Julio Ligorría se presenta a Juzgado de Mayor Riesgo D y jueza deja sin efecto orden de captura

La jueza Abelina Cruz argumentó que el MP no ha avanzado en la investigación contra Julio Ligorría y que se han violentado sus derechos de defensa luego de 11 años de haberlo señalado.

Miguel Barrientos y Elmer Vargas

29 de agosto de 2024 | 14:29h

Compartir en Facebook

Compartir en X

Compartir en LinkedIn

Compartir en Whatsapp

Copiar enlace

Guardar artículo

Julio Ligorría asiste al Juzgado de Mayor Riesgo D para pedir que el cierre de la investigación en su contra por el caso Construcción y Corrupción. (Foto Prensa Libre: E. Chang)

Este 29 de agosto se celebró en el Juzgado de Mayor Riesgo D, a cargo de Abelina Cruz, una audiencia en la que participó Julio Ligorría, por señalamientos del Ministerio Público en el caso Construcción y Corrupción.

La defensa de Ligorría, exembajador de Guatemala en Washington, argumentó que se presentaron ante las autoridades judiciales de forma voluntaria para solicitar la desestimación del caso, cuyo origen se remonta a la anterior administración de la Fiscalía Especial contra la Impunidad (Feci).

La jueza Cruz indicó que el Ministerio Público ha sido “negligente de realizar la investigación contra Ligorría” y que ha violentado sus derechos de defensa, porque durante 11 años no ha presentado avances en la investigación.

Por esa razón, indicó que el Ministerio Público tendrá 20 días para solucionar la situación de Ligorría y se celebrará una audiencia para conocer el requerimiento.

Cruz indicó que fue la anterior administración de la Fiscalía Especial contra la Impunidad la que hizo los señalamientos contra Ligorría y pidió a la actual que resuelvan la situación del exembajador.

EN ESTE MOMENTO

Universidades cambian a decanos antes de la convocatoria de postuladoras para TSE y MP

Caso Melisa Palacios: las cuatro claves del nuevo intento de Fernanda Bonilla para apartar a la jueza Carol Berganza

“Es muy fácil para ellos, desde el extranjero, estar criticando y difamando a esta judicatura, en una situación de rebeldía y no se presentan a resolver su situación jurídica. Es necesario que el Ministerio Público actual continúe con esa objetividad que ha caracterizado a la institución y que en ciertas ocasiones se desvió”, dijo la jueza.

Añadió que el Ministerio Público tendrá hasta el 30 de septiembre para resolver la situación de Ligorría; mientras, el Juzgado celebrará la audiencia para decidir su situación legal el 1 de octubre a las 9 horas.

Recalcó que las órdenes de aprehensión que habían sido solicitadas contra Ligorría están sin efecto y continuarán así, a la espera de que el Ministerio Público responda el requerimiento.

Cambio de jueza en Juzgado D

Luego de la audiencia, el exembajador Julio Ligorría, brindó declaraciones sobre el proceso e indicó que a pesar de que “la justicia es lenta” espera poder continuar con su vida “normal y trabajando”.

Añadió que el cambio de jueza en el Juzgado D, con la salida de Erika Aifán, causó retrasos en las gestiones del Ministerio Público y sus abogados.

Antecedente

En 2017, la extinta Comisión Internacional contra la Impunidad en Guatemala (Cicig) y el Ministerio Público presentaron el caso, en el que señalaron a exfuncionarios del gobierno del Partido Patriota de haber cometido ilegalidades y haber recibido sobornos para proyectos del Ministerio de Comunicaciones, Infraestructura y Vivienda.

Los señalamientos contra Ligorría fueron por lavado de dinero y financiamiento electoral ilícito, cuyos fondos, según el MP, habrían sido utilizados para la campaña del referido partido en la campaña electoral de 2011.

En enero de 2022, se conoció que la actual administración de la Feci planteaba cerrar la investigación contra Ligorría y que se pediría a la anterior titular del referido Juzgado, Erika Aifán, la desestimación de la acusación.

La Feci también anuló la orden de aprehensión que se había girado contra Ligorría.

Rafael Curruchiche, jefe de la Feci, indicó entonces que se había hecho la petición a la jueza Aifán luego de haber sometido la investigación a un análisis.

“Hemos concluido que lo que procede es revocar la orden de aprehensión por los dos delitos y solicitar la desestimación”, dijo en esa ocasión Curruchiche.

Actualización

El 18 de agosto de 2025 la jueza Abelina Cruz cerró el proceso penal contra el exembajador Ligorría por los delitos de lavado de dinero u otros activos y financiamiento electoral ilícito, en el caso denominado Construcción y Corrupción.

El juez Juan José Jiménez, titular del Juzgado de Mayor Riesgo “D“, declaró en rebeldía a los empresarios brasileños y ordenó su aprehensión debido a que no se presentaron a una citación este miércoles en el Organismo Judicial de la Ciudad de Guatemala.

Los abogados de los brasileños solicitaron la suspensión de la audiencia para poder estudiar la acusación contra los exdirectivos de Odebrecht; sin embargo, sus argumentos fueron rechazados por el juez Jiménez, quien insistió que los implicados tenían que estar presentes.

El fiscal guatemalteco Rafael Curruchiche, sancionado por corrupción por Estados Unidos, acusa a Lima Machado y Mameri de haber recibido de forma anómala beneficios de la extinta Comisión Internacional Contra la Impunidad en Guatemala (Cicig), encabezada Iván Velásquez, ahora ministro de Defensa de Colombia.

EN ESTE MOMENTO

Universidades cambian a decanos antes de la convocatoria de postuladoras para TSE y MP

Caso Melisa Palacios: las cuatro claves del nuevo intento de Fernanda Bonilla para apartar a la jueza Carol Berganza

Embargan salario del ministro Joaquín Barnoya y suspenden pagos a UNOPS por orden judicial

En 2022, se anularon los testimonios que ambos brasileños habían brindado en 2017, en los que acusaban al exministro de comunicaciones Alejandro Sinibaldi y al excandidato presidencial Manuel Baldizón de recibir sobornos de Odebrecht por US$18 millones a cambio de otorgar proyectos a la constructora brasileña.

El pasado 11 de enero, Baldizón, condenado por lavado de dinero en Estados Unidos, recuperó su libertad en Guatemala gracias a la anulación de los testimonios de los empresarios brasileños que lo vinculan a recibir sobornos millonarios entre 2010 y 2011.

Además, hace dos semanas el fiscal Curruchiche advirtió que no descartaba acciones legales contra el actual ministro de Defensa de Colombia, Iván Velásquez, por su supuesta vinculación a anomalías en el caso Odebrecht, cuando fungía como director de la Cicig (2013-2018).

El caso Odebrecht se vincula a investigaciones internacionales de corrupción como los casos Lava Jato, en Brasil, y el caso Odebrecht en Estados Unidos, por el cual se investiga el pago de sobornos en 12 países de Latinoamérica.

En Guatemala, varios expertos advierten que las actuales autoridades del Ministerio Público  están persiguiendo a los operadores de justicia que en el pasado descubrieron redes criminales de corrupción incrustadas en el Estado.

LE RECOMENDAMOS

Sala resuelve que se violó el debido proceso en el caso contra el exfiscal Juan Francisco Sandoval y la Feci dice que apelará

“No podrá ser procesado”: Giammattei reconoce que Iván Velásquez tiene inmunidad, pero dice debe ser investigado

Este 1 de febrero, el MP de Guatemala publicó un video del jefe de la Feci, Rafael Curruchiche, en el que este menciona que los exdirectivos de Odebrecht no comparecieron a la audiencia judicial en calidad de sindicados,  de la cual habían sido notificados, y que a través de los abogados, estos presentaron una serie de recursos legales para impedir la realización de dicha audiencia.

Afirma que fue la Feci la que solicitó la rebeldía y el juez Jiménez ordenó la inmediata aprehensión estas personas.

“Estas personas fueron beneficiadas por el excomisionado de la Cicig, Iván Velásquez Gómez; la exfiscal general, Thelma Esperanza Aldana Hernández; el exfiscal de la Feci, Juan Francisco Sandoval Alfaro, y el expresidente de la Cámara de Comercio Guatemalteco Americana,  Juan Pablo Carrasco de Groote y  hoy otros coimputados”, dice Curruchiche.

Agrega que la Feci continuará emprendiendo las acciones legales correspondientes en contra de todas aquellas personas que resulten implicadas. Aclaró que el caso va avanzando significativamente y no van a descansar hasta esclarecer los hechos.

#CasoOdebrecht
La Fiscalía Especial contra la Impunidad informa: pic.twitter.com/rCQryLcuUt

— MP de Guatemala (@MPguatemala) February 1, 2023

Añadió que, a requerimiento de la Feci, también se dejan sin efecto los beneficios concedidos a los ciudadanos brasileños, por los exfuncionarios de la Feci, Juan Francisco Sandoval Alfaro, Eva Siomara Sosa Pérez, así como exmandatarios de la extinta Comisión Internacional contra la Impunidad en Guatemala (Cicig) y demás personas que, según el MP, “se prestaron para avalar actos posiblemente ilegales y corruptos en agravio del Estado de Guatemala”.

El comunicado del MP explica que dicho juzgado “en aras de garantizar el principio de inmediación, ha señalado audiencia de primera declaración de los sindicados Luiz Antonio Mameri y Marcos de Cerqueira Lima Machado para el 1 de febrero de 2023 a las 9:00 horas, bajo apercibimiento que los sindicados deberán comparecer personalmente a dicha audiencia”.

“La Fiscalía Especial contra la Impunidad reitera que no se escatimarán esfuerzos para garantizar el esclarecimiento de la verdad, y que todas las personas que resulten responsables enfrenten todo el peso de la ley”, cierra el comunicado.

EN ESTE MOMENTO

Universidades cambian a decanos antes de la convocatoria de postuladoras para TSE y MP

Caso Melisa Palacios: las cuatro claves del nuevo intento de Fernanda Bonilla para apartar a la jueza Carol Berganza

En un video difundido por el MP, el jefe de la Feci, Rafael Curruchiche, dice que con la resolución del juzgado se abre la posibilidad para que la Procuraduría General de la Nación pueda accionar con todas la formalidades de ley.

Caso Odebrecht y Guatemala

Es uno de los casos de corrupción más grande de las últimas décadas al alcanzar a presidentes, vicepresidentes y demás funcionarios de gobierno de al menos 12 países, incluido Guatemala.

Odebrecht es una empresa constructora de Brasil, se dedicó a emitir sobornos a toda Latinoamérica a cambio de ser beneficiada con contratos gubernamentales.

Los hechos quedaron expuestos por una investigación del Departamento de Justicia de los Estados Unidos, en la que además participaron agencias fiscales de al menos 10 países.

Para el caso de Guatemala, durante el Gobierno del extinto Partido Patriota (PP) el Congreso autorizó la construcción de una carretera de cuatro carriles entre los departamentos de Suchitepéquez y San Marcos.

El Gobierno destinó el pago de US$384 millones para el ambicioso proyecto de más de 100 kilómetros, pero las pesquisas por corrupción ocasionaron que se incumpliera con la obra que Guatemala ya había pagado.

Los hechos por enlistar actos de corrupción entre funcionarios y empresarios del más alto perfil se le designó a la Feci, cuya investigación permitió la captura de algunos abogados en enero de 2018.

Declaraciones de anticipo de prueba

Luiz Antonio Mameri y Marcos de Cerqueira Lima Machado eran directivos de la constructora brasileña Odebrecht y en 2017 rindieron declaración en anticipo de prueba en el caso que se sigue en Guatemala.

Las diligencias se efectuaron en el Juzgado de Mayor Riesgo D, que tenía a cargo en ese entonces la jueza Éricka Aifán.

Ambos declararon por videoconferencia desde Brasil, donde están procesados en el caso de corrupción Lava Jato. Lo hicieron con la presencia de sus abogados en ese país y otros dos defensores que participaron en la audiencia en Guatemala.

Lima Machado expone en la videoconferencia que estaban interesados en invertir en Guatemala, por lo que hicieron una exploración en el 2010, pero antes de ello  investigaron si el Estado de Brasil podía financiar algunos proyectos en este país. Cuando les dijeron que sí,  viajaron   a Guatemala durante el cuarto trimestre de ese año.

El colaborador eficaz señaló que empezó a tener cercanías con el gobierno de la Unidad Nacional de la Esperanza (UNE), pero fue con la gestión del Partido Patriota con la que se concretó el proyecto de la construcción de la Carretera CA2 Occidente.

Según el relato, durante el gobierno de la UNE el representante de Odebrecht se reunió con dos técnicos de la Dirección General de Caminos, quienes le entregaron el plan vial 2007-2017. Luego de estudiarlo se reunió con el entonces ministro de Comunicaciones, Guillermo Castillo, y el presidente  Álvaro Colom, quien le ofreció el tramo carretero.

En enero del 2011 hubo cambio de ministro, el viceministro Jesús Insúa asume el cargo en sustitución de Castillo y toma el control de la negociación, cita el relato.

El colaborador eficaz explica que para que el proceso avanzara en Brasil era necesario firmar un memorando de entendimiento, para que el Banco Nacional entrara a conocer el financiamiento. Y así se firmó el convenio con Insúa.

“Luego entra la solicitud del préstamo en Brasil y en febrero del 2011 viajamos  con el ministro Insúa a Brasil, el exministro Castillo y Óscar Monterroso”, refiere en la videoconferencia.

Gobierno del PP

Lima Machado expone que en una fiesta de un amigo, en diciembre del 2011, conoció a Alejandro Sinibaldi, con quien platicó brevemente y le expuso que estaban interesados en invertir en Guatemala.
Después de un tiempo se concretó una reunión con Sinibaldi en el Ministerio de Comunicaciones.

Debido a que el proceso no avanzaba, Lima Machado cuenta que tuvo que reunirse con la vicepresidenta Roxana Baldetti, “quien me presentó  a Arturo Batres Gil. Luego de varias semanas, Batres Gil me llama para decirme que ya no debería tratar más con Alejandro Sinibaldi, sino hacerlo por medio de la vicepresidenta de la República, por lo que le indiqué que no podía porque era tema del Ministerio de Comunicaciones”.

En septiembre del 2012, Sinibaldi  le dijo al colaborador eficaz que era necesario  agendar un dinero para él, ya que, de lo contrario, no podría avanzar el proyecto, pero Lima Machado respondió que tenía que hablarlo con su líder, Luiz Antonio Mameri.

En enero del 2013, Sinibaldi le solicitó a Mameri el pago de la comisión del 7.5 por ciento del total del contrato —unos US$9.9 millones— para gestionar los procesos y concretar el proyecto de la construcción de la Carretera CA2 Occidente; luego de un tiempo aceptó, según el relato grabado.

Otra de las referencias de Lima Machado señala  que el fallecido exministro de Finanzas Públicas Pavel Centeno fue el encargado de elaborar los términos de referencia del préstamo para ejecutar el proyecto.

Para que el banco brasileño aprobara el crédito fue necesario que se presentara un contrato.

El colaborador eficaz contó que hicieron un borrador y, para su sorpresa, de un día a otro  el Congreso aprobó el borrador que ellos propusieron al momento de hacer la negociación, sin hacerle modificaciones.

“En abril del 2013 se pagó la mitad del anticipo de la obra, US$38 millones 223 mil 490.17, y de ahí salieron los siete primeros desembolsos para funcionarios públicos”, afirma Lima Machado.

Según la investigación y lo confirmado por Lima Machado, Manuel Baldizón habría recibido US$1.2 millones de los US$3 que habían pactado.

Debido a que  en la casa de Sinibaldi hubo una reunión con Baldizón y el ahora colaborador eficaz, ese día aquel le dijo que había que entregarle una cuota a a este último.

Batres era secretario privado de Baldetti y es uno de los prófugos del caso por haber recibido US$4.9 millones en sobornos, según la pesquisa.

El caso es investigado a partir de denuncias que presentó  la Contraloría General de Cuentas  en 2016 y 2017 por una auditoría efectuada a la Dirección General de Caminos, en la que se hallaron  anomalías en los contratos 53-2012 y 85-2012, que correspondían a trabajos en la carretera CA2 Occidente.

Segundo colaborador

Luiz Antonio Mameri, quien era el jefe superior de Lima Machado, indicó que él quiere declarar porque estuvo involucrado y desea ayudar a la justicia.

Durante la audiencia  por videoconferencia Mameri dijo que  él se encargó de confirmar los pagos que realizó y las reuniones con los funcionarios del Ministerio de Comunicaciones, así como con un representante de la entonces vicepresidenta Roxana Baldetti, que era Arturo Batres, y con el excandidato a la presidencia Manuel Baldizón.

Lima Machado y Mameri colaboraron con la entrega de información clave sobre las negociaciones efectuadas en Guatemala, así como del origen y destino de las transacciones financieras para el pago de  sobornos.

Según informó la secretaria del órgano jurisdiccional, Aura Cortez, todas las audiencias serán reprogramadas y no brindó mayores detalles de la carpeta judicial argumentando que debía pedirle autorización al juzgador detallar sobre la fecha en que citará a Benito Ruiz.

El juez se encuentra desarrollando un debate oral en el Tribunal C de Alto Impacto, el cual integra desde el 30 de marzo de 2022, en sustitución de Pablo Xitumul, quien fue separado del cargo luego de que la Corte Suprema de Justicia le retirara el derecho de antejuicio.

LE RECOMENDAMOS

Exministro de Comunicaciones por conocer si enfrentará juicio en el Caso de los Q122 millones

Archila Lima fue designado en lugar de la exjueza Éricka Aifán, el pasado 20 de julio de 2022, desde esa fecha se ha alternado en ambos órganos jurisdiccionales, sin poder tomar el control completamente del Juzgado D de Mayor Riesgo.

En dicho juzgado se encuentran el caso denominado Construcción y Corrupción, una red que supuestamente cobraba sobornos en el gobierno a cambio de entregar proyectos de obra pública, y Comisiones Paralelas, una investigación que involucra a Gustavo Alejos, diputados, abogados, magistrados y operadores políticos en una estructura que supuestamente interfirió en la elección de los integrantes de la Corte Suprema de Justicia y Cortes de Apelaciones, un proceso que lleva más de dos años sin avanzar en el Congreso.

En la resolución también se mantiene la declaración de rebeldía y el arraigo decretado por la jueza contra el exfuncionario del gobierno de Jimmy Morales.

La defensa del exministro buscaba anular la resolución dictada por la extitular del Juzgado de Mayor Riesgo “D”, Erika Aifán, en febrero del 2020.

La resolución se dio el 16 de junio pasado en el expediente 209-2022, en la que la CC examinó la sentencia del 28 de junio de 2021, dictada por la Sala Primera de la Corte de Apelaciones del Ramo Penal de Procesos de Mayor Riesgo y de Extinción de Dominio, constituida en Tribunal de Amparo, en la que la defensa de Valladares Urruela, promovió una acción de inconstitucionalidad contra la jueza de mayor riesgo D.

EN ESTE MOMENTO

Universidades cambian a decanos antes de la convocatoria de postuladoras para TSE y MP

Caso Melisa Palacios: las cuatro claves del nuevo intento de Fernanda Bonilla para apartar a la jueza Carol Berganza

Embargan salario del ministro Joaquín Barnoya y suspenden pagos a UNOPS por orden judicial

La defensa reclamaba que el 13 de febrero de 2020 el juzgado de Mayor Riesgo D reiteró la orden de aprehensión, declaró la rebeldía y ordenó el arraigo de Acisclo Valladares Urruela, dentro del proceso penal que se sigue en su contra y de otros procesados por la posible comisión de los delitos de asociación ilícita y lavado de dinero u otros activos en el caso “Red de Poder, Corrupción y Lavado”

Según la acción de inconstitucionalidad, las violaciones que denunciaba la defensa de Valladares Urruela era al derecho de defensa y al principio jurídico constitucional del debido proceso.

En el documento se menciona que la defensa explicó que, ante la Jueza Primero de Primera Instancia Penal, Narcoactividad y Delitos contra el Ambiente por Procesos de Mayor Riesgo, grupo D, se tramitaba la causa penal C-01073-2016-00359 contra Valladares Urruela, y otros procesados.

Lea además: Caso Asalto al Ministerio de Salud: Estuardo Galdámez obtiene arresto domiciliario bajo caución económica

Añadía que Valladares Urruela, a través de una conferencia de prensa se enteró que se encontraba vinculado a dicho proceso, razón por la cual se puso a disposición de la fiscalía.

También menciona que se apersonó en varias ocasiones ante dicho juzgado e hizo su presentación espontánea,  pero la jueza en resolución de 15 de enero de 2020 señaló el 13 de febrero de ese mismo año para la audiencia de primera declaración de Valladares.

En rebeldía y con arraigo

Según el documento de la CC, ese 13 de febrero, Oscar Orlando Colindres Ortiz, actuando en su calidad de abogado defensor de Valladares Urruela, recusó a la jueza señalada, pero en la referida audiencia, la citada autoridad reiteró la orden de aprehensión, declaró la rebeldía y ordenó el arraigo de Acisclo Valladares Urruela a través de la resolución que constituye el acto reclamado.

Agregaba la defensa que según el informe remitido por la autoridad increpada, contra la referida resolución se interpuso actividad procesal defectuosa.

La defensa de Acisclo Valladares Urruela consideró vulnerados los derechos de su patrocinado, porque se violentó su calidad de sujeto procesal y no se notificaron las actuaciones previas a la audiencia en donde se emitió la resolución que señala como agraviante.

El abogado de Valladares también señalaba que la notificación de la resolución a través de la cual se fijó audiencia para su primera declaración se efectuó en un lugar diferente al que señalaron oportunamente. Y que si bien se les comunicó vía correo electrónico, la misma se practicó con menos de 24 horas de anticipación, por lo que no tenía la obligación legal de comparecer.

Lea también: Caso Amperios: Jorge José Stalling Sandoval, exgerente del Inde, y Ekaterina Parrilla, exviceministra del MEM, son enviados a juicio

En el informe circunstanciado que presentó el juzgado a la CC se menciona que el 1 de octubre de 2019 se recibió en el juzgado a su cargo un escrito de Acisclo Valladares Urruela, a través del cual se apersonó al proceso y promovió su presentación espontánea, que se declaró sin lugar en resolución de 21 de noviembre de ese año porque el solicitante no figuraba como sujeto procesal dentro de la causa penal número 01073-2016- 00359.

Agregaba que el 14 de enero de 2020, Acisclo Valladares Urruela presentó otro escrito de apersonamiento y presentación espontánea al a la referida carpeta judicial y el 15 de enero de ese mismo año, a solicitud del Ministerio Público, se giró orden de aprehensión en su contra, por la posible comisión de los delitos de Asociación ilícita y Lavado de dinero u otros activos.

También mencionaba que en esa misma fecha se resolvió la solicitud de Acisclo Valladares Urruela, señalándose audiencia para su primera declaración el 13 de febrero de 2020.

Explicaba que contra la resolución a través de la cual se decretó la orden de aprehensión, Acisclo Valladares Urruela interpuso recurso de reposición, que se declaró sin lugar.

Lea además: CSJ da trámite a solicitud de antejuicio contra el diputado Jorge García Silva, señalado en el Caso Clima, Corrupción y Poder

Ese 13 de febrero se llevó a cabo la audiencia para recibir la primera declaración de Acisclo Valladares Urruela, quien no compareció, por lo que a solicitud del Ministerio Público, se decretó su rebeldía.

En esa misma fecha, el procesado recusó a ese órgano jurisdiccional y presentó escrito de actividad procesal defectuosa y el 10 de marzo resolvió los memoriales, en el sentido de que previo a resolver, en virtud de haberse declarado la rebeldía del sindicado Acisclo Valladares Urruela, debía comparecer personalmente o ser puesto a disposición del juzgado a su cargo.

La Sala Primera de la Corte de Apelaciones del ramo Penal de Procesos de Mayor Riesgo y de Extinción de Dominio, constituida en Tribunal de Amparo, consideró en la resolución de la petición que hizo la defensa de anular el proceso, que el abogado de Valladares Urruela no pudo acreditar motivo de la ausencia de su patrocinado en la audiencia de primera declaración y por eso se resolvió que se mantuviera la orden de captura, la rebeldía y el arraigo que decretó el Juzgado de Mayor riesgo D.

LE RECOMENDAMOS

Mingob aún considera dejar construcción de nueva cárcel a manos de empresa cuestionada en México y EE. UU.

“La tragedia de San Antonio es el resultado del fracaso de los estados”: Amnistía Internacional

Resolución de la CC

Según la CC, en el audio de la audiencia respectiva consta que la jueza cuestionada hizo saber al abogado del sindicado que le concedía el uso de la palabra únicamente para que se pronunciara en torno a la inasistencia de su patrocinado, a fin de resguardar el derecho de defensa de éste; sin embargo, debido a que el derecho penal es personalísimo y, por lo tanto, no permite el juzgamiento de la persona en ausencia, lo que implicaba que el imputado no podía ser representado por su abogado defensor en una audiencia de primera declaración, no era atendible su requerimiento.

Añade que en este sentido la CC ya se ha pronunciado al respecto, al decir que “los derechos del acusado no pueden ser ejercidos en su ausencia al ser procesado por la posible comisión de un ilícito penal, por lo que se requiere que quienes enfrentan un proceso de esa naturaleza, asuman su responsabilidad en forma individual, y ello, porque una de las características del derecho penal es que la responsabilidad es personal y no puede ser delegada…”, según sentencia del 14 de noviembre de 2018 emitida en el expediente 1845-2018.

Le puede interesar: Revés para juez de Mayor Riesgo Miguel Ángel Gálvez: CSJ da trámite a solicitud de antejuicio

Es por esa razón que la CC concluye que no es atendible el agravio referido, por cuanto no existe una violación de rango constitucional que afecte los derechos del postulante que ameriten ser protegidos en esta vía.

La resolución de la CC menciona que “por las razones consideradas, el amparo solicitado deberá denegarse, dada su notoria improcedencia”.

Valladares se entregó en EE. UU.

Autoridades de Estados Unidos confirmaron que Acisclo Valladares Urruela, señalado de lavado de dinero, se entregó a la justicia de ese país, pero permanecen libre bajo fianza luego de pagar US$500 mil.

El exministro se presentó a la Corte del Distrito Sur de Florida el 22 de octubre de 2020, que lo señala de lavado de dinero.

Según la acusación de Estados Unidos, Valladares Urruela ayudó a lavar cerca de  US$10 millones (Q77 millones) de ganancias de drogas ilegales y otro dinero ilegal.

La información de documentos oficiales públicos detalla que Valladares Urruela se presentó ese día al décimo nivel del Atkins Building Courthouse, a las 11 horas, para ver estar frente a la jueza Alicia M. Otazo Reyes, de la Corte del Distrito Sur de Florida, para comparecer en su primera aparición en la corte.

Según se detalló, Valladares habría pagado US$500 mil de fianza y quedó libre, pero debe permanecer en su domicilio. El exfuncionario se declaró inocente de los cargos que se le imputan.

Según la información oficial, solo los tres juzgadores mostraron interés en dirigir el juzgado que dejó Aifán luego de su renuncia el 21 de marzo de 2021, según ella a la persecución que sufría por su labor y las amenazas a su integridad y exiliarse en Estados Unidos.

Los aspirantes son Mario Efraín Najarro Quinteros, Abelina Cruz Tozcano y Juan José Jiménez Texaj, este último es hermano del magistrado suplente de la Corte de Constitucionalidad (CC), Walter Paulino Jiménez Texaj.

La desaparecida Comisión Internacional contra la Impunidad en Guatemala (Cicig), informó en julio de 2010 que había interpuesto ante el Ministerio Público una denuncia penal en contra de Mario Efraín Najaro Quinteros, mientras era juez Quinto de Primera Instancia Penal, Narcoactividad y Delitos contra el Ambiente de Guatemala, por los delitos de prevaricato, resoluciones violatorias a la Constitución y obstrucción de justicia.

Lea además

Juez de Guatemala ordena devolución del jet del expresidente panameño Ricardo Martinelli, pero el avión todavía estará bajo resguardo

Esto, según afirmaba la Cicig, por haber decretado la libertad de Napoleón Rojas Méndez, cuando le debió dictar prisión preventiva pues esta persona estuvo prófuga de la justicia por más de un año, favoreciéndolo con la medida improcedente de arresto domiciliario.

Rojas era señalado por el traslado de Q30 millones al Crédito Hipotecario Nacional de un desfalco millonario al Ministerio de la Defensa cuando era presidente Alfonso Portillo.

Entretanto, Abelina Cruz Tozcano, como juez suplente, habría beneficiado a la magistrada Blanca Stalling con arresto domiciliario, pese a que había intentado escapar de las autoridades usando un disfraz y una peluca.

Lea además: “Crimen organizado”, la banda de sicarios que fue desarticulada por las autoridades señalada de crímenes contra pilotos y extorsión

Renuncia de Aifán

Ramírez sustituye temporalmente a Erika Aifán, quien el pasado lunes renunció al cargo tras denunciar amenazas y se fue al exilio a Estados Unidos.

“Este acto remarca la intolerancia e irrespeto hacia la libertad de expresión que existe desde los altos magistrados del Organismo Judicial (OJ) hasta los juzgados de primera instancia”, se lee en un comunicado que publicó la APG.

Explica el documento que durante la audiencia de primera declaración por el caso de la masacre Rancho Bejuco, en la que están involucrados nueve expatrulleros de autodefensa civil, el juez Edwin Ramírez impidió que más de tres reporteros estuvieran presentes en la sala y les pidió que se rotaran para poder cubrir el proceso, pues adujo restricciones por la pandemia, “pese a que en actuaciones anteriores nunca se había impuesto esta limitación”.

Lea además

“Estamos preocupados”: Embajador de Estados Unidos en Guatemala habla sobre la salida de jueza Erika Aifán y la situación de justicia en el país

El comunicado añade que, contrario a lo que ha ocurrido en esta judicatura u otros juzgados de la misma categoría, Ramírez solicitó que todos los periodistas dieran su nombre completo, número de DPI y medio al que pertenecen, pese a que los reporteros de esa fuente ya están acreditados en comunicación social.

Lea también: Edwin Ramírez, juez suplente de Mayor Riesgo “D”, reduce ingreso a las audiencias y lanza advertencia a periodistas

Amenaza con acciones legales

“Pero lo más preocupante de las actuaciones del juez son las amenazas que lanzó, según algunas denuncias, en contra de los periodistas presentes, a quienes advirtió con iniciar acciones legales si percibía que las publicaciones sobre la audiencia no “están acorde a lo que resuelva” o lo que él crea que ha sucedido durante el proceso”, se lee en el comunicado de la APG.

Según la APG, el juzgador alegó el interés por mantener el “decoro” y “respeto” cuando emitió estas advertencias. Además, como acto de intimidación hacia los medios de comunicación, Ramírez solicitó la presencia de la Policía Nacional Civil (PNC), tanto dentro como fuera de la sala donde se desarrollaba la audiencia.

“Las acciones para limitar la cobertura periodística y las amenazas del juez, son parte de las acciones que el OJ y sus juzgados han emprendido para restringir la cobertura en procesos importantes, ordenar la investigación contra periodistas o emitir resoluciones contrarias a la Constitución para entablar una censura previa a los medios”, dice la comunicación de APG.

El comunicado también expresa que es preciso recordar al juez suplente que su cargo no le exime de la crítica y la auditoría, tanto de los periodistas, ciudadanía y agrupaciones de derechos humanos, ni lo coloca sobre la Constitución Política o los acuerdos en materia de derechos humanos suscritos por el Estado, para que pueda determinar qué información pueden publicar los medios de comunicación o establecer quiénes pueden ingresar a las audiencias.

Lea además: CSJ de facto deberá nombrar al nuevo juez de Mayor Riesgo D, por reformas hechas en el Congreso

“Las actitudes de Ramírez parecen más las de un depredador de la libertad de expresión que de un operador de justicia responsable de respetar la ley”, también expresa la APG.

Consideran que las acciones de Ramírez son una seria amenaza para la libertad de expresión que pueden llevar a que éstas sean replicadas en otras judicaturas, por lo que no deben quedar sin consecuencias.

“Ante esto, la APG y su Comisión de Libertad de Prensa demandan a la Corte Suprema de Justicia (CSJ) que inicie inmediatamente un proceso disciplinario en contra Ramírez y brinde la misma importancia que ha dado a proceso contra otros profesionales del derecho”, concluye el comunicado.

Lea también: Pablo Xitumul es suspendido del Tribunal de Mayor Riesgo C mientras aclara su situación jurídica, resuelve la Corte Suprema de Justicia

La salida de Érika Aifán de la judicatura de Mayor Riesgo D vuelve a poner en la coyuntura el papel que juegan estos juzgados en el sistema de justicia de Guatemala.

Estas judicaturas nacieron luego de propuestas realizadas por la Comisión Internacional contra la Impunidad en Guatemala (CICIG), la cual estuvo vigente entre 2007 y 2019. Lo que se proponía era concentrar los casos de alto impacto en juzgados de la capital.

Para ello, la Corte Suprema de Justicia (CSJ) emitió en 2009 el acuerdo 6-2009, mediante el cual declara competente a los Juzgados de Primera Instancia de Turno del municipio de Guatemala para conocer casos de mayor riesgo del interior de la República. No obstante, este acuerdo fue sustituido meses después por el decreto 21-2009, Ley de Competencia Penal en Procesos de Mayor Riesgo, el cual fue aprobado de urgencia nacional en el Congreso en 2009, según explica el estudio del Centro de Investigaciones Económicas Nacionales (Cien) Juzgados de Mayor Riesgo: análisis y retos.

Cómo la renuncia de Érika Aifán podría impactar en jueces y en casos de mayor riesgo

Se reconocen como delitos de mayor riesgo aquellos del crimen organizado, violaciones de derechos humanos y los relacionados a la corrupción.

Esto sucede porque se juzga a estructuras criminales que tienen poder político, económico e intimidatorio, explica el estudio.

Delitos de mayor riesgo, según el decreto 21-2009:

1. Genocidio
2. Los delitos contra personas y bienes protegidos por el Derecho Internacional Humanitario
3. Desaparición forzada
4. Tortura
5. Asesinato
6. Trata de personas
7. Plago o secuestro
8. Parricidio
9. Femicidio
10. Delitos contemplados en la Ley Contra la Delincuencia Organizada
11. Delitos cuya pena máxima sea superior de 15 años de prisión en la Ley para Prevenir y Reprimir el Financiamiento del Terrorismo
12. Los delitos conexos a los anteriores serán juzgados por los tribunales competentes para procesos de mayor riesgo.

Conforme ha ido incrementando la carga de trabajo y los procesos que demandan mayores garantías de seguridad, también se han creado nuevos juzgados y tribunales con esta competencia. Actualmente, hay seis juzgados de mayor riesgo, seis tribunales y dos salas de apelaciones.

De acuerdo con el CIEN, desde la creación de estas instancias de mayor riesgo y hasta el 2019 los casos de alto impacto acumulados eran 1 mil 073. Siendo los años 2013 al 2015 donde se acumuló el 46% de los procesos.

No obstante la naturaleza de la creación de estas judicaturas de mayor riesgo, en los últimos años, los jueces que integran estas judicaturas han denunciado que sufren persecuciones y amenazas producto de su trabajo. En junio del año pasado, cuatro de ellos solicitaron a la fiscal general Consuelo Porras que revisara las decenas de denuncias penales que se han presentado contra ellos, puesto que muchas de ellas son espurias.

Estas mismas presiones motivaron a la jueza Érika Aifán de renunciar como titular del Juzgado de Mayor Riesgo D y salir exilio, desde donde denuncia que había una estrategia para criminalizarla orquestada por actores estatales.

Aunque según el CIEN, el uso de la competencia de Mayor Riesgo se da por varias razones, no únicamente por seguridad personal. “También existen otros incentivos para pedir dicha competencia especializada. Existen incentivos procesales, como por ejemplo lograr una única competencia procesal en un caso grande o un mayor conocimiento de la materia de parte de los jueces, que no obedecen estrictamente al tema de riesgo personal”.

El estudio hace la acotación de que una comparación hecha con las diferentes legislaciones de 16 países de Latinoamérica acerca de los casos complejos, se pudo observar que el único país que ha introducido el término de caso complejo en su legislación es Argentina. La gran mayoría de países ha introducido el concepto de caso complejo en su legislación asociado a la delincuencia organizada. Sin embargo, no existe
ningún otro país además de Guatemala que use el término de mayor riesgo para calificar un caso.

Mejoras

Según el CIEN existen “serios desafíos en la gestión de los juzgados”, pues la administración de cada juzgado varía y está a criterio del mismo juez y su secretario.

“Se pueden observar diferencias en el manejo de agenda, manejo de audiencias, tiempos de notificación y atención a las personas que tramitan algún asunto. Otros estudios que se han realizado indican que la burocracia es lenta y alarga los procesos judiciales, lo cual es importante para ubicar los cuellos de botella y procurar una mayor eficiencia de cada juzgado. Actualmente no existe un sistema para medir la eficiencia de los juzgados”, dice el estudio.

Además, señala que “la prisión provisional se ha vuelto una práctica recurrente” en estos juzgados debido a la complejidad de los casos.  Sin embargo, “hay que reconocer que la prisión provisional no tiene base legal. Además, no existen espacios adecuados en el Sistema Penitenciario para albergar a las personas en prisión provisional, ya que ellos no debieran ser mezclados con el resto de la población reclusa”. Esto ocurre, apunta el estudio, por agendas saturadas en los juzgados, la planificación deficiente y el alto número de sindicados han provocado esta situación.

Los datos muestran que en los Juzgados de Mayor Riesgo hay más cantidad de casos con 3 o más sindicados que en juzgados ordinarios, añade el informe.

Aifán se convirtió en jueza en el 2002, tres años después de graduarse como abogado y notaria de la Universidad de San Carlos de Guatemala, durante su carrera judicial ha acumulado casi 75 denuncias de acusados, abogados, sindicados, empleados bajo su cargo, así como la del Instituto de Magistrados de Apelaciones, que representa a 127 de los 132 magistrados del país.

Para algunos expertos en el Sector Justicia, la renuncia es calificada como preocupante y se avizora que podría impactar en los jueces y los procesos de alto impacto, para otros es una consecuencia y su dejar la judicatura no precisamente significará un problema para el desarrollo de los casos que están asignados al Juzgado de Mayor Riesgo D.

Lea también

“El riesgo no solo de una detención, sino de muerte”: Erika Aifán habla desde el exilio con El Faro

Casos pierden dinamismo

De acuerdo con Francisco Quezada, del Centro de Investigaciones Económicas Nacionales (CIEN), esto “era una jugada cantada, algo que ya se veía venir”, acción que la atribuye a el aumento de exposición mediática que tuvo la jueza Érika Aifán en los últimos días y estaba a la espera de “ganarse su exilio, lo que confirma una actitud preparatoria, subir su perfil, un nivel de queja” y ahora deberá responder a los interés del país que la exilia.

Quezada reconoce que deja una mesa de procesos importantes y se dará un período “en lo que el otro juez toma los expedientes, sea un nuevo titular o suplente, y estos van a perder el mismo dinamismo que traían”. Por ahora el Organismo Judicial podría nombrar un juez suplente en lo que se designa a alguien definitivo y decidir si acepta la dimisión de Aifán.

El analista del CIEN hace ver que cada vez que un juzgador es sustituido queda un espacio de tiempo “en donde se rezagan los procesos, porque tiene que conocer el nuevo juez de todo lo que tendrá a su cargo”, y refiere que todo cambio conlleva su tiempo.

Impactará ambiente profesional

Para Lorena Escobar, de la Asociación de Investigación y Estudios Sociales (Asíes), esta renuncia “impactará en el ambiente profesional de los juzgadores ”, tomando en cuenta las declaraciones de Aifán, luego de señalar que no encuentra condiciones internas confiables para el proceso disciplinario que enfrentaba “definitivamente afecta la moral de los jueces, porque si un juez no confía a la institución a la que pertenece también impacta en la percepción del ciudadano en el sistema de justicia penal”.

Con relación a los casos a cargo del órgano jurisdiccional que dirigió Aifán, la profesional espera que el nombramiento se de a la mayor brevedad posible para el seguimiento de los casos y el avance de estos “dependerá del juez que se nombre”, y se espera que el nuevo titular tenga similares habilidades, destrezas y cuente con esa valentía, tenacidad y sobre todo con la “imparcialidad y objetividad” que se requiere para el cargo.

En el tiempo en que sea sustituida “va tener un impacto en los casos, es muy probable que tengan cierto atraso en la gestión” advirtió Escobar. Con relación al posible cierre de los procesos a cargo de Aifán, la experta indicó que la dinámica va a variar y esto dependerá de “los criterios judiciales, pero es muy apresurado determinar si van a cerrarse o no los casos, claro que existen riesgos” y agregó que el OJ tendrá el reto de reconstruir esa confianza en la población, así como el Ministerio Público y la Policía Nacional Civil.

La población pierde

Para Lizandro Acuña, del del Instituto de Problemas Nacionales de la Usac, “la población es la que pierde, porque lo que estamos viendo no es una credibilidad en el sistema de justicia” y esto limita el sistema democrático de Guatemala y es algo preocupante porque “no se garantiza en el país la independencia de los jueces en la administración de la justicia” y quien la sustituya tiene un gran compromiso de ejercer la administración de un órgano jurisdiccional de mayor riesgo.

“Los operadores de justicia han sido presionados” al tener una postura que no se alinea a la corrupción del país”, dijo Acuña, y recordó que la Corte Interamericana de Derechos Humanos le otorgó medidas a la juez Aifán, las cuales no fueron ejecutadas lo que evidencia “una desobediencia por parte del Estado de Guatemala”.

¿Qué establece la ley?

La Corte Suprema de Justicia deberá conocer sobre la renuncia de la jueza Érika Aifán, a fin de determinar si la acepta o no; sin embargo, el artículo 71 de la ley del Organismo Judicial (OJ) establece el abandono de funciones en la función jurisdiccional: “Ningún magistrado o juez, propietario o suplente en funciones y ningún funcionario o empleado del Organismo Judicial, dará su cargo aunque se le haya admitido la renuncia o cumplido el tiempo de su servicio sino hasta que se presente su
sucesor” se lee.

Mientras que el artículo 31, de la ley de Servicio Civil del OJ regula que “por inexistencia o insuficiencia de aspirantes elegibles en el registro respectivo o por urgente necesidad en el servicio, podrá emitirse un nombramiento provisional, el cual tendrá una duración máxima de seis meses“. La misma normativa establece que un nombramiento interino se da “por ausencia temporal del titular”, que en este caso no podría aplicarse.

Giammattei y su equipo han intentado a toda costa durante las últimas semanas defenderse  de una declaración testimonial publicada por El Faro, la cual revela cómo en 2019 el mandatario presuntamente negoció un aporte de 2.6 millones de dólares con el exministro Benito a cambio de continuar operando una estructura de corrupción en obras públicas.

Para ello, el presidente y su equipo han vertido diversas declaraciones, desde señalar una conspiración internacional en su contra, hasta asegurar que goza de una certificación judicial que garantiza que él, personalmente, no tiene ningún tipo de involucramiento en la investigación.

Lea más

Por estas razones el presidente es reprobado en el manejo de la pandemia por parte de la población

Actualmente, el exministro Benito se encuentra ligado a proceso penal luego de permanecer prófugo 450 días luego de que se girara la primera orden de captura en su contra.

En el caso que atañe a Giammattei, Benito fue procesado por el delito de lavado de dinero u otros activos, luego de que en una residencia vinculada a él en Antigua Guatemala se localizaran más de Q122 millones, los cuales se sospecha provenían de coimas. Además, también está ligado a proceso penal por el delito de fraude.

El primer caso lo lleva la Fiscalía Especial contra la Impunidad, ahora bajo la jefatura del fiscal Rafael Curruchiche, y el segundo la Fiscalía contra la Corrupción.

Para la resuelto se aceptó la denuncia de la jueza Érika Aifán contra Guzmán por el retraso en el traslado de expedientes.

Se señala que los atrasos en los que incurrió la denunciada en el trámite del expediente se acreditaron con los memoriales mediante los cuales se presentan recursos de apelación.

En cuanto a lo solicitado por Aifán de declarar rebelde a Guzmán, se hará la declaración respectiva por lo antes considerado en esta resolución.

LE PUEDE INTERESAR

Destituyen a la recién nombrada jefa de la Feci y en su lugar asume el fiscal José Rafael Curruchiche

El 4 de febrero 2021, Silvia Patricia Valdés, presidenta de la Corte Suprema de Justicia, anuló la sanción impuesta por el Régimen Disciplinario contra Tatiana Elizabeth Guzmán Figueroa, exoficial del Juzgado de Mayor Riesgo D que fue denunciada por Aifán de haber filtrado información.

El 6 de octubre de 2019, un juez de Paz Penal y Faltas de turno dio falta de mérito a Guzmán, señalada de supuestamente sustraer documentos de casos judiciales.

Lea también: Masito, el supuesto maestro que explotaba a menores y producía pornografía para comercializarla

El 5 del mismo mes, Guzmán fue capturada y tenía activada la alerta de desaparición Isabel-Claudina.

La jueza Aifán reveló en esa ocasión que a pesar de que la capturada tenía pocos meses de trabajar en el juzgado, se habían registrado varios incidentes, la mayoría por llegadas tarde de hasta tres horas.

Con el paso de las investigaciones se permitió vincular a Rozotto con una red criminal que operaba en el departamento de Huehuetenango, principalmente con actividades dedicadas al trasiego de drogas, según los antecedentes del Ministerio Público (MP).

Pero el involucramiento de Marlon Edín Guerra Mazariegos, abogado, fue haber participado en una estrategia jurídica ilegal, ya que junto a otros profesionales del Derecho presentaron medios de defensa falsificados a favor de Rozotto.

Le podría interesar

Caso Los Huistas: envían a juicio a exfiscal por su supuesta colaboración con la estructura criminal

Buscaban justificar mediante documentos falsos que los Q600 mil habían sido obtenidos por la venta de una maquinaria, pero distintos peritajes evidenciaron la falta de legalidad de los documentos.

Por eso los agentes fiscales procedieron a presentar denuncias contra los aboados, haciendo que Guerra Mazariegos enfrentará un proceso penal.

Por tratarse de un cargo menor, el implicado decidió reconocer los hechos ante la jueza Ericka Aifán, obteniendo una condena por el delito de obstaculización a la acción penal en calidad de cómplice.

Este cargo no supera los cinco años de prisión, por lo que la jueza decidió suspender la ejecución de la condena a favor del abogado que admitió su error, pero si llega a violentar nuevamente la ley dicha condena sería reactivada.

Recientemente esa misma judicatura resolvió enviar a juicio a Mónica Palacios Cano, exagente fiscal que habría buscado desde su puesto en el MP desvanecer los señalamientos contra la red criminal.

Lea también

“No es que se haya hecho a escondidas”, dice ministro de Finanzas en el tema de readecuación del presupuesto 2021

El Régimen Disciplinario sancionó a Guzmán por “rebelde” y por cometer una falta grave y había sido suspendida por 20 días sin goce de salario, pero con la resolución de la CSJ ahora deberá realizarse una nueva audiencia para determinar si procede o no.

El caso

El 5 de octubre del 2019 Tatiana Ellzabeth Guzmán Figueroa, oficial del Juzgado de Mayor riesgo D, fue capturada pues era señalada de supuesto robo de información de esa judicatura que está a cargo de la jueza Aifán.

Lea también: Oficial del Juzgado de Mayor Riesgo D es detenida, acusada de haber sustraído documentos

La mujer había sido reportada como desaparecida y tenía activada una alerta Isabel Claudina, pero en realidad estaba en la Torre de Tribunales ya procesada por ese caso.

En esa fecha la jueza Aifán reveló que a pesar de que la capturada tiene pocos meses de trabajar en el juzgado, se han registrado varios incidentes, la mayoría por llegadas tarde de hasta tres horas.

Explicó que desde hace varias semanas notó que Tatiana Guzmán ingresaba a su despacho con su celular, por lo que empezó a sospechar que la oficial la estuviera grabando, para salir de dudas y evitar un problema mayor se comunicó el 4 de octubre con el jefe de seguridad del Organismo Judicial y decidieron pedirle a Guzmán que mostrara su celular.

Lea además: Dan falta de mérito a mujer señalada por jueza de Mayor Riesgo

Luego de una larga jornada en la que la joven se negó a que revisaran su móvil, la jueza procedió a presentar la denuncia ante el Ministerio Público, para que con una orden se pudiera revisar el aparato móvil. Tatiana accedió a la revisión en donde se encontraron siete archivos, en algunos de ellos se escuchaba la voz de la jueza.

También detectaron un fólder con varios documentos del juzgado, no solo copias sino también en original. Ante estos hechos la jueza sospecha que Guzmán en otras ocasiones había sustraído información oficial del juzgado. Además denunció que en en el caso Fénix que conoce la oficial, uno de los documentos se extravió.

El juez que conoció el caso de Guzmán decretó falta de mérito y la jueza Aifán apeló esa decisión y pidió ser parte de la investigación, como querellante.

Lee también:

Junta de Disciplina no admite denuncias de Gustavo Alejos contra Erika Aifán

En la apelación otorgada a favor de Escribá, los magistrados también separaron del caso a la jueza de Mayor Riesgo D Ericka Aifán y trasladaron el expediente al Juzgado Noveno Penal.

Este es un revés para la jueza Aifán que lleva varios procesos contra exfuncionarios que son señalados por actos de corrupción y que, a consecuencia de ello, ha sido asediada con recursos legales por parte de los acusados.

Tras la anulación del proceso penal, según resolución de la Sala, el exdiputado saldrá de la prisión preventiva en la que estaba recluido desde el 13 de enero de este 2020.

La Fiscalía Especial contra la Impunidad (Feci) investiga Escribá por los delitos de concusión y fraude por el caso Construcción y Corrupción, Fase 2.

El señalamiento de la Feci refiere que Escribá Morales mantuvo vínculos con las empresas Montañas Nacionales, S.A. y Señalamiento Vial de Centroamérica, S.A., que obtuvieron contrataciones con el Ministerio de Comunicaciones, por Q194.3 millones, cuando el congresista era director de la Unidad de Conservación Vial (Covial), durante los gobiernos de la Unidad Nacional de la Esperanza (UNE) y el Partido Patriota (PP).

El diputado retrasó en varias ocasiones el retiro de inmunidad con múltiples recursos legales

Fue hasta el pasado 13 de enero que Escribá se presentó voluntariamente ante la justicia luego que el Ministerio Público ejecutara varios allanamientos donde no fue localizado.

Lea también

“Es intolerable en un país que produce alimentos y hay niños que se mueren de hambre”, dice Giammattei al referirse a la desnutrición

Según la titular del juzgado, Ericka Aifán, se le negó la petición a Pérez, pues persiste riesgo de “obstaculización de la averiguación de la verdad”, en el caso que se le sigue.

Los abogados defensores de Pérez pidieron la medidas sustitutiva, pero los agentes de la Fiscalía Especial contra la Impunidad (Feci), del Ministerio Público, mostraron fotografías de febrero pasado en las que se evidencia que el exdiputado evadió la prisión preventiva cuando estaba en un hospital.

Agentes de la Policía Nacional Civil que investigaban, el 15 y 16 de febrero pasado, a Gustavo Alejos, detectaron que Pérez salía del sanatorio privado en el que estaba recluido sin custodios del Sistema Penitenciario.

El 16 de febrero se le fotografió cuando bajaba de un vehículo y después ingresó al hospital.

El excandidato obtuvo autorización para permanecer en el sanatorio debido a que padece de hipertensión.

El caso

Luis Fernando Pérez Martínez, exdiputado de la extinta agrupación política Frente Republicano Guatemalteco (FRG), está vinculado en el caso Asalto al Ministerio de Salud.

Según la acusación del MP, Pérez Martínez es señalado como presunto cabecilla de una estructura dedicada a cobros ilícitos por proyectos de remoción y reparación de hospitales, durante el estado de Calamidad por el terremoto de San Marcos -7 de noviembre del 2012-. Así como por otros eventos de construcción de hospitales, compra de bienes en el ministerio y adjudicación de plazas en la institución a personas recomendadas por diputados del Congreso.

Pérez, que también fue candidato a la presidencia por el extinto Partido Republicano Institucional (PRI) en 2015, tenía una orden de detención por asociación ilícita, fraude, tráfico de influencias, cohecho activo y lavado de dinero u otros activos.

El lunes 29 de julio del 2019, Pérez se entregó a las autoridades y se puso a disposición de Erika Aifán, titular del Juzgado de Mayor Riesgo D.

No deje de leer:

Procesan a abogado que fraguó plan para evadir impuestos del caso Red de Poder, Corrupción y Lavado de dinero

Aifán empezó a conocer casos de alto impacto en 2016 y desde entonces ha denunciado públicamente ser objeto de amenazas en su labor como jueza y su vida personal.

El 23 de octubre último la CIDH resolvió otorgar medidas cautelares en favor de Aifán con “urgencia”.

La resolución 55/2019 de la CIDH contiene la medida cautelar para Aifán y detalla que su resguardo tiene algunas carencias por vehículos con algunos desperfectos en el blindaje. Además, el documento expone una “campaña de desprestigio” en redes sociales; implementada para dañar a la jueza.

En el informe de la CIDH se expuso que en ocasiones el vehículo asignado para el transporte de Aifán es trasladado con frecuencia a un taller mecánico para su reparación.

Aifán ha denunciado públicamente que en el Juzgado de Mayor Riesgo D ha habido filtración de información en los casos de alto impacto Fénix y Caja de Pandora. Además, desconfía de probable espionaje en sus cuentas de redes sociales.

Asímismo, el documento contiene quejas porque el automóvil que usa Aifán se ha mantenido con un vidrio dañado por un balazo que causó la perforación, el deterioro es de un ataque a quien antecedió en el uso del vehículo a la jueza.

La jueza, por sus resoluciones, ha sumado gran cantidad de recursos legales en su contra y muchos tienen como finalidad separarla de algún caso.

Según la resolución de la CIDH, de 2000 al 2018 se interpusieron 53 quejas en el sistema judicial contra Aifán y 47 de ellas fueron desestimadas.

La resolución de la CIDH pide al estado guatemalteco que “adopte las medidas necesarias para proteger los derechos a la vida e integridad personal de la señora Erika Lorena Aifán”.

Además, la Comisión solicita que se “adopten medidas para garantizar que la beneficiaria -Aifán- pueda llevar a cabo sus labores como juez sin ser objeto de amenazas, hostigamientos o amedrentamientos en el ejercicio de sus funciones”.

El estado de Guatemala deberá informar a la CIDH la implementación de la protección a la jueza en un plazo de 15 días.

Aifán ha tenido a su cargo varios casos de alto impacto entre ellos: Construcción y Corrupción fase 1 y 2, Odebrecht, Los Huista, Caja de Pandora, caso Mesoamérica (tráfico de migrantes) y financiamiento electoral ilícito al Partido Unionista en la Municipalidad de Guatemala.

Fuga de información

La Sala Segunda de Apelaciones resolvió que no hubo “retención” en el caso de Tatiana Guzmán, quien fue oficial del Juzgado de Mayor Riesgo D, que preside Aifán, y el 4 de octubre último fue detenida en ese juzgado, señalada de haber filtrado información del caso de alto impacto Fénix.

Guzmán fue denunciada ante las autoridades del Organismo Judicial por AIfán: se señaló que extravió la pieza 39 del caso Fénix.

Además, el notificador de ese juzgado Luis Pedro Hernández fue trasladado a un juzgado civil y también fue denunciado por la jueza por filtrar información de casos. Por las denunciadas interpuestas contra el personal, Aifán también fue denunciada por supuestamente violentar derechos laborales.

Contenido relacionado:

Denuncian a las sobrevivientes del incendio en el Hogar Seguro Virgen de la Asunción

Capturan a hombre implicado en muerte de periodista en Suchitepéquez

Designan jueces pesquisidores para conocer solicitud de retiro de antejuicio de 9 diputados

No deje de leer:

Ligan a proceso a tres exempleadas del MP por fraude en supuesta anomalía en compra de edificio

Este martes dos audiencias del caso Fénix fueron suspendidas, en una se conocería la modificación de medidas cautelares de dos detenidos quienes buscan retirar el embargo de sus cuentas bancarias y en otra diligencia se escucharía la defensa de cuatro implicados.

Ayer la jueza Erika Aifán explicó en su oficina que las audiencias fueron suspendidas porque la oficial que se ausentó lunes y martes no notificó a los implicados, pero no es la única acción que incide en el proceso según la jueza. Guzmán fue señalada por la jueza de perder el expediente 39 de ese caso.

“Las audiencias que programamos llevan un trabajo previo, cuando tenemos audiencias con personas detenida, como el caso de las audiencias de hoy – martes-, hay que hacer el llamado de presos o las citaciones al Sistema Penitenciario, en este caso lo teníamos que hacer ayer – el lunes, pero no contábamos con los expedientes y las audiencias se suspendieron porque no fue posible avisarles a las partes con antelación porque no teníamos números de teléfono, correo o fax”, expuso Aifán.

Mientras la jueza brindó declaraciones a la prensa, otras tres empleadas de ese juzgado que se ausentaron el lunes último cuando denunciaron públicamente “malos tratos” por Aifán en televisión, laboraban con normalidad. Antes hubo una reunión del personal y la juzgadora en la que se planificó lo que se haría en la jornada.

El ambiente en el juzgado es hermético debido a que Aifán perdió confianza en algunos oficiales, comisario y notificador. El lunes último señaló: “me preocupa un poco y es donde veo la unidad de hechos. La información que se filtró es del caso Fénix”.

Cinco empleados del juzgado han señalado que Aifán los amedrenta en sus labores y llega hasta amenazarlos con “denuncia” cuando no le parece algún trabajo. La jueza se argumentó el lunes último que lo que ha hecho es “girar instrucciones”.

Los empelados que se han expuesto contra Aifán argumentando violaciones laborales son Guzmán, oficial; Sulma Ajú, oficial; Ingrid Cuquej, oficial; Loida Lux, comisario y Pedro Hernández, notificador. Aunque solo Guzmán y Hernánez han denunciado a la jueza.

En la audiencia del sábado pasado cuando Guzmán quedó en libertad por falta de mérito el juzgado de turno “certificó lo conducente” -denuncia que pasará al Ministerio Público- contra Aifán por los señalamientos de violaciones laborales, aunque una investigación.

Verificación

El subdirector de Mediación de la Procuraduría de los Derechos Humanos (PDH), Geovani Guzmán, se presentó al juzgado por una “denuncia anónima” que se hizo de un trabajador vía telefónica señalando que supuestamente Aifán estaba coaccionando al personal a declarar ante medios de comunicación en su favor.

Ante esta situación la Asociación Guatemalteca de Jueces por la Integridad se pronunció en favor de Aifán y pidió a la Corte Suprema de Justicia “actúe con base a las denuncias interpuestas en su momento por la jueza, inicialmente trasladando al personal que fue señalado de entorpecer el desenvolvimiento”.

La Dirección de Comunicación Social del Organismo Judicial aclaró que el personal asignado a los juzgados los selecciona Recursos Humanos y que será el Régimen Disciplinario la que resolverá las denuncias.

Caso Fénix

El caso Fénix fue reabierto por la Feci el 12 de abril pasado con la captura de 10 implicados, entre ellos Sergio Alfredo Herrera Acevedo hijo del operado político Gustavo Herrera Castillo.

Este caso es la continuación del desfalco por Q350 millones al Instituto Guatemalteco de Seguridad Social (IGSS) de 2003, donde particulares y empresas utilizaron sociedades anónimas, limitadas y offshore para lavar dinero obtenido de manera ilícita.

Ahora son señalados por lavado de dinero Gustavo Herrera, cerebro del desfalco asilado en Nicaragua, y 31 personas, de las cuales 12 están en prisión preventiva, otras 12 citadas a audiencia de primera declaración y cinco prófugos.

La investigación conjunta entre la Feci y la Comisión Internacional contra la Impunidad en Guatemala (Cicig) concluyó en que personas individuales y representantes de 20 firmas comerciales, que supuestamente conformaron una organización criminal que utilizó diferentes tipos de empresas para lavar dinero obtenido de manera ilícita.

Las empresas de esta red, según las primeras pesquisas, son sociedades anónimas y limitadas, así como compañías offshore (fuera de plaza) y estarían vinculadas con Herrera Castillo, conocido no solo por su mediación para influir en la elección de magistrados de las cortes, sino también porque fue uno de los sindicados del desfalco de Q350 millones contra el Seguro Social, entre 2002 y 2004, caso por el que fue acusado y perseguido, pero nunca capturado.

Las investigaciones por ese caso fueron reabiertas, ahora por lavado de dinero. Herrera Castillo se encuentra asilado en Nicaragua desde agosto del 2018, donde aseguró ser víctima de persecusión política por parte de la Cicig, por lo cual la orden de captura en su contra es internacional.

Los fondos que se habrían lavado fueron sustraídos de un fideicomiso llamado de Protección y Desarrollo Social, que se había formalizado entre el IGSS, el Grupo Empresarial Univserv, S.A. y Banco Uno S.A.

El MP sindicó a Herrera Castillo de ser el propietario de dos financieras offshore —fuera de plaza—, Helensburg Inc. y Escabel Management Group Ltd., que habría utilizado para la estafa al Seguro Social.

Contenido relacionado:

Diputado Giordano denuncia agresión en un centro comercial y culpa por eso a Jordán Rodas

Recapturan en Colombia a mujer que se fugó de una cárcel de Guatemala

Expertos consideran que a partir del domingo habrá un gobierno judicial de facto

Lea además

Estructura criminal utilizaba a adolescentes para el cobro de extorsiones y traslado de armas

Entre los empleados ausentes están Tatiana Elizabeth Guzmán, oficial, y Luis Pedro Hernández, notificador. La juzgadora anunció que pedirá la destitución de ambos de la judicatura a su cargo.

Los incidentes en este juzgado comenzaron el pasado fin de semana cuando Aifán denunció a Guzmán por supuestamente extraer información de casos penales y grabarla con su celular en su despacho.

Sin embargo, la trabajadora quedó libre por falta de mérito.

Inicialmente la empleada había reportada como desaparecida, pero luego se conoció que estaba detenida en la carceleta de la Torre de Tribunales.

Este 7 de octubre Aifán dio una conferencia de prensa en la que señaló que personal del Juzgado de Mayor Riesgo D “al parecer realiza trabajos para otros abogados, lo cual está prohibido”.

La jueza argumentó que los señalamientos de maltrato que hizo personal del juzgado no son ciertos. “No es así, nunca los he maltratado, solo he girado instrucciones”, afirmó.

“Hay riesgo de la seguridad informática”, dijo Aifán respecto al sistema donde se guarda la información de los casos que conoce el juzgado.

Guzmán ha sido respaldad por el Sindicato de Trabajadores del OJ, argumentando que la oficial ha sido víctima y se han vulnerado sus derechos laborales por la jueza.

Según Aifán, en la judicatura Hernández y Guzmán cometieron irregularidades que fueron expuestas a supervisión y al Régimen Disciplinario del Organismo Judicial (OJ).

El 25 de junio pasado la juzgadora denunció ante el Ministerio Público (MP), el Régimen Disciplinario del OJ y la Cámara Penal por supuestamente haber descubierto que Hernández enviaba vía WhatsApp imágenes de algunas resoluciones a celulares de abogados antes de que fueran notificadas oficialmente.

En el Régimen Disciplinario del OJ desestimó la denuncia en contra de Hernández.

“Violentados”

En un canal de televisión por cable Hernández denunció públicamente malos tratos por la jueza y expuso que no le autorizaba permisos.

Hernández señaló que Aifán no le otorgó “licencia” cuando nació su hijo y tampoco permitió que acudiera durante tres meses al Registro Nacional de las Personas a efectuar el trámite de reconocimiento.

“Estamos siendo violentados todos, no solo mi compañera -Guzmán- y yo, se dieron cuenta que lo que la señora juez dice son mentiras y habla falsedades, dice mentiras.  Si hay algo que a ella no le parece amenaza con presentar denunciar o presentar una queja”, denunció Hernández.

En la entrevista televisiva Guzmán criticó: “Uno tiene miedo porque si no está como a ella le gusta -a Aifán- entonces amenaza con la denuncia”:

Loida Lux, comisario, relató que “no es la primera vez” que Aifán es rígida con el personal de la judicatura, “hay muchas personas previo a esos puestos que fueron víctimas” y aseguró ser testigo de cómo la jueza dio mal trato a Hernández y Guzmán.

“No estamos de acuerdo con esa situación, nosotros tratamos de ayudarla -a la jueza-. Nosotros vamos a exigir medidas de seguridad porque nos estamos enfrentando a una persona que tiene poder“, aseguró Lux.

Complot

“Me preocupa un poco y es donde veo la unidad de hechos. La información que se filtró por el notificador -Hernández- había información del caso Fénix, luego la oficial -Guzmán- con retraso para enviar la comparecencia provocó la suspensión de la audiencia, luego vuelve a provocar la suspensión de la audiencia porque se va al Igss y no deja el expediente. Además, me reportó que se ha perdido una pieza -expediente 39-, recuerden que en el caso Fénix se perdió una pieza en el juzgado de su procedencia”, expuso Aifán.

En este caso no solo en el Juzgado de Mayor Riesgo D hay sospechas de irregularidades, el Ministerio Público (MP) también denunció extravío de expedientes por un fiscal.

El 29 de mayo pasado fue detenido Jeowan Stuardo Vásquez Cervantes quien laboraba en la Fiscalía Especial contra la Impunidad (Feci) del MP y fue señalado de haber recibido tres piezas originales del caso Fénix, de las cuales entregó a un juzgado solo una y las otras dos en copias, pese a que desde hacía meses ya no era fiscal a cargo y las conservó a pesar de que había sido trasladado a otra fiscalía.

En otro hecho, agrega la pesquisa, Vásquez Cervantes acudió a una audiencia judicial de cuyo expediente no estaba asignado, ni siquiera pertenecía a la fiscalía asignada para ese caso. “En esta accedió a la devolución de unos documentos originales sin tener legitimación para hacerlo”, informó el MP el 29 de mayo pasado.

Vásquez Cervantes fue ligado a proceso por obstaculización a la acción penal y abuso de autoridad.

La jueza Érica Aifán ha tenido a su cargo varios casos de alto impacto, entre ellos: Construcción y Corrupción fase 1 y 2, Odebrecht, Los Huista, Caja de Pandora, caso Mesoamérica (tráfico de migrantes) y el reciente caso de financiamiento electoral ilícito al Partido Unionista en la Municipalidad de Guatemala.

Caso Fénix

El caso Fénix fue reabierto por la Feci el 12 de abril pasado con la captura de 10 implicados, entre ellos Sergio Alfredo Herrera Acevedo hijo del operado político Gustavo Herrera Castillo.

Este caso es la continuación del desfalco por Q350 millones al Instituto Guatemalteco de Seguridad Social (IGSS) de 2003, donde particulares y empresas utilizaron sociedades anónimas, limitadas y offshore para lavar dinero obtenido de manera ilícita.

Ahora son señalados por lavado de dinero Gustavo Herrera, cerebro del desfalco asilado en Nicaragua, y 31 personas, de las cuales 12 están en prisión preventiva, otras 12 citadas a audiencia de primera declaración y cinco prófugos.

La investigación conjunta entre la Feci y la Comisión Internacional contra la Impunidad en Guatemala (Cicig) concluyó en que personas individuales y representantes de 20 firmas comerciales, que supuestamente conformaron una organización criminal que utilizó diferentes tipos de empresas para lavar dinero obtenido de manera ilícita.

Las empresas de esta red, según las primeras pesquisas, son sociedades anónimas y limitadas, así como compañías offshore (fuera de plaza) y estarían vinculadas con Herrera Castillo, conocido no solo por su mediación para influir en la elección de magistrados de las cortes, sino también porque fue uno de los sindicados del desfalco de Q350 millones contra el Seguro Social, entre 2002 y 2004, caso por el que fue acusado y perseguido, pero nunca capturado.

Las investigaciones por ese caso fueron reabiertas, ahora por lavado de dinero. Herrera Castillo se encuentra asilado en Nicaragua desde agosto del 2018, donde aseguró ser víctima de persecusión política por parte de la Cicig, por lo cual la orden de captura en su contra es internacional.

Los fondos que se habrían lavado fueron sustraídos de un fideicomiso llamado de Protección y Desarrollo Social, que se había formalizado entre el IGSS, el Grupo Empresarial Univserv, S.A. y Banco Uno S.A.

El MP sindicó a Herrera Castillo de ser el propietario de dos financieras offshore —fuera de plaza—, Helensburg Inc. y Escabel Management Group Ltd., que habría utilizado para la estafa al Seguro Social.

Contenido relacionado

> Notificador de juzgado de mayor riesgo filtraba resoluciones a abogados 

> Sandra Torres seguirá internada tres días más, según resolución judicial 

> Caso estudiantes UVG: Siete años en búsqueda de respuestas en El Estor

Lee también:

Exjefe policial Víctor Soto tiene buena salud mental para enfrentar proceso judicial

Aifán le notificó por escrito a Galindo el rechazo de sus acciones, sin entrarlas a conocer, es decir, in limine. “No se ha vulnerado los derechos y las garantías dentro de este proceso”, explicó la juzgadora.

Escuchas

El fiscal continuó con la explicación de los medios de convicción que sustentan la investigación para enviar a debate a los 13 implicados, entre ellos Luis Lima, hermano del difunto capitán Byron Lima.

Una de las escuchas es de Byron Lima, desde la cárcel Pavón, con su conviviente Alejandra Reyes -ahora colaboradora del Ministerio Público- el 5 de marzo del 2014.

Durante la conversación, de 20 minutos, recuerdan las facturas por la confección de artículos promocionales. “Es de la Muni”, dice Byron y su convivente le recuerda el monto por Q9 mil.

El caso

El 3 de septiembre del 2014 el MP y la Cicig desarticularon una red de corrupción dirigida por el fallecido reo Byron Lima Oliva, en la cual participaban altos funcionarios de la Dirección General del Sistema Penitenciario, así como personas particulares, quienes obtenían beneficios económicos, producto del traslado de reos, entre otros ilícitos. Derivado de esa investigación varias personas enfrentan proceso penal.

Lee también: Reclaman monto que usó Baldetti para comprar casa en Roatán

El MP y la Cicig continuaron con la investigación y, a partir de nuevos elementos que han surgido durante el proceso judicial, se han abierto nuevas líneas de investigación para establecer la participación de otras personas en la red que dirigía Lima Oliva.

La relación entre Lima Oliva y los dirigentes del extinto Partido Patriota (PP) se debió en gran parte a que compartían formación militar, y se consolidó en 2012.

Además, el nombramiento de Mauricio López Bonilla al frente de Gobernación abrió las puertas a Lima Oliva para ejercer poder dentro del SP, y pasó a tomar decisiones que le correspondían a un funcionario público en el ejercicio del cargo, entre ellas nombrar personal dentro de la institución.

En el año 2012 Lima Oliva realizó el traslado de 127 privados de libertad a Pavoncito. En su declaración, Alejandra Reyes Ochoa (colaboradora eficaz en este caso), indicó que en el año 2012 Lima Oliva le comentó que el coronel retirado Luis Alberto González Pérez, designado director del SP, le dio un mensaje al exministro López Bonilla, que consistía en “un regalo” de trasladar 150 reos a Pavoncito.

#CajaDePandora | El sindicado Moisés Galindo explica la recusación que interpuso en contra de la jueza Erika Aifán. pic.twitter.com/EhmJUNp6H7

— Kenneth Monzón (@kmonzon_pl) November 30, 2018

Se estableció que González Pérez avaló los nombramientos de personal sugeridos por Lima Oliva en la Dirección del SP, y se convirtió en un operador de la estructura que dirigía Lima Oliva. Los traslados dependían del perfil económico del recluso, y debían ser ejecutados por el González Pérez. En el año 2012 se incrementaron los traslados hacia Pavoncito de una forma exponencial respecto al año anterior.

Durante diligencias de investigación las autoridades incautaron información en el allanamiento realizado a la cooperativa Torre Fuerte, dirigida por Lima Oliva y que operaba en el Centro Preventivo Pavoncito. En la documentación se tenía registro de contrataciones y pagos que requerían personas y entidades externas.

Al realizar un análisis documental de la información incautada, las interceptaciones telefónicas y las declaraciones de Alejandra Reyes, la investigación reveló que uno de los principales contratistas de la cooperativa que dirigía Byron Lima era la comuna capitalina.
La contratación de servicios por sí no constituye delito, pero sí la alteración de facturas para encubrir gastos de campaña del Partido Unionista y de algunos aliados, los cuales eran pagados con fondos municipales a personas cercanas a Byron Lima.

También se documentó la existencia de plazas fantasmas en la municipalidad de Guatemala tanto para la entonces compañera de Lima Oliva, Alejandra Reyes, así como para su madre y la viuda del reo Obdulio Villanueva (fallecido), quien junto a Lima Oliva fueron parte de la seguridad de Arzú cuando estuvo en la Presidencia de la República.

Las señalados

1. Zorayda Azucena Herincx Soto -fraude y peculado por sustracción-.
2. Luisa María Salas Bedoya -fraude y peculado por sustracción-.
3. Luis Alberto Lima Oliva -peculado por sustracción-.
4. Ana María González Ruiz -fraude y peculado por sustracción-.
5. Militza Lorena Viera Juárez -peculado por sustracción-.
6. Luis Alberto González Pérez  -asociación ilícita y tráfico de influencias-.
7. Oswaldo Pop Velásquez -cohecho pasivo-.
8. Marco Antonio Rossell Orozco .lavado de dinero y otros activos-.
9. Moisés Eduardo Galindo Ruiz -lavado de dinero y otros activos-.
10. Norberto de Jesús Ortega Barco -enriquecimiento ilícito-.
11. Amado Randelí Valdez Castillo -enriquecimiento ilícito-.
12. Hector Mauricio Lopez Bonilla -asociación ilícita. En prisión preventiva por otros procesos penales-.
13. Dora Alicia Pineda Carías -peculado por sustracción-.
14. Leonel Francisco Boror Gatico -falsedad ideológica-.
15. Manfredo Cecilio Juárez Ramírez -peculado por sustracción-.
16. Patricia Lisbeth Orozco Maldonado -peculado por sustracción-.

>MP describe los hechos del caso Caja de Pandora
>Investigación de Caja de Pandora lleva a la Municipalidad de Guatemala
>Diversas peticiones del caso Caja de Pandora

Lea ahora

Congreso podría generar impunidad con esta ley

La fiscalía presentó sesiones de interceptaciones telefónicas del celular de Obden Montejo, alias Fox, uno de los coordinadores de los Huistas, como indicios de una actividad criminal.

En dichas llamadas, Montejo hace referencia a que el dinero que le fue encontrado a Rozotto estaba en quetzales llamándolo National Geographic o pañales nacionales.

“Eso fue puro National Geographic, sino no te sirve decir”, dijo en relación a que sería más complicado justificar el origen de sumas fuerte de dinero en dólares, según la interpretación de la Fiscalía.

Capturado en audiencia

El abogado fue capturado el pasado 5 de Noviembre mientras esperaba a que iniciara la audiencia de primera declaración en contra de los otros seis miembros de la estructura que buscaban impunidad para Rozotto López.

El abogado aseguró el día 18 de octubre tramitó sus antecedentes policiacos  y no le aparecía orden de captura vigente, a pesar que el documento de la Policía Nacional Civil (PNC) indicaba que la orden se giró el 15 de octubre.

El caso

La captura sucedió el 8 de septiembre del 2013 en una gasolinera en Santa Ana Huista, Huehuetenango, cuando trasladaba Q600 mil en efectivo. El informe de la Policía Nacional Civil (PNC) detalló que estaban ocultos bajo el compartimento en un automóvil.

En el juzgado de la localidad fue procesado Rozotto López por lavado de dinero y otros activos. Después, el caso fue cerrado debido a las acciones ilegales de la estructura criminal que presentó prueba falsa de descargo.

“La investigación permitió la identificar las acciones para garantizar la liberación de Juan Bautista Rozotto López, a través de la presentación de documentos que permitiera acreditar falsamente la legalidad del dinero”, informó el MP y la Cicig.

Contenido relacionado

>Reproducen señalamientos de Monzón en audiencia contra Raúl Osoy
>Kaibil Santos López es sentenciado a 5 mil 160 años de prisión
>Banda de imitadores cobró Q35 mil 410 en extorsiones