El exmandatario (2016-2018) de 78 años salió de su casa en la zona oeste de la ciudad en el asiento trasero de un auto con vidrios oscuros y, resguardado por un pequeño convoy, llegó a la sede policial.

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La entrega voluntaria fue anunciada por Temer la noche del 8 de mayo poco después que un tribunal de apelaciones determinara el regreso a prisión del político, que había estado preso provisionalmente durante cuatro días en marzo en Río de Janeiro, donde transcurre la investigación.

“Para mí fue una sorpresa desagradable, pero mañana me presento voluntariamente”, había dicho Temer a las puertas de su casa en Alto de Pinheiros, un barrio de clase alta de la capital paulista.

Temer es sospechoso de haber recibido sobornos en 2014 a cambio de contratos de obras en la planta nuclear Angra 3, en Río de Janeiro.

El Ministerio Público Federal (MPF) investiga “crímenes de corrupción, desvío de fondos y blanqueo de dinero”, con “pagos ilícitos” efectuados por un empresario “para la organización criminal liderada por Michel Temer”.

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Temer había sido liberado en marzo de su prisión provisional por orden de un juez de la corte de apelaciones TRF2 (Tribunal Federal de la Segunda Región), que le concedió un “habeas corpus” por considerar que no existen motivos legales para mantenerlo preso antes de que concluya el proceso.

Pero este 8 de mayo, por una votación de dos contra uno, el mismo tribunal determinó que Temer vuelva a prisión.

La prisión preventiva se justifica, según el MPF, por la sospecha de que la presunta banda encabezada por Temer, que opera desde hace 40 años, sigue “en plena actividad”. Según los investigadores, el grupo habría “obtenido la promesa, el pago o el desvío hacia la organización de 1 mil 800 millones de reales” (unos US$470 millones al cambio actual).

Su abogado, Eduardo Carnelós, lamentó la decisión y pidió que el exmandatario permanezca en Sao Paulo por cuestiones logísticas y familiares.

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La defensa presentó asimismo un nuevo pedido de habeas corpus ante una corte superior.

Temer, que asumió el poder de forma provisoria tras el juicio político de la expresidenta Dilma Rousseff en 2016, enfrenta seis procesos por sospechas de corrupción. En marzo se convirtió en el segundo expresidente brasileño detenido desde el retorno de la democracia.

El primero fue Luiz Inácio Lula da Silva (2003-2010), del Partido de los Trabajadores (PT, izquierda), quien cumple desde abril de 2018 una pena de ocho años y 10 meses de prisión por corrupción pasiva y lavado de dinero, también en el marco de la operación Lava Jato, la mayor investigación sobre corrupción de la historia de Brasil.

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Menos de tres meses después de salir del Palacio de Planalto, el exmandatario fue detenido este jueves en Sao Paulo a pedido de un juez de la operación anticorrupción Lava Jato en Rio, adonde debería llegar escoltado al inicio de la tarde.

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Era el derrumbe de uno de los corredores de fondo de los sinuosos pasillos de Brasilia, quien tras sus dos años y siete meses de presidencia se convierte en el segundo exmandatario de Brasil en ser detenido en menos de un año, tras la encarcelación el pasado abril del izquierdista Luiz Inácio Lula da Silva (2003-2010), condenado a 12 años y un mes de cárcel.

Imposible pensar algo así en 2016, cuando el hasta entonces discreto vicepresidente conservador de Rousseff se hizo con los focos al beneficiarse de su destitución por el Congreso bajo la acusación de manipular las cuentas públicas.

Pese a que su corto mandato se vio oscurecido por las denuncias de corrupción y una imagen distante que nunca llegó a conectar con una población hastiada por los escándalos y la crisis, él estaba convencido de que será recordado como el mandatario que sacó al país de la recesión económica.

En un desayuno en diciembre con corresponsales extranjeros, Temer recordó que poco después de asumir, alguien le dijo: “Presidente, aproveche su impopularidad y haga todo lo que Brasil necesita”.

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“Y así lo hice. Seré recordado como alguien que no se preocupó por el populismo, porque quien se preocupa por el populismo no hace lo que yo hice”, sentenció el predecesor del ultraderechista Jair Bolsonaro.

Esa imagen, sin embargo, competía ya con la de ser el primer presidente brasileño en ejercicio en ser denunciado por un delito común. Y que llegó a batir todos los récords de impopularidad desde el fin de la dictadura militar (1964-85).

Una encuesta Ibope de diciembre señaló que dejaba el gobierno con un índice de confianza de 7%. En junio, Datafolha lo situaba en 3%.

Hijo de inmigrantes libaneses y poeta con un libro publicado, Temer está casado en terceras nupcias con Marcela Tedeschi, una exconcursante de certámenes de belleza 43 años menor que él. Con ella tuvo a su quinto hijo, Michelzinho, de nueve años, muy activo en Youtube, donde suele colgar videos -algunos en tono de humor- protagonizados por él.

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Con su primera esposa tuvo tres hijas. Más tarde, de la relación con una periodista nació su primer hijo varón.

Reformas truncadas

“Todo lo que Brasil necesita” era, a sus ojos, sanear las cuentas públicas con duros recortes para recuperar la confianza de los inversores, en un país sumido en una grave recesión económica.

En su primer año, logró que el Congreso aprobara la congelación de los gastos públicos durante 20 años y una reforma de la ley laboral. También abrió a la iniciativa privada el sector petrolero.

Pero dejó pendiente la reforma del régimen de jubilaciones, considerada como la llave maestra del saneamiento fiscal y que ahora trata de sacar adelante Bolsonaro.

El impulso se vio cortado el 17 de mayo de 2017, cuando el diario O Globo divulgó una grabación del directivo del gigante de la alimentación JBS, Joesley Batista, en la que Temer parece avalar un pago de sobornos.

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El 26 de junio, el fiscal general Rodrigo Janot lo denunció por corrupción pasiva y el 14 de septiembre lo sindicó como jefe de una “organización criminal”.

Pero en ambos casos, Temer, curtido desde hace más de tres décadas en el oportunista partido MDB (centro-derecha) y tres veces presidente de la Cámara de Diputados, puso toda su capacidad de maniobra en la misión de sobrevivir en el cargo.

Y lo logró, dado que los diputados denegaron los pedidos del Supremo Tribunal Federal (STF) para investigar las denuncias.

Antes de dejar la presidencia, la fiscal general Raquel Dodge (que reemplazó a Janot en 2017), lo imputó por corrupción y lavado de dinero por la firma de un decreto que habría beneficiado a algunas empresas del sector portuario.

La situación de Temer cambió el 1º de enero, cuando dejó de beneficiarse de los fueros políticos y sus casos pasaron a manos de tribunales de primera instancia.

Temer siempre se declaró inocente y atribuyó las acusaciones a una conspiración que tuvo, entre otras metas, frenar sus reformas.

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“Pedro Parente pidió su renuncia al cargo de presidente de la empresa esta mañana” y el Consejo de Administración nombrará un CEO interino, informó la petrolera en un comunicado.

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La dimisión causó desagrado en el mercado donde su gestión estaba bien considerada y hacia las 13.00 (16.00 GMT) las acciones de la empresa Petrobras controlada por el estado se desplomaban en torno al 20 por ciento en la Bolsa de Sao Paulo, tras varios minutos con la negociación suspendida.

Petrobras, que aún se recupera del escándalo de corrupción que lastró sus finanzas en la última década, estuvo en el ojo de la tormenta que sacudió a Brasil en los últimos días, cuando una huelga de camioneros bloqueó cientos de carreteras en todo el país y provocó desabastecimiento de combustible, alimentos frescos e insumos.
La renuncia de Parente llega después que el presidente Michel Temer concediera a los huelguistas varios de sus reclamos, entre ellos la reducción del precio del diésel por algunos meses.

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Aunque el gobierno aseguró que el Tesoro -y no Petrobras– asumirá el costo de la reducción, las negociaciones erosionaron la percepción de independencia de la estatal, una demanda clave del mercado.

Nuevo presidente de Petrobras

Michel Temer, confirmó a Iván Monteiro como el nuevo presidente de la estatal petrolera Petrobras, luego de la renuncia Parente tras las críticas a la política de precios de la compañía.
El anuncio de Temer, que fue transmitido desde el palacio presidencial del Planalto, se produjo al término de una reunión que sostuvo con Iván Monteiro, después de que el Consejo Administrativo de la petrolera lo nombrara como su presidente interino.
El nombramiento de Monteiro como dirigente de la estatal todavía deberá ser confirmado por el Consejo, pero como el Gobierno tiene mayoría de representación en ese órgano, se considera como un hecho.
Durante su intervención, Temer aseguró que “no habrá ninguna interferencia en la política de precios de la compañía”.
“Continuaremos con la política económica que en estos dos años retiró la empresa del perjuicio y la trajo nuevamente para el rol de las más respetadas de Brasil y del exterior”, aseguró, y añadió que Monteiro es la “garantía” de que “ese rumbo permanecerá inalterado”.
Antes de desempeñarse como director financiero de Petrobras, Monteiro fue vicepresidente de Relaciones de Gestión Financiera del Banco de Brasil entre 2009 y 2015, entidad donde también ocupó varios cargos a lo largo de su carrera.

Entre ellos se encuentran el de director ejecutivo de la Junta Internacional, superintendente comercial, gerente general en las sucursales de la entidad bancaria en Portugal y Nueva York, y director comercial, entre otros.
Monteiro llegó a la estatal petrolera junto con el expresidente de Petrobras Aldemir Bendine, nombrado por la entonces presidenta Dilma Rousseff (2011-2016).
Investigado por la trama de corrupción brasileña a través de la operación Lava Jato, Bendine perdió su cargo y fue condenado por la justicia a 11 años de prisión, pero Monteiro permaneció en la petrolera y trabajó durante los dos últimos años al lado de Parente.

Carta de renuncia

En su carta de renuncia, Parente recordó que cuando asumió la compañía, en 2016, Temer le garantizó que podría llevar adelante la recuperación de la empresa con total independencia y sin necesidad de recibir ayuda del Tesoro.
Y hasta ahora, ha sido así, reafirmó.

“La huelga de camioneros y sus graves consecuencias para la vida del país desencadenaron un intenso y por momentos emocional debate sobre los orígenes de esa crisis y colocaron la política de precios de Petrobras bajo fuerte cuestionamiento”, afirmó Parente en su carta.
“Pocos logran ver que ésta refleja choques que alcanzaron la economía global y tuvieron efecto en nuestro país”, añadió.
Desde el 2016, Petrobras empezó a ajustar sus precios en las refinerías en función de las cotizaciones del mercado internacional.

Esta medida, entre otros factores como el aumento de impuestos sobre los combustibles, supuso aumentos significativos del precio para los consumidores este año en Brasil.
“Mi permanencia en la presidencia de Petrobras dejó de ser positiva y dejó de contribuir para la construcción de las alternativas que el gobierno tiene por delante”, añadió Parente.

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Después que la huelga de camioneros fue desactivada, trabajadores de Petrobras iniciaron su propio paro -que luego desmantelaron por temor a enfrentar elevadas multas- pidiendo la renuncia de Parente y cuestionando también su política de precios.

Parente, garante de los mercados

Parente, un ingeniero de formación de 65 años y con una vasta carrera en el mundo ejecutivo, fue nombrado por Michel Temer en mayo de 2016 con la consigna de resucitar a la empresa de la mayor crisis de su historia.
Parente impulsó una reducción y reestructuración de la deuda, un programa de desinversiones y cambió la política de precios.

El ahora exCEO “representaba un tipo de orientación para la empresa que el mercado entendía como positiva, porque la recuperó en varios sentidos”, dijo el economista André Perfeito, de la consultora Spinelli.
Por ello, las repercusiones en la empresa serán “muy graves”, opinó.
Petrobras cerró 2017 con un rojo de 446 millones de reales (139,7 millones de dólares al cambio promedio de ese año), el cuarto año consecutivo con pérdidas.

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Decenas de manifestantes bloquearon este miércoles tres de las principales vías de acceso a Sao Paulo, la mayor ciudad de Brasil, para pedir la aceptación de la denuncia por corrupción activa contra el presidente del país, Michel Temer, que debe ser votada en la Cámara de Diputados.

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En ellas, los manifestantes colocaron neumáticos y los quemaron en el medio de la pista, impidiendo la circulación de vehículos.

Los bomberos apagaron el fuego en los tres bloqueos y permitieron que los vehículos volvieran a circular por la pista.

En tal caso, el mandatario sería suspendido del cargo durante 180 días y destituido si al cabo del proceso fuera declarado culpable.

Esa votación, como admitió el Supremo, tendría un carácter netamente político, un terreno favorable a Temer y a su mayoritaria base parlamentaria, que precisa el apoyo de sólo 172 de los 513 diputados para que la denuncia sea archivada.

Según los cálculos del Gobierno, el oficialismo cuenta por lo menos con 250 votos, lo que haría inviable el esfuerzo de la minoritaria oposición, que deberá reunir una mayoría cualificada de dos tercios para dar curso a la denuncia.

Temer fue denunciado por la Fiscalía tras las confesiones de directivos del grupo JBS, que han dicho que sobornan a Temer desde 2010 y que han seguido haciéndolo una vez que llegó al poder. 

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Temer ha sido formalmente acusado de corrupción pasiva por la Fiscalía, pero la denuncia solo puede ser aceptada por el Tribunal Supremo si cuenta con el aval de 342 diputados, que representan las dos terceras partes del total de 513 escaños.

El trámite parlamentario comenzó a inicios de este mes en una comisión que aprobó por una clara mayoría un informe que recomienda archivar la denuncia contra Temer y que será votado el miércoles en el pleno de la Cámara baja, que decidirá la suerte del mandatario.

Según la encuesta realizada por Ibope y difundida por Avaaz, el 81% de los brasileños considera que Temer debe ser enjuiciado, solo un 14% está en contra y un 5% no tiene una opinión formada.

El sondeo también indica que el 79% de los consultados cree que los diputados que eventualmente se inclinen por archivar la denuncia contra Temer serán “cómplices”  de corrupción, frente a un 18% que no comparte esa tesis y un 3% que declinó pronunciarse.

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El mandatario ha sido implicado en asuntos de corrupción en unos testimonios dados por directivos del grupo JBS, que han declarado que sobornan a Temer a cambio de “favores políticos”  desde 2010 y que esas prácticas continuaron aún después de que asumió el poder, en mayo de 2016, tras la destitución de Dilma Rousseff.

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Cientos de manifestantes contrarios al gobierno de Michel Temer en Brasil protestaron el pasado viernes lanzando huevos contra una diputada regional que celebraba su casamiento en una iglesia de Curitiba (sur).

María Victoria Barros, joven diputada regional en el estado de Paraná e hija del ministro de Salud de Temer, Ricardo Barros, abandonó la iglesia en medio de un cordón policial y guardias de seguridad que la protegían con paraguas de los huevos y otros objetos que le arrojaban los manifestantes.

En medio de gritos de “golpista”, “prostituta” y otros insultos contra la novia, la camioneta que la transportaba se abrió paso entre los manifestantes con ayuda de la policía, según muestran videos publicados por usuarios en las redes sociales.

La familia Barros afirmó luego en un comunicado que “todo transcurrió dentro de la normalidad” en la ceremonia y que la protesta sólo obligó a suspender una caminata de los novios, prevista desde la iglesia hasta el salón de recepción de los invitados, a pocos metros de distancia.

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La protesta fue “incentivada y financiada por los partidos y sindicatos de izquierda”, contrarios a la precandidatura de Cida Borghetti -madre de la novia y esposa del ministro de Salud- a gobernadora del estado de Paraná, añade la nota. Borghetti es actualmente vicegobernadora de ese estado.

“Lamentamos las agresiones físicas y verbales a algunos invitados, sin embargo, es el precio de la democracia”, agrega el comunicado.

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Un días después de que Rousseff fuera suspendida

No es la primera vez que políticos en Brasil son blanco de manifestaciones de protesta cuando participan de eventos sociales de índole privada.

En 2015, los expresidentes Luiz Inácio Lula da Silva (2003-2010) y Dilma Rousseff (2011-2016) fueron recibidos con un “cacerolazo” a la entrada de un casamiento al que acudía gran parte de la élite brasileña, en Sao Paulo.

*Con información de AFP

Aunque aún deberá pronunciarse el pleno de ese órgano legislativo, la acusación formulada contra el mandatario por la Fiscalía había sido apoyada por el instructor de la comisión, Sergio Zveiter, pero el informe que en ese sentido presentó el pasado lunes fue rechazado hoy por 40 votos, frente a 25 que lo respaldaron.

Durante dos días, y casi sin interrupciones, la comisión efectuó una maratoniana sesión en la que más de un centenar de diputados se manifestó sobre la denuncia, que en caso de ser acogida llevaría a Temer a un juicio penal, que le suspendería de su cargo durante 180 días, y a su eventual destitución.

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En esa instancia, será necesaria una mayoría de al menos dos tercios de los 513 votos posibles (342) para que se autorice a la Corte Suprema a instaurar el juicio que sacaría a Temer del poder, al menos durante los seis meses que duraría el proceso.

La votación del informe elaborado por el instructor fue votada este jueves en la comisión, y posteriormente, en una fecha que aún no ha sido definida, el pleno de la Cámara baja será convocado para manifestarse sobre el asunto.

La decisión definitiva podría quedar pendiente hasta agosto, ya que el Parlamento entrará en receso el martes próximo.

Aún así, existe la posibilidad de que el inicio del receso sea prorrogado, a fin de dar lugar a la votación que dejará sellada la suerte de Temer, el primer mandatario brasileño acusado de un delito de carácter penal en pleno ejercicio del poder. 

El episodio, que se produce apenas trece meses después de la caída de la presidenta izquierdista Dilma Rousseff por manipulación de las cuentas públicas, volvió a poner al descubierto una despiadada guerra de poderes.

Ahora corresponde a la Cámara determinar si el Supremo Tribunal Federal (STF) puede abrir un proceso contra el mandatario conservador, siguiendo el procedimiento determinado por la Constitución.

Pero ello solo ocurrirá si el pedido de juicio es aprobado por al menos 342 diputados  (dos tercios de los 513 escaños).

El oficialismo cuenta con una holgada mayoría y aspira a bloquear el proceso. Para ello solo necesitaría que 172 diputados voten en contra de la propuesta, se abstengan o se ausenten el día de la votación.

“Conseguir 172 votos no es el fin del mundo”, dijo esta semana un asesor del Palacio de Planalto.

Janot acusó a Temer de haber recibido un soborno de US$150 mil de la empresa JBS, la mayor procesadora de carne del mundo. La Policía fotografió a Rodrigo Rocha Loures, exdiputado y uno de sus asesores más cercanos, recibiendo una maleta con el dinero y lo arrestó.

El fiscal afirma que ese dinero estaba destinado a Temer, pero el Gobierno lo niega.

Las cartas de Temer 

Temer apuesta a sobrevivir en su cargo hasta fines del 2018, cuando debe concluir el accidentado mandato actual.

El presidente, de 77 años, se anotó un módico triunfo en la noche del miércoles cuando una comisión del Senado aprobó el proyecto de reforma laboral incluida en su agenda de ajustes, que le vale el apoyo de los mercados.

En el marco de la tensión entre poderes, Temer designó el miércoles a Raquel Dodge para reemplazar a Janot -quien concluye su mandato en septiembre-, rompiendo la tradición de escoger al fiscal más votado por sus pares. Según los medios, el más votado, Nicolao Dino, contaba con el respaldo del fiscal saliente.

El proceso 

La denuncia contra Temer empezará a ser analizada en breve por la Comisión de Constitución y Justicia de la Cámara  (CCJ).

A partir de ese momento, los abogados del presidente tendrán hasta 10 sesiones para manifestarse. La CCJ emitirá su parecer, no vinculante, en las cinco sesiones siguientes y lo enviará al plenario, donde será votado públicamente por cada diputado, lo que promete otro momento de alta tensión política.

Si el caso llegara a la Suprema Corte, los 11 jueces de esa instancia definirán si abren juicio o lo descartan. En caso de que den continuidad al proceso, Temer será suspendido por un máximo de 180 días y asumirá el oficialista Rodrigo Maia, presidente de la Cámara.

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Decenas de políticos de casi todos los partidos y encumbrados empresarios fueron condenados a duras penas de cárcel o están siendo juzgados en el marco de la Operación Lava Jato.

El juez de primera instancia Sergio Moro debe anunciar próximamente su sentencia en el primero de los cinco juicios que enfrenta el expresidente de izquierda Luiz Inácio Lula da Silva  (2003-2010), por corrupción pasiva.

Lula, favorito en los sondeos de cara a los comicios del 2018, niega las acusaciones y afirma que solo buscan bloquear su eventual candidatura.

Por cuatro votos contra tres, el Supremo Tribunal Electoral rechazó que haya habido violaciones al financiamiento de su campaña, lo cual habría llevado a anular el mandato de Temer.   
    
La decisión es una victoria para Temer, quien ha enfrentado crecientes llamados para que renuncie en medio de un escándalo de corrupción.

La crisis política en Brasil, que comenzó con los intentos del año pasado por retirar a Rousseff del cargo por violar las leyes presupuestales, se encuentra en su punto más álgido.

Pese a ese triunfo en el tribunal electoral, el atribulado presidente aún enfrenta otras amenazas debido a las investigaciones de corrupción que han sacudido al país, el cual apenas está recuperándose de una profunda recesión económica.

El proceso en el Tribunal Superior Electoral  (TSE) podría anular el mandato del presidente. 

El caso, que hasta hace poco parecía condenado al fracaso, cobró relevancia desde que el pasado 17 de mayo salió a la luz una grabación en la que Temer parece dar aval al pago de un soborno, y que disparó los pedidos de renuncia e impeachment en su contra.

Ese audio, incluido en las declaraciones premiadas de ejecutivos del imperio cárnico JBS, desató una tormenta política en el gigante latinoamericano a sólo un año de la destitución de Dilma Rousseff, de quien Temer era vicepresidente.

Justamente, la elección de 2014 en la que fue reelecta la fórmula Rousseff  (PT, izquierda) -Temer  (PMDB, centroderecha) está en el centro de las discusiones del TSE, que acumula ahora todas las miradas en Brasil, incluidas las de la tambaleante base aliada gubernamental.

Aunque el juicio en el TSE está previsto para terminar el jueves, expertos consultados coinciden en que hay muchas probabilidades de que se alargue por semanas si uno de los magistrados pide “vista”  para suspender el debate y revisar el caso.

El entorno presidencial está convencido de que Temer será absuelto pero, en caso de condena, existen también varios mecanismos prolongados de apelación.

Guerra velada con la fiscalía 

Negándose tajantemente a renunciar, Temer trataba de mostrar normalidad el lunes al encabezar varios actos de gobierno, en los que defendió su gestión y sus impopulares reformas promercado para sacar a Brasil de la peor recesión de su historia.

 El mandatario, de 76 años, se apoya en el tímido crecimiento económico del primer trimestre de este año  (+1%) y la leve disminución del desempleo récord, que afecta aún a 14 millones de brasileños.

Y mientras su gobierno hace esfuerzos para que la reforma laboral -pendiente de aprobación junto a la de jubilaciones- avance en el Congreso, varios dolores de cabeza van complicando el camino de Temer.

El lunes en la tarde, los abogados del presidente recibieron un cuestionario con 84 preguntas dentro de la investigación del STF, que Temer deberá responder por escrito en 24 horas, antes de que inicie el juicio en el TSE.

Aunque tiene derecho a guardar silencio, la defensa del mandatario ya había manifestado sus temores de que se recibiera ese cuestionario de la fiscalía.

El domingo, el abogado del presidente, Gustavo Guedes, denunció que habría “movimientos e iniciativas”  supuestamente orquestadas por el fiscal general, Rodrigo Janot, en vísperas del juicio “en un intento para presionar al tribunal a condenar al presidente”.

Janot acusa a Temer de corrupción, organización criminal y obstrucción a la justicia en base a las declaraciones y pruebas explosivas que los ejecutivos de JBS dieron a la dependencia a cambio de beneficios judiciales.

Varios frentes abiertos 

Pero hay otros fantasmas que merodean esta semana en los bastidores del palacio de Planalto, como la posible salida de la coalición gubernamental del PSDB, que supondría una sentencia de muerte para Temer.

Otro factor que podría poner en aprietos al presidente sería una declaración premiada de uno de sus hombres de confianza, el exdiputado Rodrigo Rocha Loures, detenido el sábado en Brasilia.

El exasesor presidencial, señalado por JBS como la persona directamente designada por Temer para recibir sobornos, fue filmado cuando recibía una maleta con unos US$150 mil de un emisario de la empresa.

La denuncia del fiscal debería ser aprobada por dos tercios de la Cámara de Diputados para luego ser aceptada por el STF. En ese momento, Temer se convertiría en un imputado y estaría obligado a separarse del cargo.

Si Temer cayera, la Constitución dice que el Congreso debe elegir al nuevo presidente en un plazo de 30 días, para completar el mandato hasta fines de 2018.

Con decenas de legisladores investigados por corrupción, miles de brasileños piden que el desenlace a esta nueva crisis se resuelva en las urnas con elecciones directas.

Los disturbios surgieron durante una protesta masiva contra el presidente Michel Temer, acorralado por acusaciones de corrupción.

“En este momento ya hay tropas federales aquí, en el palacio de Itamaraty [sede de la cancillería], y ya están llegando tropas para asegurar la protección de los edificios ministeriales”, anunció el ministro de Defensa, Raul Jungmann.

Grupos de jóvenes manifestantes encapuchados atacaron con piedras y palos varios ministerios a lo largo de la avenida que conduce al Congreso y consiguieron invadir una sala del Ministerio de Agricultura, donde prendieron fuego.

De su lado, la Policía lanzaba gases lacrimógenos y bombas de ruido contra la multitud.

Entre 35 mil personas y cien mil, según cifras de la Secretaría de Seguridad del Distrito Federal y de los organizadores, respondieron al llamado sindical para exigir el fin de los programas de austeridad y la salida de Temer, que batalla por su supervivencia política desde hace una semana.

La Prensa dio parte de escenas de gran confusión, varios focos de incendio y choques entre agentes y manifestantes.

“Me estoy yendo porque eso ya era una escena de guerra”, dijo Fabio Ferreira, un funcionario del Ministerio de Planificación, reportando destrozos en el edificio donde trabaja.

Contra Temer y la austeridad

Ríos humanos confluyeron hacia el Congreso, rodeado de vallas de seguridad, al grito unánime de “¡Fora Temer!”.

Los participantes pedían también elecciones “Directas ya”  y el retiro de los proyectos de reforma de las jubilaciones y de flexibilización de la legislación laboral.

“Temer es un irresponsable. Hundió a Brasil en una crisis descomunal. No está en condiciones de permanecer en la presidencia”, dijo Wagner Freitas, presidente de la Central Única de Trabajadores  (CUT), vinculada al Partido de los Trabajadores (PT) del los expresidentes Lula da Silva y Dilma Rousseff.

“Brasil se volvió imponderable (…) aquí todo el mundo está conspirando. Nadie más cree en la continuidad del gobierno”, dijo Paulo Pereira da Silva, más conocido como Paulinho da Fora, líder de la central Fora Sindical  (FS), que fue aliado de Temer en los primeros meses de su gobierno.

Esta nueva crisis se produce apenas un año después de la destitución por el Congreso de Rousseff. Temer, su vicepresidente, la reemplazó, con la expectativa de completar el mandato hasta finales de 2018 y aplicar un programa de severos ajustes para sacar al país de la peor recesión de su historia.

La gota que desbordó el vaso cayó la semana pasada, con la divulgación de una grabación hecha por uno de los dueños del gigante de la alimentación JBS, Joesley Batista, donde el mandatario aparentemente da aval al pago de un soborno a un exdiputado encarcelado.

El Supremo Tribunal Federal (STF) abrió una investigación y la Fiscalía General acusa a Temer de obstrucción a la justicia, en una trama donde ve corrupción y organización criminal.

La izquierda, que denuncia  un “golpe institucional”, ve en la súbita aceleración de la crisis una inmejorable oportunidad para cobrarse su revancha.

“Éste es el fin de gobierno golpista. El pueblo está en la calle para eso. No precisaban robar a Brasil”, dijo Francisca Gomes, una portera de 59 años de Sao Paulo, sosteniendo con tres compañeras un ataúd de cartón negro con imágenes del presidente y cruces blancas con la inscripción “RIP Temer”.

 “Clima de deliberación”  en el Congreso 

Entretanto, en el Congreso se vivía también en un ambiente de efervescencia, ante las señales de rápida erosión de la base aliada de Temer.

La Cámara de Diputados interrumpió por la tarde sus sesiones.

“Hay un clima de deliberación, detrás de las cortinas, para articular la salida menos traumática posible para la crisis”, admitió el asesor de un parlamentario de la coalición oficialista, que pidió el anonimato.

La Constitución determina que, en caso de vacío en la Presidencia durante la segunda mitad de un mandato, el Congreso debe elegir un nombre para completarlo. Las elecciones directas sólo podrían celebrarse en caso de que se hiciera una enmienda constitucional, pero hay una creciente demanda para encontrar un atajo que abra esa vía.

La búsqueda de otra salida se debe en gran medida al desprestigio del Congreso, donde decenas de legisladores están investigados por su implicación en la red de sobornos de Petrobras, revelada por la Operación Lava Jato.

Otra salida podría venir por el lado del Tribunal Supremo Electoral  (TSE), que del 6 al 8 de junio examinará una denuncia que podría llevar a la anulación de las elecciones de 2014, en las cuales resultó reelecta la fórmula Rousseff-Temer, por presunta financiación ilegal.

La Policía Federal brasileña  (PF) detuvo este martes a un asesor del presidente Michel Temer y a dos exgobernadores del Distrito Federal, en una operación que investiga desvíos multimillonarios en obras del estadio de fútbol de Brasilia usado en el Mundial 2014.

Poco después de conocerse la acción policial, el Palacio de Planalto informó que el asesor especial del gabinete personal de la presidencia, Tadeu Filippelli, había sido despedido.

Según confirmó la  AFP , también fueron detenidos los exgobernadores José Arruda y Agnelo Queiroz.
    Según la investigación, el estadio de Brasilia fue el único que no contó con financiación del banco de desarrollo BNDES. En cambio, recibió préstamos de la agencia de desarrollo de la ciudad, Terracap, que asumió así una función “no prevista en el rol de sus actividades” .

    “En razón de que la obra del Mané Garrincha, la arena más cara de toda la Copa de 2014, fue realizada sin estudios previos de viabilidad económica, Terracap (…) se encuentra en estado de inminente insolvencia”, señaló la Policía Federal.

    La operación fue bautizada Panatenaico, en referencia a un estadio usado en competencias anteriores a los Juegos Olímpicos, en la antigua Grecia, que fue remodelado para cambiar sus asientos de madera por otros de mármol.

    Las investigaciones sobre la corrupción sistémica en la política brasileña tienen en jaque al propio presidente Michel Temer, a quien la corte suprema aceptó abrirle una investigación luego de que un empresario lo grabara durante una conversación en la que fueron mencionados numerosos delitos, como una supuesta compra del silencio de un exdiputado del partido del jefe de Estado que está en prisión.

El instructor del caso Petrobras en el Supremo, Edson Fachin, decidió hoy enviar al pleno de la máxima corte el análisis de la solicitud realizada este mismo sábado por Temer y podría ser votado el próximo miércoles por los jueces del tribunal.

Fachin también determinó que se realice una prueba pericial de la grabación aportada por el dueño de la empresa JBS, Joesley Batista, y que implica directamente a Temer, quien hoy denunció que el audio fue “adulterado” y “manipulado”.

No obstante, según Folha de Sao Paulo, la parte más polémica del diálogo, en la que supuestamente Temer le da aval a Batista para comprar el silencio de un influyente diputado que se encuentra preso, no sufrió modificaciones.

En un mensaje dirigido a la nación, Temer afirmó hoy que la grabación es “fraudulenta”, “modificada” y esconde “intereses subterráneos”.

Tras la solicitud de Temer, el Fiscal General del Estado, Rodrigo Janot, defendió la continuidad de la investigación, ya que, a su juicio, el objetivo de la indagación es analizar los hechos.

“La referida prueba pericial debe ser realizada sin cualquier suspensión de la investigación”, dado que el objetivo es “justamente la producción de elementos probatorios”, señala la Fiscalía, en un documento remitido al Supremo.

El presidente brasileño volvió a defender hoy su inocencia después de que los directivos de JBS le acusaran de recibir sobornos desde 2010 y señaló que “nunca compró el silencio de nadie” ni “obstruyó a la Justicia”. 

Las acusaciones del procurador general Rodrigo Janot representan una escalada extraordinaria de una investigación que ha trastornado la política y prácticamente todos los ámbitos de la nación más grande de América Latina.

Las acusaciones formales son las revelaciones más recientes derivadas de una grabación efectuada en secreto en la que presuntamente Temer apoya el pago de dinero a un exlegislador para mantenerlo callado.

La información sobre el audio, difundida por el periódico Globo el miércoles por la noche, remece al país desde entonces.

En tanto, el Gobierno empezó a cuestionar tanto la legalidad como el contenido de la grabación.

La aparente estrategia defensiva viene en medio de una investigación de sobornos por valor de miles de millones de dólares en la que han caído políticos influyentes y cuando se multiplican los llamados a la renuncia del presidente de 76 años.

“El presidente Michel Temer no cree en la veracidad de las declaraciones”  en la grabación, dijo la presidencia en un comunicado.

Este hace notar que la persona que efectuó la grabación, Joesley Batista, directivo de la empresa empacadora de carne JBS, está siendo investigado y quiso “aprovechar”  la situación. La grabación fue entregada a los fiscales como parte de un acuerdo con Batista para reducir su posible sentencia.
La prensa local informó que Temer planeaba mandar a analizar el audio, cosa que la presidencia se negó a confirmar.

El Supremo Tribunal Federal inició una investigación sobre las acusaciones contra Temer y levantó el sello con respecto a la grabación.

Globo publicó entonces los casi 39 minutos de grabación, de mala calidad y con frecuencia inaudible.

En ella se puede escuchar a dos hombres hablando sobre Cunha. Según Globo se trataría del presidente y Joesley Batista, ejecutivo de la compañía empacadora de carne JBS.

Un hombre, al parecer Temer, se queja que Cunha podría ponerlo en una situación embarazosa.

En tanto. el periódico del principal grupo de medios de Brasil pidió la renuncia del presidente Michel Temer después de que el máximo tribunal del país autorizó una investigación al asediado mandatario por supuesta corrupción y obstrucción de la justicia.

El diario O Globo realizó su petición el viernes en un editorial, poco después de que el Supremo Tribunal Federal de Brasil reveló las acusaciones que un magnate empresarial realizó en contra de Temer.

Los mercados financieros cayeron en picada, ambas cámaras del Congreso suspendieron sesiones y la oficina del presidente canceló todas sus actividades, ante un reporte del diario Globo que alega que hay una grabación en que se escucha a Temer apoyando la idea de sobornar a un antiguo legislador.  

Se programaron protestas en varias ciudades, y tanto por televisión como por las redes sociales de internet abundaron pedidos para que Temer renuncie o sea destituido, con el argumento de que su gobierno ya no tiene legitimidad.  

El índice bursátil Ibovespa perdió 10% en 90 minutos, hasta que se suspendieron las transacciones por 30 minutos. Analistas vaticinaron que el real caería abruptamente ante el dólar.  

El escándalo se agravó la madrugada del jueves cuando la Policía allanó las oficinas y la residencia del senador Aecio Neves, quien casi ganó la presidencia en el 2014 y había anunciado planes de volver a postularse el año entrante.  

Es investigado en varias causas de corrupción relacionadas con la pesquisa llamada “Lavado de autos”, sobre sobornos a políticos. Ha negado las acusaciones.  

El miércoles por la noche, Globo reportó que Neves aparece en una grabación pidiéndole a Jesley Batista, ejecutivo de la compañía empacadora de carne JBS, US$700 mil para pagar por su defensa en el caso “Lavado de autos” .  

Globo reportó también que Batista había grabado cuando Temer se pronuncia a favor de pagarle al ex presidente de la Cámara de Diputados Eduardo Cunha a cambio de su silencio. En un comunicado la tarde del miércoles, la presidencia dijo que Temer “no participó ni autorizó intento alguno por impedirle a Cunha llegar a un arreglo con los funcionarios del Ministerio de Justicia”.  

Cunha fue el catalizador del juicio político que llevó a la destitución de la presidenta Dilma Rousseff el año pasado y al ascenso de Temer, quien para ese entonces era vicepresidente. Cunha fue luego sentenciado a 15 años de cárcel por corrupción.  

Según el artículo, cuando se le dice a Temer que se le está pagando a Cunha a cambio de su silencio, el presidente responde: “Eso hay que seguir haciéndolo, ¿está bien?”.    

Globo no difundió las grabaciones ni reveló cómo las obtuvo. Representantes de la JBS no respondieron a mensajes electrónicos en busca de reacción.

Autorizan investigar a Temer

El Tribunal Supremo de Brasil autorizó este jueves la investigación contra el presidente Michel Temer, objeto de una denuncia por intentar comprar el silencio de un influyente diputado que se encuentra preso.

El magistrado Edson Fachin, instructor del caso Petrobras en el Supremo, dio luz verde al pedido realizado por la Procuraduría General de la República, por lo que Temer pasa a ser formalmente investigado en el marco de la operación Lava Jato, según informó el diario O Globo.

Las fuerzas policiales dispersaron por la mañana con gases lacrimógenos a activistas que bloqueaban calles en Sao Paulo, Rio de Janeiro y otras ciudades.

Las mayores centrales sindicales convocaron por la tarde a marchas para denunciar en particular los proyectos de reforma del sistema de jubilaciones y de flexibilización de los contratos de trabajo.

Ambas iniciativas están en votación en el Congreso como parte del programa del Gobierno para enderezar las cuentas y sacar a Brasil de la peor recesión de su historia. Según datos oficiales publicados este viernes, el desempleo en la mayor economía latinoamericana alcanzó un nuevo nivel récord de 13.7%, con 14.2 millones de personas en busca de trabajo.

Una asesora de la Central Única de Trabajadores  (CUT), ligada a la izquierda, dijo que la protesta se extendía por los 26 estados y el Distrito Federal, en centenas de ciudades, y aseguró que los incidentes registrados habían sido menores.

El mandatario, entre tanto, sigue las protestas desde Brasilia.

Para el Gobierno, la paralización es un fracaso: “Están impidiendo que las personas lleguen a sus lugares de trabajo. En un primer análisis, eso evidencia que es una huelga que no existe. Es más una huelga de sindicatos perturbados con las decisiones del Congreso”, dijo el ministro de Justicia, Osmar Serraglio, a la radio CBN.

La Cámara de Diputados dio el miércoles media sanción al texto base de una ley para flexibilizar los contratos de trabajo, otorgando más poder a los acuerdos colectivos y eliminando la contribución obligatoria a los sindicatos.

Sao Paulo 

En Sao Paulo, motor económico y distrito más poblado del país, se produjeron algunos enfrentamientos entre manifestantes que obstruían arterias de la ciudad y la Policía, generando congestionamientos en el tránsito.

Después del mediodía, los trenes y el metro comenzaron a funcionar parcialmente, aunque los ómnibus seguían paralizados, reportaron medios locales.

Los comercios registraban un acatamiento parcial al cese de actividades, señaló un reportero.

Temer, que tiene un apoyo de la población de apenas un 10%, reemplazó en 2016 a la presidenta Dilma Rousseff, del izquierdista Partido de los Trabajadores  (PT), destituida por el Congreso bajo la acusación de manipular las cuentas públicas. 

Rousseff había sucedido al dos veces mandatario Luis Inácio Lula da Silva  (2003-2010) , actualmente asediado por causas de corrupción en el escándalo de Petrobras, que también golpea a buena parte del gabinete de Temer y a decenas de legisladores de todo el arco político.

Aeropuertos 

El aeropuerto doméstico de Sao Paulo registró 12 vuelos cancelados y 18 atrasos de un total de 124 previstos, pero la empresa que lo administra no supo precisar si los trastornos tienen relación directa con la huelga.

En la terminal internacional paulista de Guarulhos, de las 157 llegadas y 124 partidas programadas se registraron 18 atrasos de aterrizajes, según un comunicado que divulgó la terminal. En Brasilia, la huelga afectó por la mañana a 32 de los 182 vuelos previstos y ocho debieron cancelarse.

La capital del país estaba sin servicio de autobuses y metro y con vallas que cercaban a los edificios del Congreso y la Presidencia, parte de un vasto operativo policial para impedir invasiones durante las protestas.

El Gobierno sigue de cerca el éxito o el fracaso de una huelga a la que se sumaron algunos de sus aliados, como Paulo Pereira da Silva, presidente de la central Fora Sindical y diputado de Solidariedade, partido de la base de Temer, que amenaza con pasar a la oposición si las reformas se aprueban sin modificaciones.

También la Conferencia Nacional de Obispos  (CNBB) se sumó a las críticas y apoyó las movilizaciones.

Postura

La huelga nacional convocada por las centrales sindicales brasileñas contra las reformas impulsadas por el gobierno del presidente Michel Temer fueron un “fracaso”  y la movilización fue “insignificante”, según la evaluación del ministro de Justicia, Osmar Serraglio.

Las manifestaciones “fueron insignificantes y no tuvieron la expresión que se imaginaba que tendrían”, aseguró el ministro, el único miembro del Gabinete que ha evaluado hasta ahora la huelga nacional, en declaraciones que concedió a periodistas en una visita en la tarde de este viernes a la ciudad de Londrina.

De acuerdo con Serraglio, cuando los sindicatos percibieron que los resultados del paro no serían los imaginados, “forzaron”  situaciones caóticas con actos violentos en algunas manifestaciones y bloqueos de vías.

“Vimos provocaciones en algunos lugares y bloqueos en otros, pero aquellas movilizaciones que se esperaban de millones no ocurrieron”. 

El Tribunal Superior Electoral de Brasil suspendió este martes, dos horas después de iniciado, el juicio en que debe establecer si hubo fraudes en la campaña de Dilma Rousseff y Michel Temer en 2014, que pudiera costarle el cargo al actual mandatario.

En forma unánime, la corte aceptó las primeras apelaciones de la defensa de Rousseff, destituida por fraudes fiscales en agosto de 2016 y sustituida por Temer, que pidió un plazo mayor para presentar sus alegaciones finales y citar nuevos testigos, con lo cual el proceso ha quedado suspendido por un plazo aún no definido.

El tribunal aceptó la tesis de la defensa de Rousseff, según la cual el plazo para presentar sus últimos alegatos era de cinco días, y no de dos como había establecido la corte, y también la necesidad de que sean escuchados nuevos testigos.

El presidente del TSE, Gilmar Mendes, declaró abierta la sesión, en la que esa corte fundada en 1932 sentará por primera vez en el banquillo a los miembros de una fórmula vencedora de unos comicios presidenciales.
La corte celebraría esta semana las primeras cuatro audiencias del juicio, que se calcula que se prolongará durante meses y pudiera ser suspendido en cualquier momento si alguno de los siete miembros del tribunal solicita más tiempo para estudiar los cargos.
Catalogada como Acción de Investigación Judicial Electoral  (Aije) 194358, la demanda se refiere a supuestas “donaciones”  recibidas por Rousseff y Temer para la campaña del 2014, cuando fueron reelegidos, que habrían salido de la red de corrupción que operó en Petrobras y concretamente del grupo Odebrecht, implicado en esa trama.

Según ha confesado Marcelo Odebrecht, expresidente de la empresa, su grupo donó para esa campaña de Rosseff y Temer US$48 millones y al menos una tercera parte de ese dinero tuvo origen en la corrupción.
Rousseff y Temer ganaron las elecciones de 2014, que mantuvieron a ella al poder y a él en la vicepresidencia, aunque la mandataria fue destituida por irregularidades fiscales en agosto pasado y el actual gobernante heredó el mandato que ahora puede perder, lo que llevaría a una elección indirecta en el Congreso.
Si se llegara a ese extremo, sería la primera vez en la historia que dos presidentes brasileños sean destituidos durante el mismo período, lo que pudiera ahondar la profunda crisis política en que se ha sumergido Brasil en los últimos tres años, desde que comenzó la investigación sobre la trama corrupta en la estatal Petrobras.

En caso de una sentencia condenatoria, quien fuera elegido por el Congreso para suceder a Temer concluiría el mandato que vence el 1 de enero de 2019, cuando deberá asumir el ganador de las elecciones previstas para octubre del año próximo.
Tanto la defensa de Rousseff como la de Temer, que actúan por separado, han pedido la anulación del juicio por supuesta falta de pruebas.

El voto final debería acontecer el jueves en caso de que la Corte rechace los pedidos de aplazamiento. Pero aun en caso de que el fallo impugne la presidencia de Temer, el mandatario conservador debería presentar recursos para tratar de acabar el mandato vigente, el 1 de enero de 2019.

Los brasileños pagan muchos impuestos y reciben poco a cambio. Mi desafío es desburocratizar el Estado y mejorar la calidad de la administración pública: eso es lo que yo llamo democracia de la eficiencia”.

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Además, el mandatario, del centroderechista Partido del Movimiento Democrático Brasileño (PMDB), señaló: “En 2017 derrotaremos la crisis (…) Los empresarios volverán a invertir y vamos a recuperar los empleos perdidos. Necesitamos crecer. Trabajamos para volver a crecer. Vamos a crecer, pero esta vez será un crecimiento sustentable y responsable”.

El mensaje, que se emitió durante la tarde del sábado, duró aproximadamente cuatro minutos. En ese tiempo, Temer también destacó la importancia de las reformas de la educación y del sistema de pensiones que su administración fomenta en Brasil, asi como de la enmienda constitucional, ya apobada en el Parlamento, para limitar el gasto público por los próximos 20 años.

La primera economía de América Latina cerrará 2016 previsiblemente con un déficit de más del tres por ciento de su Producto Interno Bruto (PIB) por segundo año consecutivo, después de haber registrado un crecimiento constante durante gran parte de la última década.

La información fue divulgada el miércoles por el diario Folha de Sao Paulo. Marcelo Odebrecht, condenado por su implicación en el caso de corrupción de Petrobras, declaró la víspera durante tres horas en el marco de un acuerdo de delación premiada firmado con la Justicia a cambio de una reducción de su pena.

De acuerdo con el diario, el expresidente de la compañía confirmó la versión ofrecida por exejecutivo Claudio Mello, según la cual Temer recibió US$3 millones para la campaña electoral del 2014, en la que fue compañero de fórmula de la ahora presidenta destituida Dilma Rousseff.

La confesión realizada por Mello ha salpicado a algunos de los hombres fuertes de Temer, como el ministro de la Presidencia, Eliseu Padilha, y el secretario a cargo del plan de privatizaciones del Gobierno, Wellington Moreira Franco.

También alcanza al senador Romero Jucá, jefe del oficialismo en la Cámara alta e importante negociador parlamentario que ya, a mediados de este año, se vio obligado a renunciar al Ministerio de Planificación luego de haber sido acusado de maniobrar para ponerle freno a las investigaciones en Petrobras.

Temer ha negado de forma “vehemente” las acusaciones que le salpican y ha pedido a la Fiscalía que acelere la investigación para evitar que el país, sumido en una profunda crisis económica, quede “paralizado”.

El proyecto fue presentado con carácter enmienda constitucional, por lo que debió ser sometido a dos votaciones en el pleno de la Cámara alta, que hoy dio su segunda sanción a pesar de las protestas de la minoritaria oposición, que llegó a calificar la propuesta de “crimen de lesa patria”.

Según los críticos de esa medida, ese límite impondrá severos recortes del gasto público durante las próximas dos décadas en áreas en las que el país requiere de una ingente presencia del Estado, como la salud, la educación y la atención de los más pobres.

La oposición fracasó en sus intentos de frenar la votación tanto en el Senado como mediante una demanda de inconstitucionalidad que presentó ante la Corte Suprema y que ni siquiera fue aceptada por el magistrado Luis Roberto Barroso, uno de los once miembros del tribunal.

La enmienda constitucional aprobada dice que el aumento del gasto público anual estará limitado durante los próximos veinte años a la tasa de inflación del ejercicio anterior y que ese techo solo podrá ser revisado una vez transcurrida la primera década.

Según el Gobierno, ese límite detendrá el proceso de aumento de la deuda pública en relación al producto interno bruto  (PIB) , lo que considera “indispensable”  para recuperar el equilibrio fiscal.

Los datos oficiales dicen que, entre 1997 y el 2015, el gasto público en Brasil creció a una media del 6 % por encima de la inflación del año anterior, lo que el Ministerio de Hacienda ha calificado de “insostenible” .

El Gobierno argumenta que, entre el 2008 y el 2015, ese proceso se acentuó, el gasto aumentó hasta un 50 % respecto a la inflación y esa diferencia fue financiada con emisión de deuda, lo cual impactó en las arcas públicas y en toda la actividad económica del país, que está hace dos años en una profunda recesión.

 La senadora Fátima Bezerra, del Partido de los Trabajadores  (PT), que hoy pidió cancelar los debates, dijo que el Gobierno “solo quiere revocar por 20 años las inversiones para los más pobres, pero sin proponer un techo para pagarle la deuda a los banqueros” .

Según Bezerra, se trata de un “delito de lesa patria”  que ya “ha sido condenado por la mayoría de la población” .

En ese marco, la senadora del PT citó una encuesta publicada hoy por el instituto Datafolha, según la cual al menos el 60 % de los brasileños está en contra de imponer ese límite al gasto, que solo cuenta con el apoyo del 24 % de la sociedad.

Frente a la votación realizada en el Senado, sindicatos y movimientos sociales han convocado una jornada de protestas, que llevó a las autoridades de Brasilia a reforzar la presencia policial en los alrededores del palacio legislativo.

Para garantizar la seguridad, también fue cortado el tránsito de vehículos en la Explanada de los Ministerios, una céntrica avenida de la capital en la que se sitúan todos los edificios del poder, incluidos el Parlamento y el Palacio presidencial de Planalto.

Severos recortes del gasto público

Según los críticos de esa medida, ese límite impondrá severos recortes del gasto público durante las próximas dos décadas en áreas en las que el país requiere de una ingente presencia del Estado, como la salud, la educación y la atención de los más pobres.

La reforma del “techo de gastos”  implica que el presupuesto solo podrá aumentar para compensar la inflación del año anterior.

Temer y su ministro de Finanzas, Henrique Meirelles, esperan neutralizar de ese modo el gigantesco déficit fiscal, previsto en 163 mil millones de reales  (48 mil millones de dólares) en el 2016 y empezar a recuperar la confianza de los mercados para sacar al país de su peor recesión en más de un siglo.

Sus críticos denuncian una medida que afectará las ya maltrechas áreas de salud y educación. Alegan además que el conservador Temer, que accedió a la Presidencia tras el impeachment de Dilma Rousseff  (PT, izquierda) , no tiene la legitimidad de las urnas para llevar adelante sus reformas.

El relator de la ONU sobre cuestiones de pobreza extrema y derechos humanos, Philip Alson, afirmó la semana pasada que se trata de una reforma “desprovista de cualquier matiz y compasión” , que “afectará con mucha más fuerza a los brasileños más pobres y vulnerables” .

Esta votación es la última que falta para la aprobación definitiva de esta enmienda constitucional, que requiere dos aprobaciones por mayoría cualificada en la Cámara de Diputados y otras dos en el Senado. En la primera votación en la cámara alta, el 29 de noviembre, contó con el respaldo de 61 de los 81 senadores.

Su aprobación entrará en vigencia esta misma semana.

La oposición presentó varios recursos para tratar de aplazar la votación, que fueron rechazados por la corte suprema.

La sesión está dirigida por el presidente del Senado, Renan Calheiros, que la semana pasada consiguió ser confirmado en el cargo por la corte suprema pese a ser inculpado de malversación de fondos públicos, y contra quien el lunes el fiscal general presentó por primera vez cargos en el marco del megaescándalo de Petrobras.

La enmienda del “techo de gastos”  es apenas la primera del plan de ajustes de Temer. La siguiente -la reforma del sistema de jubilaciones- pretende establecer una edad uniforme de 65 años para el retiro de hombres y mujeres y un periodo de contribuciones de 49 años para gozar del 100% del beneficio.

Temer bajo presión en todos los frentes

La votación de las reformas en el Congreso transcurre en el marco de nuevas revelaciones de la Operación Lava Lato sobre el caso Petrobras. En los últimos días, varios ministros y legisladores oficialistas, y el propio Temer, han sido mencionados por exejecutivos de la constructora Odebrecht como presuntos beneficiarios de sobornos.

El presidente negó tajantemente haber pedido en el 2014 10 millones de reales  (4.2 millones de dólares al cambio promedio de ese año) para financiar campañas electorales de miembros de su partido, como alega uno de los delatores.

Las revelaciones debilitan aún más a Temer, que cuenta con apenas un 10% de opiniones favorables, y complican su objetivo declarado de entregar en país “saneado”  a quien resulte electo para sucederlo en el 2018.

Un 63% de los brasileños, de acuerdo con Datafolha, desea que el mandatario renuncie antes de fin de año y que haya una elección presidencial directa.

Los malos datos se acumulan para el mandatario en todos los frentes, con un agravamiento de la recesión, que este año será de 3,5%, después de haber llegado a 3,8% en el 2015, y proyecciones negativas sobre el desempleo, que afecta a casi 12 millones de brasileños  (11,8% de la población activa) .

Para tratar de recuperar la iniciativa, Temer y Meirelles prometen una “agenda positiva”  de medidas microeconómicas, con vistas a incentivar la actividad.