Elías González López fue arrestado el pasado 21 de octubre por agentes de la División Especializada en Investigación Criminal (Deic) de la Policía Nacional Civil (PNC) en la aldea Bonanza del municipio de Las Cruces, Petén. Tenía vigente una orden de aprehensión desde octubre de 2014.

El sujeto, acusado de un macabro crimen que ocurrió hace 9 años en aquella lejana localidad del norteño departamento de Petén, fue capturado por la PNC que cumplió una orden emitida por el Juzgado de Primera Instancia Penal de Poptún desde el 21 de octubre de 2014.

A González López lo requieren la justicia guatemalteca por los delitos de asesinato, asesinato en grado de tentativa, violación agravada, maltrato contra personas menores de edad e incendio agravado.

De acuerdo con el Ministerio Público (MP), es uno de los presuntos autores materiales de la masacre de seis miembros de una familia en el caserío Brisas de Chiquibul, Dolores, Petén en octubre de hace nueve años.

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Macabro crimen

El 15 de octubre de 2014 la noticia conmocionó a los pobladores del caserío Brisas de Chiquibul, en el municipio de Dolores, Petén. Desde aquella lejana comunidad la noticia trascendió.

Las autoridades revelaron en aquella oportunidad que habían sido asesinados Jeremías Ramírez, de 35 años, y su conviviente, Amalia Pau, de 36, así como Sindi Yamilet Hernández Pau, de 3; Ana Luz Hernández Pau, de 6, y Verónica Ramírez Pau, de 18 meses.

Otros tres menores — hijos de Pau —  sobrevivieron y quedaron bajo la protección de la Procuraduría General de la Nación (PGN).

El 19 de octubre fue hallada sin vida Érika Susana Hernández Pau, de 11, quien estuvo desaparecida desde el día que ocurrió la masacre.

Según vecinos del lugar, Jeremías era conviviente de Amalia y solo padre de Verónica, la más pequeña de las víctimas mortales.

El hecho, según el testimonio de pobladores y recopilado en la Hemeroteca de Prensa Libre, pudo haber ocurrido entre las 19 y 22 horas de aquel miércoles 17 de octubre de 2014.

Uno de los niños sobrevivientes llegó ensangrentado con algunos líderes de la comunidad y les contó que habían matado a su mamá, a su padrastro y a tres de sus hermanas.

Vecinos alertaron a los Bomberos Voluntarios y a la PNC, quienes fueron de emergencia al lugar a prestar auxilio. El niño que contó los hechos presentaba heridas de machete en la espalda, el cuello y el cráneo, por lo que fue llevado al Hospital Regional de Poptún. 

También sobrevivieron sus hermanos de 13 y 9, quienes resultaron ilesos.

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Mueren quemadas

Los cadáveres de la madre y la niña de 18 meses estaban carbonizados, mientras que los de las otras dos pequeñas tenían heridas de machete.

El cuerpo de Jeremías Ramírez lo localizaron a unos cien metros de la vivienda donde ocurrió el crimen. Los investigadores consideraron en su oportunidad que trató de huir, pero fue alcanzado y asesinado a machetazos.

La muerte la relacionaron en su oportunidad con una deuda de Ramírez con los victimarios. Se desconoce la cantidad hasta ahora.

Un testigo contó en el 2014 que dos sujetos de apellidos González: (Elías, posiblemente) y Pineda llegaron a la casa a reclamarle por la deuda en la venta de un caballo y que le debían entregar a una de las niñas de 11 años.

Tras negarse, cometieron el crimen. El sujeto arrestado, y que estaba en una lista de los 100 más buscados de la PNC, fue puesto a disposición de una judicatura donde será escuchado.

La Subdirección General de Análisis de Información Antinarcótica (SGAIA) de la Policía Nacional Civil (PNC) continúa las investigaciones de la masacre que ocurrió el 13 de junio en un casa ubicada en el barrio Tercera lotificación, en los límites de los municipios de Santa Elena y Flores, Petén.

En un ataque armado, que se presume fue por un ajuste de cuentas entre narcotraficantes, murieron baleados Jeyson Ricardo Orellana Alfaro, de 34años, oriundo de Chinautla, Guatemala, Luis Emilio Córdova Lucas, de 33; de San Benito, Petén y Miguel Ángel Sánchez Cabrera, de 41, de La Unión, Zacapa.

Además, Esvin Hernández Salguero, de 34, de Dolores, Petén; Ricardo Misael Bonilla Mata, de 29, de Palencia, Guatemala y una sexta víctima que hasta ahora no ha sido identificada, pero presumen sea mexicana.

En el lugar localizaron ocho paquetes (kilos) con cocaína, y dos vehículos que hasta ahora no se ha informado si tienen reporte de robo o a quién pertenecen.

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Un nombre dentro de las personas que murieron en forma violenta ha llamado la atención de las autoridades.

Resulta que en los registros de la sección de información antinarcótica aparece el nombre de Esvin Hernández Salguero, quien fue capturado el 6 de octubre de 2022 durante un operativo que coordinó el Centro Interinstitucional contra la Narcoactividad en Guatemala (CICNAG) conformado por e Ministerio Público, el Ministerio de Gobernación y el Ministerio de la Defensa.

La información oficial revela que Hernández Salguero, alias el Flaco, “formaba parte de una organización criminal dedicada al narcotráfico, lavado de dinero, tráfico de armas de fuego, sicariato, traslado de indocumentados y robo de ganado.

Pero al quedar libre se integró a un nuevo grupo que continuó con las operaciones que desarrollaba en 2022. Traficar con cocaína en las áreas que antes tenían con la anterior célula. 

El área de operaciones de el Flaco y otros miembros de la organización del 2022 estaba en los departamentos de Petén, Alta Verapaz y Chiquimula, según el reporte oficial. En 2023 prosiguió con las acciones en esta demarcación, según las fuentes oficiales.

Nexos con el cártel de Sinaloa

El análisis del CICNAG determinó que este sujeto también tenía nexos con cárteles de la droga mexicanos, en especial el de Sinaloa, con los que movilizaban cargamentos cocaína.

Y esto continuó en 2023, y prueba de ello es que uno de los sujetos asesinados el 14 de junio se presume es de origen mexicano y era el enlace para trasladar los estupefacientes.

El 6 de octubre de 2022 fue arrestado en su municipio natal, Dolores, Petén, por tener una orden judicial vigente por los delitos de asesinato. Lo sindicaban de estar detrás de la muerte de un agente de la PNC y su hermano.

Aquel día de octubre del año pasado las autoridades desarrollaron 16 allanamientos en inmuebles de Petén, Escuintla y Quetzaltenango.

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El objetivo era desarticular a la organización criminal que integraba Hernández y que se dedicaba al narcotráfico y el sicariato.

Según la investigación se estableció la existencia de esta organización criminal que operaba en el área de Petén y Suchitepéquez, dedicándose al narcotráfico y sicariato. Capturaron a seis integrantes, entre ellos Hernández Salguero. 

Se determinó que tenían nexos con personas de nacionalidad mexicana, con quienes movilizan paquetes de droga, principalmente, cocaína. Todo apunta a que la estructura se reagrupó con otros integrantes, y siguieron delinquiendo y traficando droga. 

La anterior banda criminal de Hernández estuvo implicada en un ataque armado en el que falleció el agente de PNC, Leonel Herrera Sosa y su hermano Rodolfo Herrera Sosa, el 2 de enero de 2019, sobre la ruta que conduce a la aldea Suculté, Dolores, Petén.

Hipótesis de la masacre

La hipótesis preliminar de la masacre de los seis sujetos en una casa del barrio Tercera lotificación, en Santa Elena, Petén, se basa en un ajuste de cuentas.

Las primeras pesquisas revelan que a la casa llegaron por lo menos cuatro sujetos abordo de camionetas agrícolas. Ingresaron a la casa, discutieron y luego accionaron armas de fuego, tanto fusiles como armas cortas. Los cadáveres presentaban disparos en la cabeza y el pecho.

Los seis cadáveres quedaron tendidos en tres ambientes de la casa. La inspección oficial determinó que durante el incidente destruyeron puertas, ventanas y dejaron tirados ocho paquetes con cocaína.

Agentes fiscales de la Fiscalía de Distrito del Ministerio Público (MP) e investigadores y agentes de la Policía Nacional Civil (PNC) llevaron a cabo este 10 de mayo ocho diligencias de allanamiento en un caserío de Jalapa, cercano a otro donde ocurrió la matanza de 7 miembros de una familia el pasado 2 de abril, y otros en San Andrés y La Libertad, Petén, donde capturaron a dos sujetos el 4 de abril sindicados de un crimen.

En estos operativos, según la información preliminar, buscaban arrestar a otra persona implicada en la matanza de la familia Munguía Marcos el pasado 2 de abril en el caserío Los Muñoz, de la aldea Palo Verde, municipio de Jalapa.

Por este caso ya están en prisión, desde el 4 de abril pasado, los primos Esvin Adelso Elías Contreras y Francisco Contreras Gutiérrez, presuntos responsables de haber asesinado a la familia en esa aldea que es parte del territorio de  Santa María Xalapán. A estas dos personas las aprehendieron en San Benito, Petén.

El juez de primera instancia penal de Jalapa había autorizado estas diligencias desde el 26 de abril pasado. Uno de los objetivos de estas diligencias era perfilar a otra persona, buscar indicios como seguimiento a la investigación y probar o descartar su participación en el hecho criminal contra la familia Munguía Marcos.

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Las pesquisas revelan que Esvin Adelso Elías Contreras y Francisco Contreras Gutiérrez frecuentaban el caserío La Lagunilla, aldea Palo Verde, Jalapa, cercano a donde se cometió la masacre y donde se llevaron a cabo los allanamientos de este 10 de mayo.

La primera línea de investigación de la PNC y el MP establecen que el hecho tuvo relación con una ajuste de cuentas por robo de ganado vacuno.

Los investigadores manejan una primera hipótesis que conecta a los dos primos con el crimen. Se presume que los sospechosos actuaron por un “ajuste de cuentas con dos de los integrantes de la familia”, porque se dedicaban a robar toros y vacas.

Al parecer, según las primeras pesquisas, aunque el ataque era dirigido a dos personas de la familia Munguía Marcos, surgió un imprevisto durante el ataque y fueron asesinadas las otras víctimas.

Los análisis del Instituto Nacional de Ciencias Forenses (Inacif) revelaron que cuatro de las siete víctimas murieron por una herida de bala en el cráneo, incluyendo a una menor de 17 años.

Las tres víctimas restantes también perecieron por heridas de bala en otras partes del cuerpo. Una de las víctimas tenía 10 años.

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En Petén

El MP ejecutó las ocho diligencias de allanamiento, inspección, registro y secuestro de evidencias en seguimiento a la investigación que se desarrolla por la muerte de siete personas en la aldea Palo Verde.

Cuatro de las diligencias se realizaron en los municipios de San Andrés y La Libertad, Petén, mientras que en Jalapa se realizaron otras cuatro, específicamente en la aldea Palo Verde.

Como resultado se incautó varios celulares, vestimenta posiblemente utilizada durante la comisión del hecho delictivo, un rifle y municiones de calibre ignorado. Por este hecho se encuentran ligadas a proceso penal dos personas, sindicadas de asesinato, quienes fueron aprehendidas menos de 48 horas después del crimen.

Víctimas

Roberto Munguía Cortez, de 67 años, y el mayor entre las víctimas, murió a causa de una herida de bala en el pulmón.

Tomasa Marcos Jiménez, de 60; Marcos Munguía Marcos, 31; Patricio Munguía Marcos, de 29; al igual que Odilia Munguía Aguilar, de 17, murieron por una herida de bala en el cráneo.

Mientras que, en el caso de Francisco Munguía Marcos, de 27, sufrió una herida en la espalda. La menor Luz Angélica Munguía Cruz, de 10, murió por una herida de proyectil de arma de fuego en el tórax.

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Las autoridades confirmaron la captura de dos hombres implicados por el asesinato de siete integrantes de una familia, el pasado domingo 2 de abril, en el caserío en la aldea Palo Verde, en Santa María Xalapán, Jalapa.

La Fiscalía de Distro de Jalapa y la Policía Nacional Civil (PNC) confirmaron la detención de los dos sospechosos en un barrio en San Benito, Petén, y los relacionó como primos.

Ambos fueron identificados como Esvin “N”, de 29 años; y Francisco “N”, de 28, quienes son acusados del delito de homicidio.

De acuerdo a la fiscalía, los autores detrás de la matanza fueron “hombres armados y vestidos con gorros pasamontañas” que irrumpieron a eso de las 6 de la mañana del pasado domingo en la vivienda.

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Línea de investigación

Los investigadores manejan una primera hipótesis que conecta a los dos primos con el crimen. Se presume que los sospechosos actuaron por un “ajuste de cuentas con dos de los integrantes de la familia”, según se presume hasta ahora, porque se dedicaban a robar toros y vacas.

Al parecer, según las primeras pesquisas, aunque el ataque era dirigido a dos personas, surgió un imprevisto durante el asalto y fueron asesinadas otras víctimas.

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Mayoría recibió un disparo en la cabeza

Los análisis del Instituto Nacional de Ciencias Forenses (Inacif) revelaron que cuatro de las siete víctimas murieron por una herida de bala en el cráneo, incluyendo a una menor de 17 años.

Las tres víctimas restantes también perecieron por heridas de bala en otras partes del cuerpo. Una de las víctimas tenía 10 años.

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Los vecinos de la aldea observaron conmocionados la llegada de los investigadores del Ministerio Público y de la PNC  luego del crimen.

Tras la llegada al lugar, el MP confirmó que se localizaron casquillos en el perímetro como parte de las evidencias del caso.

AHORA |En un operativo táctico de investigadores de la #DEIC de la @PNCdeGuatemala , permitió la captura en Petén de Esvin Adelso Elías Contreras y Francisco Contreras Gutiérrez presuntos responsables de asesinar a una familia el pasado 2 de abril en Santa María Xalapán, Jalapa. pic.twitter.com/7Uk9vAxKIO

— MinGob (@mingobguate) April 5, 2023

Víctimas

Roberto Munguía Cortez, de 67 años y el mayor entre las víctimas, murió a causa de una herida de bala en el pulmón.

Tomasa Marcos Jiménez, de 60; Marcos Munguía Marcos, 31; Patricio Munguía Marcos, de 29; al igual que Odilia Munguía Aguilar, de 17 años, murieron a causa de una herida de bala en el cráneo.

Mientras que, en el caso de Francisco Munguía Marcos, de 27 años, sufrió una herida en la espalda. La menor Luz Angélica Munguía Cruz, de 10, murió por una herida de proyectil de arma de fuego en el tórax.

Fue el pasado domingo 2 de abril, a eso de las 6 de la mañana, que un grupo armado irrumpió en la vivienda de la familia Munguía Marcos y asesinó a siete de sus integrantes.

La masacre ha conmocionado a los vecinos de la aldea Palo Verde, en Santa María Xalapán, en el departamento de Jalapa, quienes observaron los cuerpos de las víctimas tendidos, algunos en el camino de terracería que conducía a la viviendas; otros dentro de un cuarto, en el interior de la vivienda.

La investigación del hecho está en marcha y ahora, a través de los exámenes forenses, se determinó que la mayoría de las víctimas murió por un disparo en la cabeza, entre ellas una adolescente de 17 años.

Las evaluaciones del Instituto Nacional de Ciencias Forenses (Inacif) revelan que cuatro de las siete víctimas murieron por una herida en el cráneo. No obstante, las tres víctimas restantes, aunque sufrieron de heridas en distintas partes del cuerpo, también resultaron fatales.

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Causa de muerte

El Ministerio Público (MP) confirmó la identidad de las víctimas y, posteriormente, al concluir las necropsias se dio a conocer que Roberto Munguía Cortez, de 67 años y el mayor entre las víctimas, murió a causa de una herida de bala en el pulmón.

Tomasa Marcos Jiménez, de 60; Marcos Munguía Marcos, 31; Patricio Munguía Marcos, de 29; al igual que Odilia Munguía Aguilar, de 17 años, murieron por un disparo en la cabeza.

Mientras que Francisco Munguía Marcos, de 27 años sufrió una herida en la espalda y la menor Luz Angélica Munguía Cruz, de 10, murió tras ser herida en el tórax.

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El silencio marcó la mañana del pasado domingo cuando los vecinos se aproximaron hasta el área donde pereció la familia Munguía Marcos, en  la que fue su vivienda, ubicada en una pequeña montaña de su aldea.

“Al parecer hay otra tirada hasta aquí, con unas sus tinajas de agua”, decía un reportero local cuando transmitía en directo a través de Facebook. Mientras describía la escena, se escuchaba de fondo el llanto de una mujer.

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Los vecinos se mantenían absortos observando, sentados a un lado del inclinado camino donde se encontraban dos cuerpos, unos metros antes de llegar hasta la casa.

“Al parecer aquí hay dos juntas, una mujer y una niña, a la par”, se escucha en el video.

Armados y con gorros pasamontañas

En su informe oficial, el MP indicó que la Fiscalía del Distrito de Jalapa recopiló los primeros indicios tras el hallazgo sin vida de los integrantes de la familia.

Los investigadores hallaron al menos 38 evidencias, entre casquillos y un teléfono celular.

También estiman la hora aproximada en que ocurrió el hecho violento y que “hombres armados, vestidos con gorros pasamontañas, ingresaron a la vivienda y sin mediar palabra efectuaron el ataque”.

Durante las diligencias también se encontraban agentes de la División Especializada en Investigación Criminal (DEIC), adjunta a la PNC.

Caso anterior

En octubre de 2022, se dio a conocer un caso similar en el que cinco cadáveres, con señales de violencia, fueron localizados en el interior de una vivienda en Atescatempa, Jutiapa.

El olor fétido del ambiente llevó a que los vecinos alertaran a las autoridades. Entre las víctimas se encontraban dos mujeres y tres hombres, todos integrantes de una familia de origen nicaragüense que alquilaba el inmueble.

Más adelante, con el avance de la investigación, se conectó el caso a una disputa por una herencia y fue detenido un presunto responsable de ordenar el ataque.

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Investigadores de la División Especializada en Investigación Criminal (Deic) de la Policía Nacional Civil (PNC)  de Jutiapa arrestaron este 18 de noviembre a un sujeto sindicado de la masacre de una familia en una aldea del municipio de San José Atescatempa, departamento oriental de Jutiapa, el pasado 26 de octubre.

Las PNC reveló que se trata de Fabián Manuel Polanco Mansilla, de 38 años, a quien señalan de ser el principal responsable de la muerte violenta de cinco personas, miembros de una familia de origen nicaragüense, que rentaba un inmueble en la aldea Sansuque, Atescatempa, Jutiapa.

De acuerdo con las autoridades Polanco Mansilla perteneció al Ejército de Guatemala, pero desertó. La orden de aprehensión fue girada por asesinato, deserción, portación ilegal de arma de fuego, violación – de una niña -,  atentado, tras haber usado una granada de fragmentación en contra agentes de la PNC.

Las investigaciones de la Deic establecieron que Polanco Mansilla estaba en disputa de una herencia paterna. Según las pesquisas no estaba conforme con lo que su papá le había repartido, en partes iguales, a él y sus tres hermanos.

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El hoy arrestado quiso quedarse con un terreno que le correspondía a uno de sus hermanos, quien antes de emigrar a los Estados Unidos por amenazas de muerte en su contra, había dejado encargada la casa con unos amigos que más adelante se convirtieron en las víctimas mortales de esta trama.

Las personas que murieron a manos del hombre arrestado son Yamileth del Carmen Lopez, de 37 años; Víctor Manuel Morales Padilla, de 40; Martín Aguilera López, de 15; Irene Elizabeth Aguilera López, de 17 y Junior Esaú Polanco Orellana, de 19.

La información que será presentada ante un juez revela que el día del hecho, el 26 de octubre de 2022, Polanco Mansilla, ingresó en la casa donde dormía la familia que cuidaba la casa de su hermana y asesinó, en primera instancia, a los jóvenes de 15 y 17 años.

Preliminar:
Presunto implicado en el asesinato de una familia nicaragüense en #Jutiapa es detenido por personal de la #DEIC de la @PNCdeGuatemala. pic.twitter.com/kFPorQfQ0S

— MinGob (@mingobguate) November 18, 2022

Y luego arremetió contra el resto de la familia. Se supone que Polanco Mansilla estaba bajo efectos de licor o alguna droga, indicó la PNC.

Luego de cometer el crimen se dio a la fuga y desde entonces huía porque había testigos que le habían advertido a las autoridades que él había cometido el hecho.

El Ministerio Público (MP) informó que en seguimiento a la investigaciones de la Fiscalía de Derechos Humanos con relación a la masacre del 29 de junio de 1982 cuando murieron 25 personas en el caserío El Rancho Bejuco, aldea Pacoj, municipio de Santa Cruz EL Chol, Baja Verapaz, este miércoles 2 de febrero se ejecutaron nueve órdenes de aprehensión.

La fiscalía gestionó ante el Juzgado de Primera Instancia de Mayor Riesgo D la autorización de 11 diligencias de allanamiento que fueron efectuadas en Santa Cruz El Chol y San Jerónimo, de Baja Verapaz.

Los sindicados fueron puestos a disposición del órgano jurisdiccional por los delitos de asesinato y delitos contra deberes de la humanidad.

El vocero de la Fiscalía dijo a la AFP que los detenidos son exmilitares y exmiembros de las paramilitares Patrullas de Autodefensa Civil (PAC), creadas por el Ejército para tener control sobre la población durante el conflicto armado.

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El pasado 24 de enero, cinco exparamilitares fueron condenados a 30 años de prisión por la violencia sexual cometida contra mujeres indígenas en el municipio de Rabinal, Baja Verapaz, en los años 80, durante la guerra civil.

La sentencia de las penas que se impusieron fue por delitos de lesa humanidad.

La guerra civil en Guatemala dejó 200 mil muertos y desaparecidos, reveló una Comisión de la Verdad de la ONU que también documentó 669 masacres y aseguró que el 93% de las violaciones fueron cometidas por aparatos del Estado.

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Las PAC y la figura del comisionado militar que fueron instrumentos de represión durante la guerra quedaron disueltas con la firma de los acuerdos que pusieron fin al conflicto en 1996.

Los aprehendidos

• Mario Elfidio Córdova
• Santiago Cojón Galeano
• Lázaro Alvarado de Paz
• Carlos Sesán Cajbon
• Venancio Mendoza
• Lauro Garrido Cajbon
• Mauro Garrido Cajbon
• Juan López Sis
• Eusebio Raxcacoj

Ouérémi fue declarado culpable este jueves por crímenes contra la población, secuestros, robo, destrucción de bienes e inmuebles y fue condenado a indemnizar por los daños a las víctimas o sus familiares, recogió hoy el medio local Yeclo.

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“El tribunal declara a Amadé Ouérémi culpable (..) y lo condena a cadena perpetua”, dictaminó el juez Charles Bini, del tribunal criminal de Abiyán, la capital económica del país.

Por su parte, la abogada del acusado, Roselyne Aka-Sérikpa, denunció que el juicio fue “parcial” e “injusto” al tener “muchas zonas grises”.

El presidente del Colectivo de Víctimas de Costa de Marfil, Issiaka Diaby, declaró que el proceso no está acabado debido a la ausencia de otros autores de estos crímenes y señaló particularmente a los coroneles Losséni Fofana (alias Loss) y Coulibaly (alias Cool).

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El juicio contra Ouérémi comenzó el pasado 24 de marzo, acusado de participar activamente en los sucesos de Doukoué, en los que entre el 28 y 29 de marzo de 2011 murieron más de 800 personas, según el Comité Internacional de la Cruz Roja (CICR).

La localidad de Duekoué fue duramente castigada por el conflicto postelectoral de Costa de Marfil, y sufrió distintos ataques entre diciembre de 2010 y mayo de 2011, en los que murieron cientos de personas.

Esta violencia tuvo lugar a raíz de la celebración de las elecciones del 28 de noviembre de 2010, en las que la Comisión Electoral atribuyó la victoria al actual presidente, Alassane Ouattara, frente al entonces presidente saliente, Laurent Gbagbo.

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Sin embargo, el Tribunal Supremo de Justicia declaró nulos los votos en siete regiones del norte y el centro del país favorables a Ouattara -donde, según su rival, se habían producido “flagrantes irregularidades”- y declaró vencedor a Gbagbo.

Esta situación desencadenó una violenta crisis entre los seguidores de ambos líderes en la que durante cinco meses murieron unas 3.000 personas, según cifras oficiales.

Detenido en abril de 2011, Gbagbo fue trasladado a la Corte Penal Internacional (CPI), acusado de crímenes contra la humanidad.

Pero en enero de 2019 los jueces lo absolvieron por falta de pruebas, junto a su exministro de Juventud Charles Blé Godué, una sentencia confirmada en marzo de este año tras el recurso de apelación presentado en junio de 2020 por la Fiscalía de la CPI, que advirtió ciertas “inconsistencias” en su absolución. EFE

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“Sabes, deseas que un buen tiroteo en una escuela lo interrumpa”, le dijo a su coconductor durante la transmisión del martes 17 de diciembre, cuya grabación fue obtenida por KUSA.

Su colega saltó rápidamente y contestó: “No, no, ni siquiera digas eso. No nos llamen. Chuck no dijo eso”. Bonniwell luego agregó “… en el que nadie salga dañado”.

El miércoles 18 de diciembre, 710 KNUS anunció la cancelación del programa “Chuck & Julie”.

“Dada la historia de violencia escolar que ha afectado a nuestra comunidad, 710 KNUS confirma que se decidió finalizar el programa de inmediato”, dijo en un comunicado publicado en Twitter.

Tiroteos constantes

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Un exinfante de marina subido a la cima de la torre del edificio principal de la Universidad de Texas en Austin dispara al azar durante más de 90 minutos a todas las personas que ve abajo. Deja unos 15 muertos y unos 30 heridos antes de ser abatido.

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El informe reveló el resultado de una investigación de tres años, la cual documentó 55 mil 021 casos de violaciones a los Derechos Humanos, de las cuales el Ejército es responsable del 79.2 por ciento.

teoría polémica

Cuando se culpó a "Baloo" por la muerte de monseñor Gerardi

El estudio es un proyecto interdiocesano dirigido por la Oficina de Derechos Humanos del Arzobispado, ODHA, y fue presentado en la Catedral Metropolitana este mismo día por el Arzobispo Metropolitano, monseñor Próspero Penados del Barrio. 

El informe no constituye la totalidad de los hechos violentos registrados entre 1960 y 1996, pues se reconoce que un porcentaje no pudo ser recogido; sin embargo, registra testimonios acerca de 3 mil 893 desaparecidos, 5 mil 516 torturados, 723 secuestrados, 5 mil 79 detenciones irregulares, 152 violaciones sexuales, 10 mil 157 vi?ctimas de atentados y 323 vi?ctimas de otros abusos.

Segu?n el director de la ODHA, Ronalth Ochaeta, las vi?ctimas demandan que el Estado y la Unidad Revolucionaria Nacional Guatemalteca, URNG, reconozcan en pu?blico su responsabilidad en las violaciones cometidas contra sus comunidades.

Asimismo, exigen a la exguerrilla que aclare las muertes y desapariciones de las que fue responsable y de? informacio?n a los familiares sobre lo sucedido para facilitar la bu?squeda y encuentro de las vi?ctimas para cerrar el duelo de los sobrevivientes.

El informe, que ya fue entregado a la Comisio?n del Esclarecimiento Histo?rico, CEH, revela que las masacres ma?s notables perpetradas por la URNG en 1982 fueron las de Chacalte?, en Quiche?, donde murieron 200 personas, y la de Salaqwim, en Alta Verapaz.

El coordinador general de la ODHA, monsen?or Juan Gerardi Conedera, indico? que el informe tiene una intencionalidad pastoral, como servicio de la Iglesia a la cometidas contra sus sociedad y las vi?ctimas, en la li?nea del respeto a los Derechos Humanos.

La informacio?n tambie?n sen?ala que durante el conflicto fueron asesinados 20 sacerdotes cato?licos, asi? como un nu?mero no determinado de catequistas, especialmente en la regio?n del Altiplano.

El proyecto de investigacio?n fue iniciado el 24 de abril de 1995, con la participacio?n de 600 animadores y apoyados por las parroquias de las arquidio?cesis del pai?s, indico? Gerardi Conedera.

El informe tambie?n asienta que el conflicto armado provoco? 50 mil desaparecidos, un millo?n de refugiados, 200 mil nin?os y nin?as hue?rfanos y 40 mil viudas, para un total de un millo?n 440 mil vi?ctimas directas, segu?n el informe.

Aparatos represivos

• Unos 86 mil 318 niños quedaron como víctimas indirectas, porque sus padres sufrieron algún tipo de violación y de estos 42 mil 47 perdieron a uno de sus padres.
• Los aparatos oficiales de represio?n comprendi?an, aproximadamente, dos mil agentes de la G-2 y tres mil 500 del Archivo del Estado Mayor Presidencial, EMP.
• Tambie?n, tres mil agentes de la Polici?a Militar Ambulante, PMA; 28 mil comisionados militares, 900 mil patrulleros civiles, que haci?an un total de 936 mil 500 personas.
• El 92 por ciento de las vi?ctimas fueron civiles y el an?o donde se cometieron ma?s masacres fue 1982, pues se registraron 192.
• El departamento ma?s afectado por las masacres fue Quiche?, con 263, -62.3 %-, y los menos, Chiquimula, Izabal y Guatemala, con una.
• Hubo masacres en Guatemala, Baja Verapaz, Alta Verapaz, Izabal, Chiquimula, Chimaltenango, Quetzaltenango, San Marcos, Huehuetenango, Quiché y Petén.
• El 80 por ciento de los testimonios recogidos por el Remhi corresponden al periodo de 1980-83.
• De las 55 mil 21 violaciones, el Ejército es responsable de 43 mil 580, lo cual representa el 79.2 por ciento.
• De las víctimas, el 74.5 por ciento fueron adultos y tres de cada cuatro eran indígenas.

Presentación del informe

Con la evocación de los versículos bíblicos: ¿Caín, do?nde esta? tu hermano Abel?… La sangre de tu hermano clama desde el suelo hacia mi?…, monsen?or Julio Cabrera, obispo de Quiche?, comento? el holocausto que sufriera la poblacio?n de aquel departamento durante la guerra interna guatemalteca, al presentar el informe del proyecto de Recuperacio?n de la Memoria Histo?rica, Remhi.

El informe Guatemala: Nunca Ma?s, fue presentado pu?blicamente en la Catedral Metropolitana, y en e?l se analizan
los miles de testimonios de las vi?ctimas, recabados por todas las dio?cesis del pai?s, en torno a las violaciones de los Derechos Humanos ocurridas en el conflicto armado interno que azoto? al pai?s durante 36 an?os.

Monsen?or Juan Gerardi Conedera, coordinador de la Oficina de Derechos Humanos del Arzobispado, expreso? que la Iglesia comparte la pena y la angustia de este drama humano, producto de la injusticia y la falta de valores, con el propo?sito de encontrar el rostro de Dios y la reconciliacio?n. 

Nadie imaginaría que dos días después de haber presentado el informe del Remhi, monseñor Gerardi sería asesinado en el interior de la casa parroquial de San Sebastián, un crimen con luces y sombras que conmocionó a los católicos y a la sociedad guatemalteca. En la actualidad, la iglesia católica tramita la beatificación del religioso por la vía del martirio.

El 26 de enero de 1983 dio inicio la última fase de construcción del proyecto hidroeléctrico Chixoy, en Alta Verapaz. Ésta fase consistió en llenar el embalse de agua de la presa de 14 kilómetros cuadrados, área similar a la del Lago de Amatitlán.

primeras hidroeléctricas

En 1970 comienza a funcionar el proyecto Jurún-Marinalá, que aún está activo

La presa, una enorme mole de 110 metros de alto, casi dos veces la altura del edificio de Finanzas y del largo del puente del Incienso, forma un lago artificial que es alimentado a través de un túnel de 26 kilómetros de largo, uno de los más grandes del mundo, según su diámetro (5.95 metros), se conecta con una tubería de un kilómetro de largo y 3.65 metros de diámetro, por lo cual se aprovecharía una caída bruta de 500 metros, que permitiría accionar cinco turbinas pelton que mueven cinco generadores de 60 megavatios cada uno, es decir que su potencia sería de 300 MW.

La energía producida es traída a la capital por medio de una transmisión de 120 kilómetros.

El objetivo de la construcción de ésta obra era para disminuir el consumo de combustible para la generación de energía.

La construcción del complejo inició el 21 de abril de 1977 durante la administración de Kjell Laugerud García, con un costo inicial de Q360 millones, siendo su costo final de Q850 millones, aumentando debido a la inflación de esos años y el cambio de algunas especificaciones a raíz del terremoto de 1976.

El 16 de diciembre de 1985 fue inaugurado el complejo hidroléctrico de Chixoy por el jefe de Estado de facto, Óscar Mejía Víctores, entrando en operaciones en esa fecha. Su vida útil está calculada para 50 años.

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Conflictos

Durante el régimen del general Fernando Romeo Lucas García se declaró el sector donde se construiría la hidroeléctrica en     zona de emergencia, por la inminente obra.

El gobierno ofreció trasladar a los habitantes de las diferentes aldeas aledañas y que serían perjudicadas a otros asentamientos. Sin embargo muchos de los habitantes estaban en desacuerdo con las disposiciones gubernamentales y fueron acusados de subversivos y de pertenecer a la guerrilla.

Uno de estos casos más emblemáticos fue el de la aldea Río Negro, la cual fue arrasada por la acción contrainsurgente del gobierno militar.

El 30 de octubre de 1993 sale a la luz la barbarie: 177 osamentas fueron halladas en un cementerio clandestino, los restos pertenecían a los habitantes de Río Negro cuyos sobrevivientes acusaron a los Patrulleros de Autodefensa Civil y al Ejército de haber cometido la masacre.

El total de personas asesinadas por el régimen militar por negarse a abandonar sus tierras entre 1981 y 1983 asciende a unas 434 personas.

Durante el conflicto armado interno, en su fase final en la primera década de los años noventa varias torres de transmisión de energía fueron derribadas por las acciones de la insurgencia lo cual provocó apagones de varias horas en la capital, principal beneficiaria de Chixoy.

Otras crisis obligaron al gobierno a hacer racionamientos de energía, suspender el servicio en varios sectores, como pasó en 1991 cuando el nivel del embalse se encontraba tres metros y medio sobre su nivel mínimo debido a la poca caída de lluvia en dicho periodo.

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Resarcimiento

La lucha de las comunidades afectadas por la construcción de la hidroeléctrica, por una indemnización justa continúa, aunque han habido momentos de tensión, como ocurriera en septiembre de 2004 cuando la hidroeléctrica fue ocupada por unos dos mil campesinos.

En septiembre de 2006 se firmó un convenio entre el Gobierno y 23 comunidades para buscar solución a las demandas de los afectados. A pesar de los acercamientos los avances son pocos.

Cuatro años después, en 2010 una comisión presidencial acordó con las comunidades un plan de reaparación de daños por Q1 mil 200 millones, que incluía tierras, viviendas, proyectos de desarrollo y de servicios básicos.

El Estado de Guatemala fue condenado en 2012 por las violaciones a los derechos humanos de los habitantes de Río Negro, por la Corte Interamericana de Derechos Humanos.

Sin embargo en 2014 el Gobierno de los Estados Unidos presionó al gobierno guatemalteco para que cumpliera con el resarcimiento de las víctimas de Chixoy como una de las condiciones para continuar con la ayuda económica, según la Ley de Asignaciones Consolidadas aprobada por el Congreso de dicho país.

En esa época Prensa Libre acudió a verificar la situación de los residentes en Pacux, zona donde fueron trasladados los habitantes de la cuenca de Chixoy tras la construcción de la hidroeléctrica, corroborando las condiciones precarias en las que vivían, ya que manifestaron que no recibieron ninguna compensación económica, ni las facilidades habitacionales ni de servicios básicos, según ofrecieron las autoridades militares en su momento.

El gobierno, entre 2015 y 2016 ha indemnizado a 858 familias y faltan mil 416 a Julio de 2016. Se espera que en 2017 se finalice la indemnización y se continúen con los proyectos de desarrollo en la comunidad.

Este miércoles, el alumno de 13 años arrestado, que supuestamente planeaba el “ataque”, fue “interceptado” por la Policía cuando se dirigía al colegio y, en un posterior interrogatorio, “reconoció que estaba involucrado” en un plan de matanza al estilo Columbine.

No obstante, las autoridades no encontraron ningún arma en posesión de los muchachos, ni en sus mochilas ni en las taquillas del colegio.

Sin embargo, en el registro que la Policía realizó con una orden judicial en el domicilio de los dos estudiantes se encontraron armas de fuego.

El chico de 14 años “reconoció” que había conversado con el otro estudiante sobre el tiroteo de Columbine y que “los dos habían planeado un ataque” que pensaban comenzar con una señal para abrir fuego, agregó la oficina del alguacil en el comunicado.

Sobre los dos estudiantes, que se encuentran bajo custodia del Departamento de Justicia Juvenil, pesan los cargos de “conspiración para cometer un asesinato”.

El 20 abril de 1999, dos estudiantes de 17 y 18 años mataron a 13 personas e hirieron a 23 en la escuela de Columbine, en Littleton (Colorado), antes de suicidarse. 

Era la tercera vez que pedía ayuda en unas semanas desde que él la amenazó con suicidarse y le dijo “Te veré en el cielo”.

Unos 40 segundos de iniciada la llamada del domingo, una voz gritó: “¡él tiene una pistola!”. Durante los siguientes minutos, el operador trató de que Reynoso le contestara. Los agentes llegaron como un minuto después, dijo el sheriff. Para entonces, ella y sus hijos estaban muertos.

Jorge Chávez, de 25 años, entró a la casa de West Columbia por la parte trasera. Mató a Reynoso, de 26 años, disparándole varias veces en el pecho, dijo la médico forense del condado de Lexington Margaret Fisher en un comunicado el martes por la noche.

Antes de suicidarse con un tiro en la cabeza, mató de un disparo en la espalda al hijo de ambos —de tres años— e hizo lo propio con su otra niña de un año con un tiro en el pecho, agregó la forense.

Durante más de una década, Carolina del Sur ha tenido unos de los índices más altos de muertes por violencia doméstica en el país. Las muertes del domingo son parte de un patrón perturbador de amenazas y visitas indeseadas.

Reynoso y Chávez rompieron en octubre después de estar juntos durante cinco años.

La primera vez que ella llamó al 911 por su exnovio fue el 14 de noviembre, cuando dijo a agentes del condado de Lexington que Chávez la amenazó con suicidarse, le mostró una soga que tenía en el asiento del pasajero y dijo “Ya no puedo seguir haciendo esto. Te veré en el cielo”, antes de irse manejando, de acuerdo con un reporte policial.

Chávez regresó sin anunciarse el 12 de diciembre, después de que Reynoso aceptó que viera a sus hijos. Él tocó la ventana de su cuarto, pidiéndole que le dejara entrar para hablar. Ella se negó, indicó un reporte policial.

El arma que usó Chavéz fue reportada como robada en el pueblo de Clinton hace varios años. Los agentes no están seguros de cómo fue que Chávez obtuvo el arma, dijo el sheriff del condado de Lexington Jay Koon en un comunicado.

Al parecer se trata de un caso de homicidio-suicidio y las investigaciones están en marcha, dijo la policía del condado Lexington en un tuit.

Fisher identificó a los fallecidos como Marissa Hope Reynoso, de 26 años, y sus dos hijos: Elijah Chavez, de cuatro, y Ezra Chavez, de uno. El otro fallecido fue Jorge Luis Chávez, de 25 años, quien se cree que era el padre de los niños.

Fisher dijo que otro hijo mayor de Reynoso no se encontraba en casa a la hora de los hechos.

Según la emisora CBS, el hombre primero mató a tiros a su hijastra de 17 años y un hijastro de 19 años y después asesinó a sus dos hijos, una niña de cuatro años y un niño de seis, asfixiándolos con los gases de su automóvil. Las víctimas fueron encontradas en la casa. Los niños pequeños yacían muertos en sus camas.

De acuerdo con los medios, el hombre llamó en la noche del martes al miércoles a la Policía avisando que había matado a toda su familia. Cuando los policías entraron en la casa, el presunto asesino los estaba esperando en la terraza y se entregó.

En la casa, la Policía encontró una horrible escena. Los oficiales afirmaron que las víctimas fueron atacadas en diversas formas.

La policía les subministró primeros auxilios y fueron trasladados al hospital, pero no sobrevivieron.

La madre se encuentra en condición estable en el hospital después de haberse sometido a una cirugía. Ella recibió un disparo en el pie y presentaba un corte en el rostro.

La Policía confirmó que el supuesto asesino, Gregory Green, es el padrastro de los dos de los hijos y el padre de los otros dos. Los oficiales sospechan que problemas entre la pareja motivaron el múltiple crimen. La mujer le había pedido el divorcio en agosto pasado. En 2013 también lo hizo aunque después se reconciliaron.

“No tenemos una gran cantidad de casos como éste … es una situación muy trágica. No hay palabras para explicar lo que ocurrió aquí, es una tragedia en todos los sentidos de la palbra”, expuso el alcalde de Dearborn Heights, Dan Paletko, quien llegó a la escena del crimen donde han sido colocadas ofrendas florales en memoria de las víctimas.

El alcalde Dan Paletko dijo que los asesinatos “son una tragedia en todos los sentidos de la palabra”.

Los vecinos han descrito a la familia como tranquila y trabajadora, recién habían celebrado una fiesta de cumpleaños para niños hace una semanas.

“Hace sólo dos o tres semanas, tuvieron una fiesta de cumpleaños, globos y todas esas cosas por ahí”, dijo el vecino Ronnie Jones, según el medio 7abc.

La presencia de Ríos Montt, candidato presidencial del FRG, el mismo día en que serían inhumados los restos de 70 víctimas del conflicto armado interno, provocó la ira de los vecinos quienes terminaron echándolo a pedradas.

El ex jefe de facto se sorprendió de que los familiares de las víctimas de la masacre ocurrida en 1981, atribuida al Ejército, se levantaran en su contra.

La celebración del mitin del Frente Republicano Guatemalteco, FRG, el mismo día en que serían enterradas las osamentas de las víctimas del conflicto de Rabinal, Baja Verapaz, colmó la paciencia de los deudos.

Los familiares de las víctimas, quienes habían velado las osamentas de sus seres queridos toda la noche, y recibido amenazas para que no se presentaran al mitin, llegaron con los féretros hasta la tarima, donde miembros del FRG habían preparado su mitin.

Decenas de ex patrulleros de autodefensa civil traídos desde Cubulco se mezclaban con las viudas y huérfanos del conflicto.

Elogios e insultos

Mientras el diputado por Baja Verapaz, Juan Santa Cruz, se afanaba en que sus correligionarios animasen el mitin con canciones, las víctimas gritaban “Asesinos” y “Queremos un buen gobierno, no uno manchado de sangre”. 

El ambiente se empezó a caldear cuando un miembro del FRG dijo que había que echar a los extranjeros del país, porque “nos lavan el coco y se llevan a nuestros niños”, en alusión a periodistas extranjeros y miembros de la cooperación internacional.

Poco después, un fotógrafo de la Agencia AP fue empujado del escenario por la cónyuge de Santa Cruz, y empezaron a volar las piedras contra los eferregistas. La situación se puso tensa y caótica, por lo que muchos miembros del partido oficial escaparon del lugar.

Mientras, hijos de las víctimas quemaban las mantas del FRG y pintaban de rojo el cartel con la fotografía de Ríos Montt, los jóvenes y las mujeres encaraban de frente a los eferregistas.

Cuando todos pensaban que el mitin se había suspendido, a 500 metros se colocó una tarima improvisada y apareció Ríos Montt. Lo acompañaban Pedro Palma Lau, su hija Zury Ríos, su vicepresidenciable Edin Barrientos y Santa Cruz.

Ataque a Ríos 

La tensión subió de tono y los familiares de las víctimas corrieron hasta la segunda tarima, portando los féretros. Ríos Montt comenzó su discurso: “En toda guerra hay víctimas; yo los considero a todos mis hijos, pero Guatemala está como está porque no hay tolerancia”.

Tras estas palabras, la cólera aumentó. Los miembros de la seguridad decidieron evacuar a Ríos Montt del lugar. Sin embargo, comenzaron a llover piedras por todas partes. Lo bajaron de la tarima protegido por unas cinco personas, pero no pudieron evitar que un palo le acertara en la cabeza. 

Asustado, el presidente del Congreso se subió a un vehículo y escapó. La población gritaba de alegría por haber echado al “genocida que se llevó la vida de nuestros familiares”. Además, resultaron heridos varios asistentes al mitin y periodistas.

Reaparece en Cubulco

Tras el tumulto, cada quien escapó por donde pudo. Hasta el último momento se especuló que Barrientos estaba escondido en alguna casa del pueblo y que Ríos Montt había sido trasladado a un hospital capitalino. 

Al no poder llegar a su helicóptero, el líder eferregista decidió visitar Cubulco para reunirse con los ex patrulleros que le habían acompañado en Rabinal. 

Sin embargo, allí tampoco tuvo suerte, ya que tras ofrecer a los ex patrulleros una reunión especial y el tercer pago de su compensación por servicios prestados, el grupo empezó a llamarle mentiroso y a exigirle el pago de Q20 mil.

El candidato presidencial afirmó que “no me hicieron daño”, aunque su camisa estaba manchada con sangre. Comentó: “Salí a hablar a la gente porque es mi deber y porque no tengo miedo”. Sin embargo su decisión provocó la ira de los familiares de las víctimas de la represión.

Descansan en paz

Luego de la tormenta provocada por el enfrentamiento entre pobladores y eferregistas, la calma regresó a Rabinal, Baja Verapaz. Los restos de 70 víctimas de la represión de los años ochenta fueron inhumados en el cementerio local.

Eran las 15 horas cuando un manto de tierra cubrió los rústicos osarios elaborados para guardar lo que quedó de las víctimas de las masacres cometidas en las aldeas Tres Cruces, Chitucán, Inebe y Plan de Sánchez.

Antes de despedir a sus víctimas, los pobladores participaron en un servicio religioso en la iglesia El Calvario. 

“Muchos de los masacrados por fin recibieron cristiana sepultura”, dijo Martín Alvarado, para quien el recuerdo de su hermano Domingo, muerto durante estas masacres, fue doloroso, debido a que sus restos, no pudieron ser identificados.  De las 70 osamentas, solamente 14 fueron reconocidas.

Jesús Pú Osorio, activista de derechos humanos, manifestó que espiritualmente la población se encuentra satisfecha, aunque el sepelio de sus familiares es un proceso doloroso. Al final de la tarde todos comentaban el abucheo al precandidato del FRG Efraín Ríos Montt.

CEH Documenta masacres

“Los soldados reunieron a las mujeres. Pusieron música de marimba y las obligaron a bailar, al decir de los soldados, como bailaban con los guerrilleros. A varias jóvenes se las llevaron y las violaron”.

Así comienza uno de los testimonios documentados en el Informe de la Comisión para el Esclarecimiento Histórico, CEH, de la masacre ocurrida en marzo de 1982, en Río Negro, Rabinal, Baja Verapaz, cuando Efraín Ríos Montt asumió el poder. 

El relato agrega que después obligaron a las personas reunidas a caminar unos tres kilómetros montaña arriba. “Durante toda la caminata -cuenta el declarante- a las mujeres les pegaban mucho, les decían que eran vacas, las trataban como si fueran vacas de cambiar potrero. A los niños les pegaban mucho, porque les decían hijos de guerrilleros”.

“A los niños como el que cargo ahora -comenta un sobreviviente al momento de la entrevista con un niño lactante- lo agarraban de los pelos y le daban contra las piedras”.

Tiraban los cadáveres en una fosa común que iban cavando. “A uno que iba agonizando todavía lo dejaron ahí jateado como leña; unos sobre otros”. De acuerdo con el informe de la CEH, durante el régimen de Ríos Montt se agudizó la represión en el campo. 

Unas diez mil personas llenaron la Gran Sala del Centro Cultural Miguel Ángel Asturias, para conocer el contenido del informe. Al acto asistió el presidente de la República, Álvaro Arzú.

A las 10 horas, la sala estaba llena, y el público sólo esperaba el inicio del acto. La llegada de Arzú, pasó desapercibida, pues todos tenían la mirada puesta en el escenario.

A las 10:15, se corrió el telón, y las luces se encendieron. Los aplausos no se hicieron esperar, ante la expectación de conocer la verdad acerca de las violaciones a los Derechos Humanos cometidas durante la guerra.

El primero en hablar fue el comisionado Alfredo Balsells Tojo, quien dijo: “El silencio fue roto”. Al escuchar estas palabras, el público interrumpió el discurso con aplausos. Balsells finalizó con la frase “la misión está cumplida”.

Los comisionados hicieron entrega del informe a representantes de la URNG, Gobierno y Naciones Unidas. Cuando el coordinador de la comisión, Christian Tomouschat, empezó a presentar el informe en líneas generales, el silencio invadió el lugar.

Al escuchar que la mayoría de responsabilidades eran de las fuerzas de seguridad, se empezó a escuchar el grito: “¡justicia, justicia!”, que poco a poco se dispersó por toda la sala.

Durante el discurso de Tomouschat, algunas viudas lloraron, al recordar cómo sus esposos fueron desaparecidos y nunca más se conoció su paradero.

Durante el acto, la CEH recordó a monseñor Juan Gerardi asesinado el 26 de abril de 1998. Al finalizar el acto, Arzú subió al escenario, donde se esperaba que recibiera el informe; sin embargo, sólo saludó a los integrantes de la mesa principal y partió. Luego, se cerró el telón.

Acusación por genocidio

Los señalamientos por genocidio hacia agentes del Estado fue lo destacado en la entregad del informe que rindió la Comisión para el Esclarecimiento Histórico, CEH, acerca de los años del conflicto armado interno.

Los aplausos de la concurrencia en el Gran Teatro no se hicieron esperar, cuando el coordinador de la CEH, Christian Tomuschat, con voz pausada pero firme, dijo: “En el marco de las operaciones contrainsurgentes, efectuadas entre 1981 y 1983, en ciertas regiones del país, agentes del Estado cometieron actos de genocidio en contra de grupos del pueblo maya”. Durante el periodo señalado, al frente del EStado se encontraban los generales Romeo Lucas García y Efraín Ríos Montt.

El señalamiento de la CEH fue planteado sobre la base de una profunda investigación, y habiéndose tenido en cuenta las definiciones de la Convención para la Prevención y la Sanción de Genocidio, ratificada por Guatemala en 1949.

De acuerdo con el artículo 11 de dicho instrumento jurídico, se entiende por genocidio la matanza de miembros de un grupo, la lesión grave a la integridad física y mental, el sometimiento intencional a condiciones de existencia que conlleven su destrucción total, así como medidas destinadas a impedir los nacimientos en el grupo.

Eso, según la CEH, se logró comprobar, ya que “durante la guerra, mediante masacres y operaciones de 'tierra arrasada', planificadas por fuerzas del Estado, se exteminaron por completo comunidades mayas, se destruyeron sus viviendas, ganado, cosechas y otros elementos esenciales de sobrevivencia”.

El genocidio, por ser delito de lesa humanidad, es castigado en cualquier parte del mundo, y no prescribe. De ahí, que la comisión haya planteado que el Estado cumpla y haga cumplir la Ley de Reconciliación Nacional, y lleve a juicio los delitos cuya responsabilidad penal no se extinga. Esto fue posible años después cuando se llevó a juicio al general Efraín Ríos Montt en mayo de 2013 y fue condenado por genocidio y deberes contra la humanidad, sin embargo tras apelar la sentencia, el juicio se retornó a una fase inicial y en la actualidad se encuentra aún en proceso.

Víctimas y victimarios

La CEH registró 669 masacres perpetradas por las fuerzas responsables, y también estableció que “muchas de ellas y otras violaciones a los Derechos Humanos respondieron a una política superior, estratégicamente planificada, que se tradujo en acciones que siguieron una secuencia lógica”.

En las 669 masacres se incluyeron las efectuadas por el Ejército, Patrullas de Autodefensa Civil PAC, comisionados militares y la URNG.

Los casos investigados suman aproximadamente 42 mil víctimas de violaciones, entre éstas, más de 29 mil fueron ejecutadas o desaparecidas. “Con la combinación de estos datos con otros estudios efectuados, hemos llegado a la conclusión de que el saldo en muertos y desaparecidos del enfrentamiento fraticida llega a más de 200 mil”, señaló el comisionado, al tiempo que las lágrimas corrieron por las mejillas de muchos de los presentes.

Tomuschat destacó que “la CEH cuenta con evidencias de distinto origen; entre otras, declaraciones de antiguos miembros de servicios de seguridad del Estado y documentación desclasificada, las cuales demuestran que los servicios de Inteligencia del Ejército, especialmente la G-2 y el Estado Mayor Presidencial fueron los autores intelectuales y organizadores directos de capturas, interrogatorios ilegales, torturas, desapariciones forzadas y ejecuciones”.

A los grupos guerrilleros también se les atribuyó actos de violencia. La CEH comprobó que estos grupos fueron responsables de ejecuciones arbitrarias de miembros de sus propias organizaciones. Se les atribuyen 32 masacres perpetradas, en su mayoría, entre 1981 y 1982.

La CEH concluyó que la explicación de fondo del enfrentamiento no puede reducirse a una lógica de dos actores armados: la participación de los partidos políticos y fuerzas económicas en la génesis, desarrollo y perpetuación de la violencia, fueron una constante.  Al momento de presentar el informe la CEH quedó desintegrada.

Intervención extranjera

La CEH en el informe señaló a la Agencia Central de Inteligencia, CIA, y a Cuba de haber tomado parte en la guerra librada en el país. “El Gobierno de los Estados Unidos, por medio de diferentes dependencias, incluida la CIA, apoyó directa e indirectamente algunos operativos ilegales del Estado guatemalteco, durante la guerra interna”, indicó el informe.

Las investigaciones de la CEH revelaron que “hasta mediados de la década de los ochenta, hubo fuertes presiones del Gobierno de los Estados Unidos y de empresas norteamericanas para mantener la arcaica e injusta estructura socioeconómica del país”.

El embajador de EE. UU. en Guatemala, Donald Planty, salió al paso de las acusaciones, al asegurar que “fue una interpretación falsa de los hechos”. Agregó que su país aportó más ayuda económica que cualquier otro al proceso de pacificación que vive Guatemala, “y lo sobresaliente es que haya reconciliación entre ustedes”.

Recomendaciones

El informe de la CEH recomendó que era indispensable la depuración del Ejército, sobre todo a los oficiales del Ejército en activo durante el enfrentamiento armado y que se creara una nueva doctrina militar, la cual establezca los principios básicos para la relación correcta entre el ejército y la sociedad.

Para lograr esta nueva doctrina y filosofía militar, la comisión consideró necesario que el informe elaborado se estudie, como parte del pensum educativo de centros del Ejército. Asímismo, que en las currículas de educación primaria y secundaria se incluya la enseñanza de las causas, desarrollo y consecuencias de la guerra.  Otras recomendaciones de la CEH radicaban en la dignificación de las víctimas con monumentos y parques públicos y el resarcimiento.

Los manifestantes exigen la inmediata puesta en libertad de los militares retirados y reivindican su labor durante el conflicto armado con pancartas en las que se podía leer “Militares inocentes” o “La Constitución y el deber los obligó”.

Esta protesta se realizó días después de que la jueza Claudette Domínguez ligara a proceso penal a 11 de los 14 militares retirados acusados de desapariciones forzadas y delitos de lesa humanidad por al menos 558 desapariciones de indígenas durante el conflicto armado interno (1960-1996).

La jueza decidió otorgar “falta de mérito” al caso de los otros tres militares por supuestas “incongruencias” en las fechas cuando el Ministerio Público (MP, Fiscalía) realizó la acusación, aunque el ente público tiene ahora tres meses para enmendar la investigación.

Según la acusación, los 14 militares participaron de forma “sistemática” en delitos y matanzas que se pueden considerar “crímenes de guerra”, así como en violaciones múltiples a mujeres y menores de edad durante la década de los 80.

Este caso, conocido como Creompaz debido a que las osamentas fueron localizadas en el Comando Regional de Entrenamiento de Operaciones de Mantenimiento de Paz (Creompaz), en la antigua Zona Militar 21 de Cobán, Alta Verapaz, ha vuelto a traer a la memoria de los guatemaltecos el drama vivido durante los 36 años de guerra.

Ligados a proceso

Los 11 militares retirados ligados a proceso son el general Manuel Benedicto Lucas García y los oficiales José Antonio Vásquez García, Carlos Augusto Garavito Morán, Raúl Dehesa Oliva, Gustavo Alonzo Rosales García, César Augusto Cabrera Mejía, Ismael Segura Abularach y Juan Ovalle Salazar.

Además de Byron Humberto Barrientos Díaz, César Augusto Ruiz Morales y Luis Alberto Paredes Nájera.

Los procesados se encuentran en prisión preventiva en la cárcel de la brigada militar Mariscal Zavala.

Por este mismo caso, una abogada guatemalteca solicitó la apertura de antejuicio contra el ministro de Defensa, Williams Mansilla, por haber revelado “sin orden judicial” documentación clasificada como “secreto militar”.

Sosa Díaz planteó un amparo, que fue denegado, en la Corte de Constitucionalidad (CC) para eliminar el artículo 8 de la Ley de Reconciliación Nacional, con el fin de que no haya responsabilidad penal en delitos de genocidio y desaparición forzada, pero el órgano constitucional resolvió no suspenderlo.

El gobernante aseguró que se trata de cambios normales que se dan cada enero, y con mayor relevancia después de que asume una nueva administración.

“Fíjese que ahorita ustedes van a escuchar que va a haber cambios, pero que son normales todos los meses de enero, y máxime en un cambio de posesión. Entonces, esos cambios obedecen básicamente a la organización del Estado, del Gobierno y del Ejército”, manifestó.

Como jefe del EMDN fue juramentado Juan Manuel Pérez Ramírez. Otros relevos fueron los del viceministro de Marina, Byron René Hidalgo Cáceres, por Carlos Adolfo Thomas Ramírez, y el del inspector general del Ejército, Medardo Monterroso Suárez, por Alfredo Díaz Waight.

El portavoz de la institución castrense, Hugo Rodríguez, explicó que cuando un integrante del alto mando del Ejército, como el jefe del EMDN, es relevado, automáticamente causa baja de las filas militares.

En el caso de Sosa, se suspende la revisión interna que se hacía desde hace varios días para establecer si había incurrido en una falta.

Se había notado que algo estaba mal cuando en el saludo del Ejército a su nuevo comandante general, el 15 de enero último, el gran ausente fue Sosa, cuya acción de amparo causó revuelo dado que era un general en activo, sujeto a una cadena de mando.

Pide antejuicio

La abogada Thelma Inés Peláez Pinelo solicitó ayer, a título personal, a la Corte Suprema de Justicia (CSJ) retirar el derecho de antejuicio al ministro Mansilla Fernández, a quien señala de abuso de autoridad, incumplimiento de deberes, revelación de secretos y resoluciones violatorias la Constitución.

El memorial detalla que Mansilla Fernández pudo haber incurrido en acciones irregulares al entregar información militar con carácter de secreto al Ministerio Público (MP), la cual forma parte del proceso contra integrantes de la institución por abusos contra población civil no combatiente durante el conflicto armado, específicamente los hechos que se investigan en el Comando Regional de Entrenamiento de Operaciones de Mantenimiento de Paz (Creompaz), antigua Zona Militar 21.

La profesional asegura que los documentos con información castrense fueron entregados por Mansilla Fernández a la Fiscalía de Derechos Humanos sin la autorización de juez.

Gestión Penal asignó el expediente por sorteo al Juzgado Undécimo Penal, el cual no es competente para conocer la solicitud, según estipula la Ley en Materia de Antejuicio, por lo cual debe ser remitido a la CSJ.

El estudio del memorial podría tener tres resultados: rechazo por no cumplir con requisitos formales, rechazo por inconsistencia de hechos o señalamientos espurios y orden para que se investigue.

En el último de los casos se nombra a un juez pesquisidor, quien controla el expediente. Su función es emitir una recomendación sobre la pertinencia de retirar la inmunidad al funcionario señalado.

Informe

La ley señala que el pesquisidor tiene 60 días hábiles para preparar el informe, período en el cual se debe escuchar al demandante y al señalado.

Analistas consideran que el ministro de la Defensa no violentó normas, porque cumple otras.

El MP intenta determinar la responsabilidad de militares en situación de retiro por abusos contra civiles de comunidades de Alta Verapaz, cometidos entre 1981 y 1988 por las fuerzas castrenses en la referida base militar, ubicada en Cobán.

El caso se encuentra en el Juzgado de Mayor Riesgo A, a cargo de la jueza suplente Claudette Domínguez. La funcionaria determinó que 11 militares deben enfrentar a la justicia por desapariciones forzadas y delitos contra deberes de humanidad. Además, decidió dar tres meses al MP para que investigue a otros tres, en favor de quienes se decretó falta de mérito.

Entre los procesados se encuentra Manuel Benedicto Lucas García, exjefe del Estado Mayor de la Defensa —hermano del expresidente Fernando Romeo Lucas García—, quien también estuvo de alta en la institución armada durante ese período.