La Justicia de Brasil condenó este miércoles al expresidente Luiz Inácio Lula da Silva a 12 años y 11 meses de cárcel por un nuevo caso de corrupción y lavado de dinero, una sentencia similar a la que ya arrastra desde su apelación el pasado año y que ahora duplicará su tiempo en la cárcel.

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El exmandatario fue declarado culpable por un tribunal en la ciudad sureña de Curitiba por aceptar trabajos de renovación en una casa de campo a cambio de asegurar que la compañía petrolera estatal Petrobras obtuviera los contratos del gobierno.

La jueza federal Gabriela Hardt consideró que el exmandatario se benefició de las obras por cerca de US$271 mil que tres empresas (Odebrecht, OAS y Schain) hicieron en una residencia en Atibaia, en el interior de Sao Paulo.

Aunque Lula no es el propietario dela casa (está a nombre de su amigo el empresario Fernando Bittar), la Justicia dictaminó que el expresidente se benefició ilegalmente de las remodelaciones por parte de empresas que fueron favorecidas durante su mandato.

Lula, que presidió Brasil entre 2003 y 2010, ya cumple otra sentencia desde el pasado abril por otro caso de corrupción, después de que la Justicia diera por comprobado que recibió un apartamento en una playa de Sao Paulo a cambio de sobornos.

El exgobernate, de 73 años, siempre negó los cargos en su contra y se considera víctima de una caza de brujas. Ahora tiene derecho a apelar la sentencia.

El Partido de los Trabajadores también asegura que su líder “sufre una persecución judicial sin paralelo”.

“Lava Jato”

La sentencia de este miércoles es la última de las múltiples emitidas en el marco del escándalo desatado en torno a la petrolera estatal Petrobras y que comenzó casi por casualidad en una gasolinera de Brasilia.

Fue en marzo de 2014, cuando la Policía Federal descubrió que, además de las bombas de combustible, el minimercado y la cafetería, en la estación había una casa de cambio que se usaba para lavar dinero.

Poco después se descubrió la relación de la trama con Petrobras.

Y más tarde, a cambio de beneficios penales, algunos de los que ya estaban siendo acusados empezaron a delatar a otros implicados.

El escándalo fue salpicando a autoridades y empresarios hasta provocar uno de los mayores terremotos políticos del país.

Los fiscales denunciaron que las principales empresas constructoras de Brasil, incluidas gigantes como Odebrecht o Camargo Corrêa, habían formado un cartel para repartirse contratos multimillonarios de Petrobras.

A cambio pagaban sobornos a directores de la petrolera y a medio centenar de políticos de diferentes agrupaciones, incluido el gobernante Partido de los Trabajadores (PT) y aliados.

El dinero desviado, que oscilaba entre 1% y 3% del valor de los contratos con Petrobras, iba a compañías de fachada que los disfrazaban como pagos por consultorías.

Así, una operación contra el lavado de dinero que se llamó “Lava Jato” -que en portugués significa “autolavado” aunque en la gasolinera de Brasilia nadie lavaba autos-, acaba de resultar en la condena de quien fuera uno de los políticos más populares del mundo.

El juez que lo sentenció la primera vez, Sergio Moro, es ahora Ministro de Justicia del nuevo presidente Jair Bolsonaro.

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A pesar de la decisión de Gebran Neto, Favreto insistió y ordenó en su último auto que Lula fuera puesto en libertad inmediatamente, pero la Policía Federal no actuó debido a la contradicción entre los autos de ambos jueces.
El presidente del TRF, no obstante, señaló que la decisión sobre la libertad de Lula es competencia del instructor de la Lava Jato y no del juez de guardia.
De esa forma, Thompson Flores puso fin, al menos de forma temporal, a un conflicto jurídico sobre la libertad del expresidente brasileño, quien deberá permanecer en la sede de la Policía Federal de Curitiba, donde está arrestado desde hace tres meses.
Favreto, juez que estaba de turno en el TRF-4, sorprendió hoy al conceder a Lula un habeas corpus y citó la precandidatura del expresidente a las elecciones presidenciales de octubre como un hecho “nuevo” que debe ser tomado en consideración para su libertad.
El PT ha mantenido la candidatura de Lula a pesar de su arresto, pero según la ley electoral, se encuentra virtualmente inhabilitado después de la condena en segunda instancia.
Ante la expectativa de que fuera liberado, decenas de simpatizantes se reunieron hoy a las puertas de la Policía Federal de Curitiba para transmitir su apoyo al líder más popular de la izquierda brasileña.

Lula se encuentra detenido desde el pasado mes de abril en la sede de la Policía Federal de Curitiba, tras ser condenado en segunda instancia a 12 años y un mes de prisión.
El exmandatario fue sentenciado previamente en julio del año pasado por el juez de primera instancia Sergio Moro, encargado en primera instancia de las investigaciones del caso Petrobras, a 9 años y 6 meses de prisión por los delitos de corrupción pasiva y lavado de dinero.
Moro dio por comprobado que el expresidente se benefició de un apartamento en la playa a cambio de favorecer a la constructora OAS en la adjudicación de contratos públicos de la petrolera estatal Petrobras.
La condena fue ampliada hasta los 12 años y 1 mes por un tribunal de apelación.

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“Pedro Parente pidió su renuncia al cargo de presidente de la empresa esta mañana” y el Consejo de Administración nombrará un CEO interino, informó la petrolera en un comunicado.

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La dimisión causó desagrado en el mercado donde su gestión estaba bien considerada y hacia las 13.00 (16.00 GMT) las acciones de la empresa Petrobras controlada por el estado se desplomaban en torno al 20 por ciento en la Bolsa de Sao Paulo, tras varios minutos con la negociación suspendida.

Petrobras, que aún se recupera del escándalo de corrupción que lastró sus finanzas en la última década, estuvo en el ojo de la tormenta que sacudió a Brasil en los últimos días, cuando una huelga de camioneros bloqueó cientos de carreteras en todo el país y provocó desabastecimiento de combustible, alimentos frescos e insumos.
La renuncia de Parente llega después que el presidente Michel Temer concediera a los huelguistas varios de sus reclamos, entre ellos la reducción del precio del diésel por algunos meses.

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Aunque el gobierno aseguró que el Tesoro -y no Petrobras– asumirá el costo de la reducción, las negociaciones erosionaron la percepción de independencia de la estatal, una demanda clave del mercado.

Nuevo presidente de Petrobras

Michel Temer, confirmó a Iván Monteiro como el nuevo presidente de la estatal petrolera Petrobras, luego de la renuncia Parente tras las críticas a la política de precios de la compañía.
El anuncio de Temer, que fue transmitido desde el palacio presidencial del Planalto, se produjo al término de una reunión que sostuvo con Iván Monteiro, después de que el Consejo Administrativo de la petrolera lo nombrara como su presidente interino.
El nombramiento de Monteiro como dirigente de la estatal todavía deberá ser confirmado por el Consejo, pero como el Gobierno tiene mayoría de representación en ese órgano, se considera como un hecho.
Durante su intervención, Temer aseguró que “no habrá ninguna interferencia en la política de precios de la compañía”.
“Continuaremos con la política económica que en estos dos años retiró la empresa del perjuicio y la trajo nuevamente para el rol de las más respetadas de Brasil y del exterior”, aseguró, y añadió que Monteiro es la “garantía” de que “ese rumbo permanecerá inalterado”.
Antes de desempeñarse como director financiero de Petrobras, Monteiro fue vicepresidente de Relaciones de Gestión Financiera del Banco de Brasil entre 2009 y 2015, entidad donde también ocupó varios cargos a lo largo de su carrera.

Entre ellos se encuentran el de director ejecutivo de la Junta Internacional, superintendente comercial, gerente general en las sucursales de la entidad bancaria en Portugal y Nueva York, y director comercial, entre otros.
Monteiro llegó a la estatal petrolera junto con el expresidente de Petrobras Aldemir Bendine, nombrado por la entonces presidenta Dilma Rousseff (2011-2016).
Investigado por la trama de corrupción brasileña a través de la operación Lava Jato, Bendine perdió su cargo y fue condenado por la justicia a 11 años de prisión, pero Monteiro permaneció en la petrolera y trabajó durante los dos últimos años al lado de Parente.

Carta de renuncia

En su carta de renuncia, Parente recordó que cuando asumió la compañía, en 2016, Temer le garantizó que podría llevar adelante la recuperación de la empresa con total independencia y sin necesidad de recibir ayuda del Tesoro.
Y hasta ahora, ha sido así, reafirmó.

“La huelga de camioneros y sus graves consecuencias para la vida del país desencadenaron un intenso y por momentos emocional debate sobre los orígenes de esa crisis y colocaron la política de precios de Petrobras bajo fuerte cuestionamiento”, afirmó Parente en su carta.
“Pocos logran ver que ésta refleja choques que alcanzaron la economía global y tuvieron efecto en nuestro país”, añadió.
Desde el 2016, Petrobras empezó a ajustar sus precios en las refinerías en función de las cotizaciones del mercado internacional.

Esta medida, entre otros factores como el aumento de impuestos sobre los combustibles, supuso aumentos significativos del precio para los consumidores este año en Brasil.
“Mi permanencia en la presidencia de Petrobras dejó de ser positiva y dejó de contribuir para la construcción de las alternativas que el gobierno tiene por delante”, añadió Parente.

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Después que la huelga de camioneros fue desactivada, trabajadores de Petrobras iniciaron su propio paro -que luego desmantelaron por temor a enfrentar elevadas multas- pidiendo la renuncia de Parente y cuestionando también su política de precios.

Parente, garante de los mercados

Parente, un ingeniero de formación de 65 años y con una vasta carrera en el mundo ejecutivo, fue nombrado por Michel Temer en mayo de 2016 con la consigna de resucitar a la empresa de la mayor crisis de su historia.
Parente impulsó una reducción y reestructuración de la deuda, un programa de desinversiones y cambió la política de precios.

El ahora exCEO “representaba un tipo de orientación para la empresa que el mercado entendía como positiva, porque la recuperó en varios sentidos”, dijo el economista André Perfeito, de la consultora Spinelli.
Por ello, las repercusiones en la empresa serán “muy graves”, opinó.
Petrobras cerró 2017 con un rojo de 446 millones de reales (139,7 millones de dólares al cambio promedio de ese año), el cuarto año consecutivo con pérdidas.

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Las acciones preferenciales de la petrolera se desplomaron hoy 14.60 por ciento y las ordinarias un 14.07 por ciento, en una jornada en la que la Bolsa de Valores de Sao Paulo registró su mayor caída en un año tras perder un 4.49 por ciento en la sesión.

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Petrobras, que es controlada por el Estado pero con acciones negociadas en las bolsas de Sao Paulo, Nueva York y Madrid, ha sentido fuertemente los efectos de la huelga y ha perdido US$31 mil 106 millones en valor de mercado desde el 21 de mayo último, día de comienzo del paro, hasta este lunes.

; la expectativa es que con las negociaciones la huelga acabaría, pero en algunos puntos se mantiene y eso provoca inseguridad en los inversores, que prefieren vender”, dijo Magliano Neto.” transformer=”gsi.gn3quote.SCD_FraseGris_2017″ /]
La petrolera, además, dejó de ser la mayor empresa brasileña de capital abierto por valor de mercado y se sitúa por detrás de la cervecera Ambev, la minera Vale y el banco Itaú Unibanco, según un levantamiento realizado de la empresa de informaciones financieras Economatica.
Los papeles de la compañía acumulan fuertes pérdidas desde que comenzó la huelga de los camioneros para demandar una bajada del precio del diésel, lo que ha llevado a Petrobras y al Gobierno brasileño a realizar diversas concesiones.

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La semana pasada, dos días después del inicio de la huelga, Petrobras anunció una bajada del 10 por ciento del precio del diésel y su congelación durante un periodo de 15 días, aunque aseguró que mantendría su política de precios posteriormente.

Propuesta no calma ánimos de camioneros

La propuesta, sin embargo, no fue suficiente para calmar los ánimos de los camioneros y el presidente de Brasil, Michel Temer, se comprometió entonces a eliminar impuestos sobre ese combustible y a pagar a Petrobras la diferencia entre el valor internacional del diésel y el precio en las gasolineras durante 30 días.

Ante la persistencia del paro, que prácticamente ha paralizado el país, Temer jugó una nueva carta y anunció el domingo que reducirá el precio del litro de diésel en 0.46 reales (unos US$0.12) por los próximos 60 días, y que los nuevos ajustes del combustible ahora serán mensuales y no diarios, como era establecido en la política de Petrobras.

En un comunicado, la petrolera resaltó que “no subsidiará el precio del diésel y no incurrirá en pérdidas, ya que será resarcida por el Estado”, pero, aún así, la decisión no ha contentado al mercado.
El temor de los inversores es que la petrolera termine asumiendo el costo del subsidio ante la debilidad de las cuentas públicas de Brasil.
“El mercado todavía trabaja con recelo sobre una posible interferencia política en esa formación del precio de Petrobras. El mercado cuestiona hasta qué punto el Gobierno no intenta alterar la política de precios”, explicó el analista Rafel Parsso, de la consultora Guide Investimento.

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Desde el 2017, la compañía ajusta los precios del combustible diariamente, con base a la oscilación internacional, lo que ha provocado una escalada del diésel en los últimos meses que ha llevado a los camioneros a paralizar ese país.

Política de precios

La actual política de precios de Petrobras, implantada por el presidente de la estatal Pedro Parente y autorizada por Temer, supuso una respuesta a la práctica llevada a cabo durante el Gobierno de la ahora expresidenta Dilma Rousseff (2011-2016), que contenía los precios del petróleo para no causar un impacto en la inflación.
“Parente fue totalmente promercado, instauró política de precios. Eso tuvo un impacto positivo” en la compañía, afirmó Parsso.

“Si hay una interferencia política es probable que Pedro Parente pueda salir del cargo de CEO y hoy Parente es uno de los principales responsables de la recuperación” de la petrolera, añadió.
Para Julio Erse, socio de la consultora Constancia Investimento, las concesiones en el precio del diésel “ha puesto en alerta a los inversores”.
“Esto supone un cambio muy grande en lo que venía haciendo la compañía, que ha tenido un largo camino para la recuperación de sus finanzas”, puntuó Erse.

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Los tres jueces del tribunal de apelación de Porto Alegre votaron a favor de mantener la condena emitida contra Lula en primera instancia en julio de 2017.

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Lula, favorito en todos los sondeos para las elecciones de octubre, no será detenido sin embargo hasta que su defensa agote todos los recursos de apelación, un proceso que puede durar varios meses.

La confirmación de la condena emitida en el marco de la megacausa “Lava Jato” (“Lavado de autos”) podría inhabilitar a Lula como candidato presidencial en virtud de la ley de “Ficha Limpa” (“Expediente Limpio”), aunque no estaba inicialmente claro cuándo se aplicará esa ley.

Los abogados de Lula han anunciado que también apelarán contra la medida. La decisión definitiva la tomaría un tribunal electoral.

Decenas de miles de seguidores del ex presidente se congregaron en Porto Alegre, sede del tribunal de apelación, para protestar contra el juicio. Las calles aledañas a la corte contaban con un enorme despliegue de seguridad para evitar posibles disturbios.

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En la ciudad también hubo protestas contra Lula. En Río de Janeiro también se registraron marchas de críticos del ex presidente.

Lula, al frente de una exitosa gestión entre 2003 y 2010, está acusado de corrupción en siete casos vinculados con “Lava Jato”.

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En el proceso más avanzado, el juez estrella de “Lava Jato”, Sérgio Moro, lo condenó en julio de 2017 en primera instancia a nueve años y medio de cárcel por haber aceptado la reforma de un apartamento que tenía previsto comprar en la costa de Sao Paulo, a cambio de favorecer a la constructora OAS en sus negocios con la petrolera estatal Petrobras.

El caso de Lula polariza a todo Brasil desde hace meses. Un 36 por ciento de los electores quieren verlo otra vez en el palacio presidencial, mientras que un 38 por ciento lo rechazan.

Para mayor vergüenza del firmante y de quienes hayan urdido tal documento, que por cierto fue declarado nulo de pleno derecho, la causal invocada por Morales para expulsar al jefe de la Cicig era también de suyo inválida, puesto que dentro de la ley que dio vida a la comisión de la ONU contra la impunidad figura un artículo según el cual toda diferencia o queja debe ser resuelta mediante el diálogo entre las partes, lo cual nunca sucedió, ni se quiso hacer cuando se tuvo la oportunidad.

Del presidente puede comprenderse semejante desliz, pero no de sus asesores, quienes devengan jugosos salarios para actuar de manera certera. Mucho más penoso es el voto razonado de la magistrada constitucionalista Dina Ochoa, quien pretende confundir al afirmar que el presidente sí tiene derecho de hacer declaratorias de esa naturaleza. Una clara evidencia de que ni siquiera comprendió el fondo de la discusión, pues eso nunca se puso en duda, sino que el amparo giró en torno al procedimiento arbitrario y porque el sujeto atacado no encajaba en esa categoría.

Esos son los errores en los que pueden incurrir dignatarios de la Nación cuando pierden la objetividad, en aras de quedar bien con quienes los han nombrado en el cargo, al punto de pretender tergiversar la doctrina con un sentido perverso que poco contribuye al fortalecimiento institucional y más bien evidencian lo nocivo de ese tráfico de influencias. Pudo haber ganado más quedándose callada.

Por eso se debe recelar de ese tipo de apoyo, y más de aquel proveniente de camarillas políticas a las que tampoco les interesa el bienestar de la Nación, como ocurrió ayer con el supuesto respaldo multitudinario de parte del gremio magisterial al presidente Morales, quien tampoco se debe engañar y poner en su justa dimensión los objetivos de uno de los dirigentes más inmorales, quien ha hecho lo mismo con los últimos tres gobernantes cuando navegaban en aguas turbulentas.

Otro ángulo de ese interesado y desafortunado apoyo lo mostró el martes un nutrido grupo de alcaldes cuestionados por sus vecinos, con el agravante de que de ese solidario respaldo al mandatario también salió la última convocatoria para volver a la guerra, como si eso fuera un chiste, como le ha dado a la justicia en calificar los lamentables e increíbles disparates del alcalde capitalino, Álvaro Arzú.

Por más que se le siga dando vueltas al asunto, aquí la lucha sigue siendo entre quienes quieren combatir la corrupción en forma efectiva y quienes se han asustado ante los más recientes embates contra ese flagelo y por lo cual ahora intentan hacer causa común, tergiversando el espíritu de las leyes, en un claro desafío a la inteligencia y a la comunidad internacional, que parece tener más claridad de lo que ocurre en Guatemala, y por lo cual financia un proyecto como la Cicig.

El expresidente de la Petrobras y del Banco do Brasil Aldemir Bendine fue arrestado este jueves en una nueva fase de la operación que investiga el gigantesco escándalo por los desvíos en la petrolera estatal brasileña, informaron  fuentes oficiales.

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El exfuncionario fue detenido por agentes de la Policía Federal en Sorocaba, municipio en el interior del estado de Sao Paulo, en desarrollo de una operación en que los investigadores cumplieron tres mandatos de arresto y 11 de registro en los estados de Sao Paulo, Río de Janeiro, Brasilia y Pernambuco.

En la operación también fueron arrestados el publicista André Gustavo Vieira da Silva, que es representante de Bendine, y Antonio Carlos Vieira da Silva Júnior, igualmente vinculado al expresidente de Petrobras. Ambos fueron acusados de haber recibido como intermediarios los sobornos destinados al entonces presidente de Petrobras.

Bendini fue detenido gracias a la confesión que el expresidente de Odebrecht Marcelo Odebrecht presentó ante la Fiscalía en un acuerdo para colaborar con la Justicia a cambio de la reducción de sus condenas.

Odebrecht, que ya purga una condena por corrupción, relató en su confesión que, a petición de Bendini, entregó a intermediarios los 3 millones de reales a cambio de que Petrobras favoreciera a su constructora en los negocios.

La investigación por los desvíos en Petrobras fue iniciada hace tres años y ya ha mandado a la cárcel a los ejecutivos de varias de las principales constructoras brasileñas, a decenas de exdirigentes de la petrolera y a importantes políticos que favorecían las corruptelas.

Según la Fiscalía, las constructoras interesadas en adjudicarse contratos con Petrobras pagaban millonarios sobornos que eran repartidos entre los dirigentes de la estatal y los políticos que intermediaban en los negocios.

Pero Odebrecht reveló que Bendini solicitaba sobornos como presidente del Banco do Brasil y que en 2014 llegó a pedir 17 millones de reales  (unos US$5.3 millones para autorizar la renegociación de una deuda de la constructora con el banco público, petición que no fue atendida.

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Según medios locales, el juez Sergio Moro, quien dictó la sentencia, determinó que el expresidente recibió pagos de la empresa constructora OAS, así como un apartamento lujoso, a cambio de haber facilitado contratos millonarios con Petrobras.

Varios procesos

Esta es la primera condena que recibe el exmandatario, quien aún responde en otras cinco causas penales abiertas por la Justicia, la mayoría de ellas relacionados con el caso Petrobras.

En el caso de la sentencia dictada hoy, Lula era acusado por la Fiscalía de corrupción pasiva y lavado de dinero por supuestamente haber recibid (US$11 millones) en sobornos a raíz de contratos suscritos entre la constructora OAS y Petrobras.

El pago de esas coimas se habría materializado en la reserva y reforma de un apartamento tríplex en el balneario de Guarujá, en el litoral del estado de Sao Paulo, y el pago del almacenamiento de los regalos recibidos durante su gestión (2003-2010).

El inmueble aparece en los registros como propiedad de la constructora OAS, una de las implicadas en el escándalo de Petrobras, pero según la acusación el verdadero dueño sería Lula, quien lo habría recibido en concepto de soborno, es decir, a cambio de “favores” hechos desde el poder a esa constructora.

Aspiración política

A pesar de la condena, el exmandatario aún puede aspirar a ser candidato para las elecciones generales de 2018, lo cual solo sería impedido si la sentencia fuera ratificada en segunda instancia.

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Además de las causas ya abiertas, Lula puede llegar a ser investigado en otros seis procesos más, según solicitó la Corte Suprema con base en confesiones hechas por exdirectivos del grupo Odebrecht, y también está salpicado por revelaciones de ejecutivos del grupo cárnico JBS.

En este último caso, por los testimonios dados por los dueños de esa empresa, la Fiscalía también presentí una denuncia formal por corrupción pasiva contra el actual mandatario, Michel Temer, quien puede ser despojado del cargo si el Congreso avala el inicio de un juicio penal. 

*Con información de EFE y AFP

Cunha, quien podrá apelar la decisión, fue presidente de la cámara baja cuando inició el proceso contra Rousseff por acusaciones de manipular las cifras del presupuesto. 

Votó a favor de destituir a la presidenta en abril del año pasado, y la decisión fue confirmada por el Senado. El vicepresidente Michel Temer asumió la presidencia en mayo. 

El excongresista, que dirigió el juicio político contra la destituida presidenta de Brasil Dilma Rousseff fue condenado este jueves a 15 años de cárcel por su participación en una vasta red de corrupción por su participación en una vasta red de corrupción en la empresa estatal Petrobras. 

La sentencia fue dictada por el juez de primera instancia Sergio Moro, a cargo de la investigación “Lava Jato”  que destapó un gigantesco esquema de sobornos centrado en la estatal Petrobras.

Una de las condenas por corrupción pasiva se debe al recibimiento “indebido” de unos US$1.5 millones de dólares por haber mediado en la adquisición por parte de Petrobras de los derechos de exploración en un campo petrolífero de Benín, en África occidental.

Cunha, un ultraconservador de 58 años vinculado con una iglesia evangélica, fue detenido en octubre de 2016.

Identificado como el Frank Underwood brasileño, en referencia al inescrupuloso protagonista de la serie House of Cards ambientada en las tramas políticas más oscuras en la capital estadounidense, Cunha presidió la Cámara de Diputados entre febrero de 2015 y julio de 2016, cuando renunció ya en el ocaso de su poder.

Pertenecía al PMDB, el partido del entonces vicepresidente Michel Temer, quien sucedió a Rousseff cuando fue destituida por el Congreso bajo cargos de manipulación de la cuentas públicas.

Las mismas fuentes aseguraron que, pese a que el avión cayó sobre el mar “en un lugar que se puede ver desde la playa de Paraty” , los equipos de rescate especializados “tardaron unas cuatro horas”  en llegar a la aeronave.

El avión en el que viajaba el juez Teori Zavascki se precipitó sobre el mar el pasado jueves por causas que aún se desconocen, a solo dos kilómetros del aeropuerto de Paraty, y provocó la muerte de sus cinco ocupantes, entre ellos, su propietario, el empresario hotelero Carlos Alberto Fernandes Filgueira, y dos mujeres que les acompañaban.

Según las fuentes consultadas, que pidieron el anonimato, cuando se confirmó que el juez de la Corte Suprema era uno de los ocupantes, los equipos de defensa civil de Paraty “recibimos la orden de no tocar absolutamente nada del avión ante la sospecha de que fuera un atentado” .

La misma fuente admitió que, aunque Paraty es uno de los más conocidos centros turísticos del estado de Río de Janeiro y está próximo a una central nuclear -a unos 60 kilómetros-, la defensa civil de la localidad “no está entrenada”  para hace rescates en el mar y sí “búsquedas en zonas de mata” .

“Los bomberos están más preparados que nosotros y nos llaman como apoyo”  en algunos rescates, agregó.

El avión, un King Air C90GT, de la fabricante estadounidense Hawker Beechcraft, había salido el jueves recién pasado de Sao Paulo y cayó al mar 44 minutos después.

Los investigadores localizaron la caja negra del aparato y proceden a su investigación, aunque medios brasileños señalaron hoy que en las conversaciones grabadas no hay relato de problemas técnicos en ningún momento y el piloto apenas comentó que esperaría a que pasara el mal tiempo de la zona para aterrizar.

La Agencia Nacional de Aviación Civil  (ANAC) , reguladora del sector en Brasil, informó que la documentación y revisiones del avión estaban al día, con certificado válido hasta abril de 2022 y su próxima revisión obligatoria estaba prevista para abril de este año en curso.

La Justicia decretó el lunes el secreto de las investigaciones sobre el caso.

Zavascki, de 68 años, era el encargado del caso de corrupción de Petrobras en el Supremo y tenía en sus archivos procesos que salpicaban a decenas de políticos con fuero privilegiado.

En las próximas semanas, el juez debía decidir si homologaba unas explosivas delaciones realizadas por 77 exejecutivos de la constructora Odebrecht a cambio de una reducción de sus futuras penas.

Algunas de las confesiones, filtradas por la prensa local, han implicado a políticos del primer escalón, incluido el presidente Michel Temer.

Problemas mecánicos no causaron caída de avioneta

Las autoridades de aviación en Brasil que investigan la caída de una avioneta en el que murió un juez de la Corte Suprema dicen que un análisis preliminar de la caja negra de la aeronave no detectó indicios de problemas mecánicos.

El juez Teori Zavascki y otras cuatro personas murieron el jueves recién pasado cuando la avioneta en que viajaban se estrelló en el mar frente a la ciudad de Paraty.

El magistrado de 68 años supervisaba una importante sección de la pesquisa de corrupción que involucra a políticos y empresarios. Ese prominente papel generó temores de que su muerte no fue accidental.

En una declaración este martes, funcionarios de aviación dijeron que analizaron las conversaciones en la cabina y los sonidos del avión. La declaración no dio más detalles.

La investigación prosigue.

Ese trámite se paralizó tras el accidente aéreo ocurrido la semana pasada en el que falleció el juez Teori Zavascki, instructor de la investigación en Petrobras en la Corte Suprema.

Las declaraciones serán tomadas por el equipo que trabajaba en el caso con Zavascki, lo que evitará retrasos en la instrucción del considerado como el mayor proceso anticorrupción de la historia de Brasil.

Durante esas entrevistas, los exdirectivos de Odebrecht deberán confirmar las declaraciones que ya prestaron al Ministerio Público, cuyo contenido está bajo secreto judicial pero que, según fuentes citadas por la prensa local, pueden tener un efecto devastador en la política nacional.

Según diversas fuentes, esos testimonios, ofrecidos en el marco de acuerdos de cooperación judicial, pueden desvelar la actuación en esa trama corrupta de unos 200 políticos, entre los cuales se afirma que hay tanto diputados, como senadores y gobernadores.

Corrupción para campañas electorales

Las revelaciones pudieran alcanzar incluso al presidente de ese país, Michel Temer, quien según la prensa local ha sido acusado por uno de los declarantes de recibir dinero de la corrupción para campañas electorales, al igual que algunos de sus actuales ministros.

La presidenta de la corte aún tiene pendiente la designación de un nuevo instructor, que en principio sería el responsable de la homologación de las declaraciones, lo cual le daría el carácter legal necesario para que esos testimonios sean usados en la investigación.

Según las normas que rigen el proceso, una vez homologadas, las declaraciones deberán ser publicadas y su contenido remitido a la Policía Federal para las correspondientes investigaciones.

La propia Odebrecht, así como otras grandes empresas que formaron parte de la red corrupta que se instaló en Petrobras, ha reconocido que durante años obtuvo numerosos contratos amañados con la estatal petrolera, que le eran adjudicados en forma fraudulenta.

Esos acuerdos implicaban inflar los valores de los contratos y repartir luego la diferencia con exdirectivos de la propia Petrobras y con políticos que amparaban y facilitaban esas irregularidades.

Hasta ahora, la justicia ha comprobado que en la trama corrupta participaron decenas de políticos de los más importantes partidos del país, así como una veintena de grandes empresas, en su mayoría constructoras.

Los equipos de rescate confirmaron que la aeronave estaba ocupada por cuatro personas, que se han localizado tres cuerpos y que hay un herido.

La avioneta había salido del aeródromo Campo de Marte, en la ciudad de Sao Paulo, con destino a Paraty, en el litoral sur del estado de Río de Janeiro, y se estrelló en el mar, a dos kilómetros de la pista de aterrizaje.

 La Marina de Brasil, de su lado, confirmó la caída de la nave a la altura de Paraty, una turística localidad del litoral de Rio de Janeiro, a unos 250 kilómetros de la capital del estado.

“En este momento, 50 militares y tres embarcaciones de la Marina de Brasil están trabajando en las búsquedas, además del equipo de Bomberos del Estado de Rio de Janeiro y barcos pesqueros”, afirmó la institución en una nota.

Según el cuerpo de bomberos, citado por medios brasileños, tres personas perecieron en el siniestro.

Relator del caso Petrobras en el STF, Zavascki, de 68 años, se encontraba en pleno proceso de homologación de las confesiones de 77 exejecutivos de la constructora Odebrecht, implicados en el mayor escándalo de corrupción de la historia de Brasil.

Su decisión sobre las denominadas “delaciones del fin del mundo”, por su potencial para implicar a políticos y miembros de la élite empresarial del gigante sudamericano, se debería dar a conocer en febrero, después del receso judicial.

La enorme mancha del “Petrolao”, una red de sobornos y desvío de fondos públicos que se enquistó en la estatal Petrobras en la última década, ha puesto tras las rejas a prominentes empresarios y no ha dado respiro a la clase política.

Al mejor estilo de lo ocurrido en el caso Cooptación del Estado, el Departamento de Justicia de Estados Unidos reveló este miércoles que la empresa brasileña Norberto Odebrecht pagó sobornos por US$18 millones a funcionarios y políticos guatemaltecos, vía empresas de cartón,  entre 2012 y 2015, cuando Otto Pérez Molina y Roxana Baldetti gobernaban al país.

El documento citado reveló que Odebrecht tenía negocios en más de 12 países, entre ellos Guatemala, México, Venezuela y el mismo Brasil, en los que hizo pagos corruptos por alrededor de US$439 millones —Q3 mil 292.5 millones—, con los cuales se garantizaba los proyectos que desarrollaban en los diferentes lugares.

La filial de Odebrecht fue contratada por Guatemala para la ampliación a cuatro carriles de la carretera CA-2 Occidente,  de Cocales, Escuintla, hacia Tecún Umán, San Marcos, frontera con México, por la que cobraría US$399 millones —Q2 mil 992.5 millones—.

El agente 6

Tal como ha quedado comprobado en las investigaciones del Ministerio Público (MP) y la Comisión Internacional contra la Impunidad en Guatemala (Cicig) en el caso Cooptación del Estado, en el que se ha vinculado a varios exfuncionarios del Partido Patriota (PP), Odebrecht y su agente en el país utilizaron empresas para legalizar los fondos que pagaban o recibían de los sobornos.

Durante la investigación del Departamento de Justicia estadounidense se reveló la existencia de un ciudadano brasileño a quien se le identifica como el Agente 6, quien era el encargado de efectuar los negocios de Odebrecht en Guatemala.
Aunque se desconoce la identidad del  Agente 6, EE. UU. establece que se trata de un ejecutivo de alto nivel del área internacional de la división de ingeniería de Odebrecht, quien laboró en ese lugar de 2008 a 2015 y fue el encargado de “supervisar” a los directores de la empresa brasileña y de coordinar con los líderes de los países.

Como parte de la supuesta supervisión, el Agente 6 aprobó muchos de los pagos corruptos a los funcionarios y políticos extranjeros con supuestas empresas.

En las investigaciones de la Cicig y el MP se ha revelado que esta misma modalidad fue utilizada por los funcionarios del PP. Incluso  se supo que a través de la documentación incautada en los diferentes allanamientos se logró identificar un esquema financiero que incluía funcionarios, empresas y bienes inmuebles que utilizó el PP antes y después de asumir el poder.

Por el caso Cooptación del Estado están ligadas 53 personas, empresarios y exfuncionarios, entre ellos Pérez Molina y Baldetti, pero también hay algunos prófugos como el exministro de Comunicaciones  Alejandro Sinibaldi, quien fue uno de los que impulsaron el proyecto con Odebrecht.

Dos fiscalías a cargo

La fiscal general, Thelma Aldana, confirmó que existen dos investigaciones abiertas en la Fiscalía Especial contra la Impunidad (Feci) y la Fiscalía contra el Lavado de Dinero.

Los representantes de la compañía brasileña Odebrecht fueron citados para declarar el 4 de enero, en la Fiscalía contra el Lavado de Dinero, comentó uno de los delegados consultados.

Durante uno de los allanamientos efectuados por la Feci se encontró papelería que involucra con el pago de sobornos a exfuncionarios del PP, a congresistas y también a un ciudadano español, confió una fuente de la Fiscalía.

La Procuraduría General de la Nación (PGN) tiene el expediente de Odebrecht, que se encuentra en análisis, informó Lisbeth Vásquez, vocera de la institución.

Un mes antes de dejar el cargo, la exfiscal Claudia Paz y Paz firmó un acuerdo con la Fiscalía de Brasil para intercambiar información y efectuar capturas.

La PGN debe establecer si el soborno incluyó   algún tipo de contrato, y de ser así lo que procede es pedir la lesividad o la nulidad  a la empresa o al representante, explicó el abogado constitucionalista Carlos Molina Mencos.  

La nulidad del contrato se origina con algún vicio  cuando este se celebra, y es lesivo, aun cuando está vigente, si le causa daños a la Nación. En este caso, Guatemala tendría derecho a reclamar por daños y perjuicios, si es que fueron causados, agregó.

Prensa Libre se comunicó con los representantes legales de Odebrecht en Guatemala  y ofrecieron ponerse en contacto con personeros de la empresa, pero no emitieron opinión.

Culpables

Los funcionarios de Odebrecht y Braskem —la petroquímica, brazo del contratista— se declararon culpables de haber  violado normas contra sobornos en Nueva York, EE. UU.,  como parte de la investigación en Brasil del caso más grande de corrupción denominado Lava Jato.

La constructora brasileña deberá pagar en EE. UU. una multa de US$2 mil 600 millones —Q19 mil 500 millones— por el pago de sobornos a funcionarios, mientras que Baskem deberá pagar US$632 millones —Q4 mil 740 millones—.

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La multa había sido fijada en US$4 mil 500 millones —Q33 mil 750 millones—, pero la empresa que se había dedicado a sobornar para obtener beneficios se declaró con falta de capacidad de pago.

Vínculos

En el 2014, el entonces ministro de Comunicaciones, Alejandro Sinibaldi, también del PP, trascendió entre las investigaciones del caso de corrupción Lava Jato, en Brasil, luego de que se reveló que su nombre aparecía entre documentos del presidente de la empresa brasileña OAS, José Aldemario Pinheiro Filho, la cual ha sido vinculada con estos hechos fraudulentos, plagados de sobornos.

En ese momento se encontró un documento con anotaciones escritas a mano, supuestamente por Pinheiro Filho, en el que se indicaba que la constructura OAS donó US$1 millón —Q7.5 millones— para la campaña del PP, recursos que habrían sido entregados al   director de la campaña de Otto Pérez Molina en 2011. En su momento,   Sinibaldi lo denominó “papelito shuco”.

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Congreso avaló crédito en 2012

Aunque la negociación del proyecto de infraestructura y el crédito estuvo en manos del Ejecutivo, fue el Congreso el que con 108 votos aprobó el decreto que le dio vida a la obra.

El crédito se aprobó el 11 de octubre de 2012. Aunque no estaba en el orden del día, se incluyó en la discusión a través de una moción que presentó el diputado Christian Boussinot, del bloque Todos, junto con el entonces presidente del Congreso, Gudy Rivera.

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En la actualidad, Rivera se encuentra en prisión, luego de haber sido encontrado culpable de tráfico de influencias y cohecho activo porque intentó influir en la magistrada Claudia Escobar en el 2014, para favorecer a Roxana Baldetti, quien había sido suspendida como secretaria general del PP.

De igual forma, Boussinot está ligado a un proceso de plazas fantasmas en el Congreso.

El crédito

El préstamo, que fue negociado por el Ejecutivo, solo fue rechazado por la bancada Libertad Democrática Renovada, por Encuentro por Guatemala, y uno de los seis diputados que integraban la Unidad Nacional de la Esperanza.

El contrato de crédito con el Banco Nacional de Desarrollo Económico y Social (BNDES) obligaba a que Odebrecht fuera contratada como ejecutora del proyecto carretero en la CA-2 Occidente.

En la actualidad, el proyecto se encuentra detenido, debido a varias irregularidades y porque el BNDES dejó de desembolsar los recursos que financiaban la obra.

Según autoridades de Comunicaciones y de Finanzas, entre las irregularidades se ha identificado que el proyecto tiene un avance físico de 30 por ciento, pero se ha otorgado ya el 70 por ciento de los recursos financieros, los cuales fueron directamente a la empresa Odebrecht, sin haber pasado por el Estado.

El proyecto fue presentado con carácter enmienda constitucional, por lo que debió ser sometido a dos votaciones en el pleno de la Cámara alta, que hoy dio su segunda sanción a pesar de las protestas de la minoritaria oposición, que llegó a calificar la propuesta de “crimen de lesa patria”.

Según los críticos de esa medida, ese límite impondrá severos recortes del gasto público durante las próximas dos décadas en áreas en las que el país requiere de una ingente presencia del Estado, como la salud, la educación y la atención de los más pobres.

La oposición fracasó en sus intentos de frenar la votación tanto en el Senado como mediante una demanda de inconstitucionalidad que presentó ante la Corte Suprema y que ni siquiera fue aceptada por el magistrado Luis Roberto Barroso, uno de los once miembros del tribunal.

La enmienda constitucional aprobada dice que el aumento del gasto público anual estará limitado durante los próximos veinte años a la tasa de inflación del ejercicio anterior y que ese techo solo podrá ser revisado una vez transcurrida la primera década.

Según el Gobierno, ese límite detendrá el proceso de aumento de la deuda pública en relación al producto interno bruto  (PIB) , lo que considera “indispensable”  para recuperar el equilibrio fiscal.

Los datos oficiales dicen que, entre 1997 y el 2015, el gasto público en Brasil creció a una media del 6 % por encima de la inflación del año anterior, lo que el Ministerio de Hacienda ha calificado de “insostenible” .

El Gobierno argumenta que, entre el 2008 y el 2015, ese proceso se acentuó, el gasto aumentó hasta un 50 % respecto a la inflación y esa diferencia fue financiada con emisión de deuda, lo cual impactó en las arcas públicas y en toda la actividad económica del país, que está hace dos años en una profunda recesión.

 La senadora Fátima Bezerra, del Partido de los Trabajadores  (PT), que hoy pidió cancelar los debates, dijo que el Gobierno “solo quiere revocar por 20 años las inversiones para los más pobres, pero sin proponer un techo para pagarle la deuda a los banqueros” .

Según Bezerra, se trata de un “delito de lesa patria”  que ya “ha sido condenado por la mayoría de la población” .

En ese marco, la senadora del PT citó una encuesta publicada hoy por el instituto Datafolha, según la cual al menos el 60 % de los brasileños está en contra de imponer ese límite al gasto, que solo cuenta con el apoyo del 24 % de la sociedad.

Frente a la votación realizada en el Senado, sindicatos y movimientos sociales han convocado una jornada de protestas, que llevó a las autoridades de Brasilia a reforzar la presencia policial en los alrededores del palacio legislativo.

Para garantizar la seguridad, también fue cortado el tránsito de vehículos en la Explanada de los Ministerios, una céntrica avenida de la capital en la que se sitúan todos los edificios del poder, incluidos el Parlamento y el Palacio presidencial de Planalto.

Severos recortes del gasto público

Según los críticos de esa medida, ese límite impondrá severos recortes del gasto público durante las próximas dos décadas en áreas en las que el país requiere de una ingente presencia del Estado, como la salud, la educación y la atención de los más pobres.

La reforma del “techo de gastos”  implica que el presupuesto solo podrá aumentar para compensar la inflación del año anterior.

Temer y su ministro de Finanzas, Henrique Meirelles, esperan neutralizar de ese modo el gigantesco déficit fiscal, previsto en 163 mil millones de reales  (48 mil millones de dólares) en el 2016 y empezar a recuperar la confianza de los mercados para sacar al país de su peor recesión en más de un siglo.

Sus críticos denuncian una medida que afectará las ya maltrechas áreas de salud y educación. Alegan además que el conservador Temer, que accedió a la Presidencia tras el impeachment de Dilma Rousseff  (PT, izquierda) , no tiene la legitimidad de las urnas para llevar adelante sus reformas.

El relator de la ONU sobre cuestiones de pobreza extrema y derechos humanos, Philip Alson, afirmó la semana pasada que se trata de una reforma “desprovista de cualquier matiz y compasión” , que “afectará con mucha más fuerza a los brasileños más pobres y vulnerables” .

Esta votación es la última que falta para la aprobación definitiva de esta enmienda constitucional, que requiere dos aprobaciones por mayoría cualificada en la Cámara de Diputados y otras dos en el Senado. En la primera votación en la cámara alta, el 29 de noviembre, contó con el respaldo de 61 de los 81 senadores.

Su aprobación entrará en vigencia esta misma semana.

La oposición presentó varios recursos para tratar de aplazar la votación, que fueron rechazados por la corte suprema.

La sesión está dirigida por el presidente del Senado, Renan Calheiros, que la semana pasada consiguió ser confirmado en el cargo por la corte suprema pese a ser inculpado de malversación de fondos públicos, y contra quien el lunes el fiscal general presentó por primera vez cargos en el marco del megaescándalo de Petrobras.

La enmienda del “techo de gastos”  es apenas la primera del plan de ajustes de Temer. La siguiente -la reforma del sistema de jubilaciones- pretende establecer una edad uniforme de 65 años para el retiro de hombres y mujeres y un periodo de contribuciones de 49 años para gozar del 100% del beneficio.

Temer bajo presión en todos los frentes

La votación de las reformas en el Congreso transcurre en el marco de nuevas revelaciones de la Operación Lava Lato sobre el caso Petrobras. En los últimos días, varios ministros y legisladores oficialistas, y el propio Temer, han sido mencionados por exejecutivos de la constructora Odebrecht como presuntos beneficiarios de sobornos.

El presidente negó tajantemente haber pedido en el 2014 10 millones de reales  (4.2 millones de dólares al cambio promedio de ese año) para financiar campañas electorales de miembros de su partido, como alega uno de los delatores.

Las revelaciones debilitan aún más a Temer, que cuenta con apenas un 10% de opiniones favorables, y complican su objetivo declarado de entregar en país “saneado”  a quien resulte electo para sucederlo en el 2018.

Un 63% de los brasileños, de acuerdo con Datafolha, desea que el mandatario renuncie antes de fin de año y que haya una elección presidencial directa.

Los malos datos se acumulan para el mandatario en todos los frentes, con un agravamiento de la recesión, que este año será de 3,5%, después de haber llegado a 3,8% en el 2015, y proyecciones negativas sobre el desempleo, que afecta a casi 12 millones de brasileños  (11,8% de la población activa) .

Para tratar de recuperar la iniciativa, Temer y Meirelles prometen una “agenda positiva”  de medidas microeconómicas, con vistas a incentivar la actividad.

“Ni Vanda (Pignato, ex primera dama de El Salvador) ni yo, siendo candidato, tuvimos relación con empresas brasileñas. Tampoco mi campaña recibió donaciones de alguna de ellas”, afirmó Funes, quien se encuentra asilado en Nicaragua, en su cuenta personal de Twitter.

Odebrecht afirmó ante la Justicia que una parte del dinero ilícito destinado al Partido de los Trabajadores (PT) se dedicó a la campaña presidencial del exmandatario de El Salvador Mauricio Funes.

De acuerdo con fuentes cercanas a la investigación, a las que tuvo acceso el diario Folha de Sao Paulo, la compañía aseguró que la exprimera dama de El Salvador Vanda Pignato, brasileña y militante del PT desde los años ochenta, intermedió para conseguir 3,5 millones de reales (unos 1,5 millones de dólares) de dinero negro.

El dinero, según los delatores, fue otorgado por Odebrecht al publicista Joao Santana, que comandó la campaña que llevó al poder a Funes en 2009.

Según relata Folha, esa cantidad fue descontada de la caja B que el exgobernante Partido de los Trabajadores mantenía con la constructora, ambos implicados en el gigantesco escándalo de corrupción en la petrolera estatal Petrobras.

El descuento de dinero de la caja B, de acuerdo con las mismas fuentes, fue autorizado por el expresidente brasileño Luiz Inácio Lula da Silva, quien apoyó la campaña de Funes.

La revelación se enmarca dentro del acuerdo que Odebrecht firmó con la Justicia para ofrecer detalles sobre el caso de corrupción a cambio de una reducción de pena de medio centenar de ejecutivos de la compañía, entre ellos Marcelo Odebrecht.

La delación ha sido calificada por los medios de comunicación brasileños como la “confesión del fin del mundo”, ya que se sospecha que el relato de altos ejecutivos de la compañía y del propio Odebrecht podría alcanzar al primer escalón de la política brasileña.

Además, la constructora ha firmado un acuerdo de lenidad con las autoridades locales por el cual se compromete a pagar cerca 6.800 millones de reales (2.000 millones de dólares) de multa por su participación en la trama.

Odebrecht, un gigante con 168.000 empleados, ha asegurado que no comentará el proceso de delación premiada.

El hombre, de 43 años, buscado por blanqueo de capitales, soborno de funcionarios y pertenencia a una organización criminal, y cuyas iniciales son R.T.D, fue detenido en un céntrico hotel de la capital española, informa la Guardia Civil en un comunicado.

R.T.D. era abogado de la empresa constructora Odebrecht y estaba siendo investigado por las autoridades brasileñas por el presunto lavado de dinero de Petrobras, desviando más de 50 millones de reales  (14 millones de euros) a diversos partidos políticos, asegura la Guardia Civil.

Según la Guardia Civil habría sido “el responsable del pago de comisiones como contrapartida a la adjudicación de obra pública y privada, tanto en Brasil como en el extranjero” .

Según varios medios brasileños, se trata de Rodrigo Tacla Duran y fue detenido el viernes.

El letrado, quien habría huido previamente en abril a Estados Unidos, ha sido pedido en extradición por Brasil, y ya está a disposición judicial, informó a la  AFP  un portavoz de la Guardia Civil. Ahora le corresponde a un juez determinar si puede ser extraditado.

El caso Petrobras, el mayor escándalo de corrupción de la historia de Brasil, golpeó duramente al Partido de los Trabajadores  (PT, izquierda) del expresidente Luiz Inacio Lula da Silva y a sus exaliados del PMDB  (centroderecha) , del actual presidente Michel Temer, y el Partido Progresista  (PP) .

El caso drenó miles de millones de dólares de los arcas de Petrobras, fraguando contratos con importantes constructoras y repartiendo sobornos entre funcionarios de la petrolera, políticos y empresarios.

Cunha, quien hace unas semanas fue despojado de su escaño, fue detenido por orden del juez Sergio Moro, quien investiga su presunta participación en la red de corrupción que operó en Petrobras, de la cual se sospecha que recibió unos cinco millones de dólares.

El exdiputado es dirigente del Partido del Movimiento Democrático Brasileño (PMDB), al que pertenece el presidente del país, Michel Temer, quien está en el poder desde el pasado 31 de agosto, tras la destitución de la exmandataria Dilma Rousseff.

Según las fuentes consultadas por Efe, Cunha fue detenido en el barrio Asa Sul, uno de los más acomodados de la capital brasileña, en la que aún mantenía una residencia tras haber sido despojado de su escaño.

Como presidente de la Cámara baja, Cunha aceptó a trámite las acusaciones de irregularidades fiscales que dieron inicio al proceso que llevó a la destitución de Rousseff por presuntos malos manejos en los presupuestos.

En julio pasado, al renunciar a la presidencia de la Cámara baja en medio del proceso que finalmente le costó el escaño, Cunha se ufanó de haber iniciado el trámite que llevó a la caída de Rousseff.

“Estoy orgulloso por haber ayudado a que Brasil se librara de uno de los Gobiernos más corruptos que ha tenido”, declaró entonces.

Sin embargo, el propio Cunha, cuando inició el proceso contra la exmandataria, ya era investigado por su presunta participación en la red de corrupción que operó en la petrolera estatal Petrobras, de la que habría recibido unos US$5 millones en sobornos.

Según la acusación, Cunha mantenía oculto ese dinero en cuentas cifradas abiertas en bancos suizos, lo que el exdiputado siempre negó, aunque sus argumentos fueron desbaratados por la justicia helvética, que comprobó la existencia de esos depósitos.

Tras esa comprobación y otros indicios, el Supremo abrió tres causas distintas contra Cunha, una de las cuales fue remitida al juez Sergio Moro, responsable de la investigación en Petrobras, una vez que perdió su escaño.

Según las autoridades policiales, tras su detención en Brasilia, Cunha será trasladado a la ciudad de Curitiba, en el sur del país, donde están centradas todas las operaciones sobre la red de corrupción que operó en Petrobras.

El magistrado, Teori Zavascki, dio luz verde el viernes por la noche al inicio de pesquisas contra varios dirigentes políticos, basadas en declaraciones de Sergio Machado, un expresidente de Transpetro (la filial de Petrobras para el transporte de hidrocarburos), en el marco de un acuerdo de “delación premiada” (a cambio de una reducción de penas), precisó la estatal Agencia Brasil.

La investigación sobre Temer se centra en un presunto pedido de recursos hecho en 2012 a Transpetro por el actual mandatario, para apoyar la campaña de un candidato a la alcaldía de Sao Paulo.

Zavascki, relator de la investigación Lava Jato (lavadero de autos) en el Supremo Tribunal Federal (STF), dividió las denuncias de Machado en varios expedientes, que apuntan a prominentes políticos tanto del partido PMDB (centro derecha) de Temer y del PSDB (aliado del actual gobierno) como del Partido de los Trabajadores (PT, izquierda), de la destituida mandataria Dilma Rousseff y de su mentor y predecesor Luiz Inacio Lula da Silva.

Ahora el Fiscal General de la República, Rodrigo Janot, debe decidir si se abre una investigación formal sobre el mandatario.

Entre los demás expedientes, figura el de una presunta tentativa de “acuerdo” entre políticos para trabar el avance de la Lava Jato, lanzada en 2014 por el juez de primera instancia Sergio Moro; una presunta donación en 2012 de 40 millones de reales (unos 20 millones de dólares al cambio promedio de ese año) del gigante de la alimentación JBS al PMDB; y un supuesto traspaso de recursos a Aecio Neves (candidato presidencial del PSDB en 2014) para apoyar su candidatura a la presidencia de la Cámara de Diputados en 1998, de acuerdo con el informe.

La investigación sobre Petrobras puso al descubierto una vasta red de sobornos pagados por grandes constructoras a políticos y partidos, para ganar licitaciones de la petrolera estatal. Numerosos políticos están en la mira de la justicia y empresarios de la élite económica del país fueron condenados a fuertes penas de cárcel.

Las ramificaciones políticas del caso llevaron esta semana al juez Moro a inculpar al expresidente Lula (2003-2010) de corrupción pasiva.

El magistrado Sergio Moro indicó que hay suficiente evidencia para iniciar un proceso judicial contra Lula, su esposa y otras seis personas en una pesquisa por corrupción que crece cada vez más.

Los fiscales han dicho que Lula era el “comandante máximo” del escándalo de sobornos que ha sacudido a Brasil.

“Habiendo indicios suficientes de autoría y materialidad, recibo la denuncia” presentada por la fiscalía, señaló Moro en un escrito distribuido a la prensa.

La procuraduría general inculpó a Lula de haber recibido beneficios por un equivalente de 3,7 millones de reales (1,1 millones de dólares) de la constructora OAS, una de las principales involucradas en la confabulación que se enquistó en Petrobras para desviar fondos públicos hacia la política.

Lula “sería beneficiario directo de ventajas concedidas por el Grupo OAS y, según la denuncia, tendría conocimiento de su origen en el esquema delictivo que afectó a Petrobras”, afirma el texto de Moro, citando a la fiscalía.

La acusación sostiene que una empresa de OAS revirtió a Lula “parte de los valores recibidos de licitaciones fraudulentas en Petrobras”. Los sobornos se transfirieron “mediante la compra, personalización y decoración de un apartamento tríplex en Guarujá”, en el litoral paulista.

La causa involucra también a su esposa, Marisa Leticia da Silva, y a otras seis personas.

Lula siempre negó terminantemente ser el propietario de ese tríplex.

Ahora, Lula quedará por primera vez cara a cara con Moro, un magistrado de primera instancia de Curitiba (sur), admirador del caso “Mani Pulite” en Italia.

Sus investigaciones en el marco de la operación Lava Jato (lavadero de autos) sobre el escándalo Petrobras pusieron en la mira a decenas de parlamentarios y enviaron a prisión a políticos y empresarios de la élite local.

Lula, de 70 años, es acusado además por la fiscalía de ser el “comandante máximo” del esquema de corrupción que durante una década drenó más de 2.000 millones de dólares de la petrolera estatal, aunque esa denuncia no dio lugar hasta el momento a ningún pedido formal de inculpación.

Aun así, el caso volvió a sacudir al país, dos semanas después de la destitución de la presidenta Dilma Rousseff, heredera política y sucesora de Lula, por maquillaje de las cuentas públicas.

Habla la defensa

Los abogados de Lula insistieron en que la denuncia presentada la pasada semana por la Fiscalía, y aceptada hoy por el juez, carece de “pruebas”.

“Ni los defectos formales de la pieza de acusación ni la ausencia de pruebas contra Lula, como ha reconocido de manera amplia la comunidad jurídica, impidieron que el referido juez llevara adelante lo que hace mucho tiempo dejó claro que haría: imponer un crimen que jamás practicó”, señala un comunicado firmado por los abogados Cristiano Zanin Martins y Roberto Teixeira

Los juristas afirmaron también que la decisión de Moro de abrirle un proceso a Lula “no les sorprendió” debido al historial del juez de “persecución y violación de las garantías fundamentales”.

La defensa volvió a subrayar la “perdida de imparcialidad” del magistrado, un hecho que ya denunció ante la Justicia brasileña y que todavía debe ser analizado.

En diciembre pasado, aún ejerciendo como presidente de la Cámara baja, Cunha aceptó a trámite las acusaciones que llevaron a un juicio político a la presidenta brasileña, Dilma Rousseff, quien fue suspendida de sus funciones el pasado 12 de mayo y desde entonces es sustituida por su entonces vicepresidente, Michel Temer.

“Tengo la conciencia tranquila”, pues “contribuí a que el país esté mejor y a librarlo de un Gobierno criminal”, que “hundió en el caos a la sociedad brasileña”, declaró en alusión a la gestión de Rousseff.

“Libramos a Brasil de un Gobierno que cometió crímenes de responsabilidad y que era inoperante. Todo eso me enorgullece”, apuntó.

Cunha subrayó su “confianza”  en la justicia brasileña, reiteró que demostrará su inocencia y que no tuvo participación alguna en las corruptelas detectadas en la estatal Petrobras, que configura la base de las acusaciones en su contra.

La renuncia de Cunha a la presidencia de la Cámara baja obligará a convocar nuevas elecciones para ese cargo, que desde su suspensión está en manos del diputado Maranhao, quien es rechazado por la gran mayoría de los parlamentarios.

Esa falta de sintonía entre Maranhao y los miembros de la Cámara baja mantiene casi paralizados los trabajos legislativos, lo cual, según Cunha, podrá ser remediado con su renuncia y una nueva elección interna en ese órgano.

Cunha, miembro del Partido del Movimiento Democrático Brasileño  (PMDB), que lidera Temer, agradeció a esa formación el “apoyo”  y deseó “el mayor éxito”  al Gobierno del presidente interino, que será confirmado en el cargo si Rousseff fuera finalmente destituida en el proceso que concluirá a fines del próximo agosto.