Las acciones del Ejecutivo para contrarrestar la lucha contra la corrupción y la  impunidad en Guatemala pasarán una cara factura al gobierno de Jimmy Morales, coinciden analistas políticos.

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“Esta actitud de ir a Naciones Unidas revela una falta de respeto a la población, porque un gobernante debe estar en consenso  con su pueblo y a partir de ahí plantear la estrategia. Que un presidente no informe de un hecho tan importante revela que no se está gobernando”, afirmó  Villacorta.

De hecho, para Rosal, el poco apoyo  presidencial al combate de la corrupción e impunidad  no es nuevo, y “este nuevo intento de quitarle el piso al Ministerio Público y a la Cicig  pone al desnudo esta situación”.

Alto costo

“El mensaje, por donde se vea, está claro. El paso en falso que dio el Gobierno va a tener un efecto carísimo para esta administración, y creo que va a haber necesidad de una recomposición”, aseguró Villacorta.

“El pequeño hilo de gobernabilidad que pudo haber tenido lo perdió entre ayer y hoy… El gobierno perdió su margen de maniobra, y aquellos miembros del Gabinete que no responden al  FCN podrían salir. Podríamos estar ante una nueva correlación de fuerzas que en el marco preelectoral puede dejar, primero, un saldo positivo a nuevas fuerzas políticas, o que, al contrario, le  dé fuerzas a un reciclaje de políticos que deje un Jimmy 2.0”, puntualizó.

El Ministerio de Salud y el Gobierno carecen de una política de seguridad del paciente, que podría ser la manera más apropiada de tratar preventivamente el  problema de la proliferación de bacterias nosocomiales, señalan expertos, mientras la investigación por la muerte de neonatos continúa.

Al programa Diálogo Libre de PrensaLibre.com fueron invitados el infectólogo Carlos Mejía; Zulma Calderón, de Supervisión Hospitalaria de la Procuraduría de los Derechos Humanos (PDH); y Miriam Ambrosio, de la Fiscalía de Delitos contra la Vida.

¿Son comunes las infecciones nosocomiales?

Calderón: Son frecuentes. De hecho, por norma, los hospitales debiesen  tener un comité de infecciones nosocomiales.
Debido a la situación tan crítica que enfrentamos, muchas de las medidas que deben ser regidas y vigiladas  por estos comités han dejado de cumplirse.

¿Cuántos están activos?

Calderón: Actualmente, la mayor parte de hospitales tiene comités de infecciones nosocomiales, pero que cumplan su función es muy diferente, porque debiese  haber  vigilancia completa de este tipo de normas y protocolos que están implementados desde hace mucho tiempo  y que hoy se encuentran sin tener un control, una
supervisión por parte del Ministerio de Salud, como ente rector.

En el caso de los hospitales de Santa Rosa y de Infectología, ¿entran en la definición de infecciones nosocomiales?

Calderón: Pudieran catalogarse como infecciones nosocomiales. En el caso de Santa Rosa, se estaba hablando de una contaminación por una bacteria llamada Klebsiella, que está relacionada con la muerte de alrededor de dos o cuatro niños, y en el caso de  Infectología, se relaciona la muerte con la bacteria Serratia marcescens. 

¿Hay algún delito  debido al descuido de la higiene?

Ambrosio:  En caso se estableciera  que existió imprudencia o negligencia en estos casos,  sí podría encuadrarse en un delito culposo.  

¿Hay avances en esos dos casos para hablar  de capturas?

Ambrosio: En el caso del Hospital Infantil de Infectología y Rehabilitación,  entre las diligencias que se han realizado, que ya es de conocimiento de todos,  se procedió a secuestrar una cantidad de soluciones salinas y de algunos expedientes para ser remitidos al Instituto Nacional de Ciencias Forenses y poder establecer así cuál fue la causa de las muertes.  

¿Cuáles son las normas mínimas de higiene que se deben manejar en un hospital?

Mejía:  Hay factores que no se pueden modificar, por ejemplo: ser menor de 1 año, ser mayor de 65, ser diabético o tener obesidad u otra enfermedad, y eso hace que los pacientes vayan en desventaja para su atención. En segundo lugar, la infraestructura hospitalaria, que incluye los procesos de esterilización, que no son uniformes en todos los hospitales públicos y privados, el manejo de antisépticos, no hay proceso estandarizado del control de la calidad del agua, las bodegas de almacenaje de los insumos hospitalarios  no llenan los estándares mínimos. Por último, tenemos el uso regulado de antimicrobiales.  

¿Se sabe a cuánto llegan los casos nosocomiales?

Mejía: Tenemos datos del Roosevelt y otros hospitales, que están entre 15 y 20 por ciento.

Lo más importante probablemente sea cómo tener acceso al cuidado y lavado de manos. Se ha logrado mucho progreso en el área de cuidado crítico de adultos; en el de niños y de recién nacidos, es muy difícil, porque son servicios muy hacinados.

¿Qué se puede decir a una madre que lleva a su hijo a recibir  atención médica y se lo devuelven en un féretro?

Calderón: No existen palabras para describir la pérdida de vidas humanas que no tendrían por qué ser. Seguimos viendo una negligencia total del Estado ante la situación de Salud.
 La semana pasada, en un monitoreo al área de neonatología del Roosevelt, en donde debiesen haber 80 pacientes, encontramos 140 niños.  
 

¿Es negligencia médica descuidar la higiene que se debe llevar en un hospital?

Ambrosio: Sí. Hay instrumentos que regulan los aspectos mínimos y los derechos de los pacientes. Entonces sí se debe tener el deber de cuidado, y aparte si existe negligencia de no haber realizado una eficiente limpieza y desinfectar las áreas, podríamos hablar de este tema.

¿Qué tipo de castigo podría recibir el responsable?

Ambrosio: El Código Penal encuadra la negligencia, la imprudencia o no observar el deber del cuidado. Si las personas fallecen, incurrirían en un homicidio culposo, y si  solo quedan afectadas, se hablaría de lesiones culposas.

¿Qué se debe hacer para poder regularlo?

Mejía:  No creemos que con medidas punitivas se corrija. No tenemos un estándar operativo de país.  Lo que necesita Salud es formar un programa de seguridad del paciente.

Crisis hospitalaria

• 140 niños permanecen en el área de neonatos del Hospital Roosevelt, la cual tiene capacidad solo para 80.
• Tres semanas tiene el Roosevelt de no recibir pacientes referidos de la provincia por falta de espacio.  
•  43 niños del Hospital de Cuilapa, Santa Rosa, fallecieron por probablemente consumir agua contaminada de un pozo.   
•  25 niños infectados y cuatro fallecidos se reportan en el Hospital Infantil de Infectología y Rehabilitación, debido a la posible mala manipulación de sueros para su tratamiento.

Luego del polémico estado de Prevención que el  gobierno de Jimmy Morales decretó y revirtió esta misma semana, analistas coinciden en que es una “excelente oportunidad” para el mandatario de asumir el papel de líder que le corresponde, recomponer a su equipo y lanzar un nuevo plan de gobierno, antes de que la situación y la coyuntura lo rebasen.

Fueron invitados al programa Diálogo Libre, transmitido en Prensalibre.com, Ileana Alamilla, presidenta de la Asociación de Periodistas de Guatemala (APG), y el analista Estuardo Zapeta.  

¿Qué lectura les deja esta semana, empezando con un estado de Prevención y terminando con un estado de Calamidad Pública?

Alamilla: Comienza con el exabrupto del presidente en el cual se refiere a los periodistas y a los medios, y se refiere a dos conceptos que son absolutamente distintos.  

Se refiere a la fafa, que es un hecho ilícito, y la compara con la publicidad, que es un hecho lícito y que tiene otros objetivos; la comparación no es válida. Si el presidente dice que se acabó la fafa, ¿se acabó desde cuándo? ¿Su gobierno la había dado, o no? ¿Desde cuándo se acabó? Pensamos que el presidente nos debe una explicación sobre eso.

Nos preocupa, porque esto es perjudicial para todos, para el país, la población, etcétera.

Zapeta: En eso del  estado de Prevención, no necesitaban de ninguna manera limitar el derecho a la libre expresión,  a la libre locomoción y a la reunión; no hay correlación entre la lluvia y lo otro.  

Precisamente por ese acto el presidente, el vicepresidente y el Consejo de Ministros van a ser demandados y se les va a pedir que, habiendo quebrado la Constitución, ellos tienen responsabilidad penal, entrando en un proceso de antejuicio.   

¿Qué mensaje conlleva que esto ocurra  cuando  el presidente está fuera del país?

Alamilla: Debemos analizar el contexto. El presidente es un no político, electo para un cargo esencialmente político; el mandatario no tiene experiencia.

Estamos en una crisis permanente con un gobierno que no tiene rumbo. Ese es el problema principal.

Con un decreto no se puede decir: Ahorita voy a resolver toda la problemática que hay.

Zapeta: La lucha contra la corrupción no es de Jimmy Morales, ni de este gobierno, es de un MP —Ministerio Público— fortalecido a partir del apoyo que le da la Comisión Internacional  contra la Impunidad en Guatemala.

La desventaja profunda del gobierno de Jimmy Morales y Jafeth Cabrera, aparte de que tienen líos personales, es que no tienen nada en contraposición, y a eso se le suma un estado de Calamidad que declararon.

Es un gobierno muy solitario, debilitado y al mismo tiempo que no tiene un plan y que cada vez va aumentando la cantidad de presiones que tiene.

¿Es demasiado pronto el desgaste que ha sufrido el gobierno de  Jimmy Morales en comparación con otros?

Alamilla: Ha sido un desgaste aceleradísimo en ocho meses, y espero que el mandatario y su equipo logren recomponer esta situación por el bien del país.  A nadie le interesa ni le conviene que siga esta inestabilidad política en Guatemala; tenemos demasiados problemas por atender.

Zapeta: Ocho meses es  larguísimo tiempo para un gobierno. En política, 24 horas es largo plazo.  Ese es el nivel donde empieza a desesperar. Siempre votamos contra algo, no votamos por algo, y eso se vuelve contra nosotros.  

¿Creen que proceden las querellas contra el presidente y su Gabinete interpuestas por UNE y Calas?

Alamilla: Si ya fueron presentadas, obviamente tienen que ser conocidas. La cuestión es que van a tener que ser denunciados todos los que firmaron, no solo el presidente y el vicepresidente.

Zapeta: Voy por la idea “piensa mal y acertarás”.  Al final, lo que se mide es un resultado,  un decreto gubernativo, el 5-2016, que limita nuestra libertad. Yo no creo que haya inocencia, creo que sí hay un acto deliberado en eso.

Independientemente del curso que tomen las acciones contra todo el Gabinete, el presidente tiene que hacer un retiro “espiritual” con su gente, y decir: Tenemos que reagruparnos, repensarnos. Pero tiene que hacerlo rápido, y luego relanzarse.  

El presidente tiene que repensar su liderazgo, esa capacidad de establecer una visión y llevar gente que lo apoye en esa visión.

Decisiones polémicas

• Estado de Prevención autorizado y derogado esta semana luego de presiones de sectores políticos y sociales.  
• Reforma tributaria que contemplaba el incremento a impuestos. Trece días después, el Ejecutivo pide devolución de la iniciativa. 
• El cambio de agente de seguros  fue suspendido para dar oportunidad  a otras compañías.  

• El desfile militar no se efectuó en la Avenida de La Reforma, como inicialmente  se había ordenado.

Víctor Martínez, viceministro de Finanzas, y Carlos Barreda, miembro de la Junta Directiva del Congreso, analizaron el proyecto de gasto público en el programa Diálogo Libre.

¿Por qué se incrementa el gasto público?

Martínez: Hay varias líneas estratégicas prioritarias, como el fortalecimiento al sector justicia y seguridad para acercar los servicios a la población, y el combate frontal de la corrupción.

Además, se está priorizando el tema de salud y seguridad alimentaria. Otro eje es la reactivación económica.

El presidente Morales presenta un gasto mayor luego de que el año pasado se opuso, tras haber sido electo.

Martínez: No es un presupuesto del Ejecutivo, sino del país. Estamos claros de que el país tiene fuertes desafíos y una parte para enfrentar esos desafíos están reflejada en este proyecto.

Desde el Legislativo y la oposición, ¿cuál es la lectura?

Barreda: Es un monto muy elevado, de Q9 mil millones más respecto del 2016, cuando la ejecución de gasto es de 57%, una de las más bajas. El promedio de ejecución de gobiernos anteriores a esta época era superior.

¿Dónde está la baja ejecución?

Barreda: En los ministerios de Salud, Desarrollo, Comunicaciones, Economía, Agricultura y Cultura y Deportes, y en las secretarías.

¿Son realistas las cifras?

Barreda: El presupuesto debería crecer en la proporción que los ingresos.

Cuando el gasto crece más que los ingresos, lo que hace es que se aumenta la deuda pública, y eso es lo que estamos observando.

Se proyecta que los ingresos van a crecer alrededor de 8%, mientras el presupuesto, 12%.

Además, estamos pasando de un 1.6% de déficit fiscal a 2.2%, lo que quiere decir que se aumentará la escala de deuda.

El pronóstico de los ingresos tributarios se está anclando al incremento de la recaudación en medidas administrativas, judiciales o de intervención que no son sostenibles, cuando hay expectativas de un menor crecimiento económico a escala mundial, y las importaciones y exportaciones están disminuyendo.

El jefe de la SAT cometió un gran error al haber declarado como información reservada el plan de fiscalización, y no podemos evaluar si van a recaudar Q4 mil millones.

¿Qué podría ocurrir?

Barreda: Lo que vemos es que el Congreso, cuando entre en la discusión, tenderá a disminuir el monto del presupuesto y seguramente va a incluir algunas normas de transparencia.

Martínez: Creo que es saludable, es parte del sistema democrático y de la división de poderes que se den estas discusiones. Al final de cuentas, estamos hablando de país. Es un momento favorable para un segundo año de gobierno donde no tenemos banderas políticas, sino una agenda común para dar atención al país.

¿El Congreso tendría algún lineamiento para disminuir el techo?

Barreda: Nos preocupa la tasa de endeudamiento, que se plantea en Q15 mil millones por la vía de bonos, que son más caros —por el pago de intereses—, cuando sabemos que los préstamos son más bajos.

Además, hay Q1 mil 800 millones para el Ministerio de Comunicaciones que el Gobierno marca como una gran prioridad y que genera una gran interrogante, ya que se están incluyendo algunos préstamos para carreteras.

En algunos de esos proyectos están suspendidos los pagos por situaciones de corrupción, como es el caso de Oderbrecht de Brasil; es decir, el Banco de Brasil ha suspendido los desembolsos para esa carretera y entiendo que va incluido ese monto de unos Q500 millones o Q600 millones, y de igual forma, el tema de Sigma y el Banco Centroamericano de Integración Económica, donde también están suspendidos los desembolsos.

Martínez: Los préstamos son obligaciones internacionales, y Finanzas no puede dejar de atenderlos.

¿Cómo impactaría si se da esa disminución?

Martínez: Hay que verlo caso por caso e involucrar a cada sector de la sociedad, porque el presupuesto es inclusivo y no se puede plantear algo sin evaluar las repercusiones.

¿Podría resolverse?

Barreda: Lo que estamos planteando son los problemas de corrupción.

Se está planteando espacio presupuestario a obras de infraestructura donde hay una trascendencia judicial y que no veo que exista un desafío técnico o legal, sino de corrupción.

Entonces, se está dejando un espacio presupuestario que no se va a utilizar y hay un problema de corrupción.

La cifra coincide con un bolsón que aprobaron los partidos Patriota y Líder, que ahora se está investigando y son temas que hay que analizar.

Martínez: Los préstamos son una obligación legal que establece el Congreso, pero en el Ejecutivo no se puede dejar de atenderlas.

Entendemos, y también aplaudimos, que se hagan todas las investigaciones y cada uno de los requerimientos, y estamos seguros de que esa discusión debe llevarse desde el seno del Congreso a la Comisión de Finanzas.

¿El flujo de ingresos responde a la realidad?

Martínez: Nosotros nos propusimos formular los ingresos en una proyección media, y la SAT tiene nuevas herramientas de control para incrementarlos.

El país está cambiando, y aunque duela, se cumple la Ley, lo que va a repercutir en una mejor recaudación por las intervenciones judiciales.

Para el otro año el crecimiento económico va a fomentar más ingresos.

Barreda: Hay que diferenciar una recaudación sin contar con los procesos de intervención por adeudos tributarios, y cuando se ven los números de las aduanas, no están bien. Como las empresas están liquidando e ingresan, existe una distorsión en el cobro, sobre todo del ISR.

La recaudación no está caminando bien por el contexto económico internacional, sino por la desaceleración de la producción.

Yo creo que es aventurado el incremento de Q4 mil millones de recaudación para el siguiente año. Yo lo revisaría con lupa.

¿Qué mecanismos de transparencia se tienen?

Martínez: En fiscalización se está agregando un capítulo adicional de transparencia; se busca un cambio en el modelo de gestión, se están generando las líneas para poder evaluar la calidad de los servicios y poder impulsar un cambio en las metodologías de evaluación.

Una prioridad será el censo de población, porque se hacen políticas públicas sin contar con datos actualizados.

Barreda: En temas de transparencia se tendrán que tomar algunas normas en cuanto a los gastos superfluos en telefonía, viajes al exterior y combustibles, y plantear que se recupere el sistema de una tarjeta para monitorear el gasto en combustible, control que antes existió en la PNC.

No le podemos dar Q800 millones más al Ministerio de Gobernación sin una estrategia de transparencia en la PNC, porque no se han desmontado las estructuras de saqueo del Estado en talleres, compra de llantas, combustibles y autopatrullas; tampoco con un Sistema Penitenciario como está. Creo que esa asignación hay que revisarla a fondo.

El Organismo Judicial y la Universidad de San Carlos de Guatemala deben ingresar en los sistemas de controles de contabilidad y Guatenóminas.

Un compromiso del Congreso y de la Comisión de Finanzas es que no vamos a tocar el Listado Geográfico de Obras, y que alcaldes o diputados que quieran cambios que ya ni lleguen, porque no se va a modificar.

¿Cómo se controlarán las plazas fantasma?

Martínez: Es entendible, y hay una lucha frontal en la mejora de la calidad del gasto y la productividad del recurso humano, y parte de las estrategias que se están llevando a cabo es el censo de empleados.

Es necesario que se retome en el Congreso la Ley del Servicio Civil.

Barreda: La norma de que no se puede firmar un pacto colectivo sin dictamen de la Dirección Técnica del Presupuesto (DTP) tiene que estar otra vez; si no, van a firmarlos sin dictamen. Además, hay que normar el renglón 029 de contratación de personal; pero como le jugaron la vuelta, ahora hay que normar también el renglón 189.

¿Qué otros controles discutirán?

Barreda: Se va a reformar la asignación a los Consejos de Desarrollo, porque hay saqueo.

La propuesta es sacar al gobernador de la ejecución de fondos y especialmente del pago con cheques. No puedo creer que todavía el gobernador pague con cheque, porque ahí está la corrupción.

Martínez: Hay coincidencias, y eso es favorable. En términos de consejos, hemos planteado, inclusive, crear un código de georreferencia y la obligatoriedad de que las empresas tengan que comprar un IP público y colocar una cámara donde se pueda verificar la trazabilidad y el avance en el mínimo de un mes.

En el tema de exenciones y cambios fiscales, ¿qué se hará?

Barreda: Creo que hay que revisar todas las exenciones a asociaciones y fundaciones, y hay miles de iglesias que están ahí, hay lavado en las iglesias y no hay ningún control. Eso se debe fiscalizar también.

El laboratorio nacional ha confirmado 599 casos, mientras que el Seguro Social tiene 44, entre hombres y mujeres. Sin embargo, solo Salud ha dicho que existen dos que se relacionan con el síndrome de Guillain-Barré.

Verónica Gómez, de la Asociación Guatemalteca de Enfermedades Infecciosas; Karen Girón, de Infectología del IGSS, y Carlos Flores, del Centro Nacional de Epidemiología, conversaron con Prensa Libre en el programa Dialogo Libre sobre la situación del virus en el país.

¿Qué es el virus del Zika?

Flores: Es una enfermedad que causa fiebre, enrojecimiento de ojos y dolores de cuerpo. El virus es originario de África y se ha extendido en todo el mundo. Aquí lo identificamos como enfermedad vectorial porque se contagia por la picadura de un mosquito.

¿De qué formas se contagia el zika?

Flores: Las formas de transmisión son por picadura de un mosquito infectado, transmisión sexual, pues puede vivir de seis a ocho meses en el semen y, en mujeres, hasta dos meses en flujos vaginales. Se está estudiando si puede ser por lactancia materna y transferencias sanguíneas.

¿Cuál es la distinción entre Guillain-Barré y microcefalia?

Gómez: Con microcefalia hablamos del promedio de la circunferencia que la cabeza del bebé va a tener cuando nazca para cada edad gestacional, y si en caso está abajo del promedio es microcefalia. Es decir, menores que nacen a término y tienen la cabeza con menos de 30 centímetros. Esto ocurre en el cerebro, cuando no se desarrolla a plenitud.

El Guillain-Barré es más asociado al zika en niños y adultos, es de tipo inmunológico donde el cuerpo reacciona defendiéndose al zika, destruyendo la mielina que transmite el impulso nervioso al cerebro y causa que no podamos movilizarnos. Al destruirlo, la persona empieza a perder la movilidad y el dominio en sus músculos respiratorios.

¿Qué riesgos enfrenta un bebé?

Girón: La transmisión de madre a hijo está descrita, además de algunas anomalías como la microcefalia que es lo que más importa a las mujeres en gestación. Esta puede causar defectos al bebé, y nosotros como IGSS decretamos alerta epidemiológica hace dos años para dar seguimiento a los casos.

¿Qué registros de casos tiene Salud?

Flores: Al principio fueron identificados 224 casos, de los cuales 68 ya están confirmados por el Laboratorio Nacional de Salud. Se puede detectar en los primeros días de la enfermedad, después de eso es con anticuerpos. Además identificamos dos mil 325 casos más, para un total de dos mil 549, de los cuales 599 han sido confirmados por el laboratorio.

¿Cuántos casos reporta el IGSS?

Gómez: Entre hombres y mujeres embarazadas y no embarazadas, se han enviado 181 pruebas desde el 29 de enero al 12 de agosto, pruebas de todos los centros de atención del Seguro Social. Del total, 39 han sido positivas.

En el Hospital de Ginecoobstetricia hemos enviado 20 muestras de las cuales hay cinco positivas, 10 negativas y cinco pendientes de resultado.

¿Coinciden sus registros con los dos pacientes confirmados con Guillain-Barré asociados al zika?

Flores: Como Ministerio de Salud tenemos detectados dos casos de Guillain-Barré positivos de zika, y dos más en estudio. Además, hay detectados 16 niños que han nacido con microcefalia desde que se da el problema de zika en Guatemala. Ahora, de los 16 casos que teníamos, 10 han sido clasificados como sospechosos de una microcefalia por el virus. Sospechosos porque la mamá dijo que tuvo la enfermedad, pero no se ha logrado confirmar el virus en ella ni en el recién nacido. Ahora tenemos cuatro casos probables porque hemos identificado el zika en la madre, pero no en el niño. Confirmados totalmente, ninguno.

¿Hay capacidad en el sistema estatal del país?

Gómez: El laboratorio central no se da abasto con todas las pruebas y hasta que no confirma no se puede asegurar. La capacidad va a agotarse con las pruebas que mandaremos. El mosquito lo tenemos, y el zika no es menos contagioso que otros como el dengue o la chikungunya. Esos así empezaron y terminaron en grandes dimensiones.

Girón: Si una persona se enferma en la familia y va al doctor y le dicen que es zika y alguien más en la familia tiene los mismos síntomas, ya no va a consulta. Esos casos son subregistro.

¿Qué está haciendo el Ministerio de Salud?

Flores: El tema es prevención y control. La primera medida es promoción de la salud. Fácil es decir no hay zancudos, pero hay muchos factores que intervienen, como almacenar agua.

Girón: Con las medidas educativas se puede controlar el contagio del virus. Una dificultad es que si una mujer está embarazada se piensa que en el primer mes puede ser susceptible, pero no están determinadas las etapas.

En ese sentido, el presidente de la Comisión de Finanzas del Congreso, Jairo Flores,  pidió públicamente a Estrada detalles de la iniciativa porque, afirmó, “en el Legislativo nadie la conoce”. Dijo que esperan una reforma que beneficie a la clase media.  Ambos discutieron el tema durante el programa Diálogo Libre.

¿La propuesta  del presidente aún se explora o  ya hay avances?

Estrada: Lo que tenemos ahorita es un menú, una paleta de algunas ideas, estamos balanceando y actualizando cálculos de  cuáles serían los impactos.  Estamos buscando el momento correcto y ver si es el momento de proceder para convertirlo en una normativa y hacerlo una propuesta.

¿Está el Congreso preparado para recibir una reforma fiscal?

Flores: En relación con esta nueva propuesta de pacto fiscal,  hemos escuchado  rumores; nada más. La pregunta que también le quería hacer al ministro es si era cierto o no. ¿De qué impuestos estamos hablando? ¿Qué es lo que el presidente va a plantear?

Nosotros lo que estamos proponiendo es tener un diálogo técnico y abierto, viendo las necesidades y la solución a los problemas más grandes de nuestro país, una propuesta que hasta el momento no la conocemos; no sabemos si existe.

¿Han consultado con  sectores académicos, empresariales o grupos de expertos?

Estrada: No llamaría que es el resultado de un proceso consultivo, es más el resultado de un proceso analítico de unos temas que están hiperdiagnosticados en este país y súper analizados, por eso  el tema  es político.
Hay que buscar una propuesta balanceada. Al final lo que nosotros plantearíamos, si se propone algo,  es  que es importante entender  que la economía del país crece de  manera decente y constante, pero no suficiente. Lo que hay es una continuidad que no ha logrado sacar a la gente de la pobreza.  

¿Qué cree que no funcionó en la reforma tributaria del 2012 y qué cambiaría?

Estrada: Se buscó un impuesto a la  relación de dependencia, se quitó la planilla del IVA.
Supuestamente eso iba a generar un aumento en la recaudación que no se generó, e inclusive lo que sucedió es que  se hizo una tasa plana que benefició a la gente que más gana.

Lo que estamos viendo es  algo que no funcionó. No es una decisión definitiva, pero sí vale la pena evaluar si regresar a lo que estábamos antes; tal vez funcione mejor.  

¿Qué  participación  debe  tener la Comisión de Finanzas en este proceso?

Flores: Creemos que aquí es un tema de país, y nosotros hemos estado siempre anuentes a encontrar las mejores salidas y las soluciones a los problemas.

El primer tema es partir de  qué quiere el Ejecutivo, qué quiere el presidente.  El sector privado ya salió con una iniciativa. Yo no sé si le comió el mandado al Ejecutivo o fue estratégico.

Al programa Diálogo Libre fueron invitados Geidy De Mata y Jorge Wong, politólogos de la Universidad de San Carlos de Guatemala,  y  Jordán Rodas,  vicepresidente del Colegio de Abogados y Notarios de Guatemala (Cang) para hablar del proceso.

¿Cómo han visto el proceso del caso Cooptación?

Rodas: Es histórico porque por primera vez están en el banquillo de los acusados políticos, empresarios que nunca antes habían sido tocados, igual que algunos medios de comunicación están saliendo en todo este entramaje que se ha hecho para dejarnos sin recursos públicos.

De Mata: Nadie es superior a la ley y es vergonzoso que funcionarios de alto nivel como el Presidente de la  República, ex vicepresidenta, empresarios con gran trayectoria  financiera y económica estén involucrados en actos anómalos.

Wong: Es un caso icónico porque se desnuda toda una estructura de cómo opera bajo el manto de la impunidad  una estructura de corrupción en Guatemala.

• Vea el programa completo Diálogo Líbre

¿Qué opinan del trabajo del juez Miguel Ángel Gálvez y de la defensa en este proceso?

De Mata: La defensa es muy débil en términos de argumentos; no se dedicaron a refutar las pruebas, sino que se quedaron sin atender los delitos que estaban debidamente tipificados por  parte del Ministerio Público.

Es interesante la forma objetiva en que trabaja el juez en aras de  tener las evidencias suficientes,  creo que fue muy honesto, muy objetivo, realmente tuvimos la oportunidad de recibir una cátedra de Derecho.

Rodas: Así como el Juez Gálvez tiene un alto mérito en la forma en que ha conducido este proceso, también hay que darle su mérito al Ministerio Público que, sin duda alguna,  sin el acompañamiento de la Cicig no estaríamos teniendo los resultados que hoy tenemos.  

Wong: El desempeño del juez Gálvez fue memorable en las redes sociales, la forma en la que explica y la que define con sus papeletas grandes, donde explica todos los pasos de porqué están involucrados. Es un sistema bastante claro, limpio y además, creo que ha sido la audiencia más mediática que ha existido en la historia de  Guatemala.  

Concuerdo en que es una defensa demasiado pobre que se dedicó a atacar en vez de defender.

Ante la coyuntura que se da en el país con la captura y procesamiento de exmandatarios,  exfuncionarios, empresarios, empleados y testaferros  implicados en el caso  Cooptación del Estado, los analistas dice que debe prevalecer la independencia judicial, aunque reconocen que existe un sentimiento de indignación  en la población, no solo por las personas implicadas, sino por las acusaciones presentadas por el Ministerio Público (MP) y la Comisión Internacional contra la Impunidad en Guatemala (Cicig).

¿Cómo analizan la  independencia judicial?

Monroy: Una de las principales discusiones ha sido la independencia del  juez. Si un juez conoce de un proceso, no debe ver periódicos, debe apagar la radio y la televisión, independientemente de las opiniones de los sectores.

Arenas: Vemos acusaciones importantes, aunque muchas parecen colectivas y me preocupa un poco que veamos un show mediático. Yo no sé, por ejemplo, qué hacía el juez Miguel Ángel Gálvez en la manifestación en su apoyo. Él no debe dejarse influenciar por el clamor popular.

¿Cómo perciben la confrontación que hay en la ciudadanía por los casos de corrupción?

Monroy: Cuando abordamos el proceso judicial y el hecho que ha tenido distintos énfasis, algunos apelan la inocencia y el debido proceso.  Lo que importa es ir atendiendo cada una de las partes del proceso y no formarle opinión al juez.
Arenas: Por un lado están ventilando acciones e información que tiene indignada a la población. El hecho de que el MP hizo público que Baldetti gastó US$7 millones en compras en otro país y las escuelas están sin piso y los hospitales no tienen medicinas  es indignante, enoja, ofende y altera a cualquier guatemalteco.

¿Han generado discusión adicional las sindicaciones a empresarios y banqueros?

Arenas: Ha polarizado, pues al final del día la gente interpreta que ahora todo lo que salga diciendo el Comité de Asociaciones Agrícolas, Comerciales, Industriales y Financieras (Cacif) es  como que están defendiendo. El Cacif tiene de principios el estado de Derecho e independencia de la ley.  

No hay una coherencia en todo lo que está pasando. Por un lado, un país en crisis humanitaria importante, por otro  personajes con ostentación y falta de respeto.

Monroy: Las demandas y la indignación de la población es a escala global, muchas personas no lo sabían. Era una verdad que se  presumía de actos ilícitos y enriquecimiento; no entraba en la forma lógica.

La presunción de inocencia es un tema que ha sonado en los últimos días. ¿Por qué hablar de esto ahora y no antes, en otros casos?

Monroy: Cuando se habla de despojo de tierras, de justicia ambiental, de presos políticos, no se habla de presunción de inocencia.

Ahora parecerá raro para la población que se hable de garantías constitucionales, pues durante años ha habido injusticias en este país, sectores que han estado callados.

Arenas: No estoy de acuerdo con Diana. Sí he escuchado hablar de esto antes. Pasa más cuando hay coyunturas, no en un día normal. De lo que tenemos que estar conscientes es que cuando hay coyunturas se discute más.

En ello coinciden los biólogos Magalí Arrecis, analista socioambiental del Instituto de Problemas Nacionales de la Universidad de San Carlos de Guatemala (Ipnusac), y Otto Sandoval, asesor ambiental del Ministerio de Ambiente y Recursos Naturales (Marn), en el programa Diálogo Libre, por PrensaLibre.com

¿Cómo la sociedad llegó a este extremo con el Lago de Amatitlán?

Arrecis: El Lago de Amatitlán es una cuenca más que agrícola, industrial y todo esto hace que se concentre la cantidad de contaminantes; es la fuente de los problemas.

Por otro lado, la falta de medidas necesarias para controlarlo y que los recursos no son suficientes pese a los esfuerzos que Amsa —Autoridad para el Manejo Sustentable de la Cuenca y del Lago de Amatitlán— y otras autoridades han tenido para solucionar el problema. Es una serie de problemas que se acumulan a través de los años y por eso hoy por hoy tenemos un lago más contaminado.

¿Cuáles son los esfuerzos que hace el Marn para regular estas empresas?

Sandoval: El Ministerio de Ambiente desde hace años ha desarrollado actividades en cuanto a brindar asesorías técnicas a las autoridades locales.

Se les ha dado prioridad a las comunas de los municipios que están inmersos en la cuenca del Lago de Amatitlán. Estas asesorías consisten en dar capacitaciones al personal municipal y a algunos centros educativos.

El inconveniente que hemos tenido en las anteriores gestiones municipales es que no todos los alcaldes le dan prioridad a estas actividades, y por lo consiguiente no le dan el seguimiento que deberían.

¿Se cuenta con una política pública que fortalezca a las municipalidades para que tomen acciones?

Arrecis: En cuestiones de ambiente existe una política ambiental que es la base para el Marn y otras entidades relacionadas con el ambiente. Lastimosamente, aunque los planes sean aprobados y se echen a andar, no es suficiente el apoyo de sectores, o el compromiso que debería haber para reducir la presión sobre el lago.

Este plan es la base, pero también debería haber ciertos mecanismos coercitivo   s. La ley de aguas que nos hace falta por ejemplo, y que de alguna manera vendría a regular y prohibir ciertas actividades y con eso sancionar económica o legalmente a quienes infrinjan estas leyes.

En Guatemala vemos que distintas cuencas hoy son desviadas, contaminadas y nadie puede hacer nada porque no existe un marco legal que permita la sanción.

¿Hasta dónde el Marn puede evitar que empresas o particulares sigan contaminando?

Sandoval: Nosotros debiéramos tener un reglamento equivalente en el tema de residuos sólidos; sin embargo, en este momento no lo hay.

Con lo único que se cuenta en estos instantes es que la Municipalidad de Guatemala tiene un reglamento para el manejo de los residuos sólidos, pero tiene sus limitaciones porque esto no es válido para los municipios aledaños a la capital.

Lo que hace falta es aplicar la legislación ambiental. Nosotros requerimos tener una ley marco para el manejo de residuos sólidos que tenga una cobertura a nivel nacional, y ese es el punto de partida para que podamos elaborar y aplicar reglamentos.

¿Tan poca conciencia existe en la población para llegar a estos extremos?

Arrecis: Los procesos de educación e información van a ser necesarios, pero otra de las razones es el bolsillo. Así como estamos pagando por el agua saludable y segura, también deberíamos de estar siendo responsables y pagar por el agua que debería de tratarse, pero todo esto afectaría la economía del hogar y también la de las empresas.

¿Este problema de contaminación se replica en los lagos y ríos a escala nacional?

Arrecis: Es un problema que se replica en todos lados, la magnitud y las características cambian. Hay estudios que dicen que del 70 al 90 por ciento de las aguas en Guatemala están contaminadas, y nos referimos a varios tipos de contaminación que pueden ser físicos; el calor por ejemplo, los contaminantes biológicos y la contaminación química que muchas veces es la más peligrosa y que no fácilmente la podemos ver.

¿Cómo afecta la contaminación la biodiversidad de los lagos del país?

Sandoval: En época de verano vemos condiciones naturales de los cuerpos de agua, pero en la época de invierno se dan cambios bastante drásticos.

La lluvia es el mejor vehículo para arrastrar todos los contaminantes a las partes más bajas donde se encuentran los cuerpos de agua más importantes.

Los agroquímicos, fertilizantes y demás favorecen la reproducción incontrolable de bacterias como la cianobacteria. También favorece el calentamiento global porque las aguas de los lagos y ríos con el cambio climático también se elevan.

¿Todavía hay esperanza para rescatar los cuerpos de agua en Guatemala?

Arrecis: Creería que sí hay esperanza, pero tenemos que hacer cambios drásticos y exigirle a las empresas que cumplan con los reglamentos, los cuales exigen que haya plantas de tratamiento de agua para evitar la contaminación y que en los hogares también hayan mínimas medidas para poder reducir el problema.

Sandoval: Yo también tengo esa idea positiva, estamos a tiempo de hacerlo, pero si queremos que eso se cumpla en un corto plazo se necesitan acciones drásticas e inmediatas.

Sandra Gularte, de la Defensoría de las Personas Víctimas de Trata, de la Procuraduría de los Derechos Humanos (PDH), señala que este delito es la peor violación al derecho humano, y lamenta que funcionarios, que deberían estar al cuidado de la niñez, estén involucrados.

Ambos expertos fueron invitados al programa Diálogo Libre, en el que coincidieron que se debe dar recursos y tecnología a las instituciones.

¿Qué es trata de personas?

Gularte: Es el traslado de una persona de un lugar a otro dentro o fuera de un país, con documentos legales o no, para un fin de explotación.

Dubón: Es el comercio de seres humanos. Cuando se comercializa, se negocia, se compra o vende seres humanos; estamos frente a un tema perverso de negocio.

¿Cuál es la situación actual?

Dubón: La situación de Guatemala es grave. Las diferentes organizaciones lo venimos advirtiendo desde hace 20 años.

En el artículo 47 de la Ley Contra la Violencia Sexual, Explotación y Trata de Personas se establecieron 14 formas, y la más común es la trata por explotación sexual.

Está la trata por mendicidad, por explotación laboral, por adopciones… Entonces hablar de la complejidad del fenómeno en el país es grave, porque el reciente informe que planteaban Unicef y la Cicig habla de 48 mil víctimas en cuatro años.

Gularte: Los números son muy grandes, lamentablemente es un delito invisibilizado. Se naturaliza la prostitución infantil y por eso nos damos cuenta que no hay denuncias. Solo se tuvieron 390 o un poco más en el Ministerio Público para un delito tan grave.

Hoy por hoy se están duplicando las denuncias, pero eso conlleva grandes retos para el Estado porque implica una investigación seria, pero también significa un rescate que conlleve una atención a un proyecto de vida para la víctima.

¿Cómo se presenta el problema de la trata geográficamente en el país?

Dubón: Primero debemos identificar el tipo de trata del que estamos hablando. Por ejemplo, si hablamos de explotación sexual lamentablemente comparten las mismas rutas con el narcotráfico, con el tráfico ilegal de armas y con el tráfico de migrantes; son los mismos recorridos.

Otro tipo de trata es el trabajo doméstico con modalidad de explotación laboral. Otro fenómeno son las tiendas de barrio o tortillerías que explotan a niñas. Hay que reconocer que los problemas estructurales del país favorecen a que se dé.

¿Cómo identificar a las redes para no caer en ellas?

Gularte: Para medidas de prevención, creo que el tema de la información es básico. El primer circuito de prevención es la familia. Muchas veces los padres no saben qué es la trata, no hay controles sobre sus hijos en el uso del internet o redes sociales, que es un mecanismo por el cual los tratantes llegan hoy por hoy a las víctimas.

¿Es suficiente la respuesta del Estado para combatirla?

Dubón: Si hacemos un análisis de lo que del 2009 para acá se ha logrado, creería que hay un avance importante y se debe reconocer a las instituciones. Hoy tenemos mejores condiciones para combatir un fenómeno tan grave, pero hace falta muchísimo por hacer de parte de todas las instituciones responsables.

¿Quién o quiénes están detrás de la trata de personas?

Gularte: El informe que la Cicig presentó la semana pasada es de una investigación muy clara sobre las ganancias que deja la trata y se habla de 12 millardos de quetzales anuales. Solo decir esas cantidades habla de redes de trata profundas, donde hay por supuesto funcionarios de alto nivel involucrados.

No puede ser que una víctima entre al país y al mes tenga papeles legalizados, con trabajo autorizado, cuando a muchos centroamericanos les cuesta dos o cuatro años hacer un trámite de residencia. Eso significa que hay funcionarios relacionados al crimen organizado.

Dubón: Es un negocio perverso. En el informe aludido, en una de las investigaciones encontraron casos de niñas de 12 años que podrían tener hasta 30 relaciones sexuales en un día. Lo segundo, que debe llamarnos la atención, es que en el informe se especifica claramente que uno de los problemas más difíciles para enfrentar es la utilización de la trata de personas por funcionarios, tanto de manera activa como pasiva.

Los expertos señalan que ahora la incertidumbre se centra en si las reformas serán aplicadas de buena manera, pues surge una pregunta: ¿Tiene el Tribunal Supremo Electoral los recursos necesarios para la implementación de esta norma?

Ambos fueron invitados para analizar este tema en el programa Diálogo Libre, a través de PrensaLibre.com.

¿Cómo califican que Jimmy Morales haya sancionado estas reformas?

Álvarez: El presidente convocó el lunes a una reunión en donde estuvimos presentes 31 organizaciones, y aunque reconocemos que la ley no es todo lo que esperaríamos que se hubiera incluido, porque hubo partes que el Congreso no tomó en cuenta, sin duda es un avance importante para el país; recoge en alguna medida el espíritu de los Acuerdos de Paz. Pero sí hay avances en términos de fortalecimiento del Tribunal Supremo Electoral y de los partidos.

Sanabria: Es una reforma que viene a fortalecer cambios que se dieron en el 2004 y que se perfeccionaron en el 2006, principalmente están vinculados con la normativa que tiene el sistema para controlar y fiscalizar los fondos privados que utilizan los partidos políticos durante la campaña electoral. Esto es importante porque hay una íntima relación entre financiamiento privado oculto, financiamiento opaco y corrupción; de alguna manera está es una relación muy perversa que debilita a las instituciones públicas.

¿Qué viene ahora?

Álvarez: Lo que viene es que debemos seguir trabajando, tratando de construir consensos. Algo importante a destacar es que en el 2012 se inició un proceso de participación bastante nutrido, amplio y diverso; hay un reto en términos de construir un proceso amplio, pero consensuado.

Sanabria:    Este es un proceso muy importante que requiere que el TSE no solo tenga tiempo, sino también los recursos suficientes y necesarios para poder poner a funcionar la Ley. Por ejemplo, en la implementación del voto en el extranjero y el fortalecimiento del TSE para que este pueda fiscalizar de manera profunda el financiamiento privado de los partidos políticos, entre otros. Lo que preocupa es que las reformas que ya fueron aprobadas se implementen de buena manera.

¿Le encontraron algún vicio a estas reformas?

Álvarez: Una preocupación central que tuvimos es el fortalecimiento del TSE de forma más integral. Sin duda hace falta profundizar en algunos aspectos que tienen que ver con la parte técnica y administrativa de los procesos electorales, que tiene que ver con el manejo del padrón electoral.

¿Dentro de este nuevo proceso se deben incluir las reformas excluidas?

Álvarez: Estamos más inclinados hacia una lista semi abierta, en donde sí haya posibilidades de elegir directamente, pero también de respaldar procesos partidarios. Otro elemento es la participación de partidos distritales que propongan candidaturas. El transfuguismo debe erradicarse por completo y debe limitarse la reelección de diputados y alcaldías.

Sanabria: Hay varios puntos, uno de ellos y el más importante es la democracia interna en los partidos políticos, y nos referimos a la manera que los partidos eligen tanto a las autoridades, a sus candidatos y toman las decisiones de políticas públicas que van a seguir.

¿Podrían impugnar la Ley Electoral?

Sanabria: Yo creo que no, porque de alguna manera la ley ya tiene la opinión consultiva de la Corte de Constitucionalidad y todos los elementos aprobados por el Congreso fueron revisados.

Álvarez: No veo posibilidad. La CC emitió una opinión desfavorable hacia algunos artículos y por eso el Congreso no los incluyó.

¿Va a ser más estricto el control del financiamiento?

Álvarez: Muy estricto. Hay mecanismos detallados de cómo se va a fiscalizar. En ese sentido la ley es muy avanzada, el reto es que el TSE tenga la capacidad de implementarla y hacer que se cumpla.

Sanabria: Sí, muchísimo. Ahora el TSE tiene una oportunidad para establecer una ruta de acción y de implementación donde se establezca qué es lo que se tiene que hacer, y para cada una de esas acciones cuántos recursos necesita.

¿Puede el presidente liderar una nueva iniciativa de ley?

Álvarez: En una reunión con el presidente y organizaciones civiles le hicimos ver que lo mejor sería armonizar el esfuerzo y no desarrollar esfuerzos paralelos. Él estuvo de acuerdo.

Sanabria: Coincido con eso. Debe existir comunicación y coordinación entre los actores involucrados y las experiencias recientes, tanto la del 2011 como la del año pasado, nos demuestran la importancia de estar coordinados.

¿Cuál es su opinión al respecto de las normativas para los medios de comunicación?

Álvarez: Veo dos ventajas. Una es esperar que esto supere la dependencia excesiva que se había producido en los procesos electorales del marketing político. Necesitamos procesos electorales con más contenido y menos producto comercial. La otra es que al tener los partidos la misma oportunidad de transmitir mensajes, les obliga a presentar propuestas de solución para hacer la diferencia.

Sanabria: Coincido en estos dos efectos, por un lado el de generar más equidad en la competencia, y por otro en generar incentivos para tener una campaña donde se discutan ideas, propuestas y de alguna manera la imagen no sea el factor determinante.

Durante el programa Diálogo Libre, a través de PrensaLibre.com, el profesional habló sobre los efectos de vivir en una sociedad donde el pan de cada día es la violencia.

¿Qué pasa por la mente de las personas que agreden a otras por situaciones de tránsito?

Cuando hablamos de la salud mental se habla de una armonía con uno mismo y con los demás.

Lo que estamos viendo acá es que las personas han ido perdiendo el mismo valor de la vida o se ha ido perdiendo esa parte del derecho a la vida. El hecho de pensar que mi vida depende de la otra persona porque me da o no la vía, porque me mira bien o me mira mal, va causando carga de estrés    hacia nuestro lugar de trabajo.

Cotidianamente vivimos en una Guatemala donde el nivel de vehículos ya sobrepasó la capacidad que las carreteras tienen.

¿Cuál es el perfil de las personas que se alteran y agreden a otras por el simple hecho de bocinar?

El fin es demostrar poder sobre la otra persona. La forma inadecuada que le da un arma a un ser humano es ese hecho de creer tener el poder sobre el otro, de intimidarlo, de hacerlo de menos, incluso de quitarle la vida.

En esta cotidianidad no podemos hablar de un perfil psicológico directamente, sino que es el entorno; el hecho es el mal manejo de las emociones y de nuestro carácter.

¿Qué recomienda hacer para mantener la calma?

Hay gente que sugiere escuchar música, ir relajado o subir los vidrios; pero el problema es más de fondo, y ese fondo es el respeto.

No por escuchar buena música o porque voy con mi familia me van a dejar de hacer algo. El punto es que la otra persona no tiene el derecho a agredirme ni a violentarme por el hecho de que él va tarde o que no le quise dar la vía.

¿Cómo se puede interpretar este fenómeno de violencia en el país?

Podemos comenzar a hablar de los diferentes tipos de violencia; en este caso hay violencia política y violencia instrumental. Esta última es la que busca sentar precedentes o enviar una información hacia las personas que están alrededor de la víctima.

Regularmente es la más común, porque tiene un objetivo: intimidación, represión e incluso silenciar. Lo que causa es que vivamos inseguros, con temor, nos encerremos en colonias con garitas porque llegamos a decir: “Ya ni en mi casa estoy seguro”.

¿Cómo afecta psicológicamente a la niñez la inseguridad?

Es bastante lamentable, porque los niños, incluso la misma juventud, están creciendo sin oportunidades de poder desarrollarse.

Como seres humanos necesitamos del otro para podernos desarrollar. En este caso, los amigos de los niños están en el colegio o se convierten en sus mejores amigos, que no es malo, el hermano, los papás o la abuelita, porque se están encerrando en ellos mismos.

Eso va a ir afectando en el desarrollo de ellos cuando sean adultos, el no poder tener una buena relación con las personas, no poder solucionar problemas, incluso de vivir intimidado.

¿Deben los centros escolares aportar apoyo psicológico adecuado a los niños, inclusive contra el acoso?

El acoso escolar o el bullying es una manifestación más de la violencia que ha logrado implementarse en las escuelas y los colegios, no importando el estrato social. Claro que los centros estudiantiles tienen la responsabilidad también de prevenir o de hacer campañas de prevención ante la violencia, tanto familiar como escolar.

¿Han llegado a la Liga de Higiene Mental personas por auxilio porque no pueden controlar emociones violentas?

Llegan muchas personas con esta problemática. Regularmente desde que se aborda a estas personas comenzamos a buscar estrategias para ayudar a calmar los detonantes de violencia que manifiesten; si no, se corre el riesgo de que la persona actúe en cualquier lugar de forma violenta y dañando a los demás.

Hay personas que salen de casa buscando con quien pelear, y a veces se topan con personas más violentas, y el daño es para ellas.

Lo que buscamos es un espacio de desahogo por medio de la terapia, que busca equilibrar la parte personal, social, ambiental y en la parte espiritual para poder convivir de forma de bienestar.

¿Hay una campaña de sensibilización para conductores para evitar tragedias en el tránsito?

El hecho es el manejo del estrés; no podemos llegar a todos, pero sí hacernos más responsables de nuestros actos.

Algo muy importante es el hecho de que las personas sepan que alguien los espera en casa y de que alguien espera en casa a la otra persona.

El ser humano tiene que reencontrarse con él mismo y con la sociedad, con esa sociedad que le da la oportunidad de vivir, de desarrollarse, de ser feliz, amar, sentir y sorprenderse también.

¿Cómo orientar a los pilotos con el uso de bicicletas o motocicletas?

El problema no es tanto el transporte, es la actitud; los propios valores que como seres humanos podamos ir cultivando y transmitiendo a los demás.

El hecho de ser un transporte de dos personas o de una, no quiere decir que sea bueno o malo porque los motoristas fueron estigmatizados de ser unos delincuentes.

¿Cuál es la recomendación para los que portan armas de fuego y las usan para agredir, y no en defensa propia?

Tendría que haber una regularización con respecto a eso.

Personas civiles creo que no deberían andar armadas, porque si uno carga un arma es para matar. Si tenemos armas de fuego es porque nos sentimos amenazados y porque vamos a tener la necesidad de dañar a las otras personas. El que cargue un arma de fuego tiene que hacerse responsable.

¿Cuánto estrés puede acumular en el día? o ¿Hasta dónde llega la ira en un momento de tensión?

Estas dudas serán resueltas por Estuardo Del Águila, psicólogo y psiquiatra del Liga de la Higiene Mental, en el programa Diálogo Libre a través de prensalibre.com, este viernes a partir de las 15.30 horas.

No ceder la vía a otro piloto originó una mortal agresión a balazos contra  Jorge Mario Molina Ramos, de 50 años, el martes último, en el kilómetro 6.5 de la carretera a El Salvador, en el carril de ingreso a la capital.
 
Dina Lisbeth Osorio, sobrina del piloto, en medio de una crisis nerviosa  relató que  de la zona 18 se dirigían a la zona 10, en donde él trabajaba como vendedor de una empresa comercializadora de productos eléctricos.
 
Osorio detalló que minutos antes del ataque, su tío no le había cedido  la vía a otro conductor y que ello pudo haber originado el ataque armado, ya que después del incidente les dispararon desde una camioneta tipo agrícola   gris que los rebasó.
 
A este caso le antecede otro ataque ocurrido el 28 de enero pasado, cuando un conductor de un auto deportivo baleó a dos mujeres que no le dieron la vía en el Bulevar Los Próceres de la zona 10 capitalina.
 

Guerra señala, además, que se debe garantizar la vida de los usuarios por medio de un buen servicio, unidades en buen estado y, sobre todo, responsabilidad de los pilotos.

¿Cuáles son los factores que inciden en los accidentes de tránsito en el transporte extraurbano?

La CA-1 Occidente, la carretera de la muerte como se le ha bautizado, se ha convertido en el dolor de cabeza para los usuarios que han pagado con dolor y luto

Ante las recientes tragedias, ¿cuáles son las medidas que ha tomado la DGT?

Olmedo: Nosotros hemos implementado operativos. Lamentablemente, se siguen dando estas situaciones. Hemos verificado un factor determinante en esto y es la poca experiencia que tienen algunos pilotos.

¿Cuáles son los factores de descontrol que hay sobre la prestación de este servicio?

Guerra: En primer lugar existe conflicto entre políticos y el tema del transporte. Vemos políticos que son transportistas y transportistas que son políticos, y desde ahí viene la descomposición, el porqué en instituciones como la Dirección General de Transporte (DGT) no pasa nada.

¿Esto incide en la efectividad de las sanciones?

Guerra: Por ejemplo, el reglamento al transporte extraurbano por carretera en donde un funcionario público del gobierno anterior se atrevió a perjudicar al pueblo, poniendo una nueva norma, incluyó que ahora los autobuses podían tener 25 años de antigüedad y no 10 como estaba antes.

¿Tiene la Procuraduría de Derechos Humanos una estimación de factores de riesgo que inciden en los accidentes?

Guerra: La imprudencia, conductores ebrios, exceso de velocidad por competir por pasaje, desperfectos mecánicos, arreglos mecánicos deficientes a las unidades, pilotos hablando por celular, jornadas laborales extenuantes…

¿Qué papel juega la corrupción como factor de riesgo?

Guerra: Hay tratos entre grupos de transportistas. No digo que todos, pero algunos acuerdan con los gobiernos de turno, previendo los acarreos electorales.

La poca capacidad de los pilotos es otro riesgo

Guerra: Hay transportistas que aducen o se justifican de mala forma, y argumentan que habrán tenido que contratar a pilotos con calidades menores debido al clima de violencia por las extorsiones.

¿Hay un descontrol en el tema tributario?

Guerra: Hay cálculos estimados, de acuerdo con la cantidad de demandas, que el transporte público está dejando de tributar Q600 millones al año, que van a la bolsa de los transportistas. La falta de facturación genera descontrol.

Olmedo: Estamos haciendo coordinaciones con la SAT. Hay una evasión para obligar a que entreguen una factura.

¿Se han contemplado programas de capacitación para pilotos?

Olmedo: Sí. Tenemos contemplada la capacitación por medio del Intecap.

¿Cómo pretenden bloquear la corrupción luego de aplicado el reglamento?

Olmedo: La corrupción es difícil de controlar; sin embargo, sí tenemos las medidas previstas.

¿Se puede decir que la impunidad es otro factor de riesgo en el transporte?

Guerra: Lamentablemente la impunidad y la corrupción terminan cobrando vidas. Eso se debe terminar pero solo pasa si se aplican las leyes.

Se aduce falta de supervisores de la DGT ¿puede la población colaborar con esa función?

Olmedo: Sí, de hecho en Semana Santa habilitamos un número de Whatsapp, por el cual nos enviaron denuncias con fotografías y videos, con base en las cuales se ha procedido a sancionar a pilotos y empresas.

Elmer Palencia, del Movimiento Cívico Hoy por Guatemala, defiende la aplicación de la pena máxima, mientras que Zoel Franco Analista, coordinador del Instituto de Ciencias comparadas en Ciencias Penales de Guatemala, considera que no es disuasivo del crimen.

A continuación, un extracto del tema abordado ayer.

¿Por qué es necesario discutir de nuevo si vale la pena aplicar la pena de muerte?

Palencia: Como Movimiento Cívico decidimos impulsarlo, ya que la pena de muerte está vigente en el andamiaje legal, pero está suspendida. En ningún momento se ha abolido.

Franco: Luego de algunas decisiones jurídicas de 2008, Guatemala avanzó en la abolición de la pena de muerte como un Estado garante de derechos.

Esta pena promueve acciones violentas y si se le transmite a la sociedad que el Estado puede matar personas, entonces la población también reacciona de la misma manera violenta.

Han habido bastantes iniciativas para reactivar la pena de muerte. Lo hizo Líder (Libertad Democrática Renovada), a través de Roberto Villate, y antes lo habían hecho otros diputados. En la misma iniciativa que presentaron los diputados Marcos Yax, Álvaro Arzú y Juan José Porras, a solicitud de Zury Ríos, indican que Guatemala es uno de los países que tiene ejecuciones extrajudiciales, es decir que la pena de muerte funciona bajo la mesa y no ha solucionado nada.

¿Por qué deciden reactivar la pena de muerte?

Palencia: Creo que este debate ya se llevó a cabo hace más de 30 años, cuando los constituyentes decidieron establecerla en la Constitución.

Como organización civil, lo que pedimos es que se aplique la ley. Hay que tener certeza de la falta y del castigo, de lo contrario se crea un incentivo perverso como ha ocurrido en los últimos días.

Póngase a pensar y trate la manera de visualizar el momento en el que a un niño, de 4 años, se le dispara en el rostro… ¿Será que esa persona se puede volver a insertar en la sociedad?

Por ello consideramos que es prudente que se haga cumplir nuestro marco constitucional. La aplicación correcta de las leyes brindará la seguridad que necesitan los guatemaltecos.

¿Se va a lograr que no se cometan más crímenes ejecutando a delincuentes?

Palencia: Disuadir no es el objetivo; la disuasión para los delincuentes va a ser la aplicación certera del castigo. Si se le establece pena de muerte a una persona, que se ejecute.

Franco: Precisamente por la certeza la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), junto con la Corte de Constitucionalidad (CC), que la respaldó, prohibieron que se ejecutara la pena de muerte en el país porque contemplaba siete tipos penales para aplicarse; uno de ellos es la peligrosidad, la cual no se puede medir y la misma CC dijo que la Constitución establece que la pena de muerte existe, pero no para establecerla, sino para fijar los casos en que no podrá imponerse.

Cuando se reformó el Código Penal, en 1994,  se estableció la pena de muerte para el secuestro y hubo ejecuciones a través de la inyección letal. Lo que se hizo fue poner en riesgo a la víctima y encareció la economía política criminal.

¿Por qué?

Franco: Porque desde un punto de vista criminológico, la persona que secuestra ve peligro en que la maten y reacciona matando a la víctima.

Palencia: Algunas organizaciones han tratado de engañar diciendo que el Pacto de San José o la CIDH prohíbe que se aplique la pena de muerte cuando está vigente. El Pacto de San José fue firmado en 1978 y hubo ejecuciones posteriores a ello. La última fue en 2000 y hasta allí llegó, debido a que los gobernantes no tuvieron la capacidad ni el carácter para aplicarla.

Como organización pedimos la reactivación de lo que establecen las leyes. ¿Será que pedir que se cumpla la ley es un delito o va a crear más violencia?

Franco: La moratoria que estableció la CIDH fue para los tipos penales establecidos, y la prohibición establece que no se pueden agregar tipos penales, porque contenían conceptos que no eran válidos. Las ejecuciones se dieron contra la misma convención firmada, por lo que Guatemala esta en una moratoria de hecho.

Palencia: La iniciativa que se impulsa en el Congreso no establece nueva tipificación delictiva, solo establece reglas claras del indulto, ese eslabón que hace falta.

¿Hacia dónde va Guatemala en este tema?

Franco: Ofrecerle a las personas que se va a disminuir la violencia o a tener mejor justicia, es negar el debate sobre la finalidad de la pena. ¿Qué vamos a lograr con la aplicación? Hay que discutir temas más serios como la forma de fortalecer al Estado en   seguridad.

Palencia: La pena de muerte va a generar certeza jurídica del cumplimiento de la norma establecida.

El indulto tampoco está tipificado en la Constitución, pero hay que darle una certeza de cómo aplicarse.

Para hablar sobre el tema, esta tarde en Diálogo Libre a las 15.30 horas por PrensaLibretv nos acompañarán Elmer Palencia, de Hoy por Guatemala; y Zoel Franco, analista coordinador de programas del Instituto de Estudios Comparados en Ciencias Penales de Guatemala (Iccpg).

Los últimos fusilados en Guatemala, el 13 de septiembre de 1996, fueron Pedro Castillo y Roberto Girón, por la muerte y violación de una niña; mientras los primeros en ser ejecutados por medio de la inyección letal fueron Amílcar Cetino Pérez y Tomás Cerrate Hernández, de la banda Los Pasaco, tras ser condenados por el secuestro y asesinato de Isabel Bonifasi de Botrán.

Hasta febrero de 2012, 79 personas habían sido condenadas a la pena capital; a 54 se les modificó por cárcel.

Tema polémico

El debate resurge después de que llegó al Legislativo una iniciativa del diputado oficialista Marcos Yax para aplicar la pena de muerte en casos de sicariato y secuestro, en medio de una ola de violencia que incluye detonación de explosivos y mensajes en las redes sociales que piden aplicar ese castigo.

De acuerdo a estadísticas de Amnistía Internacional, más de la mitad de los países del mundo ya no aplican la pena de muerte, y al menos 58 países han abolido la pena capital para todos los delitos. Existen registros que 15 más lo han hecho para delitos comunes y 27 más se consideran abolicionistas.

Edy Cifuentes, consultor y especialista en poder local, aseguró en el programa Diálogo Libre que la prolongada incertidumbre afecta la credibilidad en el proceso de selección de los cargos, pese a que se somete a escrutinio la hoja de vida de los candidatos.

En todo caso, el experto considera que los esfuerzos de los gobernadores designados deberán centrarse en buscar mecanismos que fortalezcan e impulsen el desarrollo económico de sus comunidades.

¿Por qué este proceso de selección de gobernadores ha generado tanta expectativa?

Efectivamente, este ha sido un proceso sui géneris. La verdad es que causó mucha expectativa en la población y generó mucha confianza y credibilidad la convocatoria misma. De hecho, jamás en la historia, según los registros de las entidades públicas, se habían postulado tantas personas para el cargo de gobernador titular: esta vez fueron 343 personas, y de esas, 47 son mujeres.

Este proceso y en estos momentos habría que verlo en fases: primero, la convocatoria; lo otro fue el tiempo o el hermetismo causado cuando ya el presidente de la República anuncia y da fechas propuestas para anunciar a quiénes eran los elegidos.

En casos anteriores ¿ cuántas personas se habían postulado?

Tal vez la particularidad es la conformación de este gobierno. Para nada es un secreto la ausencia de algunos liderazgos locales de estructuras partidarias. En épocas anteriores era cosa juzgada que fueran los candidatos perdedores del partido de gobierno quienes habrían tenido ganada ya la posición de gobernadores. Como consecuencia, a lo sumo, eran dos o tres propuestas las que se hacían por departamento.

Si es seleccionado alguien afuera de la parte estatal, de la sociedad civil, ¿podría considerarse que es una elección “a dedo”?

Yo diría que sí. Pero difícilmente va a poder impugnarse. La verdad es que el presidente de la República salva su responsabilidad al momento que somete al escrutinio de entidades como la Comisión Internacional contra la Impunidad en Guatemala, Ministerio Público y Contraloría General de Cuentas, la hoja de vida de los candidatos, pero tampoco es una garantía.

Ya hay antecedentes que se dieron con la ministra de Comunicaciones —Sherry Ordóñez— y en ese sentido sí causa un poco de duda en cuanto a que efectivamente se tenga esa voluntad de respetar las propuestas, en este caso, del Consejo de Desarrollo, a través de las oenegés.

¿Se podría decir que FCN-Nación está en desventaja en comparación con otros partidos como Líder, PP y UNE?

Efectivamente, así es. En el listado que se publica vemos a personas y exfuncionarios pertenecientes a esos partidos políticos. Entonces sí creo que está en franca desventaja el partido de gobierno.

¿Transparenta el proceso el hecho de que el presidente sometió a escrutinio las hojas de vida de los candidatos?

Pues yo creo que fue una acción audaz del presidente de la República para salvar esa responsabilidad, pero yo, sin el ánimo realmente de afectar su posición, diría que fueron otros actores, otros protagonistas, quienes realmente están incidiendo en la elección de estos funcionarios.

Según la Ley, ¿cuáles son las funciones principales de un gobernador departamental?

Esencialmente, representar al presidente de la República en los departamentos, darle seguimiento y ejecutar de forma coordinada las políticas de gobierno, los planes y programas. El gobernador debe ser agente de cambio. Pero sí difiere un poquito en los departamentos del país. Yo creo que más ocupa el tiempo el trabajo que generan los consejos Departamentales de Desarrollo.

¿Por qué es bastante codiciado el puesto?

En estas circunstancias y en estos tiempos, quien se haya postulado pensando que con ser gobernador se iba a sacar la lotería a través de esquilmar los fondos públicos se equivocó de camino. El recurso que maneja el Codede, naturalmente para algunos, no para todos, sigue siendo un atractivo.

Pero creo que más que legitimar el cargo de gobernador, como pretenden algunos que sea a través del voto, yo diría que hay que honrarlos a través de mecanismos más severos de control en el manejo del dinero.

¿Cómo podría ejercerse este mayor control financiero a nivel de gobernaciones?

El reglamento plantea que para la apertura de cuentas es válida la firma del gobernador departamental y la del director administrativo financiero, y es ahí donde puede generarse un malsano interés. Entonces deberían detenerse ahí las autoridades, para tratar de fiscalizar de mejor manera este proceso. Pero, insisto, habría que poner énfasis en el manejo del recurso, para tener la certeza de que realmente lleguen a las obras para las cuales fueron solicitadas y programadas.

¿Los gobernadores podrían influenciar en las contrataciones de obras que pudieran beneficiar a cierta empresas?

Sí, la historia está llena de ejemplos. Afortunadamente no son todos, pero sí existe esa perversión    y esa posibilidad de que así pueda darse. No nos explicamos; la gente, el pueblo no se explica cómo hay obras abandonadas por más de mil millones de quetzales, pero es por esa irresponsabilidad en el manejo de ejecución en los Codedes.

Los cambios están entrampados en el Congreso, y serán retomados el martes próximo. Sin embargo, los invitados concuerdan en que el hecho de que ya se hayan aprobado los artículos “más importantes” de esa ley todavía no es garantía, pues la bancada oficialista ha impulsado modificaciones polémicas, como la autorización de juez para que el MP solicite información.

¿Cuál es la relevancia de haber planteado reformas a la Ley Orgánica del Ministerio Público?

Véliz: Creo que tiene varias áreas de importancia. La primera es la estabilidad del Fiscal General cuando hay cambio de gobierno, porque históricamente en el Ministerio Público se ha dado que cuando hay un cambio de gobierno central hay destitución del Fiscal.

En este momento, a los 22 años que va a cumplir institucionalmente el MP, la Fiscal General debiera ser la número seis, y es la 10; eso nos da la idea de cómo la institución ha sido dañada por la subjetividad del presidente de turno al remover. A la par de eso, de no dotarle del poder absoluto al Fiscal General, está el tema de la remoción, pero con criterios objetivos que no había. También está la garantía a los trabajadores para un proceso disciplinario bajo normas, principios y procedimientos establecidos con la finalidad de que el trabajador sepa qué actitudes corresponden a determinada falta que hoy no las tenemos, y cuál es el procedimiento, sus derechos y cómo va a llegar a una sanción.

¿Hay ciertos artículos de estos cambios que quedan un tanto ambiguos?

Castillo: Lo que hemos visto en las últimas tres legislaturas es que los políticos siempre dejan una válvula de escape o una puerta trasera por la cual darle vuelta a la ley, o no reconocerla, o no respetarla, o inclusive trastocarla.

Hemos identificado que es sumamente importante que el MP ha venido ganando independencia desde las últimas administraciones, pero no se debe olvidar que el mismo Congreso no nombraba a su representante ante el Consejo del MP entre el 2010 y el 2014: mantuvieron a la institución  congelada.

¿Qué lectura se le puede dar a FCN-Nación y su alianza con otros partidos de oponerse a algunos artículos?

Castillo: La bancada de FCN-Nación está pasando por un momento complicado. Hemos identificado qué hacía el partido oficialista con todo este movimiento de transfuguismo. Han estado llegando personajes vinculados con estructuras históricas en el país que corren el riesgo de continuar siendo señalados precisamente por las vinculaciones con la estructura y la jerarquía de la institución militar, que hay un caso en particular que es el que está generando mucha controversia, y es Creompaz.

Han emigrado a FCN-Nación también algunos de esos diputados que tienen señalamientos complejos y que podrían en algún momento quedar al descubierto en una posible investigación futura.

Esto me parece que aglutina fuerzas y busca aún dejarle al presidente la discrecionalidad de remover al Fiscal General.

¿Cuál es la expectativa de la agilización de sanciones de fiscales que se encuentren involucrados en un delito?

Véliz: Se crea un ente que se llama Junta de Disciplina, integrada por seis fiscales y como un elemento de transparencia dentro de la misma institución que investiga. Como un tema de transparencia se hace una convocatoria y va a haber un concurso por oposición, y luego de eso los fiscales que apliquen van a integrar la Junta de Disciplina, para que objetivamente puedan investigar a todo el personal de fiscales.

¿Qué inconvenientes podría generar el que exista una orden de juez para solicitar información?

Castillo: Estamos en una etapa en la que los hechos criminales tienden a dejar huella en diferentes instancias; entonces, el cambio de información es fundamental.

En este momento, con el desarrollo tecnológico, con los métodos especiales de investigación, es importante establecer relaciones interinstitucionales para fundamentar los procesos. Detener eso es detener el flujo de información que puede  respaldar las investigaciones.

En ese caso consideramos que es algo negativo, porque esto estaría haciendo lentos los procesos judiciales y de investigación.

Véliz: Nosotros analizamos el artículo que existe actualmente y el que ya aprobaron. Al analizarlo, los párrafos que se incluyeron realmente no tienen una afectación, ni abuso de poder por parte de los fiscales. Sin embargo, la parte que se pretende aumentar afectaría al MP. Requerir de una autorización de juez para obtener información paralizaría al MP

¿Cómo afectaría el nombramiento del próximo Fiscal General si se mantiene el mecanismo de las postuladoras como hasta ahora?

Castillo: Si no se logra una reforma al mecanismo de nombramientos, vamos a tener una mayor vigilancia y acompañamiento a la siguiente comisión de postulación para ver no solamente su integración.

Aunque ha habido un excelente cambio en cuanto a los señalamientos que hubo en su momento respecto de la fiscal general Thelma Aldana, y que lo ha dejado muy en claro y que ha rebasado con creces la expectativa que se tenía, nada nos garantiza que en el futuro podamos tener fiscales que no sean idóneos para el cargo o que puedan llegar a acciones que ameriten separarlos del cargo. Se debe aclarar y cumplir el mecanismo de postulación.

¿Cuáles son las reformas que deberían impulsarse?

Escobar: En la Mesa de Seguridad y Justicia del Congreso ya se tiene claridad de cuáles son las leyes prioritarias que se han venido trabajando, que incluyen leyes ordinarias, y ahí estamos hablando de reformas a la Ley de la Carrera Judicial, Ley Orgánica del Ministerio Público, Ley de Amparo y la Ley de Antejuicio. La Ley de Amparo se ha utilizado como un mecanismo de impunidad.

Ha sido mal utilizada, pues su naturaleza era proteger al ciudadano de los abusos del Estado y ahora es utilizada para entorpecer los procesos.

Ibarra: Esas ya están apalabradas en el seno de la Mesa de Seguridad y Justicia, que preside el diputado Oliverio García Rodas. Ya hay avances en varias leyes, y lo que se necesita es que el Congreso tome la decisión de qué color va a ser el poder Judicial.

Hay dos posturas sobre reformar la Ley de la Carrera Judicial, porque se busca que los magistrados vean solo el tema judicial; sin embargo, ellos quieren seguir manteniendo el control en lo administrativo.

¿Cómo ven el arranque del diálogo?

Escobar: Toda oportunidad para reflexionar sobre el tema es buena. Los guatemaltecos tenemos que analizar qué es lo que se necesita para cambiar el sistema de justicia.

Constantemente se ha señalado que tiene muchas debilidades y que necesita ser fortalecido, y desde esa óptica el espacio idóneo es el Congreso, es el que toma las decisiones y es refrendado por el pueblo, y es donde debe gestarse la discusión y el diálogo. Uno de los actores políticos que debe estar sentado en la mesa es el Organismo Legislativo, y por el otro lado, aquellas instituciones que quieren mejorar su desempeño. Todo esto es un sistema, y si uno de ellos no está funcionando, siempre va a dar un problema, como una máquina de reloj; porque si una de las piezas no funciona, no va a dar bien la hora.

Ibarra: Me hizo falta ver en este anuncio del inicio de diálogo a la totalidad de las instituciones que conforman el sistema de justicia. Me parece poco afortunado el momento, porque estaban ausentes la Fiscal General y el presidente de la CSJ.

La fotografía que surge en ese momento es de los diputados con una fuerte presencia internacional. Para asegurar que esto llegue a un éxito es necesario que estén presentes los que dirigen las instituciones, que no solo unos se comprometan. Que estén todos.

¿Hasta dónde debe llegar la comunidad internacional?

Ibarra: La presencia de ellos está bien; creo que es un buen aliciente para la generalidad de los guatemaltecos que el concierto de naciones esté presente. Lo que sí se necesita es que haya más peso del sistema y de los actores guatemaltecos, de los protagonistas reales del sistema de justicia, las autoridades y los usuarios, para que esto tenga sentido y sustancia. Hay leyes internacionales y nacionales que ponen límites a la participación de la comunidad internacional.

Escobar: Veo una foto con las instituciones de justicia al frente. Este país es nuestro y la reflexión debe ser guatemalteca, por supuesto con el acompañamiento de la comunidad internacional.

Un apoyo es necesario, pero aquí los grandes protagonistas son las cabezas de las instituciones, los técnicos que conocen del problema que tiene cada institución y, además, la población, que tiene algún conocimiento de que puede aportar a este diálogo.

Es una tarea de todos, no es solo de un grupo; pero tiene que ser liderada por los actores que tienen un papel preponderante en el sistema de justicia.

¿Creen que hay que subirse a esa ola de un Congreso eficiente para agilizar la reforma?

Escobar: No podemos abstraernos de los resultados de las expresiones de abril del año pasado, y que eso también se está dando. Yo sí creo que el actuar del Congreso es por esa presión social.

Esa presión ha permitido una generación de transparencia dentro del Congreso, y hay que aprovechar la oportunidad para generar un diálogo. Cuando hay presiones, entonces genera legislación que ha estado rezagada, que son leyes que van al fondo de los problemas y que atacan a esos problemas. Recordémonos de la Ley de Extinción de Dominio, son momentos que hay que aprovechar.

Ibarra: Hay una ola, y hay que subirse. Lo único es que tenemos que ser de alguna manera muy analíticos cada día. Cómo nos vamos a subir a la ola y de cómo se tiene que bajar de alguna manera la intensidad de la participación en esto. Hay que apoyarlo, y lo está haciendo bien el presidente del Congreso, pero puede ser que al final de cuentas termine haciendo una lucha solitaria. En realidad, ¿hasta dónde son auténticas las manifestaciones del Congreso para cambiar las cosas?

Creo que no hay una gran autenticidad de los bloques tradicionales, y mientras el diputado Taracena empuje, tenemos que apuntalar esas buenas decisiones y apoyarlo, porque ya está teniendo problemas a lo interno de su bancada.

Lo que debemos satanizar, porque hay que hacerlo, es el tipo de intentos que se están dando entre las cabezas de los bloques MR, UNE y Todos que se reúnen fuera del Congreso y deciden hacer un combo y elección de la Corte de Constitucionalidad, Defensa Pública Penal, Renap, y se preguntan quién quiere manejar esto y se lo reparten.

¿Creen que el Congreso estará a la altura de las circunstancias?

Escobar: Esperemos que el Congreso esté a la altura de las circunstancias. Es que debe hacerlo. Ya no estamos para esperar. El sistema de justicia ya no aguanta.

Ibarra: Tenemos un período algo corto para poder hacer realidad un diálogo sobre la justicia, y no sabemos cuánto va a durar la correlación de fuerzas en el Congreso.