Con esta decisión, son tres los proyectos mineros a los que CC ha suspendido la licencia y operación ya que en septiembre del 2018 confirmó la suspensión del campo El Escobal de Minera San Rafael y la semana pasada también emitió sentencia para mantener suspendida la mina Fénix de CGN.

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Alfredo Gálvez, vocero de esa Gremial de Industrias Extractivas, dijo que estas decisiones ponen en riesgo inversiones millonarias y crean un futuro obscuro para el sector de minas en el país.

Datos del sector refieren que las inversiones en riesgo llegarían a US$3 mil 100 millones. De estos, según Gálvez en el campo Fénix se han invertido US$800 millones y la Compañía Guatemalteca de Níquel (CGN) se preveía invertir otros US$1 mil millones con la intención de duplicar la producción.

Mientras que para El Tambor, también conocida como “Progreso VII Derivada”, se invirtieron alrededor de US$300 millones.

Según el vocero de la Gremial para el campo de Minera San Rafael la inversión fue de unos US$1 mil millones, aunque la empresa maneja la cifra oficial de US$506 millones.

En conjunto significaría unos 8 mil 500 empleos, entre directos e indirectos, agregó Gálvez.

El sector minero en Guatemala depende de la inversión extranjera y esas sentencias lo único que hacen es enviar señales negativas por lo que buscan otros países para destinar sus inversiones y transferencia de tecnología, expuso Gálvez. “En este momento no queda operando ninguna mina de metales y se observa que el futuro es obscuro para el sector”, agregó el directivo.

Recordó que tampoco se ha podido hacer exploración porque las sentencias de la Corte ponen en el mismo nivel las licencias de exploración que las de explotación. A eso se suma que desde el 2008 ha existido una moratoria en la cual el gobierno de Álvaro Colom, situación similar siguió en las administraciones de Otto Pérez Molina y Jimmy Morales, comentó.

“Ya son 12 años en los que el sector ha estado deprimido. Si antes ocupaba el puesto 95 de 130 atracción de interés para la actividad minera a nivel mundial países, hoy estamos en el puesto 129”, comentó el directivo.

A consideración de Gálvez ese tipo de sentencias ponen en riesgo otros proyectos de minería no metálica, hidroeléctricas u otros ya que Guatemala es un país donde los pueblos indígenas viven dispersos en todo el territorio y cualquier persona puede decir que sus derechos están siendo violados bajo el amparo de estas sentencias.

Rafael Maldonado, abogado que ha llevado varios de estos casos, dijo que con la sentencia en el caso de La Puya suman tres decisiones iguales para tres proyectos mineros en las cuales la Corte emite la suspensión y pide la consulta comunitaria a los pueblos indígenas.

Hugo Maul Figueroa, ex magistrado de la CC, menciona que a su criterio no se pueden hacer operativo el convenio 169 de la OIT, que establece este tipo de consultas, porque, aunque fue ratificado por el Congreso hace falta un reglamento para hacerlo operativo.

Caso La Puya

El Centro de Acción Legal y Social de Guatemala (Calas) informó que fueron notificados de la sentencia de la CC por el caso de La Puya, en la cual aparte de suspender la licencia, pide al Ministerio de Energía y Minas (MEM) que determine los datos demográficos de la población indígena que es afectada por el proyecto minero y le fija un plazo preparatorio de 12 meses para realizar el proceso de consulta establecido en el Convenio 169 de la OIT.

Según un comunicado de Calas, la CC estableció que el Ministerio de Ambiente y Recursos Naturales debe ordenar Exploraciones Mineras de Guatemala, S.A. (propietaria de La Puya), que presente la actualización del Plan de Gestión Ambiental contenido en el estudio de impacto ambiental que le fue aprobado, en el plazo de 15 días.

MEM pide aclaración por caso Fénix y hará hoja de ruta para La Puya

El ministro de Energía y Minas, Alberto Pimentel, indicó que el 24 de junio del 2020 el ministerio fue notificado de la sentencia de la CC por el caso de la mina Fénix.

Luego de haber efectuado el análisis, dicha entidad presentó un recurso de aclaración y ampliación en contra de la sentencia debido a que, según explica el funcionario, no hay claridad en algunas instrucciones, entre estas si con la reducción del área de la licencia minera, la parte que sí cubriría la licencia puede o no continuar con la explotación del área.

Además, dijo que el MEM tiene conocimiento que existe un instrumento ambiental aprobado para un área mayor que la corte señala. La CC indicó que de los 247 kilómetros cuadrados que les autorizó ese ministerio la licencia, solo 6.28 kilómetros cuadrados tiene estudio de impacto ambiental (EIA).

Pimentel indicó que luego de que se aclaren esos puntos el MEM procederá a cumplir con la consulta comunitaria o procedimientos que se deriven de la sentencia.

También el 24 de junio dicho ministerio fue notificado de la sentencia de la CC respecto de la mina La Puya o Progreso VII derivada. Para este caso se hará la hoja de ruta para cumplir con lo establecido que incluye la realización de la consulta.

En breve

• 2016 y 2020: La Puya, se ubica en San José del Golfo y en San Pedro Ayampuc, departamento de Guatemala. La operación fue suspendida en el 2016 por un amparo definitivo de la Corte Suprema de Justicia (CSJ) y de forma provisional por la CC. En junio del 2020 la CC emitió sentencia, confirmó la suspensión y ordena consulta comunitaria. Inversionistas del proyecto demandaron un arbitraje internacional en el Centro Internacional de Arreglo de Diferencias Relativas a Inversiones (Ciadi) por US$300 millones.
• 2017 y 2018: En 5 de julio del 2017 la CSJ suspendió el área El Escobal de Minera San Rafael, ese mismo año emitió suspensión provisional la CC y la cual emitió sentencia en septiembre del 2018 indicando que podría operar pero antes deberá efectuar la consulta comunitaria la cual no se ha efectuado. El proyecto se ubica en el municipio San Rafael Las Flores, Santa Rosa.
• 2019 y 2020: La CC suspendió de forma provisional la licencia de la mina Fénix ubicada en El Estor, Izabal, en julio del 2019. En junio del 2020 emitió sentencia, también confirmando la suspensión y ordenando la consulta comunitaria. Además, reduce el área que cubre la licencia emitida por el MEM.

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La intención de arbitraje contra el Estado de Guatemala fue planteada en mayo recién pasado por Daniel K. Kappes, accionista de la empresa Exploraciones Mineras de Guatemala, S. A., (Exmingua) y por la firma Kappes, Cassidy & Associates.

Se tenía un plazo de 90 días entre las partes para conciliar, sin embargo no se logró ya que esta semana el Ciadi lo registró como un caso de arbitraje.

Ahora procede que cada una de las partes nombre a un árbitro.

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Procedimientos

El ministro de Economía Acisclo Valladares Urruela, respondió ayer que aún no había recibido la notificación oficial de la demanda.

Luego de que reciba ese aviso se deberá preparar el caso en la Comisión de Comisión Interinstitucional de Apoyo a Procesos de Arbitraje para tener la mejor defensa posible, agregó el funcionario.

Al respecto el presidente de la Cámara de Comercio Guatemalteco Americana (Amcham) Juan Pablo Carrasco explicó que los inversionistas de mencionada empresa son estadounidenses por lo que la solicitud de arbitraje se puede hacer con base en el Capítulo 10 del Tratado de Libre Comercio (TLC) entre Estados Unidos, Centroamérica y República Dominicana.

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Mientras que en el documento de solicitud divulgado en mayo pasado por los inversionistas se refiere que el Estado de Guatemala incumplió disposiciones de ese TLC en aspectos como trato nacional, nivel mínimo de trato y expropiación de inversiones e indemnización.

“Lamentamos que el Gobierno de Guatemala no haya tomado el período de 90 días para resolver este conflicto, por lo que se está llegando a un arbitraje”, dijo Carrasco.

Explicó que el tema puede calificarse como una expropiación, debido a que fue suspendido de forma posterior a la inversión por un tribunal cuando el Estado de Guatemala ya había indicado que tenía todo los permisos necesarios, dijo el directivo de la Cámara.

Suspensión

En junio del 2016 fue suspendida la operación por un amparo definitivo de la Corte Suprema de Justicia (CSJ), el cual fue apelado por la empresa ese mismo mes en la Corte de Constitucionalidad (CC).

Sin embargo Valladares Urruela dijo que el caso no provenía por una decisión del Gobierno Central sino por decisión de la CSJ. Mientras Carrasco expuso que la suspensión se debe a un tema relacionado a una consulta municipal que se hizo posterior a la licencia y a la inversión “y que se trata de algo no requerido en la ley para poder hacer esos proyectos”.

El monto de la demanda podría ser de más de US$200 millones por la inversión y al agregar la rentabilidad que dejaron de percibir podría llegar a US$300 millones dijo Carrasco.

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En mayo pasado, Stuardo Ralón, abogado de Exmingua para los casos que se llevan en la CC mencionó que la demanda de indemnización podría superar los US$300 millones, pero ayer indicó que no podía brindar declaraciones al respecto.

La actividad de explotación de minas y canteras tuvo una participación del 0.4% en la economía registró este a��o una caída de de 36.4% por segundo año lo consecutivo. Para el 2019 se proyecta una tasa de crecimiento de 4.4% y entrará en un ciclo de recuperación.

Otro proyecto que se encuentra suspendido es El Escobal propiedad de Minera San Rafael y el cual se ubica en el municipio San Rafael Las Flores (Santa Rosa). La CC determinó que podrá empezar a operar siempre y cuando se haga la consulta comunitaria a pueblos indígenas según el Convenio 169 de la OIT.

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Unas 100 personas, vecinos de San José del Golfo, pertenecientes al Movimiento de Resistencia Pacífica La Puya, llegaron a la Corte de Constitucionalidad a manifestar con pancartas, mantas, bocinas y música.

Los pobladores piden a la CC que resuelva los fallos de las acciones interpuestas que buscan detener la actividad minera en el lugar.

Noticia en desarrollo. 

Después de haber trabajado durante un año en el proyecto minero Progreso VII Derivada, conocido como La Puya, propiedad de la empresa Exploraciones Mineras de Guatemala (Exmingua), S. A., ubicada en los límites de San Pedro Ayampuc y San José del Golfo, Carmelo Pérez Díaz reconoce que por el beneficio comunitario y por lo sufrido por familiares, decidió formar parte de la Resistencia Pacífica de La Puya desde hace tres años.

La cancelación definitiva de dicha licencia fue ordenada esta semana por la Corte Suprema de Justicia, pero Pérez Díaz no deja el plantón afuera del Ministerio de Energía y Minas (MEM), pues quieren el cierre total de la mina y que les sean entregados los documentos de esa propiedad, para desarrollar un proyecto comunal.

Todo comenzó un 2 de marzo de 2012, cuando una vecina de la comunidad El Carrizal se dirigía, de madrugada, en una camioneta a su trabajo y observó que llevaban maquinaria a la mina. Decidió colocar la unidad de transporte colectivo en el ingreso a esas instalaciones para impedir el paso y a partir de ese momento se inició el movimiento conocido como Resistencia Pacífica La Puya.

Trabajó en la mina

Pérez Díaz relató que laboró en Progreso VII Derivada durante un año. Su trabajo era tomar muestras de suelo, las cuales eran enviadas a laboratorios en Canadá para determinar si el área tenía potencial para una futura explotación de oro.

Mientras Pérez Díaz hacía su trabajo en el proyecto, que estaba en ese entonces en fase de exploración, las comunidades se organizaban para oponerse. Confiesa que en ese momento que los vecinos estaban siendo manipulados.

Sin embargo, su actitud cambió al escuchar que se estaban contaminando los ríos y que eso afectaría a las comunidades. Fue entonces que comenzó a dudar de los beneficios de la mina.

Resistencia golpeada

Mantenerse en resistencia a La Puya no ha sido fácil, reconoce Pérez Díaz.

El 22 de mayo de 2014 se produjo un desalojo por parte de la Policía Nacional Civil, en el que 26 integrantes del movimiento salieron lesionados.

“Compañeros heridos y quemados con las bombas —lacrimógenas—hubo”, recuerda Pérez Díaz, cuya familia también padeció por la represión desatada.

A una sobrina suya, una bomba le reventó una sección del cráneo, por lo que en abril último fue sometida a una cirugía para concluir su recuperación, aunque le quedarán las cicatrices en el rostro.

Proyectos comunitarios

Para Pérez Díaz y el grupo en resistencia, el fallo de la Corte Suprema de Justicia, que ordenó el cierre de la mina, no frenará las medidas de hecho; por el contrario, seguirán presionando hasta la clausura definitiva de la empresa y que se le entregue a la comunidad el terreno en propiedad.

El objetivo es que el área sea utilizada para beneficio comunal. Construir un centro recreativo o educativo figuran entre las propuestas, aunque se discuten otros proyectos, siempre para uso y beneficio de los pobladores de San José del Golfo y San Pedro Ayampuc.

La mina El Tambor ubicada en la aldea La Puya, entre ubicado entre San José del Golfo y San Pedro Ayampuc, fue allanada el pasado 6 de junio, y junto a otros dos inmuebles fueron clausurados.

El viernes pasado la Fiscalía de Delitos contra el Ambiente del Ministerio Público (MP), realizó una diligencia judicial de inspección en anticipo de prueba.

Dicha prueba consiste en analizar el producto mineral encontrado el pasado 6 de junio, durante un allanamiento en un inmueble del municipio San José del Golfo, Guatemala.

Las muestra se tomaron a los 182 costales con concentrado mineral y el objetivo es hacer la determinación exacta y oficial del contenido.

La fiscalía  también secuestró documentos, dispositivos electrónicos y clausuró el lugar mientras se continúan con las investigaciones.

Allanamiento

La Fiscalía maneja como hipótesis que aunque la mina está cerrada por orden constitucional, algunos empleados de la empresa extraían el material de forma ilegal y lo almacenaban en otros lugares, razón por la que fue allanada.

#CasoLaPuya Fisc. de Delitos contra el Ambiente participa en diligencia judicial de inspección en anticipo de prueba pic.twitter.com/k3sH1FcC3w

— MP de Guatemala (@MPguatemala) June 24, 2016

Ricardo Guzmán, viceministro de Gobernación, detalló que la operación consistió en tres allanamientos en bodegas propiedad de Exmingua ubicadas en San Pedro Ayampuc —Exmingua planta Progreso VII Derivada—, San José del Golfo y San Antonio La Paz —finca Soprana o Pranatura—.

Resalta el hecho que en los inmuebles además de los sacos con material mineral también fue localizada una guacamaya roja, dos loros, piezas arqueológicas que se supone fueron descubiertas durante las operaciones y plantas que se creen son marihuana.

Antecedentes

El 30 de septiembre del 2011 el Ministerio de Energía y Minas (MEM) otorgó el derecho de exploración de productos mineros de oro y plata a la entidad Exploraciones Mineras de Guatemala, S.A,  por un plazo de 25 años.

El 29 de agosto del 2014 el Centro de Acción Legal Ambiental y Social de Guatemala (Calas), interpuso una acción constitucional de amparo.

Calas alegaba que “era obligación del Estado de Guatemala contar con la participación de los pueblos indígenas en decisiones que puedan afectarles, consultarles y obtener su consentimiento previo, libre e informado de acuerdo con lo establecido en el convenio 169 de la Organización Internacional de Trabajo sobre los pueblos indígenas y tribales”.

Debido a esto el 11 de noviembre del 2015 la Corte Suprema de Justicia (CSJ) otorgó el amparo provisional a Calas en el cual deja en suspenso el otorgamiento de la licencia de explotación minera.

El 18 de marzo del 2016 el MP comenzó con las investigaciones correspondientes por la posible comisión del delito de explotación ilegal de recursos naturales.

La empresa colocó una serie de amparos, pero el 5 de mayo del 2016 la Corte de Constitucionalidad (CC) declaró sin lugar los recursos.

El 07 de mayo del 2016 en seguimiento a la investigación se realiza inspección en el proyecto minero para verificar si la entidad continúa realizando sus operaciones para la explotación de oro y plata, ante lo cual se confirma que siguen operando. Actualmente el expediente se encuentra bajo reserva judicial.

La jueza Anabella Acevedo Estévez decidió arraigar a Kappes, presidente del consejo administrativo de la empresa Exploraciones Mineras de Guatemala, S.A., (Exmigua) y Vaides Medina, gerente general de esa compañía, luego de ser denunciados por los delitos de Desobediencia y Explotación Ilegal de Recursos Naturales.

Kappes y Vaides Medina no pueden salir del país mientras se mantiene vigente la orden de arraigo. 

La querella que promovió el arraigo de los representantes legales de la empresa minera fue planteada por el diputado Juan Ramón Lau porque pobladores de la Puya denunciaron que Exmigua continuó operando en San José del Golfo, pese a que fue suspendida por la Corte Suprema de Justicia en febrero, y se reafirmó el cese de actividades por la Corte de Constitucionalidad el 6 de mayo último. 

Exmigua administra el proyecto Progreso VII Derivada, y desde el comienzo ha tenido oposición de los pbladores de San José del Golfo y San Pedro Ayampuc. Por por varios años se mantuvo un plantón que evitaba que se activaran las operaciones libremente en el área.

Clausuran inmuebles 

Las instalaciones del proyecto minero Progreso Derivada VII,  ubicado entre San José del Golfo y San Pedro Ayampuc y la finca Soprana fueron allanadas el pasado lunes; el Ministerio Público (MP) los clausuró luego de efectuar las diligencias. 

Los fiscales localizaron más de 74 sacos con mineral en polvo, además se localizó lo que se cree son piezas arqueológicas que habrían sido encontradas durante la excavación.

La Fiscalía maneja como hipótesis que aunque la mina está cerrada por orden constitucional, algunos empleados de la empresa extraían el material de forma ilegal y lo almacenaban en otros lugares.

A las 21.45 horas de este lunes el MP informó que en la Finca Soprana se localizaron otros 100 sacos de productos, además de otra pieza arqueológica.

Resalta el hecho que en los inmuebles también fue localizada una guacamaya roja, dos loros y plantas que se creen son marihuana.

“La indagación continuó, y se hizo la primera operación para que las personas no siguieran con la explotación en el área, en virtud de que se estableció que incumplieron con la orden de las cortes de suspender los trabajos”, explicó Mayra Véliz, secretaria general del MP.

Los fiscales localizaron 74 sacos, de aproximadamente mil kilógramos cada uno que se cree contienen material mineral de donde se extrae metales preciosos, además se localizó lo que se cree son piezas arqueológicas que habrían sido localizados durante la excavación.

La Fiscalía maneja como hipótesis que aunque la mina está cerrada por orden constitucional, algunos empleados de la empresa extraían el material de forma ilegal y lo almacenaban en otros lugares.

A las 21.45 horas de este lunes el MP informó que en la Finca Soprana se localizaron otros 100 sacos de productos, además de otra pieza arqueológica.

Resalta el hecho que en los inmuebles también fue localizada una guacamaya roja, dos loros y plantas que se creen son marihuana.

“La indagación continuó, y hoy —ayer— se hizo la primera operación para que las personas no siguieran con la explotación en el área, en virtud de que se estableció que incumplieron con la orden de las cortes de suspender los trabajos”, explicó Mayra Véliz, secretaria general del MP.

Entran a minera

Ricardo Guzmán, viceministro de Gobernación, detalló que la operación consistió en tres allanamientos en bodegas propiedad de Exmingua ubicadas en San Pedro Ayampuc —Exmingua planta Progreso VII Derivada—, San José del Golfo y San Antonio La Paz —finca Soprana o Pranatura—.

“Se encontraron 74 sacos de mil 25 kilogramos en los allanamientos… Fue vital la diligencia porque era necesario documentar las labores a pesar de la suspensión de explotación”, argumentó.

Véliz informó que pruebas rápidas en los lugares revelaron que se trataba de oro y plata; no obstante, agregó que deberán esperar los resultados de los sacos encontrados en las tres bodegas, lo que también determinará la cantidad de mineral y su valor.

El precio de la onza de oro cerró ayer en el mercado internacional en US$1 mil 250, por lo que de comprobarse la cantidad de lo decomisado, la cifra sería millonaria.

Aura Marina López, fiscal de Ambiente, aseguró que se comenzó una investigación contra la empresa.

“Lo primero era que la empresa dejara de explotar los recursos en el proyecto. Aclaro, el 7 de mayo fue cuando se comprobó que los trabajos continuaban; ahora se continuará la investigación para determinar a qué personas se les imputará y por qué delitos”, explicó López.

La fiscal de Ambiente aseguró desconocer si hay petición de arraigo contra el representante legal de la empresa, y confirmó que vía área —helicóptero— se transportó el mineral.

La Policía agregó que también se encontraron varias piezas arqueológicas, las cuales deberán ser analizadas para verificar su valor histórico.

Los lugares allanados este lunes son:

• Minera Exmingua Planta Progreso VII Derivada, San Pedro Ayampuc.
• Inmueble ubicado en la 1a. avenida 3-45 zona 4 San José El Golfo.
• Finca Soprana o Pranatura ubicada en el kilómetro 35 ruta al Atlántico aldea Agua caliente San Antonio La Paz, El Progreso.

Antecedentes

El 30 de septiembre del 2011 el Ministerio de Energía y Minas (MEM) otorgó el derecho de exploración de productos mineros de oro y plata a la entidad Exploraciones Mineras de Guatemala, S.A,  por un plazo de 25 años.

El 29 de agosto del 2014 el Centro de Acción Legal Ambiental y Social de Guatemala (Calas), interpuso una acción constitucional de amparo.

Calas alegaba que “era obligación del Estado de Guatemala contar con la participación de los pueblos indígenas en decisiones que puedan afectarles, consultarles y obtener su consentimiento previo, libre e informado de acuerdo con lo establecido en el convenio 169 de la Organización Internacional de Trabajo sobre los pueblos indígenas y tribales”.

Debido a esto el 11 de noviembre del 2015 la Corte Suprema de Justicia (CSJ) otorgó el amparo provisional a Calas en el cual deja en suspenso el otorgamiento de la licencia de explotación minera.

El 18 de marzo del 2016 el MP comenzó con las investigaciones correspondientes por la posible comisión del delito de explotación ilegal de recursos naturales.

La empresa colocó una serie de amparos, pero el 5 de mayo del 2016 la Corte de Constitucionalidad (CC) declaró sin lugar los recursos.

El 07 de mayo del 2016 en seguimiento a la investigación se realiza inspección en el proyecto minero para verificar si la entidad continúa realizando sus operaciones para la explotación de oro y plata, ante lo cual se confirma que siguen operando. Actualmente el expediente se encuentra bajo reserva judicial.

Paralizado

Arturo Miranda, abogado de la empresa, aseveró que los fiscales constataron que la maquinaria estaba parada y que no había trabajadores, porque fueron despedidos.

“Los inspectores del Ministerio de Energía y Minas verificaron después del 9 de mayo, y constataron que las operaciones estaban terminadas”, informó.

Denuncias

La Unidad de Comunicación del Ministerio de Energía y Minas explicó que el MP actuó por las denuncias que ellos hicieron, pues los pobladores habían alertado de que veían personas trabajar en el lugar.

“El MEM reportó que había indicios de que la minera seguía con las operaciones. Fue el MP el que continuó las pesquisas”, dijo.

El 22 de febrero la Corte Suprema de Justicia (CSJ) suspendió las operaciones del proyecto minero “El Tambor”, propiedad de Exploraciones Mineras de Guatemala, S. A. (Exmingua), ubicada entre San Pedro Ayampuc y San José del Golfo. La resolución se basa en la falta de consulta a las comunidades.

El 5 de mayo, la Corte de Constitucionalidad (CC) —por unanimidad— rechazó la apelación de la empresa minera y reiteró la suspensión de operaciones de la mina. El secretario general de la CC, Martín Guzmán, señaló que: “Se dejó en suspenso temporal la licencia de exploración y explotación minera y, por ende, se suspenden las operaciones” (PL, 6/5/2016). A pesar de lo anterior, la empresa continúa operando y extrayendo oro y plata, lo cual contraviene las resoluciones de las más altas cortes del país.

La palabra suspensión significa “detención o interrupción del desarrollo de una acción durante un tiempo o indefinidamente”. Comparto la definición por aquello que a los señores propietarios de la minera —y a algunos integrantes de las cámaras empresariales que les apoyan— no les quede claro y por eso sigan operando.

Prueba de lo anterior fue la captura, el 9 de mayo, de cuatro personas —supuestos trabajadores de la minera— a quienes se les decomisó 19 sacos que contenían oro y plata. De acuerdo con un comunicado del MP, las investigaciones y dictámenes técnicos realizados estiman que cada saco estaría valorado en US$100 mil y que: “Los capturados fueron aprehendidos en flagrancia en un sector de San José del Golfo, sindicados del delito de explotación ilegal de recursos naturales” (La Hora, 9/5/2016). Dos días después estas personas fueron liberadas, el juzgado dictó “falta de mérito”.

Hasta hoy, no hay autoridad alguna que haga valer las resoluciones de la CSJ y de la CC. Es más, en el mes de febrero, cuando se dictó la primera resolución, el Departamento jurídico del Ministerio de Energía y Minas (MEM) señaló que el amparo interpuesto contra la minera no procedía porque “ya se habían vencido los plazos”. Con esta lógica jurídica la minera podía seguir operando y la sentencia de la Corte no debía ser obedecida.

Pero ahora que la CC reafirma lo resuelto por la CSJ tampoco pasa nada. La minera sigue trabajando y ni el MP que está llamado a actuar cuando se está cometiendo un ilícito, ni autoridad alguna reacciona con firmeza para hacer cumplir las sentencias. Hay información que circula de manera no oficial en la que se señala que el día en que se procedería al allanamiento de la minera, la jueza a cargo del caso no quiso autorizar la diligencia y que los policías asignados al operativo fueron retirados por “órdenes superiores”. Habría que confirmar tales extremos.

Lo cierto es que, como casi siempre pasa en este país, cuando se tocan intereses de sectores poderosos, los funcionarios —para decirlo en buen chapín— “se hacen los locos” y/o no se animan a cumplir con su deber.

No hay motivo alguno —incluido el supuesto riesgo para la competitividad— que pueda esgrimirse cuando de hacer cumplir la ley se trata. Las resoluciones de un tribunal se acatan, no se discuten, y esto forma parte también de la certeza jurídica y del marco de gobernabilidad que tanto le preocupa a la Cámara de Industria.

No se vale venir ahora a asustar con el petate del muerto, nadie está hablando del “cierre de cientos de empresas”. De lo que se trata es de una minera que no cumplió con los requisitos que establece la ley para operar y por eso fue sus-pen-di-da.

@MarielosMonzon

Este día se tiene previsto que se realice una audiencia pública en la que los dirigentes de las Comunidades en Resistencia Pacífica La Puya, y representantes del proyecto minero Progreso VII Derivadas, propiedad de Exploraciones Mineras de Guatemala, S. A.,Exmingua, expongan sus argumentos en la sala de vistas de la Corte Suprema de Justicia (CSJ).

Dos grupos de pobladores a las afueras de la sede de la CSJ gritan consignas por la minera, algunos a favor del proyecto y otros en contra de la explotación minera en el área, por la supuesta contaminación.

Las personas han llevado mantas y carteles a través de cuales exponen sus criterios respecto a la operación de la empresa minera en La Puya.

Mientras un grupo denuncia la contaminación de afluentes, otros aseguran que el proyecto minero les ofrece trabajo, por lo que se debe permitir la operación.

Suspensión 

https://twitter.com/gsanchez_pl/status/732248355011584002

En febrero la CSJ suspendió provisionalmente las operaciones de explotación de una mina de oro y plata en el departamento de Guatemala por no haber consultado a pueblos indígenas sobre sus operaciones.   

La resolución de la CSJ responde a un amparo solicitado por el Centro de Acción Legal Ambiental y Social de Guatemala (Calas), que argumentó que cuando se otorgó la licencia minera en septiembre de 2011, no se realizó una consulta a la población indígena del lugar para establecer si estaban de acuerdo o no con las operaciones de la mina, algo que obliga la ley.

Rafael Maldonado, abogado de Calas, dijo que la decisión de la Corte Suprema “es una reivindicación de la lucha de la comunidad que ha defendido los derechos humanos de la población”.    
 
En su resolución la Corte dice que como consecuencia del amparo provisional otorgado “se deja en suspenso el otorgamiento de la licencia de explotación minera para explotar oro y plata” en el lugar. La mina está ubicada en los municipios de San Pedro Ayampuc y San José del Golfo del departamento de Guatemala.     

Según la página web oficial de Exmingua, el proyecto está ubicado a 41 kilómetros de la ciudad capital dentro de lo que denominan Cinturón Regional de Oro orogénico denominado Tambor, una zona de su interés para la extracción de oro y plata y la cual ya estaba funcionando.

Debido a los constantes conflictos que se han dado en el lugar en 2012 se instaló una mesa de diálogo que hasta hoy no ha dado resultados concretos.

Oposición a la minería 

“Ya hay una determinación legal al respecto. Ya el  juzgado determinó que se debe cerrar y debe procederse al cierre. Entiendo que el Ministerio de Gobernación está haciendo las gestiones para hacerlo de manera legal”, agregó el funcionario.

En febrero pasado, la Corte Suprema de Justicia emitió una resolución amparando a quienes solicitaron cancelar la licencia del proyecto, propiedad de Exmingua, aunque el Ministerio de Energía y Minas (MEM) fue del criterio jurídico que el amparo no procedía porque se habían vencido los plazos.

Y más recientemente la Corte de Constituconalidad (CC) resolvió en el mismo sentido que la CSJ. El MEM emitió una resolución pero a criterio de analistas fue parcial porque no prohibía extracción de materiales para exportaciones.

Al ser consultado si fue lenta la reacción del Estado para efectuar el cierre luego de las resoluciones las cortes, indicó que, a quien debe consultársele es al respecto es el ministro de Gobernación Francisco Rivera quien era quien tenía la orden para ejecutar, pero Samuels indicó que dicho ministro ha mencionado que no puede ejecutar el cierre si no tiene en sus manos la orden del juez, que al momento que hablaron no le había llegado.

Samuels dijo que en los datos del impacto de las extracciones de minerales los posee el MEM e insistió que en este momento se debe proceder para el cierre de la empresa y ver como se recuperan los daños que se hayan dado en ese lugar.

El Ministro dijo que se debe analizar qué pasará con el área que ocupa actualmente la minera pero que no es tema de su cartera.

Mientras un movimiento de resistencia pacífica La Puya insiste en el cierre de la mina, Exmingua se quejó esta semana y dijo que no pueden ni siquiera ingresar para efectuar la liquidación laboral de los trabajadores.  

Postura presidencial

“Si se hizo algo ilegal, que le caiga el peso de la ley por completo; nosotros no estamos defendiendo a nadie, nosotros estamos ejecutanto la ley”, dijo el Presidente de la República, Jimmy Morales, quien agregó que si  hay un mandato se tiene cumplir los plazos para hacerlo.

“Si es alguna dependencia del Ejecutivo a esas personas hay que preguntarles, los tiempos y las razones, y si hay una evidencia o una demanda, invitamos a todas las personas en donde debe hacerse que son los tribunales del país”, añadió Morales.

Por aparte, respecto a los ríos del país, Samuels indicó que la próxima semana se interpondrán más denuncias en el Ministerio Público por desvío y contaminación de Ríos.

Evaluarán contaminación de río

Respecto al derrame de melaza en el río Magdalena en El Salvador, el Ministro dijo que también se ha afectado el lado de Guatemala por lo que este domingo harán una visita al lugar para evaluar los daños.

“Aún no se tiene una evaluación de los daños porque ha sido demasiado, ha sido exagerado (el derrame de melaza),” dijo Samuels.

El funcionario mencionó que habló con las autoridades ambientales de dicho país y le solicitó a la Ministra que tome acciones en forma inmediata. La funcionaria dijo que ya se presentó una denuncia contra la empresa responsable. 

Además, el Ministerio de Relaciones Exteriores de Guatemala emitió un comunicado pidiendo la invertención seria de las autoridades de El Salvador, agregó Samuels.

El funcionario dijo que espera la reducción de la contaminación pero indicó que tienen un informe acerca de que el río se  mantiene con un color obscuro y aún hay peces muriendo.

Analizarán qué corresponde y cómo se pueden entablar medidas legales por el daño, añadió.  “No quisiéramos dejar las cosas así de fácil porque entonces sucede cualquier cosa y no pasa nada contra los responsables”, dijo el ministro de Ambiente quien considera que se debe dar alguna retribución por el daño al país.

En tanto en El Salvador, las autoridades emitieron una alerta por emergencia ambiental por tres meses debido al derrame de melaza en el  río Magdalena, en Chalchuapa, Santa Ana.

La alerta cubre un tramo de tramo de 16 mil 400 metros cuadrados en el cantón La Magdalena y el cauce del río Magdalena, sus riveras y los cuerpos de agua donde se encuentra la afectación, informaron medios locales. El derrame de 900 mil galones de melaza en el ingenio azucarero La Magdalena empezó el jueves a las nueve de la mañana cuando el producto comenzó a salirse de un contenedor, se agregó. 

En Guatemala pobladores en  Jerez, Comapa, Conguaco y Moyuta, Jutiapa,  denunciaron  que el río Paz se encuentra contaminado con melaza, por lo que  los peces se mueren. El río sirve de límite entre Guatemala y El Salvador.

Los fiscales explicaron que el juez, quien basó su resolución en que no hubo suficientes pruebas en contra de los implicados para ser detenidos, declaró falta de mérito en el caso.

Investigadores que participaron en el operativo detallaron que hay pruebas que evidencian la forma en que la mina sigue operando desde hace varios días, y de como los trabajadores han trasladado costales con los valiosos minerales de las bodegas, todo esto antes de que se efectuara la aprehensión de los cuatro hombres.

Involucrados en el operativo del pasado 9 de mayo sospechan que al finalizar las diligencias San José del Golfo, pudo haber inherencia de autoridades de distintas instituciones, incluso de Goberación para que otros allanamientos ya no se llevaran a cabo, pues aseguran que al día siguiente, a pesar de tener todo listo para ingresar a varios lugares donde se ocultan más costales con oro y plata, a ultima hora el operativo se detuvo porque no se autorizaron los allanamiento.

Los entrevistados, manifestaron que incluso temen ser removidos de sus puestos, por haber efectuado el operativo el dia 9.

Oro y plata

El 9 de mayo pasado fueron detenidos Wilder Nain Sandoval Revolorio de 31 años; Edwin Rubén Véliz Díaz, 23; Miguel Ángel García, 46; y Julio Macario Valle,30, fueron sorprendidos cuando salían de una bodega a bordo de un picop en el cual transportaban 19 costales con los minerales.

Prensa Libre tuvo acceso al informe del operativo de ese día, según el reporte, técnicos de Control Minero de la Dirección General de Minería del Ministerio de Energía y Minas, revisaron uno de los costales y explicaron que el material encontrado contenían concentrado de mineral de oro y plata. Los técnicos tomaron una muestra para tener resultados de laboratorio.

Según el expediente, todos los costales con el material fueron enviados a las bodegas del Ministerio Público.

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El fallo

La Corte de Constitucionalidad de forma unánime rechazó una apelación de Exploraciones Mineras, S.A., y del Ministerio de Energía y Minas (MEM), con lo que reiteró la suspensión de operaciones de la mina Progreso VII Derivada, conocida como La Puya, situada entre San Pedro Ayampuc y San José del Golfo.
 
El fallo indica que el MEM debe consultar a las comunidades de San Pedro Ayampuc y San José del Golfo, si están de acuerdo o no, con las operaciones de la empresa.

Con la resolución se confirmó el amparo otorgado al Centro de Acción Legal, Ambiental y Social (Calas) por la Corte Suprema de Justicia (CSJ) el 11 de noviembre del 2015.

Le corresponderá a la CSJ accionar  contra la empresa, si recibe  denuncia  que se compruebe de que las operaciones no fueron suspendidas.

El decomiso lo efectuó personal de la Fiscalía de Delitos Contra el Ambiente con el apoyo de la Policía Nacional Civil, en el lugar conocido como la Puya.

Los señalados según las autoridades laboraban en la mina Progreso VII Derivada, la cual se ubica en esa localidad, lugar donde se han registrado protestas de vecinos que se oponen al funcionamiento de la empresa minera.

Los detenidos son: Edwin Rubén Díaz Veliz de 23 años; Julio Macario Valle,30; Wilder Sandoval Revolorio, 31 y Miguel Ángel García,46.

Los mencionados son sindicados por el delito de explotación ilegal de recursos naturales, fueron llevados a un juzgado para que el juez les informe el motivo de su detención.

Autoridades dieron a conocer que los aprehendidos eran investigados desde el 22 de febrero último, cuando se interpuso una denuncia sobre movimientos anómalos en el lugar.

Por el momento se desconocen los cargos que ocupaban los señalados y si habrían más personas involucradas.

Según explicó la fiscal cargo del caso, tuvieron conocimiento de que esa entidad, a pesar de tener una suspensión de labores por medio de una resolución de la Corte de Constitucionalidad, continuaban trabajando y al realizar una investigación de campo detectaron al vehículo saliendo de las bodegas del lugar con el producto.

CC reitera suspensión

La semana pasada, la Corte de Constitucionalidad (CC), de forma unánime, rechazó la apelación de Exploraciones Mineras, S.A., y del Ministerio de Energía y Minas (MEM), con lo que reiteró la suspensión de operaciones de la mina Progreso VII Derivada, conocida como La Puya, situada entre San Pedro Ayampuc y San José del Golfo.

El fallo indica que el MEM debe consultar a las comunidades de San Pedro Ayampuc y San José del Golfo, donde está asentada la mina.

Con la resolución se confirmó el amparo otorgado al Centro de Acción Legal, Ambiental y Social (Calas) por la Corte Suprema de Justicia (CSJ) el 11 de noviembre del 2015.

Calas debe verificar

Guzmán detalló que le corresponde a Calas verificar que la mina Progreso VII Derivada suspenda operaciones a partir del momento en que se le notifique la decisión.

Le corresponderá a la CSJ accionar  contra la empresa, si recibe  denuncia  que se compruebe de que las operaciones no fueron suspendidas, se indicó.

En la resolución se establece que para reanudar las operaciones es obligatoria la consulta a las comunidades, procedimiento establecido en el Convenio 169.

Martín Guzmán, secretario general de la CC, manifestó: “Se dejó en suspenso temporal la licencia de exploración y explotación minera y, por ende, se suspenden las operaciones”.

El fallo indica que el MEM debe consultar a las comunidades de San Pedro Ayampuc y San José del Golfo, donde está asentada la mina.

Con la resolución se confirmó el amparo otorgado al Centro de Acción Legal, Ambiental y Social (Calas) por la Corte Suprema de Justicia (CSJ) el 11 de noviembre del 2015.

Calas debe verificar

Guzmán detalló que le corresponde a Calas verificar que la mina Progreso VII Derivada suspenda operaciones a partir del momento en que se le notifique la decisión.

Le corresponderá a la CSJ accionar  contra la empresa, si recibe  denuncia  que se compruebe de que las operaciones no fueron suspendidas, se indicó.

En la resolución se establece que para reanudar las operaciones es obligatoria la consulta a las comunidades, procedimiento establecido en el Convenio 169.

Rechazo comunal

El proyecto Derivada VII ha sido rechazado por la población de San José del Golfo y San Pedro Ayampuc desde el inicio. Un plantón trascendió por varios años y evitaba que se activaran las operaciones libremente en el área.

El 22 de febrero de este año, la  Corte Suprema de Justicia suspendió provisionalmente las operaciones de explotación de una mina de oro y plata en el departamento de Guatemala por no haber consultado a pueblos indígenas sobre sus operaciones. 

El proyecto minero es Progreso VII Derivadas, propiedad de Exploraciones Mineras de Guatemala, S. A.,Exmingua, se ubica La Puya, donde se han instalado cientos de pobladores, especialmente mujeres que hacen resistencia pacífica y que han enfrentado desalojos por parte de la fuerza pública.   

Según la página web oficial de Exmingua, el proyecto está ubicado a 41 kilómetros de la ciudad capital dentro de lo que denominan Cinturón Regional de Oro orogénico denominado Tambor, una zona de su interés para la extracción de oro y plata y la cual ya estaba funcionando.

Este año, el gobierno de Jimmy Morales plantea convocar al Gran Diálogo Nacional, y reunir a sectores sociales para integrar mesas de trabajo que acuerden una agenda nacional para definir metas de mediano plazo.

Pero algunos expertos consideran que en los próximos meses podría haber una creciente demanda ante el incumplimiento de ofrecimientos de años anteriores y la ausencia de respuesta de las instituciones.

El estudio “Gestión e inclusión social”, publicado por la Universidad Rafael Landívar, afirma: “En los territorios con conflictividad existen carencias históricas y necesidades básicas no satisfechas generadoras de conflictividad (…) Alrededor del 65 por ciento de municipios donde en los últimos años se han otorgado licencias para la construcción de nuevas hidroeléctricas presentan enfrentamientos sociales, que aumentan en el caso de la industria extractiva y agrícola”.

La Secretaría General de la Presidencia juramentó a Rokael Cardona como titular de la Comisión Nacional de Diálogo. Según Cardona, se debe discutir la conflictividad de alto impacto y dar cumplimiento a lo ordenado por la Corte de Constitucionalidad de ejecutar consultas comunitarias por nuevos proyectos locales.

Algunas mesas en el Ejecutivo ya están instaladas con sectores campesinos, sindicalistas, académicos y empresarios organizados.

El nuevo comisionado trabajó en la Unidad de Prevención de Conflictos durante la administración de Alfonso Portillo, y reconoce que la problemática desborda la capacidad de los gobiernos. “Hay una gran fragilidad social, económica e institucional, y pobreza extendida”, afirmó.

Indicó que los conflictos en el país van desde las diferencias sociales y lingüísticas hasta pugna por recursos naturales y minerales. “Parece que Guatemala es un país minero, pero la manera en que se ha gestionado la explotación ha generado mucho conflicto y disparidades. Lo veo como una oportunidad para dar un segundo respiro a la democracia”, aseguró.

Habrá demanda

El politólogo Álvaro Pop considera que este año tiene una “posibilidad alta” de que crezca la molestia de la sociedad rural e indígena, ante el incumplimiento de promesas de años anteriores y las nuevas decisiones del Gobierno. Según Pop, continúan los conflictos estructurales, como hidroeléctricas y mineras. Además, espera que haya nuevos problemas relacionados con la tenencia de la tierra y el agua.

“No se ve a la violencia como un conflicto social. Es un tema muy urbano, y no convoca a expresiones sociales de manera fuerte. Por supuesto que genera inestabilidad e impactos complejos en la sociedad”, añadió.

Pop coincidió con el ex comisionado de diálogo Miguel Ángel Balcárcel, quien afirmó que se espera que en poco tiempo haya una demanda creciente, ya que las organizaciones se replegaron después de las manifestaciones del año pasado; pero los rezagos de soluciones sin concluir están creciendo.

“La gente lo que quiere son respuestas. Hay pendientes de toda naturaleza, compromisos gubernamentales que no han cumplido”, refirió el mencionado politólogo.

Detonantes

El informe anual del 2015 de la Procuraduría de los Derechos Humanos (PDH) señala como detonante de la conflictividad la violación al derecho de acceso a la información por parte del Gobierno. Según la PDH, la situación se agrava con la decisión gubernamental de autorizar, sin consulta previa e informada, licencias para la exploración y explotación de bienes naturales en territorios habitados por comunidades indígenas.

Para Cardona, las privatizaciones hechas al final de la década de 1990 han tenido impacto directo. “Hay excesos en privatizar los servicios, y no hay balance que permita equidad y distribución de recursos”, afirmó el funcionario.

Otro aspecto perjudicial es el crecimiento demográfico, pero no económico. “No hay capacidad real para atender las nuevas demandas, sobre todo en las áreas rurales, donde se ha estancado”, comentó Cardona.

El sociólogo Fernando Mack visualiza que las acciones desarrolladas el año pasado siguen vigentes, ya que no ha habido respuesta institucional.

“El actual gobierno, lejos de generar diálogo y consenso, está siendo un factor de conflictividad adicional por las acciones y posturas que ha tomado. Parece que cada gobierno que llega está vacunado contra el diálogo y la capacidad de escucha”, opinó.

Mack detalló que mientras eso ocurre en áreas urbana, en la provincia continúan los conflictos debido a que no se han superado los problemas. “Aunque por momentos pareciera que la sociedad no tiene conflicto, hay muchos latentes”, manifestó.

Para el sociólogo, es necesario fortalecer el diálogo nacional y fijar compromisos que se cumplan y que no queden en mesas de trabajo. “El Estado por muchas décadas no ha respondido adecuadamente, y ahora hay una gran acumulación, y la sociedad desconfía del Estado. Se ve en muchos lugares el diálogo como algo para detener las acciones de la población”, manifestó.

Corrupción

En la agenda de diálogo podrían incluir las jornadas de protestas desarrolladas el año pasado contra la corrupción. A criterio de Cardona, “ahora existe conciencia nacional” y estará en la agenda igual que la transparencia y rendición de cuentas, vigilancia de la sociedad y supervisión de las obras.

Balcárcel recordó que en su gestión lograron acciones interministeriales y remarcó que el desafío no está en las mesas de diálogo, sino en la respuesta del Gobierno.

“El equipo del Sistema Nacional de Diálogo nunca fue de orden político, sino técnico; así debe seguir”, destacó.

Otro avance fue la creación del proyecto de la Política Nacional de Diálogo y una unidad ejecutora para que la comisión tenga recursos propios y actúe por su cuenta.

Dos de ellos resultado heridos y fueron atendidos en el lugar por los Bomberos Municipales. Según Bernardo Silva Barrera, uno de los protestantes, el responsable conducía el vehículo con placas P-072DRK.

“Carro nos embistió en plantón pacífico La Puya frente al Ministerio de Energía y Minas. Se dio a la fuga. Placas P-072DRK. Urge atraparlo”, escribió Silva Barrera en su cuenta de Facebook.

Los heridos fueron identificados como Mario Lemus y Vilma Carrera. Por el momento se desconoce el estado de salud de las víctimas.

Las autoridades llegaron y tomaron nota de las placas del automotor. Minutos después del incidente varios mensajes de rechazo fueron publicados en la cuenta de Silva Barrera.

Durante una reunión el pasado miércoles, pobladores de La Puya se comprometieron a que en el campamento ubicado frente al MEM se permitiría el ingreso de trabajadores a las instalaciones por seis horas.

Durante la inspección participaron, según una fuente del MEM, directivos, personal técnico y legal del MEM, junto a las otras instituciones citadas.

Rafael Maldonado, asesor jurídico del Centro de Acción Legal, Social y Ambiental (Calas), aseguró que la resistencia no ha terminadosino hasta que se cierren en su totalidad las actividades de esa empresa minera.

Maldonado aclaró que no han retenido a nadie y cree que el MEM, de alguna manera, solo le está dando largas al proceso, pero que el próximo 16 de mayo hay una vista pública del caso en la que espera que la Corte Suprema de Justicia anule la operación por completo.

El ingreso al MEM está bloqueado desde el 4 de marzo.

“El retiro de Castañón no debería impactar si lo sustituyen por una persona adecuada para el cargo, además que se debe  considerar que se tiene personas expertas en cada tema en los viceministerios” indicó el consultor en temas de energía y minas Jorge García Chiu.

Durante una actividad en una escuela pública en Mixco, el presidente Jimmy Morales confirmó que Luis Chang, quien fungía como viceministro de Energía, fue nombrado y asumió como nuevo ministro.  

“Viéndolo desde afuera parece que los avances han sido relativamente pocos, la conflictividad en todas las áreas continúa y no hay proyectos mineros a la vista, mientras que las licencias de exploración siguen en suspenso” añadió Chiu.

Rafael Maldonado, asesor jurídico de la organización ambientalista Centro de Acción Legal, Social y Ambiental (Calas) refirió que no les sorprende la renuncia de Castañón y cuestionan que “ se mantuvo en un contante tema de tráfico de influencia y protección de las empresas mineras” permitiéndoles seguir operando a pesar de resoluciones emitidas por tribunales y las cortes en contra de su funcionamiento.

En tanto Javier Zepeda, director ejecutivo de la Cámara de Industria de Guatemala (CIG) ente que tiene como socio a varios proyectos de extracción minera, dijo que es importante que se continúe con la institucionalidad del trabajo del ministerio ya que se tienen muchos temas pendientes de resolver en los sectores energético y minero.

Zepeda indicó que hubo una apertura al diálogo con Castañón pero hay temas en los cuales no se había logrado avanzar o “no fue a la velocidad que quisiéramos”.

Decisiones polémicas y denuncias

Calas denunció a Castañón en febrero pasado por los delitos de incumplimiento de deberes, abuso de autoridad, falsedad e instigación a delinquir porque no obedeció un amparo que la Corte Suprema de Justicia otorgó a esa organización para suspender la licencia del proyecto minero Progreso VII, Derivada ubicado en San Pedro Ayampuc y San José del Golfo explicó Maldonado.

Sin embargo el criterio inicial del MEM fue que ese amparo  quedó sin materia, porque se presentó en el 2014 y se pidió que suspendiera el otorgamiento de la licencia, pero esta ya se había otorgado desde el 2011.

A consideración de Chiu, la orden de la CSJ se debió cumplir y retirar la licencia, es decir regresar el proceso hasta antes de otorgarla y hacer la consulta requerida a la comunidad o interesados.

El Gobierno informó por sus redes sociales que el retiro de Castañón se debió a problemas de salud.
Maldonado refiere que no comparten esa versión ya que, aunque no han sido notificados, tienen conocimiento que la CSJ había decidido que existen suficientes elementos para considerar la denuncia y la trasladaría al Congreso para que este organismo conociera el antejuicio contra Castañón, en su calidad de ministro.

Otras fuentes indicaron que Castañón no se había retirado de la empresa Petróleos de Venezuela (PDVSA) en la que trabajaba antes de asumir como ministro sino que solo había pedido permiso por alrededor de tres meses con la condición de que decidiera si después de ese plazo se quedaba en el cargo de ministro o regresaba a la empresa.

En febrero pasado diputados de la comisión de energía citaron al ministro para cuestionarle su relación con la empresa pero este se excusó a la primera reunión. En la segunda reunión asistió y dijo que se había retirado de la empresa el 13 de enero.
“Ahora que él renuncio pierde el derecho de antejuicio y Calas continuará con el proceso penal y buscará constituirse como querellante adhesivo”, refirió Maldonado.

Calas también presentó una denuncia penal contra la empresa propietaria del proyecto minero en mención y contra el asesor jurídico del MEM Rogelio Zarceño, añadió.

El Movimiento de Resistencia La Puya está manifestando desde hace  más de un mes frente a las instalaciones del MEM, exigiendo que se cumpla por lo ordenado por la CSJ y se suspenda la licencia del proyecto minero.

Autoridades del MEM expresaron que más de 300 trabajadores de esa institución no pueden realizar sus labores debido a la manifestación que tiene tomadas las instalaciones. Por lo tanto, no cuentan con el equipo necesario para  desempeñar sus funciones.

Aunque  los trabajadores pudieron entrar a las instalaciones el lunes y martes recién pasados, el miércoles se les impidió el paso de nuevo. 

Una fuente reveló que los 300 trabajadores se dirigen todos los días a las instalaciones de MEM de la zona 12, pero que el espacio es para 150, por lo que es difícil operar.

Entre los principales problemas están: licencias detenidas para gasolineras, expendios de gas y plantas de envasado, paralización de trámites en general, atención a inversionistas, capacitación del personal y la inoperatividad del laboratorio químico, que presta servicio a todas las industrias del país.

Asimismo, está paralizado el Plan Centinela, que verifica  que las gasolineras cumplan con la calidad y cantidad de combustibles que sirven a los consumidores.

Resistencia

Según Rafael Maldonado, del Centro de Acción Legal, Ambiental y Social (Calas), la pequeña manifestación es una resistencia pacífica establecida por los pobladores de La Puya y basada en el artículo 44 de la Constitución, por la violación de derechos humanos.

Esa manifestación es por las violaciones que a juicio de los manifestantes comete la empresa Exploraciones Mineras de Guatemala junto al MEM, quienes se han negado a darle cumplimiento al amparo provisional de la Corte Suprema de Justicia, que suspendió la licencia en el proyecto minero.

Maldonado inidicó que ya son 43 días de manifestación, de los que 25 ha permanecido cerrado completamente el MEM.

De la actividad de resistencia está notificada la Policía Nacional Civil, el Ministerio de Gobernación y el mismo MEM, agregó Maldonado.

Por su parte, Pedro Padro, analista de la Asociación de Investigaciones y Estudios Sociales, detalló que hay temas de conflictividad social que se deberían mejorar, pero es necesario que en todo momento se respete la ley.

Desde el 2 de marzo, decenas de personas se apostaron frente a las instalaciones del MEM, zona 11, como medida de presión para que acate una resolución de la Corte Suprema de Justicia (CSJ) que, según ellos, ordena el cierre de operaciones en la mina.

Los manifestantes argumentan que la CSJ ordenó suspender provisionalmente las operaciones de explotación de oro y plata en el proyecto Progreso VII Derivadas, por no haber hecho consultas con los pueblos indígenas.

Las autoridades del ramo alegan que la Corte ordenó suspender un formulario de solicitud de licencia, no del proyecto, por lo que se ha generado una confusión y pidieron a la CSJ una aclaración al respecto.

“Solo el ministro Juan Pelayo Castañón es el que no quiere cerrarla, cuando la orden de la Corte es clara y dice que es cierre de operaciones”, expresó Milton Carrera, vecino de las comunidades afectadas y que ha permanecido en plantones de la mina y frente al MEM.

Cómo viven

El mínimo de personas que algunos días protestan frente al ministerio son 25, otras veces llegan a ser hasta 300.

En cuanto a los alimentos, son obtenidos a través de remesas familiares que reciben de parientes desde Estados Unidos.

PDH da seguimiento a plantón frente al Ministerio de Energía por parte de pobladores de La Puya que se oponen a minapic.twitter.com/OJD38yhjxV

— Prensa Libre (@prensa_libre) March 4, 2016

“Más de la mitad de la población de San Pedro Ayampuc y San José del Golfo tienen familiares en Estados Unidos, y la ayuda viene desde allá”, agregó Carrera.

Además, cocinan sus alimentos con leña, no con estufas eléctricas ni de gas. La tarima y toldos para resguardarse también han sido recibidos como préstamo.

Aunque desde que comenzaron el plantón habían bloqueado los ingresos al MEM, a partir del lunes ya no lo harán, explicó Carrera, porque las autoridades argumentaron que por ese bloqueo no habían podido revisar el expediente del caso.

No está claro si esa revisión implicará que el Gobierno seda y proceda a la suspensión de operaciones de explotación minera.

El viernes último, empresarios adscritos a la Cámara de Industria de Guatemala (CIG) instaron al MEM a no ceder ante las presiones y mantener la “certeza jurídica”, debido a que la resolución de la CSJ “no está en firme” y se refiere a la suspensión de una solicitud de otorgamiento de licencia de explotación minera a la empresa Exploraciones Mineras de Guatemala, S.A.

Los pobladores no es primera vez que protestan en contra del proyecto minero Derivada 7, de hecho, antes de plantarse frente al MEM habían permanecido durante casi cuatro años en el ingreso a la mina en La Puya, para evitar que la empresa avanzara en los trabajos de exploración y explotación de oro.

Marco Tulio Maldonado es uno de los pobladores de La Puya que participa en la manifestación desde el 3 de marzo, y a Prensa Libre  explicó que mantendrán las protestas hasta tener una respuesta positiva a sus demandas.

“Se cumple una semana de forma pacífica, hay una resolución de la Corte -de Constitucionalidad- que ordena al MEM clausurar temporalmente la minera Progreso 7 Derivada, esto por no consultar a los pueblos. El martes nos reunimos con el ministro pero no estamos negociando, esperamos que se cumpla lo que ordena la CC”, dijo Maldonado.

Agregó: “Ayer nos iban a dar respuesta y nosotros íbamos a hacer paros paulatinos como presión para que nos atiendan y nos escuchen. Llevamos 4 años en resistencia en La Puya y no nos han escuchado”.

Momentos tensos

Maldonado anunció que hoy incrementarán las medidas de protesta frente al MEM: “Ayer ocupamos dos horas la entrada, hoy será medio día y si aun así no nos atienden, mañana será todo el día y seguiremos hasta que atiendan la resolución”.

El 22 de febrero recién pasado, la Corte Suprema de Justicia (CSJ) suspendió provisionalmente las operaciones de explotación de dicha mina situada en el departamento de Guatemala por no haber consultado a pueblos indígenas sobre sus operaciones.