Este es un sistema que se aplica por primera vez en el mundo y que apunta a cambiar la política antinarcóticos.

A las 8 horas locales, el oficial Instituto de Regulación y Control del Cannabis (IRCCA) publicó la lista de farmacias adheridas al sistema, un total de 16 en todo el país, y comenzaron las ventas.

En una farmacia de la Ciudad Vieja de Montevideo, en el centro de la ciudad, se registraba la afluencia de compradores desde muy temprano. En los primeros minutos desde que se levantaron las cortinas del local, cinco personas compraron la nueva marihuana estatal.

Al igual que el comprador, la farmacéutica responsable del lugar evitó dar su identidad y se limitó a declarar que la venta de cannabis con fines recreativos es “apenas un servicio” y dijo que espera que no “afecte” su negocio.

En un comienzo interesadas en convertirse en puntos de venta de la droga, las farmacias fueron desandando ese camino esgrimiendo razones de seguridad primero, y de rentabilidad después, por considerar que el registro de usuarios tiene una baja cantidad de potenciales compradores.

Unas cinco mil personas se inscribieron para comprar la droga a través de este sistema desde la apertura del mecanismo de registro a inicios de mayo.

En Montevideo, donde vive la mitad de la población, existen apenas tres puntos de venta.

Por la mañana, algunas farmacias no adheridas al sistema exhibían carteles en sus vitrinas señalando que no venden marihuana.

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Marihuana estatal 

La marihuana de uso recreativo, producida por dos empresas privadas en terrenos bajo vigilancia oficial y sometidas a un monitoreo de calidad del producto, se vende al público desde este miércoles en envases blancos y azules que contienen cinco gramos de la droga.

Existen dos variedades del producto vendidas en envoltorios sellados de cinco gramos: “Alfa I” y “Beta I”, correspondientes a las variedades “Indica” y “Sativa” de la planta.

Los compradores se llevaron, en todos los casos,10 gramos de la droga, cinco gramos de cada variedad disponible.

Los clientes registrados para comprar marihuana en farmacias lo hacen a través de un sistema que lee sus huellas digitales y les permite adquirir la droga para uso personal sin mostrar identificación en el local.

El final de un proceso 

La venta de marihuana en farmacias es el final de un largo proceso para implementar la ley de Regulación del Cannabis aprobada en 2013, que estuvo cargado de polémicas y retrasos.

Solo ciudadanos uruguayos o residentes legales en el país pueden comprar la hierba en farmacias, lo que elimina la posibilidad de venta a turistas.

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Al parecer, la legalización de la amapola en Guatemala es más imposible que viable. Solo 18 países en el mundo tienen esa autorización de la Organización de las Naciones Unidas (ONU), y ninguno es del continente americano, sino solo de Europa y Asia.

El gobierno fue claro: la legalización no es una opción para las familias que cultivan amapola en San Marcos, especialmente en los municipios de Ixchiguán y Tajumulco, dijo el vicepresidente Jafeth Cabrera, quien lo dio por descartado.

En su lugar, los ministerios de Agricultura y Desarrollo Social trabajan en una ofensiva para llevar programas y herramientas para cultivos alternativos, pero la duda es si resultará rentable para los campesinos.

De acuerdo con autoridades del Ejército, grupos mexicanos y guatemaltecos le pagan a las familias cuando la amapola es cosechada, por eso la atracción hacia ese cultivo ilegal.

Según expertos, Guatemala no estaría en condiciones de legalizar esa práctica, debido a que no se cuenta con sistemas de salud, prevención y justicia fortalecidos.

Solo potencias

De acuerdo con una investigación del diario mexicano Milenio, 18 países tienen el aval de la ONU para sembrar amapola, permiso necesario por ser firmantes de convenciones internacionales.

Esos países son Alemania, Australia, Austria, China, Eslovaquia, España, Francia, Holanda, Hungría, Inglaterra, India, Japón, Macedonia, Nueva Zelanda, Polonia, Rumania, Turquía y Ucrania.

México lo ha intentado, por ser considerado uno de los principales productores, pero no lo ha conseguido. “Para poder sobrevivir hay que ser amapolero”, dice un agricultor al mismo diario.

En España, las amapolas cosechadas en 12 mil hectáreas sirven para morfina en términos medicinales, y es el segundo país productor, después de Australia, reporta el diario El Mundo.

Guatemala intentó promover la despenalización de ese cultivo en el 2012 y el 2013.
País no tiene la capacidad

“Antes de pensar en una legalización o despenalización de estos estupefacientes, se deben fortalecer sus medidas de control y prevención del consumo, algo que tiene que hacer Guatemala y toda la región México-Centroamérica”, opinó Gustavo García Fong, consultor de la Asociación de Investigación y Estudios Sociales (Asíes).

De acuerdo con el experto, varios de los países que legalizaron la amapola difieren de las políticas de prevención y sanción no solo del consumo, sino de todo el proceso que implica el tráfico de estupefacientes —producción, procesamiento, tráfico y consumo—.

“De manera que donde los sistemas de justicia están en proceso de consolidación y las fuerzas de seguridad aún no tienen las estrategias necesarias y las políticas de prevención no terminan de cuajar, sería muy prematuro pensar en despenalizar”, consideró.

“Una vez, después de haber subido en los escalones que han subido las otras sociedades, podría considerarse. Pero eso sería muy lejano”, agregó.

De las 18 naciones que legalizaron el cultivo de amapola, García Fong detecta a una que no es del Primer Mundo,  India, aunque “tal vez solo su capital sea del primer mundo”.

“Los demás son países con alto índice de desarrollo humano. Puede que se paguen muchos impuestos, pero los ciudadanos se ven recompensados en los servicios de buena calidad. Aquí qué hospital público estaría dispuesto a darle seguimiento a quienes consumen”, cuestionó el investigador de Asíes.

Codiciado por narcotraficantes

• Valiosas para el opio, la heroína y morfina.
• De la sustancia de la flor de amapola se obtiene opio.
• A su  vez, el opio es utilizado para la producción de heroína, morfina y codeína.
• En los países donde se legalizó, se cultiva amapola para fabricación de dichas sustancias para uso medicinal.
• El diario mexicano El Universal publicó que campesinos guatemaltecos pueden obtener más de US$8 mil cada año y que los carteles mexicanos son sus principales compradores.
• El gobierno de Otto Pérez Molina intentó la despenalización del consumo del canabbis, pero el tema solo se promovió en foros internacionales.

Castigo

En Paraguay, el aborto y su tentativa se encuentran castigados, con una pena base de hasta cinco años, y sólo está autorizado interrumpir un embarazo cuando hay un riesgo de vida para la madre, por lo que las organizaciones pidieron el “cese de la criminalización de niñas y mujeres”.

Reclamaron también que el Estado paraguayo garantice la atención integral para aquellas niñas y mujeres víctimas de abusos sexuales y embarazos por violación, y reclamaron políticas de educación sexual y de información y orientación a niños, niñas y adolescentes para protegerse frente a estos abusos.

También exigieron el cese del internamiento innecesario de niñas embarazadas en instituciones, y pidieron que se respete su derecho a vivir con sus familias y no se las despoje de sus hogares.

Insistieron además en que se establezcan “medidas para prevenir, proteger, castigar, reparar y erradicar”  toda forma de violencia contra niñas y mujeres, y especialmente las que atentan contra su autonomía sexual.

Caso

El debate sobre el aborto se reabrió en Paraguay a raíz del caso de la niña conocida con el nombre ficticio de Mainumby, que quedó embarazada a los 10 años como consecuencia de una violación presuntamente perpetrada por su padrastro.

La menor, que dio a luz el pasado 13 de agosto, fue “obligada a llevar a término su embarazo”, pese al riesgo que implicaba para su salud y su vida, dado que la posibilidad de sufrir complicaciones y muerte es cuatro veces mayor en embarazos a esa edad, subrayaron las organizaciones.

Además, según denunció recientemente Elizabeth Torales, la abogada de la madre de Mainumby, el Estado paraguayo “no ha cumplido con sus obligaciones”  para garantizar el derecho de la menor y de la recién nacida a la salud, la vivienda o la educación.

Según las cifras del 2014, un total de 684 niñas entre 10 y 14 años dieron a luz en Paraguay, embarazos que a esa edad son considerados como fruto de violaciones, mientras que unos 20 mil de los alumbramientos fueron de adolescentes de 15 a 19 años.

Además, según los últimos datos disponibles en el Ministerio de Salud Pública, en el 2009 un total de 8 mil 660 mujeres estuvieron hospitalizadas por un aborto.

Por otra parte, más de 400 niños y adolescentes fueron víctimas de abusos sexuales en el primer semestre del 2015, según cifras oficiales.