisfactorio de este cuerpo, muchas cosas podrían cambiar en el sistema de justicia, si de verdad se logra eludir el cerco de la cooptación y de los mercaderes de la política.

El rastro del dinero

Wed, 15 Jun 2016 06:00:00 +0000

LOS CASOS COOPTACIÓN DEL ESTADO y la Cooperacha revelan en toda su magnitud la descomposición del sistema político guatemalteco y dejan ver en forma descarnada hasta dónde el dinero dominó la política. El incipiente proceso democratizador que surgió en los años ochenta, luego de los regímenes militares, se pervirtió y dio lugar a un rápido proceso de corrupción porque la dirigencia partidaria en lugar de profundizar en el ideario político-ideológico encontró una salida fácil. La clase política surgida al vapor entendió que democracia equivalía a ganar las elecciones a cualquier precio. Pérez Molina y Baldetti se han convertido en el principal referente de esa partidocracia rentista, pero ellos lo único que hicieron fue perfeccionar las estructuras y métodos que ya existían, los cuales les permitieron financiar de manera ilícita su campaña electoral y enriquecerse a manos llenas.

NO ESTAMOS SOLOS FRENTE a un sistema perverso conformado por políticos. Tras las estructuras criminales hay que seguir el rastro del dinero que nos lleva a todo un andamiaje integrado por banqueros, comerciantes, constructores, sindicalistas, académicos y un rosario de personas e instituciones que perfilan una sociedad permeada por la corrupción. Frente a nosotros está la plana mayor del PP engrilletada, pero ellos pudieron actuar porque existía una maquinaria aceitada que permitía la corrupción a gran escala y que sigue ahí lista para el próximo cliente político.

ESAS REDES CRIMINALES de cuello blanco surgieron a partir de una grave falla del sistema político que no previó mecanismos de control, principalmente del financiamiento privado. Según Zovatto (2003), este fenómeno se acrecienta por la necesidad de impulsar campañas electorales costosas con una partidocracia afincada en el pragmatismo que no se inmuta para abrir la puerta al financiamiento ilegal de grandes grupos económicos, proveedores del Estado y crimen organizado. En esa danza millonaria no hay santos inocentes. Los políticos saben que tienen un producto altamente rentable: el poder, y los empresarios ven su aporte como una inversión que redituará ganancias por la vía de contratos leoninos en el Estado.

ES IMPORTANTE CASTIGAR a los corruptos para sentar un precedente, pero lo realmente fundamental es encontrar la forma de reducir la influencia del dinero en la política. Esa influencia que llevó a que el monopolio televisivo de Ángel González se convirtiera en el elector y dueño del circo proselitista, y que las farmacéuticas y las constructoras encontraran el camino fácil del enriquecimiento. Los proveedores aportan a la campaña electoral, sin importar si ese dinero se destina para ese fin o se lo embolsan los candidatos, ya que el financiamiento garantiza contratos públicos, exención de impuestos, ampliación de usufructos o influencia directa en las políticas del gobierno, como el caso del Cacif, que mantenía reuniones semanales con Pérez Molina.

DE POCO SERVIRÍA CONDENAR a los corruptos si el sistema político pervertido no se combate. Las reformas a la Ley Electoral y de Partidos Políticos aprobadas no garantizan el quiebre de esas estructuras criminales, por lo que es importante profundizarlas. La institucionalidad democrática requiere establecer reglas y controles sobre el financiamiento privado de la política, porque es este el camino torcido que lleva luego al clientelismo, al corporativismo y a la cooptación del Estado por redes mafiosas que asumen forma de partido político.

@hshetemul