El Ministerio Público (MP), por medio de la Fiscalía Especial Contra la Impunidad (Feci), informó este viernes 14 de mayo que en coordinación con el equipo policial asignado a la fiscalía, procedió a la detención del exdiputado Julio César López Villatoro; sin embargo, la audiencia fue suspendida.

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Juan Luís Pantaleón, jefe de Información y Prensa del MP, dijo que el exdiputado tiene órdenes de detención vigentes por ambos casos y las que fueron emitidas por la juez de primera instancia penal para procesos de mayor riesgo A, Claudette Domínguez, y datan de marzo de 2017 y febrero de 2019.

El exdiputado Villatoro acudió este viernes 14 de mayo a una audiencia en esa judicatura y mientras esperaba que esta diera inicio fue detenido por las autoridades.

Se informó que dicha audiencia fue suspendida, porque, según su abogado, Sergio López, no pueden procesarlo por financiamiento electoral no registrado, que se implementó en 2018, y los hechos que se señalan son de 2015.

Además, el abogado expuso que la nueva resolución de la Corte de Constitucionalidad, en la que cesa la persecución penal por financiamiento electoral no registrado a Mario Leal Pivaral y Rodrigo Leal Castillo por el mismo caso, expone que a todos se les debe aplicar por igual.

Queda en prisión provisional.

El señalamiento

Villatoro integró la Junta Directiva 2015-2016, presidida por el diputado Luis Rabbé. Están señalados por la Feci de abusar de su posición para crear plazas fantasma y contratar personal sin una justificación en el Legislativo.

La Fiscalía asegura que López Villatoro solicitó a Rabbé contratar a 14 personas, además de las tres permitidas por ley, con salarios entre Q5 mil y Q15 mil. Del grupo seis personas cobraban su salario y no asistían a sus labores porque vivían en Huehuetenango, según la investigación.

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Parte del alcance es que las compañías presenten a la información específica sobre sus beneficiarios reales, las personas físicas individuales que los poseen o controlan, así como información sobre las personas que forman o registran dichas sociedades informantes.

La medida se implementará por medio de la Ley de Transparencia Corporativa (CTA) que tiene relación con la Ley de Secreto Bancario (BSA) en EE. UU.

Relevancia

Juan Pablo Carrasco, presidente de la Cámara de Comercio Guatemalteco-Americana (AmCham), dijo que se trata de un mayor monitoreo de crímenes financieros y que aplicará a cualquier ciudadano.

El alcance más significativo será para conocer información en ciertas circunstancias del beneficiario final, así como el intercambio de información con entidades financieras.

Recordó que estas medidas forman parte de un paquete que se aprobó en 2020 y 2021 para el fortalecimiento al monitoreo de los beneficiarios finales de las actividades ilegales, que puede ser estadounidense o extranjero y que haya utilizado el sistema financiero para posibles prácticas de lavado de dinero u ocultar ingresos procedentes de actividades ilícitas.

Las leyes que se implementaron son Transparencia Corporativa (CTA) y la Ley de Defensa en Contra del Lavado de Dinero, según el presidente de AmCham.

Citó como ejemplo que, para un ciudadano local o extranjero que posea cuentas a nombre de empresas, los bancos estadounidenses estarían sujetos a un monitoreo más amplio por parte del FinCEN.

“Estados Unidos está robusteciendo las herramientas para detectar actividades ilegales y brindarle el seguimiento al dinero”, aseveró.

Preocupación

El analista en relaciones internacionales, Roberto Wagner, afirmó que Estados Unidos mantiene muchas preocupaciones por la influencia de Rusia, Irán, ya que a su criterio, durante la administración Trump, no se le dio el seguimiento a funcionarios en diferentes países sobre hasta qué punto pueden estar llevando financiamiento ilícitos, lavado de dinero o al terrorismo.

Por otro lado, dijo que la administración de Joe Biden está interesada en promover la transparencia y distanciarse de otros gobiernos.

Añadió que no sorprendería que podría salir algún funcionario del gobierno de Honduras o de Guatemala, y que se presente como el gran trabajo que se está realizando contra la corrupción.

El ejercicio del poder y la administración de recursos son los ejes que definen a Sandra Julieta Torres Casanova, máxima dirigente de la Unidad Nacional de la Esperanza.

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Su gestión como jefa de campaña de la UNE en 2007, que llevó a la Presidencia a su entonces esposo Álvaro Colom Caballeros, y su coordinación de los programas sociales durante ese gobierno, sin ser funcionaria, son parte importante de su historial político.

La gestión de Sandra Torres en los programas sociales durante el gobierno de la UNE (2008-2012), desde el Consejo de Cohesión Social, fue la plataforma que consolidó su imagen a escala nacional, aunque a la vez le significó un fuerte desgaste mediático, por las críticas sobre el posible uso clientelar de los programas.

Ahora encara señalamientos, no solo contra ella, sino contra su partido por financiamiento electoral no reportado y se espera para este viernes su audiencia de primera declaración.

Perder las elecciones presidenciales, por segunda ocasión consecutiva, significó para Torres Casanova además de una pérdida política, la precipitación de la causa penal que la llevaron a prisión y también amenazan con cancelar el partido político que, por ahora, es el más grande del país.

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Después de ser detenida en su vivienda y trasladada a Torre de Tribunales, la excandidata a la presidencia por el partido Unidad Nacional de la Esperanza (UNE), Sandra Julieta Torres Casanova, escuchó los motivos de su detención.

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A las 12 horas con 25 minutos de este lunes, dio inicio la audiencia en el Juzgado de Mayor Riesgo A, a cargo de la jueza Claudette Domínguez.

Torres es acusada por el Ministerio Público (MP) de financiamiento electoral no registrado y asociación ilícita, delitos que habría cometido durante su campaña electoral en 2015 y cuando fungía como secretaria general de su partido, la Unidad Nacional de la Esperanza (UNE).

Audiencia

Torres Casanova siempre estuvo acompañada del defensor Vinicio Salvatierra. Estuvo durante tres horas en el sótano de la Torre de Tribunales, en el área de fichaje de la Policía Nacional Civil (PNC) en donde fue consignada y se hizo el fichaje respectivo de toma de huellas dactilares.

Los Bomberos Municipales acudieron a examinarla por supuestos quebrantos de salud. “Me desmayo, me sofoco”, se alcanzó a a escuchar.

Poco antes de las 12 horas los guardias le informaron que la jueza Domínguez le iba a decir el motivo de detención en la sala de audiencias del piso 14, donde está el Juzgado de Mayor Riesgo A.

La excandidata presidencial siempre utilizó una manta verde con dibujos de flores en el rostro, anteojos oscuros y sudadero negro en la cabeza. Fue hasta que estuvo ante la jueza Domínguez que mostró su rostro.

Por padecer de arritmia cardíaca e hipertensión, el abogado de Sandra Torres, excadidata presidencial por la agrupación política Unidad Nacional de la Esperanza, pide que sea remitida a un sanatorio y no a la cárcel militar Mariscal Zavala.
La jueza Claudette Domínguez lo niega. pic.twitter.com/F8C7pYixAl

— Kenneth Monzón (@kmonzon_pl) September 2, 2019

A cárcel militar

La jueza ordenó una evaluación médica para Torres por médicos del Instituto Nacional de Ciencias Forenses (Inacif) y la remitió a la cárcel militar Mariscal Zavala. Domínguez indicó que la audiencia de primera declaración se llevará a cabo el próximo viernes 6 de septiembre durante todo el día.

Domínguez indicó que era viable que se decretara la orden de captura en contra de Torres, debido a que el memorial presentado por su abogado Salvatierra que incluía una copia del pasaporte de Torres tenía una dirección errónea. “Además, existe el riesgo y el peligro de fuga, por eso se ordenó la orden de aprehensión”, le dijo la jueza.

Vinicio Salvatierra, abogado de Torres, se opuso de inmediato al traslado de la excandidata la cárcel Mariscal Zavala y pidió que fuera atendida en un centro de salud privado de la zona 13.

A decir de Salvatierra, Torres padece de “serios” problemas cardíacos, específicamente una arritmia, hipertensión arterial y neuralgia. Además, le especificó que toma cinco medicamentos. “Se le hará una evaluación médica dentro de cuatro horas, yo no soy médico y necesito tener certeza de sus padecimientos”, dijo Domínguez.

Visita de diputados

Los diputados Orlando Blanco, Mario Taracena y Jairo Flores y el exdiputado Selvin García a la sala de audiencias aunque ninguno quiso manifestar algún comentario.

Nadia De León también ingresó en la sala de audiencias. Es hija de Torres y diputada por el Parlamento Centroamericano (Parlacen), aunque tampoco opinó por la detención de su mamá.

Eduardo Velasquez, fiscal de la UNE ante el Tribunal Supremo Electoral (TSE), especificó que era innecesaria la captura de Torres. “Desde el 6 de agosto se entregó el pasaporte precisamente para evitar la orden de captura. Aunque no la compartimos, la respetamos. Lo que corresponde es que preste su primera declaración”, dijo.

La UNE compartió un comunicado:

NO A LA JUDICIALIZACION DE LA POLÍTICA pic.twitter.com/NNuhRHLnMS

— UNE (@partidoune) September 2, 2019

Sin inmunidad

El abogado Julio Salazar interpuso una exhibición personal a favor de Torres con el argumento de que la jueza Domínguez había sido engañada en su buena fe por la Fiscalía Especial contra la Impunidad (Feci) al solicitar la orden de aprehensión.

Salazar dijo que Torres aún cuenta con inmunidad porque el proceso penal no ha finalizado, pero la jueza explicó que ya fue publicado el decreto 532-2019 del TSE donde declara como ganador a Alejandro Giammattei en la segunda vuelta. Torres se fue a balotaje con Giammattei el 11 de agosto, sin embargo, perdió las elecciones con el 42 por ciento de votos válidos frente al 57.9 por ciento de lo votos obtenidos por Giammattei.

Además, el abogado explicó que el ente electoral no ha especificado denuncia alguna contra la UNE por financiamiento electoral no registrado y que es de ahí donde debe partir la investigación. La jueza le recordó que el caso es ampliación de los casos Aceros y Traficantes de influencias.

Después de una hora con 30 minutos de audiencia, la jueza Claudette Domínguez le indica a la excandidata presidencial Sandra Torres que enviará un médico del @INACIFGT para ser evaluada.
Es remitida a la cárcel militar Mariscal Zavala. pic.twitter.com/9KuD3RKfUr

— Kenneth Monzón (@kmonzon_pl) September 2, 2019

El señalamiento

El señalamiento contra la candidata fue por supuesto financiamiento no registrado y asociación ilícita.

Según el Ministerio Público y la Comisión Internacional contra la Impunidad en Guatemala (Cicig), Torres Casanova habría gestionó para recibir aportes financieros durante la campaña electoral de 2015. El caso es ampliación de la investigación de Traficantes de influencias donde empresas pagaban por la agilización del crédito fiscal, y que prosiguió con el rastreo del dinero cobrado. En total, los aportes identificados como no reportados ante el TSE por esa agrupación en la pasada campaña sumaron Q19.53 millones. Después, con la ampliación de las pesquisas el financiamiento dudoso subió a Q27 millones.

Las empresas que concentran los aportes no registrados por el partido UNE, según la acusación del MP fueron: Promotora de Recursos Habitacionales (Prohabsa), Maariv y Grupo Inmobiliario Empresarial San Felipe. Las primeras tendrían varias conexiones empresariales con Mario Leal Castillo -prófugo- y la última con el diputado de la UNE, Julio Ixcamey.

Prohabsa habría canalizado fondos por Q5 millones 791 mil 824.35; Maariv, por Q9 millones 64 mil, y Grupo Inmobiliario Empresarial San Felipe, Q4 millones 653 mil 315.

Excandidato comparte mensaje

Carlos Raúl Morales, quien fue candidato a la vicepresidencia por la agrupación política UNE, y compañero de Torres, compartió un mensaje en redes sociales.

Expresé mi solidaridad a la familia de @SandraTorresGUA por los momentos difíciles que atraviesan. Deseo que prevalezcan el respeto al debido proceso y a sus derechos humanos.

— Carlos Raúl Morales Moscoso (@CarlosRaulGt) September 2, 2019

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Los agentes que operan desde los sectores legales de la sociedad para favorecer intereses criminales se definen como grises u opacos porque, al menos en principio, no son estrictamente legales (claros) ni ilegales (oscuros)” apunta el libro Macrocriminalidad, Complejidad y Resiliencia de las Redes Criminales de los autores Eduardo Salcedo-Albarán y Luis J. Garay-Salamanca.

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El papel de estos intermediarios entre el mundo lícito e ilícito es clave para el desempeño de las redes criminales señalan los investigadores del fenómeno de la macrocriminalidad.

El pasado viernes fue detenido Pablo Mauricio Yanes Guerra un presunto integrante de una estructura de lavado relacionada con el caso Odebrecht y el excandidato presidencial de Manuel Baldizón.

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Su figura apunta a la de uno de estos intermediarios con cargos directivos en diferentes empresas relacionadas a Baldizón.
Yanes Guerra fue aprendido en el kilómetro 70 de la ruta al Atlántico luego de ser buscado por la justicia desde 2018, acusado de los delitos de asociación ilícita y lavado de dinero.

Según la investigación del Ministerio Público y la Comisión Internacional Contra la Impunidad en Guatemala, Cicig, en agosto de 2015 Baldizón se reunió con José Carlos Prober Faría, directivo de Odebrecht, y le presentó a Yanes como su intermediario.

Fruto de esta reunión Yanes habría coordinado un pago de US$900 mil de parte de la constructora al presidenciable según la imputación del ente investigador.

Directivo de empresas clave

Yanes Guerra ocupó cargos directivos en al menos seis empresas locales, relacionadas a Baldizón, y una sociedad anónima registrada en El Salvador.

Las seis empresas locales son: Riedel Group S.A., Consorcio de Desarrollo S.A., Grupo Nova S.A., Inmobiliaria Mundo Maya S.A., Gasolineras Rurales del País, S.A. y Mundo Maya International Mall S.A.

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Estas empresas suman un capital autorizado para operar de Q80 millones 220 mil. De entre estas compañías dos remiten a los primeros emprendimientos de Baldizón: Riedel Group S.A. cuyo primer nombre fue Balvar S.A. y reunía las inversiones de Baldizón con su esposa; y Grupo Nova SA., nombrada en sus inicios Cernort S.A., empresa con la cual inició su importación de cerveza mexicana a finales de los noventa y principios de los años 2000.

Las empresas administradas por Yanes realizaban operaciones entre sí, como la compra venta de inmuebles. Según registros notariales Yanes participó en algunas de estas operaciones al menos desde 2008, con transacciones entre Balvar S.A. y Inmobiliaria Mundo Maya y otras compañías ligadas a la red.

En marzo de 2013, Yanes, además registró en El Salvador Empresa Transnacional de Construcción S.A. de S.V. una compañía de compraventa de maquinaria con un capital de US$2 mil, según datos del Centro Nacional de Registros de ese país.

Perfil de empresas

Las compañías administradas por Yanes tenían el siguiente perfil.

• Riedel Group S.A. constituida en 2001 para “actividades inmobiliarias con bienes propios o arrendados”, fue registrada por el abogado Héctor Antonio Aldana Castillo, detenido el año pasado por su relación con presunto financiamiento de las campañas de Líder del 2011 y 2015 en el caso Transurbano.
• Consorcio de Desarrollo S.A. constituida también en 2001, por el mismo notario Aldana Castillo, tiene por objeto la construcción.
• Grupo Nova S.A registrada también e 2001 para la venta al por mayor de alimentos y bebidas.
• Inmobiliaria Mundo Maya S.A registrada en 2007 por el notario Aldana Castillo para actividades inmobiliarias.
• Gasolineras Rurales del País, S.A registrada en 2007 para actividades inmobiliarias, con dirección reportada en Quetzaltenango.
• Mundo Maya International Mall S.A. constituida en 2007 por la notario Carlos Humberto Martínez Ruano detenido por su relación con presunto financiamiento de las campañas de Líder del 2011 y 2015 en el caso Transurbano.

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Elecciones mudas, porque el 95 por ciento del tiempo, ¡oh democracia! los candidatos no pueden aparecer en ningún programa de radio, televisión, foro, debate, documental, video, etc, abordando temas que le incumben al demos —pueblo— porque al tenor de los vacíos de la actual revisada, modificada y desordenada Ley Electoral y de Partidos Políticos pueden ser descalificados por “campaña adelantada”.  En su afán de evitar los excesos de los candidatos del pasado, las autoridades electorales botaron al bebé con todo y el agua, dejando un vacío peligroso, agazapado detrás de la “mentecilla” discrecional.

Por lo tanto, no hay ni ha habido debate político, desde el momento mismo que tomó posesión la actual administración. De esa cuenta, los ciudadanos con aspiraciones de participar en política, aun antes de ser nominados por algún partido político, andan agazapados, con una paranoia insana temerosos de ser descalificados por una norma creada a propósito para evitar que el debate político sobre temas de profundo interés colectivo se aborden, discutan y analicen en las diferentes plataformas mediáticas que existen.

Una completa violación al demos y una violación a la libertad de expresión, que al tenor del Artículo 35 de la Constitución Política de Guatemala indica que “es libre la emisión del pensamiento para cualquier persona, por cualesquiera medios de difusión, sin “censura” ni licencia previa”. —el énfasis es mío—.

Esto ha creado un silencio sepulcral. Una especie de prisión política-discursiva, de todo aquello que, a discreción —y de ahí el peligro— de las autoridades del Tribunal Supremo Electoral puedan interpretar como “campaña anticipada”.

¿Cómo evaluar la capacidad de los candidatos si no se les permite sumergirse dentro la coyuntura política del momento para abordar, discutir y compartir sus puntos de vista sobre los diferentes temas actuales? ¿Qué piensan del Presupuesto General de la Nación? ¿Su endeudamiento, su financiamiento con bonos del Tesoro? ¿La distribución por ministerio y el aporte constitucional a la Universidad de San Carlos? Todos esos temas le brindan a la ciudadanía una idea de la formación, el alcance y la capacidad de los candidatos.

Otro asunto que preocupa es sobre el financiamiento de las campañas y la aplicación de criterios discrecionales. Como delito, el financiamiento electoral ilícito inicialmente no aplicaba a quien otorgara fondos de origen “lícito” pues contemplaba, únicamente, a quien recibiera y no registrara los fondos. Aun así, y aplicando una discrecional e imprudente analogía, emprendieron procesos contra aportaciones de origen lícito.

Se va al Congreso de la República y este elimina las ambigüedades decretando “cómo y a quién” debe aplicarse la nueva norma para casos a futuro. Sin embargo, e insistiendo en la discrecionalidad, ahora resulta que el Ministerio Público sugiere otorgar “criterios de oportunidad”. Es decir, una salida elegante para decir, aquí no hay nada, pero como hicimos tanta alharaca que por lo menos quede el señalamiento y la imputación.

No se puede perseguir la justicia con una injusticia. La única oportunidad que sí cabe es sobreseer los procesos emprendidos pues sin ley previa no hay delito ni pena que se imponga.

En conclusión: Las campañas serán mudas. Todo el esfuerzo proselitista se decantará hacia estrategias terrestres, de cacicazgos comunitarios, de “tarimasos”, de novilladas y tamaladas; de transportación y movilizaciones subterráneas con fondos espurios y una trazabilidad nula.

Ya las cámaras de Medios y de Radiodifusión, solicitaron ante la CC se declaren inconstitucionales al menos siete artículos y cuatro reglamentos de la Unidad de Medios de Comunicación y Estudios de Opinión, contenidas en la Ley Electoral y de Partidos Políticos.

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alfredkalt@gmail.com

Se equivocan quienes ahora creen, una vez más, que con la aprobación de modificaciones dirigida al Código Penal se ha dado un paso en la línea correcta. En realidad es un claro retroceso, porque esto implica el debilitamiento de la persecución penal, al beneficiar de manera directa a quienes ya enfrentaban cargos por los delitos ahora anulados.

Entre los beneficiados está el presidente Jimmy Morales, quien fungió como secretario general de FCN-Nación cuando se dio el hecho que denunció la actual fiscal general como financiamiento electoral ilícito.

Otro beneficiado es Orlando Blanco, de la acomodaticia agrupación e impulsora de la modificación Unidad Nacional de la Esperanza, quien también se encuentra en la mira de la justicia por el mismo delito. El nuevo artículo aprobado en favor de los políticos también beneficia a Nineth Montenegro, de Encuentro por Guatemala, partido que está a las puertas de ser cancelado por el Tribunal Supremo Electoral, por lo mismo.

Lo aprobado ayer por el Congreso se reduce a una burda amnistía para beneficiar a figuras polémicas de la política nacional que podrían salirse con la suya si las obligadas acciones legales no logran frenar este nuevo acuerdo del pacto de corruptos, que solo busca el beneficio de los señalados, pero también abrirle las puertas al imperio de las mafias.

Esta modificación se reduce a extender el campo de acción de quienes de manera dadivosa quieran someter a su voluntad a quienes cuentan con los vehículos electoreros aptos para participar en la próxima contienda electoral, en la que el oscuro financiamiento podría ser rehabilitado con la simple condición de declarar que el origen del dinero no es ilícito.

La parte del financiamiento electoral ilícito provocó la aprobación de un nuevo artículo en el Código Penal, el cual en su inciso Ñ establece el financiamiento electoral no registrado, como si las mafias tuvieran la menor intención de aparecer, pues precisamente eso fue lo que puso a Jimmy Morales en la mira de la justicia, al pedir que los millonarios recursos que recibió en la anterior campaña no ingresaran a las cuentas de su partido.

Con la complicidad de la UNE, al pacto de corruptos solo le queda ahora anular cualquier obstáculo al transfuguismo para que se profundice una de las más nefastas alianzas políticas, lo que a la vez se cierne como una enorme amenaza sobre los guatemaltecos, para ponerse en sintonía con los abusos que desde el Ejecutivo se vienen cometiendo contra la institucionalidad.

No se puede ni se debe celebrar una de las más perversas y nocivas alianzas de los peores políticos de nuestra era, porque ninguno de sus actos puede ser en favor de los guatemaltecos, porque esta es una nueva muestra de cómo se pueden impulsar leyes en beneficio propio.

El Ejecutivo ha dado ya suficientes muestras de inescrupulosidad, como puede verse con las reacciones ante el avance de la justicia, y solo parece quedar la grosera profundización de la impunidad. En esos esfuerzos cuentan con poderosos aliados en diferentes sectores, sobre todo en el Poder Legislativo, desde donde se hacen acelerados esfuerzos por no ceder en exabruptos y el abuso de poder.

Uno de los aspectos más delicados del ímpetu congresil es que los diputados aglutinados en el Pacto de Corruptos se han dado a la tarea de buscar la modificación de leyes para someter a otros poderes a sus designios y conjurar una asonada contra el estado de Derecho, que podría dejar en sus manos una peligrosa cuota de poder inusitada, solo vista en la Venezuela chavista-madurista o en la Nicaragua del ortega-murillismo.

Una de estas leyes es la relativa al derecho de antejuicio, que diputados impresentables buscan modificar para despojar de ese derecho a la Corte Suprema de Justicia, lo cual echaría por el suelo el equilibrio de poder y destruiría el sistema de pesos y contrapesos, lo que daría otro paso hacia un modelo tiránico.

Lo que más les preocupa es quedar fuera de la próxima contienda electoral y por ello buscan modificar una ley aprobada por ellos que les prohibía cambiar de partido. Ante la amenaza que se cierne sobre la mayoría de ellos, buscan eliminar ese obstáculo para restablecer el transfuguismo y les volvería a abrir las puertas a la cleptocracia.

En la agenda también tienen contemplado modificar el Código Penal, que castiga a los políticos que hayan incurrido en financiamiento ilícito, delito que tiene contra las cuerdas al presidente Jimmy Morales, a Orlando Blanco de la UNE y a Roberto Villate, quienes fungieron como secretarios generales de los partidos que participaron en las últimas elecciones. De lograr esa modificación, esos tres políticos señalados serían los primeros beneficiados.

La guinda sobre este cúmulo de abusos la puso, una vez más, el diputado Felipe Alejos, quien al recibir un revés en el pleno decidió por voluntad propia formar una comisión para investigar la compra de un edificio para el Ministerio Público, con lo cual no solo le arrebata la credibilidad a sus integrantes, sino que podría entorpecer investigaciones formales sobre cualquier ilícito en dicha adquisición.

Otra iniciativa más busca, de nuevo, beneficiar a sindicados de ilícitos, con lo que se consolida la percepción generalizada del peligroso rumbo por el que avanzan el Congreso y el Ejecutivo, que desafían al sistema legal establecido y envían un preocupante mensaje sobre las reales intenciones de quienes, en vez de encarar a la justicia, apuntan a su debilitamiento. Esto puede desembocar en una mayor ingobernabilidad, por no ser ellos los más idóneos para encabezar semejante reto.

El financiamiento electoral ilícito le está pasando la factura a la partidocracia nacional. Por ese delito ya desaparecieron el Partido Patriota (PP) y Libertad Democrática Renovada (Líder). En espera se encuentra el oficialista Frente de Convergencia Nacional (FCN) y Encuentro por Guatemala (EG). Falta ver qué sucederá con la Unidad Nacional de la Esperanza (UNE), de cuya solicitud de cancelación ya no se tuvo conocimiento, pese a la denuncia contra su ex secretario general, Orlando Blanco, por ese delito en la campaña electoral del 2015. Pero es obvio que no solo sobre esos partidos existen dudas acerca de la forma en que han recibido fondos para cubrir sus campañas. La falta de un control efectivo por parte del Tribunal Supremo Electoral (TSE) permitió en el pasado que el dinero fluyera en grandes cantidades y que a la postre incidiera en el pago de favores cuando los candidatos accedían al poder.

La política en Guatemala ha estado privatizada. Solo quienes tienen padrinos con mucho dinero han podido participar en las contiendas electorales. Nos han vendido la ficción de que los ciudadanos acudimos a las urnas a elegir al presidente, vicepresidente, diputados y alcaldes, pero en la práctica estos no nos representan porque ya están comprometidos con quienes han financiado su campaña. El TSE fijó en Q58 millones 200 mil el límite de gastos para cada partido en los comicios anteriores. ¿Quién puede competir con ese poder económico? No solo es una cantidad exorbitante, sino que encima el PP, la UNE y Líder se excedieron en ese gasto en los procesos electorales pasados. El dinero tenía que provenir de grandes empresarios o del crimen organizado, los cuales no dan fondos sin que tengan beneficios posteriores. Ese financiamiento es una inversión a futuro y muchos de los que dieron aportes se escudaron en el anonimato, ergo, financiamiento electoral ilícito.

Recientemente, Insight Crime reveló que el grupo de narcotraficantes los Zetas habría aportado US$11.5 millones (unos Q86 millones) para la campaña electoral de Álvaro Colom, de la UNE, en las elecciones del 2007. También señaló a Gloria Torres, hermana de Sandra Torres, en esas relaciones con el crimen organizado. Insight Crime indicó que tras la victoria de Colom, representantes de los Zetas fueron recibidos en el Palacio Nacional “para cobrar sus inversiones”, entre las cuales estaban contratos para obras públicas y colocación de personas en puestos claves. La actual dirigencia de la UNE no negó haber recibido esos fondos, pero alegó que los obtuvieron dirigentes que ya no pertenecen a ese partido. ¿Será que una agrupación política se puede escudar en ese argumento del cambio de dirigentes? En todo caso, a la UNE también le detectaron el pago de US$68 mil en 2011 por el uso de un helicóptero y hay inconsistencias sobre Q21.5 millones en pagos por campaña electoral a medios de comunicación, además del uso de recursos públicos para promover la imagen de Sandra Torres.

Después del descalabro del PP y Líder surgió una serie de minipartidos, cuya única existencia es su representación en el Legislativo. ¿Cómo podrían enderezar campañas para las próximas elecciones? La respuesta es clara: financiamiento electoral ilícito. Esa es la razón de que varios diputados tránsfugas busquen revertir la reforma al artículo 205 Ter de la Ley Electoral, para que se puedan cambiar de bancada y participar en los comicios del 2019. Los tránsfugas llegaron al Congreso por medio de financiamiento electoral ilícito y esa es una de las razones de que ahora veamos que representan una de las legislaturas más corruptas que hayan existido. Por eso es importante que las investigaciones del Ministerio Público y la Cicig se extiendan a todos los partidos políticos porque casi ninguno se salva de ese pecado original.

@hshetemul

Cabe recordar que EG es el segundo partido con una larga trayectoria que queda en el tinglado político nacional, al igual que la Unidad Nacional de la Esperanza (UNE), que ha quedado muy cerca de una posible desaparición, pues también sobre esta agrupación avanzan investigaciones por los mismos hechos irregulares que han hecho desaparecer otros partidos en meses recientes.

Si estas dos agrupaciones siguen el mismo recorrido de Líder y el Patriota, junto a FCN-Nación, el descalabro partidario nacional alcanzará niveles históricos, pues desaparecerían los últimos grandes partidos y apenas quedaría un puñado de grupúsculos politiqueros, nutridos de tránsfugas, quienes además hacen enormes esfuerzos por resucitar a la vida política, pues en la vida real, así como el partido de gobierno, son literalmente zombis que apenas deambulan hacia la senda electoral.

La UNE está en las mismas circunstancias de los últimos partidos que han hecho gobierno o han tenido un papel protagónico en el Congreso, pues quien fungiera como su secretario general en las elecciones del 2015, Orlando Blanco, libra su propia batalla ante la justicia porque si bien la solicitud de retirarle el antejuicio había sido rechazada por el juez pesquisidor, tuvo que intervenir la misma Corte Suprema de Justicia para despojarlo de inmunidad para que pueda ser investigado sin impedimentos.

Según el TSE, la UNE no habría reportado más de dos millones de quetzales en la campaña anterior, los cuales habrían sido utilizados para el pago de transporte aéreo para quien entonces era la candidata presidencial de ese partido, Sandra Torres. Por eso es que Blanco aduce que nunca manejó tales recursos, lo cual deberá esclarecerse conforme avancen las investigaciones para determinar quién recibió esos aportes.

Lo cierto es que si en los próximos meses salen del ruedo las tres agrupaciones citadas, el próximo evento electoral será mucho más impredecible de lo que fue el del 2015, pues además los partidos participantes tendrán serios tropiezos para conseguir recursos, pues no solo habrá una mayor fiscalización de las autoridades electorales, sino también se volverán muy escurridizos los financistas, pues aún está fresco el escozor de la anterior contienda, aunque todavía no se quieren dar por enterados.

Por supuesto, habrá enormes esfuerzos por inyectarles recursos a quienes puedan representar una posibilidad de mantener las cosas como hasta ahora, pero hasta eso será más difícil, porque también el papel que ha jugado la corrupción en las últimas contiendas electorales ha salpicado a toda la clase política y muchos de quienes todavía hacen esfuerzos por no quedar en el camino tampoco logran enviar señales de cambio, sobre todo quienes buscan mantener un modelo insostenible desde el Congreso.

A eso se reduce la carta de entendimiento firmada el pasado jueves entre los magistrados del Tribunal Supremo Electoral y la Comisión Internacional Contra la Impunidad en Guatemala, cuyo objetivo es fiscalizar las finanzas de los partidos políticos, a las puertas de un nuevo proceso electoral que debe ser sustancialmente diferente a los anteriores.

El monitoreo de los aportes dinerarios a las agrupaciones políticas es una de las tareas más urgentes a emprender por los guatemaltecos, pues vale recordar que los últimos tres partidos ganadores de los comicios presidenciales están bajo investigación. Uno de ellos, el Patriota, ya fue cancelado; el actual partido oficial, FCN-Nación, está en proceso de cancelación y se encuentra bajo investigación la Unidad Nacional de la Esperanza.

La figura más relevante que está a las puertas de enfrentar a la justicia es el presidente Jimmy Morales, acusado de no haber registrado millonarios aportes a su campaña. El destino de esos fondos encajaría en financiamiento electoral ilícito, lo que la justicia trata de esclarecer y para lo cual tramita el retiro de su inmunidad.

Contraproducente es, por ello, la irrupción en forma atropellada de un grupo de inconformes en la sede del TSE para protestar contra la firma de ese convenio, porque además han sido quienes más han enarbolado la bandera de la soberanía nacional, mientras una de sus figuras más vociferantes era una ciudadana de origen cubano, lo cual desvirtúa cualquier reclamo en nombre de los guatemaltecos.

Oponerse a la fiscalización de los aportes financieros a los políticos es una de las posturas más absurdas, porque la falta de esa fiscalización y reticencia a la rendición de cuentas ha hecho que los presidentes se conviertan en piezas manipulables de sus financistas, y mientras eso no se combata de manera eficaz se corre el riesgo de continuar por el sendero de la corrupción, pues ahora medios internacionales dan cuenta de que grupos vinculados al narcotráfico habrían aportado millonarios recursos a campañas presidenciales.

Las autoridades del TSE no deben albergar la menor duda de que hicieron lo correcto y que esa es la vía que deben seguir para sanear y hacer transparentes los aportes a las agrupaciones partidarias, las cuales no solo deberían competir en condiciones de igualdad, sino independizarse de sus tan generosos donantes, para concentrarse en planes de gobierno y no en el pago de favores.

Los procesos electorales se han convertido en la última barrera para depurar la política, y cada vez se hace más evidente que eso se busca evitar, en una falta de total sentido común porque toda acción opuesta a esos objetivos evidencia un anclaje con un pasado del cual los guatemaltecos debemos salir, y para ello es vital el empoderamiento del TSE, que debe ser el primer garante de la transparencia del próximo proceso y de la justicia electoral.

Si se acepta como válida la idea de ser la política guatemalteca una verdadera cloaca de acciones inmorales e ilegales, y además se ve al Ministerio Público como la institución estatal cuyo fin es investigar todos los casos, se deben apoyar las acciones para investigar el financiamiento ilícito, pero al mismo tiempo exigir una tarea similar en la totalidad de los partidos. En realidad, no se escapa ninguno porque fueron fundados y funcionaron o funcionan dentro de la lógica de la impunidad o, al menos, de la ignorancia de las leyes respectivas. Los principales focos de interés del MP, con la ayuda de la Cicig, deben ser aquellos convertidos en partidos oficiales, o contendientes llegados a segunda vuelta electoral, así como a los dirigentes, fundadores, caudillos, pero también a quienes otorgaron los fondos.

En el caso del FCN-Nación, su microscópico tamaño antes del loteriazo electoral provocado por el masivo voto popular contra la candidata adversaria, permite pensar con seguridad en la recepción de dineros no necesariamente oscuros, pero convertidos en financiamiento ilícito al no haber sido reportados por equivocación, pero esta posibilidad es también microscópica. Encuentro por Guatemala tiene ahora una tormenta semejante, y le será difícil a su lideresa explicar en forma simple y creíble lo sucedido. Las investigaciones del MP tienen ahora un ritmo lento, pero la primera presentación pública le significó a la nueva jefa de la institución un oasis de credibilidad ante las críticas por su larga inactividad. Sin embargo, debe entender la crucial importancia del factor tiempo, porque justicia tardada puede llegar a ser inútil.

La Unidad Nacional de la Esperanza es el partido causante de mayor interés en la población al respecto de la siguiente actividad del MP. En su tiempo fueron numerosas las críticas de opositores y comentaristas acerca de malos manejos de ese gobierno Torres-Colom, pero además, el prestigio de la entidad investigadora terminará de afianzarse porque en la etapa anterior extrañó la actitud pasiva ante ese partido. Al haber nacido y vivir dentro del laberinto de la corrupción, la exagerada muestra de fondos para pagar el acarreo de los votantes, las camisas, los helicópteros, etcétera, no debe pasar mucho tiempo antes de encontrar un resquicio o una gruesa grieta de evidencias y de pruebas. Por este motivo se explica la tan justificada preocupación de todas las autoridades del partido, en especial los diputados.

Pero hay otra área de investigación. Una es a los partidos restantes, como Creo, Unionista y otros. Deben ser agregados los partidos producidos por tránsfugas de partidos desaparecidos, como Líder y Patriota, o por desaparecer, como el unipersonal Unionista. Todo ello debe ser realizado en tiempo razonable, ayudará al sistema legal y específicamente a las elecciones, al reducir el número de participantes y con ello el tamaño del cartón de lotería, perdón, de la papeleta electoral. De no ocurrir, existe la posibilidad teórica de más de veinte partidos apiñados en ese documento y esto contribuiría a alejar a los votantes, sobre todo en las áreas rurales, ya disminuidos a causa de la dificultad de transporte y de los regalos de cualquier tipo entregados a los asistentes de los shows gratuitos llamados mítines en Guatemala.

Un efecto colateral para dificultar el financiamiento de los partidos lo constituye la disminución de financiamientos, ante las dudas sobre la legalidad de las aportaciones en efectivo y en especie. No por ello el MP y la Cicig deben detener o terminar con su tarea. Los sectores y las personas con dudas o convencimientos de verse afectados, lógicamente y por salvarse lanzarán todas sus armas para detener el proceso de la ley, ya sea con entrampamientos y güizachadas con ataques de intentos de desprestigiar a los críticos y especialmente a los medios informativos independientes. Algunos hechos de las últimas semanas permiten comprender la compleja variedad de los problemas en la lucha contra la corrupción, cuya derrota afianzará la tragedia nacional.

En 2015 se dio una prueba de ello, cuando el Ministerio Público y la Comisión Internacional Contra la Impunidad en Guatemala desbarataron el gobierno del Partido Patriota, enviando a prisión a sus principales dirigentes, bajo cargos de corrupción, lo que influyó en el ánimo de los votantes, quienes creyeron ver en el actual mandatario y su partido una opción diferente y alejada de la politiquería.

No fue así y hoy el presidente Jimmy Morales enfrenta nuevos señalamientos de corrupción, al no haber reportado importantes aportes financieros a su campaña electoral, lo cual no solo constituye una prueba para el sistema de justicia, sino también para el mismo Congreso, donde muchos ven un manto protector para el mandatario, aunque muchas circunstancias han cambiado.

FCN-Nación, el partido que llevó al mandatario al poder, también enfrenta su propia batalla, pues el Tribunal Supremo Electoral anunció el inicio del proceso de cancelación, lo que tiene a los dirigentes haciendo esfuerzos para revertir esa decisión, lo cual también constituye una prueba para la justicia, aunque podría ser que los esfuerzos resulten infructuosos.

En las últimas horas, los abogados del partido oficial presentaron una nueva acción judicial para evitar su cancelación, a pocos días de que las autoridades electorales cumplan con el periodo de audiencias, pero es claro que los esfuerzos serán inútiles y que solo prolongarán la agonía de una de las agrupaciones más fugaces, pues tampoco parecen tener una buena imagen ante la población, a la luz de la gestión desarrollada.

Lo ocurrido con FCN es algo que se ha venido repitiendo en los últimos años, pues desde diferentes instancias se busca hacer aportes a los partidos mayoritarios, lo cual ya ha dejado una huella imborrable en el quehacer político nacional, como lo pueden atestiguar las desaparecidas agrupaciones Líder y Patriota, que fueron canceladas por causas similares y ahora el partido del Gobierno podría ser el que más rápido alcanzó el poder y su extinción.

Tampoco es el único caso, pues cargos similares enfrentan quienes fungieron como secretarios generales en la anterior elección, quienes también recibieron recursos que no fueron reportados al TSE y por lo cual ahora son investigados, como sucede con la Unidad Nacional de la Esperanza, que también deberá esclarecer las sindicaciones en los tribunales y ante las autoridades electorales.

A todos ellos se une ahora Encuentro por Guatemala, partido liderado por Nineth Montenegro, contra quien el pasado viernes el MP y la Cicig presentaron denuncias de financiamiento ilícito y por lo cual tramitan en el Organismo Judicial que se le levante el derecho de antejuicio, a fin de poder profundizar las investigaciones. Todo ello hace vislumbrar un proceso electoral de los más atípicos de los últimos años y sobre el cual todavía no está dicho todo.

La pasión y el desconocimiento del contexto pueden ser muy malas consejeras a la hora de ponderar los sucesos que analizamos. Un buen ejemplo actual es el caso de financiamiento electoral. En el calor de la animadversión hacia los politiqueros corruptos es fácil tirar la piedra y meter a todos en el mismo costal, pero las cosas distan mucho de ser tan simples.

Hoy pocos parecen recordarlo, pero la situación hace tres años era muy complicada. En medio de un proceso electoral atiborrado de dinero del narco y de la corrupción, se empezó a destapar la trama de abusos extremos de los patriotas. Para muchos que vivían en su burbuja fue la gran novedad; para los que llevamos muchos años dando la batalla de las ideas, fue apenas una confirmación de lo que sabíamos y hemos combatido por años.

No por nada llega uno a asquearse de todo lo que gira alrededor del poder. Son muchos años de ver cómo cambian las caras, las circunstancias, los corruptos, pero el sistema sigue igual. Los años de observar la catástrofe no han hecho más que confirmar mi convicción que el problema es el poder discrecional del que gozan los funcionarios y que la batalla debe encaminarse a limitar ese poder.

Esa misma experiencia lo lleva a uno a comprender que si ese poder —con pocos, nulos o inoperantes límites— puede corromper a las “buenas personas”, en manos de un megalómano puede convertirse en una tragedia de proporciones inimaginables —si no me cree, solo hay que ver a la miseria que veinte años de poder ilimitado han llevado a los venezolanos—.

Y es precisamente ese el contexto que vivíamos hace tres años. Un par de megalómanos que habían demostrado no tener ningún escrúpulo para aprovecharse del dinero de los tributarios y pisotear a quien osara oponérseles eran quienes más posibilidades tenían de llegar al Guacamolón. Esos que aún sin gozar todavía del poder ya se sentían reyes y reinas al grado de amenazar a diestra y siniestra de quebrar a quien no les diera dinero para su “campaña”.

Fue la época del “No te toca” y la del excómico convertido a político que empezó a surgir. Fue en ese contexto que se dio la reunión con potenciales financistas a quienes pidió apoyo para poner fiscales en las mesas que garantizaran que se respetara la decisión de la ciudadanía.

Si bien considero un error hacer los aportes fuera del partido —error del que ahora están pagando las consecuencias—, puedo entender la decisión de hacer algo para garantizar que los fiscales de los megalómanos tuvieran algún contrapeso en las mesas electorales y evitar la posibilidad de un fraude. Sin ese aporte, quien quita que los resultados hubiesen sido distintos y hoy viviéramos una realidad mucho peor que la actual —por inconcebible que parezca—, encaminándonos a una situación muy similar a la de Venezuela o Nicaragua.

Ahora la pasión y el resentimiento de muchos se cierne sobre ellos metiéndolos en un saco incluso peor que en el que se ha metido a los corruptos y criminales. Es la arrogancia que da la incapacidad de comprender las alternativas. Yo en cambio les reconozco que —en su circunstancia y contexto— tomaron la decisión que creyeron mejor para salvar a Guatemala de los megalómanos y han afrontado valientemente las consecuencias de su decisión, aún cuando no se compara ni de lejos con todas las iniquidades de los megalómanos que hasta la fecha permanecen impunes. Ello los hace acreedores de todo mi respeto.

Ojalá que de todo esto aprendamos las lecciones: Hay que concentrarse en poner límites al poder y hay que defender abierta y públicamente aquellos principios que uno considera correctos.

Fb/jjliber

Rajoy fue relevado luego de una investigación de nueve años contra la corrupción y financiamiento político irregular que involucraba a su partido. El caso es un referente en la historia jurídica internacional.

En febrero del 2009, el juez Baltazar Garzón inició la investigación de un grupo de empresarios en el financiamiento del Partido Popular en Madrid y Valencia. Lo encabezaba el empresario Francisco Correa, condenado a 51 años de cárcel, y dos funcionarios de dicho partido, cuyas condenas suman 300 años de cárcel por financiamiento ilícito, tema que en Guatemala apenas comienza.

Con el paso de los años y en buena parte gracias a ese respaldo espurio, el PP y Rajoy llegaron al poder, del cual debió salir cuando los tribunales evidenciaron lo ocurrido, indispensable de aclarar sin comprometer el rumbo del país. El eje central de esta trama es la valiente y rigurosa acción de Baltazar Garzón, el icónico juez español quien promovió el arresto de Pinochet en Londres, dirigió la defensa de Julian Assange, ayudó a desmantelar a la ETA y desarrolló la primera y más importante etapa de investigación contra el mencionado financiamiento político ilegal del PP.

La fortaleza procesal y probatoria observada por el juez Garzón desde el inicio permitió que su trabajo y el de otros dos jueces respetara el debido proceso y no tuviera retroceso alguno, buscando la justicia mediante la correcta aplicación de la ley.

Garzón es todo un referente mundial de la lucha anticorrupción. Cuando fue juez, se elevó muy por sobre otros administradores de justicia del mundo hispanoparlante porque, es de reconocerse, desarrolla su trabajo escrupulosamente dentro del modelo español.

Esos tribunales pueden preciarse de ser cuidadosos con los alcances de sus decisiones y observadores de los debidos procesos. Con un entorno jurídico de ese nivel, los procedimientos se respetan para que la justicia no sufra distorsiones, tanto de forma como de fondo, y la corrección procesal sea una garantía plena para quienes son sometidos ante el escrutinio legal en España.

Es necesario hacer hincapié en el peso del trabajo de Garzón y la continuidad que le dieron a ese esfuerzo los también jueces Antonio Pedreira y Pablo Ruz. Es un tema de compromiso con la justicia y la certeza de que esta es parte de un entorno institucionalmente sano y fuerte. La política no es preocupación, feudo ajeno ni excusa para imponer o empañar la ley. Bajo este entorno, la sociedad puede confiar en que su futuro está al resguardo de la ley.

El mundo debe observar con detenimiento este caso, que terminó con el gobierno de Rajoy. Es una escuela de lo que debe ser la lucha contra la corrupción, y de lo que un sistema institucionalmente sano puede hacer para depurarse. Guatemala debe tomar nota, porque en este momento hay insatisfacción y dudas por la integración y por muchos fallos de las máximas cortes del país.

Es tanta la prisa del Congreso por apuntalar uno de los más corruptos sistemas de Latinoamérica, que en pleno receso legislativo han sesionado ya en cuatro ocasiones de manera extraordinaria, con el principal objetivo de acelerar una agenda claramente identificada con la ampliación del manto de impunidad, cuyos beneficiarios son los secretarios generales de los partidos contendientes en las elecciones de 2015.

La primera acción concreta en esa vergonzosa búsqueda de autoprotección ocurrió el pasado martes, cuando en forma acelerada promovieron una votación para favorecer a uno de los ministros más incapaces del actual gobierno, cuyo principal mérito ha sido buscarle apoyos espurios al presidente Jimmy Morales.

Ayer, en un nuevo episodio de descaro, aprobaron en primera lectura las reformas para ablandar el castigo a quienes deberán rendir cuentas por el manejo de recursos que no fueron registrados para financiar la campaña electoral de 2015, entre ellos el presidente Morales, secretario general de FCN-Nación durante esos comicios.

La desvergüenza, sin embargo, no es exclusiva de los diputados, pues ayer el Gobierno anunció, por medio del vocero Heinz Hiemann, que Alfonso Alonzo, ministro de Ambiente y Recursos Naturales, continuará en su cargo por orden del presidente Morales, como si tal decisión fuera un acto de hidalguía, cuando representa justamente lo contrario, por ser una acción bochornosa, debido al pésimo mensaje que envía el Ejecutivo respecto de sus prioridades y exigencias éticas.

Inevitablemente se acrecienta la pesadumbre respecto de los objetivos gubernamentales y legislativos frente a una nueva crisis humanitaria, porque cuando miles de compatriotas no tienen ni siquiera dónde dormir y solo cuentan con la solidaridad de los guatemaltecos, los políticos continúan asumiendo una actitud oportunista para favorecer a las mafias de cuello blanco, que a toda costa tratan de evitar su cita con la justicia.

Esa decisión indudablemente tendrá repercusiones negativas sobre quienes de manera pusilánime enarbolan la bandera de la impunidad y el abuso, mientras una nueva amenaza se cierne sobre millones de guatemaltecos, en total desamparo, con la llegada de un invierno que puede complicar las condiciones prevalecientes en el área del deslave del Volcán de Fuego, y ante lo cual también se observan vergonzosas deficiencias de las autoridades responsables de administrar ese tipo de crisis.

Es un panorama por demás preocupante para miles de guatemaltecos, entre ellos quienes quedaron en el desamparo por la furia volcánica y por la indiferencia y el abuso de sus máximos representantes y de las autoridades centrales, las cuales continúan dando preocupantes muestras de improvisación y de escasa sensibilidad ante quienes solo conservan la esperanza.

Es importante que lo sucedido llame a la reflexión, y pongan sus barbas en remojo, pues no es posible que el statu quo se mantenga invariable. Después de la riqueza acumulada, es tiempo de que piensen en la modernización del país pues tienen los recursos para hacerlo. Que piensen en el bienestar de las personas, para que al igual que ellos la disfrutan, lo puedan hacer también sus empleados y las comunidades alrededor de ellos, ya que literalmente están matando “la gallina de los huevos de oro”, que ya no está dispuesta a soportarlo. En lugar de pelear cada año el salario mínimo, deberían propiciar el pago de salarios dignos que permitan que las personas no piensen en el “sueño americano”, pues Guatemala tiene el potencial para proveer el “sueño centroamericano”. Invertir en la infraestructura del país, la que han utilizado y saqueado sin dar nada a cambio.

Los empresarios ahora están dispuestos a resarcir, tal como también lo hicieron algunos empresarios de la construcción al sorprendérseles por dar coimas en el Ministerio de Comunicaciones. Este dinero proveniente de sus jugosas ganancias, es como quitar un pelo al gato, y es un pago injusto por la corrupción cometida.

Me llamó la atención un artículo que circuló en las redes sociales en el blog Púchica Muchá, del que comparto un párrafo: “Detrás del guion de la tragicomedia que llevó a Jimmy Morales a la presidencia existía toda una estructura influyente en el país, grandes empresarios oligarcas que ocultaron su participación, proveyeron ilícitamente de recursos a Morales para que llegara al poder, un pueblo iluso haciendo campaña de gratis, pastores evangélicos que se prestaron al show y una cúpula militar corrupta protegiéndolo, fueron la fórmula perfecta para llevar a Guatemala a uno de los atrasos más grandes de la historia en todos los sentidos. La oligarquía puso el pisto, los militares su estructura, los pastores sus iglesias y la población desinformada los votos, para los tres primeros fue un buen negocio, para el pueblo NO”.

samreygo@yahoo.com

Al ser señalados altos dirigentes del entonces minipartido que apoyaba en las elecciones a Jimmy Morales de haber participado en la recepción de fondos cuyo camino no ha sido posible descubrir, poca duda cabe de que el andamiaje del oficialismo se tambalea y que el panorama político nacional se encuentra envuelto en serias y mayores tormentas.

No se puede olvidar que, al momento de la recepción de esos dineros, el ahora presidente de la República era el secretario general del partido, y por tanto dentro de sus responsabilidades se encontraba el control del manejo de los fondos recibidos y de la legalidad de los procedimientos utilizados. Esto era fundamental, además, por los eslóganes políticos en referencia a la corrupción y el robo generalizados.

Ciertamente, algunas personas consideran que hay algún tipo de atenuante porque esas prácticas de dineros entregados bajo la mesa tienen una larga data. Pero así como la ignorancia de la ley no excusa su cumplimiento, la tradición de violarla tampoco excusa el castigo cuando los violadores son descubiertos.

Las declaraciones de la señora Paiz y del señor Botrán no se pueden criticar porque simplemente son como la reacción de alguien que ahora entiende haber hecho algo malo, y por ello está dispuesto a informar a las autoridades, tarea pocas veces realizada en Guatemala por razones de compadrazgo o de una mal entendida lealtad.

No es necesario conocer de leyes ni de conveniencia política para saber cuál debe ser el destino del partido: seguir la ruta de Líder, Patriota y todos los demás surgidos a la luz de la ambición personal, y sin ninguna característica partidista dentro de una democracia representativa, que necesita determinadas cualidades, no llenadas por ninguna de las actuales agrupaciones representadas dentro del Congreso de la República.

La crisis en que se encuentra el presidente Morales se vio agravada por el inesperado fallecimiento del único político con posibilidades de ayudarlo, pero esto era resultado exclusivo del liderazgo del jefe Arzú, imposible de mantener a causa de las características personales de quien dirigió férreamente los partidos que dirigió, como suficientemente ha sido señalado por comentaristas y editorialistas de Guatemala.

Es necesario señalar, además, que los guatemaltecos debemos estar preparados para hechos inesperados en el campo político. Al camino aún le falta largo trecho. Muchos advenedizos quedarán al margen, pero los que sean alcanzados tendrán muchos motivos para meditar lo que hacen.

El Ministerio Público (MP) reprodujo el testimonio en anticipo de prueba de Paulina Paiz Riera en la audiencia de primera declaración del caso de financiamiento electoral ilícito del partido FCN-Nación, quien ofreció detalles del apoyo otorgado por empresarios.

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José Andrés Botrán y Rodrigo Arenas también comparecieron ante la jueza Éricka Aifán, señalados de financiamiento electoral Ilícito por la Fiscalía y la Comisión Internacional contra la Impunidad en Guatemala (Cicig).

Ambos escucharon el testimonio de Paiz Riera, pero la audiencia fue suspendida antes de que pudieran declarar.

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Botrán, exsecretario presidencial de Seguridad Alimentaria y Nutricional, presuntamente giró instrucciones para hacer posible el pago de los fiscales de mesa, personas de confianza del partido que vigilan los votos emitidos el día de las elecciones, durante la primera y segunda vuelta electoral.

Por su parte, de acuerdo al MP, Arenas se habría valido de su cercanía con los empresarios para captar, administrar y coordinar los recursos que fueron utilizados para pagar fiscales de mesa.

Además, se presume que el exdirector ejecutivo del Movimiento Cívico Nacional fue el contacto entre el grupo de empresarios y el entonces candidato Jimmy Morales y el que organizó las reuniones en las que se pactó el tipo de apoyo que recibiría FCN-Nación.

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Incluso, Arenas habría creado dos grupos de WhatsApp, uno llamado “SVR Nova” y otro denominado “Factura Pendiente”, para coordinar pagos con los recursos provenientes del grupo de empresarios.

Según el testimonio, Morales sugirió a los empresarios hacer los aportes de forma anónima porque el partido ya no podía reportar más ingresos al Tribunal Supremo Electoral (TSE), pero, según la investigación, esta práctica cometió el delito de financiamiento electoral ilícito.

Para lograr su cometido, las aportaciones económicas del grupo de empresarios fueron recibidas por la empresa Novaservicios, S.A. y por medio de esta se les pagó a los miles de fiscales de mesa que participaron en las dos vueltas electorales.

Para la primera vuelta se destinaron Q3.9 millones y para la segunda otros Q4.4 millones. En total se gastaron más de Q8 millones.

Testimonio clave

En el audio, Paiz es indagada por la jueza sobre la razón por la que decide declarar, y ella simplemente responde: “porque es lo correcto”. Luego admite que podría estar declarando en contra de familiares.

En su relato, la testigo relata que ella pertenecía a una familia de empresarios y “tenía la inquietud de hacer algo por el país”. Negó haber recibido algún beneficio por sus aportes a la campaña.

“Durante el 2015 se dieron movilizaciones ciudadanas que nunca se habían dado antes y queríamos hacer algo por el país”, dijo Paiz.

De acuerdo al testimonio, entre el grupo de empresarios que finalmente terminaron aportando a la campaña, existía “temor generalizado de quién sería el próximo presidente”. “Habían candidatos que estaban involucrados con el narcotráfico”, comentó Paiz.

Paiz dijo que el grupo de empresarios consideraba que Morales era un candidato “más limpio” que los otros. Entonces, por iniciativa de ellos, el grupo invitó al entonces secretario general de FCN-Nación a una reunión. “El encuentro fue informal y fue más para conocer su plan. Nos pareció que era una persona buena y preparada”, aseguró Paiz.

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De acuerdo con Paiz, fue ella la que sugirió usar Novaservicios, S.A., una empresa de un familiar que fue utilizada para el pago de planillas para sufragar los salarios de los fiscales de mesa. “Había que hacerlo de acuerdo a la ley y pagar los impuestos”, aseguró.

Paiz dijo que entre el grupo de empresarios hubo algunos miembros que no estuvieron de acuerdo con hacer las cosas “bajo de agua”. “Jimmy Morales era percibido como un candidato sin compromiso y no quería comprometer eso”, explicó.

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Tras la campaña electoral de Jimmy Morales en el 2015, que se presentaba como un candidato independiente y sin recursos económicos, se instaló una maquinaria electoral que recibía fondos del G-8, el grupo que representa a las familias más adineradas del país. Los fondos provenían de empresarios como Julio Ramiro Castillo, del Banco Industrial; Felipe Bosch Gutiérrez, de Inversiones Nuevas; Julio Castillo, de Cervecería Centroamericana; José Torrebiarte, de Cementos Progreso, y de los azucareros Fraterno Vila, José Andrés Botrán, Ramiro Alfaro y Herbert González, entre otros. Sí, el dinero venía de los que siempre han mandado en Guatemala y que han mantenido el statu quo en materia social, económica y política. El proyecto oligárquico detrás de Jimmy Morales fue coordinado por Salvador Paiz y Rodrigo Arenas, este último fue quien estuvo en contubernios con Alejandro Sinibaldi y apoyó con propaganda al Partido Patriota.

El candidato Jimmy Morales mintió a la población. Sabía que si se filtraba la información de quiénes eran sus padrinos se vendría abajo su imagen de outsider, por lo que él mismo pidió que la plata ingresara sin el conocimiento del Tribunal Supremo Electoral, lo que definió ese hecho como financiamiento ilícito. Ahora ya no se trata solo de documentos, sino que existen dos testigos que cantaron al MP y la Cicig sobre el financiamiento ilegal de Q15 millones. Las declaraciones de las empresarias Paula Paiz Riera y Olga Méndez López fueron respaldadas por correos electrónicos y facturas, por lo que el caso ahora está bien sustentando. Todo parece indicar que la decisión de ambas de convertirse en testigos tuvo el visto bueno del G-8 para aminorar el escándalo por su apoyo al FCN-Nación.

El siguiente paso del sector empresarial fue hacer un mea culpa sobre su participación en el financiamiento electoral ilícito. Frente a las cámaras pidieron disculpas y llamaron “error” al delito cometido, una práctica que han llevado a cabo en cada elección presidencial, porque de esa forma han comprado su derecho a imponer ministros y dirigir las políticas económicas y financieras del país. La comparecencia pública del grupo de empresarios es inédita en la historia guatemalteca y sobre todo su promesa de que no volverán a repetir el financiamiento electoral ilícito. Es un hecho gratificante, pero que en ningún momento implica que no deban ser procesados por un delito confeso. El nunca más debe ir acompañado de la aplicación de la justicia en igualdad de condiciones, sin importar sus millonarias fortunas. Corrupto y corruptores deben ir a la cárcel.

El presidente Morales se encuentra en el momento de mayor aislamiento porque el sector empresarial ya no es más su aliado. Pero aún con testimonios y pruebas en contra, el mandatario se cierra en negar todo hecho y vuelve a lanzar sapos y culebras contra el MP y la Cicig. Es un mentiroso compulsivo. Esta vez insiste en buscar las formas más abyectas para echar del país a Iván Velásquez, a partir de revivir el supuesto allanamiento ilegal a la Casa Presidencial, hecho que hace dos años él mismo negó. En su desesperación se refugia en el Ejército como si este fuera a salvarlo y cierra los ojos ante el desprestigio de esa institución que ha afrontado la captura del director de Logística del Ministerio de la Defensa, por sus vínculos con la Mara Salvatrucha, y de otros implicados en trasiego de drogas. La insistencia del mandatario en atacar a la Cicig solo amplía su aislamiento y acelera su caída, cuyo primer paso sería la cancelación del partido FCN-Nación. Lástima grande que sea el presidente el encargado de seleccionar al próximo fiscal general porque a todas luces está incapacitado para hacerlo, por su inestabilidad emocional y el conflicto de intereses que tiene.

@hshetemul