El candidato peronista y ministro de Economía, Sergio Massa, dio este domingo 22 de octubre la sorpresa al revertir los sondeos y ganar la primera vuelta de las elecciones argentinas, para enfrentarse en el balotaje el próximo 19 de noviembre al aspirante de la Libertad Avanza, Javier Milei, quien ganó en las primarias el 13 de agosto.

Con el 83,26 % de las mesas escrutadas, Massa obtiene el 36,15 %, seguido de Javier Milei, con el 30,31 %, y la candidata de Juntos por el Cambio, Patricia Bullrich, la gran derrotada de la jornada, que sumó apenas un 23,71 %.

Unos 35,4 millones de argentinos estaban convocados para, además de elegir presidente y vicepresidente, renovar 130 de los 257 escaños de la Cámara de Diputados y 24 de los 72 del Senado, y designar 43 representantes argentinos para el Parlamento del Mercosur (Parlasur, cuerpo legislativo del bloque integrado por Argentina, Brasil, Paraguay y Uruguay).

En el búnker electoral de Unión por la Patria reinaba esta noche un efervescente ambiente de fiesta, con la presencia multitudinaria de militantes, sindicalistas e integrantes de organizaciones sociales, toda vez que las encuestas pronosticaban que Milei iba a revalidar el triunfo que cosechó en las PASO (elecciones primarias abiertas simultaneas y obligatorias).

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En la provincia de Buenos Aires, el bastión de los seguidores de la actual vicepresidenta y exmandataria Cristina Fernández (2007-2015), el triunfo fue para el oficialista Axel Kicillof, con el 45,23 % de los votos con el 69,32 % de las mesas escrutadas.

En la opositora Juntos por el Cambio, el clima era de derrota, apenas mitigada por la victoria en la ciudad de Buenos Aires, donde con el 49,29 % de los votos salió primero el candidato oficialista Jorge Macri, primo del expresidente Mauricio Macri, y quedó en segundo lugar el peronista, Leandro Santoro, que sumó el 32,31 % de los votos, con el 79,28 % de las mesas escrutadas.

Sergio Massa (Unión por la Patria)

Nombrado ‘superministro’ de Economía (tras absorber tres carteras bajo una sola) en julio de 2022, este abogado de 51 años, astuto, caracterizado por su gran ambición política y pragmatismo, está considerado el presidente en la sombra de estos últimos meses del Gobierno de Alberto Fernández y es bien visto por el ‘establishment’ y los círculos financieros de Estados Unidos.

Entre 2008 y 2009 fue jefe de gabinete de la entonces gobernante Cristina Fernández (2007-2015), con quien posteriormente se enemistó, a raíz de lo cual fundó el Frente Renovador, una corriente crítica dentro del movimiento peronista.

Pero a pesar de ello, en los últimos tiempos ha contado con el beneplácito de la expresidenta (y actual vicepresidenta) para ser nominado como el candidato favorito de Unión por la Patria (nueva denominación asignada a la agrupación oficialista Frente de Todos), y obtuvo un 27,28 % de apoyo en las primarias.

Intendente en dos ocasiones de Tigre (localidad de la provincia de Buenos Aires en la que vive) y presidente de la Cámara de Diputados antes de asumir la cartera de Economía, ya fue candidato presidencial en 2015, cuando terminó tercero, por detrás de Mauricio Macri y Daniel Scioli (aspirante del peronismo oficialista). Está casado con la politóloga Malena Galmarini, presidenta del directorio de la empresa estatal Agua y Saneamiento Argentinos (AYSA).

Javier Milei (La Libertad Avanza)

Diputado desde 2021 e involucrado en la política desde un año antes cuando expresó su intención de luchar por la Presidencia argentina, este economista libertario, fiel seguidor de la escuela austríaca y que trabajó como asesor de importantes empresas, se dio a conocer en programas de televisión antes de saltar a la arena política.

Fanático de los Rolling Stones; exportero de Chacarita Juniors; convive con cuatro mastines ingleses, a los que llama sus “hijos”, además de guardar disecado a Conan, otro perro ya fallecido; su pareja sentimental es Fátima Florez, una humorista que entre los personajes imita a Cristina Fernández. El día de las elecciones cumplirá 53 años.

Fue el líder más votado en las primarias (con un 29,86 %), aboga por utilizar una simbólica ‘motosierra’ para achicar la estructura del Estado, dolarizar la economía, privatizar empresas públicas y eliminar requisitos burocráticos para facilitar el acceso a armas y la donación de órganos. Además, niega el cambio climático y que durante la dictadura militar (1976-1983) desaparecieran 30 mil personas.

Costa Rica elige este domingo a su nuevo presidente entre José María Figueres, exmandatario y candidato del histórico Partido Liberación Nacional (PLN); y Rodrigo Chaves, exministro de Hacienda y quien compite por el Partido Progreso Social Democrático como sucesor del actual presidente, Carlos Alvarado.

El país celebra la segunda vuelta de las elecciones presidenciales después de que en la primera ronda ningún candidato obtuviera el 40% de los votos necesario para ganarse ya el cargo.

Entonces, Figueres logró el 27,3% de los votos y Chaves el 16,8%, en el marco de unos comicios marcados por la presencia de hasta 25 candidatos y la mayor abstención en 60 años: más del 40% de la población no votó.

Para esta segunda vuelta, sin embargo, las encuestas de intención de voto mostraron una mayoría para el candidato Chaves que, sin embargo, se ha ido reduciendo en los últimos días hasta mostrar casi un empate técnico.

Estos son los dos candidatos entre quienes los costarricenses tendrán que elegir este domingo a su presidente.

José María Figueres

Proveniente de una familia de políticos, Figueres, de 67 años, vuelve a competir por la presidencia tras una larga estancia en el extranjero.

Quien fuera presidente del país entre 1994 y 1998 y tanteara las aguas en varias ocasiones para repetir en el cargo —sin éxito—, destaca su experiencia política nacional y sus contactos internacionales como su principal ventaja frente a su rival. “Yo ya pasé por donde asustan”, suele repetir.

También su pertenencia a una formación más que conocida (el PLN es uno de los dos grandes partidos tradicionales de Costa Rica) es visto por analistas como un punto fuerte de su candidatura.

“Podrá estarse en contra o a favor de él, pero nadie podría negar que el PLN es un partido grande que cuenta con experiencia de trabajo y en el gobierno” del país, le dice a BBC Mundo el politólogo costarricense Gustavo Araya.

En su discurso tras conocer los resultados en primera vuelta, Figueres aseguró que, de ganar este domingo, promoverá un gobierno de inclusión donde se respeten los derechos de las mujeres, de las minorías y se abogue por el medio ambiente.

Nacido en 1954, es hijo de José María Figueres Ferrer, “Don Pepe”, quien se levantó en armas y salió victorioso de la guerra civil del 48, fundó la Segunda República y pasó a la historia como el presidente que abolió el ejército en Costa Rica. Su padre también fue el fundador del PLN y se desempeñó como presidente del país en las décadas de 1940, 1950 y 1970.

Él mismo tiene una amplia trayectoria como funcionario público. Graduado en ingeniería industrial en la academia militar de West Point, de Estados Unidos, saltó a la política en 1986.

Fue ministro de Comercio Exterior y luego de Agricultura y Ganadería durante la primera administración (1986-1990) del premio Nobel de la Paz, Óscar Arias.

En 1991 se fue a la Universidad de Harvard para estudiar una maestría en Administración Pública.

Tras la muerte de su padre, anunció su intención de llegar a la Presidencia y en 1994, a la edad de 39 años, Figueres se convirtió en el gobernante número 42 de Costa Rica y en el mandatario más joven del continente en ese momento.

Su mandato generó controversias luego de asumir varias reformas polémicas que fueron de la liberalización bancaria a la reducción del aparato estatal con el cierre de múltiples instituciones gubernamentales costarricenses. Aún muchos le cuestionan por el cierre del deficitario INCOFER, el Instituto de Ferrocarriles de Costa Rica.

Pero también promovió la inversión en tecnología y se le atribuye la llegada de la multinacional Intel a Costa Rica en 1996. Además, fomentó el ecoturismo, creó un sistema de pago por servicios ambientales y es uno de los principales impulsores de la actual imagen “verde” y de nuevas energías del país.

Tras terminar la presidencia, se unió al Foro Económico Mundial, al que renunció luego de que se le señalara de participar en un escándalo de corrupción conocido como caso ICE-Alcatel entre los años 2000 y 2003.

Según denunciaron medios costarricenses, Figueres Olsen habría recibido US$900.000 de la compañía francesa Alcatel, señalada de sobornar a varios políticos y funcionarios costarricenses en varios gobiernos. Figueres negó los señalamientos y alegó que su colaboración con la empresa se limitó a “labores de consultoría”.

Vivió en Suiza durante casi ocho años y regresó a Costa Rica en 2011, después de que en 2007 la Fiscalía archivase el caso. Y aunque nunca fue acusado y requerido por un juez, aquello “generó un cuestionamiento popular de que él no dio la cara” en el país, recuerda el politólogo costarricense Daniel Calvo.

En esta ocasión sus promesas como candidato presidencial se han centrado en reducir el desempleo (14,4% en 2021) y la pobreza (23%), y en promover la protección del medioambiente, con la abolición de la explotación de hidrocarburos.

Además, de ganar, promete entablar alianzas público-privadas, invertir fondos de pensiones en obras públicas y crear infraestructura sostenible.

Rodrigo Chaves

Economista de larga trayectoria y formación internacional, Chaves se sumó a la carrera por la presidencia tras una breve gestión en el actual gobierno de Carlos Alvarado y fue la gran sorpresa de la primera vuelta electoral.

Los encuestas no lo incluían entre los tres favoritos y le otorgaban un 5% de apoyos, pero fue poco a poco abriéndose paso y terminó convenciendo al 17% del electorado y asegurándose el paso a la segunda vuelta.

Está considerado como un “outsider” o prácticamente desconocido en la vida política nacional de Costa Rica, ya que la mayoría de su carrera se desarrolló en el extranjero, y se ha dedicado a atacar la gestión anterior de los partidos tradicionales del país. Su deseo de “ordenar la casa” es uno de sus lemas.

Su falta de experiencia política es compensada, según sus partidarios, por su amplio currículum en el ámbito económico y su idea del cambio y de contar con personas nuevas en su futuro gobierno que hagan las cosas de manera diferente.

Nacido en 1961, cuenta con un alto perfil académico: estudió en Estados Unidos, tiene un doctorado en Economía y recibió una beca de la Universidad de Harvard para estudiar temas de pobreza en Asia.

Trabajó para el Banco Mundial (BM) durante casi 30 años y fue nombrado director de la oficina del organismo en Indonesia.

Su trabajo en el BM terminó opacado por denuncias de dos trabajadoras que le atribuyeron “insinuaciones sexuales” y un “patrón de comportamiento inapropiado no deseado” entre los años 2008 y 2013, según se lee en la investigación del caso publicada por el mismo organismo.

El economista calificó los señalamientos de “malentendidos”, “chismes y mentiras” y negó durante la campaña que estas hubieran sido el motivo para renunciar al cargo en el BM.

Sin embargo, dichas denuncias han sido motivo de ataque para sus oponentes y de grupos de derechos civiles, como colectivos de mujeres que salieron a protestar por su elección el pasado 8 de marzo.

“Los movimientos feministas en Costa Rica se preguntan sobre la pertinencia de que tengamos un presidente tan cuestionado en este nivel. En los últimos diez años ha aumentado el no rotundo al acoso sexual, al acoso callejero, por lo que a nivel social ha generado bastantes resquemores”, destaca a BBC Mundo la analista política costarricense Valeria Vargas.

Al terminar su trabajo con el BM, Chaves regresó a Costa Rica, donde asumió por casi seis meses el Ministerio de Hacienda tras una oferta del presidente Alvarado a finales de 2019.

Con su puesto perseguía lograr la estabilidad fiscal, la reducción de la pobreza y la eficiencia presupuestaria, además de reflotar la economía del país gravemente afectada por la pandemia de covid-19.

Pero las diferencias con el gobierno del presidente Alvarado no se hicieron esperar. Fue protagonista de importantes polémicas, como la de gravar los salarios más altos o la de oponerse a una reforma que excluía a las municipalidades de una medida de contención del gasto en plena pandemia.

“El señor presidente consideró que esa diferencia de lo que él llama estilos no nos permite continuar trabajando juntos. Él tiene la investidura para tomar la decisión política que tomó, porque es una decisión política”, dijo Chaves al renunciar en mayo de 2020.

El pasado mes de julio se anunció como candidato del Partido Progreso Social Democrático, una formación creada apenas tres años antes.

“En un fenómeno que es muy centroamericano, yo diría que en Costa Rica empieza a haber síntomas de la ‘guatemalización’ del sistema de partidos: formaciones que surgen en un proceso electoral determinado y que se crean para los efectos”, le dice Calvo a BBC Mundo.

Está considerado un gran orador, pero según Calvo, en su discurso “hay elementos populistas y machistas muy latentes, incluso chistes de connotación sexual. Esto puede ser rechazado en entornos urbanos y de alta educación, pero pueden ser fundamentales para ser respaldado en otros lugares del país”.

En su agenda propone reordenar presupuesto público, aumentar las inversiones en energía verde y cambiar la flota vehicular del país, controlar gastos y una pensión mínima universal.

“Costa Rica está en una situación mala, pero no es un país malo (…). Podemos ser el Singapur de Centroamérica en ingreso per cápita, el Estonia en eficiencia del Estado, el Finlandia en educación pública”, consideró.

¿Qué puede pasar este domingo?

Pese a estas propuestas en sus programas, la campaña electoral de ambos se centró más en los ataques personales que en dar a conocer sus ideas, hasta el punto de que muchos ciudadanos no encuentran grandes diferencias entre uno y otro.

“Ambos son conservadores a nivel económico y social. Las personas se sienten confundidas porque no se puede decir que uno sea totalmente de derecha o de izquierda… Eso dificulta la elección, tienen más similitudes que diferencias”, asegura Vargas.

Según Calvo, “para la población, por encima de las propuestas o el partido, lo que inclina la balanza de su voto son las características del candidato, algo muy propio del presidencialismo latinoamericano. Lastimosamente, las propuestas pasan a segundo plano”.

Aunque la mayoría de encuestas otorgan cierta ventaja a Chaves en intención de voto, la diferencia se ha reducido hasta solo un 3%, según el último sondeo del Centro de Investigación y Estudios Políticos de la Universidad de Costa Rica

Calvo considera que ambos candidatos generan cierto rechazo en la población. “Hay un miedo a lo conocido, pero también miedo a lo desconocido”, resume respecto a las dos propuestas. “Mucha gente terminará por decantarse no por el mejor candidato, sino por el que consideren menos malo, tristemente”, añade.

Por esta escasa diferencia proyectada entre ambos, analistas coinciden en que los indecisos y quienes hasta ahora no piensan acudir a votar -que supusieron un gran número ante la primera vuelta- serán quienes decidan el nombre del ganador este domingo.

“La importancia en este momento del sector de personas indecisas es altísimo y prácticamente definitorio del proceso electoral en Costa Rica”, pronostica el politólogo Araya, quien destaca el alto porcentaje de quienes aseguran que no votarán porque no se ven representados por ninguno de los dos candidatos

“Ese abstencionismo récord de primera vuelta que también podría suceder en esta segunda ronda hace prever que, independientemente de cuál sea el ganador, llegará con una legitimidad reducida y cuestionamientos ya desde antes de iniciar sus funciones”, concluye Calvo.

* Esta nota fue publicada el 7 de febrero y actualizada con motivo de la segunda vuelta electoral en Costa Rica.

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El expresidente José María Figueres y el predicador evangélico Fabricio Alvarado, lideran el primer corte de resultados electorales de este domingo en Costa Rica, pero ninguno alcanza el 40 % necesario para ganar en una primera ronda.

Con el 13,48 % de las mesas escrutadas, Figueres, del Partido Liberación Nacional (PLN) obtiene el 30,29 % de los votos y Alvarado, del Partido Nueva República, alcanza el 17,9 %.

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En una cerrada lucha por el segundo lugar se encuentran también el economista del Partido Progreso Social Democrático, Rodrigo Chaves (15,56 %) y la exvicepresidenta del Partido Unidad Social Cristiana (PUSC), Lineth Saborío (14,97 %).

Para ganar en primera vuelta era necesario captar al menos el 40% de los votos.

#EleccionesCRTSE Sesión Solemne de transmisión de resultados provisionales. https://t.co/t8FxjwTevF

— TSE (@TSECostaRica) February 7, 2022

Acosado por el devastador número de víctimas del coronavirus, una economía tambaleante y un rival en ascenso, el presidente ha lanzado un sórdido ataque contra el sistema de votación electrónica en el que Brasil ha confiado durante 25 años. A menos que los electores consigan registrar su elección en las boletas impresas, algo que el sistema actual no permite, Bolsonaro ha advertido que las elecciones de 2022 podrían suspenderse.

“Una elección fuera de esos parámetros no es una elección”, dijo Bolsonaro a sus partidarios durante un reciente mitin en la ciudad sureña de Florianópolis, en el que convocó a su base a prepararse para “luchar con todas las armas”.

La posibilidad de un enfrentamiento desestabilizador el año próximo surgió el martes, cuando el gobierno de Bolsonaro organizó un desfile militar en el que tanques blindados pasaron frente al Congreso horas antes de que los legisladores tuvieran que debatir un proyecto de ley que requeriría máquinas de votación electrónica para imprimir boletas de papel.

El martes a última hora, la Cámara de Diputados de Brasil votó en contra de la propuesta.

Sin embargo, la campaña para volver a un sistema de boletas de papel, una vieja obsesión de Bolsonaro, ha alarmado a los líderes del poder judicial, a los legisladores de la oposición y a los politólogos, que ven en sus estrategias los ingredientes de una toma de poder en la nación más grande de América Latina. Funcionarios electorales y expertos independientes dicen que el sistema de votación electrónica de Brasil, adoptado en 1996, tiene fuertes salvaguardas y un historial impecable.

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“Enturbiar el debate público con desinformación, mentiras, odio y teorías conspirativas es una conducta antidemocrática”, afirmó en un discurso reciente Luís Roberto Barroso, juez del Supremo Tribunal Federal (STF, en portugués) y director del tribunal electoral de Brasil.

Aludiendo al retroceso democrático en Turquía, Hungría, Nicaragua y Venezuela, Barroso dijo que se ha vuelto preocupantemente común que los líderes que llegan al poder a través de las urnas “desmantelen, ladrillo por ladrillo, los pilares de la democracia”.

Los críticos temen que, al igual que el presidente Donald Trump convenció a muchos partidarios de que le habían robado la victoria en 2020, Bolsonaro esté sentando las bases para disputar una derrota electoral en octubre de 2022.

Fernando Luiz Abrucio, politólogo de la Fundación Getúlio Vargas, dijo que ese escenario podría llevar a un caos mucho mayor en Brasil (donde la democracia apenas se restauró a fines de la década de 1980) que en Estados Unidos.

“Si Bolsonaro pierde las elecciones, puede movilizar al ejército, la policía y las milicias”, dijo Abrucio. “El grado de violencia podría ser mucho mayor que el episodio del Capitolio de Estados Unidos”.

La exhibición militar del martes desencadenó una cascada de declaraciones de condena y memes.

“Es inaceptable que las fuerzas armadas hayan permitido que su imagen sea utilizada de esta manera, para plantear la posibilidad del uso de la fuerza en apoyo a una medida antidemocrática golpista defendida por el presidente”, dijeron en un comunicado nueve partidos de la oposición.

Bolsonaro comenzó a despotricar contra el sistema de votación hace varios años, cuando era un diputado marginal y ultraconservador con poco poder o visibilidad en la capital.

En 2015, propuso una enmienda constitucional que exigía que las máquinas de votación electrónica imprimieran un registro de cada voto, el cual se depositaría en una urna. Bolsonaro argumentó entonces que la redundancia reduciría la “posibilidad de fraude a cero”.

El Congreso aprobó la medida, pero el STF determinó que violaba la privacidad y la declaró inconstitucional, por lo que el sistema de votación permaneció sin cambios.

El asunto desapareció del radar político hasta que Bolsonaro emergió como el candidato presidencial favorito tras la primera ronda de votación en las elecciones de octubre de 2018. En lugar de celebrar su triunfo, Bolsonaro sorprendió a la clase política al afirmar que le habían robado una victoria absoluta, lo que habría requerido ganar más del 50 por ciento de los votos.

Incluso después de haber ganado las elecciones en 2018 con un margen de 10 puntos porcentuales, Bolsonaro siguió afirmando, sin presentar pruebas, que el sistema estaba amañado. Su búsqueda para desacreditar la integridad del sistema electoral se ha vuelto más ruidosa y audaz en las últimas semanas, debido a que Bolsonaro ha caído en las encuestas en medio de la creciente exasperación por el manejo gubernamental de la pandemia de coronavirus.

Una encuesta realizada a principios de agosto por la firma Poder Data muestra que uno de cada cinco votantes que apoyó a Bolsonaro en 2018 votaría ahora por su principal rival, el expresidente Luis Inácio Lula da Silva. En un enfrentamiento entre dos candidatos, da Silva superaría al actual mandatario con un 52 por ciento de los votos contra un 32 por ciento para Bolsonaro, según el sondeo.

Los magistrados del STF se alarmaron ante los ataques de Bolsonaro contra el sistema de votación, que se han desarrollado en largas entrevistas con periodistas conservadores y en videos que el presidente difunde en las redes sociales. A principios de este mes, el tribunal abrió investigaciones sobre las afirmaciones del presidente sobre el fraude en las máquinas de votación.

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Filipe Barros, un legislador que apoya a Bolsonaro, dijo en una entrevista que las máquinas electrónicas podrían ser manipuladas y que las boletas de papel crearían un mecanismo para certificar de manera independiente el resultado registrado por las máquinas.

“Es un riesgo para la democracia”, aseveró.

Los expertos afirman que las máquinas de votación en Brasil, donde el voto es obligatorio, cuentan con medidas de seguridad sólidas. No están conectadas a Internet, por lo que es prácticamente imposible hackearlas. La identidad de los votantes se verifica mediante un escáner biométrico que escanea la huella dactilar de la persona.

El gobierno del presidente Joe Biden también se mostró a favor del sistema actual y Jake Sullivan, asesor de seguridad nacional de Biden, planteó el tema a Bolsonaro durante una reciente visita a Brasilia.

Los funcionarios estadounidenses dijeron tener “una gran confianza en la capacidad de las instituciones brasileñas para llevar a cabo unas elecciones libres y justas con las debidas salvaguardas contra el fraude”, declaró el lunes a la prensa Juan González, director principal del Consejo Nacional de Seguridad de Estados Unidos para el Hemisferio Occidental. “Subrayamos la importancia de no minar la confianza en ese proceso”.

A medida que la pandemia de coronavirus arrasa América Latina y el Caribe, al cobrar la vida de más de 180 mil personas y destruir el medio de sustento de decenas de millones en la región, también socava las normas democráticas que ya se encontraban bajo presión.

Desde el centro-derecha hasta la extrema izquierda, los líderes han usado la crisis como excusa para extender sus mandatos, debilitar la vigilancia a las acciones gubernamentales y acallar a los críticos, medidas que bajo otras circunstancias serían descritas como autoritarias y antidemocráticas pero que ahora se presentan como acciones salvadoras, necesarias para detener la propagación de la enfermedad.

El debilitamiento gradual de las normas democráticas durante una crisis económica y la catástrofe de salud pública podrían dejar a América Latina condenada a un crecimiento más lento y un aumento de la corrupción y los abusos contra los derechos humanos, advirtieron los expertos. Esto es particularmente cierto en los lugares donde los derechos políticos y la rendición de cuentas ya estaban en un declive precipitado.

“No es un asunto de izquierda o de derecha, es una disminución de la democracia en general en toda la región”, dijo Alessandra Pinna, investigadora para América Latina en Freedom House, una organización con sede en Washington que monitorea las libertades políticas globales.

Actualmente hay cinco países en América Latina y el Caribe con historias democráticas recientes —Venezuela, Nicaragua, Guyana, Bolivia y Haití— donde los gobiernos no fueron electos en elecciones libres y justas o han extendido su mandato. Es la mayor cantidad desde finales de los años ochenta, cuando la Guerra Fría se encaminaba a su final y varios países que se encontraban inmersos en guerras civiles o bajo dictaduras militares hicieron transiciones hacia la paz y la democracia.

La mayoría de estos líderes ya manipulaban las reglas democráticas para permanecer en el poder antes de la pandemia, pero aprovecharon las condiciones de emergencia creadas por la propagación del virus para fortalecer su posición.

El presidente de Venezuela, Nicolás Maduro, detuvo o allanó las casas de decenas de periodistas, activistas sociales y líderes de la oposición que han cuestionado las dudosas cifras del gobierno sobre el coronavirus.

En Nicaragua, el presidente Daniel Ortega liberó a miles de presos debido a la amenaza que representa el virus, pero ha mantenido tras las rejas a los presos políticos, mientras que en Guyana, un bloqueo impidió las protestas contra el intento del gobierno de mantenerse en el poder a pesar de haber perdido una elección.

En Bolivia, el gobierno interino ha usado la pandemia para posponer las elecciones, ha recurrido a la ayuda de emergencia para apuntalar su campaña electoral y ha amenazado con prohibir que el principal candidato de oposición postule.

Y en las islas de San Cristóbal y Nieves, el gobierno impuso en junio una cuarentena estricta a sus 50 mil habitantes, durante la campaña para las elecciones generales, lo que obstaculizó los esfuerzos de la oposición para llegar a los votantes y al mismo tiempo evitó que los observadores electorales internacionales viajaran al país.

Fue la primera vez en la historia reciente que a la Organización de Estados Americanos, un grupo regional que promueve la democracia, se le retiró la invitación de observar las elecciones.

Aunque la pérdida de la confianza pública en América Latina no es reciente, la erosión de las normas democráticas durante la pandemia llegó en un momento en que el crecimiento económico y el progreso social de la región ya se estaban desmoronando, lo que ha dejado mucha incertidumbre en torno a la capacidad de los líderes democráticos para resolver problemas arraigados, como la desigualdad, el crimen y la corrupción.

En 2018, solo uno de cada cuatro latinoamericanos decía estar satisfecho con la democracia, el número más bajo desde que Latinobarómetro, una encuestadora regional, comenzó a hacer esa pregunta hace 25 años.

El descontento con el sistema político llevó en años recientes a una ola de victorias populistas entre las que se cuentan las de Jair Bolsonaro, quien se encuentra en la extrema derecha, y Andrés Manuel López Obrador, de México, posicionado hacia la izquierda. También condujo a protestas callejeras masivas en varios países latinoamericanos el año pasado.

En este tiempo de convulsión política, la pandemia ha sumido a la región en la recesión más profunda de su historia, lo que ha exacerbado las debilidades en los sistemas de bienestar y salud y puesto en evidencia los muchos modos en que los líderes son incapaces de satisfacer las demandas de la población.

“Todas las cosas que ya los latinoamericanos estaban pidiendo —más igualdad, mejores servicios— han empeorado dramáticamente con la pandemia” dijo Cynthia Arnson, directora de programa para Latinoamérica del Centro Wilson, un centro de análisis en Washington. “El sufrimiento económico es dramático y pone una tensión adicional en instituciones de por sí débiles”.

Los sistemas de salud de la región, en dificultades, también se han visto perjudicados. Latinoamérica se ha convertido en una zona crítica del virus a nivel global y Brasil, México y Perú se encuentran entre los 10 países con más cantidad de fallecimientos en el mundo. De acuerdo con las Naciones Unidas, se espera que unos 16 millones de latinoamericanos caerán a la extrema pobreza este año, un revés a todos los avances de la región en este siglo.

Además de estos desafíos, la democracia en América Latina también ha perdido el apoyo de Estados Unidos, que después del fin de la Guerra Fría había desempeñado un papel importante en la promoción de la democracia y financió programas de buen gobierno y denunció abusos autoritarios.

Con el presidente Donald Trump, Estados Unidos se ha enfocado principalmente en una política exterior regional destinada a oponerse a los autócratas izquierdistas de Venezuela y Cuba, y en reducir la inmigración al condicionar la ayuda a los países centroamericanos, algunos de los más pobres de la región, a la cooperación en materia migratoria.

El gobierno de Trump también se abstuvo de emitir declaraciones cuando Nayib Bukele, el presidente de El Salvador, ignoró los fallos de la Corte Suprema y usó al ejército para implementar medidas enérgicas en contra de los infractores de la cuarentena establecida durante la pandemia.

El apoyo estadounidense a las iniciativas a favor de la democracia en América Latina se redujo a casi la mitad el año pasado, a 326 millones de dólares, según cifras preliminares compiladas por la Agencia de los Estados Unidos para el Desarrollo Internacional (USAID, por su sigla en inglés).

“En los últimos años, no solo hemos abandonado nuestro papel como fuerza democratizadora en América Latina y en el mundo sino que hemos promovido fuerzas negativas”, dijo Orlando Pérez, politólogo de la Universidad del Norte de Texas. “Nuestra política ahora es: ‘Están solos, Estados Unidos es primero’”.

En los pocos bastiones democráticos en América Latina, como Uruguay y Costa Rica, los líderes respondieron a la pandemia con eficiencia y transparencia, lo que aumentó la confianza de la gente en el gobierno. En República Dominicana y Surinam, los presidentes en funciones recientemente se retiraron del poder después de perder las elecciones, que se celebraron a pesar de la pandemia.

En muchos casos, los jueces y otros funcionarios públicos han resistido a los ataques contra instituciones democráticas durante la pandemia, dijo Javier Corrales, profesor de estudios latinoamericanos en el Amherst College de Massachusetts. “Los defensores de la democracia liberal en América Latina no han sido derrotados”, dijo Corrales. “Los aspirantes a autócratas no tienen el camino libre”.

Sin embargo, en la mayoría de las naciones latinoamericanas, el coronavirus aceleró el declive democrático ya existente al dejar en evidencia la debilidad y la corrupción de los gobiernos ante la catástrofe.

“Al enfrentarse a una amenaza existencial, los países que aún no tenían sistemas democráticos profundos recurren a tácticas que ayudan a los líderes a consolidar su poder’‘, dijo John Polga-Hacimovich, politólogo de la Academia Naval Estadounidense en Maryland.

Las tensiones políticas que aquejan a la región durante la pandemia podrían ser solo el comienzo de una ola más prolongada de disturbios y autoritarismo, dijo Thomas Carothers, miembro de la Fundación Carnegie para la Paz Internacional. “Va a arrastrar a la región a un peor desempeño económico”, dijo. “También significa un peor trato a los seres humanos, su dignidad y sus derechos”.

El parlamento de Polonia aprobó el lunes 6 de abril una ley que establece que el voto de las elecciones presidenciales, cuya primera vuelta está prevista el 10 de mayo, se hará solo por correo, para reducir el riesgo de propagación del coronavirus.

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Esa medida fue propuesta y votada por el gobernante partido conservador nacionalista Ley y Justicia (PiS), que se opone a aplazar los comicios. La oposición, así como dos tercios de los polacos, según una encuesta, están a favor de un aplazamiento de esas elecciones a dos vueltas por sufragio universal directo.

La ley aprobada el lunes por la noche prevé, sin embargo, que durante el estado de epidemia, el presidente de la cámara baja pueda cambiar la fecha inicialmente prevista, siempre que se respete el marco establecido por la Constitución.

Algunos comentaristas estiman que esto posibilitaría retrasar la votación una semana, lo que permitiría salvar las apariencias al líder de un partido aliado del PiS, el viceprimer ministro Jaroslaw Gowin. PiS teme que su candidato no gane.

Este último, opuesto a la fecha del 10 de mayo, anunció su dimisión el lunes por la mañana pero mantiene su formación dentro de la coalición dirigida por el PiS. La legislación polaca precisa que la elección del jefe de Estado debe tener lugar en un día no laborable, como muy pronto 100 días y a más tardar 75 días antes del final del mandato del presidente saliente.

Esto plantea tres posibilidades: los domingos 3, 10 y 17 de mayo. Según los analistas, el PiS teme que su candidato, el jefe de Estado Andrzej Duda, no sea reelegido si la votación se celebrara más tarde, cuando las consecuencias de la pandemia afecten a la economía nacional.

El primer ministro, Mateusz Morawiecki, reconoció el lunes que Polonia espera un pico de contagios en mayo o junio. El lunes por la noche, el número de infectados por el coronavirus en Polonia era de 4 mil 413, de los cuales 107 son mortales.

La plataforma por medio de la cual se implementan campañas negras en contra de los presidenciales son las redes sociales. Faltando pocas horas para que empiece la jornada electoral los señalamientos abundan.

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Las campañas de desprestigio se difunden tanto con con videos, fotografías y montajes. También por medio de análisis políticos sesgados y páginas noticiosas falsas.

A la presidenciable de la Unidad Nacional de la Esperanza (UNE), Sandra Torres, constantemente en señalada en redes sociales de estar vinculada en nuevos casos de corrupción.

Además, se difunden mensajes en los que se señala que Torres acordó asilo en otro país para abandonar Guatemala.

La candidatura de Alejandro Giamattei del partido Vamos es atacada por medio de mensajes en los que se le señala de no haber sido transparente con sus gastos electorales.

También abundan las recriminaciones por un supuesto respaldo del gobierno actual.

Ambos candidatos no se refirieron a las difamaciones publicadas en redes sociales en el cierre de sus campañas electorales, pero Giamattei y Torres culminaron la campaña efectuando críticas mutuas.

Los otros temas publicados en redes sociales son los casos que enfrentaron ambos candidatos por las investigaciones que hizo en contra de ellos la Comisión Internacional contra la Impunidad en Guatemala (Cicig).

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Bots al servicio de la difamación

El estudio Bots, netcenters y combate a la impunidad, publicado al comienzo del año por la Cicig, mostró los efectos nocivos en la opinión pública de la creación artificial de comunidades virtuales para difundir mentiras o concertar campañas de difamación contra particulares e instituciones.

El informe advirtió de “un eventual crecimiento sistemático del poder de estas redes operando en las esferas virtuales” para “construir estados de opinión pública que no representan fidedignamente a la población”.

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Activistas, defensores de derechos humanos, operadores de justicia, periodistas y medios de comunicación figuraron entre los blancos de estos grupos, señaló el informe.

En última instancia la difusión de mentiras y la concentración de ataques y descalificación tiene como denominador alterar la opinión pública respecto del combate a la corrupción e impunidad recoge el estudio.

El uso de ejércitos de bots no es nuevo en Guatemala, en 2016 las declaraciones de un hacker, procesado en Colombia por delitos cibernéticos, revelaron un espionaje contra seis políticos y empresarios guatemaltecos, según una investigación publicada por Bloomberg Businessweek.

La revista estadounidense entrevistó a Andrés Sepúlveda, quien afirmó en esa ocasión que alteró campañas electorales durante ocho años, en Latinoamérica.

Sepúlveda creó un software al que bautizó Depredador de Redes Sociales, para administrar y dirigir un virtual ejército de cuentas falsas de Twitter, a través de las cuales influyó en la opinión pública.

“Me di cuenta de que las personas creen más a lo que dice internet que a la realidad. Descubrí que tenía el poder de hacer creer a la gente casi cualquier cosa”, refirió el hacker en la entrevista de 2016.

Sepúlveda dijo a Bloomberg Businessweek que en Guatemala interceptó digitalmente datos de seis personajes de la política y de los negocios.

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La atención de la Policía Nacional Civil (PNC) está centrada en los centros de votación de Iztapa, Escuintla; San Antonio Ilotenango, Quiché; San Jorge, Zacapa; Tajumulco y Esquipulas Palo Gordo, en San Marcos.

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En estos municipios durante la primera vuelta electoral ocurrieron disturbios en los que se destruyeron papeletas de votación o los delegados de las juntas receptoras de votos estuvieron en riesgo por disturbios que surgieron por inconformidades, por esa causa los magistrados del Tribunal Supremo Electoral (TSE) decidieron suspender y volver a efectuar los comicios.

En total son 65 mil 416 votantes inscritos en estos municipios para emitir el voto en 178 mesas de votaciones habilitadas por el Tribunal Supremo Electoral.

En Tajumulco, San Marcos, y San Antonio Ilotenango, Quiché, se elegirán corporaciones municipales y los favoritos, según lo que se pudo escrutar en primera vuelta, son los candidatos de la Unidad Nacional de la Esperanza y Vamos.

Esquipulas Palo Gordo

• 8,187                   votantes inscritos
• 21                        mesas habilitadas
• 7                          candidatos a alcalde

Tajumulco

• 23,517                 votantes inscritos
• 65                           mesas habilitadas
• 11                           candidatos a alcalde

Iztapa

• 13,730                  votantes inscritos
• 37                          mesas habilitadas
• 11                          candidatos a alcalde

San Antonio Ilotenango

• 12,942                  votantes inscritos
• 36                          mesas habilitadas
• 4                             candidatos a alcalde

San Jorge

• 7,040                    votantes inscritos
• 19                          mesas habilitadas
• 5                             candidatos a alcalde

¿Por qué no votarán por diputados?

La razón por la que los municipios donde se repetirá la elección de corporación municipal no se votarán también por diputados de lista nacional, distritales y al Parlamento Centroamericano es porque estas elecciones ya han sido declaradas válidas.

Para que una votación sea anulada, según el artículo 235 de la Ley Electoral y de Partidos Políticos, debe ocurrir que “más de un tercio de las juntas receptoras de votos se hubiere declarado nulidad” o “si hubieren sufrido actos de destrucción o sabotaje, antes, durante o después de la elección”. En el caso de las tres elecciones para diputados en ninguna ocurrió alguno de estos supuestos.

Esto hace que las tres elecciones sean consideradas válidas, por lo que no hay razón, ni asidero legal para repetir la elección de diputados en esos municipios.

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Varios camiones salieron la mañana de este sábado desde muy temprano del centro de operaciones de Tribunal Supremo Electoral (TSE), en el Parque de la Industria, en zona 9.

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Por la cercanía de los centros de votación al Centro de Operaciones, las autoridades del TSE decidieron repartir por último los insumos a este departamento, al contrario de Huehuetenango y Petén que fueron a los primeros a los que se envió.

El TSE habilitó 268 centros de votación en Guatemala, en estos se repartieron no solo los insumos, sino también los atriles que servirán para emitir el sufragio de los ciudadanos este domingo.

Cada mesa electoral tiene estos accesorios para que los ciudadanos voten:

• Marcadores
• Papeletas
• Sillas
• Mesas
• Atriles
• Tinta indeleble
• Sellos

La logística

La Dirección Electoral del TSE entregó el viernes último el material electoral a la Junta del Voto en el Extranjero para que esta realice las elecciones en cuatro ciudades de Estados Unidos y también entregó las cajas electorales a las Juntas de 21 departamentos.

En los municipios de San Jorge, Zacapa; San Antonio Ilotenango, Quiché; Tajumulco y Esquipulas Palo Gordo, San Marcos, e Iztapa, Escuintla, se repetirán las elecciones de corporación municipal, en estos las juntas ya cuentan con el material necesario para el proceso.

Además, el TSE resolvió suspender la elección presidencial en San Mateo Ixtatán, Huehuetenango, debido a que no hay condiciones de seguridad en ese municipio, en donde no se pudo integrar la Junta Municipal Electoral ni las juntas receptoras de votos, ya que sus integrantes sufrieron amenazas de muerte.

Otra cuestión que le preocupa al TSE es que debido a que, debido a que el Ejecutivo no dio asueto el próximo lunes 12 de agosto, el Ministerio de Educación les informó que los centros educativos que se usarán como centros de votación deben de entregarse a más tardar ese día al mediodía y no hasta el martes como se hizo en la primera vuelta.

Desde la semana pasada las mesas electorales y atriles fueron entregados a las juntas electorales departamentales.

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El director ejecutivo de Google, Sundar Pichai, estuvo recientemente en la Oficina Oval para explicar “que no planeaba sabotear ILEGALMENTE las elecciones de 2020 a pesar de todo lo que se dijo en dirección opuesta”, dijo el mandatario estadounidense en Twitter.

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Sin embargo, el inquilino de la Casa Blanca se hizo eco de las acusaciones realizadas en el conservador canal Fox News por un exingeniero de Google que afirma que el grupo californiano quiere “asegurarse de que Trump pierda en 2020”.

También citó a un periodista que afirma que en 2016 Google eliminó los artículos negativos sobre la aspirante demócrata a la Casa Blanca Hillary Clinton y destacó otros artículos negativos sobre Donald Trump.

“Todo esto es muy ilegal”, dijo el presidente antes de advertir: “Estamos observando de cerca a Google”.

….are NOT planning to illegally subvert the 2020 Election despite all that has been said to the contrary. It all sounded good until I watched Kevin Cernekee, a Google engineer, say terrible things about what they did in 2016 and that they want to “Make sure that Trump losses…

— Donald J. Trump (@realDonaldTrump) August 6, 2019

La ofensiva de Trump contra los gigantes de Silicon Valley no es nueva.

A principios de julio, el mandatario organizó una cumbre sobre redes sociales en la Casa Blanca, que no contó con los principales actores del sector, como Twitter y Facebook, pero sí con personalidades y organizaciones ultraconservadoras.

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El fiscal especial que investigó la trama rusa, Robert Mueller, dijo este miércoles en una audiencia ante el Congreso de Estados Unidos que sus indagaciones no exoneran al presidente estadounidense, Donald Trump.

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En esta audiencia, las principales preguntas van dirigidas alrededor de la supuesta colaboración de Rusia con la campaña presidencial de Trump, algo que ha descartado su investigación, y sobre presuntos esfuerzos del presidente Trump para obstaculizar la pesquisa.

Durante el interrogatorio ante el Comité Judicial de la Cámara baja, Mueller respondió “no” a la pregunta de si su investigación exoneraba totalmente a Trump.

“De hecho, su reporte dice expresamente que no exonera a Trump”, dijo el presidente del Comité, el demócrata Jerry Nadler.

“Sí”, respondió el fiscal, con un semblante serio y el rostro marcado por profundas ojeras.

En su declaración previa al interrogatorio, Mueller advirtió que no puede responder a todas las preguntas.

“Por ejemplo, no puedo responder a las preguntas sobre investigaciones abiertas del FBI sobre Rusia”, dijo en una declaración leída.

Mueller también defendió que la investigación fue llevada a cabo de una forma “justa e independiente” y aclaró que “en base a las políticas y los principios de justicia” de su departamento, habían decidido que no iban a determinar “si el presidente había cometido un delito”.

El fiscal especial llegó a las 08H00 (12H00 GMT) al Congreso donde una sala atestada y llena de cámaras traslucía el interés de la audiencia que se desarrollará primero en el Comité Judicial y después en el Comité de Inteligencia de la Cámara, donde los demócratas son mayoría.

Las audiencias, que se espera se prologuen por seis horas o más, se transmiten en vivo a nivel nacional, lo que permitirá a los estadounidenses escuchar al hombre detrás de la larga y cuestionada investigación.

— Trump responde en Twitter —

Trump inició su jornada en Twitter quejándose porque Mueller tendrá a su lado, en las audiencias, a su asistente Aaron Zebley, uno de los asesores más cercanos del fiscal especial, que fue su jefe de gabinete mientras era director del FBI (2001-2013) y que le siguió cuando en mayo de 2017 inició su investigación sobre la llamada trama rusa.

So Democrats and others can illegally fabricate a crime, try pinning it on a very innocent President, and when he fights back against this illegal and treasonous attack on our Country, they call It Obstruction? Wrong! Why didn’t Robert Mueller investigate the investigators?

— Donald J. Trump (@realDonaldTrump) July 24, 2019

La presencia del asesor “específicamente NO fue acordada y yo JAMÁS hubiera estado de acuerdo con ello”, escribió Trump.

El presidente sostuvo que Zebley forma parte de un movimiento en su contra, aunque el abogado nunca ha expresado simpatía por algún partido político, ni ha hecho donaciones a las campañas electorales de algún candidato.

“Así es que los demócratas y otros pueden inventar ilegalmente un crimen, tratar de atribuírselo a un Presidente muy inocente, y cuando éste lucha contra este ataque ilegal y traicionero a nuestro País ¿le llaman Obstrucción?”, apuntó Trump en otro mensaje.

En las primeras horas de este sábado, el día previo a que los guatemaltecos se acerquen a las urnas para elegir al binomio presidencial, a los 160 diputados, a 20 curules en el Parlamento Centroamericano y a 340 corporaciones municipales, ya se reportan algunas anomalías.

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Capturan a siete por delitos electorales

Alta Verapaz

En Santa Cruz Verapaz, en Alta Verapaz, la escuela Chitul está inundada por las lluvias registradas el último viernes. Allí se ubicaron cinco mesas de votación.

El presidente de la Junta Electoral Departamental, Fidel Ponce, indicó que debido a este incidente se reubicarán las mesas en otro punto del municipio para que los votantes no se abstengan ir a las urnas. Además de prevenir que esto se repita si llueve este domingo.

Escuintla

Sipacate, Escuintla, se convirtió en el 2015 en el municipio 339 y sus habitantes votarán por primera vez en estas elecciones para elegir a sus autoridades ediles. Hay mil 400 personas empadronadas. Ellos tendrán que emitir su voto por cualquiera de los cuatro candidatos que compiten por la alcaldía.

Quiché

Huehuetenango

En Huehuetenango, Ángel Ordóñez, presidente de la junta electoral municipal, señaló que las mesas receptoras de votos ya fueron ubicadas en los centros de votaciones. En ese departamento hay 596 mil 714 empadronados y se cuentan 14 mil 482 personas que participan en las juntas receptoras de votos.

La recepción de papelería que será utilizada durante las elecciones comenzó a llegar a las siete de la mañana de este sábado al Centro de Computo Municipal, indicó Ordóñez.

A Huehuetenango fueron asignados 1 mil 200 policías por parte del Ministerio de Gobernación, que serán distribuidos en aquellos lugares donde no se cuenta con presencia policial.

Quetzaltenango

La cabecera departamental de Quetzaltenango se reporta sin novedad. En la sede del Registro Nacional de las Personas (Renap) abrió sus puertas desde las siete de la mañana para entregar el Documento Personal de Identificación (DPI) a quienes aún no lo han recogido. Este documento es indispensable para que las personas puedan emitir su voto.

Según el Renap, hasta el viernes 10 mil 59 documentos estaban pendientes de ser entregados. Los municipios con mayor número de DPI sin ser recogidos por parte de los ciudadanos son la cabecera de Quetzaltenango con 3 mil 211 y Coatepeque con 1 mil 912.

Izabal

En Puerto Barrios, Izabal, unas 34 mil personas son aptas para emitir su voto. Este sábado alrededor del centro de votación instalado en el Instituto Experimental Dr. Luis Pasteur los partidos políticos comenzaron a quitar la propaganda política.

A las diez de la mañana los fiscales de los partidos políticos, la Junta Electoral Departamental, la Junta Electoral Municipal y autoridades del Tribunal Supremo Electoral hicieron un recorrido por los centros de votación para ultimar los preparativos para que los ciudadanos puedan emitir su voto este domingo.

Jalapa

Suchitepéquez

En Mazatenango, Suchitepéquez, se percibe un ambiente de fiesta cívica. Algunos pobladores señalaron que este este proceso es “trascendental” para el país.

“Esperamos que todo el pueblo asista y que sea una fiesta cívica, que todos participemos. Esperamos que el nuevo gobierno sea para bien”, dijo una de las vecinas.

Chimaltenango

En Parramos, Chimaltenango, elementos de la Policía Nacional Civil resguardan la seguridad en lugares donde están ubicados centros de votación, también fueron ubicados en la sede del TSE del lugar.

Sacatepéquez

En Antigua Guatemala, Sacatepéquez, se han ubicado 18 centros de votación, 15 de ellos se ubican en el área urbana. Por primera vez se habilitaron dos centros de votaciones en San Pedro las Huertas.

Se prevé que al mediodía sean distribuidas a todas las juntas municipales las caja electorales.

En el Colegio La Salle, en la ciudad colonial, se efectuará un acto protocolario a las 6.30 horas con lo que se comenzará a la jornada electoral. Asistirán 40 observadores internacionales y se contará con la presencia de autoridades del TSE.

Retalhuleu

En Retalhuleu desde tempranas horas de este sábado la Junta Electoral Departamental hace la distribución  y traslado de 468 cajas con papeletas electorales, que se enviarán a los centros de votación de los nueve municipios, donde se ubicarán 468 mesas receptoras para recibir a 179 mil 895 votantes.

Con información de: Mynor Toc, Eduardo Sam, Mike Castillo, Dony Stewart, María Longo, Luis López, Héctor Cordero, Julio Sicán, Víctor Chamalé, Rolando Miranda y Carlos Paredes

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El Ministerio de Salud se ha declarado en alerta naranja institucional. Desde este viernes a las ocho horas, mil 699 servicios de salud -entre ellos 45 hospitales- estarán listos para atender a la población ante cualquier incidente. Serán 76 horas enfocados en este servicio.

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Según la cartera, el abastecimiento de medicamentos e insumos quirúrgicos están por arriba del 80 por ciento y los cuartos de insumos están aprovisionados.  Además, se contará con 30 mil 600 técnicos y salubristas que trabajarán por turnos hasta el lunes a las 12 horas, cuando se levantará la alerta.

Según Mario Chang de la Unidad de Gestión de Riesgo del Ministerio de Salud, desde el miércoles se ha procurado no programar operaciones y procedimientos electivos durante el tiempo de la alerta, con la finalidad de tener el mayor número de camas disponibles para atender emergencias.

“La idea es que el servicio tenga espacios internos para atender si existiera demanda, ya algunos pacientes que requerían ingresos fueron dados de alta, y no ingresó nadie para esperar un requerimiento quirúrgico selectivo -aquellos que se programan-, ahora si es una emergencia se tiene que atender”, indicó Chang.

Incidentes relacionados con violencia electoral y accidentes de tránsito, debido a que muchas personas viajan a su lugar de origen para emitir el voto, son las emergencias que suelen atender durante el transcurso de las elecciones, según el médico. También se atienden casos relacionados con enfermedades gastrointestinales por el consumo de alimentos en ventas callejeras, algo usual en estos días.

Según el tercer Informe de Observación Electoral, hay 54 municipios con alto nivel de conflictividad electoral, y Chang refiere que los servicios de salud ubicados en estos puntos han recibido la instrucción de estar aprestos ante cualquier emergencia y se han establecido protocolo especiales para actuar en sus jurisdicciones. Si no estuvieran en la capacidad de atender los casos, se ha coordinado para que las personas sean trasladadas a otras áreas de salud.

Se suma Conred

A partir del mediodía de este sábado, la Coordinadora Nacional para la Reducción de Desastres (Conred) implementará el Protocolo de Respuesta por Elecciones Generales 2019, que durará 48 horas, y se desactivará el lunes a las 12 horas.

Son alrededor de 50 mil personas dentro del Sistema Conred -se cuenta a elementos de la Policía Nacional Civil y Bomberos, entre otros– que estarán activando los procedimientos.

Se implementará un Puesto de Comando –PC- en el Parque de La Industria, en la zona 4 capitalina, donde también estará activado el Centro de Monitoreo General de este proceso electoral.

Delegados departamentales y regionales de la Secretaría Ejecutiva de la Conred estarán haciendo monitoreos en centros de votaciones a nivel nacional, se mantendrá comunicación directa con el PC y se realizarán las coordinaciones respectivas con instituciones de primera respuesta durante alguna situación de riesgo o emergencia.

En este proceso electoral hay 8 millones 149 mil 792 guatemaltecos que están empadronados, según el Registro de Ciudadanos. Para quienes se acerquen a las urnas, la Conred hace las siguientes recomendaciones:

Antes de asistir al centro de votaciones

• Informarse del centro de votación asignado y las facilidades para llegar.
• Los niños deben portar gafete de identificación con nombre y número de teléfono de los padres o encargados.
• Para evitar aglomeraciones de último momento, llegar al sitio con suficiente anticipación.
• Ser prudente al ingresar al centro de votación asignado.
• Identificar un sitio de encuentro con las personas que lo acompañan, por si se dispersan.
• Observar rutas de evacuación y condiciones de seguridad del lugar.

Al llegar al centro de votación:

• Memorizar las salidas de emergencia
• Seguir las recomendaciones y atienda las indicaciones de las autoridades.
• La secretaria Ejecutiva de la Conred mantiene habilitado el número telefónica 119 las 24 horas del día para el reporte de cualquier incidente.
• No obstruir pasillos, escaleras o salidas de emergencia.
• Si es necesario evacuar por alguna circunstancia, hacerlo por la salida de emergencia más cercana.

Consultas externas cerradas

El lunes 17 de junio las consultas externas de los hospitales estarán cerradas, debido al asueto para los trabajadores del Estado, que fue aprobado por el presidente Jimmy Morales.

Las consultas externas de adultos, Pediatría y Ginecoobstetricia estarán cerradas en el Hospital San Juan de Dios. Las áreas de emergencias atenderán las 24 horas. Los pacientes que hayan sido programados con citas en esa fecha deben acercarse durante la semana a la clínica que les corresponde para ser atendidos, según el departamento de Comunicación del hospital.

El Hospital Roosevelt tampoco atenderá en la consulta externa y, según su director, Marco Antonio Barrientos, “estas citas han sido agendadas de un mes a dos meses atrás y este descanso fue algo súbito y agradeceríamos a todas las personas que tienen citas para el lunes 17 poderse acercar la próxima semana para reprogramarlas. Vamos a intentar que sea no mayor de ocho días”.

La citas que tendrían que ser reprogramadas en el Roosevelt son alrededor de 1 mil 200 en la consulta externa de Maternidad, Adultos y Pediatría.

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La primera  Encuesta Libre de la campaña electoral 2019, desarrollada por Prodatos, por encargo de Prensa Libre y Guatevisión, revela que cuatro presidenciables suman el 53.5 de la intención de voto de los guatemaltecos, en tanto que los otros 20  alcanzan el 25.1 de la preferencia.

Existen cuatro niveles en cuanto a la preferencia política. En el primero se ubican Sandra  Torres, de la Unidad Nacional de la Esperanza (UNE), con 20.7%, y Zury Ríos, del partido Valor, con 15.9%.

A diferencia de los procesos electorales de 2011 y 2015, el primer lugar  arranca el actual proceso con menor ventaja sobre sus más cercanos contendientes en la medición, si se compara con un 30.4 o 30.1 que tenían Otto Pérez Molina, en 2011, o Manuel Baldizón, en 2015, que duplicaban a sus más cercanos perseguidores, según datos de Encuesta Libre publicadas en mayo y abril de esos años.

El segundo grupo que identifica Encuesta Libre está integrado por Thelma Aldana, del Movimiento Semilla, y Alejandro Giammattei, de la agrupación Vamos, quienes se despegan de la mayoría de candidatos.

El mayor apoyo a Torres proviene del área rural, donde un 31% afirma que votaría por ella, lo cual  contrasta con el voto en el interior urbano y el área metropolitana, donde es tercera. Estas zonas son dominadas por Ríos y Aldana, con mayor margen a favor de la primera.

A los cuatro anteriores le sigue un grupo de 10 presidenciables que tienen más de 1% de intención de voto, y un último, integrado por otros 10 candidatos, que no alcanza ni el 1 por ciento en la preferencia de la población.

Otra conclusión de Encuesta Libre es que el 78.6% de los encuestados ya tendría una preferencia de voto, contrario a un 17.1 que dejó la papeleta en blanco y apenas un 4.3 que afirma que votaría nulo, a pesar de que en el actual proceso ese sufragio es vinculante si llega  a alcanzar la mayoría de  votos emitidos.

Estos últimos datos, que sumados representan el 21.4%, son más bajos que el 24.3% que para abril de 2015 sumaba el voto nulo y   en blanco.

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La presidenciable por el Movimiento Semilla, que tiene una orden de captura por los supuestos delitos de peculado por sustracción en forma continuada, falsedad ideológica y casos especiales de defraudación aduanera, según confirmó la Policía, afirmó que volvería al país “a más tardar el jueves”, durante una entrevista el martes con el periodista Fernando del Rincón, de la cadena CNN. 

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Aldana atribuyó al “Pacto de Corruptos” la orden de captura en su contra con la que se buscaba impedir su candidatura presidencial, la cual ya quedó confirmada mediante inscripción en el Tribunal Supremo Electoral (TSE).

La exfiscal General habló este miércoles con Prensa Libre y Guatevisión desde El Salvador, adonde llegó para cumplir con algunos compromisos que, asegura, ya estaban programados.

Leopoldo Guerra, Registrador de Ciudadanos, habla de que su inscripción quedaría en firme hasta el viernes, ¿modifica eso sus planes de regresar al país?

Yo tengo que hacer el análisis dependiendo lo que me vaya diciendo el equipo de Guatemala. Por supuesto, la intención mía es regresar pronto.

¿Descartado, entonces, que la vemos el jueves?

Sí, sí, descartado.

¿Qué escenarios legales han visto, principalmente con el tema del juez que lleva el caso a quién le pidieron que se inhiba?

Está Rootman Pérez y los abogados, que están apoyando como voluntarios, viendo los escenarios y haciendo las gestiones que ellos van determinando. Pero no estoy enterada, por razones obvias, me encuentro en El Salvador, y solo dependo de lo que ellos me digan, cómo vamos avanzando, porque yo aprovecho para trabajar acá en El Salvador.

¿Que está trabajando?

Estamos, por ejemplo, con José Carlos viendo la estrategia para la campaña, que es un tema sumamente importante.

¿Alguien del equipo del Movimiento Semilla se trasladó a El Salvador?

Jonathan Menkos, candidato vicepresidencial, estuvo conmigo acá unos días y ya regresó. Todo el mundo está en Guatemala para el trabajo que hay que hacer allá.

¿Qué le dice el partido, tomando en cuenta que ha surgido información en redes sociales de molestias con esta controversia?

Estamos muy unidos y listos, ese es nuestro eslogan. Estamos listos, estamos fuertes, haremos historia, y hay muchísimo entusiasmo con la gente de semilla.

Fuera de los medios de comunicación, ¿han tenido contacto con organizaciones, partidos, u otros gobiernos?

Se han comunicado conmigo del Premio Nobel alternativo para preguntarme cómo estoy, para preguntar si necesito algún tipo de apoyo. Yo he estado en comunicación con la Organización de Estados Americanos.

Prensa Libre y Guatevisión también conversaron con José Carlos Marroquín, asesor de Aldana respecto a la decisión de postergar el regreso a Guatemala de la candidata presidencial.

¿Han comenzado a medir el impacto de la noticia?

Tuvimos una medición. Tenemos el equipo más eficiente para hacer este tipo de métricas, lo que nunca pensamos es que todos estos mañosos que integran el Pacto de Corruptos nos iban a regalar esta exposición, porque de gratis nos hacen la campaña quitándose las máscaras para que la gente vea qué tan corruptos pueden ser, qué tan involucrados en las organizaciones criminales y demostrar que realmente hace falta un cambio para Guatemala.

Entonces, cuando tratamos de medir eso en redes, no tienen idea del impacto que ha habido. Les agradecemos a los corruptos que nos estén ayudando a hacer la campaña sin invertir un solo centavo.

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Aunque oficialmente no han sido proclamados como candidatos, serán quienes busquen la presidencia a través de sus partidos políticos.

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Luis Velásquez Quiroa, exministro de Economía, participó en la inauguración del partido Unidos, ubicada en la 6ª. avenida A y 8ª. calle de la zona 9, y en la que estuvieron presentes fundadores y seguidores de esa agrupación.

“Queremos lograr acuerdos de nación, debemos ponernos de acuerdo, no podemos seguir enfrentados, necesitamos un gobierno que rescate a Guatemala, rescatar la credibilidad del país y saber que la Constitución es el imperio de la ley. Debe haber una justicia pronta y cumplida, no puede ser que existan tribunales que no den fallos en derecho, debe haber empleo y salud”, explicó.

Miguel Ángel Ibarra, Secretario de Relaciones Internacionales del Comité Ejecutivo, indicó que la agrupación política fue fundada hace tres años y cuentan con 24 mil afiliados.

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“Somos un partido nuevo, no llevaremos a elección a ningún diputado de los actuales, no habrá ninguno que sea diputado. De 158 parlamentarios no hemos querido recibir a ninguno, muchos se han querido acercar, pero no los hemos recibido”, aseguró.

Agregó: “Tenemos un plan de gobierno, queremos luchar por la unificación del país, lo que buscamos es evitar la polarización, queremos crear fuentes para que la sociedad se una sola y no entre en polémica de si se queda o no la Cicig, queremos dar un aporte al país, tener fuentes de trabajo”.

Humanista realiza asamblea

En un ambiente de intenso calor, el partido Humanista realizó su primera asamblea general en un salón ubicado en la 11 avenida y 16 calle de la zona 1.

Durante el evento se eligió al Comité Ejecutivo de la agrupación, Consejo Político Económico y Social, órganos de fiscalización y Tribunal de Honor.

Edmont Mulet, coordinador del partido y quien se desempeñó como Jefe de Gabinete de la Secretaría General de las Naciones Unidas entre 2015 y 2016, refirió que la agrupación fue autorizada por el Tribunal Supremo Electoral desde hace un mes.

“En las próximas asambleas se postularán los candidatos a puestos de elección popular para estar preparados para las próximas elecciones, hay organización en todos los departamnetos en donde se han identificado candidatos a diputados para el congreso, también seguimos informando sobre el plan de gobierno”, aseveró.

Según Mulet, el partido cuentan con 25 mil afiliados.

“Los fines del partido  son devolver el desarrollo económico, el respeto a los derechos humanos y luchar contra la corrupción, disminuir la desnutrición, mejorar la calidad de la educción porque actualmente es pésima . Guatemala vive una situación difícil, estamos al borde se convertirnos en un estado fallido, falta más creación de empleo y oportunidades”, señaló.

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“Bueno, tengo toda la intención de hacerlo. Parece que todos quieren que lo hagamos”, subraya, y destaca: “Me siento bien”.

Cuestionado si ve algún candidato demócrata que le pueda ganar en las elecciones, contesta: “No. No veo a nadie. Los conozco a todos y no veo a nadie”, e insiste: “No tienen el candidato adecuado”.

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El presidente estadounidense llegó el sábado en visita privada de dos días a Escocia para jugar al golf en uno de sus complejos de lujo tras concluir su visita oficial al Reino Unido y antes de partir el domingo a Helsinki, donde se reunirá el lunes por primera vez en una cumbre bilateral con su homólogo ruso, Vladimir Putin.

Preguntado si Putin es uno de los dirigentes “despiadados” con los que se ha reunido, como el norcoreano Kim Jong-un, responde: “No puedo decírtelo, supongo que probablemente lo sea. Pero podría nombrar a otros también”.

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Sin embargo, agrega que “si nos llevamos bien con Rusia, eso es algo bueno. No le conozco -a Putin-. Lo conocí un par de veces, lo conocí en el G20”, en referencia a la cumbre celebrada en Hamburgo  -Alemania-, el pasado 8 de julio.

“Creo que probablemente podríamos llevarnos bien”, insiste, aunque admite que “ahora somos competidores”.

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Durante el foro “Retos y desafíos del proceso electoral 2019″, organizado por varias instancias de la sociedad civil, el presidente del Tribunal Supremo Electoral (TSE), Mario Aguilar Elizardi informó que el próximo 15 de julio se empezará a empadronar a los guatemaltecos que residen en Estados Unidos.

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Elizardi indicó que el Registro Nacional de las Personas (Renap), les trasladará la base de datos de los guatemaltecos que ya cuenten con el documento personal de identificación (DPI) para que el TSE les envíe por correo electrónico o por teléfono los pasos a seguir para poder empadronarse, ya que este proceso será en línea.

Por el momento el Renap ha emitido 156 mil 332 DPI en el extranjero, de los cuales 155 mil 772 se han entregado en Estados Unidos, y el resto en Madrid, España.

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El presidente del TSE explicó que debido a la coyuntura que se vive en Estados Unidos sobre la crisis migratoria, establecieron que el empadronamiento sea en forma electrónica, para evitar que se dé una concentración de personas y con eso alguna redada masiva en ese país. 

Los ciudadanos que sean habilitados para votar solo lo podrán hacer para elegir presidente y vicepresidente. En un futuro se espera que se puedan elegir hasta diputados.

Cantidad de connacionales en EE. UU. con DPI

Otros desafíos

Elizardi agregó que otro de los desafíos que enfrentará el TSE es la distribución igualitaria de la propaganda electoral a los partidos en los medios de comunicación.

“El TSE tiene el monopolio de contratar la pauta en los medios luego de que se hayan inscrito, a nadie se le puede obligar. Se estima que presentaron documentación 150 medios y solo a los medios aprobados se les podrá otorgar pauta”, dijo Elizardi.

El abogado constitucionalista Mario Fuentes Destarac, quien fue uno de los panelistas, indicó que el desafío que tienen las organizaciones políticas es “cumplir estrictamente con lo que establece la Constitución”.

“La ciudadanía tiene de cara al proceso electoral del año entrante desafíos y retos. No debe dejarse sorprender por candidatos a cargos de elección popular que se fundamentan con discursos de odio, de descalificación y la destrucción del adversario”, refiere el abogado.

“El ciudadano debe preocuparse por conocer la trayectoria de vida de los candidatos, así como su propuesta. Debe exigir a la autoridad electoral que aplique la ley sin privilegios”, agregó.

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Destarac señaló que el TSE debe garantizar “el cumplimiento” de las disposiciones legales concernientes a los medios de comunicación social. Algunas de esas disposiciones fueron impugnadas en la Corte de Constitucionalidad y para efectos de certeza jurídica se espera que la Corte resuelva cuanto antes las impugnaciones.  

El abogado Juan Rodolfo Pérez Trabanino señaló que la reforma al artículo 407 N del Código Penal sobre el financiamiento anónimo de aumentar la pena de cárcel, no viene a persuadir a las personas a que eviten entregar fondos a las organizaciones políticas.

Mientras que el economista Mario García Lara refirió que los partidos políticos siguen siendo las instituciones que menos generan confianza a la población guatemalteca, lo que significa una amenaza al sistema democrático y a la economía.

“La representatividad sigue siendo válida a la poca identificación que hay del ciudadano y los funcionarios que son electos. En la Guatemala del 2015 se pudo observar que la ciudadanía no se sentía representado por sus diputados y funcionarios electos”, dijo García Lara.

Sobre la fiscalización a las organizaciones políticas, el presidente del TSE indicó que ya tienen un convenio celebrado con la Contraloría General de Cuentas, la Superintendencia de Administración Tributaria, Superintendencia de Telecomunicaciones, Superintendencia de Bancos para que al momento que los partidos entreguen información y se pueda cruzar la misma con estas instancias.

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Es parte de la herencia que AMLO, ganador indiscutible de las elecciones al superar el 50% de los votos frente al poco más del 20% de Ricardo Anaya, recibe del actual presidente Enrique Peña Nieto, quien concluye su mandato el próximo 30 de noviembre.

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Es un legado controvertido porque, además de estos problemas, el gobierno actual consiguió aprobar reformas estructurales que varios de sus antecesores buscaron por décadas.
Se trata de cuestiones como abrir la explotación de hidrocarburos a la inversión privada o la reforma en telecomunicaciones que extendió la cobertura de internet.
Es una de las claves del desarrollo, según organismos como la Comisión Económica para América Latina.
AMLO enfrenta un escenario que difícilmente cambiará al 1 de diciembre, cuando asuma la Presidencia.

Foto: AFP
BBC Mundo te presenta tres “bombas de tiempo”, según definen especialistas, que enfrentará el próximo gobierno de México.

1. El desafío de la delincuencia

Según datos del Sistema Nacional de Seguridad Pública (SNSP), el 2017 fue el año más violento en los últimos 80 años, cuando estalló la Guerra Cristera.
En doce meses se cometieron 29 mil 168 homicidios, un 22 por ciento más que el año anterior. Los números desataron un escándalo el pasado mes de enero, cuando fueron hechos públicos.
Pero desde entonces, la ola de violencia no se detuvo. En mayo, de acuerdo con el SNSP, se cometieron 2.890 asesinatos en el país, la cifra más alta en la historia para un solo mes.
Y la tendencia es que este 2018 será más sangriento que el año anterior, advierte el Observatorio Nacional Ciudadano de Seguridad, Justicia y Legalidad.

Los homicidios son una parte del problema. La organización civil detectó que en los últimos años aumentó la cantidad de regiones, pueblos y ciudades con violencia.
Existen además delitos como el robo de combustible y venta de drogas al menudeo que, además de multiplicarse, provocaron más asesinatos, dice a BBC Mundo Francisco Rivas Guerrero, director del Observatorio.
Un ejemplo: en marzo pasado, Petróleos Mexicanos registró 1 mil 417 sitios de extracción clandestina de hidrocarburos en el país, una cifra 34 mil mayor a la registrada en el mismo período del año pasado.
Al mismo tiempo, algunos nuevos carteles de narcotráfico como Jalisco Nueva Generación (CJNG) se fortalecieron y disputan el mercado a otras organizaciones.

Foto: Getty Images
La estrategia del gobierno de Peña Nieto para combatir el problema no funcionó, dice el activista.
“Las condiciones del país no están bien y no van para bien, el pronóstico es bastante negativo”, insiste Rivas.
El resultado es una “bomba de tiempo” que se deja al nuevo presidente.
“Es una tarea titánica, quien llegue va a encontrar un problema como no lo ha habido antes. Esta administración en el caso de seguridad dejará los peores números de la historia”, asegura.

2. Pobreza, deuda, TLCAN…

El 1 de diciembre el nuevo presidente recibirá a México con casi 55 millones de personas pobres, según el gubernamental Consejo Nacional de Evaluación de la Política de Desarrollo Social (Coneval).
Es el organismo encargado de revisar las estrategias oficiales contra la pobreza y marginación.

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La cantidad de personas en precariedad equivale al 45% de la población total de México, superior a 120 millones.
El gobierno de Peña Nieto aplicó varias estrategias para combatir el problema como la “Cruzada contra el hambre”, que logró reducir la cantidad de personas en pobreza alimentaria o extrema.

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Pero en términos generales, el número de pobres se mantuvo. La diferencia entre ambos tipos de pobreza (alimentaria y extrema) es importante.
Los pobres en situación extrema no tienen recursos para contar con una alimentación básica. El otro concepto clasifica a quienes su ingreso alcanza para cubrir sus necesidades elementales.
Es un reto para el futuro presidente de México, pero hay más. La herencia que recibirá incluye un panorama incierto en la renegociación del Tratado de Libre Comercio de América del Norte (TLCAN).

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Las conversaciones para obtener un acuerdo en principio –un documento para votarse en los congresos de cada país- están en suspenso.
Hasta ahora no hubo avances en temas controversiales como la intención de Estados Unidos de establecer una cláusula para renegociar el acuerdo cada cinco años.
No hay fecha para reanudar las negociaciones, aunque el proceso final para ratificar el acuerdo correspondería a los nuevos congresos.
El mexicano se renovó el 1 de julio, y el estadounidense en noviembre. El TLCAN es el principal acuerdo comercial de México.

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No es toda la herencia al nuevo presidente, dicen especialistas como Raymundo Tenorio Aguilar, académico del Instituto Tecnológico de Estudios Superiores de Monterrey (ITESM).
Quien sea el nuevo presidente recibirá “una economía que crece de manera mediocre”, dice a BBC Mundo.
De hecho, en el actual gobierno el aumento promedio del Producto Interno Bruto (PIB) fue de 2,1% anual.

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A esto se suma el crecimiento de la deuda externa del país, pública y privada, que de acuerdo con la Secretaría de Hacienda equivale a unos US$190.000 millones.
Equivale al 53% del PIB mexicano, pero según las calificadoras internacionales de deuda se puede considerar “manejable” y con riesgo medio.
Pero está cercano a su límite, pues esta consideración se ata a la decisión de las autoridades financieras del país.
El próximo gobierno “hereda en términos de finanzas públicas una situación de riesgo en cuanto a los requerimientos financieros del sector público”, explica Tenorio a BBC Mundo.
“Se deja una economía agarrada con pinzas. No se puede quitarle algo de ingresos y gastar más”.

3. Derechos humanos, la crisis

Ayotzinapa, Tlatlaya, Tanhuato, Apatzingán, Nuevo Laredo, Pegasus.
Detrás de cada nombre existe un caso de abuso o violación a derechos humanos cometidos durante el gobierno actual.

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Son parte de recomendaciones de organizaciones como la Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos o la Comisión Interamericana de Derechos Humanos.
Se trata de casos no resueltos o en proceso de impugnación y que toca atender al próximo gobierno. Y son expedientes complejos.
Ayotzinapa, por ejemplo, se refiere a la desaparición de 43 estudiantes de la Escuela Normal Rural Isidro Burgos en Iguala, el 26 de septiembre del 2014.

Recientemente, un tribunal federal ordenó rehacer la investigación del caso realizada por la Procuraduría (fiscalía) General de la República (PGR), porque encontró violaciones graves a los derechos de los inculpados.

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En Tlatlaya, Tanhuato y Apatzingán, documentó la Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH), se cometieron ejecuciones extrajudiciales por parte de soldados y policías federales durante operaciones contra la delincuencia organizada.
En Nuevo Laredo, el Alto Comisionado de la ONU denunció la desaparición de al menos 24 personas durante operaciones de la Secretaría de Marina.
Pegasus se llama el software de espionaje que sólo se vende a gobiernos, como parte de su estrategia de seguridad nacional o lucha contra delincuencia organizada y terrorismo.
En México se utilizó para intervenir las conversaciones de periodistas y defensores de derechos humanos. Existe una investigación que no se ha resuelto.

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Como tampoco la mayoría de los homicidios de periodistas cometidos durante el gobierno de Peña Nieto.
Entre el 2012 y mayo de este año fueron asesinados 116 periodistas. La mayoría de los crímenes permanecen impunes.
Un balance nada favorable, dice el presidente de la Comisión Nacional de Derechos Humanos, Luis Raúl González Pérez.
“México no ha experimentado un cambio significativo y objetivo hacia un mayor respeto y vigencia de los derechos humanos”, dijo en su informe anual en marzo pasado.
“Tampoco se ha logrado fortalecer sustantivamente nuestro estado democrático de derecho”.

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Entre las elecciones presidenciales del 1 de julio y la toma de posesión el 1 de diciembre, se vedifícil que la situación del país pueda cambiar.
Para el próximo presidente de México no hay alternativa. En cuanto asuma el poder, empezará la cuenta regresiva de las bombas de tiempo heredadas.

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