En el patio de la Paz del Palacio Nacional de la Cultura, se darán cita hoy, a las 17 horas, cerca de un centenar de funcionarios, diplomáticos y políticos, para conmemorar el 22 aniversario del Convenio de  la Paz Firme y Duradera, firmado el 29 de diciembre de 1996.

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Así prevé la funcionaria que será el ambiente que se vivirá este sábado en el edificio de gobierno, donde el presidente Jimmy Morales dará a conocer un breve informe de sus logros en el cumplimiento de los acuerdos, los cuales, según la exsecretaria de la Paz y signataria del Convenio Raquel Zelaya, “son una agenda vigente que no puede faltar en los debates de los candidatos a la Presidencia y las alcaldías del próximo año”.

Luces y sombras

Zelaya  considera que la agenda sustantiva de los acuerdos de paz continúa  vigente, con sus “luces y sombras”, porque si se analiza, por ejemplo,  el Acuerdo sobre Identidad y Derechos de los Pueblos Indígenas, suscrito en México en 1995, los problemas “no están totalmente atendidos y resueltos, pero están vigentes en la agenda nacional”.

Sin embargo, Zelaya cree que ese alto al fuegoha permitido  que esas zonas vean ahora alguna luz, pues aunque siguen siendo pobres, al menos pueden pensar en tener un centro de salud o escuelas, porque durante el conflicto armado “esas áreas se encontraban minadas, y aunque hubiese fondos nadie aplicaba para llegar a  construir”.

Según la exsecretaria de la Paz, ha sido difícil darles seguimiento con el mismo empuje a todos los acuerdos porque son muy complejos, y no solo abarcaron  el cese al fuego y la incorporación de la insurgencia, sino que fueron “los primeros que se firmaron en el mundo que  incluyeron otros temas que tocan aspectos estructurales”.  

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“Yo creo que no es a través de una secretaría de la Paz ni de comisiones de la paz con lo que se puede lograr el cumplimiento de estos acuerdos, sino que se debe tratar de que en los debates electorales del año entrante se vuelvan a debatir y se eleve el nivel de discusión y solución para los mismos”, dijo Zelaya.

Agregó: “En síntesis, creo que los acuerdos le dieron un empujón al diseño de la sociedad, de la patria, que un día quisiéramos tener”.

Zelaya, que representó al Gobierno en la firma del Acuerdo de Paz Firme y Duradera, afirma que lo suscrito con la Unidad Revolucionaria Nacional Guatemalteca (URNG) en 1996 refleja las aspiraciones de los guatemaltecos.

Una paz política

El sociólogo y también firmante de la paz Gustavo Porras indica que lo más destacable de este suceso es que se logró la paz política que durante 36 años enfrentó al país, “aunque todavía queden rencores que envenenan un poco el ambiente”.

“No se ha logrado  la paz global, que es la que se desea y que genera el crimen organizado, pero eso es  otra cosa”, señala. 

En cuanto al Acuerdo sobre Aspectos Socioeconómicos y Situación Agraria, firmado el 6 de mayo de 1996 en México,  Porras recuerda que  aunque no se hayan logrado en el tiempo justo, la carga tributaria al 12 por ciento ha crecido un tanto, “porque  tampoco se requería que fuera demasiado”.

El sociólogo reitera que estas mejoras no son consecuencia de la aplicación de acuerdos específicos, sino de que se logró la paz política, la cual propició  mayor desarrollo, sobre todo comunitario, porque durante el enfrentamiento armado, particularmente en el altiplano, los pobladores se quedaron prácticamente  sin nada.

En este sentido, enfatiza Porras, hay que realzar la generación de líderes populares que surgieron de ese proceso y permitieron la participación de las mujeres en espacios que antes no tenían.

“Esto elevó el protagonismo de las mujeres, particularmente indígenas, después de la firma de la paz. Y sin ninguna duda, hoy es impresionante el papel que ellas juegan en beneficio del país”, señaló.

Hay brechas

La actual secretaria de la  Paz, Lourdes Xitumul, informó que a mediados del 2016 hicieron una evaluación de los acuerdos de paz y  de los compromisos que cada uno de ellos representa. Los resultados se  compilaron en la agenda política de la paz, que tiene una temporalidad del 2017 al 2026.

De acuerdo con la funcionaria, la Sepaz tiene una agenda armonizada con la política del Gobierno central, con los Objetivos de Desarrollo Sostenible y con el Plan Baktún, que es un esfuerzo que se hace para retomar la agenda política de los Acuerdos.

Xitumul también considera que los acuerdos de paz siguen siendo un plan de desarrollo vigente, por lo que en varios ministerios se está trabajando en los ejes de salud y educación, en donde se manejan transferencias monetarias para reducir la desnutrición.

Retrocedimos 30 años

Pablo Monsanto, quien suscribió la paz en 1996, en representación de la Unidad Revolucionaria Nacional Guatemalteca (URNG), opina que en el gobierno de Jimmy Morales se retrocedió lo que se había logrado avanzar desde 1986, cuando se abrió el actual proceso democrático.

“Los acuerdos de paz abrieron espacios para la democracia, pero estos han sido cerrados por el actual gobierno y estamos casi en la misma línea que abrió el conflicto armado —1960—; solo que en lugar de un militar, ahora tenemos a un  civil”, dijo Monsanto.

Agregó que el poder que Morales le ha dado al Ejército representa un “retroceso enorme para la democracia”, porque el papel de la institución castrense es otro. “El espacio  que tiene ahora impide el desarrollo de la  democracia”, advirtió.

“El contenido de los Acuerdos pasó a la historia con un costo social muy alto. Ahora hay más pobres, lo cual demuestra que a Morales y sus aliados fácticos les vienen del norte”, critica Monsanto, quien sentencia que los militares son los que, en la historia de Guatemala, han derogado las constituciones políticas.

Polarización originó la guerra

Las contradicciones sociopolíticas y económica a raíz de la intervención armada de 1954, así como la polarización figuran dentro de las causas históricas que originaron el conflicto armado interno que estalló el 13 de noviembre de 1960.

Aspectos involucrados en el conflicto

• Ideológico: 

La lucha contra el comunismo
La doctrina de la Seguridad Nacional
La formación de grupos insurgentes a partir de militares que desertaron
La militarización de la sociedad, del Estado y de la seguridad.

• Económico:

El uso y posesión de la tierra
Acceso a la educación
La exclusión social y la marginación
La violencia generalizada

• Político:   

Las relaciones conflictivas entre Estado y Sociedad
El autoritarismo
Los procesos antidemocráticos
La debilidad del Estado en el cumplimiento de sus funciones

• Étnico:

El proceso deladinización
El rechazo a la multiculturalidad
El racismo como expresión ideológica

• Religioso

Los usos y las costumbres de los pueblos indígenas
La propuesta de nuevos modelos de religiosidad

Fuente: Acuerdos de Paz

Los 12 acuerdos

El primero fue suscrito en 991 y el último, en 1996.

1.  Acuerdo Marco sobre Democratización para la Búsqueda de la Paz por Medios Políticos (Querétaro, México, 25 de julio de 1991)
2. Acuerdo Global sobre Derechos Humanos (México, D. F., 29 de marzo de 1994)
3. Acuerdo para el Reasentamiento de las Poblaciones Desarraigadas por el Enfrentamiento Armado (Oslo, Noruega, 17 de junio de 1994)
4. Acuerdo sobre el Establecimiento de la Comisión para el Esclarecimiento Histórico de las violaciones a los derechos humanos y los hechos de violencia que han causado sufrimientos a la población guatemalteca (Oslo, Noruega, 23 de junio de 1994)
5. Acuerdo sobre Identidad y Derechos de los Pueblos Indígenas (México, D. F. 31 de marzo de 1995)
6. Acuerdo sobre Aspectos Socioeconómicos y Situación Agraria (México, D. F., 6 de mayo de 1996)
7. Acuerdo sobre Fortalecimiento del Poder Civil y Función del Ejército en una Sociedad Democrática (México, D. F., 19 de septiembre de 1996)
8. Acuerdo sobre el Definitivo Cese al Fuego (Oslo, Noruega, 4 de diciembre de 1996)
9. Acuerdo sobre Reformas Constitucionales y Régimen Electoral (Estocolmo, Suecia, 7 de diciembre de 1996)
10. Acuerdo sobre bases para la Incorporación de la Unidad Revolucionaria Nacional Guatemalteca a la Legalidad (Madrid, España, 12 de diciembre de 1996)
11. Acuerdo sobre el Cronograma para la Implementación, Cumplimiento y Verificación de los Acuerdos de Paz (Guatemala, 29 de diciembre de 1996)
12. Acuerdo de Paz Firme y Duradera (Guatemala, 29 de diciembre 1996)

Fuente: Acuerdos de Paz

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Cuando tenía 11 años, durante una excursión en la escuela, alguien nos platicó de la Universidad de San Carlos de Guatemala (Usac) y nos animó mucho a fin de poder estudiar una carrera allí. Llegar a estudiar ahí estuvo entre mis sueños pero no fue posible al tener que irme del país por la absurda guerra civil que vivíamos en los años 1980. Sin embargo, 31 años después, la Facultad de Humanidades me ha honrado inmensamente al invitarme como conferencista de su II Congreso Nacional de Estudiantes, Ciclo 2018, celebrado el 12 de octubre último.

Haber estado unas horas en ese campus, aprender de sus 342 años de historia y sentir la energía de sus estudiantes —su esencia y razón de ser— me da esperanza de un mejor futuro. Conocer cada esfuerzo y las múltiples iniciativas que se realizan desde las aulas, los servicios sociales prestados en múltiples comunidades, en diferentes zonas y espacios, me dan evidencia de que el futuro del país transita ahí.

Concuerdo con el decano de la Facultad de Humanidades, M.A. Walter Mazariegos, al decir durante su intervención que a la Usac aún le falta por conectarse al mundo tecnológico para proveer educación y que, ante esa necesidad, los jóvenes ahí presentes tienen la oportunidad de ser los “agentes de cambio”.

Me llena de esperanza ver a las autoridades de la Usac reconocer que uno de los grandes desafíos que afronta la Universidad para satisfacer las necesidades actuales de la gente y del mercado es su transformación digital.

Las generaciones de estudiantes de hoy son nativamente digitales. Es lógico concluir que la universidad debe proveerles las herramientas adecuadas para responder a esa realidad. A nivel global, ya no estamos en la fase de irrupción de la tecnología en el sistema educativo, sino en el proceso de masificación, pues esta está presente en la educación desde los años 70.

El Estado debe facilitar los recursos necesarios para efectuar esta mejora consistente que va de la mano con la tradicional sensibilidad social de este colectivo universitario que encuentra aquí la oportunidad de cursar una profesión sin distingos de nivel económico, etnia u origen.

La universidad más grande e importante del país —por su masiva accesibilidad— no puede quedarse al margen del progreso, ni tampoco se le puede señalar de que es “demasiado cara” para descalificar la protesta estudiantil basada precisamente en el sentido crítico, no utilitarista ni dogmático, que debe tener un profesional.

Como lo dijo el rector, Ing. Murphy Paiz, en su discurso de apertura, es momento de “trabajar en equipo”. Por eso, de la mano de las otras universidades, instituciones nacionales o internacionales, de gobierno o no, se debe incorporar la infraestructura, las metodologías y la cultura digital para garantizar que los estudiantes salgan preparados para la economía y la sociedad del futuro.

Durante la guerra, cientos de profesores y alumnos fueron matados —se asesinó a una generación de inteligencias bajo supuestos ideológicos e intolerancia. Ha sido muy difícil reponerse de tal agresión, pero hoy, hay numerosos docentes y estudiantes comprometidos con la excelencia y con una mejor Guatemala.

Fue conmovedor sentirme rodeado por el entusiasmo de cientos de jóvenes que asistieron a este Congreso. Me contagiaron con su energía y voluntad, me enseñaron que aquí en la universidad estatal de Guatemala hay inteligencia para sacar adelante a la Nación, hay talento para entrar con fuerza en un mundo laboral competitivo, pero sobre todo hay una mística sólida para defender esos tricentenarios ideales que siguen inspirando a diario desde las aulas.

MarcosAntil.com

Emma Molina Theissen nunca debió haber sido violada y torturada como lo fue. El niño Marco Antonio Molina Theissen nunca debió haber sido secuestrado y desaparecido por miembros del Ejército, en venganza porque su hermana había escapado del cautiverio. Las torturas y muertes nunca debieron darse, como nunca debimos vivir una guerra y un genocidio. Y en la guerra nunca debieron pasar los horrores que sucedieron, porque no es cierto que en la guerra todo se vale y allí debieron regir el Ius in Bellum y el Ius ad Bellum que norman toda guerra. Pero todo sucedió y Guatemala se rompió en pedazos.

Quedamos rotos y heridos, y el puente que unió ese pasado con nuestro presente se llamó impunidad. Hasta ayer. En la madrugada del miércoles 23 de mayo de 2018, luego de 37 años de que los hechos sucedieran y después de más de 12 horas de espera, el Tribunal C de Mayor Riesgo, presidido por el juez Pablo Xitumul, dictó sentencia por el caso Molina Theissen. Unánimemente, le dio 58 años de prisión a los generales Benedicto Lucas García, Francisco Luis Gordillo, Manuel Antonio Callejas y al especialista Hugo Zaldaña por los delitos de violación, desaparición forzada y delitos de deberes contra la humanidad. Fue un día Kawoq, según el calendario maya, y al amanecer se resolvió lo que estaba pendiente.

La sentencia emitida no solo buscó restaurar de cierta manera el pasado, tanto para la familia Molina Theissen como para tantas otras que vivieron y siguen viviendo violencias inenarrables en Guatemala. Tiene también la posibilidad de alcanzar una verdad en el presente, porque la justicia es lo único que puede pegar nuestros pedazos rotos, atravesar el puente de la impunidad y cerrar las heridas. Además, está la dimensión de lo que aporta a futuro, porque prueba que hubo un canal de inteligencia militar, cuyos oficiales fueron responsables de diseñar y cometer crímenes de lesa humanidad. Gracias al Tribunal, así con mayúscula. Queda pendiente conocer el paradero de Marco Antonio. Y no está de más recordar que en 1981, el año en que él fue secuestrado y desaparecido, hubo más de mil personas detenidas ilegalmente y desaparecidas. ¿Cuántos niños y niñas? En ese mismo año, según Gastos Militares en Guatemala: Su Impacto Fiscal y Macroeconómico: 1969-1995, de Thomas Scheetz, todos alimentamos un presupuesto de Defensa que superó a todos los gastos sociales y nos hizo más pobres, en todo sentido. Entre 1980 y 1985 “Defensa”, que no incluye Gobernación, pasó de conformar un 9.3% de gasto del Estado guatemalteco a 21%. Eso me hace pensar en el año 2018, ahora que la sentencia condenatoria se emite: Defensa acaba de comprar cuatro aviones para “misiones interinstitucionales”, por US$60 millones. Habría que cruzar este dato con las cifras del gasto social de este gobierno.

En todo momento pudo observarse que la sala donde se realizó el juicio estuvo llena de personas, principalmente acompañando a la familia Molina Theissen. Nunca dudé que era justicia lo que buscábamos y pedíamos, pero deseé que nunca hubiéramos tenido que llegar hasta allí. Tampoco dudé que toda reconciliación pasa por la verdad y la justicia, pero el agotamiento toca todas las vidas y destroza a una sociedad entera. Le apuesto a un amanecer, a un camino, a una Guatemala distinta, pero la actual duele aún mucho.

Y allí está el Pacto de Corruptos cerrando filas para sostener privilegios y defender intereses, y allí está nuestra peor crisis diplomática y política desde los 80, y allí están los migrantes guatemaltecos sin esperanza y las niñas del Hogar Virgen de la Asunción que nunca volverán. Pero la familia Molina Theissen ha cruzado el puente, y este ha quedado abierto. Gracias por la dignidad con que llevaron todo el proceso hasta el momento de la sentencia. Gracias por el olor a justicia que dejaron a su paso, a pesar de los 37 años de espera. Dicen quienes saben, que nuestra memoria es esencialmente olfativa. Así que, desde mi memoria más profunda y gracias al caso Molina Theissen, vuelvo a sentir que la justicia tiene el olor que produce la lluvia al caer sobre suelos secos, el olor a petricor. Y siento que cada vez que se hace justicia, caminamos un poco más a ser un país.

cescobarsarti@gmail.com

Cuando llegué a una Guatemala con 5 millones de habitantes, hace poco más de 44 años, encontré al país en medio de una de las guerras internas más cruentas de América Latina. Una cadena de regímenes dictatoriales, un absoluto desprecio por los derechos humanos —esas “malas palabras”— y una población silenciada por el miedo y la represión. Medio ingenua como era, viniendo de un país en donde la política se practicaba libremente desde los años de colegio, me resultaba extremadamente difícil asimilar esa nube gris que se cernía sobre cada comentario, cada palabra dicha al pasar, hasta que me fui acostumbrando a las frases a medias, los silencios cargados de significado y la impotencia de quienes aspiraban a construir una nación libre e independiente.

Con el transcurrir de los años y ya inmersa en la realidad centroamericana, pude constatar la increíble resistencia psicológica de la población guatemalteca, quien no obstante los obstáculos opuestos a su normal desarrollo continuaba en una lucha decidida en pos de la consolidación de su débil sistema democrático y el respeto por los derechos humanos. Esta determinación ciudadana, sin embargo, durante décadas ha chocado de frente con las sólidas estructuras de corrupción e impunidad heredadas de los gobiernos castrenses y sostenidas al amparo de regímenes supuestamente democráticos, cuyos líderes han permitido y aprovechado las circunstancias para perpetrar toda clase de abusos.

En este escenario resulta verdaderamente impresionante la valentía de personas como la madre y las hermanas de Marco Antonio Molina Theissen, quienes a pesar de los años transcurridos desde la desaparición forzada de su hijo y hermano, a la edad de 14 años, han llevado ante la justicia a 5 militares de alto rango, quienes por primera vez enfrentan la perspectiva de pasar en prisión el resto de su vida. Ellos son Benedicto Lucas García, Manuel Antonio Callejas, Francisco Luis Gordillo, Edeliberto Letona Linares y Hugo Ramiro Zaldaña Rojas. Estos militares son acusados por la desaparición forzada de Marco Antonio y el secuestro, violación y tortura de su hermana Emma.

Este caso se suma a otro de inmensa relevancia, como el juicio por genocidio contra Efraín Ríos Mont —fallecido recientemente— y José Mauricio Rodríguez Sánchez por las masacres en contra de la población ixil. Este último juicio, con una histórica sentencia por genocidio dictada y luego suspendida por la Corte de Constitucionalidad, representa uno de los hitos más significativos en la búsqueda de justicia para miles de guatemaltecos víctimas de la represión y el exterminio durante los 36 años que duró el conflicto armado interno.

Al ampliar la perspectiva y echar una mirada a los otros dos organismos del Estado, llama la atención de inmediato la evidente carencia de compromiso de las máximas autoridades por realizar un esfuerzo para garantizar la transparencia en la elección de fiscal general y jefe del Ministerio Público. De hecho, se hace obvio el interés por protegerse ante la posible eventualidad de que a esa dependencia llegue un profesional íntegro y, por lo tanto, decidido a mantener la línea que hasta ahora ha llevado esa importante dependencia.

Depende ahora de una ciudadanía informada y activa ejercer la fiscalización indispensable para lograr la consolidación del sistema de justicia en un marco de ética y transparencia, derribar los obstáculos opuestos al avance de la democracia e impedir el avance de fuerzas antagónicas a la instauración de un verdadero estado de Derecho. Nadie más podrá lograrlo.

elquintopatio@gmail.com

Para responder a esta pregunta que con cierta frecuencia se repite en varios foros y espacios de diálogo, a mí me ha hecho bien desarrollar más el sentido de proceso y a repetirme, como mantra, que nada cambia de la noche a la mañana. Eso ayuda a evitar frustraciones inevitables —pero también innecesarias para caminar—, sobre todo en este pantano guatemalteco que a veces no nos permite ni vislumbrar sus orillas.

Justo esa fue una de las preguntas generadoras de un espacio en el que conversamos recientemente, alrededor del libro Hagamos memoria. Esta vez no fue un foro político o económico —aunque es inevitable pasar por allí, Guatemala es mucho más que eso—, sino esencialmente cultural: el libro busca aportar elementos a la comprensión de la evolución del sector cultural durante los últimos veinte años.

El año pasado, el Centro Cultural de España en Guatemala (CCEG) convocó a diez instancias estatales y no gubernamentales, para generar una serie de actividades y diálogos que permitieran responder a la intención de realizar una reflexión intergeneracional con creadores de todas las disciplinas artísticas y gestores culturales, alrededor de los avances y los desafíos en el ámbito cultural, antes, durante y después de la firma de los acuerdos de paz. Todo queda integrado en el libro Hagamos memoria, del que hablé en el párrafo anterior.

No hay nadie en Guatemala que haya salido inmune a nuestro propio relato; nadie que pueda negar el impacto de la guerra en la historia del último medio siglo guatemalteco. Incluso quienes vivieron el conflicto marginalmente saben hoy que todo el país estuvo y está impregnado de él. Y aunque las generaciones actuales están menos contaminadas de aquella polarización sangrienta, aún cargamos con ello. Si no, volteemos la mirada a meses recién pasados, cuando el tema Cicig nos provocó al punto de partirnos casi bipolarmente entre los que están a favor de la impunidad y quiénes no, muy asociado todo a un estado de cosas que viene de las últimas décadas y de muchos de los mismos actores de la guerra.

Una frase de Gérard Wacjman, dicha décadas después del holocausto judío, podría apoyar mi idea en ese sentido: “Todo cuerpo representado, toda figura, todo rostro, de hecho toda imagen y toda forma estarían atravesados hoy, de una manera u otra, por los cuerpos liquidados de Auschwitz. Como si, para todo el arte de la segunda mitad del siglo, las cámaras de gas constituyeran una suerte de vibración fósil que resonara detrás de cada obra, más allá de toda cuestión de género, tema o estilo. Como si la catástrofe fuera el referente último de todo el arte de este fin de siglo XX”.

En Guatemala no hay artista o creador que no esté atravesado por la guerra. Porque incluso quien no la menciona o no tiene interés en esos temas crea en un medio de profundas desigualdades y bellezas, violencias y afectos, inseguridades y anhelos, miserias y grandezas humanas. Por eso, este libro es valioso. Porque recoge el trazo del cual surge aquel momento de esperanza, luego de la firma de los Acuerdos. Como se cita en el mismo texto: “Se sospecha de un conjunto de energías revitalizadoras, regeneradoras, que venían nutriéndose de los sonidos en sordina de los 36 años de guerra, de los rabiosos y dulces riffs de guitarras de los festivales de los años 60, 70, 80 y 90, expresiones que inyectaron la energía necesaria para el enriquecedor desborde creativo que tomó los escenarios y las calles a finales de la década de 1990 y a inicios del siglo XXI”.

Hubo un estallido guatemalteco en el arte y la cultura luego de la guerra, y el mundo que se volvió a nombrar, volvió a existir. Hoy, se ha sedimentado lo que tenía que quedarse, y se ha ido lo demás. Pero allí están las voces y las manos y las libertades, siempre necias, insistiendo en hacer otra Guatemala, porque la memoria de antes no es para quedarse allí, sino para seguir caminando.

cescobarsarti@gmail.com

Las osamentas se hallaron en una fosa común del cementerio de La Verbena, en la capital de Guatemala, y son un recordatorio de la guerra civil que cimbró el país centroamericano entre 1960 y 1996.

Juan Estuardo Orozco López y José Zenón Hernández Cusanero son dos de 500 cadáveres desaparecidos identificados hasta el momento, pero de acuerdo con un informe de La Comisión para el Esclarecimiento Histórico —auspiciada por la Organización de las Naciones Unidas— aún hay pendientes por saldar: en esa guerra que enfrentó a militares y civiles desaparecieron 45.000 y murieron 200.000.

La Fundación de Antropología Forense de Guatemala logró la identificación de los restos tras realizar comparaciones con muestras de ADN de las víctimas con sus familiares. Aunque el proceso inició a mediados de 2016, la información —a la que The Associated Press tuvo acceso en exclusiva— no se había dado a conocer a la prensa sino hasta ahora.

Los nombres de Juan y José se suman a una lista de 183 que aparece en una bitácora conocida como Diario Militar, cuya existencia se dio a conocer en 1999 y constituye un registro de quienes fueron detenidos tras acusaciones de subversión y haber pertenecido a la guerrilla.

Señalados como enemigos de los regímenes militares que entonces gobernaban Guatemala, miles de integrantes de organizaciones sindicales, estudiantiles o campesinas se convirtieron en víctimas del conflicto.

El Diario Militar, que identifica con fotografía a cada víctima de las fuerzas de seguridad, detalla lo que ocurrió tras su detención. Entre otras cosas, ahora se sabe que el número “300” era una clave para detallar que alguien había sido asesinado.

Pila de huesos

Por más de 30 años, los restos de Juan y José no fueron más que un par de osamentas marcadas con números —496 y 1200— en una fosa común. Como ellos, muchos otros cadáveres anónimos ampliaron la cifra de miles de desaparecidos a causa de la guerra.

Según los testimonios de la familia de Juan, un ingeniero eléctrico que tenía 29 cuando desapareció, el joven fue atacado en la zona 11 de Ciudad de Guatemala tras resistirse a ser detenido por fuerzas de seguridad en agosto de 1983. Nunca dieron con su paradero.

El Diario Militar identifica a Juan con el número 2. Asimismo, la bitácora establece que utilizaba el seudónimo de “Miguel y Marín” y que era un supuesto miembro de la Organización del Pueblo en Armas (ORPA), una de las cuatro fracciones de la guerrilla conocida como Unidad Revolucionaria Nacional Guatemalteca (URNG).

El informe detalla: “cayó abatido al oponerse a su detención”.

José, por su parte, desapareció el 23 de abril de 1983. Tenía 25 años y según los testimonios salió de su comunidad en San Martín Jilotepeque, en el departamento de Chimaltenango, hacia la capital. Luego no se supo más de él.

En el dossier, José es el número 112. Su seudónimo era “Marco Antonio” y, según los militares, era miembro del Ejército Guerrillero de los Pobres (EGP), una fracción de la URNG. De acuerdo al documento, las fuerzas de seguridad lo identificaron y trataron de detenerlo.

En lo que fracasaron los hombres, tuvieron éxito las armas: “al darse cuenta de los vehículos, se quiso poner en fuga, por lo que tres impactos de (un fusil) M-16 lo detuvieron”.
El informe detalla: “300 en el lugar”.

De las 183 personas que aparecen en el diario militar, 101 fueron ejecutadas. Algunos cuerpos se localizaron; otros nunca aparecieron. Del resto —82— algunos fueron puestos en libertad; del resto no se sabe más.

José Suasnavar, director de la Fundación de Antropología Forense de Guatemala, dijo que en La Verbena se han localizado 3.323 osamentas que se han comparado con más de 13.000 muestras de ADN del Banco Genético Nacional de familiares y Víctimas de Desaparición Forzada, donde se han localizado a ocho personas que aparecen en el Diario Miliar.

En 2012, la Corte Interamericana condenó al Estado guatemalteco por violación a la vida, integridad y derechos de las víctimas. Desde entonces, el Estado está obligado a resarcir a sus víctimas y a buscar a los desaparecidos.

Balas, sangre, muerte, angustia, dolor y terror. Esas son algunas características que compartieron Guatemala y Colombia durante sus respectivas guerras internas.
En nuestro país, la primera etapa de los enfrentamientos empezó el 13 de noviembre de 1960, cuando se intentó derrocar a Miguel Ydígoras Fuentes, una acción que fraguó un grupo de militares jóvenes en el Cuartel de Matamoros.
El gobierno dio el indulto a quienes participaron de aquellas acciones, pero quienes no lo aceptaron decidieron seguir en la lucha, convertidos en guerrilleros, en alianza con miembros del Partido Guatemalteco del Trabajo y otros subversivos que surgieron por aquella época. Fue así que organizaron las Fuerzas Armadas Rebeldes (FAR). “Las FARC (Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia) son una copia de nuestra agrupación en Guatemala”, dice el exguerrillero guatemalteco César Montes.
En efecto, las FARC-EP (Ejército del Pueblo) surgieron en Colombia en 1964; la agrupación se autoproclamó como una facción marxista-leninista.
Sus antecedentes, sin embargo, datan de muchos años antes. Para Jorge Giraldo y Vicente Torrijos, integrantes de la Comisión Histórica del Conflicto y sus Víctimas, el punto de partida fue 1958 con el Frente Nacional, una coalición entre liberales y conservadores que marcó el fin de la violencia bipartidista que aquejó al país sudamericano por más de un siglo. Pero los problemas sociales, económicos y políticos continuaron vigentes.
Para otros analistas, las raíces del conflicto colombiano están en la década de 1920, con la lucha agraria que, con el tiempo, creó las condiciones para una confrontación posterior.
Pero en el análisis de Emma Wills, la problemática debe buscarse casi desde el siglo XIX, cuando se formó el Estado-Nación, pues Colombia, desde entonces, estuvo sumida en 14 guerras civiles regionales y ocho nacionales. Esas tensiones, a su criterio, siempre quedaron latentes.
La situación de Guatemala fue distinta, ya que los últimos conflictos armados que tuvo fueron la Guerra del Totoposte (1903) y la Campaña Nacional, en 1906. Eso sí, afectaron los golpes de Estado y las dictaduras. De hecho, para nosotros, el siglo XX empezó arrastrando los primeros años de Manuel Estrada Cabrera en el poder, lo cual se extendió hasta 1920.
A la cabeza del gobierno continuaron los militares. Ahí, los ejemplos de Jorge Ubico y Federico Ponce Vaides, hasta llegar a la llamada primavera democrática (1944-1954) interrumpida por la intervención de Estados Unidos, bajo pretexto de combatir al comunismo. En esa coyuntura, el mandato fue dado a Carlos Castillo Armas.
Tanto en Guatemala como en Colombia, pese a los discursos y a las promesas de cambio, persistía la injusticia social reflejada en la miseria, el hambre, los conflictos de tierras, la violencia y la corrupción política.

Guerrillas

En nuestro país, las Fuerzas Armadas Rebeldes se fundaron en diciembre de 1962 con la unión de los movimientos Rebelde 13 de Noviembre, 20 de Octubre y 12 de Abril, los últimos dos dirigidos por el Partido Guatemalteco del Trabajo (PGT), lo cual implicó que los militares insurgentes se aliaran con el Partido Comunista y con algunos líderes de izquierda.
Estas bases pusieron en marcha la denominada “guerra revolucionaria del pueblo” y pretendía luchar en beneficio de la mayor parte de la población, de la pobre, olvidada y marginada.
En Colombia se dice que el antecedente más inmediato de la guerra entre el Estado y la insurgencia fue la violencia partidista que se vivió durante las décadas de 1940 y 1950.
Pero lo que ambos países compartieron para que sus respectivos conflictos se agudizaran fue la Revolución Cubana de 1959 y el contexto de la Guerra Fría. Todo eso derivó en una guerra de guerrillas en ambas naciones.
La insurgencia colombiana, además, se fue a las armas porque su gobierno prohibió la participación política del Partido Comunista, una decisión que fue adoptada en 1954 —coincidentemente cuando la CIA intervino en nuestro país para derrocar a Jacobo Árbenz—. “Aquí y en Colombia mandaba Estados Unidos”, refiere Montes.

En las áreas rurales

Los grupos armados de Guatemala estuvieron fraccionados, aunque, desde 1982, actuaron coordinados bajo la sombrilla de la Unidad Revolucionaria Nacional Guatemalteca (URNG).
En Colombia se quiso dar la impresión de que sucedía lo mismo, donde supuestamente solo había dos actores en la guerra: el Estado contra las FARC,. pero eso no era cierto, ya que existían otras guerrillas, como la del Ejército de Liberación Nacional y el Ejército Popular de Liberación, las cuales fueron prácticamente ignoradas en el discurso oficial.
Una de las similitudes que se comparten con el caso colombiano es que la insurgencia llevó a cabo sus movimientos en las áreas rurales, donde el Estado no tenía presencia.
Como parte de su modus operandi, los grupos rebeldes guatemaltecos y colombianos mantuvieron las acciones de hostigamiento, sabotaje y ejecuciones.
La guerrilla guatemalteca, a decir de Montes, se financió por medio de secuestros de gente adinerada y de robos a bancos. Esto, precisamente, es una de las grandes diferencias que marcaron los conflictos de Colombia y Guatemala, pues las FARC, en los ochentas, empezaron a obtener ingresos económicos del narcotráfico. Tanto así que ese país llegó a convertirse en un narcoestado financiado por Pablo Escobar Gaviria.
“Lo que ha sucedido en Colombia es más un enfrentamiento entre grupos armados regulares e irregulares, entre ellos, ejército, grupos guerrilleros y paramilitares, bandas criminales y delincuencia común, que se disputaban el poder, las tierras e incluso las rutas del narcotráfico”, indica el informe Colombia y Guatemala; paralelos de una violencia sin tregua, escrito por Marda Zuluaga Aristizábal, de la Universidad de La Plata, Argentina.
“Nosotros nunca participamos del narcotráfico”, asegura tajantemente el comandante Montes.
Lo que sí hubo fue intercambio de experiencias entre las guerrillas colombianas, guatemaltecas y nicaragüenses, afirma Montes. “Varios grupos de izquierda nos reuníamos en la clandestinidad para intercambiar información. Nos decíamos qué armas o tácticas empleábamos. También comentábamos sobre el uso que se les daría a las tierras ocupadas”, comenta. “Sin embargo, nunca un grupo le dijo a otro qué debía hacer; cada quién tenía su propia línea, porque los conflictos eran distintos”, agrega.
El terror, en cualquier caso, estaba a la orden del día. Hubo miles de víctimas inocentes debido a las balas; principalmente campesinos pobres que quedaron atrapados entre las luchas.
En Guatemala, según los informes de la Recuperación de la Memoria Histórica (Remhi) y de la Comisión para el Esclarecimiento Histórico, hubo masacres orquestadas por el Ejército con características genocidas. De hecho, el Remhi calcula que el 93 por ciento de las muertes del conflicto fueron perpetradas por las fuerzas gubernamentales —ejército, policía, escuadrones de la muerte y las llamadas Patrullas de Autodefensa Civil—.
El período más cruento fue entre 1980 y 1983, cuando se registraron hasta el 80 por ciento del total de víctimas. “Durante ese período, Romeo Lucas García, Efraín Ríos Montt y Óscar Mejía Víctores ocuparon el cargo de comandante general del Ejército; por tanto ninguno de ellos se escapa de la responsabilidad por tantas víctimas”, se lee en el documento del Remhi.

La Comisión

El 29 de diciembre de 1996, luego de cinco años de negociaciones, el gobierno guatemalteco y la URNG firmaron los acuerdos de paz, con lo cual se puso fin a 36 años de conflicto armado.
En junio de 1993 se creó la Comisión de Esclarecimiento Histórico, que sería la encargada de recoger los testimonios de víctimas y sobrevivientes, así como de presentar un informe detallado de lo ocurrido durante la guerra.
Este fue entregado a principios de 1999 con el título de Guatemala, memoria del silencio.
En Colombia se formó una institución similar llamada Comisión Histórica del Conflicto y sus Víctimas, con la misión de producir un informe sobre los orígenes y las múltiples causas del conflicto, los principales factores y condiciones que facilitaron o contribuyeron a su persistencia, y los efectos e impactos más notorios del mismo sobre la población.
El documento fue presentado al Gobierno y a las FARC en febrero del 2015, como parte de los diálogos de paz que ambas partes sostuvieron en La Habana, Cuba, desde el 2012.
Ahí se determinó que la cuestión agraria fue determinante para que surgiera la confrontación. Todo se agravó con el narcotráfico y sus secuelas. Asimismo, el secuestro y la extorsión, tal como en Guatemala, estuvieron presentes a lo largo de la guerra. Como tercer punto, la precariedad institucional y un sistema político clientelista. Por último, el paramilitarismo.
Todo esto hizo que hubiera desplazados, secuestrados, extorsionados, torturados, despojados, asesinados, desaparecidos o víctimas de reclutamiento, minas antipersonales o ataques directos.
En los procesos de paz de los conflictos sucedidos en Guatemala y Colombia se abordaron temas tan importantes como el agrario, la participación política, víctimas, amnistía y, en el caso sudamericano, llevar solución al problema de la producción y distribución de drogas ilícitas.
El pasado 23 de junio, el Gobierno de Colombia y las FARC dieron un paso histórico al firmar un acuerdo previo de cese al fuego, lo cual se efectuó en un acto en La Habana. La paz definitiva se firmará entre agosto y septiembre de este año, presumen algunas fuentes.
“Nos llegó la hora de ser un país en paz”, expresó el presidente Juan Manuel Santos.
Aunque el proceso es alentador, los colombianos no deben bajar la guardia. El mal ejemplo, lamentablemente, es Guatemala, ya que luego de los acuerdos de paz de 1996, “estamos peor que antes”, tal como dice Montes, ya que la violencia se ha recrudecido ya no solo en las áreas rurales, sino también en las urbanas. La estadística es de alarma: hay un promedio de 15 muertos por día.
A eso hay que añadirle la injusticia social reflejada en la miseria y el hambre. Una firma no quiere decir que haya armonía. “El camino de la paz es más difícil que la misma guerra”, sentencia Montes.

Guerras, invasiones, levantamientos y manifestaciones. Guatemala ha estado marcada por una serie de acontecimientos que, para bien o para mal, muestran que tiene gente aguerrida.

A continuación, algunos de esos hechos. Pero ojo: siempre será mejor usar la energía para que prevalezca la paz.

Antigua civilización

Conocidas son las guerras que mantuvieron los antiguos mayas entre sí. ¿La razón? Pues la de siempre: ostentar el poder. En Petén, alrededor del año 631. hubo enfrentamientos entre El Naranjo y Caracol; en esa centuria también se registraron guerras entre Calakmul y Dos Pilas en contra de Tikal, que terminaron con la derrota de esta última. Precisamente, eso le sirvió al gobernante Balah Chan Kawil para extender su dominio por Tamarindito, El Naranjo, El Ceibal, Yaxchilán, Acul, El Chorro y Motul de San José.

Sus campañas expansionistas y de prosperidad terminaron en el 761, cuando los ejércitos de Tamarindito y Arroyo de Piedra vencieron a la potente Dos Pilas, que quedó destruida.

Para algunos historiadores, estos acontecimientos hicieron que Petexbatún fuera la región donde comenzó el colapso maya en el Clásico.

Esta es una síntesis, porque las batallas fueron muchas, al igual que las caídas y resurgimiento de ciudades.

Varios siglos pasaron hasta que los españoles vinieran a estas tierras, y no precisamente con un mensaje pacifista —ni aunque se presentaran “en nombre de Dios y del rey”—. Así pues, empezó la invasión. En 1524 ingresaron los ibéricos al actual territorio de Guatemala.

Estos aprovecharon las rivalidades y odios entre los diversos señoríos indígenas. De esa cuenta, cada pueblo luchó por separado, pero siempre con garra.

Las crónicas refieren que Pedro de Alvarado y sus tropas fueron bien recibidas por los kaqchikeles, quienes los ayudaron en la conquista de Utatlán y a someter a los quichés, así como en las campañas por la Costa Sur y Cuscatlán.

Sin embargo, a los españoles se les olvidó —o ignoraron— la lealtad y se les ocurrió exigirles metales preciosos y, de paso, tomaron algunas de sus doncellas para hacerlas sus concubinas.

De esa cuenta, los kaqchikeles, desde el 28 de agosto de 1524, montaron una revuelta encabezada por su gobernante Kaji’ Imox. La resistencia duró hasta 1530.

Tres años más tarde, Kaji’ Imox y Quiyavit Caok se rebelaron una vez más, manteniéndose firmes hasta 1535, cuando fueron encarcelados. Como castigo, Alvarado mandó a la horca al líder kaqchikel (28 de mayo de 1540).

Otro pueblo que opuso resistencia fue el xinca, que habitaba la región comprendida entre los ríos Michatoya y Paz. En mayo de 1524 se enfrentaron a Pedro de Alvarado en distintos lugares que hoy pertenecen a Santa Rosa y Jutiapa. Fueron conquistados cuatro años después.

Sin duda, una de las mayores gestas fue la del pueblo mam, que habitaba en Zaculeu —Huehuetenango— al mando de Kaibil Balam. La resistencia empezó en 1525, hasta que capitularon en 1530 ante el ejército de Gonzalo de Alvarado. La historia oral relata que el espíritu de Kaibil Balam jamás fue conquistado, ni derrotado, ni muerto, y que sigue viviendo en las cumbres.

Historia diferente fue la de Juan Matalbatz, cacique de San Juan Chamelco, Alta Verapaz, quien mantenía buenas relaciones con los sacerdotes católicos, entre ellos los frailes Bartolomé de las Casas y Domingo Vico —este último fue asesinado en Acalá, mientras intentaba evangelizar a los locales—. Matalbatz, en venganza de su amigo, mandó a matar a 300 lacandones. Esto sucedió en el siglo XVI.

La rebelión también fue intensa con los itzaes, quienes, al ver que su gente era víctima de vejámenes por parte de los españoles, capturaron a religiosos y los decapitaron. Se dice, incluso, que al capitán Francisco De Mirones le abrieron el pecho con una daga y le arrancaron el corazón en 1624. La capital Itzá fue tomada hasta 1697.

En la colonia

Durante esta época, los indígenas vivieron bajo el dominio de los ibéricos y criollos. En julio de 1802 hubo una sublevación en Santa María Chiquimula, Totonicapán, y otra en la actual cabecera del mismo departamento, en 1820, en la que varios pueblos de occidente protestaron por el cobro de un tributo que se había suprimido en 1812 por la Constitución de Cádiz. En estos acontecimientos salió a relucir la imagen de Atanasio Tzul, cuya escultura situada en Totonicapán —tallada por Rodolfo Galeotti Torres— aparece en nuestra portada de hoy.

Otra gesta de lucha la protagonizó Matías de Gálvez, presidente de la Audiencia de Guatemala de 1779 a 1783. Llevó a cabo dos campañas militares contra los piratas ingleses, quienes se habían apoderado de una amplia región del caribe centroamericano. Gálvez recuperó Honduras, el Castillo de Omoa, la isla de Roatán y el Río Tinto; impidió, además, la toma de Granada, Nicaragua.

En 1813 empezaron los movimientos independentistas, con la Conjura de Belén.

Libres de España

El Reino de Guatemala rompió relaciones con España el 15 de septiembre de 1821, con la firma del Acta de Independencia, aunque sin la representación de todas las regiones. Eso sí, se dijo que era preferible declararla para “prevenir las consecuencias que serían terribles en el caso de que la proclamase de hecho el mismo pueblo”.

Luego de varios problemas, por fin se declaró la emancipación absoluta, el 1 de julio de 1823, que varios historiadores consideran como la “verdadera independencia”.

El 24 de abril de 1824, José Francisco Barrundia presentó una moción para abolir la esclavitud de los negros, la cual fue aprobada.

Luego, las provincias mostraron una serie de descontentos, como lo demuestra la sublevación de San Juan Ostuncalco, el 6 de marzo de 1837, por el establecimiento de juicios por jurados.

Un año más tarde, el 2 de febrero de 1838, se declaró el Estado de los Altos.

Aquellos eran los días de Serapio Cruz, Tatalapo, quien, además, estuvo activo en el esfuerzo militar de Centroamérica para derrotar y expulsar de Nicaragua a los filibusteros al mando de William Walker. Ese acontecimiento se llamó Guerra Nacional (1856-1857).

Años antes también se libró la Batalla de La Arada, en San José La Arada, Chiquimula, en la que tropas de Honduras y El Salvador intentaron derrocar el gobierno conservador de Rafael Carrera (2 de febrero de 1851).

Dos décadas después —3 de junio de 1871—, se dieron nuevos movimientos militares. En esa ocasión se firmó el Acta de Patzicía, en la que el ejército comandado por Miguel García Granados y Justo Rufino Barrios desconoció el gobierno provisional de Vicente Cerna. A esto se le conoce como Revolución de 1871.

En esa época se intentó unir a las provincias de Centroamérica. Barrios, de hecho, murió en una de las batallas libradas en Chalchuapa, el 2 de abril de 1885.

En 1897 ocurrió la Revolución de Occidente, en la cual el pueblo se levantó en armas para oponerse al régimen de José María Reina Barrios. Un año más tarde hubo una sublevación en San Juan Ixcoy, Huehuetenango, debido a que ladinos ocuparon tierras que los locales consideraban suyas.

Siglo XX

La centuria pasada estuvo marcada por diversos acontecimientos sangrientos y mucho tuvieron que ver los gobiernos militares.

El caos, sin embargo, empezó con la dictadura del abogado Manuel Estrada Cabrera. El 29 de abril de 1907, su carruaje fue atacado con una bomba por la 7a. avenida y 17 calle de la zona 1, suceso del cual salió ileso.

Pasaron los años hasta que en 1920, por fin, fue despuesto el Señor Presidente.

Después vino la época de los gobiernos militares. Los guatemaltecos vivieron varias décadas de inconformidad. Incluso, hubo facciones castrenses que se opusieron a esas administraciones como la Revolución de los Coroneles —en oposición al presidente Lázaro Chacón— y el Complot de los sargentos, que intentó impedir la reelección de Jorge Ubico, el 24 de diciembre de 1940.

Los civiles también mostraron fuerte oposición, como lo demuestra el Memorial de los 311, con fecha del 24 de junio de 1944 y que fue dirigido a Ubico. Esta carta exigía el restablecimiento de las garantías constitucionales y brindaba apoyo a las manifestaciones del pueblo.

Fue una época convulsa que terminó en victoria para los guatemaltecos. Todo esto fue la Revolución de 1944, la cual empezó con la renuncia de Ubico y culminó el 20 de Octubre con la caída de Federico Ponce Vaides.

En Patzicía, sin embargo, hubo movilizaciones intimidatorias. La gente había sido engañada para apoyar a los ubiquistas. Fueron acarreados, tal como sucede ahora. En aquella ocasión se produjeron graves desórdenes que degeneraron en enfrentamientos entre indígenas y ladinos. Al final se contabilizaron 43 muertos, según registros oficiales, pero hay fuentes que elevan el número a 400.

Años más tarde hubo otras rebeliones en Salamá (marzo de 1953) en oposición a Jacobo Árbenz. Así empezaron diversas actividades de choque con lo cual finalizó la primavera democrática.

En 1960 comenzó una de las etapas más complejas y sangrientas de la historia del país. El 13 de noviembre se intentó derrocar a Miguel Ydígoras Fuentes. Los comandantes de ese movimiento se convirtieron en los primeros guerrilleros de la llamada Guerra Interna, cuyas acciones empezaron en 1962.

Ese mismo año, estudiantes se unieron en marzo y abril para protestar contra Ydígoras Fuentes. En esa época también se formaron la distintas facciones guerrilleras y, con el correr de los años, las fuerzas de choque formadas por el Ejército —las Patrullas de Autodefensa Civil—.

El conflicto finalizó con la firma de los Acuerdos de Paz, el 29 de diciembre de 1996.

Hoy, de nuevo los guatemaltecos alzan su voz en contra del Gobierno, acusado de numesosos actos de corrupción. Estas jornadas, sin duda, quedarán marcadas en la historia.

José Samuel Suasnávar Bolaños, de la FAFG, indicó que la actividad se llevará a cabo en un área de 60 metros de largo con 24 de ancho, donde permanecen restos de personas enterradas sin identificar.

Suasnávar Bolaños dio a conocer que en ese sitio se hallan sepultados el director del Hospital de Cobán, Marvin Armando Gutiérrez López, y delegados de la Municipalidad de Cobán, entre otras personalidades.

Agregó que este martes se comenzó con la observación del área, mañana se iniciará con la limpieza y se continuará hasta completar dos meses y medio.

La FAFG solicita a las personas que tienen familiares que desparecieron en la década de los años 80 se acerquen y se les ayudará a encontrar a sus seres queridos.