Tzoc, según la versión, era acompañada de dos hombres que huyeron; sin embargo, ella fue capturada y entregada a las autoridades indígenas, quienes la llevaron a Pacajá, Santa Cruz del Quiché, de donde es originaria, para que informara dónde se ubican las casas de sus supuestos cómplices, quienes no fueron localizados.

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Este no es el primer caso en que vecinos golpean a personas que son sindicadas de cometer ilícitos, incluso se ha llegado a atentar contra las autoridades como sucedió en la aldea Los Encuentros, Sololá cuando vapulearon a varios agentes de la Policía Nacional Civil, entre ellos el subinspector Balbino Alfonso López Hidalgo, de 46 años, quien murió por los golpes en el Hospital de Sololá.

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Se cometieron abusos

Isabel Tum, representante de la mujer ante el Consejo Departamental de Desarrollo, CODEDE, de Quiché, dijo que apoya las decisiones de las autoridades comunitarias; sin embargo, considera que, en este caso, el castigo debió de haber sido acorde a su condición de mujer, pues se atentó contra su dignidad al despojarla de su vestimenta frente a una multitud.

”El traje típico de las mujeres de Quiché es muy representativo y no debe ser tocado por ninguna persona, aparte de quien lo usa. Es importante revisar la metodología que se emplea para aplicar este tipo de castigos, pero también es bueno resaltar que esto lo provoca la ausencia de las autoridades estatales”, comentó.

Flavio Ruiz auxiliar de la Procuraduría de los Derechos Humanos en Quiché, manifestó que todo acto que vaya en contra de la voluntad de una persona es una violación a sus derechos humanos. “No había necesidad de exponer a la mujer ante todas las personas si al final lo que buscan es un correctivo. No se debe hacer denigrando a la persona y, más aún, si es mujer. Con esto no se logra el objetivo”, comentó.

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Ruiz informó que estuvieron presentes y observaron los hechos, pero sólo le dieron acompañamiento. “Hablé con la madre de la víctima y no quiso presentar una denuncia pues dijo ella le había dado cinco azotes a su hija, aunque no sabía si realmente había cometido el delito del que se le acusaba”.

Juana Chó vecina de San Antonio Ilotenango, dijo que no está de acuerdo con el castigo a la mujer, pues había que demostrar que era la responsable del robo, y que fue incorrecto que hombres la hayan trasladado de un lado a otro. “Me molestó que la alcaldesa le subiera el güipil y le quitara la faja de su corte frente a todas las personas, para demostrar que tenía tatuajes, eso no está bien”, señaló.

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Es legal, es útil para reflexionar

El abogado Cristian Otzí, de la Asociación de Abogados y Notarios Mayas de Guatemala, explicó que esta es la forma como las comunidades indígenas hacen justicia cuando alguno de sus miembros rompe con la armonía comunitaria.

“Los xicay (azotes) con una vara de membrillo sirven para que quien cometió una falta reflexione. Se impone después de un procedimiento comunitario en el que se llega a la conclusión de que lo que hizo el sindicado no fue correcto y, dependiendo de la gravedad, la autoridad indígena decide si se le impone el xicay. Es una forma de reivindicar al individuo por alguna mala acción”, indicó.

En cuanto a que si se puede considerar como una violación a los derechos humanos, el abogado maya explicó que este castigo no es una violación, porque toda sanción implica una violación a los mismos. “La prisión provisional, por ejemplo, viola el derecho a la libertad”.

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Lorena Escobar, coordinadora del área jurídica de la Asociación de Investigación y Estudios Sociales (Asíes) dijo que estos hechos están contemplados en el Convenio 169 de la OIT que indica que los indígenas están en su derecho de aplicar estos procesos y emitir las sanciones pertinentes. “De con acuerdo a este convenio los procedimientos están establecidos en la costumbre y el derecho indígena”.  

Escobar dijo que el Convenio 169 es un tratado en materia de derechos humanos, por lo que no hay violación en estos casos. “Lo que en este hecho específico se observa es un castigo físico que no llega a ocasionar un daño severo y, además, hay que comprenderlo desde la cosmovisión maya, en el que se busca justicia pronta, reparación para la víctima y la comunidad.

Agregó que existe jurisprudencia al respecto emitida por la Corte de Constitucionalidad, así como pronunciamientos de la Corte Interamericana de Derechos Humanos y la Comisión.

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El castigo ya estaba autorizado y es conocido como Xik`ay, el cual consiste en azotar 12 veces con la rama de un árbol de duraznos en la espalda a la persona señalada de cometer algún delito en el municipio.

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Juan Zapeta, alcalde indígena, manifestó que la continuidad de la medida fue discutida en dos reuniones anteriores con representantes de las comunidades de Santa Cruz.

“Aplicamos el castigo comunitario no solo a las personas indígenas, también a los mestizos (ladinos) que cometan un delito, también resolvemos varios problemas dentro de las comunidades y coordinamos con el aparato estatal de justicia”, afirmó Zapeta.

Añadió que la justicia comunitaria se practica en casos como “robo de animales, vehículos, violaciones a mujeres, problemas de linderos y otras cosas más”.

La reunión del domingo fue presenciada por representantes, de la fiscal general Thelma Aldana, la Policía nacional Civil de Santa Cruz, el auxiliar de la Procuraduría de los Derechos Humanos de Quiché, la municipalidad de Santa Cruz del Quiché, y los alcaldes indígenas de San Pedro Jocopilas, Zacualpa, Chinique y Santa Lucía la Reforma, Totonicapán.

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También el Xuculem

Juan Zapeta advirtió a los delincuentes que ahora también cuentan con la autorización para aplicar el castigo denominado el Xukulem (hincarse en k’iche’), y que consiste en que el sentenciado debe dar tres vueltas al parque La Unión en Santa Cruz del Quiché, de rodillas para después ser azotados.

Zapeta añadió que si los delincuentes reinciden serán desterrados del municipio. “No tenemos que permitir el ingreso de la delincuencia a nuestro municipio, mucho menos las maras, mire cómo está la capital y Chimaltenango”, afirmó.

Reciben decisión con cautela

Rodman Pérez, secretario de Política Criminal del Ministerio Publico, y quien dijo llegar en nombre de la fiscal Thelma Aldana, manifestó que son respetuosos de la organización comunitaria y de las decisiones que se tomen en las asambleas.

No obstante, hizo un llamado para que las dos formas de hacer justicia se coordinen, puesto que recordó una resolución emitida por la Corte de Constitucionalidad, según la cual, “cuando una persona es condenada por las autoridades comunitarias ya no puede ser procesada y condenada por la justicia estatal”.

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Flavio Ruíz, auxilia de la Procuraduría de los derechos Humanos en Santa Cruz, expuso que respetan la organización y decisiones indígenas pero que bajo ningún punto de vista están de acuerdo cuando se vulneran los derechos humanos de una persona.

“Los azotes violan el derecho humano de una persona y en determinado momento pueden acarrear más problemas”, indicó.

Difícil experiencia

A la reunión asistió Pedro Pablo Urizar López, quien meses atrás fue azotado en el parque La Unión, acusado de robo, dijo que ahora se dedica a la música y a trabajar artesanías.

“Yo consumía drogas y eso me hacía robar porque tenía que comprar el crack y el dinero ya no me alcanzaba, recuerdo que fue doloroso físicamente pero más emocionalmente, porque cuando la gente me miraba en la calle murmuraba y decían ahí va el ladrón”, afirmó Urizar.

Añadió que después de haber experimentado el castigo busca proponer que a los delincuentes sentenciados se les involucre en alguna fundación para aprender algún oficio.

Zapeta no descartó implementar esa medida en el futuro.

Los municipios donde más castigos comunitarios se han dado en lo que va del año son: Santa Cruz del Quiché, Chinique y San Pedro Jocopilas.

El comisionado fue reconocido por autoridades indígenas representantes de 83 comunidades por su  compromiso para erradicar la corrupción y dijo que continuará con la labor de impulsar la reforma constitucional que pretende integrar la justicia indígena con el sistema del Estado.

“Hay mucho que aprender sobre la ley indígena, creo que toda forma de justicia debe ser valorada y debe ser la cara a la comunidad”, dijo Velásquez

“Las autoridades indígenas tienen mucho que aportar para la transformación de Guatemala. Seguimos en pie con la reforma constitucional”, manifestó el comisionado.

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Reconocimiento

Victoria Chuj, alcaldesa del barrio San Bartolo, reconoció el trabajo del comisionado en poner tras las rejas a las autoridades que han robado al pueblo de Guatemala; además, hizo énfasis a la ley ancestral como un tema reparador y reconciliador.

Tomas Sen, integrante del consejo indígena de Sololá, dijo que es valioso el trabajo de la Cicig y en representación de 83 comunidades de Sololá, le expresó su apoyo en busca erradicar la corrupción.

El alcalde indígena de Sololá, Tomas Saloj Guit, dijo que vergüenza para Guatemala que exista la corrupción y la impunidad, pues la violencia, la pobreza, y los daños al medio ambiente no dan tregua.

“Como pueblos indígenas pedimos las reformas bajo un compromiso de acuerdo al pluralismo jurídico pues la Ley estatal está viciada”, manifestó Saloj.

Durante las discusiones en diferentes mesas de trabajo nacionales de los últimos meses es uno de los temas que más dudas y cuestionamientos ha generado.

¿En cuáles delitos tendrían jurisdicción y en cuáles no?, ¿cómo se tratarán las violaciones y los asesinatos?, son algunos ejemplos de las interrogantes que algunos plantean.

La primera en mostrar su rechazo ha sido la Cámara de Comercio de Guatemala (CCG), que no acepta la propuesta de modificar el artículo 203 de la Constitución Política de la República, referente a la independencia judicial y a la potestad única de juzgar del Organismo Judicial (OJ).

Dicho artículo establece que: “La función jurisdiccional se ejerce, con exclusividad absoluta, por la Corte Suprema de Justicia (CSJ) y por los demás tribunales que la ley establezca. Ninguna otra autoridad podrá intervenir en la administración de justicia”.

En la propuesta de reforma presentada por los presidentes de los organismos Ejecutivo,  Jimmy Morales; del Legislativo, Mario Taracena, y  del Judicial, Ranulfo Rojas, se elimina la exclusividad de la CSJ, y proponen que se agregue: “Las autoridades de los pueblos indígenas podrán ejercer funciones jurisdiccionales de conformidad con sus propias normas, procedimientos, usos y costumbres, siempre que no sean contrarios a los derechos consagrados en la Constitución y a los derechos humanos internacionalmente reconocidos. Para este efecto deberán desarrollarse las coordinaciones necesarias entre el Sistema de Justicia Oficial y las autoridades indígenas”.

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Criterio confuso

Jorge Briz, presidente de la CCG, reiteró su rechazo al considerar  que la exclusividad en el ejercicio de justicia corresponde a la CSJ y a juzgados, y que si se la retiran y agregan que la jurisdicción indígena impartirá justicia con base en su  uso y costumbres, se tendrían 23 jurisdicciones indígenas “sin saber ni siquiera cuáles son las normas que aplican  para los temas penales, civiles, mercantiles, administrativos, realmente el país sería un caos y no habría  ninguna  certeza jurídica”, señaló.

“En la reforma no ponen ninguna limitación para ninguna jurisdicción y ni ámbito judicial, eso sería muy grave para el país”, indicó Briz. La CCG también se opone a la iniciativa 3946, ley de jurisdicción indígena, que se conoce en el Congreso.

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Reconocimiento

Magdalena Jocholá, asesora del Departamento de Pueblos Indígenas del Ministerio Público (MP), resaltó que la reforma busca el reconocimiento constitucional del sistema jurídico propio de pueblos indígenas. “Algo que se da y que se ha estado dando desde hace más de cien años… no es crear algo nuevo sino reconocer algo que ya existe, y más que crear división, resuelve problemas”, indicó.

Agregó que hay estudios que demuestran que el trabajo de las autoridades indígenas ha contribuido al sistema de justicia oficial, pues resuelve los casos con mayor celeridad, la gente no tiene que salir de un lugar a otro,  lo cual le reduce gastos al mismo Estado.

Refirió que en América Latina hay varios países que tienen pluralismo jurídico como Ecuador, Bolivia y  México donde las constituciones recuperan parte de la justicia indígena. Agregó que se trata que con el Convenio 169 de la Organización Internacional de Trabajo sobre pueblos indígenas y tribales y la declaración de los derechos de los pueblos, estas formas de justicia sean reconocidas en el ámbito constitucional, ya que los tratados internacionales  admiten el pluralismo jurídico.

Brunori indicó  que una vez reconocido, no quiere decir que si una decisión de una autoridad ancestral va contra tratados internacionales  o principios básicos constitucionales, se quede así, sino que debe haber un mecanismo de control y apelación para que la víctima o el victimario pueda recurrir al sistema de justicia cuando considera que no se han aplicado los principios.

Complementario

El politólogo Álvaro Pop resaltó que es claro que el imperio de la ley y del régimen del sistema oficial en la administración de justicia seguirá intocable, y es opcional que se tengan una administración bajo un enfoque indígena y  donde exista debe respetarse, de tal manera de que no hay un doble enjuiciamiento.

Lesbia Marley Sis Chén, de la Coordinación de Enfoque Intercultural, del Instituto de la Defensa Pública Penal, comentó que han tenido casos en los que las personas han sido sancionadas en sus comunidades y al determinar mediante un peritaje cultural que es cierto, le solicitan al juez que no conozca el caso porque según el Código Procesal Penal, una persona no puede ser sancionada dos veces por lo mismo.

Con respecto a quién regularía ciertos delitos, refirió que es complejo porque el pretender establecerlo de esa manera pareciera verse al sistema jurídico de pueblos indígenas que solo conozcan delitos de menor gravedad,   pero no todas las autoridades indígenas comparten esos criterios, pues en ocasiones ven desde una falta leve hasta un asesinato.

Cristian Otzín, de la Asociación de Abogados y Notarios Mayas,  se cuestiona que la mayoría de autoridades son hombres, que podrían favorecer a su género. “Creo que las autoridades indígenas van trascendiendo en el ejercicio y van a ir estableciendo nuevos parámetros de sanción y reparación hacia la víctima”, señaló.

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Legal integración 

Cándido Cupil, comisionado  presidencial contra la discriminación y el racismo de los pueblos indígenas, señaló que reconocer el sistema jurídico de pueblos indígenas modernizaría el sistema,   porque reconocería en su carta magna esa pluralidad jurídica que existe a lo interno.

Visibilización 

Jordán Rodas, vicepresidente de la Asociación de Abogados y Notarios  de Guatemala, consideró que lo más justo de
cara a  la mayoría  de la población es que se reconozca el sistema jurídico de pueblos
indígenas.  

“Es una realidad que ya existe y que no podemos seguir invisiblizando, ni dándole la espalda, tiene sus propios principios,  normas y autoridades”, puntualizó el abogado.

Discusión 

Domingo Hernández,  de la Coordinación y Convergencia Nacional Maya Waqib’ Kej, señaló que para el 9 de agosto —Día Internacional de los Pueblos Indígenas— se convocó al diálogo público Estado y Pueblos Indígenas  para discutir con los presidentes de los tres poderes sobre sus derechos,  uno de los temas es el sistema jurídico.

Existe una delgada línea entre la costumbre y la tradición. De acuerdo con el diccionario de la Real Academia Española, la primera es la manera habitual de actuar o comportarse de un colectivo o un lugar; la segunda, cada una de las enseñanzas o doctrinas transmitidas oralmente o por escrito desde los tiempos antiguos.

Con el paso de los años, muchas costumbres pasan a ser tradicionales, pero no por ello aceptadas por todos los colectivos de un país, porque algunas atentan contra los derechos humanos. Nos referimos a matrimonios entre adolescentes, pruebas de virginidad y cualquier expresión de violencia.

“Muchas de estas tienen que ver con la pobreza y el machismo, pero las ‘adornan’ con términos culturales para darle un carácter de tradición”, opina la antropóloga Alejandra Colom, directora de Population Council.

Se compra novia

En San Rafael Petzal y San Sebastián, Huehuetenango, como en otras comunidades del altiplano, tener una esposa es sinónimo de un acto de compra venta, porque casarse implica para un joven pagar por la novia entre mil 500 a cinco mil quetzales.

Así le pasó a Calixto Laínez, de 16 años, quien para contraer nupcias con Reina Carrillo, de 14 años, tuvo que trabajar durante varios meses como jornalero. El día del cierre del trato llegó y el muchacho no contaba con el dinero suficiente, pero su padre lo ayudó a completar la suma. (Prensa Libre, 2005).

La frase “luchá para comprar a tu mujer” aún es parte de lo que los padres enseñan a sus hijos en muchas comunidades de la zona occidental.

La antropóloga Aura Cumes comenta que el casamiento temprano data de la Colonia, hecho que fue documentado por el cronista inglés Tomás Gage. “Se estableció que las jóvenes tenían que contraer nupcias desde los 12 años con el fin de cobrar más tributos. Fue instituida en todo el país, avalada por la Iglesia Católica, y los encomenderos. Se volvió costumbre”, anota Cumes.

Regaladas

En general, el matrimonio entre menores de edad es escaso pues “solo aproximadamente el 20 por ciento se casa, la mayoría de mujeres entre los 15 y 18 solo se unen”, refiere la médico Mirna Montenegro, directora del Observatorio de Salud Sexual y Reproductiva (Osar).

En la historia 

En el municipio de San José Acatempa, Jutiapa, existió el ritual del pañuelo blanco. Este consistía en una prueba de virginidad que se llevaba a cabo previo a la noche de bodas, cuando un miembro de la familia del novio, por lo general la madre, se presentaba en la casa de su futura nuera para comprobar su “inocencia”, para lo cual le introducía en la vagina un pañuelo blanco; si al sacarlo no había sangrado, la muchacha era despreciada, cuenta César Castillo, investigador del pueblo xinca.

Además, con el fin de preservar la sangre húngara y española de algunos de sus antecesores, buscaban contraer nupcias con alguien de la comunidad. De esa cuenta, muchas veces las uniones se llevaban a cabo entre parientes, explica Castillo.

De acuerdo con el diario español El País, la costumbre del pañuelo es de origen árabe, y fue una práctica común en España hasta la llegada de los Habsburgos. Incluso la reina Isabel la Católica tuvo que someterse a esta antes de su casamiento con el rey Fernando de Aragón.

El rapto

Lo que aún prevalece en las comunidaes de Jutiapa es el rapto de la novia, en la que se ven involucradas, por lo general, menores de edad.

Los novios huyen de sus hogares por unos tres días, luego regresan a la casa de ella para pedir perdón y permiso para casarse, cuenta Berta Recinos, vecina de Jutiapa.

“Algunas muchachas se unen por su gusto, a otras se las llevan sin su consentimiento”, añade.

En la cabecera de este municipio, otra práctica crucial se da el día de la ceremonia religiosa. Al salir de la iglesia, los recién casados deberán esperar un “tiempo de reclamo”, es decir, si algún hombre llega a las puertas del templo y quema cohetillos, lleva mariachis o simplemente se ríe, significa que la joven ya no es pura y por lo tanto no es digna del enlace matrimonial. “Suficiente para que los padres del novio cancelen la boda”, comenta un vecino del lugar.

Justicia maya

Diego de Landa, Francisco Antonio de Fuentes y Guzmán y Bartolomé de las Casas, observaron y escribieron sobre los azotes públicos, la expulsión de algún miembro de la comunidad, o, en faltas graves, la pena de muerte (lapidados o desbarrancados).

Con el tiempo, las amonestaciones verbales y un par de latigazos en público constituyeron parte de la tradición en el derecho consuetudinario maya, donde los abuelos consideraron era la manera de formar personas honorables.

Con los años y en el contexto del conflicto armado interno, esta práctica se distorsionó y ahora lo único que existe es el linchamiento el cual está penado por la ley, de acuerdo con la antropóloga Claudia Dary.

“Son adaptaciones que responden al quiebre y pérdida de autoridades locales debido al conflicto armado. Quedó un vacío de autoridad indígena tradicional y los nuevos líderes reinterpretaron la reprimenda de los antepasados”, indica.

De esa cuenta, las relaciones de poder local quedaron alteradas y fragmentadas. “Hubo aprendizajes de tortura durante el conflicto que se mezclaron”, pero esto no es una continuidad, de acuerdo con los estudiosos, señala Dary.

Cuestionan

Algunas de estas prácticas, como casarse a temprana edad, ha respondido a costumbres ancestrales que, si se postergan, a las mujeres las consideran que se les pasó la edad para tal fin.

Hace pocos meses, se aprobó en Guatemala el decreto 8-2015 que establece que la edad mínima para casarse son los 18 años. Anteriormente era posible que las menores de 14 años pudieran contraer matrimonio.

De acuerdo con Colom, la unión o el matrimonio a temprana edad conlleva varias causas, entre estas: altos niveles de pobreza, hacinamiento, falta de acceso a servicios básicos, unido a prejuicios sociales como la reputación familiar y el control de la sexualidad de la menor.

“Pareciera ser que mientras más pequeña, más garantizada su inocencia. Es un control ingrato sobre su sexualidad en la vida de las niñas”, sentencia la antropóloga, aclarando que esta no es una práctica de determinado grupo sociolingüístico, sino que sucede en todos los niveles de la sociedad donde la virginidad es un valor social arraigado.

“En muchas comunidades hoy se cuestionan los hábitos y costumbres que se han convertido en algo nocivo para la vida de niños, mujeres y hombres”, señala Cumes, especialmente cuando implica violencia contra la mujer.