Trump firma decreto con sanciones contra la Corte Penal Internacional

ACAN-EFE y AGENCIA AFP

6 de febrero de 2025 | 16:48h

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 Sede de la Corte Penal Internacional. (Foto Prensa Libre: AFP)

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, firmó este jueves 6 de febrero un decreto que prevé sanciones contra la Corte Penal Internacional (CPI), afirmó un alto cargo estadounidense, sin dar detalles.

Según la prensa estadounidense, las sanciones apuntan a las finanzas personales y los visados de personas vinculadas a los procesos lanzados por la CPI.

Esta corte emitió por ejemplo una orden de arresto contra el primer ministro israelí, Benjamin Netanyahu, recibido el martes por Trump en la Casa Blanca.

En concreto, la orden busca imponer restricciones financieras y restringir la obtención de visados para viajar a Estados Unidos a individuos de la CPI que colaboren en investigaciones del tribunal contra ciudadanos estadounidenses o aliados de Washington.

La firma de esta orden ejecutiva llega después de la reunión de Trump el martes con el primer ministro israelí Benjamín Netanyahu, a quien en noviembre la CPI señaló con una orden de arresto por presuntos crímenes de guerra y de lesa humanidad en la Franja de Gaza.

Netanyahu se encuentra de visita en Washington hasta el sábado y ha mantenido reuniones con importantes figuras del Congreso y del Gobierno, incluido el secretario de Defensa, Pete Hegseth.

En 2020, durante su primer mandato (2017-2021), Trump ya impuso sanciones contra la entonces fiscal de la CPI, Fatou Bensouda, y uno de sus principales asesores debido a una investigación del tribunal sobre presuntos crímenes de guerra cometidos por tropas estadounidenses en Afganistán.

La medida de Trump llega después de que la semana pasada los demócratas del Senado, en minoría en esa Cámara, bloquearan un intento liderado por los republicanos para sancionar a la CPI en respuesta a sus órdenes de arresto contra Netanyahu y su exministro de Defensa, Yoav Gallant, por la ofensiva israelí en Gaza.

La CPI, creada a través del Estatuto de Roma, es un tribunal internacional con la misión de juzgar a personas acusadas de crímenes de guerra, lesa humanidad y genocidio.

Estados Unidos, China, Rusia e Israel no son miembros de la corte y, por lo tanto, no reconocen su jurisdicción.

El fiscal de la Corte Penal Internacional (CPI), Karim Khan, lamentó la falta de implementación concreta de leyes y prácticas para proteger los derechos de los venezolanos y advirtió de que las investigaciones de la fiscalía siguen en curso y activas.

En su discurso en la reunión anual de países miembros de la CPI, Khan insistió a Venezuela en la necesidad de proteger los derechos de los civiles, incluidos los niños, y de liberar a quienes estén detenidos por motivos políticos, al igual que cualquier persona que haya protestado pacíficamente.

La CPI desestimó en marzo del 2024 el recurso en contra de la reanudación de la investigación abierta al gobierno de Nicolás Maduro en noviembre de 2021 por presuntos crímenes de lesa humanidad en Venezuela, quien había recurrido al principio de complementariedad, que debe evitar que se solapen investigaciones para pedir el cierre del caso abierto en la fiscalía del tribunal internacional.

“La pelota está en el campo de Venezuela. El camino de la complementariedad se está agotando”, advirtió Khan.

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“Nuestras investigaciones independientes continúan. Siempre han sido paralelas, están activas, y estamos colaborando y trabajando estrechamente con una variedad de socios para cumplir con nuestras responsabilidades, de modo que toda vida importe lo mismo”, dijo el fiscal.

Añadió que los venezolanos tiene el mismo derecho a la justicia que las familias en Libia o Bangladés. “Esto no puede ser más básico, pero vale la pena subrayar ese imperativo en términos de las decisiones que está tomando mi oficina”, comentó Khan.

Además, el fiscal subrayó que, en su viaje a Caracas en abril, destacó ante las autoridades venezolanas la necesidad de ver un impulso y avances reales. Advirtió que ha habido un compromiso continuo, ha habido discusiones sostenidas sobre la complementariedad, pero la complementariedad no puede ser una historia interminable.

También instó a las autoridades venezolanas a permitir que los representantes de la Oficina del Alto Comisionado para los Derechos Humanos (OACDH) entren a Venezuela, como se había prometido previamente por escrito, y les urgió a cooperar de manera más tangible con la fiscalía de la CPI.

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En agosto, Khan aseguró estar monitoreando activamente la situación en Venezuela y subrayó que está evaluando de manera independiente los múltiples informes de casos de violencia y otras denuncias sobre posibles crímenes después de las elecciones presidenciales del 28 de julio.

El Consejo Nacional Electoral (CNE) declaró la victoria de Nicolás Maduro, pero la oposición denunció un fraude y alegó que su candidato, Edmundo González Urrutia, fue el vencedor según los datos de las actas de votación que le facilitaron voluntarios y otros trabajadores del proceso electoral.

El CNE ha dicho que esas actas son falsas, pero a pesar de los requerimientos de líderes locales e internacionales, no ha presentado ningunas otras para certificar la victoria de Maduro.

La líder opositora de Venezuela María Corina Machado señaló como “muy significativo” que este lunes el fiscal de la Corte Penal Internacional (CPI), Karim Khan, reprendiera al gobierno de Maduro.

Hoy comenzó la 23ª sesión de la Asamblea de los Estados Partes de la Corte Penal Internacional con sede en La Haya.

Es muy significativo que el Fiscal de la CPI, Karim Khan, abordó el caso de Venezuela en su intervención inicial ante la Asamblea.

Khan reafirmó que las… pic.twitter.com/3laUZ1zbfF

— María Corina Machado (@MariaCorinaYA) December 2, 2024

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En un mensaje en X, la exdiputada resaltó que “la protesta sí funciona”. El 1 de diciembre, venezolanos exigieron al tribunal de La Haya actuar de inmediato, en vista de la investigación a la nación suramericana por presuntos crímenes de lesa humanidad.

“Mi mensaje a todos los venezolanos: la protesta sí funciona; cuando unimos nuestras voces, dentro y fuera de Venezuela, el mundo escucha y reacciona. Estemos muy atentos a los eventos de esta semana en La Haya y en muchas otras partes del mundo. Seguimos avanzando”, agregó Machado en la red social.

Familiares y amigos de los considerados presos políticos llevaron a cabo una vigilia en Caracas para exigir su liberación, así como el cese de la represión que se exacerbó tras las elecciones.

Según la ONG Foro Penal, que lidera la defensa de los “presos políticos” en Venezuela, 1 mil 903 personas siguen encarceladas por disentir del Gobierno, la mayoría de ellas detenidas luego de las elecciones.

La Corte Penal Internacional de La Haya emitió el jueves órdenes de detención contra el primer ministro israelí Benjamin Netanyahu, el exministro de Defensa israelí Yoav Gallant y el líder del brazo armado de Hamás Mohamed Deif.

“La sala emitió órdenes de detención contra dos individuos, Benjamin Netanyahu y Yoav Gallant, por crímenes de lesa humanidad y crímenes de guerra cometidos al menos desde el 8 de octubre de 2023 hasta el 20 de mayo de 2024″, informó la CPI, añadiendo en otro comunicado que también pidió la detención de Deif, jefe militar del movimiento islamista palestino.

Los mandatos de arresto fueron clasificados como “secretos” para proteger a los testigos y garantizar el desarrollo de las investigaciones, declaró la corte.

“Sin embargo la cámara decidió divulgar la información que se detalla porque parece que continúan comportamientos similares a los señalados por el mandato de detención”, afirmó. “Además la cámara considera que es en interés de las víctimas y sus familias que se les informe de la existencia de éstos”, agregó.

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Según Israel Deif murió en un ataque el 13 de julio en el sur de Gaza, aunque Hamás niega su muerte.

El Ministerio de Salud del gobierno de Hamás en la Franja de Gaza declaró el jueves que al menos 44.056 personas murieron en más de 13 meses de guerra entre Israel y los militantes palestinos.

El balance incluye 71 muertos en las últimas 24 horas, según el ministerio, que informó que 104 mil 268 personas resultaron heridas en la Franja de Gaza desde el inicio de la guerra.

La Unión Europea (UE) lamentó que las autoridades de Mongolia se hayan abstenido de arrestar al presidente ruso, Vladimir Putin, como lo solicitó la Corte Penal Internacional (CPI) por presuntos crímenes en Ucrania.

El portavoz de asuntos exteriores de la UE, Peter Stano, compartió que dicho organismo europeo lamenta que Mongolia, Estado parte del estatuto de Roma de la CPI, no haya cumplido con sus obligaciones en virtud de ejecutar la orden de detención.

En su nota, la UE reiteró el “apoyo inquebrantable a la CPI” por parte del bloque.

Además, recordó que la corte pidió la aprehensión de Putin por deportación y traslado ilegal de niños desde territorios ucranianos ocupados temporalmente en el contexto de la guerra contra Ucrania.

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“La UE apoya las investigaciones del Fiscal de la CPI en Ucrania y pide la plena cooperación de todos los Estados partes”, afirmó el comunicado.

La noche del lunes 2 de septiembre, Putin llegó la capital de Mongolia y este martes fue recibido por su homólogo Ukhnaagiin Khurelsukh en la plaza Gengis Kan, en una ceremonia con participación de ambas delegaciones. Esta es la primera visita oficial del presidente de Rusia a un país miembro de la CPI desde que se emitió la orden de arresto en su contra en 2023.

El viaje de Putin desafía a la CPI. En cambio, Ucrania le pidió a Mongolia ejecutar la orden penal; además, acusó al país asiático de permitir que Putin escape de la justicia, al no detenerlo.

Un portavoz del presidente Khurelsukh negó el 1 de septiembre en redes sociales que la CPI hubiera enviado una carta para pedir la ejecución de la orden durante la visita.

Mongolia: regrets that , a State Party to the Rome Statute of the ⁦@IntlCrimCourt⁩, did not comply with its obligations under the statute to execute the arrest warrant against President Putin for crimes commited in https://t.co/2ckc5gOcYv

— Peter Stano (@ExtSpoxEU) September 3, 2024

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El tribunal internacional con sede en La Haya recordó que todos los Estados integrantes están obligados a detener a las personas buscadas por esta Corte. Sin embargo, la CPI no dispone de una fuerza coercitiva propia, y poco puede hacer si Mongolia se rehúsa a cumplir con su obligación. A su vez, Rusia no reconoce la jurisdicción de la CPI.

Por su parte, Estados Unidos fue más cauteloso y aseguró que espera que Mongolia respete sus compromisos internacionales, también dijo entender su posición entre dos grandes vecinos refiriéndose a China y Rusia. Con el primero se mantiene una relación comercial y con el otro fuertes vínculos culturales. Ambas potencias codician sus recursos naturales y proyectan fortalecer su influencia.

El gobierno de Mongolia no ha condenado la ofensiva rusa en Ucrania y se ha abstenido en la Organización de Naciones Unidas (ONU) en las votaciones relativas al conflicto. Tampoco comentó las órdenes de detención de Putin.

En las calles de Ulán Bator, Altanbayar Altankhuyag, un economista de 26 años, dijo a AFP que habría sido “inmoral e inapropiado” detener a Putin durante su visita.

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Manifestaciones detenidas

Autoridades rusas comentaron días atrás que no estaban preocupadas por una posible detención de Putin durante la visita.

“Es evidente que no había ninguna opción de detener a Putin”, declaró el analista político Bayarlkhagva Munkhnaran.

“Para Ulán Bator, el escándalo actual vinculado a la orden de arresto de la CPI no es más que una cuestión secundaria respecto a la necesidad de mantener relaciones seguras y previsibles con el Kremlin“, añadió.

Fuerzas de seguridad impidieron que se llevaran a cabo manifestaciones cerca de Vladimir Putin.

Tsatsral Bat-Ochir, miembro de la organización NoWar movement, declaró que intentaron manifestar contra Putin, pero fueron retenidos ilegalmente durante cinco horas.

La visita de Putin conmemora el 85 aniversario de una victoria decisiva contra el Japón Imperial a manos de las fuerzas rusas y mongolas.

Esto quiere decir que la CPI buscará determinar la veracidad de los supuestos crímenes de lesa humanidad cometidos en Venezuela desde al menos 2017.

“El fiscal de la CPI ha concluido el examen preliminar de la situación en Venezuela y ha determinado que procede abrir una investigación para establecer la verdad de conformidad con el Estatuto de Roma”, reza un memorando de entendimiento firmado tanto por Khan como por el presidente Nicolás Maduro.

“El fiscal ha decidido pasar a la siguiente fase. No compartimos la decisión, pero la respetamos”, dijo Maduro durante el acto televisado en el Palacio de Miraflores en Caracas.

Es la primera vez que la CPI abre una investigación en esta fase en América Latina.

La visita a Venezuela vino después de otra visita que realizó Khan a Colombia. Allí anunció el cierre del caso abierto hace 17 años por los crímenes cometidos durante la guerra contra las FARC.

Invitado por Maduro, Khan dijo que el examen preliminar que se abrió en 2018 no fue más que “una etapa de filtrado a medida que avanzamos hacia esta nueva etapa”, según reseñó la agencia de noticias Reuters.

Aunque aclaró que por ahora no se ha identificado a ningún sospechoso.

El año 2017 fue escenario de cruentas protestas en las que parte de la población venezolana salió a las calles asfixiada por la escasez de comida, la inflación y la inseguridad, a lo que se sumó la suspensión de un referendo revocatorio contra Maduro.

¿Qué significa el cambio de examen preliminar a investigación?

El cierre del examen preliminar y el inicio formal de una investigación quiere decir que la CPI tiene elementos para pensar que en Venezuela se han cometido crímenes de lesa humanidad.

Hasta ahora, el fiscal estaba investigando sobre los tipos de delitos cometidos, el contexto y el momento en el que se cometieron, así como si las víctimas habían tenido acceso a la justicia, tal como lo explica la abogada y defensora de los Derechos Humanos Liliana Ortega.

En esta nueva fase, más focalizada, el fiscal comenzará a investigar cuáles son los casos en los que según él y lo que determinen los hechos, se pudieron cometer crímenes de lesa humanidad.

Según Rafael Uzcátegui, coordinador general de la organización de DDHH Provea, el examen preliminar cumplió con una serie de fases en las que se determinó que los crímenes no estaban siendo investigados debidamente y de forma genuina por la justicia venezolana.

“Ahora en esta fase de investigación comenzarían a establecerse las responsabilidades individuales en los casos en los que la corte decida comenzar el procedimiento”, dice.

¿Qué casos serán investigados?

La CPI investigará presuntas torturas, ejecuciones extrajudiciales o desapariciones forzadas que hayan ocurrido contra ciudadanos bajo detención del Estado.

Ortega dice que esta etapa de investigación es muy compleja porque hay que determinar la línea de ataque, si hubo una política de Estado y una sistematicidad en los crímenes. “Va más allá de las violaciones de Derechos Humanos”.

Ortega indica que la decisión de abrir una investigación formal tiene aspectos muy positivos para las víctimas y sus familiares; pero también otros muy delicados por la posible revictimización. Es por eso que considera delicado dar información sobre los casos específicos que la CPI podría investigar.

No todos los casos de presuntos crímenes llegan a la justicia internacional. Tiene que haber suficiente pruebas para que el fiscal haga una radiografía.

¿Qué opciones tiene Maduro?

El anunció del fiscal Khan fue tomado por algunos medios como un posible paso más para juzgar a Maduro y otros responsables del gobierno venezolano en un tribunal internacional.

Pero por ahora eso está descartado.

El fiscal fue enfático al decir que lo que se está iniciando es una investigación y que por ahora no hay individuos señalados.

Según Uzcátegui, esta nueva fase de investigación abre una ventana, no solo a las víctimas de estos presuntos crímenes, sino también al propio gobierno.

Y es que Venezuela ratificó el Estatuto de Roma que dio lugar al nacimiento de la CPI, por lo que debe cooperar con la investigación.

Al mismo tiempo, según el memorando firmado por Khan y Maduro, la investigación se llevará a cabo según el principio de complementariedad.

Esto quiere decir que la CPI podrá culminar la investigación si determina que las instituciones venezolanas cooperan de manera genuina y eficaz para que se haga justicia.

¿Cuál ha sido la respuesta del gobierno venezolano?

Solo un día después del anuncio de Khan sobre el inicio de una investigación, el fiscal de Venezuela, Tarek William Saab, declaró ante los medios de comunicación que el cierre del examen preliminar y la investigación que se llevará a cabo “no cumplen con los requisitos del Estatuto de Roma”.

Saab recordó que Venezuela entregó a la CPI ocho informes que compilan más de 3.000 páginas de información sobre las causas adelantadas por el país para individualizar y procesar a responsables de violaciones a los DDHH.

Saab se refiere a que el 13 de febrero de 2020, el gobierno de Maduro pidió a la CPI que investigase los presuntos crímenes de lesa humanidad “como resultado de la aplicación de medidas coercitivas ilegales adoptadas unilateralmente por el gobierno de Estados Unidos de América contra Venezuela, al menos desde el año 2014”.

Sin embargo, Saab le reiteró a Khan que Venezuela le abre las puertas a la investigación de la CPI, y destacó que la cooperación debe ser real.

En septiembre del año pasado, un informe de la Misión de Determinación de los Hechos en Venezuela, creada por el Consejo de Derechos Humanos de la ONU, también vinculó al gobierno Venezuela con supuestos crímenes.

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“La misión tiene bases razonables para creer que tanto el presidente como los ministros del Interior y de Defensa contribuyeron a la comisión de los crímenes documentados en este informe”, concluyó la investigación.

En ese momento, Venezuela también rechazó el informe.

¿Por qué es una decisión histórica?

La apertura de una investigación formal en Venezuela por parte de la CPI es la primera que se realiza en América Latina y ha sido considerada histórica por defensores de DDHH.

Y no solo porque indica que en Venezuela se pudieron haber cometido crímenes “que no fueron debidamente investigados” por la justicia del país, según dice Uzcátegui.

“Creo que también es un golpe muy importate a la imagen internacional del gobierno bolivariano”.

Uzcátegui cree que esta primera investigación en América Latina generará un contagio para el resto de los países de la región y puede evitar “que las violaciones de derechos humanos lleguen a estos niveles de gravedad”.

Sin embargo, Ortega recuerda que esta investigación será un solo paso más dentro de la justicia internacional.

“Ahora queda un camino por recorrer y entender. Y con en base en eso lo hay que seguir haciendo es acompañar a las víctimas”.

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“El fiscal de la CPI ha concluido el examen preliminar de la situación en Venezuela y ha determinado que procede abrir una investigación para establecer la verdad de conformidad con el Estatuto de Roma”, reza un memorando firmado con Venezuela y leído frente a Khan y al presidente Maduro.

La investigación buscará determinar si se cometieron crímenes contra la humanidad en el contexto de manifestaciones durante la crisis política venezolana.El memorando también recoge que Venezuela “interpreta que no se cumplen los requisitos del artículo 53 del Estatuto de Roma, para justificar el paso de la fase de examen preliminar a la fase de investigación”.

Por su parte, el mandatario venezolano aseguró que respeta, pero no comparte, la decisión adoptada por la Fiscalía de la CPI.

El gobierno venezolano considera que “las denuncias deben ser investigadas en el país por las instituciones nacionales existentes creadas para tal fin”, explica el memorando.

El documento firmado este miércoles por el presidente Maduro y el fiscal Khan también recoge que en la fase preliminar “no se ha identificado a ningún sospechoso ni a ningún objetivo y que la investigación tiene por objeto determinar la verdad y si existen o no motivos para formular cargos contra alguna persona”.

Las partes acordaron que Venezuela, como jurisdicción nacional, “adoptará todas las medidas necesarias para asegurar la efectiva administración de justicia, de acuerdo con los estándares internacionales, con el apoyo y el compromiso activo de la Fiscalía de la Corte Penal Internacional en virtud del principio de complementariedad”.

También se compromete a “establecer mecanismos para mejorar la cooperación entre las partes y facilitar el efectivo desempeño del mandato del fiscal” en Venezuela.

La apertura de una investigación formal supone un paso más en el proceso iniciado en 2017, cuando la fiscal Fatou Bensouda decidió abrir un “examen preliminar” sobre la situación en Venezuela para evaluar “presuntos crímenes que pudieran ser competencia de la CPI”.

Bensouda explicó que había tomado esa decisión después de estudiar de cerca el caso venezolano desde 2016 y tras una revisión “cuidadosa, independiente e imparcial de comunicaciones e informes”.

“En particular, se ha alegado que fuerzas de seguridad del Estado con frecuencia utilizaron fuerza excesiva para dispersar y reprimir manifestaciones, y que han detenido y encarcelado a miles de miembros de la oposición, reales o aparentes, algunos de los cuales habrían sido presuntamente sometidos a graves abusos y maltrato durante su detención”, señaló entonces Bensouda, que también dijo que estudiaría las denuncias sobre acciones de manifestantes que habrían provocado lesiones o muerte de efectivos de las fuerzas de seguridad.

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La misiva va acompañada de informes elaborados por expertos internacionales en los que se documentan procesos extrajudiciales, torturas y detenciones arbitrarias en el marco de las protestas contra el gobierno de Nicolás Maduro.

Esta demanda, inédita en los 16 años de historia de este tribunal, supone la primera vez que países miembros de la CPI piden a fiscales que investiguen a otra nación firmante.

El pasado mes de febrero, la CPI ya anunció que había decidido abrir un “examen preliminar” sobre Venezuela, paso previo a una investigación formal, para evaluar presuntos crímenes “en el marco de manifestaciones y la inestabilidad política conexa” que pudieran ser de su competencia.

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Informes internacionales

Entre los documentos presentados figura un informe de la Oficina del Alto Comisionado para los Derechos Humanos de la ONU en el que se documentan ejecuciones extrajudiciales, torturas y detenciones arbitrarias en el marco de las protestas antigubernamentales de entre abril y julio de 2017.

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Otro de los informes adjuntos fue redactado por un grupo de expertos designado por la Organización de Estados Americanos (OEA), que concluyó que existía un “fundamento razonable” para considerar que 11 personas, entre ellas el presidente Nicolás Maduro y miembros de las Fuerzas Armadas, eran supuestos responsables de crímenes de lesa humanidad en el país.

En la presentación de la carta este miércoles en los márgenes de la Asamblea General de la ONU que se celebra en Nueva York, el canciller de Chile, Roberto Ampuero, calificó los informes de “sólidos y contundentes” y dijo que “muestran de manera muy seria y documentada las denuncias de delitos de lesa humanidad en Venezuela”.

“Las violaciones a los derechos humanos en Venezuela deben terminar y las que han ocurrido deben ser investigadas para establecer, con la mayor claridad, quiénes son los responsables”, dijo a periodistas.

Su homólogo paraguayo, Luis Alberto Castiglioni, declaró que “permanecer impasible, indiferentes o especulativos ante esta realidad podría tener ribetes de complicidad con el régimen que se ha apoderado de la suerte de la República de Venezuela”.

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“La situación en Venezuela continúa deteriorándose, el éxodo de millones de venezolanos es un indicador claro de la gravedad de esta crisis causada por la dictadura de Maduro”, agregó el canciller de Perú, Néstor Popolizio.

“En este momento en Venezuela no solo no existe la democracia, sino que impera un mecanismo de dictadura”, apuntó el canciller argentino, Jorge Faurie.

Al margen de esta comparecencia ante la prensa, el presidente de Colombia, Iván Duque, también se refirió a la petición presentada a la CPI durante su discurso ante la Asamblea General de la ONU este miércoles.

El mandatario, que calificó la crisis migratoria en Venezuela como “la más indignante de la historia reciente de la región por cuenta de una dictadura que aniquiló las libertades”, destacó la importancia de que “se ejerzan todos los mecanismos internacionales para denunciar, investigar y sancionar por parte de la CPI a quienes han sembrado esa tragedia deleznable”.

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Conozca paso a paso qué sigue después del Sí de Guatemala en la consulta popular

Minutos después de que se hizo oficial la fecha de la consulta en Belice, el presidente Jimmy Morales tuiteó: Valoro la decisión del Gobierno de Belice de fijar fecha para su Consulta Popular. Insto al pueblo beliceño a que juntos encontremos una solución pacífica al diferendo territorial, insular y marítimo.

Valoro la decisión del Gobierno de Belice de fijar fecha para su Consulta Popular. Insto al pueblo beliceño a que juntos encontremos una solución pacífica al diferendo territorial, insular y marítimo.

— Jimmy Morales (@jimmymoralesgt) May 1, 2018

La canciller guatemalteca, Sandra Jovel, también aplaudió la decisión del gobierno beliceño en la cuenta de Twitter de la Cancillería. 

#CancillerGt #SandraJovel se congratula con la decisión del Gobierno de Belice que anuncia fecha para su consulta popular, el referéndum se realizará el 10 de abril de 2019 #CaminoAlaCorte pic.twitter.com/4nD94m1vGv

— MINEX Guatemala (@MinexGt) May 1, 2018

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Al igual que los guatemaltecos, los beliceños han sido convocados a una consulta popular para responder la siguiente pregunta: ¿Está usted de acuerdo que cualquier reclamo legal de Guatemala en contra de Belice sobre territorios continentales e insulares y cualesquiera áreas marítimas correspondientes a dichos territorios sea sometido a la Corte Internacional de Justicia (CIJ) para su resolución definitiva y que ésta determine las fronteras de los respectivos territorios y áreas de las partes?

Apoyo

El secretario general de la Organización de Estados Americanos (OEA), Luis Almagro, dijo que apoya la decisión de Belice de celebrar en abril de 2019 la consulta popular.

“Apoyamos la decisión del Gobierno de Belice de celebrar un referéndum para decidir si el diferendo territorial, marítimo e insular con Guatemala debe resolverse bajo la jurisdicción de la Corte Internacional de Justicia”, señaló Almagro en una declaración a través de Twitter.

Gana el sí

El 15 de abril último, casi dos millones de guatemaltecos acudieron a votar en la consulta popular, de los que 96 por ciento votaron por el sí. 

En un ejemplo de civismo, personas de la tercera edad, discapacitados, adultos y jóvenes asistieron a las urnas a plasmar en las papeletas su voluntad para que el diferendo territorial con Belice se resuelva en la CIJ.

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Después del histórico ejercicio democrático, la continuación del proceso estaba en manos de las autoridades beliceñas, que debían definir la fecha para celebrar su propia consulta, y lo de hoy fue el primer paso.

Reclamo histórico

Belice tiene una extensión territorial de 22 mil 966 kilómetros cuadrados, de los cuales Guatemala reclama 12 mil 272 kilómetros como parte de un diferendo territorial, marítimo e insular que data de  hace más de 200 años.

Guatemala reconoció al gobierno y a la población de Belice en 1991, pero no el territorio, porque fue usurpado por el Reino Unido, acción de la cual se originó el conflicto.

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Cayo, Stann Creek y Toledo son los tres distritos situados en el área en disputa y que podrían pasar a Guatemala si la CIJ le da la razón cuando el caso finalmente sea elevado a esa instancia, si en Belice también gana el sí. 

Aunque el idioma oficial de Belice es el inglés, solo el 62.9 por ciento de la población lo habla, ante el 56.6 por ciento que domina el español y un 10.5 por ciento, el q’eqchí’. En ese país conviven distintas culturas: indígenas, garífunas, criollos y grandes comunidades de estadounidenses, canadienses, chinos y alemanes. 

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Según detalló, esta denuncia es “un mecanismo para ejercer presión internacional a todos los crímenes que están ocurriendo en Venezuela”.

El senador comentó que la CPI tiene mecanismos por los que “cualquier persona puede acudir ante la Fiscalía para presentar denuncias” para que se pueda abrir una investigación.

“Es una forma de mostrar que hay mas allá de los discursos en los salones de la diplomacia multilateral. Hay que pasar a acciones que permitan por lo menos alertar al mundo y a través de los cuales se puedan abrir canales (contra) las conductas que ha cometido Maduro”, agregó Duque.

La denuncia se basa en los presuntos delitos que consideran que ha cometido el Gobierno de Maduro que iniciaron las protestas opositoras contra su Ejecutivo hace más de cien días y en las que han muerto más de 90 personas.

En opinión de Duque, la denuncia “muestra evidencias y soporta información pública”  que permitirá que esa corte “deje en observación” con miras a investigación formal“a Maduro.

El senador destacó que tienen también la aspiración de que la Corte ”pueda alertar“de que lo que se vive en Venezuela es una ”situación grave“en la que debe intervenir” un poder judicial independiente porque está cooptado por el Gobierno”.

Por ello considera que el futuro de Maduro ” debe ser el del los dictadores que han intentado someter a sus pueblos y han cometido toda suerte de crímenes“.

“El futuro que le espera debe ser que el pueblo venezolano lo remueva a través de canales democráticos porque es lo que el país está pidiendo”, subrayó.

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Otro proceso contra la fiscal

La Contraloría General de Venezuela informó este lunes que inició un nuevo proceso contra la fiscal general, Luisa Ortega, por “su falta de cooperación”  en la auditoría abierta el pasado 3 de julio por ese órgano estatal de seguimiento de las cuentas públicas a la Fiscalía.

Galindo informó del comienzo de un “procedimiento de multa” contra Ortega, que tendrá 15 días para defenderse y podría ser castigada con la inhabilitación “dependiendo de la gravedad del caso”.

El contralor dio la noticia en la sede de la Policía científica (CICPC), después de someterse junto al defensor del pueblo, Tarek William Saab, a la prueba del polígrafo ordenada por el Supremo para los titulares de estos dos cargos y para la propia fiscal.

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“La decisión de Rusia de no participar del Estatuto de la CPI, o en otras palabras, de revocar la firma de este documento, implica consecuencias jurídicas previstas por la Convención de Viena sobre los tratados internacionales de 1969” , precisó en un comunicado el Ministerio de Asuntos Exteriores.

La resolución -gracias a la cual Rusia queda fuera de la jurisdicción del Tribunal de La Haya- entra en vigor hoy mismo.

La cancillería rusa destacó que “en 14 años de funcionamiento, la CPI ha dictado sólo cuatro sentencias y ha gastado más de 1.000 millones de dólares” .

“Lamentablemente, el tribunal no ha justificado las esperanzas puestas en él y no se ha convertido en un órgano de justicia internacional independiente y de prestigio” , añadió Exteriores.

Ya en enero de este año, la portavoz de la cancillería rusa, María Zajárova, denunció la parcialidad de la CPI cuando el tribunal autorizó investigar los posibles crímenes de guerra durante el conflicto bélico que enfrentó a Rusia y Georgia en agosto de 2008 en la región secesionista georgiana de Osetia del Sur.

“El ataque del régimen de (el presidente georgiano) Mijail Saakashvili contra la pacífica Tsjinvali (capital de Osetia del Sur), el asesinato de miembros de las fuerzas de paz rusas derivó en acusaciones de la CPI contra las milicias surosetas y los soldados rusos” , señaló hoy la cancillería.

Sin embargo, Moscú denunció que al mismo tiempo, “las acciones y órdenes de los cargos públicos georgianos se ha dejado en manos de la Justicia georgiana, fuera del ámbito de la fiscalía de la CPI” .

“Esta decisión habla por sí misma. En estas condiciones, difícilmente se puede hablar de confianza en la Corte Penal Internacional” , concluyó Exteriores.

Rusia firmó el Estatuto de Roma en el año 2000, pero nunca lo ratificó, como sí hicieron otros 123 Estados, con las notables excepciones de Estados Unidos, China o Israel.

Con su decisión de revocar su firma del documento, ningún ciudadano ruso podrá ser juzgado La Haya por crímenes de guerra o genocidio a menos que haya una resolución al respecto del Consejo de Seguridad de la ONU, en el que Rusia tiene derecho a veto.  EFE

En La Haya una fuente de la CPI confirmó la presentación de la solicitud ante la Fiscalía.

La petición, que se ha formulado en nombre de un grupo de víctimas dentro de las que se ha incluido el propio Vecchio, va dirigida contra un grupo de ocho altos funcionarios venezolanos, incluido Maduro, afirmó el líder opositor, sin querer dar mayores detalles sobre los mismos “por razones de confidencialidad” y estrategia judicial.

La petición denuncia “un comportamiento sistemático, generalizado, por parte del Estado venezolano, de distintas instituciones (…) dirigidas estructuralmente a atacar, a producir daños contundentes y efectivos sobre cualquier foco de disidencia o de mera crítica al gobierno nacional”, explicó Gutiérrez.

El informe presentado a la fiscalía de la CPI, que habrá de decidir si admite llevar a cabo una investigación preliminar, incluye el relato de más de 30 presuntos homicidios, 3.700 detenciones que la oposición considera ilegales, cerca de 400 supuestos casos de tortura, y unas 800 personas heridas, desde febrero de 2014 hasta la actualidad.

La Fiscalía suele tardar entre tres y seis meses en decidir sobre las peticiones que se le presentan, pero Vecchio insistió en la urgencia de la petición a menos de un mes de las elecciones legislativas en el país sudamericano, el 6 de diciembre, y el próximo discurso de Maduro ante el Consejo de Derechos Humanos de la ONU, de la que el país forma parte.

“Palestina busca justicia, no venganza“, aseguró el ministro a los periodistas después de la ceremonia, llamando a Israel a adherirse al tribunal.

El primer ministro israelí, Benjamin Netanyahu, “no debería tener miedo (…) Si Israel tiene quejas (contra los palestinos) debería presentarlas ante la CPI“, dijo Al Malki.

Netanyahu ha acusado al gobierno palestino, incluido Hamás (al que Tel Aviv considera organización terrorista), de “manipular” al tribunal.

Exasperados por décadas de negociaciones en vano, sin ninguna perspectiva de ver nacer próximamente el Estado al que aspiran desde hace mucho tiempo, los palestinos decidieron internacionalizar su causa.

A finales del 2014, después de que el Consejo de Seguridad de la ONU hubiera rechazado un proyecto de resolución para poner fin a la ocupación israelí en tres años, decidieron adherirse a la CPI, que tiene por finalidad juzgar a los autores de genocidio, crímenes contra la humanidad y crímenes de guerra.

Al mismo tiempo que solicitó la adhesión al tribunal de la Haya, el presidente palestino Mahmud Abás envió un documento para autorizar a la fiscal de la CPI, Fatou Bensouda, a investigar los presuntos crímenes cometidos en los territorios palestinos en verano del 2014.

La ofensiva de Israel contra la franja de Gaza en julio y agosto del 2014 para detener el lanzamiento de cohetes por parte de Hamás sobre su territorio dejó cerca de 2 mil 200 muertos del lado palestino y 73 del lado israelí.

– Investigación preliminar –

A mediados de febrero, Bensouda decidió examinar el caso, pero de momento no se ha abierto ninguna investigación formal contra dirigentes israelíes.

Toda investigación sobre crímenes de guerra cometidos supuestamente por Israel en Gaza deberá incluir el lanzamiento de cohetes por parte de Hamás en zonas civiles de Israel.

Aunque Israel no sea miembro de la CPI, el tribunal podría encausar a israelíes por crímenes cometidos en suelo palestino. Pero la CPI previsiblemente tropiece con la dificultad de detener a responsables israelíes ya que no dispone de una fuerza policial propia y depende de la cooperación de los Estados miembros.

En teoría, los palestinos podrían llevar ante el tribunal una cuestión específica como la construcción de colonias judías en la Cisjordania ocupada, pero Al Malki ha dicho que su gobierno esperará los resultados de la investigación preliminar de la fiscal.

“No estamos en un momento de amenazas. Queremos esperar y dar al tribunal el tiempo suficiente para completar el examen preliminar“, señaló.

La CPI es considerada una de las últimas armas de los palestinos frente a Israel.

Respuesta israelí

Israel denunció la adhesión de Palestina a la CPI, y la calificó como “política y cínica” , según un comunicado del ministerio de Relaciones Exteriores israelí.

“La decisión palestina de adherirse a la CPI para iniciar procedimientos judiciales contra Israel es política, cínica e hipócrita” , afirma el comunicado.

Además en represalia, Tel Aviv bloqueó más de cien millones de euros en impuestos que cobra en nombre de la Autoridad Nacional Palestina (ANP) en concepto de tasas aduaneras.

Durante las recientes elecciones israelíes, el primer ministro afirmó que, de ser reelegido en marzo, enterraría la idea de un Estado palestino, aunque una vez elegido, rebajó el tono y aceptó desbloquear los fondos.

En respuesta, Israel ha apostado por apoyar a las víctimas de atentados. Así, 26 estadounidenses decidieron el martes solicitar a la justicia estadounidense que juzgue a altos cargos de Hamas por crímenes de guerra cometidos según ellos en el conflicto del verano de 2014.

La ONG Human Rights Watch celebró el miércoles la adhesión de Palestina a la CPI y aseguró que Israel y Estados Unidos deberían dejar de presionar a los palestinos.

Palestina obtuvo en el 2012 el estatuto de observador en Naciones Unidas y 135 países han reconocido al Estado palestino, según la ANP.