Sin embargo, la actual directiva del Colegio tiene en marcha un proyecto de censo, lo cual ha requerido la instalación de una comisión de especialidades, para coordinar con los médicos de los departamentos, asociaciones y las siete facultades universitarias que actualmente imparten la carrera de Medicina en el país.
“Queremos ver la realidad, dónde trabajan y contar con datos reales”, explica Mejía. Por ejemplo, en Quetzaltenango hay 559 médicos registrados, pero existen más de 700 clínicas, muchas de estas, con especialidades.
Los tropiezos
Verónica Asturias, administradora del Colegio de Médicos, indica que parte del problema es el costo que con- lleva registrar una especialidad, aunque quizá para titularse hayan invertido miles de quetzales. “Son Q500 por el registro, y este paso ya no lo hacen”, explica.
Otro impedimento es de carácter formal: la homologación del título para los especialistas graduados en el extranjero en la Universidad de San Carlos (Usac), que, se calcula, son cerca del 10 por ciento.
Ello se debe a que aún no se ha logrado unificar y actualizar los criterios de la Usac para reconocer e incorporar a los estudiantes de posgrado en el país, potestad que tiene por derecho constitucional.
Un ejemplo es el caso del mismo presidente del Colegio, quien obtuvo su especialidad como Infectólogo en Alemania, pero no ha logrado inscribirla. “Somos 32 los infectólogos en el país, pero registrados solo hay uno”, refiere.
Mejía es optimista y trabaja en dos aspectos. El censo médico nacional, con una fecha de corte hasta el 31 de julio. Por otro lado, se creó una comisión de especialidades, la cual trabaja en un reglamento consensuado con las distintas universidades y asociaciones de especialistas, para facilitar y regular este registro.
“Reunimos opiniones legales de varios entes, para argumentar. Además, la Usac está abierta al diálogo para solventar el problema, lo cual es positivo”, afirma Mejía.
Édgar López, director de los programas de posgrado de Medicina de la Universidad Francisco Marroquín, ve positiva esta medida. “Refleja orden, lo cual permitirá contar con estadísticas valederas, y legalmente es importante protegerse”, sostiene.
Según el ginecólogo Carlos Enrique Zea, hay 11 mil médicos sin registro porque simplemente no cuentan con la especialidad. Explica que obtener este grado, en algunos casos, requiere hasta 13 años de estudio, y las escuelas hospital tienen un sistema piramidal, donde cada año se depura a los estudiantes según su rendimiento.
Mejía calcula que entre el 40 y el 45 por ciento de médicos no registra la especialidad, por problemas administrativos.
Jorge Luis Ortiz, presidente de la Asociación de Médicos Pediatras, explica que para este gremio no es obligatorio asociarse, aunque ser miembro les permite una actualización médica continua y ser parte de las conferencias y congreso que se organizan cada año.
Concentración urbana
Aunque falta un registro confiable de especialidades, es posible distinguir un problema de cobertura de servicio profesional: la concentración de médicos en el área capitalina es del 83 por ciento, mientras en departamentos como Quiché, uno de los que registran mayores índices de pobreza, solo hay 0.8 facultativos por cada 10 mil habitantes, según datos del Colegio de Médicos y el estudio Recursos Humanos de Salud en Guatemala, de la Organización Panamericana de la Salud (OPS) y la Universidad Rafael Landívar.
Tal desproporción se ve igualmente reflejada en departamentos como Huehuetenango, con 114 médicos para una población de 1.11 millones de habitantes, según proyecciones del censo poblacional.
Para los que pagan
Lucrecia Hernández Mack, consultora en salud de la OPS, opina que este fenómeno responde a que los profesionales se ubican donde hay población con mayor capacidad de pago, para la práctica liberal y de servicios privados de salud, mayor demanda laboral y que se ubican en los lugares donde fueron formados, facultades o escuelas de Medicina.
Según Mejía, la tendencia es que se escogerá de acuerdo con el mercado de trabajo, pero es consciente de la falta de regulación para llenar los vacíos existentes en el resto del país o seguir engrosando la presencia en la capital. “No se les puede culpar”, enfatiza.
Hernández apunta a un cambio de fondo, en donde considera necesario definir una política que permita distribuir laboralmente a los médicos y otros profesionales de la salud, según las necesidades de atención, y no por la capacidad de pago de la población.
Según la consultora, se requiere un abordaje integral del tema, que incluya cambios en el perfil de la formación médica, en el trabajo con apertura de más plazas en lugares alejados y, por último, cambios estructurales, desde promover el desarrollo en otras ciudades hasta elevar el nivel de escolaridad en estas poblaciones.
