Según registros judiciales de la Corte del Distrito Sur de Florida, consultados por Prensa Libre, en una carta dirigida por la fiscalía estadounidense a esta corte, acordaron que el caso puede concluir “sin la necesidad de un juicio”. El político fue detenido en enero del año pasado en Miami, Florida, por delitos migratorios y requerido en Guatemala por un caso de corrupción en obra pública, más tarde fue acusado por la justicia estadounidense por lavado de dinero.

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En el oficio “Moción conjunta para audiencia de fianza y aplazamiento de la conferencia”, se detalla: “las partes previamente presentaron una moción indicando que las partes creen que el caso se puede concluir sin la necesidad de un juicio, otra moción o la apelación de una sentencia; sin embargo, los detalles de las condiciones en que el defendido declinará el acceso a un juicio todavía deben resolverse. Como parte de las negociaciones, las partes habían discutido la libertad bajo una fianza, una opción que se complicó por el estatus migratorio del defendido”.

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Esta acción da pie a que el político guatemalteco pueda declararse culpable del delito de lavado de dinero y reducir su pena. El pasado 20 de diciembre Baldizón recuperó su libertad luego de que su familia cancelara US$50 mil de fianza. La corte le impuso una multa de US$1 millón de los cuales la familia adelantó el 5 por ciento, tal y como establece el acuerdo con el juzgado.

La esposa del político Rosa María Vargas y sus hijos Jorge Eduardo y Manuel Antonio Baldizón Vargas fueron garantes de la misma. En dado caso Baldizón se diera a la fuga, la corte ejecutaría la fianza y sus familiares tendrían que responder por el US$1 millón de la fianza completa.

Según una fuente cercana al proceso, los garantes no pudieron colocar las propiedades de la familia en Florida, el hotel Best Western, en Fort Lauderdale, y un condominio en Key Biscayne, en el condado de Miami-Dade, Florida, porque ambas propiedades están registradas como garantías en otros créditos.

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La estrategia legal de la defensa de Baldizón también buscará que le sea contabilizado el tiempo en prisión, luego de ser capturado en enero del año pasado, para reducir su pena.  El político tiene por restricciones no salir del “Distrito Sur de la Florida ni de cualquier otro distrito al que pueda ser transferido este caso”, no cambiar de dirección registrada en la fianza a menos que lo autorice la corte, entregar sus documentos de identificación, además no puede visitar ningún puerto o aeropuerto, entre otras restricciones.

Si el acusado violara estas disposiciones o “llegara a intimidar a testigos, víctimas o informantes del caso” u obstruir la investigación criminal regresaría a detención y sería multado.

Bajo reserva

Al menos 14 documentos del expediente judicial de Baldizón se encuentran restringidos. Los términos a los que llegue Baldizón con la fiscalía para la reducción de la condenada también estarán bajo reserva hasta que la corte disponga lo contrario. Según el abogado Mauricio Berreondo, exdefensor en otros casos de alto impacto como la extradicción del expresidente Alfonso Portillo, la carta que dirige la fiscalía a la corte es una muestra de la posible declaración de culpabilidad de Baldizón y su colaboración para reducir su pena.

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“Cuando hay una nota de esa naturaleza quiere decir que la persona quiere colaborar con la justicia, por el delito de lavado de dinero, hay una medida sustitutiva, la finalidad es obtener una medida sustitutiva con una fianza razonable. Regularmente incluye tener un grillete en el tobillo izquierdo para seguir con la investigación y cantar las mañanitas -dar información-. El ejemplo es el exdirectivo del fútbol Brayan Jiménez y el exmagistrado suplente de la Corte de Constitucionalidad, Héctor Trujillo”, indicó Berreondo.

Baldizón es requerido en Guatemala por los delitos de asociación ilícita, cohecho pasivo y lavado de dinero, la imputación en su contra fue realizada por la Fiscalía Especial Contra la Impunidad, Feci, con la asistencia de la Comisión Internacional Contra la Impunidad en Guatemala, Cicig, por el caso Odebrecht; Baldizón también fue imputado por delitos electorales por el caso Transurbano, en el cual se le acusa de desviar fondos públicos para sus campañas presidenciales de 2011 y 2015.

Bien y propiedades extinguidas

La Unidad de Extinción de Dominio, de la Fiscalía de Lavado de Dinero, entregó a la Secretaría de Bienes en Extinción de Dominio un edificio ubicado en la zona 8 de Quetzaltenango vinculado a Baldizón. El bien fue registrado bajo la entidad Regal Group S.A. una de las empresas parte de la red de compañías relacionadas al político y bajo investigación.

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En el aval de la fianza para el político figura otro nexo del excandidato presidencial con el caso Transurbano. En el mismo su hijo menor Manuel Antonio Baldizón Vargas firma como gerente de “Biscayne Village LLC “ former kwon as (antes conocida como) B+V Diversified LLC” una entidad fuera de plaza registrada en Delaware, Estados Unidos.

Esta entidad, B&V Diversified LLC, según una investigación del periodista Asier Andrés en 2017, fue utilizada para que Baldizón le comprara un año antes un condominio al empresario del transporte Luis Gómez González. Según registros de bienes raíces la propiedad fue adquirida por US$600 mil, a través de transacciones entre entidades fuera de plaza de ambas personas. Gómez también es investigado por el caso Transurbano y actualmente se encuentra prófugo.

La dirección del condominio en Key Biscayme número 211 fue usada como sede para registrar tres entidades fuera de plaza de la cuales una de ellas, Clearwater International Management, la cual se uso para adquirir un hotel de la cadena Best Western en abril de 2017 por US$8.2 millones según registros de bienes inmuebles del condado de Broward.

Más de un año en EE. UU.

Estos han sido los momentos claves del excandidato presidencial desde que fue detenido en ese país.

• Capturado
  20 de enero de 2018
  Manuel Baldizón es detenido el Aeropuerto Internacional de Miami por cuestiones migratorias. Es trasladado al Centro de Detención Krome, donde un día después pide asilo político.
• Denegatoria
  5 de julio de 2018
  Un juez denegó la solicitud de asilo al excandidato presidencial, resolución que no apeló Baldizón, con lo cual había dejado abierta la posibilidad de que fuera deportado a Guatemala donde también se persigue por posibles casos de corrupción.
• Captura
  18 de septiembre de 2018
  Pese a que aún guardaba prisión en la prisión Krome de Florida, Baldizón es detenido por autoridades de la Oficina Federal de Investigaciones (FBI en inglés) por cargos de blanqueo de capitales y conspiración para lavar activos, delitos que según la legislación estadounidense estarían penados hasta por 20 años.
• Fianza
  20 de diciembre de 2018
  Manuel Baldizón recupera su libertad tras pagar US$50 mil dólares, el 5% del total de la fianza impuesta por la justicia estadounidense de US$1 millón, no obstante, continúa la investigación por el presunto uso del sistema bancario de ese país para el lavado.
• Audiencia
  27 de marzo de 2019
  Se llevará a cabo audiencia de Manuel Baldizón en donde podría llegar a acuerdos con la justicia de EE. UU., pero esta puede ser reprogramada.

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A pesar de que ya se había decretado el fin de la persecución penal contra del exjefe de Estado José Efraín Ríos Montt por su fallecimiento, solo faltaba que se ordenara la devolución de la caución económica, por lo que la jueza Claudette Domínguez determinó que esta correspondía a la hija del exmilitar. 

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El profesional indicó que este martes se celebró la última audiencia de los casos en los que el exjefe de Estado estaba sindicado. Ríos Montt estaba acusado en los casos Dos Erres y Genocidio.

El abogado Jaime Hernández indicó que el Juzgado de Mayor Riesgo A, ordenó la devolución de la caución económica de Q500 mil a Zury Ríos. Dinero que es solicitado debido a que finalizó la persecución penal en Contra de su padre José Efraín Ríos Montt. pic.twitter.com/bJXG9pmJ6B

— Manuel Hernández (@mhernandez_pl) June 26, 2018

Proceso Dos Erres

En marzo del 2017, la jueza Domínguez ordenó un juicio especial por genocidio contra Ríos Montt, quien padecía demencia, por la masacre de 201 personas durante su régimen entre 1982 y 1983.

Según la investigación, Ríos Montt planificó, permitió, autorizó y consintió que una patrulla de kaibiles incursionara en el parcelamiento Las Dos Erres, Las Cruces, Petén, para masacrar a 201 personas el 7 de diciembre de 1982.

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Por ese caso ya fueron condenados a seis mil 60 años de prisión Carlos Antonio Carías López, así como Reyes Collín Gualip, Daniel Martínez y Manuel Pop Sun.

Condena revocada

El 10 de mayo del 2013 el Tribunal Primero A de Mayor Riesgo condenó a Ríos Montt a 80 años de prisión por genocidio y delitos contra los deberes de humanidad.

De acuerdo con la decisión de la judicatura, Ríos Montt dirigió una campaña contrasubversiva que concluyó no solo con la muerte de integrantes de la guerrilla sino también tuvo como objetivo la destrucción de la etnia ixil, la cual estaba asentada en Santa María Nebaj, San Juan Cotzal y San Gaspar Chajul, Quiché.

El 20 de mayo de 2013, la Corte de Constitucionalidad (CC) anuló la sentencia condenatoria impuesta a Ríos Montt bajo el argumento de que el Tribunal Primero A de Mayor Riesgo incumplió una resolución del máximo tribunal de suspender el debate y tramitar una recusación. La orden de la CC fue de anular todo lo actuado en la fase del debate a partir del 23 de abril de 2013. 

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Meses después se determinó que el juicio debía regresar al estado en el que se encontraba en noviembre del 2011.

Ríos Montt, de 91 años, ex jefe de Estado y expresidente del Congreso, falleció el 1 de abril último a causa de un infarto. El militar retirado murió a las 6 horas en su residencia, en la colonia Tecún Umán, zona 15 de la capital.

Nació en Huehuetenango el 16 de junio de 1926. Durante su vida fue embajador, jefe del Estado Mayor, diputado y presidente del Organismo Legislativo. También se postuló a candidato a la presidencia.

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El artista debía comparecer el próximo viernes ante el juez para responder por  el caso que fue detenido el 2 de mayo y posteriormente puesto en libertad bajo fianza en Los Ángeles tras haberse negado en repetidas ocasiones a presentarse ante la Justicia.

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A la luz de este acuerdo entre las dos partes, el juez federal Jean P. Rosenbluth, con sede en Los Ángeles, canceló este jueves la audiencia prevista para el vienes en la corte y a la que tenía que asistir Luis Miguel.

Brockhaus exigía a Luis Miguel una indemnización de algo más de US$1 millón que incluía los intereses y los honorarios de los abogados, por incumplimiento de contrato cuando ejercía como representante del músico conocido como “El Sol” entre 2013 y 2015.

Después de que el caso se trasladara de Nueva York a Los Ángeles, el tribunal advirtió al cantante el pasado 24 de marzo que, si no se presentaba el 17 de abril a la audiencia programada, ordenaría su detención por sus repetidas evasivas a comparecer ante la corte.

Una publicación compartida de Luis Miguel (@lmxlm) el 4 de May de 2017 a la(s) 11:26 PDT

Amy B. Messigian, abogada de Brockhaus, informó a la agencia internacional Efe el pasado 17 de abril de que la jueza federal Virginia A. Phillips firmó la orden de arresto contra Luis Miguel “por desacato”.

Finalmente, el cantante fue detenido el pasado 2 de mayo y puesto en libertad bajo fianza.

Por otro lado, la jueza Phillips ordenó en enero de este año embargar al músico un automóvil de lujo de la marca Rolls Royce para hacer frente a los cargos en su contra.

En su casa hallaron marihuana y una pistola.

Al respecto, el presentador del programa, Rick Harrison, se manifestó a favor de su colega. En un correo electrónico, todo el equipo del programa  le brindó su total apoyo.

“No tenemos detalles todavía, pero estamos aquí para ayudar a Chumlee en todo lo que podamos”, aseguró Harrison.

Las redes sociales divulgaron un video donde supuestamente el actor se había suicidado. Este material resultó ser falso.

“El señor Li proveerá una garantía personal reconocible de 5 millones de dólares que será cofirmada por tres individuos responsables financieramente, así como 300.000 dólares en efectivo, una casa suya en Florida  (sur de Estados Unidos) así como cualquier otra propiedad que le pertenezca a él o su esposa en Costa Rica”, señala la carta.

Li permanecerá antes del juicio en un “apartamento en el área de la ciudad de Nueva York”, con un brazalete electrónico y monitoreo por circuito cerrado de televisión las 24 horas del día y entregará todos sus pasaportes al FBI, de acuerdo con el paquete propuesto.

Eduardo Li, de 57 años, fue detenido en Zúrich el 27 de mayo de 2015 cuando estalló el escándalo de corrupción en la FIFA y extraditado a Estados Unidos el pasado 18 de diciembre. Se declaró inocente de los 19 cargos que enfrenta, entre ellos asociación delictiva, fraude y lavado de dinero.

La presentación de su abogado este jueves incluye certificados de buena conducta durante la detención de Li en una cárcel en Suiza, así como cartas de recomendación.

El pedido de fianza debe ser tratado ahora por el juez Levy y la fiscalía en una audiencia, posiblemente la semana próxima.

Luego de la liberación el martes del hondureño Alfredo Hawit, suspendido presidente de la Concacaf, Li es el único de los acusados extraditados a Estados Unidos o que se entregó a la justicia de ese país que sigue en prisión.

En total, las causas en Estados Unidos por el escándalo de corrupción en la FIFA, que estalló en mayo pasado y tuvo una segunda oleada de acusaciones en diciembre, incluyen a 39 personas, la mayoría altos dirigentes del fútbol del continente americano, y dos importantes compañías de marketing deportivo.

Doce individuos se han declarado culpables, aceptando cooperar con la fiscalía a cambio de una posible reducción de la pena, y 27 son actualmente juzgados.

El escándalo afectó al propio presidente dimisionario de la FIFA, el suizo Joseph Blatter, suspendido por ocho años de toda actividad ligada al fútbol, al igual que Michel Platini, presidente de la UEFA desde 2007.

En su caso, el letrado Florian Miedel pidió una semana más de tiempo, hasta el 22 de enero, para presentar las garantías que completen la fianza de US$4 millones (unos Q30 millones 520 mil) que permitió a Trujillo obtener el arresto domiciliario.

Trujillo, detenido el 4 de diciembre en un crucero en Florida, se declaró no culpable el 30 de diciembre y fue puesto en libertad condicional el pasado 7 de enero.

En el caso Fifa, que ha dado lugar a dos grandes redadas a fines de mayo y principios de diciembre, hay actualmente doce personas y dos compañías que ya se declararon culpables y 27 individuos que se encuentran inculpados.

Otros caso

Callejas solicitó un plazo extra de quince días hasta el 29 de enero para entregar la documentación requerida cuando fue puesto en libertad bajo fianza de US$4 millones el mes pasado, según una carta presentada el viernes por su abogado en los tribunales federales de Brooklyn.

Un pedido similar al de Callejas formuló José María Marín, expresidente de la CBF, para completar los requisitos de su libertad bajo fianza de US$15 millones acordada en noviembre pasado, según una carta enviada el jueves por su abogado Charles Stillman al juez Raymond Dearie.

Stillman pidió plazo adicional hasta el 5 de febrero para presentar el último requisito del paquete de la fianza, una garantía bancaria de US$2 millones.

Un juez federal en Nueva York dispuso el monto de la fianza tras una audiencia.       

Callejas, miembro de la comisión de televisión y mercadotecnia de la Fifa, se había declarado inocente el martes último de los cargos de asociación delictuosa y fraude electrónico por su presunta participación en la trama de sobornos por los derechos de transmisión y organización de partidos de las eliminatorias mundiales y otros torneos. Su abogado declinó hablar con la prensa el martes.       

Callejas gobernó Honduras entre 1990 y 1994 y fue presidente de la Federación Hondureña de Fútbol entre el 2002 y el 2015.       

Figuró dentro de un grupo de 16 nuevos acusados, entre dirigentes del fútbol en Centro y Sudamérica, señalados en una causa presentada a inicios de mes. Los fiscales estadounidenses acusaron a otros 14, incluyendo siete altos cargos de la Fifa en mayo.  

Hasta que conozca su pena, el deportista permanecerá en la mansión de Pretoria de su tío Arnold, donde vive actualmente y que solo podrá abandonar entre las 7 de mañana y las 12 del mediodía y sin salir de un radio de 20 kilómetros.

El abogado del deportista, Barry Roux, anunció durante la vista celebrada hoy que su cliente apelará ante el Tribunal Constitucional la condena por asesinato, por la que se enfrenta a un mínimo de quince años de prisión.

Pistorius fue hallado culpable de asesinato el pasado jueves por el Tribunal Supremo de Apelación  (TSA) , que revocó la sentencia de 5 años de cárcel por homicidio dictada en octubre del año pasado por el Tribunal Superior al detectar numerosos errores en el veredicto de esta corte.

En la sentencia anulada el jueves, la jueza Thokozile Masipa aceptó la versión de los hechos del acusado -según la cual abrió fuego presa del pánico al confundir a su novia con un intruso- y desechó la condena por asesinato al descartar que tuviera intención de matar.

Sin embargo, el fiscal del caso, Gerrie Nel, presentó el pasado 3 de noviembre un recurso ante el TSA para pedir que el veredicto de homicidio fuera sustituido por uno de asesinato, al considerar que Masipa erró en su decisión.

El TSA dio la razón al fiscal y concluyó que Pistorius sí quiso matar a la persona que se encontraba tras la puerta del retrete, lo que le hace culpable de asesinato.

Óscar Pistorius, que tiene las dos piernas amputadas desde que tenía once meses a causa de un problema genético, se convirtió en los Juegos de Londres del 2012 en el primer atleta con las dos piernas amputadas de la historia que ha participado en unas Olimpiadas con atletas no discapacitados.

El corredor era un icono mundial de coraje y superación en el deporte hasta su caída en desgracia tras matar a su novia en la madrugada del 14 de febrero del 2013 en su casa de Pretoria.

El exfuncionario es señalado de los delitos de fraude, concusión y conspiración; por irregularidades en la construcción de la cárcel de máxima seguridad Fraijanes 2.

Durante la diligencia de este jueves, el juzgador dio a conocer la resolución del 1 de febrero de 2013, en donde confirma que el exfuncionario debería pagar la fianza de Q15 millones debido a que el juez Walter Villatoro el 17 de octubre de 2012, en lugar de cumplir con lo ordenado por  la referida judicatura  rebajó la caución económica a Q1 millón.
 
El exfuncionario de la Unidad Nacional de la Esperanza (UNE) se enfrenta a proceso por su supuesta vinculación en una estafa de Q17.4 millones que se habría hecho durante la construcción de la prisión de máxima seguridad Fraijanes 2, la cual fue destruida casi en su totalidad en un motín.
 
El MP y la Comisión Internacional contra la Impunidad en Guatemala (Cicig), señalaron al exministro de Gobernación  de haber firmado el contrato con Óscar Andrade Elizondo, representante de la  oénege Fundación para el Desarrollo y Tecnología (Funtech), por el que habría recibido una comisión.

El también exalcalde de Villa Nueva ya estuvo preso en Matamoros durante nueve meses por el mismo caso y al pagar la fianza de Q1 millón recuperó su libertad.

Además Gandará fue a la cárcel por el caso de transacciones sospechosas en la comuna de Villa Nueva durante su gestión, en dicho proceso el ente investigador lo señaló de lavado de dinero y concusión.

Sentencia anticipada

Gándara le dijo al juez: “es imposible que yo pueda tener esa cantidad, prácticamente es una sentencia anticipada. Yo voy a donde usted me diga y lamento esto porque tengo que mantener a una familia”.
 
Aprovechó la oportunidad para pedir a Villatoro que le permita asistir al matrimonio de su hijo, el 25 de octubre próximo. La petición será resuelta el próximo 16 de octubre.

En una orden breve, el juez de circuito Clifton Newman negó la libertad bajo fianza a Michael Slager.

El expolicía de North Charleston ha estado en confinamiento solitario desde su arresto por la muerte de Walter Scott, ocurrida el 4 de abril.

Un video grabado en un teléfono celular por un transeúnte mostró a Slager disparando en ocho ocasiones contra Scott mientras éste trataba de alejarse después de haber sido detenido mientras manejaba.

El incidente atizó el debate nacional sobre la manera como son tratados los hombres de color por los policías.

Fiscales y abogados defensores se enfrentaron sobre el asunto de la fianza durante una audiencia realizada el jueves último y se reunieron nuevamente el viernes para discutir el caso.

“Después de cuidadosas consideraciones sobre toda la evidencia presentada, y la naturaleza y circunstancias del delito, la corte encuentra que la liberación del acusado constituiría un peligro excesivo para la comunidad, y que la solicitud de liberación bajo fianza debe ser denegada”, indica la orden.

“Hoy no es causa de celebración, no hay ganadores o perdedores cuando un hombre ha perdido su vida a manos de otro”, dijo el hermano de Scott, Anthony Scott, en un comunicado a la prensa.

Señaló que tiene confianza en el sistema judicial. “Nuestra familia respeta la decisión del juez de negar la fianza a Michael Slager. Confiamos en Dios y oramos para que nunca ocurra nuevamente algo como esto a ninguna familia, en ningún lugar”, agregó.

The Associated Press envió mensajes al fiscal y al abogado defensor de Slager buscando su comentario.

La fiscal Scarlett Wilson calificó el jueves a Slager como “un escuadrón de fusilamiento y verdugo”, y dijo que plantó evidencia, recogiendo su arma de electrochoque de donde había caído para colocarla cerca del cuerpo de Scott a una larga distancia.

Los abogados de Slager argumentaron que su cliente no representaba una amenaza para el público. Entre las 150 páginas de documentos que presentaron antes de la audiencia hubo un reporte de toxicología que mostraba que había cocaína en el organismo de Scott cuando fue muerto, y una valoración psicológica que indicaba que Slager representa poco peligro futuro de cometer violencia.

En las repercusiones inmediatas de la balacera, la familia de Scott pidió tranquilidad. Algunos han atribuido a su acción, junto con el rápido arresto del policía, el hecho de que se haya evitado las protestas y violencia que estallaron en otras ciudades cuando un hombre afrodescendiente murió a manos de un policía blanco.

Algunos líderes comunitarios han advertido que si Slager fuera liberado, eso podría cambiar rápidamente.

Slager, de 33 años, fue despedido después de la balacera. Si es condenado por homicidio podría ser sentenciado a entre 30 años de cárcel y cadena perpetua sin derecho a libertad condicional. No hay circunstancias agravadas como robo o secuestro, por lo cual no aplica la pena de muerte en el caso, dijo la fiscalía.

En una orden breve, el juez de circuito Clifton Newman negó la libertad bajo fianza a Michael Slager.     El expolicía de North Charleston ha estado en confinamiento solitario desde su arresto por la muerte de Walter Scott, ocurrida el 4 de abril.
Un video grabado en un teléfono celular por un transeúnte mostró a Slager disparando en ocho ocasiones contra Scott mientras éste trataba de alejarse después de haber sido detenido mientras manejaba.
El incidente atizó el debate nacional sobre la manera como son tratados los hombres de color por los policías.
Fiscales y abogados defensores se enfrentaron sobre el asunto de la fianza durante una audiencia realizada el jueves último y se reunieron nuevamente el viernes para discutir el caso.
“Después de cuidadosas consideraciones sobre toda la evidencia presentada, y la naturaleza y circunstancias del delito, la corte encuentra que la liberación del acusado constituiría un peligro excesivo para la comunidad, y que la solicitud de liberación bajo fianza debe ser denegada”, indica la orden.
“Hoy no es causa de celebración, no hay ganadores o perdedores cuando un hombre ha perdido su vida a manos de otro”, dijo el hermano de Scott, Anthony Scott, en un comunicado a la prensa.
Señaló que tiene confianza en el sistema judicial. “Nuestra familia respeta la decisión del juez de negar la fianza a Michael Slager. Confiamos en Dios y oramos para que nunca ocurra nuevamente algo como esto a ninguna familia, en ningún lugar”, agregó.

The Associated Press envió mensajes al fiscal y al abogado defensor de Slager buscando su comentario.
La fiscal Scarlett Wilson calificó el jueves a Slager como “un escuadrón de fusilamiento y verdugo”, y dijo que plantó evidencia, recogiendo su arma de electrochoque de donde había caído para colocarla cerca del cuerpo de Scott a una larga distancia.
Los abogados de Slager argumentaron que su cliente no representaba una amenaza para el público. Entre las 150 páginas de documentos que presentaron antes de la audiencia hubo un reporte de toxicología que mostraba que había cocaína en el organismo de Scott cuando fue muerto, y una valoración psicológica que indicaba que Slager representa poco peligro futuro de cometer violencia.
En las repercusiones inmediatas de la balacera, la familia de Scott pidió tranquilidad. Algunos han atribuido a su acción, junto con el rápido arresto del policía, el hecho de que se haya evitado las protestas y violencia que estallaron en otras ciudades cuando un hombre afrodescendiente murió a manos de un policía blanco.
Algunos líderes comunitarios han advertido que si Slager fuera liberado, eso podría cambiar rápidamente.
Slager, de 33 años, fue despedido después de la balacera. Si es condenado por homicidio podría ser sentenciado a entre 30 años de cárcel y cadena perpetua sin derecho a libertad condicional. No hay circunstancias agravadas como robo o secuestro, por lo cual no aplica la pena de muerte en el caso, dijo la fiscalía.