El aún mandatario Jimmy Morales, recibió fuertes críticas durante su gestión por haber promovido la deshabilitación de la Comisión Internacional contra la Impunidad en Guatemala (Cicig), esa decisión para algunos expuso que cesó la lucha contra la corrupción.

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Políticos allegados a Morales coinciden en que solo se defendió al país de la “intervención extranjera” con la salida de la Cicig. Pero el embrollo se resumió en la inhabilitación de la referida comisión y la responsabilidad de las investigaciones quedó en la Fiscalía Especial contra la Impunidad del Ministerio Público (MP).

Morales fue implicado por la Cicig y el MP en el caso de corrupción denominado Financiamiento electoral FNC-Nación, pero la inmunidad de la que goza como presidente lo ha protegido de las investigaciones.

Este 14 de enero, Morales entrega la presidencia a Alejandro Giamattei y luego de ese acto, que se prevé ocurra a las 14 horas, dejará de tener derecho de antejuicio, por lo que, técnicamente, segundos después de dejar el cargo puede ser investigado e incluso un juez podría ordenar su captura.

En la Torre de Tribunales de la capital ningún juzgado ha girado una orden de captura contra Morales, contra quien, en agosto de 2018, se le solicitó el retiro del derecho de antejuicio, pero la petición fue rechazada por la Corte Suprema de Justicia.

El 6 de diciembre último, Stuardo Campo, fiscal contra la Corrupción del MP, informó que investigan varios casos en los que podría estar vinculado Morales.

El fiscal explicó que una investigación es por el caso de la compra de aviones Pampa III a Argentina.

Otro expediente es por una denuncia contra Morales por el viaje que efectuó a Israel en mayo de 2018 para inaugurar la Embajada de Guatemala en Jerusalén, indicó.

Morales tiene la posibilidad de protegerse de las investigaciones por corrupción que impulsa la Feci, su salvoconducto, luego de dejar la presidencia, está en el Parlamento Centroamericano.

Resguardo

El artículo 21 del Reglamento Interno de ese organismo regional cita que los expresidentes y exvicepresidentes “deben ser juramentados como diputadas o diputados centroamericanos ante la Asamblea Plenaria…” y que a partir de su juramentación pueden “tomar posesión del cargo en calidad de diputada o diputado centroamericano, adquiriendo todos los derechos y obligaciones inherentes”, entre los que se incluye el derecho de antejuicio.

Luego de las 14 horas Morales puede acudir al Parlacen a tomar posesión de su curul, pero antes debe cumplir con actos protocolarios en el Congreso de la República y el Centro Cultural Miguel Ángel Asturias que podrían demorar su llegada a la sede del organismo regional.

El último acto en el que participará Morales para la transmisión de mando será en la Gran Sala Efraín Recinos, del Centro Cultural Miguel Ángel Asturias, a poco más de 2 km de distancia. Hay por lo menos tres rutas que podría utilizar Morales para llegar, que duran entre 8 y 10 minutos.

Afuera del Parlacen, desde la mañana, se han manifestado varias personas, quienes amenazan con no permitir que Morales ingrese a la sede regional para asumir su curul.

Reciben a Jimmy

Afuera del Parlamento Centroamericano (Parlacén), en la 33 calle y 12 avenida, en la zona 5, activistas madrugaron y estacionaron una camioneta con bocinas frente al edificio de ese organismo regional para externar consignas en contra de algunos diputados que asumirán curules.

En contra posición a la finalidad de los activistas, agentes de la Policía Nacional Civil (PNC) resguardan el edificio del Parlacen, incluso, han solicitado a las personas que apaguen el sonido de las bocinas instaladas adentro del vehículo. Los activistas accedieron a disminuir el volumen, pero advirtieron que no se retirarán y que continuarán con sus consignas.

En la puerta del Parlacén fueron colocadas dos piñatas, una de ellas tiene una leyenda que dice “ministra de Relaciones Exteriores” y en la otra se lee “ministro de Gobernación”.

Un grupo de jóvenes encapuchados que llegó al Parlacén en un autobús de Transurbano advirtió que habrá “cierre del parlamento”.

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Esta mañana, el Tribunal de Mayor Riesgo A, presidido por la jueza Jazmín Barrios, se excusó de seguir conociendo el juicio del exdiputado del Frente de Convergencia Nacional (FCN) acusado de haber ordenado el asesinato de Danilo López.

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A decir del Tribunal, ellos no pueden conocer el juicio debido a que ya emitieron opinión en el caso cuando condenaron a Sergio Valdemar Cardona Reyes a 30 años de prisión.

Cardona Reyes fue sentenciado por ser el autor material del asesinato de los dos periodistas que laboraban como corresponsales en Mazatenango, Suchitepéquez.

El hecho sucedió en febrero de 2015 en el parque central de Mazatenango.

El Tribunal de Mayor Riesgo A, presidido por Jazmín Barrios, se excusó de continuar conociendo el juicio del exdiputado Julio Juárez por haber condenado a autores materiales. pic.twitter.com/HM2R3h25E7

— Edwin Pitán (@Epitan_PL) September 17, 2019

Juárez quedó ligado a proceso tres años después, el 18 de febrero de 2018 y enviado a juicio en junio de 2019.

Ahora, la Sala de Mayor Riesgo tendrá que analizar la excusa del tribunal y decidir quien conocerá el caso contra Juárez.

Ferdy Elías, diputado de la bancada FCN, presentó una denuncia penal contra el jefe de la cartera de Comunicación, Infraestructura y Vivienda (CIV), José Luis Benito Ruiz, por supuestas amenazas de muerte.

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Según cita la denuncia presentada el 14 de agosto de este 2019, Benito Ruiz y Elías se encontraron en uno de los pasillos del Congreso de la República, cuando el ministro se refirió al diputado y lo amenazó de muerte utilizando un lenguaje vulgar (ver fotos).

“Me retiré de dicho lugar para evitar cualquier problema posterior”, dijo Elías en su denuncia.

A decir del diputado, el origen del problema fue porque en esos días se descubrió una anomalía en una adjudicación por un evento de licitación pública con número de NOG 9824324.

En este evento, el CIV adjudica la oferta más alta a un proyecto de construcción que se realizará en la Dirección General de Aeronáutica Civil.

El diputado Elías presentó la denuncia en el Ministerio Público, mientras en el Congreso continúa la interpelación contra el ministro Benito Ruiz.

El pasado 20 de agosto inició la interpelación contra el ministro Benito Ruiz. El motivo de la interpelación es la reconstrucción de ocho kilómetros del tramo carretero entre los  municipios  de Ayutla y  Ocós en el departamento de San Marcos.

La empresa beneficiada para este proyecto es la compañía Ingeniería Prisma Total, S.A que del 2006 al 2017 ha sido beneficiada con proyectos que suman más Q96 millones

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En total, serán quince partidos los que desaparecerán del espectro político después de este 11 de agosto, fecha en que está programada la segunda vuelta electoral.

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Leopoldo Guerra, director del Registro de Ciudadanos del Tribunal Supremo Electoral (TSE), informó en conferencia de prensa que se retomará el proceso de cancelación de los partidos Frente de Convergencia Nacional (FCN Nación), Encuentro por Guatemala (EG), Unión del Cambio Nacional (UCN), Visión con Valores (Viva) y Compromiso Renovación y Orden (CREO).

En enero de este año, el TSE explicó que se suspendería la cancelación de al menos seis partidos políticos, debido a la convocatoria a elecciones.

En el caso del partido oficial, FCN Nación, se inició su proceso de cancelación debido a que el secretario general de esa agrupación política en ese entonces, Jimmy Morales, no declaró ante el TSE unos Q15 millones, de los cuales Q8 millones habrían sido entregados por un grupo de empresarios para pagar a los fiscales de mesa para la primera y segunda vuelta electoral.

En el caso de CREO, PAN y Viva, éstos serán cancelados luego de haber transgredido las normas de financiamiento electoral.

Junto a estos partidos que ya estaban informados de su cancelación, se les unirá ocho partidos más que desaparecerán por no haber logrado el 5% de votos para las elecciones de este 2019.

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Se trata de UNIDOS, Partido Productividad y Trabajo (PPT), Partido Liberal de Guatemala (PGT), AVANZA, LIBRE, Convergencia, Mi País y FUERZA.

Según los resultados oficiales de estas elecciones, el partido AVANZA fue quien menos votos obtuvo con 0.48%, equivalentes a 21 mil 189 votos.

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La mañana de este lunes 10 de junio de 2019 se observó a cientos de personas que llegaron desde la madrugada para recibir los cupones que entregó el Maga, de acuerdo con la institución la entrega de los documentos canjeables inició el domingo 9 de junio de este año.

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Una mujer quien prefirió omitir su nombre indicó que llegó desde las 7 horas, pero no recibió “la ayuda” porque su nombre “no apareció” en los registros de la institución, aseguró que sus datos estaban apuntados en el cuaderno de la persona que le habló sobre los víveres y que fue hasta las 14 horas que se enteró que no le darían el cupón.

Otra mujer que la acompañaba afirmó que iba con “lideresas” de las comunidades de Pacajá y Parracaná, aseguró que llevaba a 85 personas que serían beneficiadas, de las cuales informó que una no recibió la ayuda.

Ader Espinoza, vecino de la zona 8 de Xela, manifestó que no podía dar detalles sobre la forma en la que había logrado ser parte de los beneficiarios porque en la fila lo podían escuchar. “Al rato si quiere platicamos porque aquí me pueden escuchar y pues algo es algo de lo que nos van a dar”, aseguró.

Una mujer, quien prefirió omitir su nombre, indicó que es vecina de la zona 10 de Xela y que utilizará el cupón para comprar maíz y frijol. “Como uno no tiene un buen trabajo los Q200 son de gran ayuda, pero solo podían recibirlos quienes estaban empadronados”, afirmó.

La beneficiaria relató que se enteró  de “la ayuda” en una reunión del partido “Oficial”, “del FCN”,  para recibirla contó que dio su número del Documento Personal de Identificación (DPI) y su nombre. Al preguntarle si fue condicionada por su voto para recibir la ayuda, respondió “ellos están en su propaganda”.

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Agregó que desconoce si votará por el partido que le ofreció el cupón porque el “voto es secreto” y analiza “qué candidato es el mejor”. Sobre el costo del documento canjeable aseguró que en su familia son 24 integrantes por lo que únicamente les alcanzará para “una comida”.

Otros vecinos se limitaron a informar que llegaron a hacer la fila a las 6 horas y que fue por integrantes del partido FCN que se apuntaron en un listado para obtener los vales.

De acuerdo con el Maga para Quetzaltenango fueron 17 mil 500 cupones y se priorizó a 11 municipios. Darwin Díaz, del departamento de planificación, seguimiento y evaluación del Maga, informó que la entrega era por el hambre estacional.

Este lunes el Maga entrega en Quetzaltenango cupones de Q200 canjeables por alimentos, según informaron es por el hambre estacional aunque algunos beneficiarios indicaron que sus datos para la ayuda fueron tomados en una reunión del partido FCN. pic.twitter.com/rYvoINafk1

— elQuetzalteco (@elQuetzalteco) June 10, 2019

“Esto debido a que de febrero a agosto se siembra pero sin embargo no hay disponibilidad de alimentos en las comunidades de Quetzaltenango, los Cocodes se organizan y van ante las autoridades superiores para gestionar si los pueden apoyar por la situación que están pasando, el ministerio les apoya y hoy reciben 17 mil 500 cupones con un valor de Q200 para que los puedan canjear ante cualquier tienda o expendió por granos básicos, huevos, leche, maíz, entre otros”, afirmó

Agregó que los Cocodes gestionaron los cupones desde marzo o abril de este año. Al consultarle sobre la relación de la entrega de estos documentos y el partido Frente de Convergencia Nacional (FCN), afirmó que fueron los Consejos Comunitarios de Desarrollo (Cocodes) los responsables de los beneficiarios.

“Ese tema lo desconocemos, nosotros somos apolíticos, es una situación ministerial y pues se les está apoyando directamente a cada uno de los afectados que se abocaron a sus Cocodes”, indicó.

Al ser consultado sobre la forma en que el Maga verificaba que las personas fueran agricultores o familias afectadas por el hambre estacional, afirmó que “existe un monitoreo” y  se trabaja a través de boletas para “cerciorarse” que sean personas con necesidad.

Personal de la Procuraduría de Derechos Humanos (PDH) llegó al lugar para recabar datos de lo que sucedía. Flor Gómez, delegada de la PDH en Quetzaltenango informó que trasladará la información al Tribunal Supremo Electoral (TSE) y al Ministerio Público (MP).

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Al ser señalados altos dirigentes del entonces minipartido que apoyaba en las elecciones a Jimmy Morales de haber participado en la recepción de fondos cuyo camino no ha sido posible descubrir, poca duda cabe de que el andamiaje del oficialismo se tambalea y que el panorama político nacional se encuentra envuelto en serias y mayores tormentas.

No se puede olvidar que, al momento de la recepción de esos dineros, el ahora presidente de la República era el secretario general del partido, y por tanto dentro de sus responsabilidades se encontraba el control del manejo de los fondos recibidos y de la legalidad de los procedimientos utilizados. Esto era fundamental, además, por los eslóganes políticos en referencia a la corrupción y el robo generalizados.

Ciertamente, algunas personas consideran que hay algún tipo de atenuante porque esas prácticas de dineros entregados bajo la mesa tienen una larga data. Pero así como la ignorancia de la ley no excusa su cumplimiento, la tradición de violarla tampoco excusa el castigo cuando los violadores son descubiertos.

Las declaraciones de la señora Paiz y del señor Botrán no se pueden criticar porque simplemente son como la reacción de alguien que ahora entiende haber hecho algo malo, y por ello está dispuesto a informar a las autoridades, tarea pocas veces realizada en Guatemala por razones de compadrazgo o de una mal entendida lealtad.

No es necesario conocer de leyes ni de conveniencia política para saber cuál debe ser el destino del partido: seguir la ruta de Líder, Patriota y todos los demás surgidos a la luz de la ambición personal, y sin ninguna característica partidista dentro de una democracia representativa, que necesita determinadas cualidades, no llenadas por ninguna de las actuales agrupaciones representadas dentro del Congreso de la República.

La crisis en que se encuentra el presidente Morales se vio agravada por el inesperado fallecimiento del único político con posibilidades de ayudarlo, pero esto era resultado exclusivo del liderazgo del jefe Arzú, imposible de mantener a causa de las características personales de quien dirigió férreamente los partidos que dirigió, como suficientemente ha sido señalado por comentaristas y editorialistas de Guatemala.

Es necesario señalar, además, que los guatemaltecos debemos estar preparados para hechos inesperados en el campo político. Al camino aún le falta largo trecho. Muchos advenedizos quedarán al margen, pero los que sean alcanzados tendrán muchos motivos para meditar lo que hacen.

La discusión sobre esta iniciativa se centró en la necesidad de que se agreguen los cambios enviados por el Tribunal Supremo Electoral (TSE) en noviembre último, así como  tener especial cuidado en lo que se aprobará para que la Corte de Constitucionalidad (CC) no tenga que enmendar la plana.

Política

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Argueta dijo que el Congreso “pareciera tener la voluntad” de aprobar las reformas y agregó: “Todavía es posible que las reformas entren en vigencia antes del proceso electoral del 2019”.

Escepticismo

 Ricardo Barreno, analista del Instituto Centroamericano  de Estudios Políticos, advierte un panorama contrario porque  la directiva actual tuvo mucho desgaste, por lo que la búsqueda de consensos será muy difícil.

También avizora que la aprobación de esa normativa antes de que llegue a la CC para consulta podría tomar al menos cinco meses; por lo tanto, sería  inviable su entrada en vigor para el 2019.

Edie Cux, de Acción Ciudadana, comentó que tiene la misma percepción de que los tiempos no están a favor de la iniciativa.

Agregó que habrá tropiezos porque los legisladores pueden considerar  contrarias a sus intereses las reformas a la Ley Electoral.

Según Cux, es improbable que esa norma se apruebe antes del primer semestre del año. Dijo que  un segundo escenario sería que regrese la iniciativa a la comisión legislativa y que se dictamine un nuevo proyecto en el que se tomen en cuenta las consideraciones del Tribunal Supremo Electoral.

El pleno también aprobó en primer debate el Convenio Internacional para la Represión de los Actos de Terrorismo Nuclear y no se pudo conocer en primer debate la ley de zonas francas, ya que no se contaba con quórum.

Agenda legislativa tiene pendientes

Durante la sesión legislativa quedaron pendientes de debatir dos iniciativas que diversos sectores han solicitado al Congreso que, señalan, ya estaban agendadas y que ven necesarias para impulsar la actividad económica y mercantil.

Las reformas al Decreto 65-89,  sobre la Ley de Zonas Francas, las cuales buscan  incluir actividades comerciales que quedaron fuera y que estaban en los espacios de  Zonas Francas. Hubo un listado de operaciones comerciales  que quedaron fuera, pero ahora los sectores interesados piden incluirlas.

También quedó pendiente que el Legislativo entre a conocer la ley de regulación de apuestas, casinos, videoloterías, bingos y juegos de azar.

El Ministerio Público (MP) informó que el congresista fue aprehendido en Mazatenango, por los delitos de asesinato, asesinato en grado de tentativa y asociación ilícita. 

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¿Por qué el diputado Julio Juárez fue sancionado por EE.UU.?

El 7 de noviembre del 2017, la Corte Suprema de Justicia le retiró la inmunidad al congresista para que pudiera ser investigado por el Ministerio Público.

Julio Antonio Juárez Ramírez, nacido el 1 de diciembre de 1980, representa a Suchitepéquez en el Congreso por el Frente de Convergencia Nacional (FCN-Nación), fue alcalde de San Antonio La Unión y hasta 2012 era proveedor de municipalidades, lo que le valió en más de una ocasión para ser denunciado por sobrevaloración de obras, defraudación fiscal y adjudicaciones irregulares en las comunas.

Día del ataque

El corresponsal de Prensa Libre en Suchitepéquez, Danilo López, y otro periodista fueron ultimados en el parque central del Mazatenango, en un ataque ha generado consternación y repudio en esta casa editora, entidades de prensa nacional e internacional, así como organizaciones de derechos humanos.

El hecho ocurrió en la zona central de Mazatenango, cuando López y sus colegas Federico Salazar, de Radio Nuevo Mundo, y Marvin Túnchez se encontraban frente al edificio de la Gobernación Departamental. Fueron atacados a balazos por dos hombres que luego escaparon en una motocicleta azul.

López y Salazar murieron en el lugar del ataque, mientras que Túnchez fue llevado herido a un centro asistencial, reportaron fuentes oficiales.

Perfil 

Juárez logró obtener más de Q100 millones en obras ediles entre 2005 y 2011, a través de cinco empresas que estaban a su nombre o de personas cercanas. En el 2015 renunció a la alcaldía de San Antonio La Unión para lanzar su candidatura como diputado por Suchitepéquez, por el extinto partido Libertad Democrática Renovada (Líder).

Juárez llega al bloque oficialista luego de que fue cancelado el partido Líder y logró la aceptación tanto del jefe de la bancada, Javier Hernández, como del mismo presidente de la República, Jimmy Morales, quien rechazó pedir su renuncia al FCN-Nación cuando fue señalado de haber ordenado el asesinato del periodista de Prensa Libre Danilo López.

Por el contrario, en actos públicos Morales ha felicitado efusivamente a Juárez Ramírez por su trabajo desde el Congreso y por el apoyo al partido oficial.

La subjefa de la bancada oficial, Ileana Calles, dijo no tener ninguna opinión sobre la sanción al diputado.
El presidente del Congreso, Óscar Chinchilla, afirmó que la situación de Juárez es particular y no afectará el trabajo en ese organismo.

Contraloría advirtió 

Las empresas de Juárez Ramírez figuran en algunas auditorías de la Contraloría General de Cuentas (CGC), por sobrevaloración de obras, fraccionamiento de contratos y no cumplir con especificaciones técnicas de los trabajos adjudicados.

El Grupo Corporativo del Sur, Sociedad Anónima, también ligado a Juárez, ha sido señalado por la SAT de deudores fiscales e incluso ha sido llevado a juicio. La entidad recaudadora también ha inhabilitado en tres ocasiones a la empresa del legislador, en el 2013, 2014 y 2015.

Desde el palacio municipal 

El 6 de marzo del 2015, una publicación del mismo Danilo López señalaba a Juárez de tener omisos ante la Superintendencia de Administración Tributaria (SAT).

En efecto, ese año Juárez estaba incluido en el expediente con adeudo tributario en fase judicial en la Unidad de lo Económico Coactivo, con una deuda de Q195 mil 892. Además, la Fiscalía lo había denunciado por desobediencia, por haberse negado a pagar el impuesto.

Sin relación financiera

Los bancos del sistema en los que el diputado y sus empresas tienen cuentas bancarias, depósitos, ahorros, préstamos e inversiones deben cesar su relación, por ser una persona incluida en la lista de la Oficina de Control de Activos en el Extranjero —Ofac, en inglés—, del Departamento del Tesoro de los Estados Unidos.

Saulo de León, especialista en temas sobre lavado de dinero, explicó que las entidades bancarias deberán devolver las cuentas al diputado, para evitar una sanción, y comunicar a las autoridades sobre la cancelación de los servicios.

“El efecto en Guatemala es que los bancos no pueden tener relaciones financieras, porque si no las entidades corresponsales internacionales cortarían la relación con sus socios locales, porque no se puede operar a una persona que está en la lista Ofac”, afirmó.

Las empresas de Juárez 
Varias empresas le han servido al diputado para ofrecer y captar recursos estatales.

• En el Registro Mercantil aparece como propietario de cuatro empresas y una sociedad anónima.
• Multiservicios Juárez, dedicada al enderezado y pintura, fue inscrita el 8 de junio del 2000.
• Road Marker, compra y venta de todo tipo de mercancías, inscrita el 24 de febrero del 2004.
• Servicentro J&R, expendio de gasolina y diésel, constituida en febrero del 2004.
• Pinturas Acuarelas, compra y venta de pinturas, el 27 de octubre del 2009.
• Fue accionista del Grupo Corporativo del Sur, dedicado a la compra de materias de construcción, inscrita el 5 de septiembre del 2008.

Felicitación presidencial 

En una actividad pública, el 23 de noviembre, en Chicacao, Suchitepéquez, el presidente Jimmy Morales felicitó al diputado Julio Juárez por su labor en el Congreso.

“…Suchitepéquez es el único departamento de la Costa Sur que no tiene carreteras hacia sus lindas playas. Ahí su diputado ha estado luchando para que esos programas puedan ser una realidad, así que apláudanle, porque él también ha estado luchando y su trabajo a mí me consta. Muchas gracias, señor diputado Juárez (…) Precisamente el diputado Julio Juárez, que es el diputado que representa a nuestro partido en este departamento, ha estado luchando no solo por el presupuesto, ha estado luchando para que se puedan hacer realidad muchas de las obras que ya se están entregando…”.

El proceso penal abierto en contra del diputado Julio Juárez Ramírez, de la bancada Frente de Convergencia Nacional (FCN-Nación), fue trasladado al juzgado de Mayor Riesgo B a cargo del juez Miguel Ángel Gálvez, por solicitud del Ministerio Público (MP).

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El Juzgado octavo de primera instancia aceptó el memorial del MP y trasladará expediente del diputado Juárez para que sea conocido por el juez Gálvez.

El congresista fue sometido a un proceso para retirarle la inmunidad y así facilitar una investigación penal en su contra.

Después de que la Corte Suprema de Justicia decidió quitarle el antejuicio al parlamentario, se trasladó el expediente al Juzgado Octavo Penal, quien dio el seguimiento correspondiente.

Hipótesis del ataque

Según las investigaciones, el objetivo era ultimar a Sapón López, pero las balas alcanzaron a Salazar, quien también murió.

El MP afirmó que el ahora diputado Juárez Ramírez (entonces alcalde de Santo Tomás La Unión, Suchitepéquez) pactó con dos intermediarios, Marco Antonio Paredes Palacios y Marco Tulio Cano Reina -detenidos hoy-, quienes a su vez instruyeron al grupo de sicarios de la banda, que se encargó de vigilar la casa de López, seguirlo el día del crimen y matarlo en el parque central de la cabecera.

La Comisión Internacional Contra la Impunidad en Guatemala señaló que el crimen se produjo en momentos en los que Juárez tenía “contradicciones” con López respecto a la candidatura para alcalde de Cuyotenango, Suchitepéquez, por el partido Líder.

Juárez, quien tenía el apoyo de las bases partidarias y además designaba a los candidatos locales, se oponía a que el contratista Érick López Posadas fuera el aspirante a la comuna de Cuyotenango, y a quien, según la investigación, apoyaba el periodista López.

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Finalmente, Juárez consiguió remover a López Posadas de la postulación para ubicar ahí a Debora Karina Borrayo Lima, esposa de Paredes Palacios, y quien hoy fue detenida en los operativos por tener en su casa un carro con reporte de robo.

Lo anterior se basó en los mensajes que intercambiaron Juárez con el periodista y que las autoridades obtuvieron desde el teléfono de la víctima.

Sancionado por EE.UU.

La Ley Magnitsky es una normativa de EE.UU., la cual tiene carácter global y señala que quienes sean sancionados conforme a esa medida, tendrían varias restricciones como el retiro de la visa hacia ese país y la prohibición de que ingrese al territorio por cualquier motivo.

Juárez fue sancionado conforme lo que señala la Ley Magnitsky por su vinculación a violaciones de derechos humanos, por los cargos en su contra en el caso de la muerte de los comunicadores.

También se indican sanciones de tipo financiero y comercial, como el embargo de los bienes y cuentas bancarias que posea en esa nación, así como la prohibición para que ciudadanos y empresas puedan realizar transacciones con cualquier entidad vinculada al diputado.

Por último, se establece que la persona sancionada sería incluida en la lista de criminales especialmente designados, de la Oficina de Control de Bienes en el Extranjero, en la cual figuran narcotraficantes, lavadores de dinero, terroristas y pandillas en todo el mundo.

Lo hecho por los congresistas el #MiércolesNegro ahondó la crisis institucional que en días recientes tenía como protagonista al presidente Jimmy Morales, cuando se quejó en la ONU sobre el trabajo de la Comisión Internacional contra la Impunidad en Guatemala (Cicig) a los pocos días declaró non grato a su director Iván Velásquez, a quien ordenó la expulsión, medidas ejecutivas que no se concretaron por un amparo firmado por la Corte de Constitucionalidad (CC).

Ahora serán los diputados los que queden bajo los reflectores. Sigue en pie una sesión plenaria para las 14 horas donde quieren anular lo del miércoles, cuando aprobaron reformas al Código Penal que libraban a figuras políticas de la responsabilidad penal por el financiamiento electoral ilícito y la ampliación a la conmutabilidad de penas hasta por 10 años, que dejaba la puerta abierta para que el 89 por ciento de delitos fueran excarcelables. El castigo para más de 400 delitos podrían cambiar en ese sentido.

De hecho ambos decretos ya fueron suspendidos anoche por la CC al otorgar seis amparos organizaciones sociales y a la Procuraduría de los Derechos Humanos (PDH).

Mientras tanto, el movimiento ciudadano de rechazo a los diputados está en ebullición. Hay convocatorias desde las 8 horas para protestar frente al Palacio Legislativo. El reclamo ya no va solo contra los cambios hechos el #MiércolesNegro, sino que exigirá la depuración del organismo. Sirva el dato de que uno de cada cinco legisladores tiene problemas con la ley.

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Las concentraciones se extendieron a Quetzaltenango, Zacapa, Chiquimula, Petén, Antigua Guatemala y otras localidades.

El presidente Jimmy Morales, a través de un mensaje a la Nación, suspendió el desfile de bandas escolares y ordenó que las autoridades investigaran los hechos ocurridos en la Plaza. No obstante, queda a consideración de los planteles desarrollar sus actividades cívicas, así que el centro capitalino podría llenarse de color y música.

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La PDH solicitó al Ejecutivo respeto a los manifestaciones, sin ejercer represalia o acción violenta alguna, y a los ciudadanos pidió expresarse y manifestarse evitando la confrontación.

Antes de que la CC los dejara suspendidos, Morales dijo que la Presidencia analiza los decretos y los podría vetar si son contrarios a los intereses de la Nación.

El presidente Jimmy Morales, cuando fue candidato presidencial del partido del Frente de Convergencia Nacional (FCN-Nación), cada mes durante seis meses, fue notificado de inconsistencias en las finanzas de la agrupación política, en el que se desempeñó como secretario general hasta el 2016, cuando asumió la Presidencia de la República.

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Las mencionadas notificaciones figuran como parte de los documentos que fundamentan la solicitud de antejuicio contra el presidente, y estas llegaron a Morales entre el 23 de junio y el 21 de noviembre del 2015. En enero del 2016 Morales entregó la secretaría del partido al ahora prófugo Édgar Ovalle. 

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Continúan: “Consideramos importante hacer de su conocimiento con el propósito que se sirva expresar las aclaraciones que considere pertinentes y realizar las regularizaciones necesarias”.

El partido oficialista no entregó los informes sobre el financiamiento electoral de septiembre a diciembre del 2015, justo cuando se daban la primera y segunda vueltas. Por tal razón, el TSE decidió imponer una multa de US$60 mil.

El expresidente del Tribunal Supremo Electoral (TSE) Mario Guerra Roldán considera que el secretario    general de un partido es responsable, y en este caso hay sospecha de que el actual gobernante sabía de todos los movimientos de las finanzas de esa agrupación, sobre todo porque él era quien firmaba los cheques.

Cifras

El analista político Marco Antonio Barahona considera que es necesario señalar que el antejuicio contra el presidente no se promueve por su función como mandatario, sino como secretario general de FCN-Nación.

“Todos los partidos conocen y saben cuáles son sus responsabilidades. Quien ejerce la secretaría general de una organización política sabe que tiene que cumplir con la Ley, con la entrega de informes y, por lo tanto, si el partido presenta varias inconsistencias y aspectos de opacidad y poca transparencia, tiene responsabilidad”, dijo Barahona.

El experto indicó que, si realmente los guatemaltecos queremos que el país avance por la institucionalidad democrática, eso implica respetar las leyes y los reglamentos, y si no sabía, tuvo que saberlo, porque la ignorancia no es excusa en el cumplimiento de la Ley.

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“Es claro que ese partido debe ser sometido a un escrutinio judicial. Y si él —Morales— era secretario general de ese partido, él debe responder sobre ese cargo que tuvo, y que si no cumplió con lo que establece la Ley debe ser sometido a juicio”, refirió Barahona.

Se intentó obtener la postura de los integrantes del partido oficialista, pero ni el diputado Javier Hernández, actual secretario general, ni  Adim Maldonado, integrante de esa organización política, respondieron las llamadas a su teléfono. 

Responsabilidad

El artículo 32 de la Ley Electoral y de Partidos Políticos establece que el secretario general ejerce la representación legal del partido, en juicio y fuera de él, y en todos los actos y contratos que sean de la administración ordinaria del mismo. Los estatutos determinarán los casos en que, para ejercer tal representación, se necesite autorización del Comité Ejecutivo Nacional.

Podrían conocer expediente

El pleno del Congreso podría conocer hoy si le retiran el antejuicio al presidente Jimmy Morales, en la sesión que tiene prevista, luego de que la comisión pesquisidora recomendó que se le retire la inmunidad para que sea investigado, sobre todo por el financiamiento que recibió durante la campaña del 2015 y que no reportó al TSE.

Para que esto se dé, es necesario contar con 105 votos a favor. De no lograrse, el expediente se guardará y puede ser llevado al pleno en otra sesión. De tener 105 votos en contra, el expediente quedará archivado.

Con la era democrática, los aspirantes a tiranuelos no han faltado, pero la regulación constitucional ha restringido sus aspiraciones absolutistas. Aun así afloran los impulsos iracundos, como el reciente exabrupto del presidente Jimmy Morales, quien en su afán de expulsar al jefe de la Cicig incurrió en faltas de fondo y forma que le acarrearon un desgaste severo que ahora busca subsanar con diálogos apresurados que bien pudo haber hecho antes de forma transparente.

La Corte de Constitucionalidad nuevamente sale al paso de los adefesios legales, y así como le enmendó la plana a Jorge Serrano Elías en 1993, ha anulado de pleno derecho la arbitraria orden presidencial, por no cumplir con los requerimientos de ley, gracias a un amparo interpuesto por el recién estrenado procurador de Derechos Humanos, el abogado Jordán Rodas, quien demostró que cuando hay conocimiento y oportuna aplicación de las leyes prevalece el mejor interés de la Nación.

El fallo le dio, además, al mandatario una oportunidad de sentarse a discutir de manera serena y madura las controversias, así como devolver la cordura al país. Sin embargo, poco le ayudan integrantes de su partido, FCN-Nación, que insisten en pedir la expulsión del comisionado, bajo otros pretextos pero con el mismo trasfondo de ira por el señalamiento que el MP y la Cicig hicieron al financiamiento electoral ilícito de esa organización.

A esos bizarros esfuerzos se suma ahora la diputada oficialista y tránsfuga Patricia Sandoval, quien obtuvo la curul por el partido Todos pero pronto se cambió de camisola, traicionó a sus electores y se vistió con los colores del oficialismo, donde muy rápidamente empezó a exponer su carácter abrasivo, al punto de conseguir una orden judicial contra el jefe de bancada, Javier Hernández, por supuesto acoso.

Dicha diputada, integrante de la Comisión de Derechos Humanos, en un nuevo afán de protagonismo ha tenido la brillante idea de citar al procurador Jordán Rodas, cuyo mayor mérito es haber detenido la impulsiva orden de expulsión dictada por el mandatario Morales, ex secretario general del partido oficialista FCN-Nación.

Los diputados no solo pasan los días sin mayor productividad, sino que aprovechan su presencia en el hemiciclo para velar por sus propios intereses, como ocurrió ayer, cuando en una bochornosa jornada aprovecharon la crisis que afronta el país para procurarse nuevas prebendas. Así que si la congresista tránsfuga osa reclamar algo por esta acción al ombudsman, estará mostrando sus verdaderas prioridades.

En todo caso, el procurador nombrado y juramentado es totalmente independiente de cualquier injerencia política y debe rechazarla con entereza, en nombre del pueblo, del cual es legítimo defensor, y mucho menos se debe tolerar que legisladores oportunistas persistan en sus afanes de entorpecer, en nombre de agendas partidarias, el estado de Derecho y la institucionalidad.

Luego de que se difundiera un video en el que el diputado oficialista Armando Melgar Padilla señalara al MP de perseguirlo y presionarlo a través del proceso judicial contra los presuntos asesinos de su padre, autoridades de esa institución aclararon la situación del proceso y rechazaron los señalamientos.

En el video, Melgar Padilla afirma que un día antes de comenzar la discusión por las reformas constitucionales – el 28 de febrero –  se efectuó una audiencia en la Torre de Tribunales en la que “se dejó libre” a un “asesino confeso” de su papá, José Armando Melgar Moreno, quien fue atacado el 9 de diciembre del 2012 en Villa Canales.

Rotman Pérez, Secretario de Política Crimimal del MP, aclaró que la audiencia que menciona el político fue fijada tres meses antes, el 22 de noviembre del 2016, pero se aplazó debido a que un abogado defensor no se presentó.

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El funcionario también explicó que el MP solicitó en la audiencia de febrero la clausura provisional del proceso, debido a que la Fiscalía de Delitos contra la Vida, que ahora lleva el caso, tiene indicios de que la Fiscalía contra el Crimen Organizado, en ese entonces a cargo del exfiscal Rony López, no efectuó todas las investigaciones necesarias para llevar a juicio y condenar a los responsables de la muerte de Melgar Moreno. Hecho por el que se analiza una investigación contra los posibles responsables.

La Secretaria General del MP, Mayra Véliz, reiteró que las investigaciones por la muerte del padre del diputado continúan y aseguró que  “se respetan las opiniones pero no se comparten”, e hizo un llamado a “ser más serios” y no señalar a una institución de justicia y técnica.

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Por la muerte de Melgar Moreno fueron detenidos, en octubre del 2015, siete persona, entre ellas el hermano de la víctima y tío del diputado, Oscar René Melgar Moreno, quien murió durante los primeros días de la detención, debido a que no se le autorizó una consulta médica.

De igual forma, en julio de 2013 se dictó la sentencia condenatoria de 26 años en contra de uno de los autores materiales, pero el caso se encuentra en fase de impugnaciones.

A los sindicados se les señaló de ser parte de una banda dedicada al robo de propiedades y que supuestamente era dirigida por el tío del congresista.

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En noviembre del año pasado, se efectuó un allanamiento en la oficina del exfiscal López, en seguimiento a una denuncia precisamente en el caso de Melgar Moreno.

Las autoridades del MP prefirieron abstenerse de considerar si el video elaborado por el diputado Melgar Padilla, podría tratarse de un blindaje para protegerse de cualquier acusación o investigación en su contra.

Morales apeló a la simpatía de que goza entre los vendedores para desestimar señalamientos y arremeter en contra de los periodistas que le entregaron hace una semana el membrillo, por su poca accesibilidad para brindar declaraciones o entrevistas.

“Tal vez estaba mejor vendiendo gaseosas que como presidente, porque nadie se queda contento”, expresó.

Antes de su llegada, supuestos vendedores colocaron una manta vinílica que decía: “¡Sr. presidente! El mercado La Terminal le regala… no una, sino 20,000 manzanas y no un simple membrillo siga adelante con su Gobierno ¡Dios le bendiga! Sector de Flores” (sic), y durante su discurso se repartieron manzanas a los asistentes a la actividad.

Luego de destacar su lucha contra la corrupción y la baja ejecución en algunas carteras, Morales se retiró del lugar sin ofrecer declaraciones a periodistas. Después viajó a Nicaragua, donde participará en una cumbre regional.

Persiste hermetismo

Morales superó  con creces  su propio récord de semanas alejado de conferencias de prensa. En septiembre  cumplió dos semanas sin comparecer ante periodistas nacionales y ahora está a punto de cumplir un mes.

La última vez que atendió a  comunicadores  fue el 25 de noviembre pasado, cuando inauguró las remodelaciones en la sala de prensa del Palacio Nacional de la Cultura. Entonces  respondió al menos tres preguntas. Antes de eso,  el 9 de noviembre, respondió por lo menos cinco, durante la inauguración del Investment Summit.

El presidente accede a hablar con reporteros de la provincia, quienes no lo cuestionan sobre temas polémicos, como sucedió el lunes último, en Chimaltenango.

“Eso le está haciendo un gran daño, no solo a la imagen del presidente, sino que al propio gobierno”, expresó Ileana Alamilla, presidenta de la Asociación de Periodistas de Guatemala (APG).

“Tanto él como la estrategia de comunicación del Gobierno debe ser analizada porque no ha sido de lo más afortunado. Es muy urgente que haya cambio de dirección el otro año”, agregó.

De acuerdo a la comunicadora, los mensajes que el gobernante envía son negativos, tanto con los exabruptos que ha tenido, como en algunas decisiones que “cuesta mucho comprender”, al referirse a la restricción de la Casa Presidencial.

Por lo general, las explicaciones que el gobernante y su vocero, Heinz Hiemann, han dado, es que no es necesario que el presidente hable para todos los temas, y que por la agenda de Morales no es posible atender a los medios seguido.

“No son los argumentos más afortunados. Es obvio que el vocero no es la persona idónea para responder de aspectos estratégicos que maneja el presidente. Son pretextos que están enmarcados en esta situación irregular”, manifestó Alamilla.

Temas pendientes

Fracaso del antejuicio

El mandatario no se ha referido al revés a las reformas constitucionales en el Congreso, sobre antejuicio, pues fueron rechazados por varios diputados, incluidos de FCN-Nación, pese al apoyo presidencial a la iniciativa.

TSE podría sancionar a FCN

Informes publicados   en la página del Tribunal Supremo Electoral (TSE) detallan que el partido oficial no presentó informes completos sobre gastos de campaña electoral, y podría ser sancionado; la bancada pone pretextos.

Proceso contra Ovalle

La petición de antejuicio contra el diputado oficialista Édgar Ovalle se reactivó, por orden de la Corte de Constitucionalidad. Ovalle es fundador de FCN-Nación y una de las personas más cercanas e influyentes sobre Morales.