Una jueza detuvo este jueves de forma temporal la ejecución de un hombre condenado a muerte en el estado de Texas por haber matado a su hija de 2 años en 2002 sacudiéndola.

La decisión se conoció tan solo dos horas antes de que Robert Roberson, de 57 años, fuese ejecutado.

Sus abogados, así como un grupo de legisladores texanos y el principal investigador policial de la muerte de su hija, afirman que el caso se basó en pruebas “defectuosas” y que Roberson es inocente.

Hace más de dos décadas, el hombre llevó a su bebé Nikki al hospital, donde las pruebas mostraron que tenía un traumatismo cerebral interno, afección que en aquel momento se relacionaba con el síndrome de bebé sacudido, que se da cuando un niño es sacudido violentamente por otra persona.

En los días previos a la muerte de la bebé, un médico había diagnosticado que esta tenía una infección viral y fiebre.

Testimonio ante los legisladores

Legisladores de la Cámara de Representantes de Texas cuestionaron la condena a Roberson, y un comité de dicho organismo intentó ganar tiempo, pidiendo que el condenado testifique ante ellos la semana próxima.

La jueza decidió suspender la ejecución para que Roberson pueda ofrecer su testimonio ante los legisladores.

Brian Wharton, el detective principal que ayudó hace dos décadas a asegurar la condena de Roberson, ha dicho que cree que este es inocente.

Este miércoles, la Junta de Indultos y Libertad Condicional de Texas había rechazado la petición de clemencia para el convicto, cuyos abogados también solicitaron esta semana al gobernador de Texas y a la Corte Suprema de Estados Unidos que suspendieran la ejecución.

Los abogados de Roberson alegaron ante la Corte Suprema que la teoría médica utilizada para condenarlo en 2003 “ha sido completamente desacreditada desde entonces”.

“No sólo se presumió que hubo abuso en 2003”, escribieron sus abogados, “sino que el afecto contenido y los modales distantes de Roberson, manifestaciones de su trastorno del espectro autista que se confundieron con una falta de atención, llevaron al personal médico y a las fuerzas del orden a presumir su culpabilidad”, dijeron.

Los jueces de la Corte Suprema rechazaron la petición del acusado en la mañana de este jueves.

El caso

Roberson fue sentenciado a la pena capital por la muerte de su hija Nikki, una niña de 2 años que falleció el 31 de enero de 2002 después de llegar al hospital en estado de coma, desvanecida en los brazos de su padre y con el rostro azulado por la asfixia.

Los médicos atribuyeron los síntomas de Nikki al síndrome del bebé sacudido, una lesión cerebral grave provocada por agitar a un niño menor de 2 años con tanta fuerza que el suministro de oxígeno al cerebro resulta comprometido.

Aquel diagnóstico se convirtió en la evidencia que confirmaba la peor sospecha de los miembros del jurado: Nikki había sido víctima de maltrato infantil.

El jurado terminó por convencerse de que Roberson era culpable cuando Brian Wharton, el detective principal de la investigación, aseguró en el juicio que el acusado había reaccionado con frialdad y desapego ante la agonía de su hija.

Cuando Nikki falleció, Roberson tenía 35 años. Era padre soltero y había logrado la custodia de su hija dos meses antes de llevarla desmayada al hospital de Palestine, la ciudad donde vivían en el este de Texas.

Un año después de la muerte de Nikki, el 21 de febrero de 2003, Roberson fue condenado a la pena capital y se convirtió en el prisionero número 999442 en el corredor de la muerte de Texas, el estado con el mayor récord de ejecuciones en Estados Unidos.

En 2018, cuando Roberson acumulaba 15 años en prisión, fue diagnosticado con autismo.

Tres errores

El objetivo de los abogados de Roberson no es sólo impedir su ejecución. También piden que se convoque una nueva audiencia, en la que puedan refutar lo que consideran errores procesales de 2002 y mostrar las evidencias que no fueron evaluadas por el jurado.

“Robert Roberson es un hombre inocente”, sostiene una petición de los abogados.”Este no es un caso en el que el Estado consiguió a la persona equivocada. En cambio, se alegó un delito pero en realidad no ocurrió ninguno”.

Esa petición fue respaldada por 34 científicos y médicos, un grupo bipartidista de legisladores de Texas, 70 abogados especializados en defender a personas acusadas injustamente de abuso infantil, así como decenas de organizaciones que defienden a pacientes con autismo y activistas por los derechos de los padres, explica Innocence Project, una organización que defiende los derechos de convictos sentenciados injustamente en Estados Unidos.

La petición de indulto recoge los tres errores que, según la defensa, demostrarían la inocencia de Roberson.

El primer error es que los médicos concluyeron que Nikki padecía el síndrome del bebé sacudido, sin considerar síntomas propios de una “doble neumonía” que no fue diagnosticada, como la fiebre de 40 grados que presentó poco antes de quedar inconsciente.

Los médicos que atendieron a Nikki no consideraron en su momento que el historial médico de la niña incluía “infecciones crónicas que múltiples cepas de antibióticos no pudieron resolver” y episodios de apnea respiratoria, en los que “inexplicablemente dejaba de respirar, colapsaba y se ponía azul por la falta de oxígeno”.

La segunda falla que alega la defensa es que las autoridades “aceptaron las suposiciones de los médicos de que su condición fue causada por abuso y no investigaron más”.

A Roberson le prohibieron visitar a la niña mientras agonizaba en el hospital, hasta que finalmente fue detenido en lo que sus abogados definen como “una celda suicida”, sin acceso a defensa legal desde el inicio del caso hasta que le asignaron un abogado.

Durante los años en los que Roberson ha permanecido en prisión, el síndrome del bebé sacudido ha perdido credibilidad científica para ser considerado como evidencia sólida en casos penales.

El tercer error es que tanto el personal médico como los policías malinterpretaron la reacción de Roberson ante lo que estaba ocurriendo. “Vieron su comportamiento no neurotípico, un síntoma de su autismo, como un reflejo de falta de emoción frente a la difícil situación de su hija, lo cual está muy lejos de la verdad”.

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• El preso que lleva 21 años en el corredor de la muerte en Texas y está a punto de ser ejecutado “por un crimen que no sucedió”

El secretario general de la OEA, Luis Almagro, confirmó en un comunicado que de inmediato procederá con la identificación y despliegue de expertos para empezar la investigación a la brevedad.

La OEA aclaró que el proceso será independiente de la verificación que se lleva a cabo.  Almagro instó también  a redoblar las medidas de confianza en vigencia  y a prevenir nuevos enfrentamientos.

El incidente en cuestión ocurrió el pasado 20 de abril cuando Julio René Alvarado Ruano, de 13 años fue ultimado de ocho balazos, cuatro de ellos por la espalda, y su padre y su hermano de 11 resultaron heridos.

Almagro, tras recibir la solicitud formal de ambos gobiernos, confirmó a las autoridades de ambos países que procederá de inmediato con la identificación y el despliegue de los expertos pertinentes para realizar la investigación a la brevedad posible.

A pedido de ambas partes, esta investigación se realizará de manera independiente a las tareas de verificación que se están llevando a cabo en este momento, informó la OEA.

Almagro valoró el compromiso de ambos países “para que los hechos se esclarezcan rápidamente” y agradeció la confianza depositada en la OEA para la identificación y el despliegue de los expertos que llevarán a cabo la labor.

Narra ataque

El martes recién pasado, en una camilla del Centro Médico Militar, Carlos Alvarado, sobreviviente del ataque armado que soldados beliceños perpetraron contra él y sus dos hijos, narró la angustia de huir de los disparos y tratar de salvar a sus dos pequeños.

El ataque ocurrió en la comunidad San José Las Flores, Melchor de Mencos, Petén. Según el testimonio del padre, los tres caminaban y platicaban cuando encontraron a la tropa beliceña. “Ellos sin hablarme me atacaron como si era un agresor”, explicó.

Recuerda que cuando los soldados comenzaron a disparar él y sus hijos corrieron para salvar su vida. Dijo que se tiró al suelo. “Quise escapar, pero vi a mi hijo en el camino —Julio—, me arrastré a él y le dije seguime: pensé que estaba vivo, lo quería sacar de los disparos, avancé y volví a ver atrás, mi hijo no venía. Cuando regresé lo toqué por espalda y sentí que estaba muerto”.

Carlos asegura que fueron tres armas automáticas las que usaron los soldados beliceños.

Al darse cuenta de la muerte de su hijo, abandonó el lugar hasta que dejó de escuchar disparos,  encontró a un vecino que lo auxilió. Desconsolado y asustado se fue para su casa, cuando llegó su otro hijo,  ya estaba ahí, escapó por otra parte del bosque.

“La gente llegó cuando escuchó los disparos, informaron al Ejército destacado en el lugar y de inmediato llegaron a cubrir mi casa, después llegó la Policía y me llevaron al hospital de Melchor”, aclaró.

Según la información Axel Padilla discutía acaloradamente con su esposa Julia del Carmen Mejía, y luego la atacó a golpes, la dama tenía entre sus brazos al niño y este hombre debido a que se encontraba bajo efectos de alguna droga o bebida alcohólica, golpeó severamente al niño quien murió en el acto.
 
El criminal intento huir al percatarse de lo sucedido por lo que a los gritos de la madre que pedía auxilio, varios pobladores salieron para detenerlo y luego realizaron contacto con la Policía Nacional Civil para que lo consignaran.
 
La muerte del bebé ha causado indignación en la comunidad del Tempisque, debido a que este sería el tercer niño que es atacado por personas en estado de ebriedad o alguna droga.
 
El pasado 15 de septiembre en la aldea Shupa, Camotán, dos hombres ingresaron al instituto de telesecundaria e hirieron a un bebé, a quien le ocasionaron heridas con machete, mientras que en Jocotán, una discusión entre una pareja culminó, con que un niño sufriera heridas con un block provocadas por su progenitor.

Familiares de las cuatro víctimas se niegan a dar información sobre lo ocurrido, pero muchos vecinos coinciden en que la muerte de Adelmo Marroquín Santiago, de 29 años; su esposa, Irma Elizabeth Portillo Cardona, 36; y sus hijos, Anderson y Catherin Marroquín Portillo, 9 y 5 años respectivamente, se debió a una venganza personal.

Otto Portillo, hermano de la mujer ultimada, comentó mientras esperaba los cuerpos de sus familiares en la morgue local: “Realmente no sabemos por qué los mataron, pero por la forma tan cruel, se nota que había mucho odio en los victimarios”.

“Hace cuatro años mataron a la hija de mi hermana, ella se llamaba Sindy Portillo, tenía 13 años, y ella estaba embarazada. También mataron al muchacho con el que vivía, que se llamaba Carlos Hernández, de 18”, señaló Portillo.

Otros familiares agregaron que los crímenes de Sindy y Carlos, quienes fueron ultimados el 10 de junio de 2011, tienen similitud con la masacre del jueves último, ya que en aquella ocasión los victimarios les dispararon y luego les cortaron el cuello con arma blanca.

“A Sindy le dispararon luego de que mataron a Carlos, ella salió corriendo y le dispararon por la espalda. Luego se acercaron y le dieron vuelta al cuerpo, porque cayó boca abajo, y le dieron con un machete en el cuello, en la cara y le cortaron las manos. Creemos que la misma persona que los mató a ellos, pudo haber sido quien cometió este nuevo crimen”, comentó un familiar que pidió el anonimato.

Las autoridades indicaron que examinaron el área y finalizaron a las 2 horas de este viernes, lograron identificar que se utilizaron tres tipos de armas de fuego y un arma blanca.

Cecilia Aguirre, auxiliar de la Procuraduría de los Derechos Humanos en Jalapa condenó el hecho y exigió que se investigue a fondo lo sucedido, para dar cuanto antes con los responsables de la matanza.

“Lamentamos que las familias estén siendo víctimas de este tipo de agresiones tan fuertes, por lo que exigimos al Ministerio Publico que haga las investigaciones para dar con los responsables y que todo el peso de la ley caiga sobre quienes cometieron esta masacre”, dijo.

“No es posible que sigan dándose estos hechos. Hace unas semanas sucedió la masacre en la aldea El Durazno, en San Pedro Pinula, y a la fecha no hay ningún resultado que señale a presuntos responsables o el móvil de las muertes”, finalizó Aguirre.

Otras matanzas

El 9 de marzo de 2015, tres hombres y una mujer fueron masacrados en el interior de una finca en el sector conocido como La Piedrona, a 25 km de San Francisco, Petén.

El 26 de febrero de este año, tres integrantes de una familia fueron masacrados en una vivienda en la aladea El Durazno, San Pedro Pinula, Jalapa.

El 10 de febrero último se registró la muerte de cinco hombres en el asentamiento Línea Férrea, en Palín, Escuintla, en lo que las autoridades calificaron como un ajuste de cuentas entre pandillas.

El 20 del referido mes, tres hombres que supuestamente robaban café en grano, en la finca Río Blanco, aldea La Carretera, San José Acatempa, Jutiapa, fueron ultimados presuntamente por el guardia del inmueble.

El informe explica que a eso de las 8 horas el piloto del automotor placas C-738BLY arrolló con las llantas traseras al menor cuando cruzaba la calle.

“No me di cuenta cuando mi hijo se salió de la casa. Él estaba jugando en la sala y solo escuché cuando gritó”, manifestó Angelina Ac Cho, 21, madre del niño.

Los agentes policiales recomendaron a los vecinos ser cuidadosos con sus hijos, ya que ese tramo de carretera es muy peligroso.

El cadáver del menor fue trasladado a la morgue del Inacif de Poptún, y el camión fue llevado a la subestación local.

La víctima fue identificada como Yeimer Josué Adonai Hernández Mateo, quien acompañaba a su progenitora, María Amada Mateo, 22, quien también sufrió heridas y fue trasladada a un centro asistencial en estado delicado.

Según la PNC, la mujer esperaba junto a su hijo para abordar un bus, pero un ayudante intentó maniobrar una unidad y provocó que chocara contra el otro vehículo y que las dos personas quedaron en medio de los autobuses.

En la 2 calle 1 ave de Jalapa autobus atropella a mujer y a su hijo de 5 años quien muere en el lugar CVB pic.twitter.com/w7CqY5kmag

— Bomberos Voluntarios (@BVoluntariosGT) April 6, 2015

Otra versión que manejan es que el piloto del transporte hizo una maniobra para impedir que más personas abordaran otro autobús, pero no se percató de la ubicación de la mujer y su hijo.

La PNC reportó la captura de los pilotos de las unidades que colisionaron, de los cuales se desconoce su identidad.

El lugar donde ocurrió el accidente es conocido como la Calle de la Cochera, donde los buses que cubren las rutas hacia el área rural se estacionan a la orilla de la calle.

El sector es muy transitado por todo tipo de vehículos y peatones, lo que provoca que el lugar sea peligroso, ya que no existe una parada específica para que las personas aborden.

Se trata de Sucely García, de 14 años, y Juan Rosales, 70, padrastro de la menor, quienes fueron hallados por agricultores que laboran en ese inmueble.

El ataque pudo haber ocurrido la noche del miércoles último, cuando personas desconocidas entraron a la casa del anciano y les dieron muerte a ambos, indicaron investigadores de la PNC.

Wílder Peláez, familiar de las víctimas, mencionó que este jueves por la mañana le dieron aviso de lo sucedido. “Él había tenido problemas con otras personas por compra de ganado, por lo que decidió devolverlas pero no le reintegraron el dinero. Mi papá puso una denuncia en el Ministerio Público hace dos meses. Espero que den con los responsables, porque era una persona grande y no se metía con nadie”, agregó Peláez.

Conocía a Rosales

José Manuel Súchite, agricultor, indicó que conocía a Rosales desde hace varios años, y que pasaba por la vivienda de este regularmente. “Cuando pasé le hablé, pero me extrañó que no me contestara. Me acerqué y me di cuenta de lo sucedido, por lo que le avisé a los vecinos y a la PNC”, añadió Súchite.

Fiscales del MP examinaron la escena del crimen para localizar evidencias que ayuden a dar con los responsables de este hecho ilícito.

Se trata de Melvin Erasmo González Muñoz, de 15 años, estudiante de segundo básico, del Instituto Básico de la aldea Calapté, Ixchiguán, San Marcos, quien según sus familiares, fue víctima de acoso escolar (bullying) por parte de compañeros del establecimiento educativo.

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El menor quedó inconsciente por lo que fue llevado a la emergencia del Hospital Nacional de San Marcos, en donde falleció este martes, debido a los golpes recibidos.

Vecinos del lugar, al notar lo que sucedía se organizaron y lograron la captura de dos menores, a quienes entregaron a la Policía Nacional Civil.

Parientes del menor aseguran que este no tenía problemas con nadie, por lo que ahora piden a las autoridades que se investigue el caso, para que su muerte no quede impune.

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Postura

Cynthia del Águila, ministra de Educación, dijo que en el caso de la muerte del menor en San Marcos no había denuncia formal de acoso escolar, pero que a pesar de eso una comisión de la cartera se encuentra en el lugar para efectuar una evaluación.

Agregó que la agresión se registró fuera del establecimiento, pero que investigarán porque fue que se llegó a esas consecuencias.

Del Águila indicó que en cada establecimiento educativo debe existir una comisión de disciplina, la cual es la encargada de alertar sobre cualquier caso de acoso, con lo que se busca denunciar ante las autoridades correspondientes a los agresores y evitar incidentes lamentables.

Explicó que este año se tienen documentadas entre seis y siete denuncias de acoso en distintos departamentos del país.

Definición

Según la Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura (Unesco), un alumno es objeto del bullying o acoso escolar, cuando está expuesto continuamente a conductas agresivas que buscan infligirle lesiones o molestias mediante el contacto físico, los insultos, la agresión o la manipulación psicológica.

El acoso entraña un desequilibrio de poder y puede comprender las bromas, los insultos, el uso de apodos ofensivos, la violencia física o la marginación social.

Un acosador puede actuar solo o concertado con otros condiscípulos.

El acoso puede ser directo, como en el caso en que un niño le exige a otro dinero o pertenencias, o indirecto, como sucede cuando un grupo de estudiantes difunde rumores sobre otro.

El acoso cibernético es el que se realiza mediante el uso del correo electrónico, el teléfono móvil, los mensajes de texto y los sitios web difamatorios.

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Los niños pueden ser más vulnerables al acoso cuando padecen alguna discapacidad, expresan una preferencia sexual distinta de la predominante, proceden de una minoría étnica o un grupo cultural diferentes o tienen determinada extracción socioeconómica.

Tanto para la persona acosadora como para su víctima, el ciclo de violencia e intimidación trae por resultado una mayor dificultad en las relaciones personales y una disminución del rendimiento académico.

Los y las alumnas que son objeto de bullying tienen más probabilidades de sufrir depresiones, sentirse solos o ansiosos y padecer de escasa autoestima.

Por su parte, las personas que acosan suelen actuar motivados por la frustración, la humillación o la ira, y en respuesta al ridículo social.

La víctima fue identificada como Jonathan Eduardo Contreras Parada, de 17 años, quien según comentaron algunos vecinos, se dedicaba a la pesca artesanal y regresaba de su jornada cuando fue atacado.

El informe policial indica que Contreras recibió tres balazos en el rostro, dos en el pecho y dos en la pierna derecha, y que cuando socorristas llegaron ya había muerto.

Algunos testigos indicaron que el joven fue sorprendido por dos sujetos a bordo de una motocicleta negra, y que fue un ataque directo.

Agentes de la PNC sugieren que el ataque pudo haberse tratado de un ajuste de cuentas, ya que algunos vecinos señalan al joven de pertenecer a una banda que asalta a turistas en ese sector, hecho por el que era investigado por la institución policial.