Guatemala tiene exceso de agua, pero debido a la mala distribución, por la geografía, y al mal manejo, hay comunidades que no cuentan con el  líquido. La cantidad de agua disponible por persona en el territorio nacional, cada año, suma  ocho mil metros cúbicos, lo que supera siete veces  el estándar internacional, que indica que para vivir bien se requieren mil metros cúbicos per cápita por año, según Edwin Castellanos, codirector del Centro de Estudios Ambientales y de Biodiversidad de la Universidad del Valle de Guatemala.

Castellanos señaló que del total disponible en el país solo se utiliza el 16 por ciento, la mayoría para el riego agrícola, además de la industria. De esto, el 1 por ciento se utiliza para los inodoros, lavar ropa y bañarse, y regresa a los afluentes sin tratamiento, por lo que contamina el restante 84 por ciento.

Corredor Seco

El experto afirmó que la falta de agua se debe a que durante seis meses del año no llueve y los otros seis meses llueve mucho, pero no hay costumbre de almacenar agua, lo que hace que esta sea escasa en algunos sectores.

Además, según Castellanos,  la cadena volcánica y montañas de Guatemala forma la “sombra de lluvia”, que se refiere a que estos accidentes geográficos evitan que las nubes pasen al Corredor Seco, por lo que las lluvias son menores en esos departamentos.

“En realidad, el Corredor Seco no es seco, porque sí recibe agua. Los únicos departamentos con deficiencia de agua son Zacapa y El Progreso, donde cae menos de un metro de lluvia al año”, refirió Castellanos.

Contaminación

Según el Diagnóstico de la Política Nacional de Agua, citado por el experto, el 40 por ciento de la contaminación del agua del país es de origen orgánico, es decir por las aguas residuales domésticas o aguas no servidas. Otro 47 por ciento de la contaminación se origina por la agroindustria, con el uso de agroquímicos, y el 13 por ciento restante corresponde a contaminación por  colorantes, metales y otros productos tóxicos.

Castellanos afirma que limpiar el agua que se utiliza para el inodoro y que se ensucia con jabón es fácil de hacer con una planta de tratamiento, pero esto todavía no es prioridad.

Hay interés

Elisa Colom, especialista en legislación de aguas, afirmó que este año en el Congreso hay especial interés por aprobar una ley de aguas y que varios sectores hablan del tema.

Señaló que esa normativa debe ser utilizada para administrar el líquido y que la excepción sea la denuncia, aunque sí contemplará infracciones y sanciones.

 Aún hay agua pero está mal administrada

La decisión de no presentar acciones legales en contra de empresas que desviaron los ríos por parte del Ministerio de Ambiente y Recursos Naturales es criticada por expertos y ambientalistas.

Sydney Samuels, ministro de Ambiente, aseveró que las investigaciones sobre los desvíos de ríos continúan, aunque ya no se han colocado más denuncias.

Según el funcionario, la razón es debido a que se mantienen “conversaciones con las empresas” productoras, particularmente en el área de la costa sur y porque el presidente Jimmy Morales giró instrucciones de que se privilegie el diálogo.

Agregó que las empresas nunca negaron que hayan hecho desvíos y ahora han disminuido la desviación.

Julio González, miembro del colectivo Madre Selva, comentó que el Ministerio, al utilizar esa estrategia no pensó en quienes están afectados.

“Se pasan por encima de los derechos de las personas; para eso no se necesita diálogo se necesita corregir la situación, penalizar a las empresas y quitar los obstáculos que están puestos en los ríos. No hay otro camino a tomar”, señaló González.

César Barrios, de Fundaeco, dijo que si bien no conoce a fondo los casos, debe solucionarse todo.

Siete señalados

El pasado 9 de mayo el ministro Sydney Samuels reveló que se había denunciado a siete empresas de agroindustria por el desvío ilegal de ríos.

El funcionario aseguró que cada compañía “tenía varios desvíos”, en algunos ríos, entre otros el Madre Vieja y Pacaya, y muy probablemente el Nahualate.

Explicó que entre las compañías denunciadas hay unas que se dedican al cultivo de palma africana, banano y caña.
“Hay comunidades completas que están ubicadas  debajo de estas tomas y que era evidente que estaban sufriendo la falta del líquido vital previo a la desembocadura al mar”, aseveró el ministro, quien agregó que con las denuncias se buscaba que aquellos con los que no se había llegado dejen de desviar los ríos de manera irregular.

“No sé si se refiere a sustituir una cosa con otra o si las dos vías van de la mano. Apoyamos la búsqueda de soluciones y la gobernabilidad de las áreas para que mejore esta situación”, agregó.

Los inconformes  se reunieron con delegados de la  Procuraduría de Derechos Humanos (PDH),  con personal del Ministerio de Ambiente y diputados para informales acerca de su inconformidad, la cual también denunciaron en la Municipalidad de El Asintal.

El líder comunitario, Carlos Barrios, dijo que la hidroeléctrica contaminaría el rio Nil que pasa por Nuevo San Carlos y El Asintal. Añadió que pobladores utilizan el agua de esos afluentes para lavar ropa, bañarse y para sus quehaceres del hogar.

Ana González, lideresa comunitaria, señaló que los vecinos están molestos por la construcción de la hidroeléctrica y que se desconoce exactamente qué proceso se utilizó para llevar a cabo el proyecto.

“Nos hemos reunido con autoridades locales y departamentales para que nos den una explicación, sobre quién dio la autorización”, expresó la vecina María Chávez.

Alfonzo Alonzo, viceministro de Ambiente, indicó que enviarán una comisión para que verifique lo que denuncian los pobladores, luego se efectuará un informe, y de encontrar alguna anomalía actuarán de inmediato.

El diputado distrital, Edwin Lux, señaló que los inconformes entregaron un pliego de peticiones. Añadió que os pobladores esperan que se les ponga atención, de lo contrario tomarán medidas de hecho.  

El ministro del ramo, Sydney Samuels, aseguró este lunes que cada compañía “tenía varios desvíos”, en varios ríos, entre otros, el Madre Vieja y Pacayá, y muy probablemente, el Nahualate.

Las empresas denunciadas son

1. Ingenio Magdalena
2. Grupo Hame
3. Ingenio La Sierra
4. Ingenio Pantaleón
5. Ingenio Palo Blanco
6. Finca La Bananera

El funcionario solo mencionó seis de siete nombres.

“Estamos pendientes todavía de determinar los puntos exactos en donde se están desviando en el río Coyolate, y hoy se está presentando una demanda contra Palmas del Horizonte, que están desviando el río Pacayá ”, añadió Samuels.

El ministro explicó que las compañías se dedican al cultivo de palma africana, banano y caña.

El mes pasado, autoridades hicieron una verificación aérea de la situación, en la cual detectaron más de 50 desvíos.

De dominio público

La estrategia del Gobierno para evitar el desvío de ríos por parte de empresas es simple. El ministro la resumió con que se trata de “hacer lo que corresponda bajo la Ley” por medio de las denuncias.

“Con las denuncias, poner de sobre aviso a aquellos con los que aún no hemos llegado y se pongan también en línea y dejar de desviar los ríos de manera como se les ocurra. Los ríos no están disponibles”, explicó.

Recordó que el artículo 127 constitucional indica que el agua de los ríos y lagos es de dominio público, por lo que deben cuidarse para todas las comunidades y sociedad.

“Régimen de aguas. Todas las aguas son bienes de dominio público, inalienables e imprescriptibles. Su aprovechamiento, uso y goce se otorgan en la forma establecida por la Ley, de acuerdo con el interés social. Una ley específica regulará esta materia”, dice la Constitución.

Sin embargo, desde hace décadas está pendiente la aprobación de una normativa específica, mientras los intentos anteriores han fracasado.

Las partes han instalado mesas técnicas para intentar solventar los problemas en varios afluentes, especialmente desde principios de año, cuando el problema se agudizó en comunidades de la Costa Sur.

Se reducen afluentes

Los desvíos de ríos se hicieron notar más este año con una denuncia en Santa Rosa, por una alteración en el cauce del río Los Esclavos.

En febrero  último, varias denuncias y quejas llamaron la atención en Santa Rosa, acerca de la escasez de agua o el acceso al líquido pero contaminado.

Además de  los efectos del cambio, casi 50 mil comunidades que viven cerca del río Los Esclavos y sus afluentes lidiaban con los desvíos y contaminación de las aguas.

De hecho,  varios afluentes, como La Virgen, Seco, La Canoa y San Juan Tecuaco, en Santa Rosa, se reportaron casi secos.

Los desvíos  eran hechos por industrias de caña, granjas de aves y porcinas, entre otras actividades.

Más de 30 kilómetros del trayecto que recorre el río Madre Vieja se encuentran áridos.

Mesas técnicas se instalaron para que Gobierno, comunidades, alcaldías y empresas intenten solucionar el problema de los desvíos.

La Marcha por el Agua, el mes pasado, solicitó al Congreso que tipifique como delito el desvío de ríos, a lo que diputados se comprometieron, mientras sigue pendiente una ley de aguas.

En el caserío Las Vegas, aldea Santo Tomás de Castilla, Puerto Barrios, representantes de la Fundación para el Ecodesarrollo y la Conservación (Fundaeco) se presentaron al lugar para confirmar que la máquina trabajaba en el área protegida, misma que se encuentra en resguardo de esta fundación.

Agentes informaron que al lugar se presentó el propietario del inmueble, Byron Solares, y les indicó que contrató la máquina para una excavación con fines recreativos, sin perjudicar el cauce del río, pero se comprobó que este carecía de los estudios de impacto ambiental.

Autoridades en el lugar detuvieron a Cándido Nolberto Marroquín Maldonado, quien operaba la retroexcavadora, e indicó que labora para una empresa constructora por lo que fue puesto a disposición de las autoridades competentes.

Organizaciones ambientalistas expresaron que presentarán la denuncia respectiva ante las instancias competentes, ya que este es el segundo decomiso de maquinaria que se efectúa en el año por desvío de ríos en esa zona.

El pasado 5 de abril del 2016, una máquina similar fue localizada cuando desviaba  uno de los afluentes que abastece al río Las Escobas, también en la zona protegida. Aún se encuentra en espera el proceso legal correspondiente.

Protesta

El 18 de febrero del 2016, unos 500 campesinos de al menos 20 aldeas y caseríos de Coatepeque, Quetzaltenango, se manifestaron en la aldea El Reparo, para expresar su rechazo a la tala y desvío de tres ríos supuestamente por parte de empresas que se dedican al cultivo de palma africana.

Por esa causa, dos millones 931 mil 725  habitantes del departamento de Guatemala son afectados, según un estudio del Instituto de Investigación y Proyección sobre Ambiente Natural y Sociedad (Iarna).

La dificultad que afrontan las subcuencas se determinó a través de métodos  hidrológicos y por el parámetro que establece la ONU. Este indica que  cuando un río está por debajo de los mil 700 metros cúbicos de disposición de agua para una persona por año, hay estrés hídrico.

Según la investigación del Iarna, el río Las Vacas tiene disposición de agua de 496 metros cúbicos por habitante anualmente; el río Pixcayá tiene disponible mil seis metros cúbicos de agua por persona para un año y el río María Linda también presenta problemas de escasez y tiene disponibles mil 427 metros cúbicos de agua por habitante para un año.

Las tres subcuencas abastecen del recurso hídrico a la zona metropolitana, pero están por debajo de la cifra citada de metros cúbicos de agua en disposición que determina Naciones Unidas.

Sololá

En similares condiciones se encuentran 245 mil 581 habitantes de Sololá, afectados de estrés hídrico por la baja disposición de agua de la cuenca del Lago de Atitlán.

La investigación establece que el cambio climático, la contaminación de ríos y la falta de programas para el cuidado del agua causaron escasez del recurso hídrico. Se recomienda impulsar proyectos integrales, para evitar mayores daños en las cuencas.

• Cuatro subcuencias afectadas

Dos millones 931 mil 725 personas del área metropolitana enfrentan “estrés hídrico” por escasez de agua en las subcuencas Las Vacas, Pixcayá y María Linda. En Sololá hay 245 mil 581 pobladores en similar situación, por la poca disponibilidad de líquido en la subcuenca del Lago de Atitlán.

Para el 2020 habría ocho subcuencas son poca disponibilidad de agua.

En 2050 habría 21 subcuencas con escasez.

Las cuatro cuencas afectadas tienen disponibilidad de agua por debajo de los 1 mil 700 m3 por persona al año.

• Río Las Vacas

496 m3

• Río Pixcayá

1 mil 6 m3

• Río María Linda

1 mil 427 m3

• Lago de Atitán

1 mil 280

En la marcha participan hombres, mujeres y niños, quienes con pancartas salieron del área urbana de Purulhá, donde comenzó la travesía que culminará el 22 de este mes en la capital, donde se unirán a otra marcha que salió de Tecún Umán, San Marcos.

La marcha llegó el sábado último a Morazán, El Progreso, donde participantes han comenzado a percibir el aumento de la temperatura. Magdalena Cus, quien  viaja junto a su hija de 1 año y medio y otro de 5,  manifestó que decidió participar, porque en su aldea Los Cerritos, Chisec, Alta Verapaz, hay áreas boscosas, pero proyectos hidroeléctricos se han apoderado de recursos naturales sin consultar a la comunidad.

El grupo de personas llegó el domingo pasado a la aldea Tulumajillo, en San Agustín Acasaguastlán, para continuar su reccorido hacia Guastatoya.

Este miércoles, la marcha llegó a la aldea Agua Caliente, San Antonio La Paz, donde pernoctarán y mañana continuarán hacia la zona 18 de la capital.      

Julián Sabuc, miembro del Comité  Campesino del Altiplano, indicó el viernes último que el principal motivo de la actividad es hacer un llamado a la población para que despierte y que apoye acciones para se respete  el ambiente,  se cuide la tierra  y el agua, porque son  temas que le deben importar a toda la población.

“Si en nuestras comunidades no cuidamos las ríos, los nacimientos de agua y dejamos que las empresas exploten el recurso de forma indiscriminada, en poco tiempo ya no llegará agua a áreas urbanas y no habrá alimentos”, manifestó el dirigente.

Añadió que espera que sus peticiones sean escuchadas y que más pobladores se unan para que se respeten los  derechos de las comunidades de Guatemala.

Recursos en riesgo

Claudia Xoc, originaria de la aldea Las Tortugas, Fray Bartolomé de las Casas, dijo que en ese municipio hay centros ceremoniales y se preserva la vida silvestre; sin embargo, por la llegada de una empresa para la explotación de petróleo, ha puesto en riesgo la salud de vecinos y  los recursos naturales.

#MarchaPorElAgua [AHORA] Delegados del @PDHgt acompañan marcha en recorrido hacia Guastatoya #ElProgreso 1/2 pic.twitter.com/I7QkOqcHcr

— PDH Guatemala (@PDHgt) April 18, 2016

Una de las caminata salió el 11 de este mes de Tecún Umán, San Marcos, luego pasó por Pajapita, y posteriormente en Coatepeque, Quetzaltenango, y Retalhuleu, donde el grupo de campesinos continuó hacia Suchitepéquez para denunciar el daño al ambiente y exigir el cuidado de los ríos, lagos, lagunas y costas.

El martes último, la marcha llegó a la cabecera de Escuintla, donde los participantes pernoctaron en una escuela ubicada en la zona 2 de la cabecera. 

María Josefa Max, una de las organizadoras de la actividad, dijo que este miércoles la marcha llegará a Amatitlán y que esperan arribar a la capital el viernes 22, cuando se conmemora el Día de la Tierra.

Max añadió que lo que buscan con la marcha es generar conciencia de protección de los recursos naturales en la población, y que las autoridades se involucren en el tema para plantear soluciones a los problemas que aquejan al planeta.

Carlos López, uno de los participantes,  dijo que el objetico es fortalecer la lucha por la defensa del agua, la tierra, la madre naturaleza y los alimentos.

“Los campesinos se empobrecen  por la falta de  agua, las cosechas se secan y la sequía afecta a varias comunidades,  por eso  apoyamos esta caminata, para pedir al Gobierno medidas concretas para quienes utilizan los ríos a su beneficio, sin darse cuenta del daño que están causando”, manifestó Jerson de León, líder campesino.

La Asamblea Social y Popular emitió el 11 de este un boletín en el que indica que invita a las personas a que se sumen a esta actividad para lograr un lugar mejor para vivir.

Añade que el gobierno ha sido incapaz de resolver las crisis que afectan al país, entre estas la ambiental. Resalta que se ha privilegiado a grupos que han sumido al país en la pobreza al utilizar un modelo de desarrollo de explotación y contaminación del agua.

Resalta que la contaminación, el desvío de ríos, el impacto negativo en el ecosistema marino y la apropiación indebida del agua se da de parte algunas empresas que se dedican a los monocultivos, la minería e hidroeléctricas.

#MarchaPorElAgua | Acompañamos vertiente sur de marcha, en su recorrido desde #Escuintla hacia Amatitlán pic.twitter.com/I15c5GfmEj

— PDH Guatemala (@PDHgt) April 20, 2016

Ríos contaminados

Irene Barrientos, integrante del Comité de Unidad Campesina (CUC), dijo que se ha constatado que muchos ríos en la costa sur están contaminados y que su caudal ha sido desviado por la agroindustria, para utilizarse en el riego de monocultivos, palma africana y caña de azúcar.  

Añadió que los campesinos que han participado en la caminata, han dormido en escuelas, salones comunales y parroquiales, colegios e institutos, donde también han aprovechado las instalaciones para su aseo personal.

 “Hemos constatado la solidaridad de la población por la necesidad de cuidar el derecho al agua. El agua no es una mercancía,  es un derecho humano; además, en cada lugar hemos recibido ayuda económica y alimentación”, aseguró Barrientos.

Varios campesinos manifestaron que no han recibido incentivos para participar en la caminata y que lo hacen por su propia voluntad.

En la caminata se observan vehículos que llevan paquetes de agua pura, colchas, y otros artículos que son utilizados por los manifestantes.

Otras marchas

De acuerdo con el programa de actividades, el 11 de este mes salió  otra marcha de Purulhá, Baja Verapaz, la cual también llegará a la capital el 22 de este mes, con el fin de denunciar el daño al ambiente. 

La marcha se desplaza este miércoles sobre la ruta al Atlántico, en San Antonio La Paz, El Progreso, donde el grupo de campesinos descansará unas horas, luego continuará hacia la zona 18 de la capital.   

Luis Caal Cal, quien participa en la marcha,  dijo que el objetivo es darle fuerza a la lucha de la defensa por el agua y la tierra, porque la naturaleza lo pide.

“Sabemos que las empresas grandes utilizan el agua de los ríos para los riegos de sus siembras o algunos otros de forma industrial, y por ello se  secan las fuentes de agua”, manifestó el agricultor Juan Xo Cal.

En Huehuetenango, otro grupo de personas recorrió varias comunidades de ese departamento durante tres días de esta semana  para denunciar su inconformidad por el mal uso del agua y el daño que la contaminación causa al planeta.

Con información de Hugo Oliva, Melvin Sandoval, Alexánder Coyoy, Melvin Popá, Carlos Grave, Jorge Tizol y Héctor Contreras 

Bartolo Tijul uno de los inconformes,  dijo que los pozos artesanales y los ríos del sector se están secando, debido a la tala de árboles y el desvió de afluentes.

Señaló que el referido cultivo daña el ambiente, ya que según él, en cada palma se utiliza unos 20 litros de agua diarios.
Resaltó que el agua escasea en varias comunidades  y teme que la situación se complique en este verano.  Indicó que los ríos que han sido desviados son Boboseño, La Flor y Pacayá.

Agregó observaron que en al menos cuatro fincas el agua es succionada de algunos ríos para el riego de las plantaciones de palma africana.

Álvaro Villatoro, campesino, afirmó que han agotado las instancias legales ante el Ministerio Público; sin embargo, las denuncias no han prosperado. Manifestantes indicaron que también les afecta la tala que se registra a causa del referido cultivo.

Se trató de conocer la versión de los encargados de las fincas, pero fue imposible.

Video

El 26 de enero de este año, campesinos también protestaron en Coatepeque contra el cultivo de palma africana.

Polémica

Opiniones encontradas rodean el cultivo de palma africana para la producción de aceite, pues mientras empresarios la defienden porque generan empleos y representan otros beneficios comerciales, pobladores señalan que causa perjuicios ambientales y en la salud de quienes viven cerca de las plantaciones.

En julio de 2015 se conoció que al menos nueve departamentos del país hay plantaciones de palma africana, las cuales utilizan 130 mil hectáreas, lo que preocupa a vecinos debido a los últimos casos de daño ambiental, aparentemente causados por esa actividad.

Liberan cauce

Recientemente, líderes comunitarios  de Tiquisate y Nueva Concepción, Escuintla, pusieron fin a la problemática causada por las agroindustrias de   la Costa Sur —palma africana, azúcar y banano—, al liberar los cauces de los  ríos Madre Vieja y Coyolate, que habían sido desviados para el riego de los cultivos. 

Los afectados y  autoridades de las agroindustrias formaron una mesa técnica para solventar el problema de los ríos, que afectaba a varias comunidades. 

Los afectados aseguran que  debido al problema,  en verano carecen de agua y en invierno los quineles no se dan abasto, lo que causa inundaciones y mortandad de peces y otros animales.

Mario Enrique Bolaños, agricultor, resaltó que el problema también ocasiona que los pozos artesanales se queden sin suministro.

“Los ríos Madre Vieja y Coyolate se encuentra  secos, porque las empresas llevan más de 25 años desviando los afluentes hacia  sus cultivos, y   las autoridades  no han tomado acciones al respecto”,  indicó María Vargas, afectada.

Juan  Aragón, vicepresidente del Consejo Comunitario de Desarrollo (Cocode) de Trocha 4,  Nueva Concepción, dijo que en la finca  San Nicolás se ubica una represa, la cual,  a través de un quinel, desvía el agua hacia el cultivo de palma africana.

 “Son unos 30 kilómetros del río que  está seco, pues solo hay  arena y piedras, situación que daña     la fauna y flora propia del lugar,  como  el mangle, el cual es una especie en peligro de extinción”, comentó Aragón.

Nelson Yanes,  presidente de la Asociación para la Protección de las Bordas de los Ríos Coyolate y Madre Vieja (Asobordas), indicó que   darán un ultimátum a las empresas y autoridades de Gobierno para que propongan una solución.

Otto Lima, alcalde de Nueva Concepción, señaló que brindará   apoyo legal  a los afectados, con el fin  de  solucionar el problema que afecta a miles de vecinos.

Posturas

Víctor Lemus, representante de Grupo Hame —empresa que siembra palma africana—, admitió que  utilizan agua de los mencionados afluentes, pero aseguró que no son los únicos.

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Líderes de la protesta indicaron que también protestaron por el alto costo de la canasta básica, el problema de la energía eléctrica, falta de pupitres en escuelas del área rural.

Agregaron que el desvió de ríos para el cultivo de palma africana les ha afectado para su desarrollo, ya que  ha disminuido el agua en sus comunidades.

Representantes de los inconformes llegaron  a la Municipalidad de Coatepeque, con el fin de dialogar con las autoridades ediles, pero se les informó que solo uno podría ingresar, lo cual no aceptaron. Aún se espera la versión de la comuna.

Según Dalila Mérida, del Comité de Unidad Campesina,  el cultivo de la referida palma causa daños al ambiente por la contaminación de ríos.

Cultivo causa polémica

Opiniones encontradas rodean el cultivo de palma africana para la producción de aceite, pues mientras empresarios la defienden porque generan empleos y representan otros beneficios comerciales, pobladores señalan que causa perjuicios ambientales y en la salud de quienes viven cerca de las plantaciones.

En la actualidad, en nueve departamentos del país hay plantaciones de palma africana, las cuales utilizan 130 mil hectáreas, lo que preocupa a vecinos debido a los últimos casos de daño ambiental, aparentemente causados por esa actividad.

El abuso de poder y lagunas legales permiten que particulares y comunidades se disputen el control del vital líquido, incluso se ha llegado a acciones violentas que polarizan a la población.

Las causas más recurrentes de enfrentamientos son la falta de distribución, el desvío de ríos o la ausencia de límites territoriales por falta de catastro.

Marco Legal

El marco legal actual que regula el acceso y propiedad del agua no aclara sobre límites ni señala delitos por apropiación indebida; al contrario, se contradice.

Por ejemplo, la Constitución de la República que data de 1985, en su artículo 128 dice: “El aprovechamiento de las aguas (…) está al servicio de la comunidad y no de persona particular alguna.

Sin embargo, el Código Penal que fue aprobado en 1932, dice en el Capítulo V, Propiedad de las aguas, Artículo 579: “Son de dominio privado las aguas pluviales que caigan, las aguas continuas y discontinuas que nazcan en dichos predios, las aguas de lagunas y aguas subterráneas”.

Por su parte, el Código Municipal vigente desde el 2002 dice en el Capítulo V, artículo 68: “Competencias propias del municipio. Abastecimiento domiciliario de agua potable”.   

Conflicto entre comunidades

En San Marcos y Huehuetenango es recurrente encontrar conflictos por el uso del agua. En los municipios de Tajumulco e Ixchiguán las comunidades llevan años de disputas por los nacimientos de agua. Los enfrentamientos han dejado muertos y heridos.

Sumado a ello, los límites territoriales no están muy claros entre comunidades, y muchas veces se sobreponen. Es la debilidad catastral la que impide definir qué le pertenece a cada municipio.

Minería

El Código Civil establece que “Los concesionarios de pertenencias mineras (…) tienen la propiedad de las aguas halladas en sus labores”.

Un caso particular fue el de la mina Marlin, que obtuvo licencia de extracción de oro y plata en San Marcos, y también comenzó labores de perforación para la extracción de agua, ya que necesita un millón 36 mil litros diarios. La empresa obtuvo agua con su tecnología y limitó los pozos de las comunidades limítrofes de Sipacapa y San Andrés Ixchiguán. Por ese motivo se realizó un juicio en el Tribunal Latinoamericano de Aguas (TLA) y se logró una condena moral en el 2006.

Desvío de ríos

Las plantaciones de caña de azúcar y palma africana requieren riego constante, por lo que los terratenientes construyen diques de contención y desvían los ríos para captar el líquido y regar sus plantaciones.

Intentos de legislar

La falta de voluntad política y los intereses particulares han impedido que se apruebe una Ley General de Aguas que permita regular el uso y acceso a los recursos hídricos. El desconocimiento en materia ecológica y las políticas contradictorias entre ministerios causan tropiezos para proteger los recursos hídricos y no permiten su correcta administración.